Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Familia Nro. 1 Sede Pehuajó

Autos: “V., W. D. C/ V., W. D. Y OTRO/A S/ PLAN DE PARENTALIDAD”
Expte.: 95426
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “V., W. D. C/ V., W. D. Y OTRO/A S/ PLAN DE PARENTALIDAD” (expte. nro. 95426), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 25/6/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundada la apelación deducida en subsidio el 28/3/2025 contra la resolución del 19/3/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. En cuanto aquí resulta de interés, el 19/3/2025 la judicatura resolvió: “II.- Toda vez que no se puede tramitar procesos diferentes en un solo expediente, requiérase a la parte interesada iniciar por vía autónoma su acción de cuidado y/o régimen comunicacional, destinando el presente proceso al reclamo de la pretensión alimentaria…” (remisión a resolución del 19/3/2025).
2. Ello motivó la interposición de revocatoria por parte de la abogada del niño; quien -en muy somera síntesis- centró sus agravios en los aspectos a continuación reseñadas.
En primer término, memoró que las presentes fueron instadas en fecha 8/7/2024 como “plan de parentalidad”. Remite, en el caso, a la planilla de solicitud de trámite adjunta como presentación inaugural.
Así, indicó que, bajo esos términos, por vía de despacho inicial del 10/7/2024, se dio curso a las presentes; celebrándose, por caso, audiencia de conciliación en presencia de la Consejera de Familia.
De ese modo -y ante la infructuosidad de las gestiones que se entablaran para la auto-composición de la conflictiva de autos- se procedió al cierre de la etapa previa y se interpuso demanda en los términos del artículo 837 del código de rito. Empero, según relató, el 19/3/2025 el órgano de grado ordenó tramitar por vía independiente el pedido de cuidado personal y lo atinente al derecho comunicacional, imprimiéndole a estos obrados el trámite de alimentos; siendo que -conforme enfatizó- las presentes han tramitado desde sus inicios como plan de parentalidad.
Al respecto, señaló que la resolución puesta en crisis modifica, de oficio, el objeto procesal de autos sin fundar la decisión adoptada; pese a que el instituto del plan de parentalidad previsto en los artículos 655 y 656 del código fondal habilita el tratamiento conjunto de las materias cuidado personal, derecho de comunicación y alimentos.
Desde ese ángulo, adujo que el decisorio recurrido vulnera el derecho de su representado a encontrar una respuesta jurisdiccional adecuada a la pretensión por él planteada al promover los obrados; al tiempo que -según remarcó- el temperamento jurisdiccional criticado no sólo resulta incongruente a contraluz del objeto promovido, sino también del espíritu del instituto mismo; en tanto el plan de parentalidad tiene por norte desjudicializar los conflictos familiares, atendiendo las vicisitudes surgidas en el marco de una única causa, como aquí fuera oportunamente peticionado (v. escrito recursivo del 28/3/2025).
3. De su lado, la judicatura sostuvo su posicionamiento en torno al particular. Por lo que rechazó la revocatoria articulada y concedió en relación la apelación deducida en subsidio (v. resolución del 3/4/2025).
4. Elevada la causa -y a los efectos de prevenir eventuales nulidades-, se procedió a sustanciar la pretensión recursiva promovida con la asesora interviniente; quien se pronunció a favor de ésta. Ello, en el entendimiento de que el resolutorio de grado contraría los lineamientos imperantes para la tramitación de procesos que involucren niños, niñas y adolescentes. En particular, los relativos al interés superior del niño y a la tutela judicial efectiva (v. dictamen del 6/5/2025).
De modo que la causa se encuentra, entonces, en condiciones de resolver; lo que se hará en cuanto sigue.
5. Pues bien. Ya ha advertido la SCBA que “el derecho a la tutela judicial efectiva impone al órgano jurisdiccional interviniente que produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo. No alcanza con que se adjudique la razón -o no- de cualquier manera. Ha de hacerse mediante desarrollos argumentales precisos que permitan comprender cómo y por qué han sido dados por probados o no demostrados los hechos conducentes y ha sido aplicada la norma que rige el caso. Se requiere la inclusión del mecanismo mismo elaborado sobre la base de la lógica y del derecho, exhibido en sus elementos esenciales, extrovirtiendo el eje, la base, el hilo conductor, aunque se omitan los detalles. Son exigencias estrictamente constitucionales y convencionales (arts. 18 Constitución nacional, 10, 15, 171 Constitución provincial; 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos). No otra cosa impone el art. 3 del nuevo Código Civil y Comercial: el juez debe resolver mediante una decisión razonablemente fundada” (v. JUBA búsqueda en línea con los términos “jueces – deberes y facultades” y “art. 3 CCyC”, sumario B5040994, sent. del 26/5/2021 en SCBA LP A 75524 RSD-83-21).
Bajo ese principio, se aprecia que la resolución cuestionada no rinde a tales efectos. Pues no surge de ese contenido que lo dispuesto haya sido acompañado de ninguna cita legal que acaso refrende aquel posicionamiento. En la especie, lo señalado respecto de la alegada imposibilidad de tramitar en forma conjunta las materias por las cuales se promovieran las presentes. Máxime, cuando nada se dijo en atención al cambio de criterio que dicho accionar por parte del órgano refleja; por cuanto modifica el objeto procesal al cual él mismo diera curso mediante despacho inicial del 10/7/2024, en cuyo marco tuvo presente la planilla de solicitud de trámite acompañada el 8/7/2024 que consignó como materia principal “PLAN DE PARENTALIDAD” (args. arts. 34.4 y 384 cód. proc.).
De tal suerte, la resolución en crisis ha de tenerse por nula. Empero como, por principio, esta cámara no actúa por reenvío, corresponde en ejercicio de jurisdicción positiva hacerse cargo y resolver sobre el tema traído a conocimiento de este tribunal (arg. art. 253 cód. proc.; esta cámara, expte. 93166, 8/8/2024 RR-529-2024, entre varios otros).
6. Sentado lo anterior, es del caso aclarar que -si bien alguna confusión pudo haber arrimado el hecho de que el escrito inaugural presentado aludiera a una petición de fijación de alimentos provisorios, a tenor del contexto de abrigo en el que se hallaba el adolescente WDV- no se debe perder de vista que, a medida que el proceso fue avanzando, surgieron planteos propios de la figura en cuyo marco los obrados fueron promovidos; los cuales fueron abordados oportunamente (v., por caso, remisión a acta de audiencia del 26/11/2024; oportunidad en la que -además de tratar lo relativo al reclamo alimentario- el abuelo paterno ofertó una alternativa de régimen de comunicación).
