• Fecha del Acuerdo: 8/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
    Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

    Autos: “B., L. D.L. P. C/ V., G. A. S/ALIMENTOS”
    Expte.: -94974-
    En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “B., L. D.L. P. C/ V., G. A. S/ALIMENTOS” (expte. nro. -94974-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 1/9/2026 planteándose las siguientes cuestiones:
    PRIMERA: ¿Es procedente la apelación del 24/9/2025 contra la resolución del 17/9/2025?
    SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
    A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    1. El juzgado de grado resolvió: a) rechazar la excepción de prescripción opuesta por el demandado; b) hacer lugar a la excepción de pago parcial articulada; c) hacer lugar a la impugnación de la liquidación practicada por la actora, ordenando la confección de una nueva conforme los fundamentos expuestos en la resolución; y d) imponer las costas de la incidencia en el orden causado, en atención al resultado obtenido (v. resolución de fecha 17/9/2025).
    Contra dicha decisión la parte actora presentó recurso de apelación con fecha 24/9/2025.
    Sus agravios versan -en muy prieta síntesis- en el rechazo de los intereses respecto de los alimentos devengados durante el proceso y la imposición de las costas por su orden (v. memorial del 6/10/2025).
    2. Veamos:
    La actora cuestiona la decisión del juzgado en cuanto rechazó la aplicación de intereses respecto de las cuotas alimentarias correspondientes al período comprendido entre la interposición de la demanda y el dictado de la sentencia definitiva.
    Sostiene, en síntesis, que la sentencia de fecha 01/08/2024 fijó la cuota alimentaria con efecto retroactivo al 02/12/2021, por lo que desde entonces el alimentante se encontraba en mora. Afirma que los intereses constituyen una consecuencia legal del incumplimiento y que su reconocimiento no vulnera el principio de congruencia, aun cuando no hubieran sido expresamente reclamados al promoverse la demanda.
    Corresponde distinguir dos situaciones que la propia resolución apelada se encargó de diferenciar: por un lado, los alimentos correspondientes al período posterior al dictado de la sentencia que estableció la cuota definitiva y, por otro, las diferencias alimentarias devengadas durante el trámite del proceso como consecuencia de la retroactividad dispuesta en la sentencia definitiva.
    En el caso, la sentencia del 01/08/2024 estableció que la cuota alimentaria definitiva debía abonarse desde el 02/12/2021, en los términos del art. 669 del CCyC.
    Ello significa que la sentencia produjo efectos retroactivos respecto del quantum de la prestación alimentaria correspondiente al período anterior a su dictado. Pero de ello no se sigue, necesariamente, que durante ese período haya existido mora respecto de una suma líquida y exigible equivalente a la diferencia finalmente determinada.
    La obligación alimentaria existía con anterioridad a la sentencia y, precisamente por ello, el art. 669 del CCyC establece su retroactividad. Sin embargo, el monto definitivo de la cuota fue establecido judicialmente con posterioridad, de modo que las diferencias resultantes entre lo abonado y lo finalmente fijado nacen, en cuanto a su determinación concreta, de la sentencia que establece el quantum definitivo.
    En tal sentido, la doctrina de este tribunal citada por el juez de grado distingue entre los alimentos que se devengan como consecuencia de la retroactividad de la sentencia y aquellos que, una vez determinada la cuota, son incumplidos durante su vigencia (v. pto III de la resolución de fecha 17/9/2025).
    Y, en este punto, cierto es que cuando se habla de “alimentos atrasados” se está haciendo mención a las diferencias que podrían surgir y que de hecho surgen, entre la cuota pagada al valor “viejo” y su “valor nuevo” aplicado de modo retroactivo. No a cuotas alimentarias ya fijadas o convenidas que se dispuso o acordó pagar en un plazo cierto y no fueron abonadas (esta cámara, expte. 95317, res. del 10/04/2025, RR-281-2025, entre otros).
    La diferencia apuntada es importante. Porque si se trata de cuotas atrasadas, no podría hablarse de un interés moratorio de aplicación legal (art. 768, primer párrafo del CCyC), porque el demandado en ese período no puede ser considerado que incurrió en mora que le sea imputable, dado que estos alimentos se deben precisamente del producto de los efectos retroactivos de la cuota definitiva (art. 641, 2da parte). Menos aun del sancionatorio regulado en el artículo 552 del CCyC, en tanto los alimentos atrasados, como han sido definidos, no encuadran dentro de la situación prevista en esa norma.
    En todo caso debería tratarse de un interés compensatorio, pero respecto de éstos, dice el artículo 767 del CCyC, que son válidos los que se hubieran convenido entre las partes. Y aquí, se observa luego de analizar el escrito de demanda de fecha 2/12/2021 que no han sido peticionados. De modo que mal podrían imponerse, desde que ni fueron peticionados ni pactados (arg. art. 34.4, 163.6 y concs. del cód. proc.).
    Tocante a imposición de las costas por su orden, se efectuaran un par de consideraciones.
    Cierto es que, la resolución recurrida no se limitó a resolver una única pretensión, sino que abordó diversos planteos formulados por ambas partes.
    En particular, la controversia relativa a los intereses y a la forma de liquidar los alimentos devengados durante el proceso dio lugar a una solución favorable al planteo sustancial del demandado.
    La regla del art. 68 del cód. proc. admite excepciones cuando las circunstancias de la causa justifican apartarse del principio objetivo de la derrota. Y precisamente la solución adoptada en autos, en la que prosperaron parcialmente los planteos de ambas partes, justifica la distribución de costas efectuada en primera instancia (art. 34.4 cód. proc.).
    No puede soslayarse, además, que el resultado de la incidencia no puede determinarse exclusivamente por el rechazo de la prescripción, pues dicha cuestión constituyó sólo uno de los aspectos debatidos.
    En consecuencia, ponderando el resultado global de la incidencia y las particularidades propias de la cuestión alimentaria, corresponde confirmar la imposición de costas por su orden (arg. arts. 68, 69 y 71 Cód. Proc.).
    ASI LO VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
    A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    Corresponde desestimar la apelación del 24/9/2025 contra la resolución del 17/9/2025; con costas de esta alzada a la apelante vencida (art. 68 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14.967).
    TAL MI VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
    CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
    S E N T E N C I A
    Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
    Desestimar la apelación del 24/9/2025 contra la resolución del 17/9/2025; con costas de esta alzada a la apelante vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.
    Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz Letrado de General Villegas.


