Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de salliqueló

Autos: “P., A. P. C/ I.O.M.A. S/ AMPARO”
Expte.: -96217-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO: 
Según estableció la Corte Suprema de Justicia Nacional, cuando se trata de acciones de amparo contra IOMA, como en el caso, es competente la justicia provincial (v. causa “G., M. P. c/ IOMA. s/ Acción de Amparo”, CSJN 2758/2021, sent. de 21- XII-2022).
 Y, a su vez, el art. 17 bis de la ley 13928  -incorporado por la ley 14192- establece que cuando las acciones de amparo se dirijan contra acciones u omisiones, en ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada dentro de la jurisdicción local, la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramita la acción" (ver esta cám., sentencia del 16/10/2012, L. 43 Reg. 365, "ZARATE, NOELIA ESTHER C/ I.O.M.A S/ AMPARO"). 
 Más recientemente, y con posterioridad a la resolución dictada por este tribunal el día 24/8/2023, la Suprema Corte de Justicia provincial resolvió que la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 bis de la ley 13.928 realizada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín no era ajustada a derecho y, por ende, correspondía declarar su competencia para seguir interviniendo como tribunal de alzada en la acción de amparo promovida, dirigida contra el IOMA (SCBA RSI-236-24 I 19/4/2024 autos "Arameda, Rebeca de los Ángeles c/ IOMA s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008 (Inconstitucionalidad art. 17 bis, ley 13.928).
En el caso, demandado el Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.), resulta aplicable el citado artículo 17 bis de la ley 13.928 por tratarse la demandada de una entidad pública administrativa estatal con competencia específica en materia de salud (arts. 166 últ. párrafo de la Constitución de la Pcia. de Bs. As., 1.1 y 2 de la ley 12008, 1 y 2 de la ley 6982 -texto ordenado por decreto nº 179/87, con las modificaciones de las leyes 10.744, 10.861, 13.123, 13.483 y 13.965-; cfrme. Gordillo, Agustín A., "Tratado de Derecho Administrativo", Parte General, t.I, pág. XI-22 y ss., ed. Ediciones Macchi, año 1994; ver, además, precedente de esta cámara  antes citado); por manera ante la luz de lo resuelto recientemente por la Suprema Corte de Justicia Provincial,  la Cámara RESUELVE:
 Radicar las actuaciones en forma urgente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Martín, con conocimiento del Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló
Regístrese. Notifíquese con carácter de urgente en función de la materia de que se trata (arts. 10 y 13 del AC 4013 t.o. AC 4039). Hecho, radíquese electrónicamente de manera urgente en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Martín.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/12/2025 09:43:13 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2025 10:15:32 – MARTIARENA Sebastian Alejandro – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2025 10:58:19 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/12/2025 10:58:45 hs. bajo el número RR-1280-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Guaminí