Sobre esa base, el temperamento jurisdiccional que -recién en este estadio procesal- se vislumbra en derredor del desdoblamiento y diversificación de materias para lo sucesivo, no encuentra aquí asidero. Más aún, cuando por fuera de la actuación hasta aquí desplegada en ese sentido, es el propio código fondal -en consonancia con los compromisos asumidos por la República Argentina al suscribir el bloque trasnacional constitucionalizado- que alienta la maximización de los principios de tutela judicial efectiva, facilitación de acceso a la justicia, flexibilidad, oficiosidad e interés superior del niño en procesos de esta índole. Ello, a resultas de la entidad de los prerrogativas en pugna, a más de la vulnerabilidad de los sujetos involucrados, que demandan del órgano jurisdiccional la remoción de las barreras de tinte formal que éstos pudieran encontrar para obtener una pronta respuesta a los reclamos que promovieran y/o redundaran en un dispendio jurisdiccional -como el que importaría, en la causa, el sostenimiento del decisorio recurrido- con aptitud para conculcar el cabal ejercicio de sus derechos reconocidos [args. arts. 3 Convención de los Derechos del Niño; 75 incs. 22 y 23 Const.Nac.; 2, 3, 655, 656 y 706 inc. c) del CCyC; 15 Const.Pcia.Bs.As.; y 34.4 y 384 cód. proc.].
Siendo así, corresponde disponer la continuidad de las presentes bajo los lineamientos del instituto del plan de parentalidad, bajo el cual fueran oportunamente promovidas; lo que así se resuelve (art. 34.5.e cód. proc.).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Con arreglo al resultado obtenido al tratar la cuestión que precede, corresponde:
1. Declarar nula la resolución del 19/3/2025, en la medida en que circunscribió el objeto procesal de autos únicamente al abordaje del reclamo alimentario.
2. Disponer la continuidad de las presentes bajo los lineamientos del instituto del plan de parentalidad, bajo el cual fueran oportunamente promovidas.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
1. Declarar nula la resolución del 19/3/2025, en la medida en que circunscribió el objeto procesal de autos únicamente al abordaje del reclamo alimentario.
2. Disponer la continuidad de las presentes bajo los lineamientos del instituto del plan de parentalidad, bajo el cual fueran oportunamente promovidas.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Familia Nro. 1 Sede Pehuajó.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2025 08:18:28 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:24:38 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:48:41 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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247700774003828682
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-

Autos: “H., B. N. N. C/ B., G. O. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”
Expte.: -95524-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “H., B. N. N. C/ B., G. O. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS” (expte. nro. -95524-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 25/6/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 27/12/2024 contra la resolución del 17/12/2024 ?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. El juzgado decide hacer lugar al incidente de aumento de cuota alimentaria interpuesto por la actora y el 17/12/2024 dicta sentencia disponiendo un aumento de la cuota oportunamente establecida, fijando la misma en el equivalente al 50% del SMVyM.
Tal pronunciamiento es apelado por la actora con fecha 27/12/2024.
Sus agravios versan en que el monto de la cuota fijado es por demás insuficiente para cubrir las necesidades básicas y esenciales de la menor. Manifiesta que V.S. en los considerandos efectúa todo un desarrollo del Índice de Crianza, y al final de su desarrollo expresa que aplica el SMVyM porque es lo que solicitó la actora. Reconoce que reclamó una cuota equivalente al 100 % del SMVyM, pero justificando su pedido en SMVyM alegando que al momento de presentar la demanda el Índice de Crianza era de reciente aplicación, por no decir desconocido.
Entonces no sólo se queja de que no se aplique el índice de Crianza, sino que además se establece una cuota mínima del 50% del SMVyM que al momento del recurso representaba la suma de $146.223, en total contradicción con los fundamentos de la sentencia, pidiendo ahora, se fije la cuota teniendo en cuenta el índice de crianza (ver memorial del 21/2/2025).
2. Ahora bien, la actora promueve el presente incidente de aumento de cuota alimentaria en favor de su hija N.N.H.B contra el progenitor, solicitando una cuota de alimentos equivalente a 1 Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).
Manifiesta que existe un acuerdo alimentario homologado el 6/4/2022 en el expediente ‘H., C. J. c/ B., G. O. s/ Homologación de convenio’, y que en el presente incidente se fijo como cuota provisoria equivalente al 30% del SMVyM (resolución de fecha 29/11/2022).
El demandado no se ha presentado a contestar demanda ni a la audiencia de prueba confesional, por lo que como correlato pueden ser tenidos por reconocidos los hechos alegados por la actora (arg. arts. 354 inc. 1 y 840 cód. proc., ver escrito del 18/10/2023; conf. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos Procesales…” Edit. Abeledo Perrot, Cuarta edición ampliada y actualizada, año 2015, t IV pág. 792; v. esta cám. en sent. del 15/8/2023, en los autos “M.,N.B. c/ L., P. D s/ Alimentos, expte. 93770; RR-604).
Y en lo que respecta al caudal económico del alimentante, la actora en su presentación adujo que es propietario de una la  Heladería ‘El Arte Sano’ ubicada en calle 12 de Abril  y Vicente López de Trenque Lauquen; Inscripto ante AFIP con el CUIT 20-27856141-1; actividad principal: servicio de expendio de helados (acompaña constancia), que es responsable inscripto, figura que está ligada a la del trabajador autónomo o empleador, cuya facturación es mayor que la del monotributista. Aclara que, si tenemos presente que la categoría más alta del monotributo es la ”H”, la cual implica una  facturación superior a $7.996.484,12 anuales o $666.373,66 mensuales, debemos concluir que el alimentante tiene por su condición frente a AFIP una facturación mensual superior a esta (ver pto. II, párrafo 7 escrito ) .
También se halla agregado el informe del Registro de la Propiedad automotor en el que surge la titularidad del demandado en dos motocicletas y un automóvil (15/12/2023)
3. Así, este tribunal para evaluar la razonabilidad de la cuota oportunamente establecida ha utilizado en reiteradas oportunidades como parámetro para la cobertura de las necesidades del artículo 659 del CCyC el contenido de la Canasta Básica Total (en adelante CBT), que replica con exactitud el contenido de aquél, y que marca el límite para no caer por debajo de la línea de pobreza, siendo del caso aclarar que mientras la Canasta Básica Alimentaria (o CBA) contempla sólo las necesidades nutricionales y define la línea de indigencia, la CBT también abarca las necesidades en materia de bienes y servicios no alimentarios, y define la línea de pobreza (ver sentencias del 26/11/2019, “A.B. F. c/ A.J.D. y otro/a s/ Alimentos”, L.50 R.525 y del 2574/2018, expte. 90677, L.47 R.22, respectivamente).
A la fecha de la resolución apelada (diciembre 2024) para utilizar valores homogéneos la CBT correspondiente a una niña que contaba con 11 años, era de $238.703,34 (1CBT: $331.532,43* 0,72, coeficiente de Engel; https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_01_252B337BCC7E.pdf).
