HONORARIOS PROFESIONALES.- ADECUACIÓN A PAUTAS DE JUSTICIA Y RAZONABILIDAD.- ART. 1255 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN SE APLICA AL DECRETO LEY 8904/77 Y LA ACTUAL LEY 14.967.- FACULTAD DEL JUEZ PARA FIJAR EQUITATIVAMENTE LA RETRIBUCIÓN.-

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires in re “PALLASA Diego Javier c/ A.R.B.A. s/ Pretensión Anulatoria –Recurso de Queja por Denegación de Recurso Extraordinario” Q 75.064 de fecha 6/11/19, emitió sentencia indicando que la aplicación de las leyes arancelarias por honorarios profesionales deben ser aplicadas de consuno con lo dispuesto en el art. 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como adecuarse los honorarios a las pautas de justicia y razonabilidad que se desprenden del art. 28 de la Constitución Nacional.-

En lo esencial sostuvo “… Cuando el precio de los servicios deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de leyes arancelarias, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador.- Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución.- De advertirse esa desproporción, el juez debe adecuar los honorarios a las pautas de justicia y razonabilidad que se desprenden del art. 28 de la Constitución Nacional (conf. CSJN 329:94; SCBA doct. Causas C 81.319, “Biondo”, sent. Del 24-V-2006; C 86346, “Calleri”, sent. Del 26-IX-2007; Q 70.627 “Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Telefónica”, sent. 13-VIII-2014; B 61.659 “Buerba”, res. Del 19-X-2016).- La referida norma del Código Civil y Comercial resulta aplicable tanto cuando se trata de trabajos que deban ser justipreciados a la luz de la ley arancelaria vigente en la Provincia de Buenos Aires (decreto ley 8904/77 o ley 14.967, según se consideren trabajos llevados a cabo durante la vigencia de una u otra –ver causa I 73.016 “Morcillo” Res. Del 8-XI-2017) cuando a las labores tasadas, como en éste caso, en la ley nacional 27.423, en la medida en que esta constituye la “ley arancelaria” a la que alude su texto (doct. Causas B 49.908 “Aguerre”, res. Del 10-XII-96; B 62.446 “Jolim”, res. Del 6-VIII-03; CSJN in re “Estevez de López Lecube”, sent. Del 14-IX-89…”.-

Fallo in extenso puede ser consultado en la web de la SCBA www.scba.gov.ar

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RECURSO EN PROCESOS DE CONOCIMIENTO EN QUE SE APLICA LEGISLACIÓN CONSUMIDOR

El Código Provincial del Consumidor (Ley 13.133 y modif.) establece que cuando las sentencias definitivas acogieran la pretensión del consumidor o usuario, el recurso de apelación interpuesto por la accionada deberá ser interpuesto junto con el depósito judicial de la suma de dinero equivalente al capital de condena, intereses y costas (art. 29 Ley 13.133).-

El depósito previo resulta un requisito de admisibilidad del recurso y su omisión acarrea la sanción procesal de declaración de desierto la apelación.-

Asi dispone la norma “… ARTICULO 29: Cuando la sentencia acogiere la pretensión, la apelación será concedida previo depósito del capital, intereses y costas, con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente, al solo efecto devolutivo”.-

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SECUESTRO PRENDARIO.- APLICACIÓN DEL DECRETO LEY 15348/46 Y EL REGIMEN DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR.-

La Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “HSBC Bank Argentina S.A. c/ MARTINEZ Ramón Vicente s/ Secuestro Prendario” con fecha 11/6/19 resolvió un recurso de hecho deducido por el Fiscal General de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, estableció que en los secuestros prendarios resulta de aplicación el régimen de protección del consumidor y el plexo normativo de los contratos de consumo con cláusulas predispuestas.-

Así sostuvo “… 3)… En efecto, privar al deudor –en la relación de consumo- de todo ejercicio de defensa, en forma previa al secuestro del bien prendado, podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional.- … 6) … En efecto, si se acepta que las disposiciones de la ley de defensa del consumidor debieron ser integradas en el análisis efectuado por la Alzada en la inteligencia de que, ante la duda respecto a la forma en que debían ser articuladas con las normas prendarias deberían primar las más favorables para el consumidor, como expresión de favor debilis (artículo 3 de la ley 24.240), constituye lógica derivación de lo anterior, que la cámara debió analizar y considerar la aplicación –bajo perspectiva de protección especial de consumidor que tanto la Constitución Nacional como el sistema normativo del consumidor otorgan al usuario- de la regla prevista en el artículo 37, inciso b) de la ley 24.240, en tanto permite tener por no convenidas las cláusulas “… que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte”…-

Puede consultarse íntegramente el fallo en sitio web de la CSJ.- www.pjn.gov.ar

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LA SUPREMA CORTE APRUEBA PROTOCOLO DE GESTION DE PROCESOS DE ORALIDAD.-

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aprobó mediante Resolución 2465/19 el “Protocolo de Gestión de la Prueba” en los procesos que tramitan en la modalidad de procesos de oralidad.-