  • Fecha del Acuerdo: 7/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

    Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Rivadavia

    Autos: “B., M. B. C/L., R. N. Y OTRO S/ALIMENTOS”
    Expte. 94920

    TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC 3975 de la SCBA
    AUTOS Y VISTOS: la presentación de fecha 17/7/26.
    CONSIDERANDO.
    La abog. M.V. Ameijeiras deduce aclaratoria respecto de la resolución 13/07/2026. La presentante manifiesta que el sistema DEAS exige especificar el porcentaje de los aportes de ley y la resolución que lo fundamenta para poder cargar el cobro de honorarios. Por tal motivo, solicito se especifique dicho extremo a los fines de poder avanzar con la correspondiente gestión de pago (v. 17/7/26).
    Ahora bien, no hubo oscuridad, contradicción en el tratamiento o falta de correspondencia en el tratamiento, en tanto en la sentencia apelada la cuestión revisora fue abordada en función del recurso interpuesto, es decir con una regulación de honorarios ya practicada y firme, sin que nada se dijera en esa oportunidad acerca del porcentaje de los aportes de ley y la resolución que lo fundamenta; entonces esa cuestión quedó definida en la instancia inicial (arts. 266 y 272 del cód. proc.).
    Sumado a que solicitó retribución por la labor ante esta instancia sobre la regulación de honorarios de la instancia inicial, del 1/9/2025, la que especificó el porcentaje que dispone la ley 6716, siendo la misma normativa que se citó al momento de la regulación de honorarios que hoy se pretende que se aclare (v. arts. 12.a. y 21 ley 6716).
    Siendo así, a la aclaratoria del 19/5/26 no ha lugar (art. 166.2 del cód. proc.).
    Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
    No hacer lugar a la aclaratoria del 17/7726.
    Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

    ARTÍCULO 54 ley 14967.-
    Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
    Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
    Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
    En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
    Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
    Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
    Operada la mora, el profesional podrá optar por:
    a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
    b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.


  • Fecha del Acuerdo: 7/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
    Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Daireaux

    Autos: “RODRIGUEZ, JUAN JOSÉ Y OTRA S/ SUCESION AB-INTESTATO”
    Expte.: -96521-
    En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “RODRIGUEZ, JUAN JOSÉ Y OTRA S/ SUCESION AB-INTESTATO” (expte. nro. 96521), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 1/9/2026 planteándose las siguientes cuestiones:
    PRIMERA: ¿Es procedente la apelación del 25/3/2026 contra la resolución del 17/3/2026?
    SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
    A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    1. En el marco de la audiencia de conciliación celebrada con todos los herederos, los hijos y el cónyuge de la heredera fallecida Norma Rodriguez, acordaron conceder a los coherederos Juan José y Roberto Horacio Rodriguez -quienes tenían interés en adquirir la porción del campo que corresponde a la coheredera fallecida- un plazo hasta el viernes 28/11/2025 para que efectúen una propuesta de compra concreta, la que debían presentar en el expediente.
    Se pactó también, que de no presentar oferta o no ser aceptada, los inmuebles se ofrecerían en venta en forma privada y por intermedio de la martillera Verónica Elvira, a quien se autorizó a ofrecerlo en venta en los valores tasados o superiores; además se acordó que el plazo para la venta privada sería hasta el día 10/04/2026 (ver acta de audiencia de fecha 12/11/2025).
    Vencido el plazo acordado a los coherederos, sin propuesta alguna, ante el pedido de los demás interesados, conforme lo acordado por las partes en la cláusula Quinta, se le hace saber a la martillera interviniente Verónica Elvira, que se encuentra autorizada por los herederos para ofrecer en venta en forma privada y hasta el día 10/04/2026, todos los inmuebles sucesorios, en los valores informados conforme tasación presentada en autos el 09/09/2025 o superiores (res. del 9/12/2025).
    La martillera presenta propuesta de compra (escrito del 18/12/2025). La que sustanciada, fue aceptada por los herederos de la coheredera Norma (escrito del 9/2/2026), mientras que los restantes coherederos propusieron que la compra se limitara a 1/3 del campo, conservando ellos los 2/3 restantes (ver escrito del 6/2/2026).
    Ante el pedido que le efectuara el juez a la profesional para que informe si resultaba posible la división del inmueble rural para proceder a la venta de solo 1/3 del mismo; en caso de resultar factible, si conserva el valor por hectárea que fuera tasado en su oportunidad y si el oferente Trimigliozzi, aceptaría la compra de solo 1/3 del inmueble rural, la profesional responde que el oferente no tiene interés en adquirir un 1/3 (escrito del 19/2/2026).
    Así las cosas, el juez de paz, ante lo acordado en la audiencia, y la resolución firme del 9/12/2025, da el visto bueno para que la martillera avance con la venta en forma privada del inmueble rural, en tanto la propuesta de compra presentada con fecha 18/12/25 contempla las condiciones acordadas por las partes oportunamente (res. consentida del 23/2/2026).
    Luego por resolución del 17/3/2026 homologó el acuerdo celebrado en el ámbito de la audiencia de conciliación, y a pedido de la martillera, intimó a los coherederos a firmar el boleto de compraventa del inmueble rural matricula 4739  bajo apercibimiento de ordenarse la autorización judicial (res. del 17/3/2026).
    Contra esta decisión se alzan los coherederos con un recurso de apelación, que se concede, se funda, y responde (ver recurso del 25/3/2026, res. del 31/3/2026, memorial del 8/4/2026 y responde del 20/4/2026).
    2. Como tiene dicho este Tribunal: “es inapelable el decisorio que mantiene, ejecuta o es consecuencia de otro consentido, o simplemente accesorio o complementario de uno anterior que no fuera cuestionado…” (31/10/00, “OKNER, MARCELO ADRIAN Y OT. s/ Quiebra”, L. 29, Reg. 246, Morello – Sosa – Berizonce “Códigos…” t. III pág. 132)” 10/12/91, “Piva s. Sucesión”, L. 20, Reg. 159; doctr. arts. 242 y concs. cód. proc.; esta cámara “Banco de la Provincia de Bs. As. c/ Weber, E. O. y otra s/ Ej. Prendaria”, sent. del 22-5-2003; Lib. 32, Reg. 112).
    Tal como surge del iter procesal, la resolución apelada, es una derivación no sólo de la decisión incuestionada del 23/2/2026 sino de su antecesora del dictada el 9/12/2025.
    ASI LO VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
    A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    Corresponde desestimar el recurso de apelación deducido por los coherederos Juan José y Roberto Horacio Rodriguez contra la resolución de fecha 17/3/2026, con costas a su cargo y diferimiento de la regulación de honorarios (arts. 69 cód. proc., 31 y 51 Ley 14967).
    TAL MI VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
    CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
    S E N T E N C I A
    Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
    Desestimar el recurso de apelación deducido por los coherederos Juan José y Roberto Horacio Rodriguez contra la resolución de fecha 17/3/2026, con costas a su cargo y diferimiento de la regulación de honorarios.
    Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz de Daireaux, y devuélvase el soporte papel.