Por manera que la cuota fijada en el equivalente al 50 % del SMVyM se encuentra por debajo de la CBT que correspondería a la menor, -en tanto sujeto vulnerable- lo que lo coloca entre la línea de indigencia y pobreza (arts. 2 y 3CCyC).
Dicho lo anterior, la suma fijada resulta insuficiente y debe revocarse para establecer una cuota alimentaria en el equivalente a un SMVyM, de acuerdo a lo solicitado por la actora en demanda (arts. 658 y 659 CCyC y 641 cód. proc.).
Por último, más allá de la oportunidad para plantear la aplicación del Indice de Crianza, no corresponde hacer lugar ahora, siendo un parámetro utilizado cuando el cuidado del menor es ejercido con exclusividad por la madre, lo que no ocurre en el presente, ya que la madre en demanda manifiesta que el progenitor  mantiene un régimen de comunicación los días martes, jueves y fin de semana por medio.
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. Estimar el recurso de apelación del 27/12/2024 y, en consecuencia, revocar la sentencia del 17/12/2024, dejando establecido que la cuota en favor de la menor será en la suma equivalente a 1 SMVyM a cargo del progenitor.
2. Imponer las costas al alimentante a fin de no mermar la integridad de la cuota (cfrme. esta cámara, expte. 94798, res. del 24/9/2024, RR-698-2024, entre otros; arts. 586 CCyC, y 69 cód. proc) y diferir la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
1. Estimar el recurso de apelación del 27/12/2024 y, en consecuencia, revocar la sentencia del 17/12/2024, dejando establecido que la cuota en favor de la menor será en la suma equivalente a 1 SMVyM a cargo del progenitor.
2. Imponer las costas al alimentante a fin de no mermar la integridad de la cuota y diferir la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2025 08:17:53 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:23:54 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:47:29 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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239900774003828541
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Pehuajó-
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Autos: “S., A. E. C/ C., C. E. M. Y OTROS S/ ALIMENTOS”
Expte.: -95582-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: las apelaciones de fechas 22/10/2024 y la resolución del 14/10/2024
CONSIDERANDO
1. Según arroja la compulsa electrónica de la causa, frente a la resolución de grado del 14/10/2024, tanto el progenitor como los abuelos paternos aquí accionados, articularon recurso de apelación en fecha 22/10/2024 (remisión a piezas citadas).
2. Ahora bien. Este tribunal ya tiene dicho que “…respecto de la contabilización de plazos: Art. 13 del Acuerdo 4013: “Momento en que se perfecciona la notificación. En los casos previstos en el artículo 10, la notificación se tendrá por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a aquél en que la resolución judicial hubiere quedado disponible para su destinatario en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. …” (conf. sent. del 19/4/2023 en autos “Sánchez, Stella Maris c/ Barrena, Eugenio y otro s/ Usucapión expte.: -93738-” RR. 248).
En ese precedente también se dijo que “…El sistema genera dos fechas que deben ser diferenciadas: la de alta o disponibilidad y la de notificación… El alta o disponibilidad hace referencia al momento en que se firma y se libra la notificación electrónicamente de la resolución quedando disponible para las partes en sus domicilios electrónicos a través del sistema de Presentaciones y Notificaciones electrónicas… (art. 10, AC 4013, t.o. AC 4039)…La perfección o cumplimiento, es decir, lo que el sistema llama “fecha de notificación” que se produce el martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a esa fecha (art. 13 AC 4013, t.o según Ac 4039)…”.
En el caso, la resolución de fecha 24/10/2024 que concedió las apelaciones interpuestas en fecha 22/10/2024 quedó disponible ese mismo día y su notificación se perfeccionó -conforme lo reseñado precedentemente- el día viernes 25/10/2024, arrancando el plazo para presentar el memorial el día lunes 28/10/2024. Y, de consiguiente, el plazo de cinco días otorgado a los efectos de presentar memorial, venció el viernes 1/11/2024 o, en el mejor de los casos, el lunes 4/11/2024 dentro del plazo de gracia judicial (art. 124 cód. proc.).
En ese orden, sin que emerja de las constancias agregadas que se hubieran presentado los memoriales respectivos, corresponde declarar desiertas las apelaciones deducidas en fecha 22/10/2024 contra la resolución del 14/10/2024; lo que así se dispone (arg. art. 34.4 cód. proc.).
3. Dicho lo anterior, en referencia al restante recurso en trámite, se ha de sentar que, conforme nota recibida desde Secretaría de Planificación de la SCBA de fecha 24/5/2024, esta cámara estará integrada con el suscripto y el juez Carlos A. Lettieri; lo que se hace saber.
4. Así, pasen los autos a despacho para resolver la apelación deducida en subsidio el 21/4/2025 contra la resolución del 10/4/2025 (art. 270 cód. proc.); haciéndose saber que resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 167 anteúltimo párrafo del código procesal.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
1. Declarar desiertas las apelaciones deducidas en fecha 22/10/2024 contra la resolución del 14/10/2024.
2. Conforme nota recibida desde Secretaría de Planificación de la SCBA de fecha 24/5/2024, esta cámara estará integrada con el suscripto y el juez Carlos A. Lettieri; lo que se hace saber.
3. Así, pasen los autos a despacho para resolver la apelación deducida en subsidio el 21/4/2025 contra la resolución del 10/4/2025 (art. 270 cód. proc.); haciéndose saber que resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 167 anteúltimo párrafo del código procesal.
Notificación automatizada (art. 10 AC 4013 t.o por AC 4039 SCBA). Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, sigan los autos según su estado.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2025 08:17:17 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:23:05 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:43:13 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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250900774003828567
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/07/2025 10:43:32 hs. bajo el número RR-573-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

Autos: “D., J. S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (FAMILIA)”.
Expte. -95650-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 8/11/24 contra la regulación de honorarios del 29/10/24.
CONSIDERANDO.
La sentencia del 29/10/24 concedió el Beneficio de Litigar sin gastos a favor de J.D. (previsto en los arts. 78, sgtes. y concordantes del cód. proc.), con patrocinio de la Abogada del Niño, con el objeto de que la represente en el proceso caratulado ” D., J. s/ Protección contra la violencia familiar” (expte. 10675-2021) y reguló los honorarios profesionales de la abog. S., en la suma de 10 jus.
Estos honorarios fueron recurridos por la representante del Fisco de la Provincia, abog. S.,, pues los considera elevados en relación a la tarea desempeñada y expone en ese acto los motivos de su agravio; argumentó en su presentación que esos honorarios deben ser reducidos, sin que ello implique desmerecer la tarea profesional, porque las tareas llevadas a cabo no han requerido de mayor complejidad, como para que se justiprecien sus emolumentos en una suma equivalente a 10 jus (v. escrito del 8/11/24; art. 57 de la ley 14967).