Autos: “SERVICIO LOCAL GUAMINI S/QUEJA POR APELACION DENEGADA”
Expte.: -96215-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “SERVICIO LOCAL GUAMINI S/ QUEJA POR APELACION DENEGADA” (expte. nro. -96215-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 23/12/2025 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundada la queja articulada el 22/12/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. Según arroja la compulsa electrónica de la causa, el 11/12/2025 la judicatura foral resolvió: “Proveyendo la presentación electrónica del Servicio Local con fecha 10.12.2025 Agréguese y téngase presente lo informado por el mencionado organismo. Atento al cúmulo de trabajo que actualmente presenta la Perito de esta dependencia, considerando la proximidad de la feria judicial y a fin de evitar demoras en la intervención ante la eventual verificación de una vulneración de derechos de la niña involucrada, REQUIÉRASE al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos que, con carácter urgente, proceda a la realización de un informe socio-ambiental respecto del grupo conviviente y demás aspectos que estime pertinentes. Hágase saber que la medida se dispone en resguardo del interés superior de la niña (arts. 3 y 19 C.N.; arts. 3, 7, 8 y concordantes L.N. 26.061), procurando asegurar una respuesta estatal oportuna y adecuada. Notifíquese de manera automatizada a las partes conforme Ac. 4013 de la SCBA”. Lo que derivó en la interposición de revocatoria con apelación en subsidio por parte del ente administrativo el 15/12/2025; recursos que, es de destacar, resultaron denegados a tenor de los fundamentos brindados mediante resolución del 15/12/2025 y que confluyeron en la queja promovida el 22/12/2025 que aquí se despacha (remisión a los fundamentos de las piezas citadas).
2. Así las cosas, el organismo recurrente -en aras de persuadir sobre la admisibilidad de la queja vehiculizada- aduce que el mentado decisorio del 15/12/2025 que dispone la denegatoria de los conductos impugnatorios por él articulados en la misma jornada, deviene arbitrario a más de carecer de apoyatura legal que lo refrende. Ello, en el entendimiento de que la negativa jurisdiccional estuvo dada por lo que interpretó como inexistencia de gravamen para el ente; lo que importa -a su criterio- desconocimiento de las facultades administrativas, al tiempo de invasión y avasallamiento de poderes por parte de la judicatura al Servicio Local.
En ese trance, cita la normativa que rige su funcionamiento y enfatiza en los principios de autonomía municipal y división de poder en pos de repeler las gestiones que el fallo atacado le impone. Esto es, la confección de un informe de relevamiento de tipo socio-ambiental; en atención a la proximidad de la feria judicial y el cúmulo de tareas que -según lo dicho por lo el órgano jurisdiccional de origen- le impedirían practicar la diligencia por sí.
Panorama que, conforme pone de relieve el ente apelante, no es motivo suficiente para asignarle competencia y funciones ajenas a su dinámica operacional demarcada por las disposiciones legales aludidas. Cita, en ese orden, jurisprudencia de esta cámara a fin de robustecer su tesitura; en función de lo cual peticiona la recepción de la queja interpuesta (v. escrito recursivo del 22/12/2025).
3. Pues bien. Conocido en que el interés procesal es requisito de admisibilidad de toda pretensión (Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Ed. Perrot, Bs.As., 2da. Ed., t.I, pág. 411).
Y, en materia de recursos, el interés procesal se denomina gravamen. Por tanto el gravamen es requisito de admisibilidad de todo recurso; considerándose que -como se advierte en la especie, según se verá- lo hay cuando existe diferencia perjudicial entre lo pedido al órgano jurisdiccional y lo obtenido de éste (sobre este tema, v. Hitters, Juan Carlos “Técnica de los recursos ordinarios” Ed. LEP, La Plata, 2004, pág. 59 y sgtes. y parágrafo 31 pág. 78).
De otra parte, el antedicho gravamen debe ser actual y no hipotético, extremo asimismo verificado; en tanto es la medida del recurso (cfme. Alsina, H., “Tratado…”, Bs.As., Ediar, 1963, t. IV, p. 210, autores allí cits.; Podetti, R. “Tratado de los recursos”, Bs.As., Ediar, 1969, p. 126; Couture, E. “Fundamentos…”, Bs.As., Depalma, 1973, p. 362; autores cits. por Cám.Nac.Comercial, sala B, 18/3/92, en “Unión Carbide Argentina S.A. c/ El Cobre S.A.” pub. en rev. E.D. del 11/8/92).
De modo, entonces, sufre un gravamen aquél justiciable que recibe un perjuicio de la decisión judicial. Esto es, cuando ha quedado en una situación más desfavorable de la que tenía con anterioridad al fallo; como se adelantara que acontece en el caso que nos ocupa, desde que, al margen de la valoración ulterior que la judicatura foral merite de la pretensión recursiva planteada el 15/12/2025 -se reitera, la confección del informe encomendado a tenor de los motivos expuestos en la resolución del 11/12/2025 que originó la incidencia-, cierto es que la denegatoria cerró, por principio, toda vía de debate en torno a la fundabilidad de la resolución dictada a contraluz de la normativa de aplicación que rige los Servicios Locales de Protección y Promoción de Niños, Niñas y Adolescente.
Por lo que la queja interpuesta ha de prosperar.
Sin perjuicio de lo arriba resuelto, no escapa a este abordaje que la diligencia delegada en el ente apelante se encaballó en el principio de interés superior del niño, además del hilo argumentativo aportado referido al cúmulo de tareas que ralentizarían el giro de actividades del órgano y el acaecimiento inminente de la feria judicial; circunstancias que permiten inferir que, entretanto se conceda la apelación otrora denegada y se le imprima -en lo eventual- el trámite respectivo, el factor temporal podría conculcar la materialización del mentado interés superior al que ha referido la instancia de origen (remisión a la resolución apelada del 11/12/2025).
Así las cosas, al amparo del principio de tutela judicial efectiva y toda vez que esta cámara ya se ha expedido en otras oportunidades sobre la conflictiva de autos, corresponde hacer la queja resolutiva y dejar sin efecto la diligencia delegada mediante la resolución recurrida del 11/12/2025; encomendando su confección al Equipo Interdisciplinario de la instancia de origen (arg. art. 34.4 cód. proc.).
Ello, por cuanto -como ya se ha sostenido- frente a denuncias de violencia familiar, como aquí acontece en cuyo ámbito la propia judicatura valoró las especiales circunstancias que constriñen al grupo familiar en la medida tuitiva primigenia del 16/11/2025, va de suyo que son el contexto y las particularidades propias de cada caso los que justifican la delimitación del campo de la actuación administrativo-judicial. Para lo cual el órgano jurisdiccional interviniente deberá ponderar con especial atención los riesgos que acaso pudieran subyacer a la conflictiva planteada, la premura con que ello deba ser abordado y los recursos que puedan insumir las diligencias mandadas a producir para asegurar la debida salvaguarda de la integridad bio-psico-física de las víctimas involucradas (v. esta cámara, resolución del 12/7/2023 en autos “A., S. s/ Protección Contra La Violencia Familiar (Ley 12569)” (expte. 92972), registrada bajo el nro. RR-499-2023; con cita de arg. art. 34.4 cód. proc., en diálogo con args. arts. 1 a 7 de la ley 12569).
Así lo ha entendido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al expresar: “la flexibilidad de que disponen las autoridades intervinientes responde al reconocimiento que las decisiones que se adopten sobre las temáticas relativas a la guarda, cuidado y protección del niño, deben considerar sus propias particularidades así como la identificación de cuál sea la respuesta que mejor convenga al niño. El balance entre ambos aspectos debe buscarse por medio de un procedimiento concebido y adaptado especialmente a la materia sobre la que versa, lo mismo que a través de garantizar la intervención de profesionales con los conocimientos y entrenamiento adecuado para promover la efectiva protección de los derechos del niño, a fin de asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean idóneas, necesarias y proporcionales” (v. informe Comisión IDH, informe 2017, párr. 207).
Espíritu en el que se enmarca, de consiguiente, la norma bonaerense de aplicación en cuanto inviste al judicante de una amplia gama de facultades de disposición adaptables a cada caso concreto en función de la entidad de los intereses que se encuentren en pugna; aspecto que -necesariamente- debe ser visto a la luz del mandato preventivo jurisdiccional contenido en el artículo 1710 del código fondal para efectivizar la garantía de no repetición que el plano estatal -en todas sus órbitas, incluida la judicial- le debe a la persona víctima de violencia en función de los compromisos asumidos en ocasión de suscribir el bloque trasnacional constitucionalizado (arg. art. 7 de la ley citada, en diálogo con art. de mención).
De suerte que, en el caso que nos ocupa, no se advierte motivo para que, existiendo abordaje jurisdiccional en curso, como se extrae de las constancias de fechas 27/11/2025 que dan la pauta de las entrevistas practicadas en sede judicial, se delegue con base en los argumentos referidos gestiones que la propia judicatura ha entendido necesarias en pos de la materialización de principios de entidad tal como el de interés superior del niño. Al menos, sobre la base de los argumentos brindados; respecto de los cuales no se ha informado si, por caso, se han entablado conversaciones con otros órganos jurisdiccionales para requerir colaboración de profesionales en las áreas requeridas a tenor del cúmulo de tareas sobre el cual ha cimentado la delegación de tareas apelada; lo que no se colige que haya acontecido, según surge de las constancias visadas (args. arts. 34.4 y 384 cód. proc.).
Por lo que corresponderá a la judicatura foral, conforme el desarrollo hasta aquí bosquejado en orden a las particularidades de la causa, adoptar -en lo urgente- toda medida tuitiva que estime necesaria a fin de conjurar toda eventualidad que acaso pudiera poner en riesgo la concreción del principio por él esbozado, incluidas las diligencias delegadas en la resolución del 11/12/2025 que aquí se revoca; lo que así se ordena [args. arts. 3 de la Convención de los Derechos del Niño; 75 incs. 22 y 23 Const.Nac.; 2, 3 y 706 inc. c) del CCyC; 15 Const.Pcia.Bs.As; y 34.4 cód. proc.].
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Con arreglo al resultado obtenido al tratar la cuestión que precede, corresponde
1. Estimar la queja articulada por el Servicio Local de Guaminí y, al amparo del principio de tutela judicial efectiva, hacerla resolutiva en los siguientes términos.
2. Revocar la resolución del 11/12/2025 que dio origen a la incidencia de autos, en cuanto delegó en el ente apelante las gestiones allí consignadas.
3. Disponer que corresponderá a la judicatura foral, conforme el desarrollo hasta aquí bosquejado en orden a las particularidades de la causa, adoptar -en lo urgente- toda medida tuitiva que estime necesaria a fin de conjurar toda eventualidad que acaso pudiera poner en riesgo la concreción del principio de interés superior del niño, incluidas las diligencias delegadas en la resolución del 11/12/2025 que aquí se revoca [args. arts. 3 de la Convención de los Derechos del Niño; 75 incs. 22 y 23 Const.Nac.; 2, 3 y 706 inc. c) del CCyC; 15 Const.Pcia.Bs.As; y 34.4 cód. proc.].
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
1. Estimar la queja articulada por el Servicio Local de Guaminí y, al amparo del principio de tutela judicial efectiva, hacerla resolutiva en los siguientes términos.
2. Revocar la resolución del 11/12/2025 que dio origen a la incidencia de autos, en cuanto delegó en el ente apelante las gestiones allí consignadas.
3. Disponer que corresponderá a la judicatura foral, conforme el desarrollo hasta aquí bosquejado en orden a las particularidades de la causa, adoptar -en lo urgente- toda medida tuitiva que estime necesaria a fin de conjurar toda eventualidad que acaso pudiera poner en riesgo la concreción del principio de interés superior del niño, incluidas las diligencias delegadas en la resolución del 11/12/2025 que aquí se revoca [args. arts. 3 de la Convención de los Derechos del Niño; 75 incs. 22 y 23 Const.Nac.; 2, 3 y 706 inc. c) del CCyC; 15 Const.Pcia.Bs.As; y 34.4 cód. proc.].
Regístrese. Notifíquese con carácter urgente a tenor de la materia de que se trata, de acuerdo a los arts. 10, 13 y 15 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, póngase en conocimiento del Juzgado de Paz de Guaminí -también en forma urgente- y archívese.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 23/12/2025 13:31:30 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2025 13:43:38 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2025 13:45:00 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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251400774003955657

