Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pellegrini

Autos: “L., E. C/A., M. S/PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Expte. -95201-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 9/12/24 contra la resolución regulatoria del 2/12/24.
CONSIDERANDO.
La resolución regulatoria que fijó los honorarios a favor del Abogado del Niño en la suma de 10 jus, son cuestionados por la abog. S. como representante del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al considerarlos elevados, mediante el recurso del 9/12/24 (art. 57 de la ley 14967).
En el recurso interpuesto se argumenta que los honorarios fijados -sin que ello implique desmerecer la tarea del profesional-, deben ser reducidos puesto que las tareas realizadas no habrían tenido ninguna complejidad y no guardarían relación alguna con la verdadera naturaleza, extensión y calidad jurídica de los trabajos desarrollados y las etapas efectivamente cumplidas (v. escrito del 9/12/24; arts. 15.c , 16 de la ley 14.967).
Ahora bien; a los efectos regulatorios y tratándose de un régimen de protección contra la violencia familiar, corresponde aplicar la normativa arancelaria actualmente vigente, es decir, la ley 14967; que establece para el desarrollo de todo el proceso un mínimo de 20 jus (art. 9.I.1.c. de la ley citada), ello en concordancia con el antepenúltimo párrafo del artículo 16, que indica un promedio que da por satisfechos aunque sea mínimamente los extremos de aquella norma (art. 34.4. cpcc.).
En base a lo expuesto, considerando la tarea desarrollada por el abog. Q., a partir de su designación (12/11/24) y hasta la conclusión del proceso (2/12/24), en que se contabiliza la presentación del 25/11/24, que fue consignada en la resolución apelada y no cuestionada por la parte apelante, y que excede en alguna medida el mínimo de labor dentro del contexto de autos, resulta más adecuado y proporcional fija una retribución de 7 jus, en consonancia con el desempeño cumplido (art.1255 del Código Civil y Comercial; arts. 15, 16 y 55, primer párrafo, segunda parte, de la misma ley).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 9/12/24 y fijar los honorarios del Abogado del Niño en la suma de 7 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Pellegrini.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 18/12/2024 10:36:13 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:07:32 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:31:31 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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240500774003690382
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/12/2024 12:31:39 hs. bajo el número RR-1027-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 18/12/2024 12:32:38 hs. bajo el número RH-177-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares
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Autos: “MARTIN, NORBERTO HUGO C/ PINIELLA, GRACIELA NOEMI S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) (INFOREC 922)”
Expte.: -94757-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 1/10/2024 contra la resolución del 23/9/2024.
CONSIDERANDO
1. En la resolución del 18/10/2024, se concedió al recurso de apelación en subsidio del de revocatoria (este último fue rechazado por tardío) que se había deducido contra la providencia del 23/9/20224 donde se declaró la cuestión de puro derecho. Sin perjuicio de lo cual se convocó a las partes a una audiencia, conforme a las facultades previstas en el artículo 36.4 del cód. proc..
Va de suyo que la reposición fue rechazada, y han quedado sujetos a revisión de esta alzada, pues, los fundamentos desarrollados en el escrito del 1/10/2024 también como fundamento de la apelación subsidiaria (arts. 241 y 248 del cód. proc.).
2. Consideran los recurrentes que la prueba es de significativa importancia para resolver el litigio.
Pero es manifiesto que, tratándose de un proceso sumario, donde la prueba se ofrece con la contestación de la demanda –la documental y toda la demás– precluida la oportunidad de hacerlo –tal como fue decidido el 21/2/2024, refirmado el 21/5/2024, confirmado por esta alzada el 29/8/2024-, ha quedado también precluida la posibilidad de ofrecerla.
Además, la producción de la prueba se decreta siempre que se hubieren alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiera conformidad de partes, lo que no es el caso (arg. art. 358 del cód. proc.).
En definitiva, por los argumentos expuestos, se rechaza la apelación bajo tratamiento, con costas a los apelantes (art. 69 cód. proc.) y diferimiento de la resolución sobre los honorarios ahora (arts. 31 y 51 ley 14967).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Rechazar la apelación bajo tratamiento, con costas a los apelantes y diferimiento de la resolución sobre los honorarios ahora.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 18/12/2024 10:34:53 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:05:34 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:30:15 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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243600774003690357
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/12/2024 12:30:24 hs. bajo el número RR-1026-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-

Autos: “A., G. M. C/ C., G. J. E. S/ ACCIONES DE IMPUGNACION DE FILIACION”
Expte. -94170-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: el informe de Secretaría del 11/10/24 y el diferimiento del 15/2/24.
CONSIDERANDO.
Con fecha 8/7/24 se solicita se regulen los honorarios en esta instancia, de modo que habiendo quedado determinados y firmes (v. trámites del 27/6/24, 16/9/24) los honorarios a la instancia el inicial en la resolución regulatoria del 13/6/24, corresponde ahora regular los correspondientes a la labor desarrollada ante esta Cámara ello en función de lo dispuesto por el art. 31 de la ley 14967 y el principio de proporcionalidad (sent. del 9/12/20, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar ” L. 51 Reg. 651, entre otros).
Para ello, debe merituarse la labor de los profesionales intervinientes en esta instancia (arts. 15.c. y 16 de la ley cit.), teniendo en cuenta además la imposición de costas decidida en la sentencia del 15/2/24 (arts. 26 segunda parte de la ley 14967; 68 del cód. proc.).
Por manera que, como las costas quedaron impuestas por su orden, tanto para el abog. M. P., (v. presentación del 10/10/23) como para el abog. Marcelo Pérez (v. presentación del 19/10/23) cabe aplicar sobre el honorario fijado en la instancia inicial una alícuota del 25% llegándose a un honorario de 20 jus para cada uno de ellos (hon. de prim. inst. -80 jus- x25%.; arts. y ley cits.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Regular honorarios a favor de los abogs. M. P., y M. P., en sendas sumas de 20 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 18/12/2024 10:34:09 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:03:31 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:27:35 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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242500774003690329
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/12/2024 12:27:44 hs. bajo el número RR-1024-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 18/12/2024 12:27:52 hs. bajo el número RH-176-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó
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Autos: “BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO C/ PERUYERO ADOLFO Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO”
Expte.: -94210-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 8/5/2024 contra la resolución del 26/4/2024.
CONSIDERANDO:
1. En lo que interesa destacar, el banco que promovió este juicio ejecutivo con fundamento en un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, emitida la sentencia respectiva procede a practicar liquidación del capital reclamado en demanda de $4.484,65, aplica intereses desde la fecha de mora -8 de agosto de 1997- y capitaliza los mismos, conforme lo pactado en las cláusulas 9 y 11 de las condiciones generales de la cuenta corriente bancaria, de acuerdo al por entonces vigente art. 795 del Código de Comercio.
El ejecutado sostiene que la capitalización legal de intereses contemplada en el art. 1398 del CCyC solo se aplica al saldo deudor de la cuenta corriente mientras la misma se encuentra activa, dice que luego del cierre ya no hay contrato de cuenta corriente bancaria, sino el incumplimiento de una obligación de dar sumas de dinero, y rige el art. 770 CCyC que prevé que no se capitalizan los intereses salvo pacto en contra.
Al dictar sentencia, en cuanto a la capitalización de intereses, se dijo que el apoderado de la actora en su liquidación practicada sostiene que la capitalización aplicada se fundamentan en las cláusulas 9 y 11 de las Condiciones Generales que se aplicaban a la cuenta corriente bancaria.