Según se lee en la sentencia que contiene la regulación de honorarios apelada, se trata de un trámite en el que una niña pidió y, previa producción de pruebas (testimonial e informativa, v. trámites del 8/7/24, 16/7/24,5/8/24, 3/9/24, 12/9/24), obtuvo un beneficio para litigar sin gastos en un proceso principal sobre protección contra la violencia familiar (v. sentencia del 29/10/24).
Incuestionadas esas circunstancias, cabe tomar como referencia regulatoria, lo dispuesto en el art.9.I.1.c de la ley 14967, así como también el antepenúltimo párrafo del artículo 16, donde se indica un promedio que da por satisfechos aunque sea mínimamente los extremos de aquella norma, al que cabe acudir por analogía para este supuesto (arg. art. 55, primer párrafo, segunda parte, de la misma ley).
Entonces, valuando la tarea desarrollada por la letrada reflejadas en el decisorio apelado, resulta más adecuado fijar una retribución de 7 jus, en relación a la labor efectivamente cumplida en el proceso (art.1255 del Código Civil y Comercial; arts. 15, 16, y 16 antep. párrafo, 22 y 55, primer párrafo, segunda parte, de la misma ley).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 8/11/24 y fijar los honorarios de la Abogada del Niño, M. F. S.,, en la suma de 7 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2025 08:16:48 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:22:16 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:39:47 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7[èmH#ru4KŠ
235900774003828520
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/07/2025 10:39:58 hs. bajo el número RR-572-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

Autos: “CALCAGNI FRANCESCO VALENTINO C/ LA PEQUEÑA FAMILIA MEDICINA INTEGRAL S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR”
Expte. -94719-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: la solicitud de regulación de honorarios en Cámara del 30/5/2025 y el informe de secretaría del 24/6/2025.
CONSIDERANDO.
El letrado Ariel González Cobo solicita regulación de honorarios por las tareas ante la Alzada, conforme al diferimiento de fecha 13/8/2024.
Así, habiendo quedado determinados los honorarios en la instancia inicial con fecha 17/4/2024, deben ahora regularse los correspondientes a la labor desarrollada ante esta Cámara, en función de lo dispuesto por el art. 31 de la ley 14967 y el principio de proporcionalidad (sent. del 9/12/20, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar” L. 51 Reg. 651, entre otros).
A tal fin debe merituarse la labor del profesional ante este Tribunal (v. presentaciones del 15/5/2024 y 23/5/2024; arts. 15.c. y 16 de la ley 14967), así como la imposición de costas decidida el 13/8/2024 (arts. 68 del cód. proc., 16, 26 segunda parte y concs. de la ley ya cit.).
Por manera que para el abog. Ariel González Cobo, sobre el honorario fijado en la instancia inicial, cabe aplicar una alícuota del 30% llegándose a un estipendio de 6 jus (hon. prim. inst. regulado -20 jus- x 30%; arts. y ley cits.) y para la abog. María de los Angeles Bornic en 3,5 jus (hon. de prim. inst. -14 jus- x 25%). Con más las adiciones y/o rentenciones que por ley correspondieren.
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Regular honorarios a favor del abog. Ariel González Cobo en la suma de 6 jus y para la abog. María de los Angeles Bornic en 3,5 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado Civil y Comercial n°2.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2025 08:16:08 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:21:05 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:38:26 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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245400774003828473
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/07/2025 10:38:36 hs. bajo el número RR-571-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

Autos: “NICOSIA ANTONIO GUSTAVO C/ BARBASTE VERONICA ALBINA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)”
Expte.: -95553-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “NICOSIA ANTONIO GUSTAVO C/ BARBASTE VERONICA ALBINA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)” (expte. nro. -95553-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 26/6/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 12/5/2025 contra la resolución del 9/5/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
1. Ante el pedido de eximición de la mediación previa obligatoria, el juez de la instancia de grado resuelve que debe cumplir con la misma.
Para así decidir, señaló que la etapa previa cumplida en el fuero de familia en el marco del proceso caratulado “N.A.G. C/ B. V. A. S/ LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD” Expte. 20826, no es la exigida para los procesos sumarios por la Ley 13591 (res. del 9/5/2025).
No conforme con lo decidido, apela el actor. Señala en su exposición, que la cuestión de la moto (objeto del presente reclamo) fue ampliamente debatida en el proceso de familia, con lo cual estaría exento de mediación previa en razón al tránsito equivalente de una etapa previa ante la consejera. Razona, que si la mediación de la ley 13951 no fuera equivalente a la etapa previa de un proceso de familia, entonces éste tendría también una mediación al margen de su etapa previa.
Indica que aparece como un exceso ritual manifiesto, contrario a la ratio legis de la ley 13951, exigir aquí el renovado tránsito por una etapa autocompositiva que según postula -es muy evidente- no arrojará ningún resultado positivo porque ya fracasó en el fuero de familia.
Para el apelante, la etapa previa en el proceso de familia es funcionalmente equivalente a una mediación según la ley 13951 y, bajo las circunstancias excepcionales del caso, cumplió igual finalidad.
Postula que la tutela judicial efectiva está por encima de la mera descontextualizada literalidad de la ley 13951, erigiéndose ésta en un obstáculo normativo que  debe ser removido para garantizar aquélla (ver memorial de fecha 19/5/2025).
En suma, no debe cumplir con la mediación previa obligatoria en el marco de este proceso civil, porque ya transitó una etapa previa -que asimila a la mediación prejudicial civil- en el marco del proceso de familia, y que con ello está cumplida esa exigencia (memorial del 19/5/2025).
2. No está en discusión que para este tipo de proceso no corresponda cumplir con la mediación previa, por el contrario, lo que se pretende es eximirse de su cumplimiento, por haber cumplido con la etapa previa en un proceso de familia donde, según afirma, se habría ventilado la cuestión de la moto.
La sustitución del procedimiento de mediación previa por el cumplimiento de una etapa previa en el fuero de familia, no es una alternativa contemplada en la ley 13951 ni en su decreto reglamentario que expresa: ‘La mediación previa a todo juicio se considerará cumplida cuando las partes hubieren participado de un procedimiento de mediación con intervención de un mediador judicial que reúna los requisitos establecidos en esta reglamentación…´ (art. 26 de la ley 13951).
Podrían encontrarse similitudes entre ambas, pero éstas, apuntarían más bien, a la finalidad.
