Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
Autos: “EGUREN IGNACIO LAUTARO C/ LEPORATI Y CIA S.A. S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO”
Expte.: -89344-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “EGUREN IGNACIO LAUTARO C/ LEPORATI Y CIA S.A. S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO” (expte. nro. -89344-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 28/3/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundado el recurso de apelación articulado el 23/9/2024 contra la sentencia definitiva del 16/9/2024?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. El pronunciamiento de primera instancia contiene un prolijo relato de lo que formó parte de la relación procesal.
Evocó que a fojas 483/499 vta., Ignacio Lautaro Eguren demandó que ‘Leporati y Cía. S.A.’ le pagara la suma de $339.309,74, más intereses y ajustes por tipo de cambio, con causa en lo adeudado por los servicios profesionales prestados, a la referida sociedad integrada por los socios Daniel y Eugenio Leporati, durante la campaña 2012-2013 en los establecimientos ‘El Cinco’, ‘El Trapal’ y ‘La Cuarteada’.
Dijo el actor que era ingeniero agrónomo, a cargo de la empresa Eguren & Cía, y que fue contratado por la mencionada sociedad para trabajar en la campañas 2011/2012 (en los establecimientos ‘La Laura’, ‘El Trapal’, ‘La Cuarteada’ y ‘El Cinco’) y 2012/2013 (en los establecimientos antes citados).
Explicó en qué consistían sus servicios y que parte de la documentación que agrega estaba relacionada con ‘El Trapal S.A.’, (sociedad integrada por los mismos socios, Daniel y Eugenio Leporati), en razón de que las facturaciones de insumos y servicios de contratistas se realizaban indistintamente con cualquiera de las sociedades por razones de conveniencia impositiva o de operatividad interna.
En relación al vínculo con el demandado, afirmó: (a) que en septiembre de 2011, había celebrado un contrato de aparcería con la firma demandada por una cosecha de maní para el período 2011/2012, en una fracción de campo de 292 hectáreas, aportando los agroquímicos y las labores, y la otra parte el inmueble, la semilla y labores; conviniéndose una distribución del 75% para el aparcero dador y 25% para el aparcero tomador, quedando saldadas todas las obligaciones terminada la cosecha; (b) que a la finalización de la campaña 2011/2012, ‘Leporati y Cía S.A.’, le debía en concepto de honorarios por asesoramiento facturados, la suma de $121.000, los cuales fueron cancelados con la entrega de sucesivos cheques por esa suma, quedando un saldo a favor de la empresa por $5.000, que se imputaron a los honorarios de asesoramiento de la campaña 2012/2013; (c) que por la campaña 2012/2013, ‘Leporati y Cía. S.A.’, debía pagarle, por los servicios profesionales prestados en los establecimientos ‘El Cinco’, ‘El Trapal’ y ‘La Cuarteada’, la suma total de U$s. 53.652, más IVA (a fs. 486/486vta se detallan los valores convenidos por cada servicio); y que se acordó que el 50% de ese monto, se pagaría en doce cuotas mensuales de aproximadamente U$s.2.000, convertidos a pesos con sujeción a la variación del tipo de cambio del dólar tipo vendedor del Banco Nación, y que el otro 50% sería cancelado al finalizar la cosecha, con la misma variación; (d) que por los servicios prestados en la campaña 2012/2013, el actor entregó una serie de facturas a la demandada, con los números: 12 ($45.790,82), 16 ($9.158,16), 17 ($9.228,73), 52 ($9.413,86), 53 ($9.497,17) y 54 ($9.497,17), recibidas todas sin observación alguna (aclara que la factura n°12 comprendía las primeras cinco cuotas); (e) que la firma sólo le entregó como principio de pago un cheque por $10.000, librado el 10 de enero de 2013, que sumado a los $5.000 de saldo acreedor, reunían un pago de $15.000; (f) que ante la mora del demandado en el pago de las facturas, sumado a ciertos comportamientos que exteriorizaban la voluntad de incumplir con lo pactado en la locación de servicios, remitió, el 5/6/2013, las facturas 57 y 58, reclamando el importe total pendiente del contrato, más la facturación de los intereses de las anteriores facturas aún no abonadas, y el ajuste de diferencia de cambio.
Luego de un intercambio telegráfico, en el cual la parte demandada desconoció el monto del crédito y le reclamó la entrega de 63.120 kilogramos de maní, con sustento en que habrían sido retirados y liquidados excediendo la participación del actor en el contrato de aparcería referido supra, decidió a reclamar el crédito judicialmente.
Ofreció prueba y fundó en derecho.
Continúa la crónica de la sentencia, señalando que a fojas 765/773, ‘Leporati y Cía. S.A.’, contestó la demanda, mediante la representación orgánica de Eugenio Leporati, resistiendo la pretensión y reconviniendo por cobro de una suma de dinero, más daños y perjuicios.
Realizó negativas; reconoció parte de la documental. Y opuso excepción de falta de legitimación pasiva, por todos los conceptos que se imputan a ‘El Trapal S.A.’ en la facturación de fojas 17/25, por la suma total que allí se indica.
Desconoció que el actor haya prestado servicios durante la campaña 2011/2012 (sólo existió, afirma, un contrato de aparcería que tuvo por objeto una explotación puntual). Y en cuanto a la campaña 2012/2013, sostuvo que la actividad del actor se limitó al monitoreo de cultivos destinados a cosecha (en ningún caso pasturas y/o forrajes), visitando lotes, recomendando, y ordenando la pulverización.
Imputó el pago de la suma de $136.000 a los servicios prestados en la campaña 2012/2013; a diferencia del actor, que los imputó a la campaña 2011/2012. Explicó que, al dividir la suma de $136.000 por la cantidad de hectáreas atribuidas al demandado, se llega a un precio por hectárea compatible con el de mercado. Afirmando que las facturas 57, 58 y 59 sí fueron desconocidas mediante envío certificado.
Sostuvo la reconvención en que, como consecuencia del contrato de aparcería del 2012, el actor reconvenido se quedó con 64.110 kilos de maní en exceso. Ello así porque, si la producción total fue de 689.460 kilos, entonces, le correspondían al actor 172.365 kilos (el 25%), y no los 236.475 kilos que le entregó al procesador de maní (Grupo Cavigliasso SA). Asegurando que, por dicho excedente, el actor le quedó debiendo la suma de U$s. 47.820, al cambio del Banco Nación, tipo vendedor, al del efectivo pago, más intereses desde la mora que indica.
Reclamó, además, daños y perjuicios por la suma de $ 200.000, subordinado a lo que en más o en menos surja de la prueba, e intereses, con causa en que el embargo de las cuentas, en su entender, abusivo, le habría ocasionado el rechazo de 7 cheques por ‘cuenta embargada sin fondos’, lo que imposibilitó que CASE Internacional le otorgara un crédito para la compra de maquinaria en condiciones ventajosas para la firma.