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 23/12/2025 13:46:44 hs. bajo el número RR-1279-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

Autos: “M., C. D. C/ H., M. A. S/CUIDADO PERSONAL DE HIJOS”
Expte.: -96188-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 6/11/25 contra la regulación de honorarios de esa misma fecha.
CONSIDERANDO.
La Asesora ad hoc, abog. C. M.,, cuestiona por exiguos los honorarios regulados a su favor en la suma de 6 jus con fecha 6/11/25 (punto 4), exponiendo en el mismo acto de interposición los motivos de su agravio.
La recurrente, en prieta síntesis, manifiesta que la regulación efectuada en la cantidad de 6 Jus resulta insuficiente a la luz de las actuaciones efectivamente realizadas, las cuales se detallan en la propia sentencia (presentaciones de fechas 11/11/21, 9/12/21, 16/12/21, 22/3/22, 24/11/22, 3/2/23, 7/8/23, 10/10/23, 7/11/23, 19/12/23, 4/9/24, 20/5/25, 15/7/25, 5/8/25, 16/9/25, 30/9/25, entre otras); que no quedaban actuaciones pendientes de impulso, habiendo sido agotada toda intervención útil y necesaria en defensa de los derechos del niño involucrado; su actuación fue constante, diligente y proactiva, impulsando el trámite y elaborando dictámenes técnicos conforme la evolución del expediente, y por ello, la regulación debe ajustarse al máximo de la escala arancelaria, toda vez que se ha dado cumplimiento integral a los parámetros de los arts. 15, 16, 21, 22, 28 inc. b) e i), y 54 de la Ley 14.967, solicitando el máximo de la escala legal (punto II de la presentación del 6/11/25; art. 57 de la ley 14967).
Pues bien; según las constancias informáticas de la causa, la letrada desarrolló la labor para la cual fue designada, conforme surge de los trámites consignados por el juzgado que llevaron a fijar la suma de 6 jus ("... 11/11/21, 9/12/21, 16/12/21, 22/3/22, 24/11/22, 3/2/23, 7/8/23, 10/10/23, 7/11/23, 19/12/23, 4/09/24, 20/05/25, 15/7/25, 5/8/25, 16/9/25, 16/9/25, 30/9/25, y demás actuaciones complementarias...";arts.15.c. y 16 de la ley 14967).
Y, con arreglo al artículo 1 de la Acordada 3812, para la retribución a percibir por los abogados intervinientes en calidad de Defensores Oficiales y/o Asesores de Incapaces ante la Justicia de Paz Letrada, se ha determinado una escala de dos a ocho Jus, según la importancia y complejidad del trabajo realizado (art. 91 de la ley 5827, texto según la ley 14.365).
En ese orden, si la regulación de honorarios dentro de esa escala es la fijación judicial del importe del trabajo realizado por la abogada en función de las constancias obrantes en autos, los 6 jus fijados por el juzgado no resultan desproporcionados no solo en relación a la tarea realizada  sino también a la retribución fijada a favor del Defensor Oficial de la parte actora que llevó adelante si no la mayor cantidad de trámites, cuanto menos la más preponderante tarea correspondiente a la primera etapa del juicio, realizando los trámites de iniciación, confeccionando el escrito de demanda, entre otras (arts. 16 ley cit).
Respecto de lo manifestado en el punto III del escrito del 6/11/25, en tanto se disponga la incorporación de la presente causa al Sistema DEAS, en cumplimiento de las disposiciones vigentes, dejando sin efecto la comunicación a la Secretaría de Administración, dicho trámite deberá ser cumplimentado en la instancia inicial (arts.34.4  y 34.5.cód. proc.).
En suma, en función de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso del 6/11/25.
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 6/11/25.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase de Paz Letrado de Daireaux.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 23/12/2025 11:33:31 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2025 13:32:24 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2025 13:33:37 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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252400774003951598