La jueza concluye que a la fecha del contrato de cuenta corriente que diera origen al certificado que se ejecuta regía el art. 795 del Código de Comercio, que al respecto establecía la capitalización trimestral de los intereses, salvo estipulación expresa en contrario, como ocurrió en el caso de autos donde las partes pactaron la capitalización quincenal (cláusula novena del contrato de cuenta corriente agregado a fs. 166).
Además la magistrada argumenta que si la sentencia que condena al demandado no tiene efectos novatorios, con menos razón la emisión del certificado de saldo deudor de la cuenta corriente permitiría entender la novación de esta obligación y la extinción de los efectos del contrato; dice que no se trata de extinguir una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla, sino que son los efectos mismos de la propia obligación asumida por el deudor en el contrato de cuenta corriente que dan origen al certificado de saldo deudor, que por otro lado luce agregado a f. 166.

2. El ejecutado al fundar la apelación insiste en que la capitalización de intereses se encuentra pactada durante la vigencia contractual y respecto de los intereses generados por los saldos deudores que se registren en la cuenta, lo que claramente refiere a cuentas corrientes vigentes y operativas. Por ello, a su criterio, el cierre de la cuenta corriente implicaría el fin del contrato suscripto, lo que representaría lisa y llanamente una novación colocando al acreedor en una situación distinta a la pactada en el contrato que diera origen a la relación.
En esa linea de razonamiento concluye que no resultarían de aplicación ninguna de las cláusulas contenidas en el contrato, tales como de intereses o capitalización, toda vez que el contrato de cuenta corriente determina la operatividad y funcionamiento de la misma, mientras la misma se encuentra vigente.
Al respecto ya se ha dicho en otra ocasión similar que si hasta el cierre de la cuenta corriente y promoción del juicio los intereses podían capitalizarse con la frecuencia pactada, no se advierte razón legal para que no se produzca esta capitalización en el futuro, habiendo saldo reclamado. No se entiende, que el cuentacorrentista moroso, demandado judicialmente, pueda pagar lo adeudado en condiciones diferentes a las que se pactaron para el contrato de cuenta corriente, sin salvedad alguna (Cam. Civ y Com., 0003, de Lomas de Zamora, causa 1496 RSI-105-10, sent. del 20/5/2010, ‘HSBC Bank Argentina c/Ceccon s/Cobro ejecutivo’, en Juba sumario B3750457; v. esta Cámara expte. 90736, sent. del 31/5/218, Libro: 47/ Registro 43).
Por ello, el agravio en este punto debe ser desestimado.
Por otro lado se agravia alegando que no se respectó el principio de congruencia entre lo pedido por el actor y lo sentenciado, porque el juzgado dictaminó e hizo lugar a lo solicitado en demanda, esto es condenando al pago de capital mas intereses; pero como nunca la actora introdujo en el reclamo ni objeto de demanda que los intereses que se devenguen debían ser capitalizados, no se indicó en la sentencia que debieran capitalizarse, y por ende no debe realizarse.
En este punto hay que tener en miras que el eje del asunto es el contrato de cuenta corriente bancaria, formalizado por escrito (v. original a fs. 166/vta.), y tal como se dijo en la sentencia apelada, a la fecha de la emisión certificado de saldo deudor de cuenta corriente que se ejecuta -8/8/1997- se encontraba vigente el art. 795 Código de Comercio, que al respecto establecía la capitalización trimestral de los intereses, salvo estipulación expresa en contrario, tal lo ocurrido en el caso donde las partes pactaron la capitalización quincenal (cláusula novena).
Por otro lado, cabe señalar que la actora en demanda reclamó capital e intereses y, en la sentencia se condenó a pagar “los intereses y acreencias que oportunamente se determinarán…”, lo que implicó que se difirió la cuestión para el momento de practicar liquidación (arg. art. 165 del cód. proc.).
Y así fue realizado por la actora en la etapa liquidatoria y posteriormente cuestionado por la ejecutada, por manera que no puede alegarse que no resultaría procedente la capitalización por no haberse dispuesto concretamente en la sentencia, en tanto como se dijo antes se trata de una cuestión que se contempló pero se difirió para la etapa liquidatoria que ahora se transita (arg. art. 549 del cód. proc.).
Entrando al análisis del agravio referido a la procedencia o no de la capitalización de intereses, ya se ha dicho que en casos como el de autos donde se ejecuta el saldo deudor de la cuenta corriente bancaria, resulta aplicable la capitalización por estar prevista en el artículo 795 del Código de Comercio (norma vigente a la fecha de emisión del título que se ejecuta) y debe entenderse vigente aún después del cierre de la cuenta corriente, “… en tanto ello no importa la novación de la deuda generada y no se advierte razón legal frente a la subsistencia de la misma deuda, pero por otra parte, existen razones de equidad de igual peso que determinan la procedencia de la capitalización ya que de lo contrario, el deudor moroso encontraría en la justicia el ámbito propicio para premiar su incumplimiento, con un interés menor al que debe pagar el cliente de un banco que autorizado a girar en descubierto, cumple con los pagos sin llegar al extremo de originar la ejecución judicial de los saldos deudores” (cfme. Cám. Civ. y Com. de Quilmes, sala I, 13-02-96, “Banco de Crédito Argentino c/ Domingo, Domingo y otra s/ Cobro Ejecutivo”, RSI-3-96; sist. informático JUBA7: sumario B2900140).
Entonces, como el aplicable art. 795 del código de comercio establecía la capitalización trimestral de los intereses, salvo estipulación expresa en contrario, habiendo pactado las partes pactaron la forma de capitalización, resultaría en el caso procedente la capitalización del modo pactada por las partes, pero no obstante ello como en este caso la propia actora ejecutante al practicar liquidación propone la capitalización cada 6 meses en lugar de cada 15 días como fuera pactado, no se advierte motivos para apartarse de ella en tanto resulta mas beneficiosa para la ejecutada (v. cláusula novena contrato agregado a fs. 166/vta.; art. 795 cód. com. y liquidación practicada por la actora del 19/9/2023).
Por ello, en este punto también resulta inatendible el agravio en tanto se pretende que no se aplique la capitalización de intereses (art. 795 cód. com., actual art. 1393 y siguientes del Código Civil y Comercial).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación del 8/5/2024 contra la resolución del 26/4/2024; con costas al apelante vencido (art. 556 cód. proc.) y diferimiento de la regulación de honorarios (arts. 68, 69, 31 y 51 ley 14967).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 18/12/2024 08:06:24 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:22:26 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:23:12 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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236700774003690181
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/12/2024 12:25:53 hs. bajo el número RR-1023-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Pehuajó-

Autos: “A., M. C/ P., M. A. S/ PRIVACION DE RESPONSABILIDAD PARENTAL”
Expte.: -94403-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto, para dictar sentencia en los autos “A., M. C/ P., M. A. S/ PRIVACION DE RESPONSABILIDAD PARENTAL” (expte. nro. -94403-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 25/9/2024, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es admisible el pedido de pronto despacho del 17/12/2024 de la abogada del niño interviniente fundado en el vencimiento de los plazos procesales?
SEGUNDA: ¿es fundada la apelación del 26/6/2024 contra la sentencia del 18/6/2024?
TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Desde el mes de octubre de 2023 esta cámara solo cuenta con un magistrado titular, el suscripto; a su vez, desde el mes de mayo de este año actúa como magistrado subrogante el juez Andrés A. Soto, según nota recibida desde Secretaría de Planificación de la SCBA con fecha 24/5/2024.
Así las cosas, resulta de aplicación el art. 167 anteúltimo párrafo del código procesal respecto a los plazos procesales, lo que sirve de sostén para el rechazo del pedido de pronto despacho por vencimiento de los plazos.
