Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
Autos: “COLAMARINO HECTOR ANIBAL Y OTRO/A C/ LAPENA HUGO SEBASTIAN Y OTRO/A S/ SIMULACION”
Expte.: -94774-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto, para dictar sentencia en los autos “COLAMARINO HECTOR ANIBAL Y OTRO/A C/ LAPENA HUGO SEBASTIAN Y OTRO/A S/ SIMULACION” (expte. nro. -94774-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 5/2/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundado el recurso de apelación del 24/6/2024, contra la sentencia definitiva del 12/6/2024?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. Con arreglo a lo que fue ya expresado en la sentencia de primera instancia, se inician estas actuaciones acumuladas, ‘Colamarino Héctor Aníbal y Otro/A c/ Lapena Hugo Sebastián y Otro/A s/ Acción de Simulación’, y ‘Colamarino Héctor Aníbal y Otro/A c/ Lapena Hugo Sebastián y Otro/A s/ Acción de Reducción’, donde los actores, Héctor Aníbal Colamarino y Carlos Javier Colamarino, pretenden se decrete simulado, la cesión de acciones y derechos hereditarios, escriturada el 14/4/2011, siendo cedente Héctor Aníbal Burgos y cesionarios Hugo Sebastián Lapena, junto a su cónyuge Evangelina Edith Casella, así como la reducción de la donación encubierta, por haberse violado la porción legítima que les corresponde en su carácter de herederos forzosos de Héctor Aníbal Burgos.
1.1. El resumen de la presentación de los actores en cada uno de esos procesos, consta en el fallo recurrido. Al igual que las defensas opuestas por los demandados. Al que se remite al lector, para no repetir.
El juez hizo lugar a ambas demandas. Para así decidir, primero rechazó la excepción de prescripción planteada, lo mismo que la de falta de legitimación para obrar, y seguidamente entendió probada la simulación, basándose en los indicios que configuraban, particularmente: (a) la cronología de los hechos, considerando las cartas documentos remitidas al cedente por los actores, reclamando el reconocimiento de la paternidad biológica, situación que infiere Buros conocía desde antes. Concretándose la cesión cuestionada, en favor de los demandados, a menos de un mes de la audiencia en la que se acordó la realización de la prueba de ADN, al final, positiva; (b) el precio de $190.000, que figuraba como contraprestación a cargo de Lapena y Casella. Cuando según la tasación realizada por Moralejo, avalada por otra prueba informativa producida, que daba un valor por hectárea de u$s 6.800, arrojaba un precio para los inmuebles en su conjunto, de $3.034.361,28 (109,37 has * u$s 6.800 = u$s 743.716 * 4.08 = $3.034.361,28). No habiéndose agregado documental alguna que acredite que la cesión fue en los términos relatados por los demandados, como así tampoco que pruebe los pagos parciales que Lapena y Casella dicen haber realizado a Burgos, entre abril y diciembre de 2011, cancelatorios del saldo de $1.290.000 que -según afirman los demandados- totalizaban el precio de la cesión de $1.590.000, ni de los $110.000 que dicen haber entregado a Burgos en mano en su domicilio para completar la primer entrega de $300.000; (c) la utilización del bien por parte del cedente, a partir de la cesión. Tanto la existencia en el inmueble rural de animales propiedad de aquel como su permanente concurrencia al mismo aún con posterioridad a la fecha de la cesión de acciones y derechos hereditarios, es considerado un fuerte indicio de que Héctor Anibal Burgos seguía comportándose “como dueño” del campo; (d) la capacidad económica de los accionados. Para le juzgador, la frondosa y extensa documental adjuntada por los bancos (resúmenes) carece de entidad suficiente como para derribar los extremos que, entendió acreditados; (e). la relación de parentesco entre las partes. La circunstancia que los cesionarios resultaran parientes -Evangelina E. Casella era sobrina de Héctor Aníbal Burgos- tampoco es un dato menor, ya que -en el terreno de las presunciones- ese vínculo le permitía a Burgos confiar en que podría seguir usufructuando el campo a pesar de la cesión.
Tocante a la compraventa celebrada entre José Luis Bertuzzi como vendedor y los aquí demandados Hugo Sebastián Lapena y Evangelina Edith Casella en carácter de compradores (v. copia certificada de la escritura a fojas 276/277), igualmente impugnada por simulación, haciendo hincapié en que José Luis Bertuzzi no había sido demandado, esta omisión impedía que la simulación prospere en lo que a la compraventa respecta.
Por lo demás, dijo que la declaración de simulación de la cesión de acciones y derechos hereditarios acarrea su nulidad, debiendo estimarse la pretensión de reducción ejercida por los actores, hasta cubrir la legítima vigente al momento del fallecimiento de su progenitor Héctor Aníbal Burgos ocurrido el 31 de julio de 2014. Con los frutos devengados, según se indica en el pronunciamiento.
1.1. La sentencia fue apelada sólo por los demandados.
En el vasto desarrollo de sus agravios, la crítica se centra mayormente en la apreciación de la prueba (v. escrito del 6/8/2024, III, párrafo 4).
Primeramente, atacan el rechazo de la excepción de prescripción. Entienden que yerra en definitiva el sentenciante al afirmar la ‘accesoriedad’ de la prescripción de la acción de simulación respecto a la acción de reducción. La prescripción de la acción de simulación está cumplida y no puede ser saneada por el inicio de la acción de reducción. La acción de simulación es la acción principal, no accesoria de la acción de reducción. En todo caso, debieron iniciar la simulación previamente, dentro de los dos años del deceso, pero no ocurrió, ésta claramente prescribió.
Va de suyo, dijeron como conclusión, que si la primera está prescripta, por el transcurso del término bienal, no debería tener andamiento la segunda, y este es precisamente el debate.