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 23/12/2025 13:34:55 hs. bajo el número RR-1278-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux.

Autos: “L., P. D. S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (FAMILIA)”
Expte. 96193

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC  3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 18/11/25  contra la regulación de honorarios del 14/11/25.
CONSIDERANDO.
La Defensora ad hoc, abog. V.D. C.,, cuestiona la regulación de honorarios practicada a su favor con fecha 14/11/25 fijada en la suma de 2 jus, exponiendo en ese mismo acto los motivos por los cuales los considera exiguos. 
Aduce la letrada que  la regulación practicada resulta arbitraria, irrazonable y contraria a derecho, omite valorar integralmente el trabajo realizado por mi parte hasta la sentencia; como tampoco valora la celeridad con que se actuó para la resolución del caso, evitando así un dispendio jurisdiccional mayor; además  de considerarse  el  carácter alimentario para el abogado y debe basarse sobre una valoración justa de los trabajos profesionales y una ponderación real de la calidad, eficacia y extensión de los mismos, cita  antecedente de este Tribunal y solicita se eleven sus honorarios (punto II del escrito del 18/11/25; art. 57 ley 14967).
Pues bien; según las constancias informáticas de la causa, la letrada desarrolló la labor para la cual fue designada, conforme surge del trámite del 24/10/25  (arts. 15.c y 16 de  la ley 14967).
Y con arreglo al artículo 1° de la Acordada 3812, para la retribución a percibir por los abogados intervinientes en calidad de Defensores Oficiales y/o Asesores de Incapaces ante la Justicia de Paz Letrada, se ha determinado una escala de dos a ocho Jus, según la importancia y complejidad del trabajo realizado (art. 91 de la ley 5827, texto según la ley 14.365).
Por manera que meritando la labor llevada a cabo por la profesional, hasta la sentencia del 14/11/25, y teniendo en cuenta la celeridad y el allanamiento inmediato para la resolución del caso, que evitaron un dispendio jurisdiccional mayor, resulta más adecuado en relación a las constancias de autos, elevar los estipendios y fijarlos en la suma de 5  jus ley 14967 (arg. art. 16 de la ley 14967; ACS. 2341 y 3912 de la SCBA). 
Entonces, en función de lo expuesto anteriormente, corresponde estimar el recurso y fijar honorarios a favor de la abog. C., en la suma de 5  jus (arts. y ley cits.). Con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren (art.  12.a  de la ley 6716).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 18/11/25 y fijar honorarios a favor de la abog. C., en la suma de 5  jus. Con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren. 
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:30:55 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:02:34 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:42:51 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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242400774003951239

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/12/2025 12:43:07 hs. bajo el número RR-1276-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

Autos: “A., A. C/ J., M. N. S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (FAMILIA)”
Expte. 96194

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC  3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 18/11/25 contra la regulación de honorarios de igual fecha.
CONSIDERANDO
El  Defensor  ad hoc, abog. N. C.,, cuestiona la regulación de honorarios practicada a su favor con fecha 18/11/25 en la suma de 2 jus, exponiendo en ese mismo acto los motivos por los cuales los considera exiguos. 
El recurrente, concretamente, argumenta que al momento de la regulación de los honorarios no se tuvo en cuenta la  tarea profesional desarrollada, fue hecha sin tener en cuenta varios aspectos de la misma y violenta además  palmariamente lo normado por la ley 14.967;  pues dice, en primer lugar, no se desprende de la providencia atacada que se haya fundado correctamente la misma, conforme reza el art. 15 de la citada norma arancelaria y en segundo lugar tampoco surge de la mentada resolución la descripción detallada de mi tarea profesional ni los parámetros para arribar al honorario regulado (art. 16 ley 14.967); y además, que es dable destacar que el allanamiento a la demanda importa una actividad procesal y profesional de trascendencia ya que evita dispendio jurisdiccional innecesario, circunstancia totalmente omitida por el juez de paz (v. 18/11/25, punto II; art. 57 dley 14967).
Ahora,  según las constancias informáticas de la causa, el letrado desarrolló la labor para la cual fue designado, conforme surge de los  trámites de fechas  20/10/25 y 29/10/25   (arts. 15.c y 16 de  la ley 14967); y con arreglo al artículo 1 de la Acordada 3812, para la retribución a percibir por los abogados intervinientes en calidad de Defensores Oficiales y/o Asesores de Incapaces ante la Justicia de Paz Letrada, se ha determinado una escala de dos a ocho Jus, según la importancia y complejidad del trabajo realizado (art. 91 de la ley 5827, texto según la ley 14.365).
De modo  que  valuando la labor llevada a cabo por  el Defensor   hasta la sentencia del 14/11/25, que fue  consignada en la  resolución apelada,  y teniendo en cuenta que la celeridad y el allanamiento inmediato para la resolución del caso, evitó un dispendio jurisdiccional mayor, resulta más adecuado en relación a las constancias de autos, elevar los estipendios y fijarlos en la suma de 5  jus ley 14967 (arg. art. 16 de la ley 14967; ACS. 2341 y 3912 de la SCBA). 
Entonces, en función de lo expuesto anteriormente, corresponde estimar el recurso y fijar honorarios a favor del abog. C., en la suma de 5  jus (arts. y ley cits.). Con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren (art.  12.a  de la ley 6716).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 18/11/25 y fijar los honorarios del abog. N. C., en la suma de 5 jus. Con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:31:34 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:01:56 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:39:45 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7ÁèmH#À,EvŠ
239600774003951237