Se anexa la Resolución 2465/19.- 

Ver Resolución 2465-19

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CÁMARA DE APELACIÓN DE FERIA VERANO 2020

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto mediante el Acuerdo 3950/19 que para la feria de enero del año 2020, la Cámara de Apelaciones correspondiente a los juzgados civiles y comerciales de La Plata, será la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes.-
En cuanto a la materia contencioso administrativa, el órgano de feria será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.-
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JUICIO EJECUTIVO.- AMPLIACIÓN DE LIQUIDACIONES.- REVISIÓN POR ACTUALIZACION EXHORBITANTE.-

La Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 3era. del Departamento Judicial de La Plata, en la causa nro. 270.607 “I.S., OJ c/ G. M.E. s/ Cobro Sumario”, resolvió confirmar resolución de primera instancia que aplicando el precedente “Dimattia” (SCBA Causa C 114.251 del 8/4/15) declaró cancelada una deuda de dinero que luego de sucesivas ampliaciones de liquidaciones la misma se consideró exorbitante.-

Así la Cámara entendió “… el juez resolvió tener por cancelada la deuda.- Se fundamentó –además del dictamen contable- en que el instituto de la preclusión no será impedimento para revisar liquidaciones anteriores, dado que las mismas se aprueban en cuanto “ha lugar por derecho” y que, el hecho que el deudor no las impugne no obsta a la revisión en función del orden público que impera en estas relaciones de consumo (art. 65 Ley 24.240)… el a quo no modificó la sentencia de fs. 16/20 (ni las de fs. 61 y 67), sino que cimentó su pronunciamiento en el abuso de derecho, fundamento que tampoco rebatió el recurrente (artg. Art. 260 del CPCC).- Más allá de que todas estas cuestiones se deben analizar en cada caso en particular, tal modo de proceder fue admitido, por la Corte Suprema de la Nación y la Suprema Corte local.- Por otro lado, la liquidación practicada por el perito fue un sustento más para decidir de la forma que lo hizo.- Aún en el supuesto de haber equivocado el experto en su ecuación, el apelante dejó incólumne el resto de los fundamentos.- En síntesis, estamos ante una acreencia que al momento del dictado del precitado despacho de fs. 221 ya llevaba 20 años de morosidad, con un embargo de salario ordenado en marzo de 2007 (fs. 33).- Pese a las especiales circunstancias de haberse pagado su valor a razón de 214 veces respecto del quantum de origen, la acreedora solicitó que se apruebe la última liquidación de fs. 219/220, que le arrojaba un saldo –aún favorable a ésta de unas 45 veces 8con un total que superaba las 259 veces).-…”.-

En consecuencia las sucesivas liquidaciones y ampliaciones de las mismas no producen el estado de cosa juzgada, en tanto las mismas son aprobadas en cuanto ha lugar por derecho.-

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REGISTRO DE SENTENCIAS Y ACTOS REGISTRABLES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA MITAD DEL AÑO 2019

La presente información se corresponde con el relevamiento de los actos jurisdiccionales registrables que se corresponden con sentencias definitivas, sentencias homologatorias, resoluciones interlocutorias, sentencias de trance y remate, declaratorias de herederos, decretos de caducidad de instancia, regulación de honorarios, y todo acto procesal que se hubiere dispuesto su registro; todo ello correspondiente al período 1/2/19 hasta el 19/7/19.-

Mediante resoluciones interlocutorias se han registrado sentencias de trance y remate, declaratoria de herederos, decreto de caducidad de instancia, etc.-

Mediante interlocutorios de honorarios se han registrado la regulación de honorarios de abogados, peritos, mediadores prejudiciales.-

Mediante sentencias definitivas se han registrado aquellas sentencias de carácter definitivo, resolviendo el conflicto sometido a proceso.- Hasta mediados del año 2016 sólo se registraron la sentencia definitivas, siendo que a partir del 1/8/16 también se registraron como sentencias definitivas aquellos acuerdos homologatorios de acuerdos conciliatorios y transaccionales.-

Este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 del Departamento Judicial de La Plata se encuentra adherido al programa piloto de “Oralidad de la Prueba – Justicia 2020” que se deriva del convenio suscrito entre la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, habiendo sido comenzado a aplicar en los procesos de conocimiento que tienen ingreso a partir del 1/8/2016 y aquellos de ingreso anterior se los incorpora a partir del auto procesal de apertura a prueba.-

SENTENCIAS DEFINITIVAS: 67

REGULACIÓN DE HONORARIOS: 222

RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS: 637

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LA CORTE BONAERENSE SIENTA DOCTRINA LEGAL ACERCA DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO A LOS DENOMINADOS PAGARE DE CONSUMO

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires con fecha 14/8/2019 en causa C 121.684 “Asociación Mutual Asis c/ Cubilla María Esther s/ Cobro Ejecutivo”, sentó doctrina legal acerca de la aplicación de las reglas del proceso ejecutivo en los denominados pagaré de consumo.-