Sin embargo, las consideraciones vertidas respecto al resultado que se obtendría, no alcanzan a desplazar la eficacia de la mediación para superar -ahora- la alegada postura de la contraparte, máxime que las circunstancias fácticas han variado desde el inicio de aquél proceso de familia, el que a la fecha, cuenta con dictado de sentencia de segunda instancia. Y en lo que interesa destacar, se resolvió que el actor pretendía le fuera reconocido el reintegro de la suma correspondiente a la venta de la motocicleta, pero como fue adquirido con posterioridad al cese de una unión convivencial, escapó al ámbito de tratamiento en aquél proceso (ver sentencia de esta Cámara, en autos “N.A.G. C/ B. V. A. S/ LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD” Expte. 20826, 14/11/2023).
Por último, no se vislumbra cómo pudiera verse afectado el derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto la mediación actúa como herramienta de garantía para el acceso a la justicia de los y las habitantes de la provincia de Buenos Aires, a través de un proceso autocompositivo para la resolución de los conflictos, contribuyendo con su promoción y desarrollo a la pacificación social (ver considerando decreto reglamentario 600/2021 ley 13951).
Por ello, es ajustada a derecho la resolución apelada en tanto, exige el tránsito de una mediación en los términos de la ley 13951.
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Corresponde desestimar el recurso de apelación deducido contra la resolución del 9/5/2025, sin costas por tratarse de una cuestión entre la parte y el juzgado.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso de apelación deducido contra la resolución del 9/5/2025, sin costas por tratarse de una cuestión entre la parte y el juzgado.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2025 08:15:08 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:16:18 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:37:13 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8tèmH#rtY’Š
248400774003828457
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/07/2025 10:37:31 hs. bajo el número RR-570-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Autos: “VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ MUÑOZ MIGUEL Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA”
Expte.: -93913-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ MUÑOZ MIGUEL Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA” (expte. nro. -93913-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 24/6/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 11/2/2025 contra la resolución del 3/2/2025?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
1. Conforme se desprende de la causa, con fecha 26/6/2024 se presentó como tercero pagador Agropecuaria El Patriarca S.A., y depósito en la cuenta de autos, la suma de $9.900.823,37, la que imputó a distintos conceptos y dio en pago.
Ante la disconformidad del acreedor, el magistrado de grado resolvió que el pago efectuado y su imputación no cumplían con el objeto e identidad del pago (res. 9/10/2024).
Con motivo de esa decisión Agropecuaria El Patriarca S.A. solicitó la restitución de los importes depositados más lo intereses correspondientes a los plazos fijos ordenados.
La devolución le fue denegada, porque para el juez de grado, el depósito bancario efectuado por la empleadora del demandado constituye la afectación de un bien del deudor al pago del crédito que se reclama; por no haber el tercero cuestionado la resolución del 9/10/2024, y porque el tercero, que es quien paga, pierde la disponibilidad material del dinero que es depositado para la eventual satisfacción del crédito que se reclama (res. apelada del 3/2/2025).
2. El agravio del tercero pagador, se centra en la falta de restitución de los fondos depositados. Aduce que lo decidido es confiscatorio, pues retener fondos de un tercero que no han sido aceptados por la actora so pretexto de que se ha perdido la disponibilidad del dinero, carece de argumento fáctico y jurídico; lo decidido resulta contradictorio, ya que el pago efectuado resultó ser inidóneo para satisfacer la pretensión del actor. El argumento de la preclusión al que refiere el juez en su resolución, no opera, ya que en la primer oportunidad procesal que tuvo luego del rechazo del pago y actualización, se contestó el traslado y se realizó la manifestación oportuna; es decir, luego del dictado de la sentencia interlocutoria, solicitó la devolución del depósito tal como lo habilita la ley. Señala que en la resolución en crisis, se confunden las partes, confundiendo los importes embargados, donde Agropecuaria el Patriarca es la empleadora de Muñoz (no la demandada) y el pago por consignación realizado por Agropecuaria el Patriarca como tercero, y esa confusión es lo que ha llevado al juez a no restituir los fondos (claramente no es lo mismo lo embargado, que la presentación realizada por el tercero pretendiendo consignar como tercero pagador).
Aduna que la orden de embargo que se materializó no tiene vínculo alguno con el dinero que se solicita recuperar ahora, se confunde permanentemente monto embargado con monto depositado por el tercero, los embargados fueron girados mediante otros depósitos que nada tienen que ver ni en su monto ni en su temporaneidad con el pretendido pago que realizó mediante el escrito de fecha 26/6/2024.
Razona que si el depósito no cumple con los requisitos del pago, no ingresó como imputación, ni con validez para cumplir como pago, lo cual hace que la propiedad del mismo siga siendo de quien pretendió cumplir una obligación y no lo logró, es así, que el enérgico rechazo de la parte actora a la pretensión del tercero pagador y a las sumas depositadas llevan al rechazo del pretendido pago, de modo, que, según postula, el dinero no entró bajo la órbita del actor ni las pretendidas imputaciones tuvieron lugar; y esas circunstancias le permiten poseer la propiedad del pago rechazado. Es decir, solo una vez que queda perfeccionada la consignación, ya sea por aceptación del acreedor o por sentencia que reconozca su suficiencia, cesa el derecho del deudor de retirar lo consignado pues los bienes ingresaron al patrimonio del acreedor de manera irrevocable (ver memorial del 25/4/2025).
2.1. Por su parte, el actor responde ese memorial, solicitando se declare desierto el recurso, en tanto la recurrente no formula en su escrito una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas, sino que se limita a reiterar argumentos esbozados anteriormente en su escrito de pedido de restitución de fondos, como así también omite concretar cuáles son los motivos por los que se considera que el fallo es erróneo, injusto o contrario a derecho.
Y según su postura, el pago fue realizado voluntariamente y no como el resultado de una obligación, ya que el embargo que fuera ordenado y trabado por el juez de la instancia era por un monto infinitamente inferior al depositado por el tercero. Agrega que el pago no fue rechazado, habiendo manifestado en reiteradas oportunidades que el pago realizado resultó insuficiente para cubrir todos los rubros reclamados en la liquidación practicada, incluso con fecha 13/2/2025, peticionó la transferencia de los fondos (ver contestación memorial del 23/4/2025).
3. En primer lugar, el recurso no puede declararse desierto, en tanto se aprecia que el memorial cumple con los requisitos del art. 260 del cód. proc.; ello toda vez, que la crítica a la que refiere el apelante, apunta a señalar el error de la resolución por el cual se reclama ante la alzada, y contiene una indicación de las supuestas equivocaciones u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento. Y además que sea ‘razonada’ significa que debe presentar fundamentos y explicación lógica de por qué el juez ha errado en su decisión (S.C.B.A., C 116953, sent. del 14/8/2013, ‘Perazo Construcciones S.A. c/ Banco Municipal de La Plata s/ Daños y perjuicios’, en Juba sumario B3904055).
3.1. Es dable señalar que no surge de la presentación del tercero, que lo depositado corresponda a lo embargado.
Por el contrario expresamente manifiesta que habiendo acordado con su empleado (el demandado), deposita y da en pago haciéndolo como tercero pagador (ver escrito del 26/6/2024).