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/12/2025 12:40:10 hs. bajo el número RR-1275-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 22/12/2025 12:40:19 hs. bajo el número RH-223-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Autos: “M., R. C/ L., C. M. S/INCIDENTE DE ALIMENTOS”
Expte.: -96034-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “M., R. C/ L., C. M. S/INCIDENTE DE ALIMENTOS” (expte. nro. -96034-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 19/12/2025 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 26/8/2025 contra la resolución del 18/8/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
1. La resolución del 18/8/2025 desestimó la liquidación practicada por la actora con aplicación del artículo 770 inc. c del CCyC, con fundamento en que en el proceso solo se habría aprobado una liquidación y se dictaron medidas cautelares para asegurar su cumplimiento, y esa sola circunstancia -sin que medie intimación de pago alguna- no abastecería por sí los recaudos exigidos para la aplicación del artículo 770 del CCyC.
A su vez, impuso costas por su orden en virtud de como fue resuelta la cuestión y el éxito parcial de cada uno de los litigantes.
2. El pronunciamiento fue apelado por la actora el 26/8/2025.
En su memorial alega que se practicó liquidación de alimentos adeudados y la misma se notificó al obligado al pago mediante cédula del 6/7/2023, por lo que resulta aplicable el artículo 770 del CCyC; y a su entender, la aprobación por parte del juzgado el 1/4/2024 de la liquidación practicada y posteriormente notificada, es suficiente para la aplicación del mencionado artículo, sin que sea necesaria una doble intimación (v. memorial del 5/9/2025).
También se agravió respecto a la imposición de costas, en tanto considera que deben aplicarse al demandado por ser quien generó la deuda y por el carácter asistencial de la prestación alimentaria (v. mismo escrito).
3. Tiene dicho la SCBA -y este tribunal siguiendo el criterio- que la capitalización de intereses, si bien está admitida excepcionalmente -como en el caso que exista condena judicial y mora en el cumplimiento-, requiere para su configuración el cumplimiento de determinados requisitos, a saber: la existencia de liquidación de deuda aprobada judicialmente; intimación judicial de pago de la suma resultante de la liquidación y mora del deudor en el cumplimiento de la condena (v. S.C.B.A., SCBA, B 67055, sent. del 4/7/2012, ‘Cuomo, Roberto Héctor c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/´Demanda contencioso administrativa’, en juba sumario B99439).
Reiterando en otro pronunciamiento: 1) cuando existía pacto entre las partes; 2) cuando existía deuda liquidada judicialmente con los intereses, orden del juez ordenando el pago y resistencia del deudor, por lo que dicho precepto impide la capitalización fuera de aquellos supuestos previstos’ (SCBA, C 116924, sent. del 7/8/2013, ‘Ligor S.A. c/Morresi y Quinteiro S.R.L. s/Cumplimiento de contrato’, en Juba sumario B22225; cfrme. esta cám.: expte. 94301, res. del 27/6/2024, RR-398-2024; expte. 95295, res. del 16/4/2025, RR-309-2025; entre otros).
Aquí, se practicó liquidación el 4/9/2024 y se dio traslado de la misma al demandado, notificado mediante cédula diligenciada el 13/9/2024; y sin objeción, se aprobó mediante resolución del 1/4/2025.
Pero cierto es que no se intimó al pago, solo se dictaron medidas “hasta tanto el alimentante cumpla con el pago” (v. res. citada).
De modo que no se configuran los requisitos exigidos por la Suprema Corte Provincial para admitir la capitalización de intereses; y la explicación dada en el memorial no es suficiente para suplir la necesaria intimación de pago de la liquidación judicial aprobada; acto procesal faltante que habilita junto a los demás enunciados una capitalización de intereses que por regla se encuentra vedada (arg. art. 770 CCyC; cfrme. criterio de este tribunal en expte. 89616, res. del 23/12/2015, L. 46, R. 463).
Por lo demás, respecto a las costas sí asiste razón a la apelante, en tanto es criterio de esta cámara que como regla general para escenarios como el que aquí se ventila, deviene equitativo imponer las costas al alimentante a fin de no mermar el poder adquisitivo de la cuota de los alimentos (cfrme. expte. 92645, res. del 4/4/2024, RR-200-2024; entre muchos otros).
Así las cosas, se recepta parcialmente la apelación de la actora.
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Por lo expuesto corresponde estimar parcialmente la apelación del 26/8/2025 contra la resolución del 18/8/2025 en lo atinente a la imposición de costas, debiendo ser soportadas por el alimentante conforme se argumentó en la primera cuestión (arg. art. 68 cód. proc.; esta cám.: expte. citado). Además, imponerle -en virtud del éxito parcial de la apelación y el mismo fundamento brindado- también las de esta instancia, y diferir la resolución sobre honorarios (arts. 68 cód. proc.; 31 y 51 ley 14.967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Estimar parcialmente la apelación del 26/8/2025 contra la resolución del 18/8/2025 en lo atinente a la imposición de costas, debiendo ser soportadas por el alimentante conforme se argumentó en la primera cuestión. Además, imponerle -en virtud del éxito parcial de la apelación y el mismo fundamento brindado- también las de esta instancia, y diferir la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:32:05 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:58:23 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:35:03 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7rèmH#À,DQŠ
238200774003951236