    REFERENCIAS:
    Funcionario Firmante: 08/09/2026 11:03:12 – SOTO Andrés Antonio – JUEZ
    Funcionario Firmante: 08/09/2026 11:48:03 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
    Funcionario Firmante: 08/09/2026 12:11:12 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
    ‰6nèmH$,ASmŠ
    227800774004123351

    CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
    NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
    Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 08/09/2026 12:11:36 hs. bajo el número RR-765-2026 por DEL VALLE QUINTANA MARIA.


  • Fecha del Acuerdo: 7/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
    Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Pehuajó

    Autos: “CHILO NUÑEZ CARLOS MARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO”
    Expte.: -96486-
    En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “CHILO NUÑEZ CARLOS MARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO” (expte. nro. -96486-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 25/8/2026 planteándose las siguientes cuestiones:
    PRIMERA: ¿Es procedente la apelación del 21/4/2026 contra la resolución del 15/4/2026?
    SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
    A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    1. Comienza explicando la jueza de grado, que sobre las bases de las manifestaciones del coheredero Alan, en las que indicó que el bien se encontraba desocupado generando un riesgo objetivo de reingreso clandestino, alteraciones materiales (derrumbes, remoción de escombros, etc) y la constitución de nuevas relaciones posesorias, es que decretó la prohibición de ingreso, ocupación o alteración del estado de hecho y/o posesorio del mismo. Y quede la presentación de Mónica Patricia Llado surge que la misma resultaba ser la ocupante del bien al momento de un incendio, no considerándose intrusa, sino propietaria del inmueble.
    Continúa diciendo, que al momento de disponer la medida no se conocía fehacientemente el estado de ocupación del bien previo al incendio, lo cual sumado a la notificación de la medida cautelar a Llado requerida por el propio letrado apoderado del Alan Chilo y la documentación y manifestaciones realizadas por la mencionada, la condujeron a tener por cierto que el inmueble no se encontraba desocupado al momento de disponerse la medida cautelar, y por ello es su decisión dejarla sin efecto (res. del 15/4/2026).
    Contra esa decisión se alzó el coheredero con el recurso de apelación que nos convoca, el que concedido, se fundó y se contestó (ver recurso del 21/4/2026, res. del 21/4/2026, memorial del 23/4/2026 y contestación del 24/4/2026).
    2. La medida fue dejada sin efecto por encontrar acreditado que el inmueble no se encontraba desocupado previo al incendio ni al momento de dictarse la medida, y que ésta había sido dictada porque el coheredero manifestó que el bien se encontraba desocupado.
    En primer lugar, cabe señalar que no hay crítica concreta y razonada, respecto a que el argumento central para decretar la prohibición de innovar fue el estado de desocupación del inmueble (art. 260 cód. proc.).
    El apelante insiste en sostener que con motivo del incendio sufrido en el inmueble en diciembre del 2025, éste quedó desocupado, situación que afirma fue posteriormente corroborada con el mandamiento de constatación del cual surge la ausencia de ocupantes al momento de la diligencia, y por eso postula que es errada la conclusión de la magistrada, de que el inmueble no se encontraba desocupado.
    También sostiene que con posterioridad a la constatación y al dictado de la medida cautelar, Lladó ingresó nuevamente al inmueble.
    Se queja porque el decisorio omite considerar el ingreso posterior de Lladó al inmueble, constituye una alteración del estado de hecho protegido por la medida cautelar.
    Viene al caso reiterar, que entre los agravios no hay crítica respecto a que la medida cautelar se decretó esencialmente por los dichos del apelante y por no conocerse fehacientemente el estado de ocupación del inmueble. Esa ha sido la explicación que ha dado la magistrada y no ha sido motivo de cuestionamiento (art. 260 cód. proc.).
    Entonces, ahora la jueza, al manifestar conocer que el inmueble no está desocupado, ni lo estuvo previo al incendio, deja sin efecto la medida dispuesta, al desaparecer el motivo que tuvo en miras al decretarla, esto es el estado de desocupación.
    El apelante no dice que la jueza conocía el estado de desocupación u ocupación del inmueble al momento de dictar la cautelar, dice, que del mandamiento de constatación diligenciado con posterioridad surge que el inmueble al momento de la diligencia se encontraba desocupado, y que ese elemento no ha sido valorado por la jueza. Mas por el contrario a lo que postula, el oficial de justicia dio cuenta del estado de ocupación del inmueble, mencionando que la esquina es alquilada por Centurión, y el lindero en la actualidad se encuentra ocupado por Lladó, quien la está arreglando producto del incendio sufrido (ver mandamiento de fecha 24/2/2026). Es decir, la que sufrió el incendio fue Lladó (ver denuncia penal en adjunto al escrito del 7/4/2026).
    De modo que, en su caso, si la propiedad se incendió, quien la ocupaba debió abandonarla momentáneamente, lo que implica la desocupación del bien, tal así, que ya en el mes de febrero de 2026 cuando se practicó la diligencia de constatación, a poco de ocurrido el incendio, Lladó estaba arreglando la vivienda.