Enseguida pasaron a la disección del fallo, repasando y comentando diferentes tramos del mismos. Encontrando lugar para alegar allí que Burgos, ya había ofrecido la cesión de los derechos respecto al patrimonio heredado, lo que consideran dato relevante, para lo que luego expresan. Así como también que no existe una sola prueba que confirme que Burgos conociera ser el progenitor de ambos actores. Transcurrieron más de 34 años en la vida de los actores, sin hacerse conocer, manteniendo el apellido de su madre. No han acreditado acercamientos y/o contactos, ni han exhibido al menos una fotografía o haber compartido cumpleaños, fiestas etc. y tamaña realidad no es valorada por el sentenciante. Agregando que el aquo confunde las condiciones, valores, intereses etc. una venta con una cesión de derechos en un proceso judicial en trámite. patentiza y agrava cuando menciona valores de tasación del 6/5/2019 del martillero Moralejo en u$s 6.800,00 la ha. de los inmuebles; y dicen que confunde porque no advierte que esas tasaciones se efectúan 8 años después de la cesión cuestionada. Igual razonamiento y contradicción aplican a otras tasaciones.
Sostienen que el juez elude sugestivamente la documental incorporada. pagaré $1.290.000,00 (reconocido por el intermediario, por la caligráfica pericial del 25/9/2019, testimoniales -Álvarez; Mac Cornick y Burgos Ángel fs. 353 y sigs.- que confirman que fue precisamente el cedente Burgos quién impuso -como condición de la cesión- a los interesados anteriores y a ellos, el valor a consignar en el boleto, $190.000.
Otro dato sumamente relevante y contradictorio, apuntan, es la valoración y selectividad con que el tribunal toma, califica y/o descalifica y/o descalifica las testimoniales rendidas, la documental, los informes Bancarios; recogiendo solo parcelas de ellas en tanto respalden sus suposiciones o Indicios, pero no menciona el resto, que las confrontan o bien desarticulan y confirman la realidad negocial que hemos expuesto y acreditado. Al evaluar los testigos ofrecidos por ellos siendo justos, los vínculos o conflictos, interpreta diferentes sean en respaldo de la versión de ellos o la de los actores. Tampoco existe una sola prueba, contrariamente a lo dicho en sentencia, que acredite que Burgos hubiere tenido de su propiedad animales vacunos, ovinos etc. en la fracción cedida, ni antes ni luego de concretada la cesión.
Aducen, finalmente, que el aquo incursiona en el análisis de la relación entre las partes y la buena fe arribando a la temeraria suposición que Burgos no estaba dispuesto a reconocer voluntariamente a sus hijos como tales v.
Más adelante, al abordar la relevancia de lo que está acreditado, comentan, en lo nuevo que aportan, la acreditación de la ausencia de un acuerdo fraudulento e ilegal, mala fe entre los intervinientes; sean cedente, cesionario, intermediarios, interesados y notaria, ni que existieran restricciones al dominio ni cautelares trabadas. Ni conocimiento de la existencia o eventual existencia de los actores como hijos a ese momento, ni menos que estuviere declarados como tales. Que han hemos planteado disconformidad tempestivamente respecto de las tasaciones por no ajustase al tema de debate.
Llegado el tema de las testimoniales, se ocupan de hacer una exposición relativa a las declaraciones de Cortes, Lujan, Mac Cornick, Álvarez, Asencio, Sosa, destacando y poniendo especial relevancia en los dichos del hermano y compañero de vida del cedente Héctor Burgos (IX).
Asimismo, se refieren a los testigos Guardia y Martínez para corroborar la contradicción, falta de correspondencia con la realidad y sobre todo la intencionalidad en perjudicar, al haber perdido algunas posibilidades que creían tener. Deteniéndose en criticar la idoneidad de ambos.
Ya sobre el cierre, argumentan en torno a la medida cautelar trabada, dejando caer un claro prejuzgamiento. desnaturalizando el objeto real del debate y su legitimidad, para transformarlo en una maniobra de pinzas, que funcionó como cerrojo procesal y económico contra los demandados. Permitiéndose ilustrar en algunas particularidades, señaladas en el punto X, entre las cuales aparece la mención acerca de qué, el juez adelanta opinión sobre el fondo.
Tales expresiones fueron respondidas por los actores con su escrito del 26/8/2024, cuyo eje es que, pese a la abundante redacción jurídica utilizada en la expresión que responden, la misma se concreta en expresiones de la contestación de demanda cuanto en abstracciones jurídicas, que no consisten en la crítica de la sentencia.
Sigue ahora, el tratamiento de las cuestiones planteadas, conducentes (at. 266 del cód. proc.).
2. En lo que atañe a la excepción de prescripción, se decidió que la acción de simulación no estaba prescripta, con sustento en dos argumentos jurídicos: (a) que resultando la acción de simulación accesoria de la principal, que es la de reducción, correspondía aplicar el plazo prescriptivo decenal previsto por el art. 4023 del código civil; (b) que la mediación previa obligatoria se inició el 16/4/2016, celebrándose el 10 de mayo de 2016 (cuando aún no se había cumplido el plazo de prescripción de dos años, auspiciado por los excepcionantes), la segunda audiencia, a la cual concurrieron los Lapena y Casella, asistidos por una letrada patrocinante sin arribar a acuerdo alguno, lo que motivó el cierre de esa etapa.
En ese escenario, compartiéndose el criterio doctrinario y jurisprudencial que considera que esta interpelación encuadra en los términos previstos por el art. 3986 segundo párrafo del Código Civil suspendiendo el término de la prescripción liberatoria por un año, se arribó a la conclusión, que aun entendiéndose aplicable el plazo prescriptivo de dos años, a la fecha de promoverse la demanda el 1/9/2016, éste no se había cumplido.
Los apelantes se han ocupado de confutar el primer fundamento, como se verifica a la sola lectura del escrito del 6/8/2024. Cuando manifiestan –entre otras alegaciones- que, si la acción de simulación está prescripta por el transcurso del término bienal, no debería tener andamiento la segunda, o sea la de reducción, siendo éste el debate que intentan que esta alzada comparta y revierta, revocando la sentencia lisa y llanamente.