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/12/2025 12:37:11 hs. bajo el número RR-1274-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Familia N° 1 de Trenque Lauquen

Autos: “D., S. C/ S., H. R. S/LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL”
Expte.: -89837-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “D., S. C/ S., H. R. S/LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL” (expte. nro. -89837-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 18/12/2025 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Es procedente la apelación del 4/9/2025 contra la resolución del 2/9/2025?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. En la sentencia definitiva, firme, del 27/10/2023 se dispuso que: ‘(…) los derechos derivados de la adjudicación de la vivienda del programa PRO-CASA, efectuada aún vigente la sociedad conyugal entre las partes, son de carácter ganancial correspondiendo a cada uno de ellos el 50% por ciento sobre esos derechos…’.
Con el escrito del 10/2/2024, se sostuvo que era necesario determinar el valor de los derechos de adjudicación de un inmueble urbano y que el modo de hacerlo era a través de ‘un profesional del tema’.
Es así que se designó perito al señor Carlos Goldenberg (v. providencia del 26/2/2024. Quien aceptó el cargo el 3/3/2024. Indicándose por la parte interesada, como punto de pericia, que el experto, cotejo del inmueble informra el valor de venta del mismo, para poder determinar el crédito sobre los derechos de adjudicación (v. escrito del 16/3/2024). El perito, al expedirse, mantuvo el valor en dólares ya tasado para el valor venal del inmueble (v. escrito del 4/4/2024).
Realizada la constatación del 39/12/2024, resulta que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado por C.,, M. K., F.,, T. y F., T., quienes manifestaron ser dueños del inmueble desde el año 2013.
En la resolución apelada del 2/9/2025, se resolvió: (a) que el bien en juego no era la vivienda del programa PRO CASA -la que siempre estuvo fuera del dominio de las partes- sino un derecho crediticio por la adjudicación de la misma. Por lo que se desestimaba el pedido de subasta del inmueble; (b) que equiparar el valor de un inmueble (su dominio) con el valor de un crédito contractual contra el estado, como se desprende de la tasación efectuada por Goldemberg, carecía de todo fundamento. Más aún, teniendo en cuenta que el contrato originario había sido cedido (sin que conste que se haya pedido su anulación ) y que la cesión – más allá de su validez – puede ser causante de desadjudicación o rescisión por parte del Estado por incumplimiento del adjudicatario. Por lo cual las tasaciones no serán tenidas en consideración como base de una eventual subasta de los referidos derechos crediticios.
2. Apelada la resolución por la actora, sostiene la apelante en su memorial que la subasta son de los derechos que las partes tienen sobre el inmueble y que para satisfacer esa pretensión procesal es necesario determinar el valor venal del inmueble para tener una referencia de la base de subasta. 
En cuanto a lo primero, pues, convalida la resolución, cuando en ella se afirma que el bien a subastar no era la vivienda del plan Pro-casa. De modo que no hay agravio sobre ese tema (arg. art. 260 del cód. proc.).
Tocante a lo demás, se expresó en la providencia que, justamente, siendo el ‘bien en juego’, un derecho crediticio por la adjudicación de la vivienda, no era posible equiparar el valor de un inmueble con el valor de un ese crédito contractual contra el estado, como se desprende de la tasación efectuada por Goldemberg, teniendo en cuenta que el contrato originario había sido cedido.
Claro, quizás, entre los datos a considerar para obtener el valor venal de ese ‘crédito contractual contra el estado’ a subastarse, al que alude la apelante, puede que el precio de venta del inmueble sea uno de ellos. Pero, como recién se viera, no a eso a lo que se refirió el fallo, sino que el perito equiparó este valor al de aquel crédito, que además aparecía cedido, lo cual es diferente. Y contra esta argumentación de la jueza, que da sustento a su decisión, no se ha formulado un agravio concreto y razonado (v. escrito del 15/9/2025, art. 260 del cód. proc.).
En tales condiciones, al recurso se ha tornado desierto (art. 261 del cód. proc.). Y por ello se lo desestima.
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde declarar desierta la apelación del 4/9/2025 contra la resolución del 2/9/2025;con costas al apelante y diferimiento de la resolución sobre honorarios ahora (arg. arts. 68 y concs. cód. proc., 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Declarar desierta la apelación del 4/9/2025 contra la resolución del 2/9/2025;con costas al apelante y diferimiento de la resolución sobre honorarios ahora.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Familia N° 1 de Trenque Lauquen.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:32:40 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:57:35 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:28:19 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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243600774003951177

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/12/2025 12:31:28 hs. bajo el número RR-1273-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial N° 2