    Ello parece encontrar sustento también, en lo manifestado por el propio apelante, quien refirió que Lladó (con otras personas) ingresó “nuevamente” al inmueble (según expuso, luego de dictada la medida cautelar, aunque no dice antes de ser anoticiada de la misma). El término “nuevamente” utilizado, denota que en algún otro momento anterior, Lladó había ingresado a la vivienda, y todo parece confluir a pensar que fue previo a dictarse la medida cautelar (ver escrito del 27/3/2026)
    Por lo expuesto el recurso no puede ser admitido, en tanto si la condición para decretar la cautelar fue el estado de desocupación, corroborada la ocupación de Llado y Leguera, se justifica que la magistrada haya dejado sin efecto la medida (art. 203 y 204 cód. proc.).
    ASI LO VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
    A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    Corresponde desestimar el recurso de apelación deducido por el coheredero Alan Chilo contra la resolución de fecha 15/4/2026, con costas a su cargo y diferimiento de la regulación de honorarios (arts. 69 cód. proc., 31 y 51 Ley 14967).
    TAL MI VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
    CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
    S E N T E N C I A
    Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
    Desestimar el recurso de apelación deducido por el coheredero Alan Chilo contra la resolución de fecha 15/4/2026, con costas a su cargo y diferimiento de la regulación de honorarios.
    Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz de Pehuajó y devuélvase el soporte papel.

    REFERENCIAS:
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 10:07:24 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 10:48:45 – SOTO Andrés Antonio – JUEZ
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 11:31:24 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
    ‰7DèmH$,7aHŠ
    233600774004122365

    CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
    NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
    Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/09/2026 11:31:32 hs. bajo el número RR-762-2026 por DEL VALLE QUINTANA MARIA.


  • Fecha del Acuerdo: 7/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

    Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Pellegrini

    Autos: “FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TATABUS PELLEGRINI S.R.L. S/APREMIO (INFOREC 904)”
    Expte. 96493

    TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC 3975 de la SCBA
    AUTOS Y VISTOS: lo solicitado con fecha 26/8/26 y el diferimiento del 21/8/26.
    CONSIDERANDO.
    El letrado M.D. Di Menna solicita regulación de honorarios por la labor ante esta cámara y -a tal fin- pone en conocimiento la base regulatoria determinada en $857.952 (v. 26/8/26).
    Al respecto, si bien la normativa arancelaria establece las alícuotas de la escala aplicable al proceso de que se trate, este tribunal (aunque con anterior integración) ya tiene dicho que en función del principio de proporcionalidad el parámetro a tomar para la retribución del trabajo en esta instancia es el honorario fijado en la primera (sent. del 9/12/2020, expte. 91679, L. 51 Reg. 651, entre otros).
    Teniendo en mira ese marco y en función del art. 31 de la ley 14967, cabe valuar la tarea desarrollada ante la alzada que dio origen a esa decisión (v. escritos del 26/4/26 y 28/4/26; arts. 15.c.y 16 ley cit.), con consideración, además, de la imposición de costas allí decidida (arts. 68 cód. proc. y 26 segunda parte ley 14967).
    Dentro de ese encuadre, sobre el honorario correspondiente a la primera instancia regulado a favor del abog. Di Menna el 6/4/26, es dable aplicar una alícuota del 30 % llegándose a un estipendio de 2,1 jus (hon. prim. inst. -7 jus- x 30;arts. y ley cits.).
    Y para el abog. Carro, una del 25% resultando un estipendio de 1,75 jus (hon. prim. inst. -7 jus- x 30;arts. y ley cits.).
    Todos los honorarios con más las retenciones y/o adiciones que por ley correspondieren (arts. 12.a y 21 de la ley 6716).
    Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
    Regular honorarios a favor de los abogs. M.D. Di Menna y N.J. Carro en las sumas de 2,1 jus y 1,75 jus, respectivamente; con más las retenciones y/o adiciones que por ley correspondieren.
    Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

    ARTÍCULO 54 ley 14967.-
    Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
    Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
    Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
    En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
    Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
    Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
    Operada la mora, el profesional podrá optar por:
    a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
    b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

    REFERENCIAS:
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 10:05:38 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 10:48:56 – SOTO Andrés Antonio – JUEZ
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 11:30:09 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
    ‰7wèmH$,1bèŠ
    238700774004121766

    CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
    NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
    Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/09/2026 11:30:19 hs. bajo el número RR-761-2026 por DEL VALLE QUINTANA MARIA.
    Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 07/09/2026 11:30:28 hs. bajo el número RH-193-2026 por DEL VALLE QUINTANA MARIA.