Más esa interpretación es contraria a la del plenario de la Cámara Nacional en lo Civil, del 1/2/2011, emitido en los autos ‘Arce, Hugo Santiago c. Arce, Haydée Cristina Carmen. Colación’ (en LL 28-II-2011, p. 11, cita on line: AR/JUR/88/2011, www.laleyonline.com.ar), seguido por la Suprema Corte en la causa C. 115.276, ‘Bentivegna, Closefisa Carmen contra Bentivegna, Lidia Amelia. Acción de colación’, (v. en Juba fallo completo). Donde, además, se descalificó esa postura de los demandados, pues conduce a emplazar en mejor condición a aquel heredero que se vio favorecido con un acto simulado frente a aquél al cual se le hizo una donación sincera. Disparidad que pone de relieve una incoherencia interpretativa inadmisible. Porque cuando la gratuidad del acto quedara enmascarada por una falsa causa, el plazo para volverla ostensible sería notoriamente más acotado que cuando el acto gratuito fuera manifiesto y pudiera ser objetado en el amplio espacio de diez años (Borda, Guillermo, ‘Tratado de Derecho Civil – Sucesiones’, t. I actualizado por Delfina M. Borda, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 2008, pág. 533/534; Goyena Copello, Héctor, ‘Tratado del Derecho de Sucesión’ segunda edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, La Ley, 2007, pág. 310; Fornieles, Salvador, ‘Tratado de las Sucesiones’, cuarta edición, Buenos Aires, TEA, 1958, pág. 373/375; del voto del juez Genoud, en la causa de la Suprema Corte, antes citada).
No obstante, resulta también que nada dijeron respecto del segundo argumento, que aplicando lo normado en el artículo 3986 del Código Civil en cuando suspende el curso de la prescripción por un año, entendió que promovida la mediación prejudicial obligatoria el 16/4/2016, celebrándose la segunda audiencia el 10/5/2016, cuando no estaba cumplido todavía el plazo de dos años al que se atienen los apelantes, activado con ello aquel efecto suspensivo, ese término bianual del 4030 del Código Civil, no se había cumplido a la fecha de interponerse la demanda de simulación el 1/9/2026 (v. fs. 50 de la causa ‘Colamarino Héctor Aníbal y otro/a c/ Lapena, Hugo Sebastián y otro /a s/ simulación’). Siendo este razonamiento bastante, para sostener la solución propiciada en el fallo (arg. arts. 260 y 261 del còd. proc.).
Luego, como sin perjuicio de lo expresado en torno al primer fundamento, resulta que inatacado el segundo, ya la decisión encuentra sustento bastante, por eso mismo, el recurso contra este tramo aparece insuficiente, y en su razón debe ser desestimado (v. escrito del 6/8/2024, IV; art. 260 del cód. proc.).
3. La demanda de los actores presenta el caso de una simulación relativa. El acto atacado contiene una estructura compleja, compuesta por una parte oculta, que es lo real y querido por las partes –la cesión de derechos hereditarios a título gratuito– susceptible de reducción, y otra parte aparente o simulada que es la imagen que quieren mostrar -la cesión de derechos hereditarios fue a título oneroso– libre de aquella acción (arts. 955, 956, 957, 958, 1139, 1832 y 3601 del Código Civil, aplicable con arreglo al fallo, incontrovertido en ese aspecto; art. 260 del cód. proc.).
Lo simulado, por lo tanto, fue la naturaleza del acto, ocultando cual era el tipo de negocio efectivamente concluido, encubriendo una causa final distinta de la que se aparenta. Esto es, un acto a título gratuito, tras uno oneroso. Ilícitamente. Para soslayar la aplicación de normas imperativas pertinentes: las que protegen la legítima de quienes demandan como hijos del cedente fallecido, asumiendo para tal reclamo la condición de terceros y, por tanto, con legitimación suficiente para hacerlo (fs. 6/9 de esta causa; Saux, Eddgardo Ignacio y coautores, ‘Tratado de derecho civil. Parte General’, Rubinzal-Culzoni, 2018, t. III, págs. 615 y 631; arts. 957, 3565, 3591 y 3592 del Código Civil).
La prueba es a cargo de los terceros. Pero como han sido ajenos a la maniobra que alegan y al acuerdo simulatorio, quedándoles la posibilidad de un conocimiento indirecto, tienen la libertad de acudir a todo tipo de prueba, incluidos los indicios y presunciones, legales o judiciales. De modo que le existencia del vicio podrá ser inducido del entorno o contexto, en que el acto se concretó (v. gr. de las relaciones de las partes, de su contenido, del momento en que se formalizó, etc.; arg. arts. 163.5, segundo párrafo, 384 y concs. del cód. proc.).
4. Justamente, como se ha visto en los resultandos, la sentencia reposa en una colección de indicios. Y ello es así debido a que cuando se trata de simular un acto en perjuicio de terceros se toman tranquilamente las medidas, se adoptan con tiempo las precauciones necesarias para ocultarlo, se borran los rastros que pudiera dejar para desvanecer todo elemento probatorio. Con lo que fue correcto el juzgador al presentar como sustento de su decisión, lo elaborado a partir de la apreciación en conjunto de todos aquellos (v. escrito del 6/8/2024, V.a, párrafo doce).
Con todo, como los fundamentos dados por el aquo no han merecido la aprobación de los recurrentes, seguidamente se tratan las cuestiones planteadas, en cuanto pertinentes para la resolución del caso.
Bajo la premisa, predicada por la Suprema Corte, que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos bastando que se hagan cargo de los conducentes para la decisión del litigio (SCBA LP B 57202 RSD-108-18 S 16/5/2018, ‘Blarduni, José Raúl contra Provincia de Buenos Aires (H. Trib. de Cuentas). Demanda contencioso administrativa’, en Juba fallo completo).