Autos: “A., M. A. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA”
Expte.: -89350-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “A., M. A. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA” (expte. nro. -89350-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 18/11/2025 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Es procedente la apelación del 28/8/2025 contra la resolución del 20/8/2025?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. Con fecha 20/8/2025 se dictó medida cautelar que dispuso la suspensión inmediata de los efectos del contrato de compraventa celebrado entre la causante y M. I. C.,, hasta tanto se resuelva la cuestión fondal, es decir, la relativa a la nulidad del acto jurídico por falta de autorización judicial y ausencia de intervención de la curadora.
Ello en tanto así fue solicitado por la asesora interviniente con motivo de la inhabilitación decretada sobre la causante para disponer de sus bienes, porque la suscripción del boleto de compraventa respecto de parte de su vivienda se habría realizado sin intervención judicial ni participación de la curadora, y por el riesgo de generarse un empobrecimiento patrimonial irreversible de la causante en caso de continuar con los efectos o la ejecución del contrato (v. escrito del 19/8/2025 y res. del 20/8/2025).
2. Dicho pronunciamiento fue apelado por la contratante C., con fecha 28/8/2025, y en su memorial del 3/9/2025 se agravia de la indeterminación temporal de la medida y de la falta de precisión respecto a la suspensión de los efectos del contrato sin distinguir entre actos pendientes y actos ya cumplidos, en tanto ya habría entregado sumas de dinero en cumplimiento del boleto y la suspensión genérica deja sin contrapartida lo abonado, afectando derechos patrimoniales adquiridos y colocándola en peor situación que antes de la medida. También, dice que se debería establecer el cumplimiento de la “obligación indispensable” de promover la usucapión
Finaliza diciendo que el fin precautorio podía lograrse mediante medidas menos gravosas, tal como podría ser, una anotación de litis.
3. Ahora bien. La cautelar dictada está encuadrada por la judicatura dentro de las denominadas genéricas (art. 232 cód. proc.), cuyos presupuestos son, como en todas las medidas cautelares, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, con las características del perjuicio inminente o irreparable (arg. arts. 195 y concs. cód. proc.).
Desde esa perspectiva, la misma resolución apelada estableció que tales exigencias están cumplidas: la verosimilitud del derecho invocado, por la restricción a la capacidad y la prohibición de contratar por sí, mientras el peligro en la demora, por el riesgo de ejecución o consolidación de los efectos contractuales podría implicar un empobrecimiento patrimonial irreversible.
Requisitos que no fueron cuestionados por la apelante (arg. art. 260 cód. proc.), en tanto se agravió -como se adelantó- del límite temporal, los efectos del contrato ya cumplidos y la no promoción de la usucapión.
De suerte que habrá de ser confirmada en cuanto a su procedencia.
Respecto a los actos ya cumplidos que responden al objeto contractual (por ejemplo, los pagos que dice efectuados), deberán ser determinados y expresamente peticionada la decisión jurisdiccional en primera instancia, a través de la vía que mejor se estimare corresponder; y lo mismo respecto a la anotación de litis mencionada como medida menos gravosa, en tanto la sustitución de medida cautelar debe ser peticionada en la instancia de origen, con el procedimiento mencionado en el artículo 203 del código procesal .
Por último, sobre que debería indicarse que igualmente se inicie el proceso de usucapión, no corresponde hacer lugar al agravio en la medida que es ésta una obligación o efecto derivado de la cláusula primera del contrato cuyos efectos, justamente, fueron suspendidos; por lo que queda englobado en esa decisión, que se mantiene.
En lo que sí cabe razón a la apelante es en cuanto al límite temporal de la medida y habrá de admitirse el agravio.
Ya se ha dicho que a fin de evitar que una provisional decisión precautoria sine die pueda subvertirse y convertirse impropiamente en la solución final de la causa, reemplazando en ese rol a la sentencia definitiva, se ha aceptado la fijación judicial de un límite temporal, razonable para la vigencia de las medidas cautelares (cfrme. Sosa Toribio E., “Código Procesal…”, t. 1, pág. 163, ed. Librería Editpra Platense, año 2021; también Quadri, Gabriel H., “Código Procesal…”, t. I, pág. 556 y sig., ed. Thomson Ruters – La Ley, año 2023).
Desde tal perspectiva, no aparece como razonable establecer la vigencia de la medida cautelar en cuestión “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, por manera que el plazo de vigencia de la medida en cuestión se establece por el plazo de un año a partir del dictado de esta sentencia, que podrá ser prorrogado si mediaren circunstancias que así lo aconsejaren (arg. arts. 95, 232 y concs. cód. proc.).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde estimar la apelación del 28/8/2025 contra la resolución del 20/8/2025 únicamente en cuanto al plazo de vigencia de la medida cautelar ordenada, que se establece por el plazo de un año a partir del dictado de esta sentencia, que podrá ser prorrogado si mediaren circunstancias que así lo aconsejaren. Con costas a la apelante sustancialmente vencida, y diferimiento de la resolución sobre honorarios (arts. 69 cód. proc.; 31 y 51 ley 14.967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Estimar la apelación del 28/8/2025 contra la resolución del 20/8/2025 únicamente en cuanto al plazo de vigencia de la medida cautelar ordenada, que se establece por el plazo de un año a partir del dictado de esta sentencia, que podrá ser prorrogado si mediaren circunstancias que así lo aconsejaren; con costas a la apelante sustancialmente vencida, y diferimiento de la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado Civil y Comercial N° 2.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:33:07 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:55:50 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:23:35 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8FèmH#À+[ZŠ
243800774003951159

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/12/2025 12:23:51 hs. bajo el número RR-1272-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-