  • Fecha del Acuerdo: 7/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

    Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-

    Autos: “R., I.S. C/ R., C. O. S/ ALIMENTOS”
    Expte. 95591

    TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC 3975 de la SCBA
    AUTOS Y VISTOS: la solicitud de regulación de honorarios de fecha 4/3/26.
    CONSIDERANDO.
    La abog. Leiva solicita se remitan los autos a este tribunal con fecha 4/3/26 para fijar honorarios; así, con consideración del diferimiento del 17/7/25, del art. 31 de la ley 14967 y el principio de proporcionalidad (sent. del 9/12/2020, expte. 91679, L. 51 Reg. 651, entre otros), cabe valuar la tarea desarrollada ante la alzada que dio origen a esa decisión (v. escritos del 9/5/25 y 19/5/25; arts. 15.c.y 16 ley cit.), con consideración, además, de la imposición de costas allí decidida (arts. 68 cód. proc. y 26 segunda parte ley 14967).
    Dentro de ese encuadre, sobre el honorario correspondiente a la primera instancia regulado a favor la abog. M.T. Leiva el 23/2/26, es dable aplicar una alícuota del 30 % llegándose a un estipendio de 7,69 jus (hon. prim. inst. -25,62 jus- x 30; arts. y ley cits.).
    Y para la letrada M.R. Medina se fijan en la suma de 4,48 jus (hon. de prim. inst. -17,93 jus- x 25%; arts. y ley cits.).
    Todos los honorarios con más las retenciones y/o adiciones que por ley correspondieren (arts. 12.a y 21 de la ley 6716).
    Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
    Regular honorarios a favor de las abogs. M.T.Leiva y M.R. Medina en las sumas de 7,69 jus y 4,48 jus, respectivamente; con más con más las retenciones y/o adiciones que por ley correspondieren.
    Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

    ARTÍCULO 54 ley 14967.-
    Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
    Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
    Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
    En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
    Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
    Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
    Operada la mora, el profesional podrá optar por:
    a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
    b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.


  • Fecha del Acuerdo: 7/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

    Juzgado de origen: Juzgado de Paz de General Villegas

    Autos: “G., J. M. C/ R.,L. M. S/ALIMENTOS”
    Expte. 96832

    TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC 3975 de la SCBA
    AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 10/7/26 contra la resolución regulatoria del 8/7/26.
    CONSIDERANDO.
    La Defensora ad hoc, M.C. Ghio, cuestiona por exiguos los honorarios regulados a su favor en la resolución del 8/7/26 en la suma de 5 jus, y en ese acto expone los motivos de su agravio.
    Alega, en resumen, que se fijaron los honorarios en 5 jus sin mayores argumentos, y que resultan desproporcionados con las tareas desplegadas. Indica que en fecha 19/02/2026 se realiza la primera presentación en autos, tras su designación como Defensora ad hoc de la actora en reemplazo de una letrada patrocinante anterior, lo que requirió realizar un estudio de actuaciones judiciales en las que no se había intervenido. Resultó necesario realizar entrevistas con la actora a fin de conocer su pretensión, informar sobre el estado de autos y hacer saber también el estado en el que se encontraba el proceso oportunamente iniciado. Agrega que mantuvo contacto con la parte demandada a fin de intentar llegar a un acuerdo, destacando que para intentar llegar a un acuerdo se requiere un dialogo constante no solo con la parte contraria sino también con su defendida, a fin de encontrar puntos de acuerdo (v. 10/7/26; art. 57 ley 14967).
    Dicho lo anterior, en concordancia con lo edictado por los Acs. 2341/89 y 3912/18 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que fijan para la retribución a percibir por los abogados intervinientes como defensores y/o asesores oficiales (art. 91 de la ley 5827 -texto según ley 11593) una escala de entre dos (2) y ocho (8) Jus ley 14.967, dentro de ese marco puede considerarse que la anterior Defensora llevó adelante la mayor parte de las dos etapas del proceso (arts. 15, 16, 28b. e i de la ley 14967) conforme surge de los trámites hasta la sentencia del 17/6/26.
    Además, en el caso opera también lo normado por el art. 13 -ley 14967-, de modo que los 5 jus fijados por el juzgado no se aprecian exiguos en relación a la tarea desempeñada (arg. art. 16 de la ley 14967; ACS. 2341 y 3912 de la SCBA).
    Ha de señalarse, por otra parte, que a los fines retributivos por las tareas desarrolladas en forma extrajudicial al ser argumentado recién en esta instancia, a este Tribunal no le queda más que atenerse a las constancias del caso, es decir a la labor judicialmente realizada (arts. 272 y 384 del cód. proc.).
    En suma, corresponde desestimar el recurso del 10/7/26 (art. 34.4. del cód. proc.).
    Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
    Desestimar el recurso del 10/7/26.
    Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

    ARTÍCULO 54 ley 14967.-
    Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
    Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
    Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
    En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
    Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
    Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
    Operada la mora, el profesional podrá optar por:
    a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
    b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.