Lo anterior, sin perjuicio de lo que a continuación se decidirá.
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. Según arroja la compulsa de la causa, el 18/6/2024 la instancia de grado resolvió: “1. Rechazar la pretensión de la actora respecto de la privación de la responsabilidad parental del Sr. MAP. 2. Ordenar como consecuencia, la inmediata revinculación del niño BP con su progenitor, quien deberá impulsar el Expte. N° PE-3855-2023 “P., M. A. c/ A., M. s/ Derecho de la Comunicación” en trámite Etapa Previa ante esta Judicatura. 3. Hágase saber a la Sra. MA que deberá abstenerse de obstaculizar el vínculo del niño con su progenitor, colaborando en el vínculo paterno-filial, bajo apercibimiento de tener en cuenta su conducta al momento de decidir sobre el régimen de cuidado y comunicación para su hijo. 4. Imponer las costas a la demandante vencida…” (v. sent. citada).
Para así decidir, memoró que -en ocasión de promover demanda- la actora encuadró su pretensión en los términos del artículo 700 inc. c) del código de fondo que establece que cualquiera de los progenitores quedará privado de su responsabilidad parental por “poner en riesgo la seguridad, la salud física o psíquica del hijo” [sobre los hechos que dieron origen a las presentes, v. autos vinculados “A., M. c/ P., M.A. s/ Protección Contra la Violencia Familiar” (expte. PE-1745-2023) y “P., M.A. c/ A., M. s/ Derecho de Comunicación” (expte. PE-3855-2023)].
Pero que, contrario a los efectos perseguidos, quedó acreditado en autos que el día que sucedieron los eventos que sirvieron de plataforma para los obrados en despacho, el niño y su progenitor no se encontraban en la ciudad de Francisco Madero como aquélla indicara, sino que estaban en la ciudad de Pehuajó (remisión a declaraciones testimoniales aportadas); lo que amerita descartar que el niño haya sido trasladado en los términos consignados en demanda.
Al margen del hecho principal, que -como se indicó- precipitó la apertura de la causa, la judicatura de grado advirtió que el hecho denunciado -por sí mismo- no resulta de entidad suficiente para acoger favorablemente la privación promovida. Desde que tampoco quedó acreditado que el demandado sea una persona con consumo problemático, como -asimismo- se había referido; lo que emerge de los informes psicológicos practicados por la terapeuta del accionado y por la perito psicóloga del juzgado, a más de las declaraciones testimoniales ofertadas que -según señaló- se evidenciaron contestes en tal sentido.
En esa tónica, a tenor de las manifestaciones de la actora en punto a los años de tratamiento psicológico y psiquiátrico que habría realizado el demandado, la instancia de origen especificó que no puede presumirse -en base a tales circunstancias- que una persona sea violenta por recurrir a tales espacios para abordar sus padecimientos. Y, para ello, puso de resalto que aquél posee un certificado de alta en función del tratamiento realizado para paliar un trastorno de ansiedad generalizado, habiéndose indicado sobre el particular que, durante su tratamiento, no evidenció indicadores que pudieran pensarse en un sujeto peligroso para sí o para terceros o que se trate de una persona manipuladora y violenta.
Conclusiones que, conforme se advirtió, encuentran correlato con las del Equipo Técnico del Juzgado en función de las evaluaciones psicológicas realizadas, que dieron cuenta que el demando se orienta hacia lo sumiso, intentando mediar y pacificar las situaciones que vivencia.
En punto a las manifestaciones vertidas por el niño durante el proceso, la magistratura inicial aludió a la evaluación psicológica que se le practicara, de la que emergió que puede ofrecer un relato de eventos de los que afloran situaciones de descuido de los adultos, mas no de violencia directa sobre su persona. Al tiempo que no se registran en él temores sobre figuras masculinas y/o paternas que puedan dar la pauta de eventos traumáticos.
En ese norte, integró lo apuntado a la audiencia de escucha celebrada, de la que -conforme valoró- fue posible extraer que el cuadro de situación actual se relaciona con la problemática de fondo planteada en los adultos, que repercute negativamente en la persona del pequeño.
Desde otro ángulo, en punto al comportamiento de la progenitora, señaló que -mediante un visaje orientado a la búsqueda del interés superior de aquél- se deben respetar sus derechos y condición personal de niño, que incluye el respeto a que mantenga relación, comunicación, trato y contacto con ambos padres. De modo que no cabe que admitir que tal prerrogativa se encuentre lesionada a consecuencia de interferencias, creación de situaciones de conflicto y comportamientos obstruccionistas, vislumbrados en la especie.
Así, destacó diferentes presentaciones efectuadas por la abogada del niño, en las que la profesional refirió que el niño -en el marco de las sucesivas entrevistas mantenidas- no refirió ninguna de las situaciones consignadas por la progenitora en demanda; al tiempo que no existen motivos explícitos de negativa del niño a mantener contacto con su padre y su familia ampliada.
Panorama que, desde una valoración global, llevaron al órgano a concluir que la falta de relación del niño con su padre durante estos últimos tres años, responde pura y exclusivamente a un conflicto entre adultos que no se condice con el peligro físico o moral evocado como fundamento para peticionar la privación aquí vehiculizada (v. fundamentos de la sentencia recurrida).
2 Ello motivó la apelación de la actora, quien -en muy somera síntesis- centró sus agravios en los siguientes aspectos.
En primer término, sobrevuela el iter procesal recorrido y puntualiza que la pretensión de declaración de pérdida de responsabilidad parental en los términos del artículo 700 inciso c) del código fondal, lo fue a título cautelar en función de los acontecimientos verbalizados por el niño que motivaron la denuncia de violencia que precedió la apertura de las presentes, la que derivó en medidas protectorias -firmes y consentidas- dispuestas en favor de su hijo.
Por lo que fenecidas éstas, refiere, no pesaba sobre el demandado impedimento de contacto alguno desde que el mentado pedido de privación no fue planteado como una acción de fondo, sino -insiste- con carácter cautelar; lo que no fue advertido por la judicatura al resolver, conforme refiere.
En ese espíritu, aduce que la sentencia de autos ha devenido abstracta.
Tocante al hecho que motivara la denuncia de violencia sobre la que -a la postre- se encaballó el pedido de privación, dice que -contrario a lo sostenido por la judicatura- obran en autos variados elementos probatorios, los cuales fueron valorados positivamente por el órgano primeramente interviniente que dictó la tutela protectoria peticionada en el marco de aquélla causa. Pero, sin perjuicio de ello, entiende que no corresponde el sostenimiento de la resolución dictada “a destiempo” que, para más, no luce congruente -desde su apreciación- a contraluz de lo verdaderamente peticionado.
Solicita, entonces, se declare abstracta la cuestión planteada con costas por su orden (v. expresión de agravios del 12/8/2024).
3. De su lado, el demandado brega por el rechazo del recurso interpuesto, en tanto -según apunta- la actora, en efecto, pidió se lo prive de su responsabilidad parental como acción de fondo, sin haber triunfado en la acreditación de sus dichos. Lo que justifica, conforme propone, el sostenimiento de la resolución de grado con costas a su cargo (v. contestación de agravios del 20/8/2024).
4. Argumentos compartidos, a su turno, por la abogada del niño y la asesora designada (remisión a los fundamentos contenidos en la contestación de traslado del 23/8/2024 y el dictamen del 7/9/2024).