Ofreció prueba y fundó en derecho.
A fojas 786/790vta, el actor reconvenido contestó la reconvención, solicitando que se desestime. Expresó que la producción de maní fue, en realidad, de 945.900 kilos; es decir, superior a lo que dijo el demandado. Por ende, concluye, el actor se habría quedado con el porcentaje que le correspondía. Negando que el embargo haya sido abusivo.
2. La sentencia rechazó la demanda e hizo lugar, parcialmente, a la reconvención. Imponiendo las costas a los vencidos, según la suerte de cada pretensión.
Para así decidir, producto de sus argumentaciones, el juez arribó a la convicción, en lo que interesa destacar: (a) que no se había probado que el actor hubiera haya prestado servicios durante la campaña 2011/2012. Pues así lo persuadía la voluminosa prueba documental acompañada con la demanda, especialmente, facturas y remito e informativa, referidas a operaciones realizadas durante el período 2012/2013, porque de haber prestado servicios a la demandada durante la campaña 2011/2012, la prueba documental e informativa relativa al año 2011 y primeros meses de 2012 debería haber sido igual de abundante. Y que el peritaje agronómico informaba que en el sistema de gestión Physis los registros más antiguos databan recién a partir del 1/7/2012; (b) que tampoco estaba probado el alcance o detalle de servicios que afirma el actor, ni el precio atribuido a los mismos, apoyándose para ello en el mismo peritaje. Y con relación a la imputación de los pagos realizados, tampoco resulta posible para el experto contador, luego de analizar los libros llevados por la demandada en legal forma, establecer un vínculo entre el pago de $121.000 en cheques y las ‘facturas anteriores al reclamo de demanda’; (c) que aun si las facturas emitidas a partir del 12/11/2012 no hubiesen sido impugnadas tempestivamente, no está probado lo esencial, que es la prestación de servicios durante la campaña 2011/2012, y que los pagos realizados hayan sido para cancelar aquellos; (d) que tanto el informe de Grupo Cavigiasso S.A., como el peritaje contable echan luz sobre cómo se realizó la distribución del maní, que terminó beneficiando a Eguren, al recibir más de lo que por el contrato le correspondía. Y, surge de las constancias de autos, el reconvenido omitió impugnar razonablemente ambos informes (fs 916 y 977) en tanto le atribuyen haber recibido 335.800 kilos. Por lo que Eguren deberá responder por esa diferencia de 91.800 kilos de maní; (e) que según los números y cuentas realizadas, el resultado daba U$s. 71.812,38, entendiendo que tal era la suma que deberá pagar el reconvenido. Monto al que dispuso adicionar la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días; (f) que en cuanto a lo reclamado en concepto de indemnización con sustento en que el embargo trabado habría sido abusivo, fue rechazada; (g) que en cuanto a las costas, Imponer las costas a los vencidos, según la suerte de cada pretensión (art. 68 Cód. Proc.).
3. Apeló el actor. Fundamentalmente se agravió de la procedencia de la excepción planteada. Toda vez que, en primera medida, la demandada, no desconoció las facturas que recibió en tiempo y forma por el reclamo efectuado por la Carta Documento del 19 de junio de 2013 (de las facturas de fs. 17 a 25) en su contestación a dicha misiva con fecha 24 de junio de 2013. Así como tampoco, hasta ese entonces había reclamado alguna deuda del actor (fs.477). Estimando además que una muestra del manejo que hacían las firmas ‘El Trapal S. A.’ y ‘Leporati y Cía.S.A.’, por medio de sus representantes, se lo tenía explicado en los oficios contestados por los contratistas y las firmas o empresas que proveían insumos, en las que con amplias facultades el Eguren realizaba retiros, entregaba recibos, contrataba labores, entregaba los pagos con cheques firmados por los representantes de las empresas mencionadas. Alude a la documental que indica. Y seguidamente cuestiona la pericia contable. En tal sentido, manifestó que: ‘(…) Justamente al contestar el punto 4, el perito indicó que: “… este perito no puede establecer un vínculo directo con las facturas…”. Esta circunstancia nos lleva a considerar que o bien los libros de la demandada no son llevados en debida forma, o no le fueron entregados al perito los mismos en su totalidad’. Concluyendo que eso se debía a que ‘(…) el perito ha analizado libros cuyos asientos son como mínimo irregulares, circunstancia sobre la cual el perito ha omitido expedirse en el punto 2 de su pericia, donde solo se limitó a contestar que “… los mismos se encuentran debidamente rubricados en legal forma…”, sin decir nada de los asientos contables volcados en los mismos’.
Respecto del mismo tema, señaló: ‘(…) siendo que los honorarios son de la misma persona física, en este caso el actor, es algo común en el comercio y fundado en la confianza y las, reitero, amplias facultades otorgadas al Ing. Eguren de cancelarle de fondos indistintos de parte del Sr. Eugenio Leporati y Daniel Leporati en su calidad de Socios Directores tanto de Leporati y Compañía S.A. como de El Trapal S.A. y el libramiento de cheques de ambas firmas para cancelar facturas, justamente por manejos internos e impositivos. Ellos mismos siempre solicitaron a quien facturarle durante toda la relación comercial y hacían coincidir los pagos de acuerdo a quien se le facturaba’.
También cuestionó que se haya concluido que en la campaña 2011/2012 no se prestaron servicios. Para concretar su crítica, puso de relieve que el contrato es un objeto de existencia ideal y no física. Refiriéndose luego a que tan solo a foja 185, obraba como documental una factura Nº1003-00001049 de la firma DESAB, con fecha de emisión 15/9/2011 que parecen los peritos y el Juez de grado haber obviado. Agregando más adelante: ‘(…) lo cierto es que la abrumadora documental de esta parte y hasta la que fue desconocida por la demandada, prueban acabadamente que Ignacio Eguren prestaba servicios muy amplios y tal como se expresa en formal demanda’. Describiendo, a continuación, alguno de los trabajos que realizaba.
‘La misma pericia agronómica el 14/07/2019 en sus aclaraciones solicitadas por esta parte, demuestra que prestaba servicio de pasturas y forrajes que la demandada niega tratando de acotar el abanico de todo lo que hacía. Basta solo con la compulsa que realizó el perito donde dice que el actor prestó servicios de siembra y fumigación de avena, cebada forrajera, pastura, etc. en establecimiento “El Cinco”; lo mismo sucede en “El Trapal”, donde hay avena, pastura, etc. Incluso el mismo perito manifiesta: “… Este perito no duda de la documentación presentada…”, reveló.’