  • Fecha del Acuerdo: 7/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
    Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Hipólito Yrigoyen

    Autos: “ACOSTA FLORENCIA ANAHI S/ BENEFICIO DELITIGAR SIN GASTOS”
    Expte.: -96902-
    En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “ACOSTA FLORENCIA ANAHI S/ BENEFICIO DELITIGAR SIN GASTOS” (expte. nro. -96902-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 7/9/2026 planteándose las siguientes cuestiones:
    PRIMERA: ¿Es procedente el recurso de apelación del 26/8/26 contra la resolución del 24/8/26?
    SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
    A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    La letrada L.M. López, como Defensora ad hoc, solicitó regulación de honorarios a su favor con fecha 29/7/26, la que fue diferida hasta el momento en que se decida sobre el beneficio de litigar sin gastos de la actora mediante la resolución del 24/8/26. Se citan los arts. 34 y 36 del cód. proc.
    Pero esa mera cita legal configura, en el caso, una fundamentación solo aparente, desde que en ninguno de los artículos citados se advierte motivo para denegar o admitir la regulación de honorarios pedida. Sobre el punto, se ha dicho por esta cámara que “… cuando no se puntualizan los fundamentos, se tipifica un supuesto de nulidad por aplicación de lo normado por el artículo 253 del Código Procesal, por ser condición de validez de los fallos judiciales que sean conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa; principio que inhabilita los pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación sólo aparente que no permite referir la decisión del caso al derecho objetivo en vigor. Y ello es así porque lo contrario significaría reconocer validez a lo sostenido en la sola voluntad de los jueces” (ver res. del 23/12/2024, RR-1041-202, expte 94722, entre varios otros).
    Sin embargo, como esta cámara no actúa por reenvío, en ejercicio de jurisdicción positiva, deberá expedirse sobre la pretensión de honorarios de fecha 29/7/2026 (arg. art. 253 cód. proc.; cfrme. res. del 11/08/2026, expte. 96799, RR-682-2026, entre varios precedentes).
    Así las cosas, del análisis de la causa surge que en lo que se circunscribe a la tarea útil para el desarrollo del proceso, la letrada acopió las tareas que se contabilizan a través de los trámites del 6/7/25 -aceptación de cargo-, 7/11/25 -presentación de demanda- y 10/11/25 -oficios- (arts. 15.c. y 16 ley 14967).
    Meritando ello y dentro de la escala de 2 a 8 jus dispuesta por los ACS. 2341 y 3912 (que regula la situación de los Defensores ad hoc en concordancia con lo dispuesto por el art. 91 de la ley 5177), puede considerarse razonablemente que la abog. López, en aquel carácter, contabilizó judicialmente la primera etapa del juicio conforme las tareas mencionadas anteriormente (arts. 15.c, 16, 28 incs. b e i. de la ley 14967).
    De acuerdo con ello, como la letrada renunció al cargo para el cual fue designada y ha acopiado labores retributivas (arts 15 y 16), resulta más proporcional fijar la retribución en 5 jus, dentro de la escala aplicable de entre 2 y 8 jus, en tanto resultan adecuados a la tarea desarrollada para la cual se requirió su intervención (arts. 15.c , 16 y 52 de la ley 14967; art. 2 CCyC).
    Es que, en este caso concurren no solo la renuncia y su reemplazo sino que la letrada tiene una regulación tarifada, lo que conduce a practicar una regulación como definitiva (a diferencia de lo que ocurre cuando un abogado renuncia y la regulación final debe ser acorde con el resultado del pleito, que no se puede anticipar, como ya fuera decidido por este Tribunal, según puede verse en la resolución de fecha 14/07/2026 del expediente 96697 (RR-628-2026; arts., ley y AC citados antes).
    De lo que se sigue que se fijarán los honorarios de la abog. L.M. López en la suma de 5 jus; con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren (arts. 12.a y 21 ley 6716).
    ASÍ LO VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
    A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    Corresponde declarar nula la resolución del 24/8/26 y, en ejercicio de la jurisdicción positiva, fijar los honorarios de la abog. L.M. López, como Defensora ad hoc, en la suma de 5 jus; con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren.
    TAL MI VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
    CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
    S E N T E N C I A
    Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
    Declarar nula la resolución del 24/8/26 y, en ejercicio de la jurisdicción positiva, fijar los honorarios de la abog. L.M. López, como Defensora ad hoc, en la suma de 5 jus; con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren.
    Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039, con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

    ARTÍCULO 54 ley 14967.-
    Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
    Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
    Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
    En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
    Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
    Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
    Operada la mora, el profesional podrá optar por:
    a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
    b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

    REFERENCIAS:
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 10:04:37 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 10:49:10 – SOTO Andrés Antonio – JUEZ
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 11:28:45 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
    ‰7kèmH$,1O+Š
    237500774004121747

    CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
    NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
    Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/09/2026 11:28:56 hs. bajo el número RR-760-2026 por DEL VALLE QUINTANA MARIA.