5. Resulta útil tener presente que deviene abstracto el pronunciamiento jurisdiccional que recae sobre una cuestión que carece de gravitación en el resultado del pleito y que, por tanto, no es función de la judicatura emitirlo. No obstante, se ha de sentar que -pese al esfuerzo argumentativo desplegado por la recurrente en aras de persuadir sobre la aplicabilidad de tal tesitura a la especie- no corresponde extrapolarla al panorama de autos, en función del estudio que se hará en cuanto sigue (arg. art. 34.4 cód. proc.).
En primer término. Del contrapunto entre las constancias de la causa y el argumento de la fenomenología netamente cautelar de la privación de la responsabilidad parental promovida, se ha de sentar que éste se aprecia disonante con el iter procesal recorrido y, por tanto, insuficiente para repeler por sí el decisorio de grado (arg. art. 3° del CCyC).
Ello, por cuanto -al margen de la rotulación que la actora le diera al escrito postulatorio- ninguna objeción le mereció la continuidad que la judicatura le diera al proceso, en tanto directora de éste. Panorama que, entre otros aspectos, llevó a esta cámara a expedirse durante este mismo año calendario acerca de una incidencia suscitada a tenor de cierta prueba ofertada, en el caso, por el demandado; habiendo la recurrente bregado en aquella oportunidad por el rechazo del recurso interpuesto por la contraria (remisión a resolución de cámara del 27/3/2024, registrada bajo el nro. RR-192-2024; que despachó el escrito recursivo del 6/12/2023 y, en cuanto aquí importa, la contestación de la ahora apelante del 19/12/2023).
Desde otro ángulo, tampoco vislumbra la contundencia necesaria el posicionamiento de aquélla en cuanto a la dualidad de la pretensión cautelar oportunamente promovida -esto es, prohibición de contacto y privación de la responsabilidad parental-, las que -según dice- fueron resueltas por separado, derivando en la alegada desinterpretación jurisdiccional de los actuados. Pues, si como aduce la recurrente, la judicatura resolvió -en un primer momento- la prohibición de contacto del progenitor del niño y -a la postre- mandó a producir prueba para ponderar el pedido de privación de la responsabilidad parental, aquélla nada refirió en aquél momento respecto de la abstracción de la materia litigiosa que ahora pretende argüir para repeler los efectos de la sentencia recaída (arg. art. 375 cód. proc.).
Y, en ese espíritu, carece -asimismo- de peso específico suficiente lo referido a la innecesariedad del pronunciamiento de grado en atención a la antigua data de los hechos que motivaron la presente, desde que no escapa a este estudio que, pese al tiempo transcurrido desde la apertura de autos a esta parte y la profusa prueba producida, el contacto paterno-filial continúa truncado sin que se hallen acreditados los extremos invocados en demanda y sin que tampoco se aprecie nexo entre el posicionamiento de la apelante y la verdadera percepción del niño sobre el particular, quien -conforme señalara la instancia de grado- no descarta la posibilidad de restablecer el vínculo con su padre (v. por caso, informes psicológicos del 11/4/2024 y 31/5/2022).
Puntualizado lo anterior, tocante al interés superior de BP -directriz de ponderación contenida en el bloque trasnacional constitucionalizado, que debe primar en el análisis de procesos de esta índole- es dable recordar que “ese interés está primero en el orden de jerarquía, es decir antes que el interés de los padres biológicos, antes del interés de los hermanos, antes del interés de los guardadores, antes del interés de los tutores, antes de todo otro interés… Y, no sólo es un interés superior en referencia a otros intereses en juego, sino que, además, se trata del mejor interés del NNyA” (v. esta cámara, expte. 91387, sent. de fecha 15/2/2024, registrada bajo el número RR-47-2024, con cita de Fernández, Silvia Eugenia en “Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, Tomo I-págs. 33/62, Ed. Abeledo-Perrot, 2017).
Tal abordaje lleva a sostener que esa noción representa “el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona menor de edad y, en general, de sus derechos que buscan su mayor bienestar” (v. Gallo Quintián, G.J. y Quadri, G. H. en “Procesos de Familia”, Tomo II, págs. 398 y ss., Ed. Thomson Reuters La Ley, 2019).
Búsqueda que -necesariamente- debe enlazarse al concepto de predictibilidad. Relación que -según aflora de un estudio asertivo de la Convención de los Derechos del Niño y normativa afín, al que este tribunal propende- demanda el análisis de las implicancias que puedan dimanar de la decisión que ahora se adopte respecto del pequeño, para la concreción de un proyecto de vida satisfactorio en términos bio-psico-emocionales [v. aut. cit., obra cit.; en diálogo con arts. 3° de la Convención de los Derechos del Niño; y 2°, 3° y 706 inc. c) del CCyC].
Por lo que, sobre esa base, este cámara entiende acertado el posicionamiento jurisdiccional que aflora de la sentencia apelada que entendió la conflictiva planteada como privativa de los adultos con resultados iatrogénicos para el pequeño y que, en función de la inacreditación de los recaudos previstos para el despacho favorable de la privación pretendida, juzgó adecuada la inmediata revinculación entre el niño y su padre (v. preámbulo y art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño; en diálogo con arts. 2° y 3° del CCyC).
Siendo de destacar que la recurrente no ha atacado el eje troncal del decisorio rebatido ni ha logrado desbaratar el pormenorizado recuento probatorio que la pieza contiene; pues -como se expuso- se centró en alentar el escenario de la abstracción, el que no resulta asaz bastante a tales fines, conforme fuera detallado (args. arts. 34.4, 260 y 375 cód. proc.).
De tal suerte, corresponde desestimar la apelación incoada.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
A LA TERCERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Con arreglo al resultado obtenido al tratar las cuestiones que preceden, corresponde:
1. Rechazar el pedido de pronto despacho por vencimiento de los plazos procesales (art. 167 penúltimo párrafo cód. proc.).
2. Desestimar la apelación del 26/6/2024 contra la sentencia del 18/6/2024.
3. Remitir las actuaciones a la instancia de grado, a los efectos de que instrumentalice -con la premura que el caso amerita- la revinculación paterno-filial ordenada.
4. Cargar las costas a la apelante vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 68 cód. proc., 31 y 51 ley 14967).

TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
1. Rechazar el pedido de pronto despacho por vencimiento de los plazos procesales (art. 167 penúltimo párrafo cód. proc.).
2. Desestimar la apelación del 26/6/2024 contra la sentencia del 18/6/2024.
3. Remitir las actuaciones a la instancia de grado, a los efectos de que instrumentalice -con la premura que el caso amerita- la revinculación paterno-filial ordenada.
4. Cargar las costas a la apelante vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Familia Nro. 1 – Sede Pehuajó
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 18/12/2024 11:01:56 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 11:07:53 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 11:40:16 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8.èmH#e!GsŠ
241400774003690139
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 18/12/2024 11:40:37 hs. bajo el número RS-51-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares
_____________________________________________________________
Autos: “VACCAREZZA MIGUEL A Y VACCAREZZA MARIO E S.H C/ TRANSPORTE EL GRYLLUS S.A S/COBRO EJECUTIVO (INFOREC 911)”
Expte.: -95023-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: las apelaciones de los días 17/9/2024 y 18/9/2024 contra la resolución del 11/9/2024.
CONSIDERANDO:
1. Ambas partes coinciden en que el 8/10/2020 la demandada firmó con la actora un boleto de compraventa de un camión y un semirremolque por un monto de U$S 120.000,00, a abonarse en tres cuotas de U$S 40.000,00 con vencimientos el 28/02/2021, 30/7/2021 y 28/2/202, habiéndose efectuado un pago parcial de $2.520.000 el mismo día en que dicho documento fuera suscripto. Y que además la demandada le entregó a la actora dieciocho cheques de $140.000,00 cada uno, los que fueron cobrados.