Y enseguida: ‘(…) El precio y las modalidades de pago, estuvo siempre consensuado con la demandada, de ahí que la misma reconozca “pagos a cuenta”’. Sobre eso, en otro párrafo indicó: ‘(…)Y obviamente habiendo facturado, el demando abonado “según el mismo”: “pagos a cuenta” dichos valores estaban acordados. No hay margen para suponer que pagaban sin saber que pagaban”’.
Apuntó que muchas decisiones no se plasmaban en papel ni en el sistema Physis porque además es muy común en la actividad. Las decisiones luego de una seca importante debían tomarse con velocidad y aprovechar la humedad del suelo, que atento los años anteriores, no había ni tiempo ni margen para errores. Continuando, después, con la crítica a la pericia agronómica: ‘(…)Respecto de la negativa del mismo perito a un plan de siembra, elección de cultivos y superficie a sembrar: no se comprende por qué niega que existan las mismas, si él mismo las describe confeccionando un cuadro y reconociendo el detalle: “… órdenes de trabajo (Cultivos -) en el sistema de gestión papel, por la que el actor prestó servicios, las que se expresan para labor Siembra y fumigación y son: En el establecimiento “El CINCO” son: …”. Seguidamente existe un cuadro con los cultivos/ hectáreas/ U$s x Hectárea/ U$s totales’.
Continuó con la misma experticia, refiriendo que existía ‘(…)un cuadro por el establecimiento “TRAPAL” de iguales características que el anterior y nuevamente reconoce que la superficie de los cultivos declarados en la demanda como los importes demandados a los valores que según el actor acordó, no son coincidentes con los manifestados en el sistema de gestión para órdenes de trabajo (cultivo). El importe reclamado por los servicios prestados en demanda punto D para El Trapal y La Cuarteada son U$S 23.125,50 IVA y los que el sistema de gestión para órdenes de trabajo, en función de las hectáreas expresadas en el sistema por los valores que el actor dice cobrar es U$S 22.995,50 IVA. Nuevamente el mismo perito reconoce que existe registro de los precios que se cobraban’.
Ya sobre el final de los cuestionamientos a ese informe, se acordó que el experto había dicho que: “… En lo referido a si el actor prestó servicio no tengo dudas que lo hizo, lo que no puedo afirmar, por la documentación presentada en el expediente y en el sistema de gestión, que todos los servicios denunciados por el actor en la demanda fueron prestados… Este perito no duda de la documentación presentada, lo que no puede es evaluar si los servicios fueron efectivamente prestados…”.
Cerró este tramo, solicitando que la sentencia de primera instancia fuera revocada en torno a que los servicios fueron prestados en la campaña 2011/2012 y no solo en la 2012/2013; que dichos servicios eran muy amplios y diversos; que el precio y las modalidades de pago estaban consensuados y venían abonándose conociendo la demandada que pagaba.
Enfocado a la aparcería, lo primero que subrayó el apelante es que el mayor error de la sentencia es que reconocerle al reconviniente quien reclamó 64.110,00 (sesenta y cuatro mil ciento diez) kgs. de maní en grano (ver fs. 770) la cantidad de 91.800,00 (noventa y un mil ochocientos). Situación que termina configurando un enriquecimiento indebido toda vez que además el actor no le debe un solo peso o dólar por la distribución del maní en grano.
Igualmente, adunó que el 25% que tendría a su favor y el 75% que sería para ‘Leporati y Cía. S.A.’, como todos estos contratos, se ajustan o equilibran al final. Es decir, se balancean con la distribución de los granos cosechados. Y le sorprende que habiendo sido anoticiada la demandada con fecha 6 de julio de 2012 de la distribución de kilos, recién realice el reclamo de la diferencia el día 24 de junio de 2013 y desde luego al recibir el reclamo de los servicios profesionales el 19 de junio de 2013 (tal como luce en el intercambio epistolar entre las partes).
Propuso que la falta del reclamo de diferencia de kilos de maní, por parte de la demandada se debió al aporte que hizo el actor de agroquímicos y labores. Reiterando que, nunca en una siembra asociada se termina aportando exactamente lo mismo que expresa el contrato. Por lo que las cantidades de mercadería a retirar varían de lo planificado. No considerando un detalle menor, que el maní en grano se retiró de su campo, con el control de su propio equipo de trabajo, porque como aparcero dador el demandado aportó labores de cosecha.
Eventualmente, postuló, de acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente, la confirmación parcial de la sentencia debería serlo por los 63.120,00 (sesenta y tres mil ciento veinte) kilogramos de maní de acuerdo a la misiva del 24 de junio de 2013 de fs. 476 agregada por esta parte; o por la de 64.110,00 kgs. de maní en grano que hacen un total de U$s 50.151,32, muy lejos de los U$s 71.812,38, que nunca fueron reclamados ni siquiera en la reconvención de la demanda.
Para concluir, reclamó por la fecha de la mora y por los intereses concedidos en el fallo (v. escrito del 14/10&2024).
4. Respondió la demandada. Cuanto a la excepción de falta de legitimación, recordó lo dicho en la contestación de la demanda y los argumentos de la sentencia que receptó la defensa. Luego se refiere a que las facturas de Desab S.A., según había dicho en su contestación a la demanda, no obedecían a que al actor, en todos los casos, hubiera comprado los insumos por cuenta de ella, sino a que como con anterioridad a su trabajo autónomo el actor había sido empleado de aquélla, conservaba llegada con sus empleados, al punto de conseguir esas copias, que claramente no son las emitidas para el adquirente porque carecen del logotipo del emisor en el margen superior izquierdo (comparar las de fs. 41,42,44,47,48,52,53, con las de fs. 56,57,58,59, etc., propio de un duplicado ‘interno’), al punto de incluirse en la documentación aportada débitos por intereses y diferencias de cambio, que no tienen que ver con la gestión agronómica, supuesto objeto de contratación (v. fs.88,89,90,91,92., entre otras). Lo que probó con el informe de la empresa señalada, en cuanto a que Eguren estuvo en relación de dependencia entre el 14 de enero de 2004 y el 16 de enero de 2012 (fs.900).
Respecto a la pericia contable, destacó que el experto reseñó que los libros encontraban rubricados y llevados en legal forma. Estimando que el defecto quizá no estaba en la respuesta, sino en la cuestión porque hay precisiones que pueden no resultar del libro diario contable, que conjetura no tiene usualmente la apertura que se asienta en subdiarios, banco, caja u otros rubricados (o no) cuyo relevamiento el actor no pidió.
Atinente a la desestimación de los servicios alegados por la campaña 2011/2012, de nuevo, la documentación que el actor pueda aportar originada en la agronomía Desab S.A., dice más de su vínculo con esa firma que de su trabajo para la demandada. Agregando que si hasta ‘el 16 de enero de 2012’ trabajó para esa firma ‘bajo relación de dependencia’ (fs.900), lo que supone una dedicación horaria exclusiva, no se advierte en qué momento durante la siembra del 2011 podría haber desarrollado las tareas que dice haber realizado para el demandado.