4.1. Está acreditado que la cesión de derechos y acciones hereditarios fue instrumentada veintitrés días después que los actores obtuvieran en la causa ‘Colamarino, Héctor Anibal y Otro/A c/ Burgos, Héctor Aníbal s/ Filiación’, iniciada por ellos 14/2/2011, que el cedente se prestara voluntariamente a la prueba de ADN, en la etapa previa, a fin de evitar que el reclamo de filiación siguiera adelante (v. fs. 3//vta., 56, 60, y 68). Análisis que resultó positivo el 4/7/2011 (fs. 78/81 y 103/105). No hay crítica valedera contra esto (art. 260 del cód. proc.).
Igualmente, que Burgos tuvo reclamo formal de su paternidad por parte de los actores, el 10/11/2010 y 10/12/2010. Los que resistió negando haber tenido relación alguna con la madre de aquellos. Cuando de la misma nacieron, no uno, sino dos hijos: Carlos Javier el 22/7/1976 y Héctor Aníbal el 27/7/1979 (v. cartas documentos del 4/11/2010, del 6/112/2010 y respuestas del 10/11/2010 y 10/12/2010, a fs. 10/13, de la causa citada).
Todo lo cual da pábulo a la inferencia razonable de que el enlace entre el cedente y la madre de los actores no debió ser sólo ocasional, ni aquel reclamo un brote repentino, como alientan los demandados, Sino más bien el último eslabón de una cadena de requerimientos anteriores desatendidos, que culminaron con esas interpelaciones, finalmente documentadas. A la vez que debilita, hasta tornarla inverosímil, la afirmación que los hijos del cedente. ‘NUNCA habían tenido trato ni contacto alguno con Burgos en todas sus vidas’. En cuanto con ello se haya querido decir, que no sabían los unos y el otro, de sus respectivas existencias y situación (v. escrito del l 6/8/2024, V.a,, párrafo 17).
Desde luego que la relación paterno filial se presenta con un inequívoco grado de deterioro en el tiempo. Pues entre ellos no solamente medio aquel reclamo formal de paternidad, sino también la pretensión de los hijos, en causada judicialmente para el 21/11/2011, de ser indemnizados por los daños y perjuicios, que dio lugar a un acuerdo, homologado el 5/9/2012, por el cual Burgos se obligó a abonarles la suma de $30.000 (v. la causa ‘Colamarino Héctor Anibal y Otro/A c/ Burgos Hector Aníbal s/Daños y Perj. Del./Cuas. (Exc.Uso Aut. y Estado)’, en trámite en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial uno; v. fs. 7 vta. de la especie).
Y es dentro del clima que informan esos hechos que, apreciados con una visión de conjunto, dejan ver un modo de relacionarse refractario por parte del progenitor, distante de lo que podrá ser un lazo estrecho entre padre e hijos, que se forjó el acto atacado, cuando aún todo estaba fresco.
Claro que los apelantes se muestran desconociendo aquellos requerimientos de paternidad cursados por carta documento por los accionantes -precedentes a la cesión- o, en general, la irregular situación que atravesaba el cedente en ese aspecto. Pero, siendo sus familiares y tratándose de sucesos ocurridos en una comunidad pequeña -como es Hénderson-, con unos 9.000 habitantes para 2011, donde por lo común todos se conocen, no es aceptable que lo hayan ignorado al momento del acto que se impugna (v. atr. 163.5, segundo parte y 384 del cód. proc.; esta cámara, causa 14.757/03, sent. del 23/9/2003, ‘M., G. H. c/ O., L. A., s/ filiación’, L. 32, Reg. 250).
En todo caso, quedó dicho que ‘todos en el pueblo lo sabían’. Aclaración inseparable formulada por los actores al rendir la confesional, que –por lo ya dicho antes-, no es inverosímil (v. fs. 303.B.2 y 390/391 de los autos ‘’Colamarino, Héctor Aníbal y Otro c/ Lapena, Hubo Sebastián y Otra s/ acción de reducción); arg. art. 422.2 del cód. proc.).
Así las cosas, traer testimonios que informan no tener conocimiento de la existencia de esos hijos de Burgos, apuntan sólo a situaciones personales, y no es suficiente para descartar lo expresado en la sentencia, con un argumento similar al recién desarrollado (v. escrito del 6/8/2024, 8, párrafo 13; art. 260 del cód. proc.).
De igual manera, no convence de aislar la cesión acordada con Burgos de las mencionadas circunstancias antecedentes y contemporáneas, para hacerla aparecer como una decisión autónoma y propia del cedente, sostener que Burgos deseaba desprenderse del inmueble rural porque ‘estaba cansado’ y que el acto les llega, ‘en final de una cadena previa de ofrecimientos anteriores en el mismo sentido’. Con cita de los testimonios de Cortes, Asensio, Lujan, Agrocomercial SA..
Lo primero, porque –según se desprende de los relatos que seguidamente se examinan– aquel siguió yendo al campo aún con posterioridad a la cesión.
Lo segundo porque en tanto lo puesto en revisión de esta alzada, a partir de los términos de la sentencia recurrida, no es que la cesión realmente se hubiera realizado, ni que Burgos haya jugado su voluntad en ese acto, sino que no fue onerosa sino gratuita, la mencionada cadena de ofrecimientos lo que denota es que la cesión no era un negocio posible, si era onerosa, pues ninguno de los mencionados se interesó en invertir dinero en tales fracciones de campo, ‘en las mismas condiciones, importe, plazos etc.’ , en las que aparece adquiriéndolas Lapena junto con Casella (v. fs. 46, 2 y 3; fallo del 12/6/2024, 2, 4.A.2, párrafo segundo y 4.A.7, párrafo cinco; escrito del 6/8/2024, V.a, párrafos treinta y nueve y cincuenta).
En resumen, ni el ‘cansancio’ ni tantos ofrecimientos previos, descartan en absoluto el condicionamiento que la quebrantada relación con sus hijos pudo tener en la decisión de Burgos de ceder los derechos hereditarios, para que no fueran a manos de aquellos. Esta vez gratuitamente, luego de tantos intentos frustrados de hacerlo onerosamente (arg. art. 163.5, segundo párrafo, 384 y concs. del cód. proc.).