La parte ejecutada se opone al progreso de la acción intentada en su contra aduciendo que los títulos que se le reclaman derivan de una relación consumeril y, además como esos títulos no le fueron presentados al cobro, los eventuales accesorios no podrían correr sino a partir de la presentación de la demanda.
También refiere que en el aludido boleto las partes pactaron someterse a la competencia ordinaria de los Tribunales de Mercedes, pero sería competente el juzgado de paz de 9 de julio por haberse consignado así en los pagarés el lugar de pago.
De su lado la actora niega la relación de consumo que denuncia la ejecutada, y aduce que las características de literalidad, abstracción y autonomía propias de los títulos base de la ejecución tornan ajena a los mismos la operación de compraventa de bienes celebrada con aquella; sostiene que al tener el ejecutado su domicilio dentro del radio de competencia del Juzgado de Paz de Carlos Casares, la excepción de incompetencia es improcedente.
Finalmente, reconoce en forma expresa los instrumentos de pago presentados por la ejecutada para fundar la defensa de pago parcial, pero al respecto solicita que la suma abonada debe imputarse a cuenta de intereses, convirtiéndolos a dólares estadounidenses a la fecha de cobro de cada uno de los cheques recibidos y no la de sus respectivos libramientos.
En la resolución apelada el juzgado decide desestimar la excepción de incompetencia incoada por la parte demandada y, rechazar la ejecución por encontrar inhábiles los títulos presentados para abrir la vía ejecutiva intentada.
Tanto actora como demandada apelan la resolución (v. 17/9/2024 y 18/9/2024).
La actora se agravia en principio porque el juez de grado justificó el rechazo de la ejecución en la inobservancia del carácter líquido o fácilmente liquidable de la obligación cambiaria, en razón de que no surge de los cheques su fecha de pago, por manera que ello no permite determinar sus montos e imputación a capital e intereses, imposibilitando de ese modo efectuar el cálculo de lo adeudado.
Al respecto la apelante sostiene que lo manifestado por el aquo es erróneo porque los pagos parciales realizados por el demandado son fácilmente determinables, ya que los cheques entregados tienen fecha de pago cierta, pudiendo convertirse a dólares estadounidenses mediante un simple calculo. Asimismo dice que uno de los requisitos del carácter líquido o fácilmente liquidable de una deuda objeto en un juicio ejecutivo, es precisamente que de haber mediado pagos parciales se aclare el tiempo en que hubiesen sido efectuados. Y en este caso, todos los cheques entregados a esos efectos, tienen fecha claramente determinada.
La demandada de su lado, cuestiona la aceptación de la competencia y además solicita la modificación de las costas, pretendiendo que se impongan a la actora vencida porque le fue rechazada la demanda por su intervención (v. memorial del 26/09/2024).

2. En principio cabe abordar el cuestionamiento de la competencia aceptada por el juzgado.
De la lectura de los agravios se concluye que el ejecutado no plantea una crítica concreta y razonada para desvirtuar lo decidido al respecto, pues el aquo sostuvo que no obstante que en los pagarés se consignó como lugar de pago 9 de Julio, como el ejecutado tiene domicilio en el radio del juzgado de paz, resulta por ese motivo competente.
Y al fundar la apelación comienza diciendo que remite a lo expuesto al plantear la excepción, pero es sabido que resulta insuficiente remitir a escritos anteriores para que los agravios configuren una crítica concreta y razonada del fallo como lo exige la primera parte del art. 260 del cód. proc.. Específicamente se establece en la 1ª parte del párrafo 2° del art. 260 CPCC: “No bastará remitirse a presentaciones anteriores.”.
A continuación el apelante menciona que el art. 5.3 del cód proc. dice “o en su defecto”, ello significa según la RAE “Carencia de alguna cualidad propia de algo”, o “a falta de la persona o cosa de que se habla, especialmente de algún requisito”.
Pero mas allá de esa explicación no arriba a una conclusión que demuestre fundamente que lo decidido por el juzgado sea erróneo y corresponda que se declare incompetente para intervenir aquí.
Además, luego agrega que la excepción de incompetencia oportunamente interpuesta, deviene en abstracto, toda vez que fue resuelta la cuestión de fondo, y finaliza aclarando que lo expone porque no quería dejar pasar la oportunidad de expresarse al respecto. En este punto no se advierte ni se aclara si lo pretendido es que se declaré el juzgado incompetente como lo solicitara al plantear la excepción o que continúe interviniendo por haberse tornado abstracto el planteo.
Por todo ello cabe concluir que la apelación deducida en la parte que cuestiona la competencia del juzgado de paz es desierta, ya que lo expuesto por el apelante no puede considerarse que constituye una critica concreta y razonada en los términos exigidos por el art. 260 del cód. proc.

3. Rechazo de la ejecución por no tratarse de una deuda fácilmente liquidable.
Ante el reclamo de la actora el demandado interpuso excepción de pago parcial con argumento en que antes de iniciado el reclamo judicial efectuó cancelaciones parciales mediante varios cheques que fueron cobrados por el ahora ejecutante; y ello terminó siendo reconocido por el propio ejecutante (v. esc. elec. del 9/8/2024 y 20/8/2024 pto. IV.)
Así entonces, no puede soslayarse que correspondía que el actor dedujera del monto reclamado en demanda las sumas que habían sido obladas efectuando las cuentas que estimaba correctas para ello, o en todo caso al menos manifestar que recibió pagos parciales y que difería la deducción de esos pagos para la etapa de liquidación, si consideraba que existían dificultades para hacerlo al inicio del juicio y precisaba transitar otra etapa judicial para aportar elementos, debatirlo y que el juez decida como se imputan los pagos efectuados en pesos a la deuda contraída en dólares y garantizada con los pagarés que aquí se ejecutan (art. 501 y 502 cód. proc.). De todos modos esa situación antes descripta no puede inquívocamente aseverar que la deuda no es liquidable, sino que en todo caso se difiera la determinación de la deuda para la etapa liquidatoria.
En la especie, no sólo que el actor no realizó el descuento de los pagos parciales percibidos antes de iniciar la ejecución imputándolos de algún modo, sino que ni siquiera manifestó en demanda que ya había recibido esos pagos, procediendo a reconocerlos recién con motivo de la excepción de pago parcial interpuesta por el demandado.
Así entonces, aún cuando se observa que los pagarés que se ejecutan fueron librados en dólares y los pagos parciales se realizaron mediante cheques emitidos en pesos, ello no puede ser argumento para rechazar la ejecución por considerar que la deuda reclamada en autos no cumple con el art. 518 del cód. proc., por no existir suma líquida o fácilmente liquidable.
Pues, nada impide que esa cuestión de conversión e imputación de los pagos no pueda ser motivo de debate y decisión en la correspondiente etapa liquidatoria de este proceso ejecutivo (arg. art. 501 y 502 cód. proc.).
4. Por todo lo anteriormente expuesto, la ejecución debe prosperar por el saldo impago, el que será determinado en la etapa de liquidación (arg. art. 501 y 502 cód. proc.).
5. Teniendo en cuenta lo decidido anteriormente, las costas deben ser distribuidas de acuerdo al éxito obtenido por cada parte, esto es por la parte que prospera la ejecución son a cargo de la ejecutada y, en la medida que se admite la excepción de pago parcial deber ser soportadas por la actora (arg. art. 68 y conc. cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
1. Estimar parcialmente la apelación de la actora del 17/6/2024, y en consecuencia revocar la resolución del 11/9/2024, mandando llevar adelante la ejecución, con costas al ejecutado por el monto que prospera, y a cargo de la actora por la parte que se desestima la ejecución con motivo de la admisión de la excepción de pago parcial (art. 68 y 556 cód. proc.). Las costas en esta instancia se imponen a la apelada vencida en tanto se admite el recurso de la actora (art. 68 cód. proc.) y diferimiento ahora de la resolución sobre los honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).