No se trata en el caso, de un pago por consignación, sino más bien de un tercero que intentó pagar la deuda de otro, sin éxito (arts. 904 y 881 CCyC).
Ese pago no fue aceptado por el actor.
Y si bien, el actor en esta instancia, señala que no se opuso al pago, sino que indicó que era insuficiente, e incluso que luego de dictada la resolución que nos convoca, solicitó la transferencia de los fondos depositados, no fue la postura adoptada al momento de anoticiarse del depósito y su dación; manifestando en esa oportunidad que “la propiedad del dinero depositado en una cuenta  judicial sólo se adquiere cuando mediante pronunciamiento del magistrado   se  hace  entrega  de  los  fondos  al acreedor, no antes; permaneciendo en el tiempo intermedio dentro de la esfera de pertenencia de la demandada o en este caso, su empleador” (ver ap. II escrito del 29/7/2024). Su posición fue tajante: “No presta ni prestará su consentimiento para que los depósitos realizados por AGROPECUARIA EL PATRIARCA S.A. sean imputados a la cancelación del capital debido, ni de ningún otro rubro de la liquidación que hoy se practica (escrito del 29/7/2024). De modo que el actor, no manifestó aceptar el depósito ni como pago parcial, o a cuenta de lo debido.
Finalmente el juez resolvió que ese depósito no cumple con los requisitos del pago (res. 9/10/2024, arts. 865, 867 a 869 del CCyC).
En suma, si los fondos depositados y dados en pago por el tercero (rechazados por el actor), no provienen del embargo decretado sobre los haberes del demandado, a falta de otros argumentos de entidad suficiente para apoyar la decisión de no restitución de fondos al tercero pagador, no se advierte otra solución, mas que disponer la devolución de los fondos depositados, con los intereses que las sumas colocadas a plazo fijo hayan devengado.
Entonces, no siendo el tercero deudor, sino simplemente un tercero que ofreció en pago una suma de dinero que entendió constituía la deuda del demandado, habiéndose resuelto que aquél no satisfacía los requisitos del pago, no se advierten otros motivos para retener lo depositado, máxime que lo depositado si bien fue dado en pago, fue rechazado por el acreedor, y no es un bien que pertenezca al deudor, sino al propio tercero pagador (CC0103 LP 250275 RSD-108-8 S 29/5/2008, ‘Palazzi, Daniel Osvaldo c/Elena Ignacio Alfredo s/Cobro de Pesos’, en Juba sumario B202778; arg. art. 727 del CCyC).
Por lo expuesto, el recurso de apelación prospera, y por ende debe procederse a la devolución inmediata de los fondos depositados por el tercero, con mas los intereses que se hubieran devengado producto de las sumas colocadas en plazo fijo judicial.
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Corresponde estimar el recurso de apelación deducido el 11/2/2025 contra la resolución del 3/2/2025, y disponer la devolución de los fondos depositados por el tercero, con mas los intereses que se hubieran devengado producto de la constitución del plazo fijo judicial, encomendado a la instancia de origen, el modo de instrumentar lo decidido. Ello, con costas en ambas instancias a la parte actora y diferimiento aquí de la regulación de honorarios (arts. 69 cód. proc., 31 y 51 Ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso de apelación deducido el 11/2/2025 contra la resolución del 3/2/2025, y disponer la devolución de los fondos depositados por el tercero, con mas los intereses que se hubieran devengado producto de la constitución del plazo fijo judicial, encomendado a la instancia de origen, el modo de instrumentar lo decidido. Ello, con costas en ambas instancias a la parte actora y diferimiento aquí de la regulación de honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 01/07/2025 08:26:40 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 12:07:23 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 12:23:51 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰84èmH#rrDvŠ
242000774003828236
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 01/07/2025 12:24:00 hs. bajo el número RR-569-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí

Autos: “MARQUES, MIGUEL ANGEL Y PASCUALINO, MARIA LAURA
S/ HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO”
Expte.: -95531-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “MARQUES, MIGUEL ANGEL Y PASCUALINO, MARIA LAURA
S/ HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO” (expte. nro. -95531-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 27/6/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación subsidiaria del 4/4/2025 contra la resolución del 28/3/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
1. El juzgado decidió diferir toda resolución sobre las cuestiones suscitadas en torno a la evolución del régimen de comunicación convenido en los presentes autos y de la causa P., M. L s/Protección contra la violencia familiar, expte.11893-2024 y, por consiguiente, diferir también la homologación peticionada (v. res. del 28/3/2025).
2. La resolución es apelada en forma subsidiaria por el demandado con fecha 4/4/2025. En síntesis, dice que se vulnera el derecho de la menor al sujetar la homologación de un convenio a las resultas de la evolución del régimen de comunicación convenido, por lo que mal puede considerarse vigente si no se encuentra homologado y, mucho menos, denunciarse su incumplimiento porque -reitera- no se encuentra homologado. Alega que es imperioso el dictado de una sentencia homologatoria sin supeditarse a la evolución del expediente de violencia que podría extenderse en el tiempo dado que las medidas cautelares se prolongan (v. escrito del 4/4/2025).
3. Ahora bien.
En la especie, es claro que las circunstancias han cambiado desde el 4/7/2024 en donde las partes articularon la demanda con el fin de obtener la homologación del acuerdo arribado entre ellos respecto del régimen de comunicación de M. de 12 años de edad (pto. I del escrito de demanda del 4/7/2024).
Dicho lo anterior, surge razonable la postura opositora de la progenitora al contestar el memorial quien manifestó que, por el solo hecho de tratarse de cuestiones sobre cuidado y comunicación que pueden ser revisadas no habilita, por sí solo, su homologación, sin la evaluación de la situación real y actual de M. (v. escrito del 22/4/2025). En el mismo sentido se expidió el juzgado con fecha 27/2/2025, en donde difirió la homologación a las resultas de lo que surja en el expediente de protección contra la violencia y, los cambio y evoluciones que pudieran emerger a lo largo de la tramitación del régimen de comunicación, incluso el cual es asistido por una acompañante terapéutica (v. pto. 4 de a resolución del 27/2/2025).
Es decir, que la decisión del juzgado en cuanto a diferir el tratamiento de la homologación en función del cambio de circunstancias aducidos por las partes y por el juzgado, resulta ajustado a derecho, en función de la gran problemática familiar que se vislumbra en estos obrados y, lo aconsejado por los distintos órganos efectores -como por ejemplo- el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño -Lic. Illescas-, la comisaría de la Mujer -Lic. Santos y Lic. Pieruzzini-, entre otros, quienes se comprometieron a mantenerse informados a fin de seguir evaluando las estrategias más convenientes para abordar la problemática familiar y en pos del bienestar de la menor M. (v. acta del 18/9/2024).