Por otra parte, hizo notar que los puntos de pericia puestos por la actora al agrónomo (5/5/2019) sólo aluden a la campaña 2012/2013. Y en esa parcela pone el acento en todo lo que el experto no pudo verificar. A partir de lo cual considera que el actor no prestó en la campaña 2011/2012 ningún servicio, tampoco control de cosecha, y que en la 2012/2013 mal pudo haberlo hecho porque como afirma en demanda “un día llegó al campo “El Cinco” y se encontró con una máquina cosechando sin habérsele avisado nada” (fs 487 vta.).
Y que, si bien en partes omitidas del dictamen que se vino glosando, el agrónomo aludió a que muchos de los trabajos estaban descriptos en la demanda, el proceso judicial justamente consistía en corroborar con otras pruebas lo que allí se afirmaba, lo que en el caso no ocurría por lo que concluyó: ‘no me es posible advertir la realización de todos los servicios, tareas y etapas descriptas en el capítulo III apartado A’. Aludiendo a que los valores que informa la pericia, deja en las prestaciones admitidas a fojas 769.
Relacionado con la aparcería, explico por qué era imposible partir la mercadería en el campo. Y que la espera de un año para el reclamo fue porque durante ese tiempo, las partes continuaban con una relación comercial, por la prestación de servicios que realizaba el actor a la demandada, por lo que nos parece verosímil, que aunque la diferencia hubiera existido los reclamos de Leporati y Cía S.A. no hayan pasado de la esfera verbal porque se esperaba arreglar tal diferencia en esos tratos. Por lo demás, desde que se reclamaron rubros que no fueron acogidos por la suma estimada “o la que V.S. prudencialmente fije”, la sentencia no puede ser considerada incongruente. Agregando: ‘(…) El principio de congruencia exige que la sentencia recaiga sobre la misma base fáctica, después si de la prueba (informativa y pericial contable en el caso), resulta una deuda mayor que la estimada por el reconviniente en base a documentación que le fuera aportada por el deudor, nos parece que no se aparta el juzgador al fallar en base a las probanzas reunidas’.
Finalmente, avalando el curso de los intereses, la tasa acordada en el fallo le parece la menor a la que podría recurrir y que cualquier cosa que hubiere hecho el acreedor de haber tenido el capital hubiera superado el rendimiento que le da la sentencia, pugnando por su confirmación.
5. Pues bien, con arreglo a uno de los argumentos que trae el apelante, cabe comenzar por preguntarse si las facturas de fojas 17 a 25, que son aquellas que se reclaman, fueron entregadas y recibidas por la demandada sin presentar objeciones, como lo afirma en su expresión de agravios (v. escrito del 14/10/2024, III, A, B, párrafo 20; v. fs. 29: ‘Declaración de composición de saldo a cobrar’).
Acerca de tal premisa, el intercambio epistolar documentado en ambas presentaciones, revela que el 19/6/2013, mediante la carta documento 327842011, el actor intimó el pago de las facturas 0001-00000012, 0001-00000016, 0001-00000017, 00001-00000052, 00001-00000053 y 0001-00000054. La sociedad respondió el 24/6/2013, con la carta documento 327842158, rechazándola y aludiendo a la liquidación pendiente de 63.120 kg. de maní de un contrato de aparcería del 28/3/2012, a pagos a cuenta por $136.000 de una factura 06 ‘y demás que cita’, por lo que considera no hay demora injustificada, sino la espera de una definición. Intimando, al final, la entrega de la mercadería o los pesos correspondientes.
Esa carta documento, a su vez, fue contestada por el actor, el 28/6/2013, con la 327842351, negando tener que arreglar lo referido al maní, afirmando que su cuenta no registraba pagos y requiriendo se abonaran las mismas facturas ya mencionadas en la del 19/6/2013, más la 0001-00000057, 58 y 59. Aquélla, fue respondida por la demandada con la carta documento 327842467, del 2 de julio de 2013, desde donde insistió en los reclamos por el saldo de maní, comentando que en esas circunstancias se recibían las facturas por asesoramiento que no se pagaban, sino que se hacían entregas a cuenta, mientras se pedía rendición de la semilla, que al no suceder se suspendieron. De lo cual resulta un reconocimiento expreso de haberlas recibido (fs. 473/478, 741/748). Salvo respecto de la factura 0001-00000057, por $245.674,48, que repudió por no corresponder a ningún servicio prestado.
Al margen, las de fojas 17/22 aparecen contabilizadas en su libro Compras, correspondiente al mes de emisión de cada factura (fs. 976 y vta., 4; arts. 63, segundo párrafo y 474 del Código de Comercio; arts. 330, primero y segundos párrafos y 1145 del CCyC; art. 384 y 474 del cód. proc.).
Claro, hay una nota del 18/6/2013, donde se alude a la devolución de las facturas 57/58 y 59, pero carece de verosimilitud (fs. 233/234). Primero porque no admite correlación inequívoca con un aviso de retorno CU563621340, cuyo código de seguimiento no corresponde a una carta documento; quizá a una carta certificada, cuya recepción no acredita su contenido. Segundo, porque aquellas facturas que recién aparecen mencionadas en la CD327842351 posterior, del 28/6/2013, no merecieron objeciones en la carta documento 327842467, del 2 de julio de 2013, con que se dio respuesta a aquella, recién mencionada, donde se rechazó la factura 0001-00000057, por $245.674,48, pero sin evocar esa nota del 18/6/2013, no obstante ser la misma persona –Eugenio Leporati– quien aparece firmando ambas, por ‘Leporati y Cía S.A.’ (fs. 734, 745 y 748, art. 384 del cód. proc.).
Puede decirse entonces, que a tenor de los datos recopilados y con arreglo a lo que se desprende de la relación procesal –que aparece en la demanda y contestación-, ha de tenerse por auténticas las facturas de fojas 17 a 25, que llevan el peso de la pretendido en autos, cuya recepción no fue negada categóricamente y que, en su caso hay que considerarlas presentadas el día de su fecha (art. 847.1 del Código de Comercio). Excepto la 0001-00000057, sobre la que se volverá más adelante (art. 34.4, 163.6, 354.1 del cód. proc.).