2. Desestimar la apelación de la demandada del 18/9/2024 con costas a su cargo (art. 556 cód proc.) y diferimiento ahora de la resolución sobre los honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 18/12/2024 08:05:10 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:18:31 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:20:24 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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244100774003684364
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/12/2024 12:20:40 hs. bajo el número RR-1021-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux
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Autos: “G. M. F. S/ MEDIDAS CAUTELARES LEY 26.485”
Expte.: -95079-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 2/8/2024 contra la resolución del 12/7/2024.
CONSIDERANDO:
1. En cuanto aquí resulta de interés, frente a la presentación del denunciado del 17/6/2024 por vía de la cual el denunciado ofreció prueba, el 12/7/2024 la instancia de grado resolvió: “…2) Hacer saber a las partes que las cuestiones atinentes al contrato de locación y/o desalojo del inmueble deberán ser canalizadas por las vías procesales pertinentes, sin el ejercicio de ninguna conducta violenta, en atención que las mismas exceden a todas luces el presente proceso cautelar de violencia de género (Arts. 34 y 36 del CPCC y Ley 26.485).- 3) Versando los medios probatorios ofrecidos tendientes a acreditar la falta de servicio de luz, y agua, circunstancias que no se encuentran controvertidas en cuanto a que los mismos se han interrumpido, y que el cumplimiento y la provisión de dichos servicios devienen de su obligación como locador, amén de cuál ha sido el origen del desperfecto (Art. 1201 del CCYC conforme de la ley 27551), indagar sobre ello en estas actuaciones deviene innecesario por exceder el marco del proceso cautelar (Art. 362 del CPCC). Idéntica suerte corre lo atinente a la acreditación o no de los pagos de la locación, en tanto tales circunstancias son ajenas a este proceso y aún, ante la hipótesis de no pago del mismo, las acciones legales que deben adoptarse no deben ser las vías de hecho…” (v. presentación antedicha y fundamentos de la resolución citada).
2. Ello motivó la apelación del denunciado, quien -en muy prieta síntesis- aclara que no pretende poner en crisis la oportuna disposición de medidas cautelares con fundamento en la ley marco que impregna este proceso. Sino que confuta, en cambio, la continuidad de la vigencia de aquéllas pese al acompañamiento de probanzas suficientes para cambiar el escenario de autos.
En ese trance, explica que ha presentado elementos que ponen de evidencia que el corte de suministros resulta ser ajeno a él, pues se debe a un hecho fortuito como lo fue la explosión acaecida a causa de la irresponsabilidad de la locadora denunciante; quien había sido previamente instada a evitar un consumo elevado, en función del cableado fino del circuito eléctrico. Hito sobre el que se desinteresó, a la postre, para atribuirle a él la responsabilidad de lo acontecido.
Reseña, asimismo, que él también solicitó la intervención de un perito o idóneo para que determine las causas del corte en cuestión y valúe la reparación; probanza que el órgano jurisdiccional tampoco proveyó. Ello, al tiempo que ha aportado testimoniales que contrarían la versión de la denunciante sobre la que se cimentaran las medidas otorgadas.
Así las cosas, memora que -frente a la postura por él asumida- la denunciante ha esgrimido lo que sería la preclusión del plazo de apelabilidad de la tutela cautelar decretada. Empero, cierto es que -según expone- la magistratura tiene la facultad de revisarla y, en su caso, levantarla si media evidencia que lo aconseje; valoración a la que propende mediante la interposición del recurso en estudio.
Como corolario, expone que el devenir procesal -con especial eje en la resolución recurrida-, afecta su derecho de defensa en juicio; a más de conculcar el principio de verdad objetiva e -incluso- traducir un cuestionamiento a la imparcialidad judicial (v. memorial del 12/9/2024).
3. Por su parte, la denunciante indica que la prueba que el recurrente pretende hacer valer resulta ineficiente para desvirtuar la necesidad de protección de las medidas dictadas; desde que no logran exteriorizar cosa distinta a su animosidad de falsear los hechos ocurridos -es decir, la interrupción de suministro de agua y luz en el domicilio a aquél locado- y, de consiguiente, desacreditar la denuncia radicada.
Al respecto, pone de relieve que las medidas protectorias decretadas en su favor estuvieron imbuidas del respecto a los derechos y garantías consagrados en el bloque trasnacional constitucionalizado y leyes locales afines, a tenor de los especiales lineamientos procesales que los impregnan. Ello, a los efectos de contrarrestar la violencia denunciada y evitar su reiteración a resultas de los indicadores de riesgo y urgencia detectados, los que -en la especie- el apelante no ha logrado desvirtuar pese a la argumentación brindada.
Pide, en suma, se rechace el conducto impugnatorio deducido y se mantenga la decisión de grado (v. contestación del 27/9/2024).
4. Ha sostenido reiteradamente la SCBA que los tribunales deben expedirse sobre los asuntos que les toca dirimir a tenor de las circunstancias existentes al momento de fallar, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso o petición correspondientes (arg. art. 163.6, segundo párrafo del cód. proc.; conf. Ac. 78.639, sent. del 23-V-2001; Ac. 82.248, sent. del 23-IV-2003, Ac. 85.553, sent. del 31-III-2004)” (del voto del doctor Soria en C. 100.459, sent. del 16-III-2007. En similar sentido, C. 99.500, sent. del 13-II-2008, con cita de la CSJN, Fallos, 308:1489; 310:670 y 2246; 311:870, 1219, 1810 y 2131; 312:579 y 891; 313:701; 314:1834; 315:123; 318:662; 319:1558; 322:1709; 323:1101; entre muchos otros).
De tal modo, la insubsistencia del caso importa la desaparición del poder de juzgar; lo que es congruente con el invariable criterio del cimero Tribunal provincial que establece la inhabilidad de la judicatura para emitir declaraciones generales o pronunciamientos abstractos (conforme fallo citado).
Postura que ha sido la asumida por esta cámara en situaciones análogas, como puede verse en autos ‘M., A. O. Y Otra S/ Protección Contra La Violencia Familiar’ (expte. 92767; res. 22/3/2022) y ‘S., M. C C/ G., G. F. s/ Protección Contra La Violencia Familiar’ (expte. 88945; res. 21/3/2014), entre otros.
De lo dicho, se advierte con claridad que -a la fecha de este voto- la cuestión traída a conocimiento de esta alzada, se ha tornado abstracta. Ello, por cuanto -según se desprende de la presentación efectuada por el denunciado el 25/11/2024- la denunciante ha desalojado el 13/11/2024 la vivienda que otrora locara al apelante; vínculo del cual dimanaron la denuncia radicada por la locataria en razón de la interrupción de los suministros de luz y gas que atribuyera a aquél y que la judicatura enmarcado en la ley 26485 (v. en contrapunto, denuncia y medidas primigenias, con la aludida presentación del 25/11/2024, que da cuenta del desalojo operado).
Y, sentado lo anterior, no pasa desapercibido a este estudio que las probanzas cuya producción insta, encuentran directo correlato con el contrato de locación -se reitera, ahora inexistente- del que emergió la conflictiva abordada en las presentes (args. arts. 34.4 y 384 cód. proc.; en diálogo con arts. 1 y 7 ley 12569).