Eso sí, bajo la apariencia de onerosidad, a efectos de garantizar que la operación quedara fuera del alcance de las acciones que protegen la legítima de los herederos forzosos. Y a un pariente, para facilitarle conservar la utilización del predio (arts. 1832.a y 3601 del Código Civil; art. 2444, 2445, 2453. 2454 del CCyC).
4.2. Precisamente, otros de los datos destacados en el fallo, es la relación de parentesco o familiaridad, entre los cesionarios y el causante: Evangelina Edith Casella, es reconocida por varios testigos como esposa del otro cesionario, Hugo Sebastián Lapena, y sobrina de Héctor Aníbal Burgos, cedente, padre de los actores. A la sazón, sus primos. Lo cual no aparece discutido por los apelantes (art. 260 del cód. proc.).
Se le califica como un importante hecho indicativo de una simulación. Porque la gravedad que provoca el acto viciado cuando perjudica a terceros, exige una gran confianza recíproca, pensando en resguardarse de eventuales consecuencias dañosas y asegurarse el secreto de la verdadera finalidad perseguida (Borda, Guillermo, ‘Tratado…Parte General’, Abeledo Perrot, 1999, t. II, pág. 340.h; CC0001 QL 3207 RSD-68-5 S 25/7/2005, ‘Córdoba, Zulema del Valle c/García, Segundo Eduardo y otra s/Acción de simulación’, en Juba sumario B2903348; SCBA LP Ac 43217 S 4/12/1990, ‘Dumrauf, Honorio y ot. c/Dumrauf, Marcelo y ot. s/Simulación y colación de herencia’, en Juba fallo completo; arts. 163.5, segundo párrafo, del cód. proc.).
De veras que, en ocasiones, los vínculos parentales pueden presentarse como un dato poco relevante o casual. Empero, sumado en este caso a que, ‘…ese vínculo le permitía a Burgos confiar en que podría, de alguna manera, seguir usufructuando el campo a pesar de la cesión’, brinda una explicación razonable del motivo que condujo a Burgos, en rebeldía con sus hijos, a ceder gratuitamente, todos los derechos y acciones que había obtenido en la sucesión de Díaz, a esos familiares, tras una apariencia de onerosidad. Ya que no había lograrlo antes conseguir un real comprador. Blindando así la operación de reclamos de aquellos, posteriores a su fallecimiento, que se produjo pocos años después (v. la sentencia del 12/6/2024).
Desde luego que los apelantes salen al cruce de esta conclusión, oponiendo que el cedente, concretada la cesión, no dispuso más del campo. Amparándose en los testimonios ofrecidos, que valora positivamente (v. escrito del 6/8/2024, V.a, párrafo treinta y cuatro; arts. 384 y 456 del cód. proc.).
Sin embargo, entre sus propios testigos, Luján, productor agropecuario, no es preciso al momento de indicar cuanto tiempo hacía que Burgos había dejado de concurrir al inmueble, según sus dichos. Asegura que tenía algunos cerdos y animales de corral, actividad que desarrollaba en el campo, en el perímetro de la casa, más no puede concretar cuándo dejó de hacerlo, fuera de arriesgar una oportunidad en que ‘puede haber sido’ (fs. 340, 9 y 10; art. 456 del cód. proc.).
Cortés, productor agropecuario, que conoce de años a Lapena y han trabajado justos algunos campos, dice que éste está en el inmueble desde hace un par de años, tres o cuatro años atrás, pero no está seguro. Siendo su testimonio es de octubre de 2017, sería en octubre de 2015, octubre de 2014 o, a lo sumo, octubre de 2013, cuando la cesión fue en mayo de 2011 (fs.342, 4).
Asencio, jubilado, que le alquila el campo a Lapena, sabe que éste trabajaba el campo en cuestión. Lo vio trabajando. No sabe fechas específicas, pero puede ser hace uno o dos años. Lo cual, partiendo que declaró en octubre de 2017, sería en octubre de 2015, momento posterior al fallecimiento de Burgos. ‘No sabe precisar fechas’ (fs. 347 y 348.5).
Mac Cormick, transportista, dice que cuando dejaron de alquilar con la firma Agrocomercial –que es donde el testigo trabajaba– y compra el campo Lapena, siempre lo trabajó éste. Pero no sabe si Burgos poseía cerdos en el tiempo que aquella empresa alquilaba (fs. 351/vta. y 342, 3).
Álvarez, comerciante, que sólo en esta vez participó de la venta de un inmueble rural, pues se dedica a la venta de insumos y cereales, habiéndole vendido y comprado a Lapena, sabe por Mac Cormick que el campo hasta parte de 2011 lo tenía Agrocomercial. Seguidamente dice que a partir de ahí lo tuvo Lapena, aunque no llegó a decir como obtuvo esta información (fs. 353, 1, 2, 354, 12, 354/vta., 8, 355, 12 y 13, 355/vta., 18; arts. 443, segundo párrafo y 456 del cód. proc.).
Tocante a los aportados por la actora, los embates de los demandados a las declaraciones de Martínez, Guarda y Tiseiro, sólo ponen de manifiesto las dudas que aquéllas les provoca, procurando afectar la idoneidad de éstos para ser fuente de prueba. Pero ni los cuestionamientos son tan sólidos, ni demuestran acabadamente que los dichos resulten ser falsos (v. escrito del 6/8/2024, V.a, párrafo treinta y cuatro, treinta y cinco; art. 456 del cód. proc.).