En este marco, entregadas las facturas o presumida su entrega el día en que fueron emitidas, se activó lo normado en los artículos 73, 474 y 847.1 del Código de Comercio y 919 del Código Civil, vigentes al momento de tales acontecimientos (art. 7 del CCyC). Aplicable a la locación de servicios, por analogía, en cuanto dispone que, no siendo reclamadas dentro de los diez días siguientes a la entrega y recibo, se presumen cuentas liquidadas (art. 16 del Código Civil; Rouillón, Adolfo A.N., ‘Código de Comercio…’, La Ley, 2005, t. I, págs. 617 -21-, 623 -32-). No exigiéndose la conformidad expresa –dice Zavala Rodríguez-, pues el silencio produce las mismas consecuencias (aut. cit., ‘Código…’, Ediciones Depalma, 1979, t. II, pág. 145; CC0000 PE C 4574 RSD-51-5 S 26/4/2005, ‘Rizobacter Argentina S.A. c/SAFICO S.A. s/Cobro sumario de pesos’, en Juba sumario B2801726).
Régimen que actualmente se desprende de los artículos 263 y 1145 del CCyC, y según el cual se presume aceptada ‘en todo su contenido’ la factura no observada dentro de los diez días. De aplicación analógica a cada contrato o negociación que así se instrumente, por la necesidad de interpretar de modo coherente el cuerpo legal, tal como dispone el art. 2 y se deriva del principio contenido en el art. 1124, ambos del CCyC (Muguillo, Roberto A., ‘Ponencia’, Instituto de Derecho Concursal San Isidro; Cám. Nac. Com, sala C, sent. del 18/12/2018, ‘Protección de Riesgos S.R.L. c/ Maderas Exóticas S.A., s/ ordinario’, en elDial.com, AABOC6; SAIJ, ‘Contratos, compraventa, factura, aplicación de la ley’, fallo citado; arts. 2 y 319 del CCyC).
Es así que, entonces, ‘Leporati y Cía. S.A.’, que recibió tales documentos sin impugnarlos en el plazo legal, resultó aceptando, siquiera tácitamente, las modalidades y condiciones del contrato al que aplicaron, los trabajos que se remuneraban –‘Honorarios Asesoramiento’-, y la retribución consiguiente. Pues, con salvedad del número 0001-00000057, nada de eso fue cuestionado de las restantes facturas. Las que constituyen, cabalmente, uno de los medios de prueba de los negocios mercantiles, considerándose a partir de entonces, cuentas con óptima eficacia liquidatoria, probatoria y plena exigibilidad. Aunque por sí solas, no comprueban el pago del precio del bien o servicio (Fernández-Gómez Leo, ‘Tratado…’, Ediciones Depalma, 1986, t. III-A, pág. 434 y fallo de la Suprema Corte, allí citado; CC0003 LZ 1727 RSD-248-10 S 7/12/2010, ‘Bustos, Hugo Enrique c/ Consorcio de Copropietarios calle Alem 334 de Lomas de Zamora s/ Cobro de pesos’, en Juba sumario B3750692; art. 208.5 del Código de Comercio, art. 319 del CCyC.). De tal guisa que, así apreciado, no faltó convención al respecto (fs. 769.f; arts. 1145 y 1146 del Código Civil; arts. 979, 980.a, 983 del CCyC).
2. Ahora bien, la demandada opuso al progreso de la acción, la falta de legitimación pasiva, cuya procedencia cuestiona la apelante, de modo que, para seguir ahora con ese tema, cabe detenerse en el ‘Compromiso previo de escisión fusión’, del 30/10/2012, donde aparece ‘El Trapal S.A.’, como sociedad absorbente de parte del patrimonio de ‘Leporati y Cía. S.A.’, la cual no se disuelve, continuando con el desarrollo de sus actividades, detallándose entre los motivos para la reorganización societaria, el beneficio para ambas sociedades, obteniendo una adecuada explotación de los medios productivos, evitando la sobredimensión de recursos (fs. 548, 550/555).
Es el supuesto contemplado en el artículo 88.1 de la ley 19.550. Y un antecedente del cual puede inferirse, antes que una situación de dos sociedades absolutamente extrañas, al menos la existencia de ciertas relaciones entre ‘El Trapal S.A.’ que tiene, al 24/4/2013, como presidente del directorio a Daniel Leporati (DNI 12.194.550; fs. 550/555) y ‘Leporati y Cía. S.A’, que tuvo como presidente del directorio a Ricardo Eugenio Leporati, fallecido el 10/1/2012 (fs. 581/584, quien aparece el 18/10/2002 apoderando por la sociedad al abogado presentado con ese poder el 18/8/2014 (v. fs. 636/637, 638) y a Eugenio Leporati, en el mismo cargo al 10/5/2015, momento del escrito de fojas 765/773. Pero también a Daniel Leporati, DNI 12.594.550, al 7/5/2013. Quien, al parecer, fue alternativamente presidente del directorio de ambas sociedades, pues en aquella condición lo identifica la escribana Estela Juana Gallo, en la certificación de fojas 556/557, habiendo sido poco antes, al 24/4/2013, presidente de ‘El Trapal S.A.’. O, quizás, simultáneamente, como podría inferirse de lo expuesto en el ‘Compromiso Previo de Fusión’, del 30/10/2012 (fs. 551).
Por otra parte, está la factura 0001-00001039, emitida por Larramendi a ‘El Trapal S.A.’ el 25/7/2012 (fs. 422), pero que según informa a fojas 943/944, luego de asegurar su autenticidad, se le pagaba ‘(…) con cheques de la firma Leporati y Cía (…)’ (arts. 384 y 401 del cód. proc.).
Son datos, pero no menores, que habilitan pensar en cierta correlación familiar o comunión en el manejo de ambas entidades, que más se corresponde que desentona con que la firma demandada recibiera y conformara tácitamente las facturas presentadas por Eguren, aun consignando el costo por asesoramientos profesionales a ambas empresas, sin impugnar en tiempo propio los asignados a ‘El Trapal S.A.’ (v. fojas 636, 637, 717, 744, 748, 767, párrafo 6; art. 163.5, segundo párrafo, del cód. proc.). Más allá que Daniel Leporati, pudiera haberle encomendado al actor una ‘tarea puntual’, el 12/11/2012, facturada a esta última (v. fs. 712, y 767, sexto párrafo; v. escrito del 14/10/2024, III. A).
Es lo que surte de aplicar el principio de primacía de la realidad, encaminado a otorgar prioridad a los hechos tal como se permitió se dieran, cuando se observa una discordancia entre lo que ocurrió en la experiencia y lo que surge tal vez de documentos o acuerdos, y se postula -en este caso- oponer a aquellos los efectos que normalmente derivan de la personalidad jurídica, reconocidos por la ley (Morea, Adrian Oscar, ‘Radiografía del principio de primacía de la realidad’; que puede consultarse en la página: https://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf140002-morea-radiografia_principio_primacia_realidad.htm#; para conceptualizar los principios dentro del orden jurídico: Dworkin, Roland, ‘Los derechos en serio’, Ariel Derecho, 2010, traducción de Marta Guastavino, págs. 72 y stes.; arg. arts. 218.4 del Código de Comercio; arts. 7, 10, 141, 143, 961, 1061 y 1065.b del CCyC; arts. 1, 2, de la ley 19.550).