Por manera que, a la fecha de emisión de este voto, la producción probatoria instada ha perdido virtualidad ante la obsolescencia del debate que los agravios traídos invitan a re-editar.
De tal suerte, no tiene esta cámara nada que decidir en punto a la producción probatoria cuya producción y eventual valoración se persigue; habida cuenta que -al ser los pronunciamientos abstractos impropios de las decisiones judiciales- no es función de la judicatura emitirlos (art. 34.4 cód. proc. y SCBA., L 62014, sent. del 21/11/2001, ‘Encina, Daniel D c/ Municipalidad de Berisso s/ Enfermedad accidente’, en Juba sumario B 41825).
Siendo así, corresponde declarar abstracta la apelación del 2/8/2024, con costas en el orden causado (art. 69, C. Proc.)
Ello, sin perjuicio de remitir los actuados a la instancia de origen a fin de que se pronuncie sobre la continuidad de las medidas hasta el momento decretadas, a tenor de la modificación de la base fáctica sobre las que se fundaron; lo que -de momento- exorbita la competencia revisora de esta Alzada (args. arts. 34.4 y 272 cód. proc.; y 1, 7, 10 y 14 ley 12569).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
1. Declarar abstracta la apelación del 2/8/2024, con costas en el orden causado (art. 69, Cód. Proc.).
2. Remitir los actuados a la instancia de origen a fin de que se pronuncie sobre la continuidad de las medidas hasta el momento decretadas, a tenor de la modificación de la base fáctica sobre las que se fundaron.
Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o por AC 4039 SCBA). Regístrese. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz de Daireaux.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 18/12/2024 08:04:31 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:17:40 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:18:46 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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258500774003689938
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/12/2024 12:19:00 hs. bajo el número RR-1020-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ PRIETO EVANGELINA Y OTRO S/ EJECUCION PRENDARIA”
Expte.: -95053-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 26/9/2024 contra la resolución del 17/9/2024.
CONSIDERANDO
1. Atento la existencia de fondos depositados, el ejecutante practica liquidación, indicando que el capital adeudado a la fecha asciende a la suma de $14.885.389,00 conforme el certificado expedido por contador público que adjunta, y que fuera desarrollado según las pautas de la sentencia dictada con fecha 16/3/2022 y su aclaratoria de fecha 23/3/2022.
Los intereses aplicados, dice, son los establecidos en la sentencia dictada, tasa activa Banco Nación establecida en la cláusula 7° inc. d) del contrato prendario, desde la fecha de la mora acaecida el día 14/1/2019, y ascienden a la suma de $54.135.594,54 conforme detalle que acompaña (ver escrito de fecha 1/9/2024).
Al despachar esa presentación, el juez advirtió que no se acompañó cálculo detallado de la evolución de la tasa mensual aplicada ni su porcentaje en particular, como así tampoco una discriminación mensual de la deuda conforme fueron venciendo cada una de las cuotas pactadas. Por lo que previo a dar traslado, requirió a la parte que supla esa omisión adjuntando una nueva liquidación (res. apelada del 17/9/2024).
Contra lo decidido se alza la ejecutante con un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Señala que debe revocarse porque la liquidación fue practicada de acuerdo con las disposiciones emergentes de la sentencia de autos con fecha 16/3/2022 y su aclaratoria de fecha 23/3/2022 , que se encuentra firme y consentida.
Así expresa que en la cláusula tercera del contrato prendario base de la presente ejecución, se obligó a abonar el monto del mutuo, reajustable con base a la variable que sufre el precio del automóvil nuevo de similares características al prendado. Así, realizó justamente la liquidación presentada, la cual es respaldada por la Certificación Contable de Deuda rubricada por contador público, que fuera oportunamente acompañada a dicha presentación. Agregó que los rubros que contiene la Certificación Contable de Deuda adjuntada ahora al practicar liquidación, son los mismos que los acompañados con la demanda, solo que fueron actualizados conforme lo establece la sentencia (ver recurso y fundamentación en escrito de fecha 25/9/2024).
La revocatoria es desestimada y se concede la apelación (res. del 2/10/2024).

2. La sentencia de trance y remate mandó llevar adelante la ejecución por la suma de $954.017,47 con más los intereses que correspondieren (res. del 16/3/2022).
Ante el recurso interpuesto por el ejecutante contra la misma, el juzgado resolvió que el letrado podía incluir al momento de practicar liquidación, todos los rubros a los que hacía referencia, mencionando entre ellos: reajustes, intereses y costas reclamados en la demanda (res. del 23/3/2022).
Al practicar y presentar la liquidación, el juez señaló que previo a sustanciarla, debía la actora acompañar cálculo detallado de la evolución de la tasa mensual aplicada y su porcentaje en particular, y discriminación mensual de la deuda conforme fueron venciendo cada una de las cuotas pactadas y esa decisión fue motivo de agravio.
Pero, por principio, las decisiones de los jueces en uso de las facultades ordenatorias e instructorias del artículo 36 inciso 2º del Código Procesal son inapelables (cfrme. Hitters, Técnica de los recursos ordinarios’, pág. 324; ídem, Morello – Sosa – Berizonce, `Códigos…’, t. II-A, págs. 647 y 648), aunque se ha admitido su apelabilidad en situaciones excepcionales en que se causa un grave perjuicio a las partes o se ha alterado el derecho de defensa (esta Cámara, sent. del 10-12-98, causa Nro. 12.666/97, Reg. 277, L. 27), agregándose en la misma ocasión que cuando se está frente a una potestad ordenatoria o instructoria, cuyo ejercicio depende del prudente arbitrio judicial, no se advierte que la providencia sea susceptible de engendrar un gravamen irreparable, presupuesto liminar de todo recurso.
Y conforme lo ha dicho la Suprema Corte, las liquidaciones se aprueban ‘en cuanto ha lugar por derecho’, y conforme a ello, los jueces cuentan con amplias facultades para revisar las cuentas realizadas por las partes a fin de verificar que éstas se ajusten a la sentencia, y aún hasta luego de aprobadas pueden ser reformuladas o modificadas si se advierte algún error en las mismas (S.C.B.A., B 63367, sent. del 11/9/2013, ‘Cavaliere, José Luis c/Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) s/Demanda contencioso administrativa’ en Juba sumario B4001232; su doctrina).
Con lo cual, considerando que lo requerido por el juez en la resolución de fecha 17/9/2024 se enmarca en el ámbito de aquellas facultades judiciales (arts. 34 y 36 del ordenamiento procesal), resulta en el caso, inapelable la decisión.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Declarar inadmisible la apelación deducida el 26/9/2024 contra la resolución del 17/9/2024.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 18/12/2024 08:03:35 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:16:03 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 12:16:25 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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231900774003690105
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/12/2024 12:16:45 hs. bajo el número RR-1019-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Pehuajó-
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Autos: “ZARANTONELLO NIEVAS LAURA MICAELA C/ ZARANTONELLO CARLOS RAUL S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”
Expte.: -95171-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 25/11/24 contra la resolución del 20/11/24.
CONSIDERANDO:
La resolución del 13/11/23 concedió el beneficio de litigar sin gastos, sin tener que afrontar el pago de las costas u otros gastos judiciales hasta tanto no mejore de fortuna, con la salvedad establecida en el articulo 84 CPCC. .