Por su lado, las peritos del equipo técnico del juzgado de Paz, coinciden en lo referenciado anteriormente (v. informe del 24/2/2025).
Es decir, los profesionales actuantes son contestes en que no estarían dadas las condiciones para la homologación del convenio objeto de marras (art. 34.4 cód. proc.).
En el mismo camino, y siguiendo con el tratamiento de los agravios, es de verse que el recurrente detalla casi textualmente un párrafo de la resolución, cuando debió indicar los elementos o situaciones específicas por los que sí es beneficioso el acuerdo para su hija y, de esa forma, tratar de persuadir a este tribunal de lo conveniente que, podría resultar para la niña M. homologar el convenio (art. 260 cód. proc.).
En definitiva, no se advierte una crítica concreta y categórica que demuestre lo erróneo de la decisión atacada, máxime teniendo en cuenta el interés superior de los involucrados y el palmario cambio de las circunstancias imperantes al momentos de celebrar el convenio y lo acontecido actualmente (art. 3 Convención de los Derechos del Niño; arts. 2 y 3 CCyC).
Máxime que, como es sabido las resoluciones en materia familia, cuidado, comunicación y alimentos (arts. 648, 652 y concs. CCyC) no causan estado, pudiendo ser modificadas en todo tiempo si las circunstancias así lo aconsejan (ver esta cámara: sent. del 24/11/2020, expte: 92089, L. 51, R. 608).
Siendo así, el recuso debe ser desestimado.
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Corresponde desestimar la apelación subsidiaria del 4/4/2025 contra la resolución del 28/3/2025; con costas al apelante vencido y diferimiento de la resolución sobre honorarios (arts. 69 cód. proc.; y 31 y 51 ley 14937).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación subsidiaria del 4/4/2025 contra la resolución del 28/3/2025; con costas al apelante vencido y diferimiento de la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Guaminí.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 01/07/2025 08:26:03 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 12:06:23 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 12:22:22 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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240200774003828190
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 01/07/2025 12:22:55 hs. bajo el número RR-568-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

Autos: “CERVELLINI, BENITO ENRIQUE S/ SUCESION S/ INCIDENTE DE ADMINISTRACION”
Expte.: -95520-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “CERVELLINI, BENITO ENRIQUE S/ SUCESION S/ INCIDENTE DE ADMINISTRACION” (expte. nro. -95520-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 30/6/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 9/4/2025 contra la resolución del 7/4/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
1. Es éste un incidente de rendición de cuentas instado por la propia administradora en la causa “Cervellini, Benito Enrique s/Sucesión ab intestato” (n° 93620), Yolanda Haydeé Tortonose; sucesorio en que -según se extrae de la declaratoria de herederos del 18/5/2016) suceden al causante sus hijos Graciela Haydeé y Horacio Enrique Cervellini, sus nietos Antonela Cervellini, Nicolás Cervellini y Francesco Cervellini Rodríguez -en representación de su padre pre-fallecido Ricardo Carlos Cervellini- y su cónyuge, que es la administradora mencionada.
Es de aclararse que la heredera Graciela Haydeé Cervellini, a su vez era letrada patrocinante de la cónyuge y administradora del sucesorio Yolanda Tortonese.
Ambas están a la fecha fallecidas; y así:
a) por el fallecimiento de la heredera (y abogada) Graciela Cervellini, se presentaron como herederos sus hijos Cristian Mazzino y Stéfano Juan Mazzino; este último -a su vez- también como letrado patrocinante del primero. Pusieron en conocimiento del juzgado que tramita el expediente “Cervellini Graciela Yolanda s/ Sucesión Ab-Intestato” (n° 64370/2023) por ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 99 de la Capital Federal (ver escrito del 13/9/2023 en el proceso sucesorio).
b) por el fallecimiento de la administradora designada, tramita por ante el juzgado de paz su sucesorio, caratulado “Tortonese, Yolanda Haydee s/ Sucesión ab-intestato” (nº 19081-21; v. escrito del 28/9/2022).
c) Nicolás y Antonela Cervellini se presentaron mediante el letrado Leonardo García (el 4/6/2021), y Horacio Enrique Cervellini -que también había sido patrocinado por la fallecida letrada Graciela Cervellini-, se presentó con su nuevo letrado, Stéfano Mazzino (el 14/9/2023).
2. Ahora bien; con posterioridad al fallecimiento de la administradora, se dispuso el 13/2/2025: “…aclarar que a fs. 135 se ordenó que el allanamiento formulado por la entonces administradora Yolanda H. Tortonese a fs. 133 (respecto de la impugnación efectuada por el Dr. Ramón Pérez a fs. 123/124), sea ratificado por el resto de los co-herederos y a tal fin, a fs. 138 se ordena el traslado a los mismos por el término de 5 días y bajo apercibimiento de considerar aceptado el allanamiento a la impugnación de la rendición de cuentas presentada a fs. 1/3. ordenándose su notificación personal o por cédula. Dicha notificación no se ha realizado a la fecha, lo que fuera advertido y ordenado el 12/03/2017” .
Para cumplir, el 20/272025 el co-heredero Francesco, solicitó se autorice a efectuar la notificación en el domicilio electrónico constituido por los coherederos en el proceso sucesorio; tanto por los letrados García (apoderado -ya se vio- de Nicolás y Antonela Cervellini), como por el letrado Stéfano Mazzino (letrado en causa propia y patrocinante a su vez de Cristian Mazzino).
Lo que así se dispuso (ver res. del 26/2/2025); se libraron cédulas el día 28/2/2025.
Con ese panorama se arriba a la resolución apelada del 7/4/2025, en la que se señala que en este incidente se encuentran pendientes de aprobación:
a) La rendición de cuentas presentada el 26/2/2016 (fs. 13), abarcando el período comprendido entre el fallecimiento del causante Cervellini el 24/5/2014 hasta el mes de febrero de 2016.
Se la aprueba por el período que va desde el 24/5/2014 hasta el mes de febrero de 2016 inclusive, en la suma de ingresos $30.500 y la de egresos por la suma que resulte de restar de la suma indicada por la administradora (por $21.607,79 ver fs. 3) los gastos de comisiones inmobiliarias y Cocheras Argentinas S.A. (Casa Vita). Se encomienda a las partes practicar liquidación para determinar el saldo respectivo.
b) La rendición de cuentas presentada a fs. 203/204 por el período comprendido entre noviembre de 2016 hasta julio de 2017 inclusive.