Con lo expuesto, de alguna manera, se responde al interrogante que se planteó la demandada a fojas 767, párrafo 4, y se torna estéril la observación que las facturas hayan sido emitidas por un CUIL unipersonal. O a que Eguren no haya traído a juicio a Daniel Leporati, sedicente ‘responsable’ de ‘El Trapal S.A.’, pero parece que, en algún momento, de ‘Leporati y Cía. S.A.’. Revelando inadmisible, por sus fundamentos, la excepción cuyo tratamiento encabezó este tramo (fs. 766/vta. a y 767; v. las normas ya citadas).
2.1. Si bien esa firma sostuvo que todo lo que hubo entre las partes en la campaña 2011/2012, fue un contrato de aparcería respecto de una explotación puntual, de la pericia agronómica –inobservada por aquélla- se desprende que Eguren, no sólo realizó trabajos en la campaña 2012/2013 (1/7/2012, 1/7/2013, según el experto), sino también en la campaña 2011/2012.
En tal sentido, destaca el perito que ‘(…) existe documentación presentada en papel en el expediente, anterior al 1/07/2012 que no se encuentra en el sistema de gestión, debido a que los registros presentes son en el mismo a partir de dicha fecha. Ej.: ordenes de trabajo N.º 29 en establecimiento el Cinco de fecha 23/05/2012. En las ordenes de trabajo se detalla el personal que realizo la actividad pudiendo observarse que en muchos casos la actividad fue realizada con personal propio de Leporatti y Cía. según lo manifestado en la documentación papel como el sistema de gestión’ (arts. 384 y 474 del cód. proc.).
Puede agregarse, compulsando el expediente, la Orden de Retiro del 13/6/2012 para el campo ‘El Cinco’ (fs. 162). Facturas de Desab 00045226, del 22/6/2012 (fs. 165), 00045223, del 22/6/2012 (fs. 166), 000041188, del 21/6/2012 (fs. 167), 00003495, del 12/5/2012 (fs. 169), 00045180, del 19/6/2012, (fs. 171), 00045262, del 23/6/2012, (fs. 173), 00045261, del 23/6/2012 (fs. 175), 00003552, del 30/5/2012 (fs. 177), 00003494, del 12/5/2012 (fs. 179), 00003551, del 30/5/2012 (fs. 181), 00003465, del 3/5/2012 (fs. 220), 00003489 del 8/5/2012 (fs. 221), 00002308, 27/3/2012 (fs. 222), 00003307, del 27/3/2012 (fs. 224), 00003462, del 30/5/2012 (fs. 225), 00003467, del 3/5/2012 (fs. 226), 00001438, del 27/10/2011(v. fs. 874, avaladas con el oficio de fs. 881/882vta., respondido por Desab; art. 401 del cód. proc.). Facturas de Sigra Cereales-Semillas, número 00040069, del 31/5/2012 (fs. 244), 0001-00043354, del 28/5/2012, (fs. 245; oficio de fs. 946; art. 401 del cód. proc.). Planilla de aplicaciones, establecimiento ‘El Cinco’, número 31 del 2/5/2012, (fs. 438), y numero 30, del 2/5/2012, mismo establecimiento (fs. 439). ‘Los Baskos’, pulverización, ‘El Trapal S.A.’, factura 001-00000458, del 10/4/2012 (fs. 440).
Entonces, volviendo a aquellos $136.000 a los que aludiera la demandada en la carta documento 327842158, del 24/6/2013, ya no cabe necesariamente su imputación tal como la propuso al responder la demanda, a pagos adelantados, sin facturación, de la campaña 2012/2013, sobre la base de que, en la campaña 2011/2012, sólo hubo entre las partes aquella aparcería (fs. 768, quinto párrafo). Y tampoco la cuenta consiguiente, generada sobre tal supuesto, arribando así al resultado de que nada debe (fs. 769 y vta.).
En cambio, si la opción es que de la suma $136.000 (fs. 485, 126.000, fs. 487 $10.000) se aplicara a los trabajos realizados por la campaña 2011/2012, como lo postula el actor, o a los servicios de la campaña 2012/2013, lo verosímil es lo primero, pues aquellos, aceptablemente demostrados, quedarían de otro modo sin compensación alguna (v fs. 485.C y vta,, y 769.c, tercer párrafo).
No siendo impedimento para así concluir la falta de emisión de facturas en 2011, a poco que se advierta que la empresa, para sostener su versión, tuvo que admitir que habría hecho pagos sin facturas y adelantados (fs. 764.c, cuarto párrafo, 767/vta., quinto párrafo; arts. 136.5, segundo párrafo, 384 y concs. del cód. proc.).
En todo caso, por más que el perito contable no pudiera establecer un vínculo directo de los cheques mencionados en la demanda con las facturas, eso no prueba que acaso lo hubiera, por defecto, con lo facturado por la campaña 2012/2013, como lo postula la demandada (fs. 769.c, cuarto párrafo; arts. 43, 63 y concs, del Código de Comercio; art. 61 y cons. de la ley 19.550; arts.320, 321 y concs. del CCyC).
2.2. Naturalmente que la firma sostuvo en su carta documento del 2/7/2012, que respecto de la campaña 2012/2013: ‘(…) se recibían v/facturas por asesoramiento que no se “pagaban” sino que se hacían entregas a cuenta, mientras se le pedía rendición del maní. Viendo que eso no sucedía no se autorizó más entregas a cuenta (…)’ (fs. 478 y 748).
Y es así que –como ya se viera- al contestar la demanda, ‘Leporati y Cía, S.A.’ adaptó aquellos $136.000 que se propusieron pagados en la carta documento del 24/6/2013, al pago de las tareas que atribuyó a Eguren para la campaña 2012/2013, según el precio que les asignara, para arribar a la conclusión que nada le debía (fs. 769.c y vta).
Pero tal conclusión, como fue planteada, sólo cierra excluyendo toda actividad de Eguren en la campaña 2011/2012, lo que no sintoniza con lo razonado en el punto anterior. Y menos se ajusta a lo expresado en aquella carta documento, donde ni siquiera se dio a entender que todo se pagó, sino que quedaron saldos pendientes a la espera de la rendición del maní. Pues de lo contrario no se hubiera mencionado que los pagos a cuenta dejaron de autorizarse, sino derechamente que la deuda había sido saldada.
Encima, esos pagos a cuenta de las facturas recibidas y tácitamente aceptadas, no aparecen probados de otro modo. Tal que, según se argumentara, la prueba contable no llega a acreditar la asignación postulada (arg. art. 375 y 384 del cód. proc.).