Posteriormente y ante el pedido de regulación de honorarios por parte de la Abogada del Niño, el juzgado resolvió: “I.- En relación a lo peticionado y, en atención a que el presente incidente carece de autonomía y su naturaleza resulta informativa y contingente, no amerita una imposición específica de costas, difiriéndose para la oportunidad en que se dispongan los gastos causídicos en los autos principales (arts. 78, 82 y 84 CPCC; doc. Cámara Civil y Comercial, San Nicolás, causa 11359 “T., N. M.”, del 31/3/2022; disponible en JUBA) o a lo dispuesto por la AC. 4039/21 SCBA”, motivando el recurso de apelación por parte de la letrada Mattioli (v. trámites del 20/11/24 y 25/11/24).
Concretamente, con invocación de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 14568 (Dec. Reglametario nro. 62), 16 del Reglamento Único de Funcionamiento del Registro de Abogadas y Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Buens Aires de COLPROBA del 6/7/16, Circular 6273/16 (Resolución 122/16), la letrada Mattioli solicita que se regulen honorarios por el trabajo realizado en defensa de su patrocinada (v. presentación del 25/11/24).
Pues bien, más allá que habría que distinguir entre el derecho a la regulación de honorarios, como remuneración por el trabajo profesional, del derecho a perseguir su cobro de un obligado determinado, distinción que se pone de relieve en los casos de renuncia o revocación del mandato (arg. arts. 1 y 17 de la ley 14.967), con lo cual podría superarse la disyuntiva acerca de si este proceso de litigar sin gastos amerita o no una imposición específica de costas como paso previo a la regulación -lo cual aparece, al menos controvertido-, lo cierto es que lo atingente a quien sería el obligado al pago de los honorarios que se regularan a la abogada del niño, aparece resuelto (Osvaldo A., ‘Costas Procesales’, Ediar, 2007, t. II, págs. 571 y stes, y 914 y stes.).
En efecto, en el artículo 5 de la ley 14.568 que crea la figura del abogado del niño, cumpliendo con lo establecido por el artículo 27 de la ley 26.061, se dejó establecido que el Estado Provincial se haría cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los abogados patrocinantes de los niños, encomendado el artículo 5 del decreto reglamentario 62/2015 al Ministerio de Justicia fijar las pautas y el procedimiento correspondiente, a los efectos del pago de las acciones derivadas de las actuaciones de tales abogados, y para ese cometido facultó a celebrar convenios con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Luego, en ejercicio de las facultades conferidas durante la vigencia del artículo 1.5 del decreto 23.016, en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se dictó la resolución ministerial número 22/16 que aprobó el convenio número nueve realizado el 12 de mayo de 2016, entre al citado Ministerio y el Colegio de Abogados, que tuvo por objeto garantizar a las niñas, niños y adolescentes, la asistencia de un letrado especializado en todo procedimiento judicial y administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la ley 26.061, que definió las reglas para el pago de los servicios.
Puntualmente, respecto de los honorarios, la cláusula octava de dicho convenio estipuló -incorporando lo sentado en aquel artículo 27 de la ley 20.016-, que serían a cargo del Estado provincial en todos aquellos casos en que se acreditara el beneficio de pobreza de acuerdo a lo establecido en el c del artículo 27 de la ley 26.061. Disponiendo para la contingencia de no acreditarse ese beneficio, que el Ministerio tendría a su cargo el pago del cincuenta por ciento de los honorarios de los abogados que intervinieran en tal patrocinio. En cuanto al cincuenta por ciento restantes se aplicarían los principios generales del artículo 68 del Cód. Proc. (sent. del 10/5/21 expte. 92209 “F.N.A. s/ Protección contra la violencia familiar” L.52 Reg.244).
Por conclusión, como en el caso, la sentencia cuestionada decidió conceder el beneficio de litigar sin gastos a la solicitante, dejo activada la adjudicación del pago de los honorarios de la Abogada del Niño en un ciento por ciento al Ministerio de Justicia.
Destramado ese asunto, no reta sino regular los honorarios a favor de la abog. Mattioli, por su labor como Abogada del Niño, teniendo en cuenta la labor llevada a cabo la que puede contabilizarse según los trámites del: 20/12/20 -presentación de demanda-, 8/4/24, 6/5/24, 13/5/24, 18/6/24, 26/6/24, 8/8/24, 16/8/24 -solicitud y presentación de cédulas-, 5/6/24 -denuncia domicilio-, 15/10/24 -solicita oficio-, 6/11/24 -solicita se conceda el beneficio de litigar sin gastos- (arts. 15.c. y 16 de la ley 14967; arts. 34.5.a y 3, 266 y concs. del cód. proc.).
De tal guisa, aplicando la normativa arancelaria 14967, actualmente vigente, que establece para el desarrollo de todo el proceso un mínimo de 20 jus (art. 9.I.1.c) y w) de la ley citada); ello en concordancia con el antepenúltimo párrafo del artículo 16, que indica un promedio que da por satisfechos aunque sea mínimamente los extremos de aquella norma (art. 34.4. cpcc.).
En ese camino, con consideración que la causa transitó sin complejidad, se trató de un proceso completo llevado con diligencia, se obtuvo un resultado favorable en un tiempo razonable, resulta adecuado fijar una retribución de 10 jus en tanto ajustada a la tarea desempeñada por la abog. Mattioli (arts. y ley cit., art. 34.4. cód. proc.).
Por todo ello, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 25/11/24, revocar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios y fijar los honorarios de la Abogada del Niño, abog. Mattioli en la suma de 10 jus.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Pehuajó-.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 17/12/2024 10:45:55 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 17/12/2024 12:59:44 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 17/12/2024 13:10:16 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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241700774003684245
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 17/12/2024 13:10:33 hs. bajo el número RR-1017-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 17/12/2024 13:10:43 hs. bajo el número RH-175-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Autos: “BERRUTTI MARCELO ARIEL C/ DALCROS S.A. S/ EJECUCION DE SENTENCIA”
Expte. -94197-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 10/10/224 contra la resolución del 7/10/24 y lo aclarado el 6/12/24.
CONSIDERANDO.
La resolución regulatoria del 7/10/24 retribuyó la tarea profesional del abog. González Cobo por su labor posterior a la sentencia del 14/8/23 en la suma de 10,247 jus, lo que motivó el recurso por “elevados” de fecha 10/10/24 (art. 54 de la ley 14967).
Ahora, conforme se desprende de la providencia del 6/12/24, las tareas que quedarían por retribuir posteriores a la sentencia del 14/8/23 serían las de fechas 26/10/23 -solicita transferencia-, 30/10/23 -pide intimación por el saldo adeudado- y 7/10/24 -confección de cédula- (arts. 15.c. y 16 de la ley 14967); ello en tanto con fecha 18/9/23 ya se regularon honorarios por la labor posterior a la sentencia mencionada (arts. cits. de la ley cit., 34.4 del cód. proc.).
Para el arancelamiento de esas tareas, en lo que aquí interesa, éstas deben ser enmarcadas armónicamente dentro de lo normado por los arts. 16, 28 última parte y 41 de la ley 14.967; y así, del historial de la causa surge que se trata de la realización de tareas complementarias y posteriores a la sentencia (del 18/9/23) tendientes al cobro de los estipendios fijados a favor del abog. González Cobo.
De manera que sopesando las pautas del articulo 16 y la aplicación del art. 28 último párrafo de la ley 14.967, resulta más adecuado y proporcional fijar una retribución de 4 jus por la labor desarrollada
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 10/10/24 y, en consecuencia, fijar los honorarios del abog. González Cobo en la suma de 4 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 17/12/2024 10:46:32 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 17/12/2024 12:59:02 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 17/12/2024 13:08:40 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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233400774003684230
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 17/12/2024 13:08:48 hs. bajo el número RR-1016-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 17/12/2024 13:08:56 hs. bajo el número RH-174-2024 por TL\mariadelvalleccivil.