Autos: “S., M. S. C/ G., C. F. S/ ACCIONES DE RECLAMACION DE FILIACION”
Expte.: -96181-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 4/11/25 contra la regulación de honorarios del 30/10/25.
CONSIDERANDO.
Los honorarios regulados con fecha 30/10/25 fueron recurridos por el abog. E.O. M., por considerarlos exiguos, exponiendo en ese mismo acto los motivos de su agravio (art. 57 de la ley 14967).
Ahora bien, a los efectos regulatorios el presente proceso puede ser enmarcado dentro de lo dispuesto por el art. 9.I.1.f) de la ley 14.967 que establece un mínimo de 80 jus por la tramitación de todo el proceso con trámite sumario de ambas pretensiones -reclamación e impugnación de filiación- (arts. 838 cpcc., 9.I,1; f), 28.b.  e  i. de la  ley cit.).
Y de autos surge que sólo se alcanzó a transitar por la etapa previa respecto de la demanda de filiación (conforme el art. 828 y sgtes. del cód. proc.), porque en ella con fecha 3/10/24 se acordó la prueba biológica de ADN sin resistencia del demandado llegándose hasta el dictado de la sentencia del 30/10/25 que rechazó la acción y acabó con la necesidad de dar curso a una demanda (art. 837 párrafo 2° al final cód. proc.). 
De manera que a los fines de la retribución profesional, las tareas desarrolladas en esta etapa pueden contabilizarse como una etapa más conforme lo dispone el art. 28.i de la normativa arancelaria de acuerdo a la labor efectivamente cumplida (v. trámites del 8/8/24, 9/9/24, 3/10/24, 3/6/25, 15/9/25, 29/10/25; arts. 15.c. y 16, art. 28.I.1.i) de la ley 14967; 2 y  1255 CCyC).
Entonces, dentro de ese marco, partiendo de la regulación principal de 80 jus y meritando la labor profesional del letrado y la imposición de costas decidida, resulta más adecuado fijar los honorarios en la suma de 30 jus para Martínez, ello teniendo en cuenta que los trabajos llevados a cabo exceden en alguna medida el mínimo de labor (arts. 15.c., 16 antepenúltimo párr., 55 primer párr.  segunda parte  ley cit.; 34.4. del cpcc.).
Así, el recurso del 4/11/25 debe ser estimado fijando los honorarios del abog. E.O. M., en la suma de 30 jus. Con más las adiciones y/o reteciones que por ley correspondieren (arts. 12.a. y 21 ley 6716).
Tocante a la manifestación que corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de la Defensora Oficial, la misma es improcedente pues no resulta ser del  interés personal de la recurrente, además de que la parte asistida por el letrado su parte no resultó condenada en costas; siendo del caso recordar que el interés procesal es requisito de admisibilidad de toda pretensión (Palacio, Lino E. "Derecho Procesal Civil", Ed. Perrot, Bs.As., 2da. ed., t.I, pág. 411; cfrme. esta cámara, expte. 94651, sentencia del  25/6/2024, RR-374-2024).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 4/11/25 y fijar los honorarios del abog. E.O. M., en la suma de 30 jus. con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:33:41 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:52:43 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:20:46 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7-èmH#À,6~Š
231300774003951222

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/12/2025 12:21:09 hs. bajo el número RR-1271-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 22/12/2025 12:21:17 hs. bajo el número RH-222-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

Autos: “A., G. N. Y OTROS S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FAMILIA”
Expte.: -96189-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 3/7/25 contra la resolución regulatoria del 25/6/25.
CONSIDERANDO.
Mediante escrito del 3///25, la abog. A. I., -en su carácter de Defensor Oficial de A.N. F.-, cuestiona la retribución fijada a su favor en 4 jus al considerarla exigua; en el momento de la interposición del recurso  hace uso de la facultad otorgada por el art. 57 de la ley 14967 y expone sus agravios.
Ahora bien; dentro de la escala de 2 a 8 jus dispuesta por los ACS. 2341 y 3912 (que regula la situación de los defensores ad hoc en concordancia con lo dispuesto por el art. 91 de la ley 5177) el juzgado fijó en 4 jus la retribución profesional, detallando en ese acto las tareas que llevaron a fijar esa retribución (arts. 15.c y 16 de la ley 15.967).
Y la apelante aduce principalmente que en lo que hace al acuerdo homologado hubo identidad de tareas con las realizadas por la abog. M.,, por lo que la diferencia en la regulación de honorarios entre ambas letradas carece de justificación objetiva, resultando arbitraria y discriminatoria; que no existe fundamento legal ni fáctico que sustente que la letrada de la otra parte deba percibir más honorarios que esta profesional, siendo que ambas desplegamos iguales labores, alude al carácter alimentario de los honorarios y solicita se eleven (v.e.e. del  3/7/25; art. 57 de la ley 14967).
Desde ese visaje, le asiste razón a la apelante, pues el convenio extrajudicial de convivencia y limitación del dominio relativo a la vivienda ubicada en calle Ameghino 642 de Daireaux fue con participación de ambas letradas, el que fue traído posteriormente a sede judicial para su homologación, de manera que parece adecuado dentro de aquella escala aplicable de entre 2 y 8 jus, elevar los honorarios regulados a 5 jus, en tanto resultan más adecuados a la tarea desarrollada para la cual se requirió su intervención y guardan proporción con los fijados a la restante letrada (arts. 15.c  y 16 de la ley 14967; art. 2 CCyC).
En suma, en aspecto cabe estimar el recurso del 3/7/25 y fijar los honorarios de la abog. A. I.,, como Defensora Oficial, en la suma de 5 jus. Con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren (arts. 12.a. y 21 ley 6716).
Por último, la letrada solicita se le regulen honorarios en forma autónoma por el recurso de queja deducido que hizo lugar a la apelación oportunamente denegada (punto IV de la presentación del 3/7/25), y al respecto cabe decir que dicha regulación, por su carácter autónomo, deberá ser solicitada en el recurso de queja deducido, desde que -por lo demás- no ha sido identificado, lo que impediría establecer los honorarios pedidos  (arts. 34.5.b. del cód. proc.; 31 último párrafo de la ley 14967).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 3/7/25 y fijar los honorarios de la abog. A. I.,, como Defensora Oficial, en la suma de 5 jus. Con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren.
Encomendar la solicitud de regulación de honorarios por el recurso de queja en esas actuaciones.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Daireaux.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:34:12 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 11:51:41 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:18:20 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7tèmH#À,2Š
238400774003951218

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/12/2025 12:18:36 hs. bajo el número RR-1270-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 22/12/2025 12:18:49 hs. bajo el número RH-221-2025 por TL\mariadelvalleccivil.