2.3. Claro, el perito agrónomo, tocante al campo ‘El Trapal’, sostuvo: ‘Analizada la documentación en ambos procedimientos se puede observar que existe una correlación de la documentación presente en papel con lo visto en el sistema de gestión, excepto en los comprobantes papel N.º 120, 121, 107 y 103 donde en los registros del sistema excepto en los comprobantes papel N.º 120, 121, 107 y 103 donde en los registros del sistema Physis Gestión se presenta con Numeración 73,74,68 y 80 coincidiendo en fecha, lote, sup, insumos y aplicador registrados. Como así también El comprobante Nº103 en papel figuran como cultivo a aplicar maíz y Nº 80 en el sistema de gestión el cultivo a tratar se informa: cebada. Es posible que en uno se haya registrado el rastrojo (cebada) y en el otro el nuevo cultivo a realizarse (Maíz)’.
Respecto del campo El Cinco, que: ‘Idéntica situación se presenta con el registro presente en papel donde en algunos casos no coincide su numeración con lo registrado en el sistema, pero el resto de las actividades, fecha, lote, sup, insumos y aplicador registrados enumerados tanto en un registro como en el otro coinciden’.
Atinente al ‘Certificación de Trabajo /Partes de trabajo y otras Tareas: ‘En él se registran todas las ordenes de trabajo que según el actor efectivamente fueron realizadas de todas las ordenes de trabajo efectuadas presentes tanto en papel como en el sistema Physis’.
En lo que atañe a ‘Búsqueda de comprobantes (Facturación) sin discriminar por establecimiento, que: ‘En ella se detalla la facturación realizada por los proveedores de insumos a Leporatti y Cía. para la realización de las ordenes de trabajo. Ej: Proveedor: Desab SA Factura Nº 1003-00004163 fecha 15/10/2012 Monto $2143,07. En el sistema de gestión de Búsqueda de comprobantes se encuentra detallada toda la facturación presentada en el expediente en formato papel. Esta documentación solo puede ser cargada si Eguren y Cía. recibe copia de dicho comprobante por parte de Leporatti y Cía. ya que la misma es documentación personal de este último. Dice el experto que para confirmar lo antes dicho se le presentó una copia del email enviado por leporatiycia@yahoo.com.ar a franco.grumelli@egurenycia.com.ar’ (v. dictamen del 5/5/2019).
Concerniente a contratación de labores, que: ‘Existe en el expediente y en el sistema de gestión (impresión en papel) Ordenes de Trabajo y Certificación, de quien fue el prestador del servicio que realizo la tarea’. Y con relación a gestión de insumos, que: ‘Existe en el sistema de gestión (impresión papel) quien fue el prestador de servicio que realizo la tarea, el lote donde se realizó el trabajo y los insumos utilizados y dosis de aplicación’. Similar respecto de barbecho y siembra. Igualmente, sobre seguimiento de cultivos, aunque destaca que no existe informe de por qué aplicar dichos productos, actas de condiciones técnicas de trabajo y receta agronómica. Mientras que con relación al control de cosecha no existe cuáles fueron los controles de peso de camiones, pero sí cuáles fueron los lotes, según cultivos, las hectáreas cosechadas, costo del servicio y quien fue su prestador. El testigo Pontiggia, asegura el servicio de monitoreo de cultivo por parte de Eguren (fs. 925).
Pero no pudo advertir la realización de todos los servicios, tareas y etapas descriptas en III A, de la demanda (v. pericia del 5/5/2019; arts. 384 y 474 del cód. proc.).
Con todo, al responder el pedido de explicaciones, dijo el técnico, en lo que interesa destacar que, en lo referido a si el actor presto servicio no tiene dudas que lo hizo, lo que no puede afirmar, por la documentación presentada en el expediente y en el sistema de gestión, que todos los servicios denunciados por el actor en la demanda fueran prestados. Concerniente al control de cosecha, sostuvo que era posible que el actor las haya realizado, lo que no podía era confirmarlo (v. pericia del 14/7/2019).
Luego, si lo que informa el experto en cuanto a los trabajos realizados por Eguren en la campaña 2012/2013, no permite sostener que no hubo ‘asesoramiento profesional’ ni labores por parte de aquél, cobra relevancia el reconocimiento de las facturas recibidas por la empresa, que deriva de lo normado en los artículos 474 del Código de Comercio y 1145 del CCyC., que no fueron observadas ni en su concepto, ni en sus importes, salvo la 0001-00000057, del 5/6/2013, que sí fue objetada (v. fs. 23, 478 y 748).
En tales circunstancias, si tareas se concretaron en ese ciclo y la firma, que debió conocer las realizadas, optó por no rechazarlas –con aquella excepción-, no puede desconocerse efectos a esa actitud, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, oponiendo una contraria al contestar la demanda, sin acreditar un motivo valedero que desacople aquella como antecedente (Weingarten, Celia, ‘El principio de confianza en el Código Civil y Comercial’, Rubinzal-Culzoni Editores, 2020, págs. 154 y 155; art. 1198 del Código Civil; art. 961 del CCyC).
En suma, con el alcance que resulta de lo anterior, la demanda prospera.
2.4. Pero resta decidir acerca de aquella factura 0001-00000057, del 5/6/2013 (fs. 23), impugnada por la demanda en la carta documento 3227842467, del 2/6/2013 (fs. 478 y 748), por no corresponder a ningún servicio prestado.
Con arreglo a lo que admite la actora, habría sido emitida por el importe total del contrato, más la facturación de los intereses de las anteriores facturas a su fecha (fs. 488. F; v. fs. 29, ‘Declaración de composición de saldo a reclamar’).
De modo que, si es así, deberá ser puntualmente analizada, en correlación con las demás facturas cuyo pago se reclama –descontando de la 0001-00000012, del 12/1/2012, los $15.000 que se indican a fojas 487, segundo párrafo-, para esclarecer la relación con ellas, a fin de no incurrir en duplicidades, desglosándose cuál es el importe total a que se refiere, concretamente qué es lo que comprende, cuales los importes por intereses, a qué tasa y por qué tiempo fueron aplicados (fs. 29: ‘Declaración de composición de saldo a cobrar’).
Por ello, dada esa situación y la petición de la actora en cuanto al ajuste por tipo de cambio dólar vendedor del Banco de la Nación Argentina, la determinación del monto por el cual prospera la demanda, ha de resultar de la liquidación que deberá concebirse en la instancia inicial, con la debida sustanciación, teniendo en cuenta lo expresado precedentemente (art. 165 del cód. proc.).