De hecho, si fuera que Guarda tuvo que ser desalojado por Lapena de la vivienda precaria que ocupaba y por la que nada abonó, entonces –con derechos o sin él-, vivió en el campo. Por más que Burgos –el hermano del cedente– no lo hubiera visto o hubiera visto en el campo a Benefú. O que ‘nunca estuvo en la casita de barro del campo el Testigo GUARDIA’ (sic.), como en los agravios se pone en boca del testigo Álvarez (v. escrito del 6/8/2024, IX, párrafo ochenta y ocho). Además, Luján lo conoce, aunque no sabe en qué carácter ocupa la vivienda sita en el predio rural (fs. 339/vta.13). Y Ricardo Aníbal Casella, que dio su testimonio en la causa ‘’Colamarino, Héctor Aníbal y otro c/ La Pena Hubo Sebastián y otros s/ acción de reducción’ (fs. 237/239), cuya idoneidad y exposición no merecieron la crítica de los demandados, evocó que a Guarda lo llevó Burgos parra que cuidara el predio de noche, no sabe en qué condiciones (fs. 238.5). Respecto de Martínez, lo vio manejando la S10 de Burgos, el último tiempo, cuanto ya Héctor no podía manejar (fs. 238/vta., párrafo primero). En lo que atañe a Tiseiro, la ubica como la persona que convivió con Burgos hasta el fallecimiento de éste. Fue a la casa y allí corroboró que estaba con ella (fs. 238.7; arts. 84 y 456 del cód. proc.).
Yendo a las declaraciones, Martínez –sobre el particular-, informa que, aunque no tiene la fecha exacta, Burgos concurrió al inmueble hasta el día antes que lo internaran para operarlo. Lo llevó a Junín para esa intervención. En la que falleció. Y por las expresiones de él, se comportaba como propietario (fs. 176/vta., 1 a 3).
Guardia, ocupante de la vivienda en el predio rural, por Burgos, aporta que éste iba todos los días al campo, a veces por la mañana y a veces por la tarde. Criaba ovejas, chanchos, trabajaba en el campo que era de él y los trabajos de agricultura se los daba a Lapena. Le daba de comer a los chanchos. También agua. Se comportaba como dueño. El hermano, que vive en Bolívar, venía a ver la hacienda que había en el campo, ya que se vendían corderos, lechones, venía a cobrarlos, a traer alimento para los animales, que eran propiedad de Héctor Burgos. También señala que había animales de Martínez pero que quien autorizaba era Héctor Burgos (fs. 179, 8, 9, 179/vta., 3, 4, 5, 7, 8, 181, 8, 9, 10, 181/vta. párrafo primero).
Tiseiro, que asegura haber sido pareja y convivido con Burgos, calcula que desde el año 2008 hasta su fallecimiento, recuerda que en el campo tenía animales: chanchos, ovejas, pavos, gansos, gallinas, pollos doble pechuga, etc.. También la hermana, Blanco Burgos, tenía ovejas. Iba todos los días al campo en su camioneta y cuando se enferma le pidió al sobrino Armando Martínez que lo lleve, hasta su fallecimiento. Se comportaba como dueño, indicándole a Guarda lo que tenía que hacer, dejándolo encargado de las cosas cuando faltaba por algunos días (fs. 191.2 y 6, 191/vta., párrafo primero y 9, 10, 192.4 y 5, 194.12; art. 384 y 456 del cód. proc.).
Asimismo, Guardia y Tiseiro, afirman que el demandado Lapena era uno de los arrendatarios del inmueble (v. fojas 179 y 192/192/vta.). Lo cual justificaría su presencia en las fracciones, que evocan Mac Cormick y Álvarez, como tal.
En general, lo que relatan mantiene aceptable consonancia con lo expuesto por Ricardo Aníbal Casella, inobjetado, quien señaló que Burgos supo tener en el campo algunos cerdos; siendo en un espacio que no era apto para agricultura donde tenía animales de granja: ovejas, algunas cerdas, pavo, pato, gansos y gallinas. Un potrero con cerdas, un potrero con ovejas y corrales con aves. Concurriendo al lugar diariamente. Hasta casi el último día de irse a internar por la enfermedad (fs. 237/vta.9, y 1, 238, primer párrafo y 2; arts. 384 y 456 del cód. proc.).
En suma, los agravios -aunque muestran otra visión- no son suficientes para alterar las conclusiones del pronunciamiento recurrido, ni para convencer que han estado inequívocamente erradas, en cuanto aquí ha ocupado (arts. 260 y 261 del cód. proc.).
3.3. Entretanto, no cabe duda que el precio de la cesión, que los cesionarios pagaron ante la escribana otorgante de la escritura, no es representativo del valor de los bienes que quedaban comprendidos en ella. Particularmente las 106 ha. de campo.
Esto se desprende de lo que afirman los demandados, cuando para defender la veracidad del acto le adjudican unilateralmente a las fracciones rurales, un precio de $1.590.000, a razón de $15.000 la hectárea (v. fs. 72/vta., párrafo final; fs. 171/vta., párrafo final, de la causa de reducción; escrito del 6/8/2024, V.a, párrafo veintinueve). Con lo cual, los $190.000 cuyo pago pasó ante la notaria, no representarían más que el 0,1194968553, es decir el 11,95 % del valor aquel que –para los apelantes– es el real de los bienes cedidos (v. escrito del 6/8/2024, V.a, párrafo 40; fs. 6/vta.).
Pero lo más revelador del indicio de que se trata, es que, además, esa suma de $190.000 es el único importe que aparece documentadamente acreditado como precio total y convenido de la cesión (v. fs. 6/vta.). Pues la alegada de $1.590.000, sólo reposa en los testimonios de Álvarez, Mac Cornick y Burgos, que aluden a un ‘boleto’, ausente en la causa (v. fs. 72/vta.; fs. 171/vta., de la causa de reducción; escrito del 6/8/2024, IX, 8, párrafos veinte, treinta, treinta y siete, y cincuenta y seis; fs. 351, 353/vta., 354805/vta., 806). Pero que, como tales, ni conectados con el formulario de un ´pagaré’ conforman el medio previsto por la ley para probar, frente a terceros, un elemento esencial de la operación, como el precio acordado; diferente y que no pasó a la escritura de cesión (arts 1326 y 1435; arts. 1127, 1614 del CCyC; art. 376, primer párrafo, del cód. proc.).