  • Fecha del Acuerdo: 7/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
    Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Daireaux

    Autos: “ZARA, NILDA BEATRIZ C/ ZAMACONAS , ELIDA NOEMI Y OTRO S/DESALOJO FALTA DE PAGO (INFOREC 923)”
    Expte.: -96266-
    En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “ZARA, NILDA BEATRIZ C/ ZAMACONAS , ELIDA NOEMI Y OTRO S/DESALOJO FALTA DE PAGO (INFOREC 923)” (expte. nro. -96266-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 28/8/2026, planteándose las siguientes cuestiones:
    PRIMERA: ¿Es procedente la apelación de fecha 8 de enero de 2026 contra la resolución del día 30 de diciembre del año 2025?.
    SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
    A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    I. Mediante la apelada decisión, el señor Juez de la instancia de origen declaró abstracta la acción de desalojo promovida por Nilda Beatriz Zara contra Elida Noemí Zamaconas, Diego Enzo Gallego Jaimarena y José Luis Jaimarena respecto del inmueble ubicado en calle Alem número 615, esquina Almafuerte de la localidad de Henderson. Ordenó el mandamiento de entrega de posesión definitiva del inmueble aludido y difirió la regulación de honorarios de los profesionales.
    II. La sentencia fue apelada por la parte actora, quien expresó agravios el día 8 de enero del corriente, sin réplica de la parte contraria.
    En síntesis que se expresa, expone la parte recurrente que resulta falsa la afirmación de la decisión cuando señala “Con fecha 24/06/2024 se ordena correr traslado de la demanda, el que nunca fue materializado”, dado que como da cuenta la cédula del día 22/09/2025, a la hora 09:30 fue agregada la cédula de traslado de demanda, a instancias de lo requerido por el propio Juzgado. Sostiene que el día 23/09/2025, el Juzgado libró la cédula a través de la participación de Andrea Paola Vázquez, la que fue diligenciada a la demandada, el día 13 de octubre de 2025, cuya diligencia obra glosada el día 14/10/2025.
    Sostiene que la demandada compareció y no prestó colaboración en el trámite de la causa.
    Transcribe luego un acta labrada el día 13 de octubre del año 2025, donde compareció la parte demandada.
    Afirma que se desconoció la traba de la litis.
    Concluye que siendo falsos los argumentos por los que el fallo en crisis considera no se ha trabado la litis, solicita que sea revocado, se deje sin efecto la declaración de abstracción de la acción de desalojo, y se dicte un fallo ajustado a derecho, haciendo lugar a la demanda e imponiendo las costas a la accionada.
    III. Abordando la tarea revisora, y dando las debidas razones del caso (arts. 171, Constitución Provincial, 3, Código Civil y Comercial), en lo que resulta pertinente destacar, se exponen los argumentos vertidos por el señor Juez de la instancia de origen: 1. La demandada en forma previa a la notificación de la demanda, efectuó la devolución del inmueble reclamado, consignando al efecto las llaves y consintiendo la entrega de las mismas. 2. La cuestión sustancial introducida en el escrito inicial ha devenido abstracta, razón por la cual carece de utilidad emitir un pronunciamiento respecto de la pretensión principal. 3. En cuanto a la imposición de costas, toda vez que la conflictiva expuesta fue resuelta con anterioridad a la traba de la litis, corresponde imponerlas en el orden causado. 4. Ordenó finalmente el mandamiento de entrega de posesión definitiva del inmueble exigido, ubicado en la calle Alem número 615, esquina Almafuerte de la localidad de Henderson.
    IV. Recuérdese que el juicio de desalojo tiene en miras asegurar la libre disponibilidad de los inmuebles a los sujetos que tienen derecho a ello, cuando son detentados contra su voluntad por personas que entraron en posesión precaria mediante actos o contratos que por cualquier motivo no permanecen vigentes; o como en el supuesto de los intrusos, cuando se encuentran sin derecho en el uso o goce de una cosa ajena. Se trata, en síntesis, de una acción de índole personal, dirigida a quien tiene una obligación exigible de restituir la tenencia (De La Colina, Derecho y Legislación, V. II, n 897; Alsina; Tratado, V, III, p. 402, cit. Augusto Mario Morello, “Juicios Sumarios”, Ed. LEP, 3 edición, año 1995. P. 195; Cámara Segunda, Sala III, La Plata, causas 116.819, RSD 8/14, 127.200, RSD 91/20; e.o).
    Conforme emerge del acta labrada por el señor Oficial de Justicia, el día 17 de abril del corriente se practicó la diligencia dispuesta por el Juez Dr. Heredia, dándose la posesión definitiva a la parte actora, aquí recurrente, del bien cuya tenencia fue motivo del conflicto (v. diligencia acompañada el día 17/4/26).
    Vale decir que el objeto principal pretendido con la demanda fue íntegramente satisfecho con el devenir procesal, luego de dictada la sentencia apelada (arts. 330 y 163, C. Proc.).
    Ello conlleva a la desaparición del interés actual y concreto necesario para habilitar la instancia revisora, careciendo de sentido jurídico ingresar a una materia por el mero interés teórico, insustancial e inoficioso y, por ello, impropio de la función judicial (SCBA, I 73.068 RSI-660-18, del 5/12/2018 “Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina c/ Municipalidad de Olavarría s/ Inconstitucionalidad de Ordenanzas”).
    De manera que el Tribunal se encuentra impedido de pronunciarse sobre cuestiones de carácter abstracto, en la medida que el agravio, para justificar la apelación, debe ser actual, es decir existir al momento de apelar y subsistir al tiempo de la decisión (Cámara Segunda, Sala III, causas 97.564, RSD 87/15; 125.595-1, RSI 211/19, e/o).
    Consecuentemente, se propone al Acuerdo del distinguido colega la confirmación de esta parcela de la sentencia (art. 266, C. Proc.).
    V. Lo expuesto no empece a la vigencia que exhibe la imposición de costas en el orden causado, también materia de agravios de la recurrente (arts. 68 y 260, C. Proc.).
    En tal sentido, mediante la pieza introductoria del proceso se exigió tanto la restitución del inmueble como la imposición de costas a la parte contraria (v. 19/2/24; art. 330, inc. 3°, C. Proc.),
    Se observa del trámite de la causa que notificado el traslado de la demanda a Élida Noemí Zanaconas (v. 14/10/25), designado el defensor oficial (v. 16/10 y 12/11 del año 2025), el letrado defensor se presentó y consignó las llaves del inmueble, sin ensayar defensa alguna (v. 14/12/25), de manera que debe concluirse que la promoción de la demanda fue justificada y necesaria para la obtención del objeto pretendido (arts. 330 y 354, C. Proc.).
    Debe recordarse que, como lo difunde la Suprema Corte de Justicia de esta provincia, siguiendo el pensamiento chiovendiano, su adjudicación debe efectuarse merced al principio objetivo de la derrota, atribuyéndose a éstas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar (Chiovenda, “La condena en costas”, Madrid, 1928, p. 232; DJBA, t. 36 p. 347; JA 1952-II-303, cit. en Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, T. II, p. 363; esta Cámara Segunda, Sala III, La Plata, causas B-79.862, reg. sent. 48/95, A-43.782, reg. sent. 176/96, e/o; art. 68, C. Proc.).
    De tal modo, las costas son erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden (Podetti, Ramiro, Tratado de los actos procesales, p. 111, nº 30), siendo principio general en la materia que el “objetivamente” derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (DJBA, tº. 47 p. 26; idem, tº 51 p. 236; ibidem, tº 63 p. 209; Ac. y Sent. 1956-IV-497; e.o, Cámara Segunda, Sala III, causas 82.072, reg. sent. 34/96, 103.505 RSD 17/05).
    De manera que, no obstante que el objeto principal haya sido conseguido, y por tanto abstracto, debe estimarse que la parte codemandada aludida debe ser considerada vencida, y por tanto pasible de la imposición de costas (art. 68, C. Proc.), lo que dejo propuesto al Acuerdo del distinguido colega.
    TAL MI VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
    A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
    Corresponde estimar parcialmente el recurso de la parte actora y, en consecuencia, imponer las costas a la codemandada vencida (art. 68, C. Proc.) y diferir aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14.967).
    TAL MI VOTO.
    A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
    Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
    CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
    S E N T E N C I A
    Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
    Estimar parcialmente el recurso de la parte actora y, en consecuencia, imponer las costas a la codemandada vencida y diferir aquí la resolución sobre honorarios.
    Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz de Daireaux.