3. Yendo ahora al contrato de aparcería, apegado a los términos de la reconvención, es manifiesto que se reclama a partir de una producción total de 689.460 kgs. de maní (fs. 770). De los cuales correspondía a Eguren el 25 %, o sea 172.365 kgs.. Pero que entregó a su nombre 236.475 kgs., es decir 64.110 kgs. en exceso. Al precio de venta, de U$s. 745,90/tl. da la U$s. 47.820 (fs. 770 último párrafo). Eso es lo que pretendió con más sus intereses (art. 330.6 del cód. proc.). Sin otro aditamento o reserva.
Al respecto, de la pericia contable, se obtiene que el total de kilogramos de maní obtenido en la aparcería fue de 976.000 (v planillas de fs. 723/726 y 735/738). Kilogramos de la campaña 2011/2012 entregados por ‘Leporati y Cía. S.A.’, procedentes del establecimiento La Laura, 640.200. Y por Eguren, de la misma procedencia 335.800 (fs. 977). Por contrato le correspondían 244.000. Exceso 91800. Esa información no fue observada por el actor, quien no solicitó explicaciones (art. 474 del cód. proc.).
Tampoco en los agravios expresó Eguren que el informe pericial se basara en datos equivocados. Lo que sostiene allí (v. gr., que como todos estos contratos, se ajustan o equilibran al final; se balancean con la distribución de los granos cosechados; que habiendo sido anoticiada la demandada con fecha 6 de julio de 2012 de la distribución de kilos, recién realizara el reclamo de la diferencia el día 24 de junio de 2013 y que eso se debió al aporte que hizo el actor de agroquímicos y labores), ciertamente no ataca los datos sobre los que reposa el dictamen.(arts. 384 y 474 del cód. proc.).
Los agravios, en esa parcela, son insuficientes (art. 260 del cód. proc.).
No obstante, que la diferencia señalada por el experto haya sido de 91.800 kgs. de maní, no tiene correlato con que se condene al actor sobre esa base, si en la reconvención el objeto mediato de la pretensión fue por una cantidad menor, sin referencia alguna a lo que en más o en menos resultara de la prueba. Pues opera el principio de congruencia, el que se viola, desde el punto de vista cuantitativo, cuando el fallo excede las peticiones contenidas en la pretensión, concediendo una suma superior a la reclamada por las partes, que no fue sometida a condicionamiento alguno (CC0101 MP 84056 RSI-742-92 I 18/8/1992, ‘Instituto Servicios Sociales Bancarios c/Banco Zonanor Coop. Ltdo. s/Incidente de verificación de crédito en Banco Zonanor Coop. Ltdo. s/ Quiebra’, en Juba sumario B1350240; SCBA LP C 125994 S 5/6/2024, ‘Buono, Jenaro y otro contra Di Scala, Jorge y otros. Cumplimiento de contratos civiles/comerciales’, en Juba fallo completo B4202093; arts. 34.4, 163.6, y concs. del cód. proc.).
La mención acerca ‘o lo que en más o en menos V.S. prudencialmente fije’, fue exclusivamente referido al monto reclamado por daño al crédito y al nombre o predicamento comercial. No al monto resultante de la diferencia de semillas (fs. 769/vta., IV, g y 771, sexto párrafo).
De consiguiente, prospera el reclamo subsidiario del actor, que bregó por el respeto a lo pretendido por el reconviniente, quien habrá tenido sus razones para así proceder.
De cara a la mora, ‘Leporati y Cía. S.A. la fijó el 26/3/2013, lo que se corresponde con la carta documento de fojas 476. En cambio, la actora reconvenida, la postula desde el 24/6/2013, aunque lo hace en sus agravios. De todas maneras, tal como se dieron las cosas, cabe atenerse a la fijada por aquélla, pues es el primer reclamo referido al exceso recibido por Eguren (art. 509 del Código Civil; arts. 871.a y 886 del CCyC).
Finalmente, en materia de tasa de interés, la actora no propuso una determinada, sino que reclamó ‘intereses’, a secas. De modo que lo relativo a la razón aplicable, -impugnada por la actora aquella dispuesta en el fallo– deberá ser tema de debate en la instancia inicial, en los términos del artículo 165 del cód. proc. (fs. 769/vta., IV. g, primer párrafo y 770, párrafo final; arts. 34.4m y 163.6 del cód. proc.).
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. Corresponde estimar parcialmente la apelación de fecha 23/9/2024 contra la sentencia de la misma fecha, para:
1.1. Admitir la demanda de Ignacio Lautaro Eguren contra ‘Leporati y Cía. S.A.’ por la suma que resulte de la cuenta que deberá practicarse de acuerdo a lo expuesto en el punto 2.4. del primer voto, que deberá ser abonada dentro de los diez días de quedar firme dicha liquidación (arts. 163.7, 501 y concs. del Cód. Proc.).
1.2. Disponer que la suma por la que se hace lugar a la reconvención será la que surja de la liquidación a efectuarse, también en la instancia inicial, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto 3. de ese primer voto (art. 501 y concs. Cód. citado).
2. Cargar las costas de ambas instancias en cuanto prospera la demanda, en su totalidad a la parte apelada íntegramente vencida (arts. 68 y 274 del Cód. Proc.).
3. Imponer las costas de esta instancia devengadas por la apelación bajo tratamiento pero en relación a la reconvención, en el orden causado, en función del éxito solo parcial obtenido por la parte apelante (art. 68 2° párrafo del Cód. Proc.).
4. Diferir la resolución sobre los honorarios ahora (arts. 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
1. Estimar parcialmente la apelación de fecha 23/9/2024 contra la sentencia de la misma fecha, para:
1.1. Admitir la demanda de Ignacio Lautaro Eguren contra ‘Leporati y Cía. S.A.’ por la suma que resulte de la cuenta que deberá practicarse de acuerdo a lo expuesto en el punto 2.4. del primer voto, que deberá ser abonada dentro de los diez días de quedar firme dicha liquidación.
1.2. Disponer que la suma por la que se hace lugar a la reconvención será la que surja de la liquidación a efectuarse, también en la instancia inicial, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto 3. de ese primer voto.
2. Cargar las costas de ambas instancias en cuanto prospera la demanda, en su totalidad a la parte apelada íntegramente vencida.
3. Imponer las costas de esta instancia devengadas por la apelación bajo tratamiento pero en relación a la reconvención, en el orden causado, en función del éxito solo parcial obtenido por la parte apelante.
4. Diferir la resolución sobre los honorarios ahora
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1 y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii anexo de RC 655/20).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 30/04/2025 11:50:48 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2025 12:52:25 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2025 13:14:11 – BOMBERGER José Antonio – AUXILIAR LETRADO
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240500774003780535
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 30/04/2025 13:14:23 hs. bajo el número RS-23-2025 por BOMBERGER JOSE.