Es que, en lo que atañe a este contrato, ya en el artículo 1454 del Código Civil, vigente al tiempo en que aquellos testigos ubican el otorgamiento de un ‘boleto’ de la cesión, quedaba excluido todo medio no escriturario para probarla (Borda, Guillermo, ‘Tratado…Contratos’, Abeledo Perrot, 1991, t. II, pág. 366666662, número 527). Y en sintonía con los artículos 1016, 1018, 1019 segundo párrafo y 1618.a, del Código Civil y Comercial, no puede ser probada exclusivamente por testigos (art. 376, primer párrafo del cód. proc.).
En punto al ‘pagaré’, acompañado en copia simple a fojas 73 de la causa por reducción, tan sólo puede saberse, tras la pericia caligráfica, que fue confeccionado por Álvarez. Pero no consta en el dictamen que haya sido firmado por Lapena y Casella, ni que la época de creación fuera al menos cercana a la del otorgamiento de la escritura de cesión, ni confirma las circunstancias que le asignan los recurrentes, en IX, 8, párrafo 66 del escrito del 6/8/2024. De manera que tal documento, no es medio de prueba idóneo frente a los actores (arg. arts. 1017 y 1034 del Código Civil; art.317 del CCyC; arg. arts. 384 y 474 del cód. proc; v. pericia caligráfica del 25/9/2019).
No debe olvidarse que, aunque los sucesores universales de una de las partes que ha otorgado el acto simulado, como son los actores respecto del cedente, ocupan su lugar y por lo tanto se le aplicarían los mismos principios que a aquel, eso hace excepción cuando la simulación ha sido en perjuicio de ellos, debiendo en tal supuesto considerárselos terceros respecto de ese acto (v. Borda, Guillermo, ‘Tratado…Parte General’, Abeledo Perrot, 1999, t, II, pág. 338, número 1187).
A todo esto, es discreto adicionar que, entre los valores de tasación aludidos en los agravios -como los informados por Espina, Mateos, Villareal (fs. 139, 265/266; informe del 12/3/2021 y 26/4/2021)-, desmerecidos por los apelantes con el argumento que las cotizaciones se concretaron años después de la cesión que se impugna, están aquellos que comunicó el ingeniero agrónomo Fernando Biaiñ, que obvia aquella objeción, al estimar un precio por hectárea de U$s 7.500, precisando seguidamente, que para el 14/4/2011 y 31/7/2014 (momentos de la cesión y del fallecimiento de Burgos, respectivamente) el inmueble pudo haber cotizado en forma más elevada, hasta alrededor de U$s. 9.000 la hectárea (fs. 154/155).
Dato obrante en la causa, que no aparece puntualmente impugnado y que aumenta considerablemente la ya dilatada diferencia advertida en los párrafos precedentes, en contraste con el precio consignado en el único instrumento existente en autos, que formalizó la cesión, tornándolo más desproporcionadamente bajo (107 ha. x 9.000, igual a U$s. 963.000, x 4.07, $3.919.410, menos 190.000, $3.729.410; fs. 24; v. escrito del 6/8/20224, V.a, párrafos veintiséis, VIII, párrafos nueve y diez, IX.2 y 8; arg. arts. 260, 384 y 401 del cód. proc.).
Encima, contando como de interés de los demandados que el acto había sido oneroso, estos no produjeron prueba conducente para demostrar que la suma cuyo pago alegaron, no sólo había sido formalmente pactada y abonada, como declamaron, sino que era la equivalente al valor venal del objeto de la cesión. Habiendo admitido expresamente que los $190.000, que en la escritura aparecen como precio convenido y pagado presencia de la escribana interviniente, no era representativo de lo que valían los bienes, ni verdadero (v. fs. 72/vta., 73, 76 y 77 dela especie).
Esto así, entendido que, en esta materia, no rigen en forma estricta el onus probandi, y sí un deber de colaboración por parte de los demandados, quién no pueden limitarse a la negativa o rechazo de la pretensión de los actores, sino que deben concretar la propia defensa coadyuvando a mostrar su seriedad y la formación de la convicción judicial (fs. 76/78; fs. 175/177 de la causa por reducción; CC0102 LP 220779 RSD-84-96 S 23/5/1996, ‘Piechocki Telesforo c/Canale, Rafael Julio y ot. s/Simulación’, en Juba, sumario B151765; arts. 375 y 384 del cód. proc.).
Por todo, pues, quedó presente ese precio reducido, incompatible con el valor del bien a que se refiere, según las constancias analizadas, como un clásico indicio de una gratuidad encubierta tras una onerosidad ficticia. Sólo insinuada en lo indispensable, para evitar los costos que resultarían de reflejarse el justo precio. Matiz que se desprende de la pericia contable del 2/11/2018, cuando informa que en la declaración jurada de impuesto a las ganancias perteneciente a Lapena, del año 2012, si bien figura la incorporación a su patrimonio del contrato Cesión de derechos hereditarios, aparece con un importe de $190.000, no por el que en este juicio manifestaron, como defensa, haber pagado (C0100 SN 12638 S 20/12/2016, ‘Banco de la Prov. de Bs. As. c/ Solmi, Sergio Gustavo y otro s/ Simulación’, en Juba sumario B861301).
3.4. Otro tramo de la sentencia está referido a la capacidad económica de los demandados. Y allí se hace mérito de que la perita contadora sostiene en su informe que no han podido identificarse en las declaraciones de Ganancias presentadas entre 2012 y 2015, ingresos específicamente provenientes de las partidas inmobiliarias rurales 119-3744 y 3745 (v. respuesta al punto 8).
También se examinó la prueba informativa bancaria.