    REFERENCIAS:
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 10:00:41 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 10:50:16 – SOTO Andrés Antonio – JUEZ
    Funcionario Firmante: 07/09/2026 11:20:54 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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    239100774004121568

    CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
    NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
    Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 07/09/2026 11:22:37 hs. bajo el número RS-48-2026 por DEL VALLE QUINTANA MARIA.


  • Fecha del Acuerdo: 4/9/2026

    Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

    Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Pehuajó-

    Autos: “F., S. M. L. C/ A., W. D. Y OTROS S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”
    Expte. 94395

    TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC 3975 de la SCBA
    AUTOS Y VISTOS: lo solicitado con fecha 19/5/26; los diferimientos del 4/9/25 y 14/3/24.
    CONSIDERANDO.
    Mediante la presentación del 19/5/26, los abogs. A. Mitre y M.A. Martín solicitan regulación de honorarios por sus tareas ante esta instancia, indicando las resoluciones dictadas por este tribunal; a saber, las de los trámites de fechas 14/3/24, 23/6/25 y 4/9/25 (e.e. puntos 1, 2 y 3).
    Pues bien, tocante a las resoluciones de fechas 14/3/24 y 4/9/25, al tratarse de decisiones sobre incidencias generadas durante el proceso, previo a la retribución correspondiente a la labor ante esta cámara, a fin de no quebrantar el principio de proporcionalidad (v. sent. del 9/12/2020, expte. 91679, L. 51 Reg. 651, entre otros), deberán regularse los estipendios correspondientes a la instancia de origen (arts. 15, 16, 21, 47 y concs. de la ley 14967; 34.4. y 34.5.b. del cód. proc.).
    Entonces desde este aspecto los diferimientos sobe honorarios de esas fechas deben mantenerse.
    Luego, sobre el pedido de retribución por la labor que dio origen a la decisión del 23/6/25, ha de aclararse que esa decisión se abocó a la revisión de los honorarios regulados en primera instancia, por la pretensión principal, con fecha 16/4/25.
    En todo caso, si esta cámara se expidió sobre el art. 730 del CCyC, solo fue para decir que no correspondía su tratamiento en esa oportunidad; además de tener en cuenta que el recurso del 24/4/2025 sobre honorarios fue concedido en los términos del art. 57 de la ley arancelaria, y no se corrió traslado de ese recurso, aunque sin providencia al efecto, pues solo se le corrió traslado de la presentación de la misma fecha pero de las 13:32:58 -sobre liquidación-; v. providencia del 29/4/2025 9:35:04 y sin pedido propio a tal fin, fue contestado por los abogs. Martín y Mitre el 13/5/2025. En este marco no corresponde regular honorarios (arg. art. 57 ley 14967).
    Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
    Mantener los diferimientos de fechas 14/3/24 y 4/9/25 con el alcance dado en el considerando.
    Desestimar el pedido de regulación de honorarios respecto de la decisión del 23/6/25.
    Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

    ARTÍCULO 54 ley 14967.-
    Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
    Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
    Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
    En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
    Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
    Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
    Operada la mora, el profesional podrá optar por:
    a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
    b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.


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