Se decide que quedaría un saldo a favor de la sucesión de $7.218.33, aunque -se advierte-, no se han cumplido los traslados de las rendiciones descriptas en este punto y también el que sigue (c), respecto de los co-herederos Horacio Cervellini, Antonella Cervellini y Nicolás Cervellini, que si bien -como se dijo en el apartado 1. eran representados por la misma letrada, Graciela Cervellini, quien además era coheredera y patrocinaba a su madre Yolanda Tortonese, administradora del sucesorio, no había implicancia ni aceptación de los mencionados, de las rendiciones indicadas.
Se dispone, entonces, que cumplidos que sean los traslados pendientes, se proveerá lo que por derecho corresponda.
c) la rendición de cuentas presentada el 23/11/2018 por el período comprendido entre agosto de 2017 hasta octubre de 2018.
d) se aclara que la rendición de cuentas presentada a fs. 129/130, por el período que corre entre marzo y octubre de 2016, se encuentra aprobada a fs. 135, existiendo un saldo positivo en favor de la sucesión, de $ 4.140,35.
e) Por último, respecto de las liquidaciones aprobadas y las pendientes de aprobación, se resuelve que se debe actualizar el saldo que ha quedado y/o quedase en favor de la sucesión, para lo que se considera adecuado aplicar la Calculadora de Inflación Argentina, lo que así se ordena. También establece que debe notificarse al resto de los herederos en los domicilios constituidos y vigentes en el sucesorio de Benito Cervellini, las rendiciones pendientes de aprobación (res. apelada del 7/4/2025).
3. De todo lo reseñado antes se advierte, por una parte, que en el marco de este incidente no se ha dado intervención a los herederos de la administradora para que se presenten en ese carácter, a estar a derecho (arg. arts. 43 y 53.5 cód. proc.); a quien según surge de la causa ya mencionada “Tortonese Yolanda Haydee s/ Sucesión ab intestato” (n° 19081, su declaratoria del 16/8/2022), son sus hijos Graciela Yolanda Cervellini y Horacio Enrique Cervellini y sus nietos Antonela Cervellini, Nicolas Cervellini y Francesco Cervellini, estos tres últimos por derecho de representación de su progenitor prefallecido Ricardo Carlos Cervellini. Y como la co-heredera Graciela Yolanda Cervellini como ya se adelantara más arriba, falleció el 22/8/2023, también están alcanzados sus hijos Cristian y Stéfano Mazzino, quienes se han presentado como sus herederos en el proceso principal, aunque al momento de denunciarse el fallecimiento no se había dictado aún declaratoria.
De otra, es de verse que quien apela la resolución ahora en tratamiento es Stéfano Mazzino por derecho propio (ver recurso del 9/4/2025), quien -recordemos- se presentó en el proceso sucesorio de Benito Cervellini, como heredero de la heredera Graciela Cervellini, siendo ésta a su vez heredera de la administradora Tortonese.
Y se agravia en su recurso del tramo de la resolución que ordena que las sumas a depositarse en el sucesorio de Benito deban ser actualizadas por inflación de acuerdo a la “Calculadora de Inflación Argentina” (ver memorial de fecha 21/4/2025).
De lo que se sigue que si el derecho que esgrime el apelante deriva de los derechos sucesorios de su madre en el proceso de Benito Cervellini, no se advierte cuál es el interés procesal para apelar lo decidido; ello, en tanto lo decidido -que es actualizar la suma a ingresar al sucesorio -no le causa perjuicio, y más bien le beneficia en su carácter de heredero en la sucesión de Benito Cervellini, en tanto se ha decidido que los saldos a favor que resultan de las rendiciones aprobadas se integrarán a valores actualizados (arg. art. 242 cód. proc.).
Para clarificar al respecto diré, como fue expuesto en una cuestión similar (v. expte. 87875, sent. del 21-10-2011, L.42 R. 358) que el gravamen es como se denomina al interés procesal en materia de recursos; y constituye un requisito de admisibilidad de éstos (art. citado). Por lo que en el caso, la apelación es inadmisible por falta de evidenciado interés procesal ante la ausencia de gravamen (art. 34.4 y 266 cód. proc.).
No obstante, no puede pasar inadvertido para este Tribunal, que denunciado el fallecimiento de la administradora, cuyas cuentas han sido examinadas en la resolución en crisis, no se ha dispuesto la citación de sus herederos en el marco de este incidente (art. 43 cód .proc.).
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación deducido contra la resolución del 7/4/2025, con costas en el orden causado en función de tratarse de una solución propuesta por la cámara debido a aun argumento no contemplado por las partes de la apelación, con diferimiento de la regulación de honorarios (arg. arts. 69 cód. proc., 31 y 51 ley 14967); sin perjuicio de advertir al juzgado inicial lo dicho sobre la intervención de los herederos de la administradora (arg. art. 34.5.b cód. proc.).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Declarar inadmisible el recurso de apelación deducido contra la resolución del 7/4/2025, con costas en el orden causado en función de tratarse de una solución propuesta por la cámara debido a aun argumento no contemplado por las partes de la apelación, con diferimiento de la regulación de honorarios; sin perjuicio de advertir al juzgado inicial lo dicho sobre la intervención de los herederos de la administradora.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 01/07/2025 08:25:04 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 12:04:04 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 12:20:26 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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241900774003828164
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 01/07/2025 12:20:36 hs. bajo el número RR-567-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló

Autos: “M., E. L. Y M., R. E. S/ PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Expte. -93070-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: lo solicitado con fecha 2/6/25.
CONSIDERANDO.
La Defensora Oficial, abog. K. N. Q.,, solicita regulación de honorarios por las tareas ante la Alzada (v. presentación del 2/6/25).
Entonces habiendo sido regulados los honorarios en la instancia inicial con fecha 2/6/25 dentro del ámbito del art. 91 de la ley 5827 y AC. 2341 modif. por el AC. 3912, de la SCBA, corresponde ahora retribuir la tarea por la queja interpuesta ante esta instancia (v. trámites del 15/11/24 y 11/4/25; arts. 15.c, 16 y 31 de la ley 14967).
De modo que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 31 de la normativa arancelaria vigente, y el principio de proporcionalidad (esta cám. sent. del 9/12/2020, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar” L. 51 Reg. 651, entre otros), valuando la labor llevada a cabo por la letrada es dable aplicar una alícuota del 30% llegándose a un honorario de 1,2 jus (hon. prim. inst. -4 jus- x 30%; arts. y ley cits.; AC. 2341 t.o. por AC. 3912; arts. 2 y 3 del CCy C.).Con más las retenciones y/o adiciones que por ley correspondieren.
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Regular honorarios a favor de la Defensora Oficial, abog. K. N. Q.,, en la suma de 1,2 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 01/07/2025 08:24:29 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 12:03:08 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 12:19:09 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8lèmH#rq[xŠ
247600774003828159
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 01/07/2025 12:19:25 hs. bajo el número RR-566-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 01/07/2025 12:19:34 hs. bajo el número RH-83-2025 por TL\mariadelvalleccivil.