En tal sentido dijo “… IV. La presente controversia nos enfrenta con el problema que suscita el ejercicio de la pretensión ejecutiva de un título de crédito –en el caso, un pagaré- derivado de un negocio jurídico de crédito para el consumo (arts. 1, 2, 36 concs. LDC).- IV. 1.- Los contornos del denominado pagaré de consumo carecen todavía de regulación específica, más todo indica que su abordaje jurídico en contiendas como la de autos exige sopesar la concurrencia de varios textos normativos, armonizando sus reglas y principios.- De un lado, los previstos en los arts. 518 a 592 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial organizan al procedimiento correspondiente al cobro ejecutivo de cantidades líquidas o fácilmente liquidables de dinero, expresadas en instrumentos que traen aparejada ejecución, entre los cuales se encuentra el pagaré (art. 521 inc. 5 CPCC). Instituidas para favorecer la seguridad y eficacia del crédito, esas normas procesales, que entre otros puntos limitan el conocimiento judicial al vedar la discusión sobre la causa de la relación jurídica (art. 542 inc. 4 CPCC), engarzan con aquellas de fondo que regulan aquél título valor (en el sublite, las previsiones del dec. Ley 5965/63, arts. 101 y concs.; arg. Art. 1834 Cód. Civ. y Com); instrumento caracterizado por las notas de literalidad, autonomía y abstracción.- Del otro, con sostén constitución y en el derecho de fondo, el régimen de consagra los derechos del consumidor (arts. 42 Const. Nac. y los pertinentes de la LDC, en particular los arts. 1, 2, 36, 65 y concordantes de este régimen legal). Se trata de un conjunto de normas pensadas para la protección de quien se considera la parte más débil en una gran cantidad de vínculos jurídicos (entre las cuales cabe concluir a los derivados de las operaciones de financiación y crédito para consumo)… IV. c.- Las diferencias interpretativas existentes entre los distintos órganos jurisdiccionales de Alzada de la Provincia determinan la necesidad de sentar una doctrina legal de esta Corte que brinde seguridad jurídica, con prescindencia del valor del litigio (arg. Doct. Art. 31 bis, último párrafo, ley 5827, texto según ley 13.812)… IV. 5. c. ii.- Por cuanto atañe al caso aquí enjuiciado, la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101 dec.ley 5965/63)- así como las de los procesos de ejecución, ne orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C 91.162 y C 117.939, cits), constituye un empeño, más que plausible, necesario.- Pues a poco de andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veráz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.- IV. 5. C. iii.- De todas el rechazo de la postura que considera la operatividad de la LCD no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré.- Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LCD no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella via.- IV. 5. C. iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de la normas en juego, en la inteligencia de que el exámen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (fallos 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o antinomia (fallos 286:301; 307:360; entre otros; B 60.788, “Marra”, sent. Del 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos 327:1507 y 329:2876).- Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C 110.848, “Lombardo”, sent. Del 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas…”.-

Se anexa fallo integro de la SCBA Ver sentencia (c121684)

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RELACIÓN DE CONSUMO.- RECURSO DE APELACIÓN.- DEPOSITO PREVIO COMO REQUISITO ADMISIBILIDAD RECURSO.-

La Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 2da., in re “Barberis Yemina Iara c/ GALIA S.A. y otro s/ Cumplimiento de Contrato”, Reg. INT 204 Folio 601, con fecha 18/7/19, estableció que “habida cuenta que no se ha cumplimentado con el art. 29 de la ley 13.133, esto es el cumplimiento del previo depósito del capital, intereses y costas por parte del proveedor como recaudo para la concesión del recurso de apelación, corresponde remitir los autos a la instancia de origen a fin de que, debidamente intimadas las partes recurrentes, den acabado cumplimiento a la disposición indicada, bajo apercibimiento de desestimar la vía recursiva (art. 29 ley 13.133)…”.-

Vale decir reafirma el principio legal que en materia de recurso de apelación en materia del consumidor, cuando el apelante resulta el proveedor o fabricante deberá acreditar el depósito judicial previo del capital, interés y costas de sentencia como requisito de admisibilidad formal del recurso.- No acreditado el depósito del art. 29 de la ley 13.133 deberá ser declarado desierto.-

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ACTIVIDADES JURISDICCIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ORALIDAD DE LA ETAPA PROBATORIA (Justicia 2020).-

En el marco de los procesos de conocimiento que han sido abiertos a prueba e incorporados en el programa piloto de “oralidad de la etapa probatoria” (Justicia 2020), en éste Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 de La Plata, se han desarrollado las siguientes actividades en el período 1/2/19 hasta el 19/7/19:

AUDIENCIA PRELIMINAR DE PRUEBA: 29

AUDIENCIA VISTA DE CAUSA: 16

AUDIENCIA VISTA DE CAUSA SUPLETORIA: 4

AUDIENCIA CONCILIATORIA: 1

Estos actos procesales corresponden a procesos que tramitan dentro de la modalidad del programa Justicia 2020 y no incluye al resto de los procesos judiciales (sumarísimo, ejecutivos, sucesiones, concursos preventivos y quiebras, y demás procesos voluntarios).-

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