Respecto del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de Henderson, se expresa en el fallo que de la cuenta corriente 5310/3, se remitieron los resúmenes agregados a fojas 542/584 abarcando el período comprendido entre el 30/12/2009 al 30/12/2014. Dijo el juez: ‘De los mismos surge la operatoria en ese lapso se mantiene constante, reflejando débitos por pago de cheques, por pago de liquidaciones de tarjetas de crédito, depósitos por valores negociados y acreditación de préstamos que han sido otorgados por la institución bancaria con regularidad antes y después de la fecha de la cesión de acciones y derechos’. Abordando, seguidamente, una prolija descripción de operaciones, correspondientes al 13/8/2010, 25/8/2011, 6/3/2012, 17/10/2012, 7/2/2013, 10/9/2012, 14/7/2014, 9/9/2014, y 23/12/2014).
Tocante al Banco de la Nación Argentina, la situación es similar a la descripta con la cuenta corriente, antes citada, mostrando igualmente acreditaciones de préstamos efectivizadas tanto antes como después de la fecha de la cesión de acciones y derechos hereditarios del 14/4/2011. Detallando el magistrado distintos créditos, por montos diversos, el 17/9/2010, 4/10/2010, 16/2/2011, 19/7/2011, 23/11/2011, 31/1/2012, 15/2/2012, 224/2/2012, 7/3/2012, 13/6/2012, y 29/6/2012.
Con relación al Banco de Galicia, se cuentan tarjetas de crédito y dos créditos personales, otorgados con posterioridad a la cesión cuestionada. Y del Banco Francés, solo la caja de ahorros operaba al momento de aquella, que registra la acreditación de un préstamo prendario de $70.000 precisamente en esa fecha, expresó el aquo. Para quien, la extensa documental acopiada, carece de entidad para abatir los extremos que apreció acreditados (v. sentencia del 12/6/2024, 4.A.6 ).
Los apelantes cuestionan la valoración y selectividad con que consideran se ha calificado y descalificado los informen bancarios. No mencionando las que confrontan o desarticulan las suposiciones o indicios y confirman la realidad negocial (v. escrito del 6/8/2024, V.a, párrafo treinta y dos). Más, en los fundamentos de la apelación, no aparece la crítica concreta y fundada que, con referencia a elementos de la causa, demuestre el error del sentenciante en la apreciación de los informes bancarios y de la pericia contable (asrg. arts. 260 del cód. proc.).
3.5. Con relación a la causa ‘Colamarino Héctor Aníbal y Otro/A s/ Medidas Cautelares (Traba/Levantamiento’), en trámite ante el mismo juzgado de esta causa, Lapena y Casella comienzan advirtiendo en el punto X del escrito del 6/8/2024, que no es materia de agravio concreto en la sentencia apelada, aunque consideran relevante lo que mencionan.
Y con ese preludio, alegan un claro prejuzgamiento sistemático del juez de la causa, desde el origen.
Al respecto, mencionan lo expresado en la interlocutoria del 30/6/2016. Pero no se advierte que en tal oportunidad se hubiera afirmado acerca de las hectáreas comprendidas en la cesión y tasaciones generadas el 67/5/2019. Igualmente, lo dispuesto el 12/7/2019, que es donde se habla de la superficie de las parcelas. También lo resuelto el 27/8/2019. Que es donde se otorga el embargo sobre la producción de ambas parcelas rurales hasta el porcentaje de 4/5 del producido, debiendo depositarse lo cosechado en la cerealera Tierras de Henderson S.A. a disposición del juzgado. Luego, el 13/6/2022, amplía las medidas.
Sin embargo, sea como fuere, salta a la vista que tales providencias fueron emitidas por Gustavo Néstor Bértola, precedente juez del juzgado, que no es quien ha emitido la sentencia que este recurso cuestiona. De modo que deviene francamente inadmisible, desde ya, toda mención de prejuzgamiento. Que requiere, por principio, que se trate del mismo magistrado (arg. art. 7 del cód. proc.).
Además, ninguna de tales resoluciones son motivo de la apelación en tratamiento.
Por ello, lo expresado en el punto X, párrafos primero a quince, en cuando aplicados a cuestionar aquellas disposiciones, no califican como agravios de la emitida en estos autos (arg. art. 260 del cód. proc.).
4. En general, se nota que los recurrentes insisten en planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante la instancia anterior, exteriorizan disconformidad con el sentido de la resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante, intentando hacer prevalecer el propio criterio por sobre el del sentenciante y no alcanzan a demostrar razonadamente los yerros que imputan al pronunciamiento, atacando idóneamente los fundamentos medulares sobre los que se estructura el fallo.
Tanto más, reparando en que, si se tuvo por acreditada la simulación sobre la base de prueba de presunciones o indicios que por su número, precisión, gravedad y concordancia formaron la convicción del juzgador, evidencia una errónea técnica recursiva cuestionar uno a uno los elementos considerados, cuando el medio probatorio de esta naturaleza lo constituyen tales indicios o presunciones tomados globalmente y no en particular (SCBA LP C 107271 S 17/8/2011, ‘Rivera, Luis Manuel c/Fernández, Gregorio Ricardo s/Daños y perjuicios’, en Juba, fallo completo; arg. arts. 163.5, segundo párerafo y 384 del cód. proc.).
Con ese panorama, es claro pues que la solución no puede ser otra que desestimar el recurso, en todas sus partes, lo que este voto propicia, imponiendo a los apelantes las costas como fundamentalmente vencidos (art. 68, primera parte, del cód. proc.).
VOTO POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde desestimar el recurso, en todas sus partes, lo que este voto propicia, imponiendo a los apelantes las costas como fundamentalmente vencidos (art. 68, primera parte, del cód. proc.).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso, en todas sus partes, lo que este voto propicia, imponiendo a los apelantes las costas como fundamentalmente vencidos.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Civil y Comercial n°1 y devuélvase el expediente en soporte papel.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 05/03/2025 11:57:45 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2025 12:50:05 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2025 12:55:22 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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239100774003728451
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 05/03/2025 12:55:35 hs. bajo el número RS-10-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
