Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n° 1

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 91

                                                                                 

Autos: “FERNANDEZ, HECTOR OSCAR C/ TEALDI, JULIO OMAR S/ ··CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

Expte.: -89173-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “FERNANDEZ, HECTOR OSCAR C/ TEALDI, JULIO OMAR S/ ··CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” (expte. nro. -89173-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 119, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:    ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 105 contra la sentencia de fs. 100/vta.?

SEGUNDA:  ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por la que se pretendía se condenara al accionado a entregar la factura correspondiente a la operación de compraventa de un camión Mercedes Benz 1114 y un acoplado marca Helvética que el actor compró al demandado; o en su defecto el pago de la suma de $ 7.980 correspondientes al IVA que no pudo el accionante computar como crédito fiscal, con más intereses y costas.

            Se fundó tal decisión en que el demandado no tenía obligación de emitir factura, toda vez que a la fecha de la operación de compraventa (23-12-1996), según informe de la AFIP de f. 96, no tenía registrada actividad económica; como también en no haber probado el actor que el accionado se dedicara habitualmente a la venta de automotores.

            Como desarrollaré oportunamente y fue motivo de agravio, estas circunstancias no eximían al accionado de emitir factura por la venta en cuestión, toda vez que el demandado se encontraba inscripto en AFIP con la actividad de transportista y/o fletero -es decir registraba actividad- y lo vendido -camión y acoplado- eran bienes de uso de esa actividad, por la que se encontraba inscripto; siendo éstas las circunstancias que lo colocaban en la obligación de cumplir con lo aquí exigido.

            2. Veamos: apela el actor sosteniendo que a la fecha de la operación el demandado Tealdi figuraba en la AFIP como responsable inscripto y por tal razón tenía obligación de emitir factura. En otras palabras que tenía registrada actividad económica, la de su inscripción. Y la obligatoriedad de emitir factura existía en razón de formar lo vendido parte de su actividad económica.

            Tealdi a la fecha de la operación estaba dado de alta y con actividad vigente en AFIP como transportista y/o fletero (ver informe de f. 90; art. 401, cód. proc.).

            Que lo vendido formara parte de su actividad gravada, si bien no fue dicho por las partes antes de ahora, no veo que sea obstáculo para tenerlo en cuenta, pues subyacía sin lugar a duda en el conocimiento que actor y demandado tenían de la actividad profesional del accionado; ya que justamente la del accionado era la de transportista.

            Y si alguien se dedica al transporte y tiene un camión y un acoplado, lo corriente es que lo utilice para ello (arts. 901 CC y 1727 CCyC); en todo caso, si no era así, debió alegarlo y probarlo el demandado por no ser ello lo habitual y natural. El deber de colaboración y buena fe que debe primar en el proceso así se lo imponían (art. 34.5.d. cód. proc.).

            Máxime que si Tealdi se encargó de decir que no tenía como actividad habitual la venta de camiones, lo que al parecer era cierto; no agregó además que, pese a tener la actividad de transportista -como se demostró figuraba inscripto en AFIP- no utilizaba en ella el camión y acoplado vendidos como era de esperar.

            Tampoco fue desconocida esa circunstancia al sustanciar la expresión de agravios con sus sucesores; ni impugnada la pericia de fs. 201/208vta. que arriba a la misma conclusión (arg. arts. 163.5. párrafo 2do. e inc. 6. párrafo 2do. y 384, y art. 474, cód. proc.).

            Aduno que ninguna referencia contraria a ello fue introducida por Tealdi en el intercambio epistolar previo a la demanda (ver desarrollo infra).

            A mayor abundamiento, traigo a colación que también sostiene Fernández que se probó que el boleto de compraventa suscripto por las partes no hace las veces de factura, tal como lo indicó la AFIP en el informe de f. 77; en contra de lo sostenido por el accionado al contestar demanda.

            3.1. En la misma línea anterior y para reafirmar el curso que tomaron las actuaciones también es de recordar que, al requerir extrajudicialmente el actor mediante la carta documento de f. 5 la emisión de la correspondiente factura, Tealdi no niega esa obligación, aclarando que por Resolución nro. 3419 de la DGI, al momento de la venta se debe emitir factura o documento equivalente sirviendo como tal, el boleto de compraventa firmado entre las partes (ver cartas documento de fs. 5 y 10, no desconocidas al contestar demanda, sino por el contrario se reconoce haber recibido la del actor a f. 32vta., párrafo 2do.; art. 354.1. cód. proc.). Afirmación la del accionado que, como se vio, no fue respaldada por el ente fiscal (ver inf. cit. supra, f. 77).

            Así, el actor perfila su demanda embarcado en esta línea de razonamiento esgrimida por el accionado y atacando justamente esa alegación extrajudicial: la no obligatoriedad de emisión de  factura por ser el boleto equivalente a ésta.

Ahora bien, al contestar demanda el accionado agrega algo más en su defensa que hasta ese momento no había dicho: que no debe emitir factura, no sólo por lo expresado anteriormente, sino por no ser la venta de camiones y acoplados su actividad habitual; y ser éste el supuesto en que se le exigiría su emisión según el artículo 2 de la mencionada  resolución de la AFIP que transcribe a f. 32vta. último párrafo.

Pero al así responder olvida lo normado en los artículos 1 y 4 del IVA (t.o. según decreto 280/97), que colocaban sobre él también la obligación de emitir factura cuando los bienes vendidos -camión y acoplado- se encuentran afectados a la actividad gravada.

Aduce además la imposibilidad de emisión en razón de haberse dado de baja ante la AFIP en las actividades comerciales en las que se encontraba inscripto: transportista y titular de un minimercado; y que por no ser su actividad habitual la venta que nos ocupa, se pregunta ¿en qué talonario pretendía el actor se le facturara la venta: en la actividad de transporte o de minimercado?.

La respuesta debió encontrarla el propio demandado según en qué actividad usara el camión y acoplado vendidos; pues según el curso natural y ordinario de las cosas no es dable suponer que los usara para paseo y no alegó que los hubiera comprado para dejarlos “parados” y únicamente haber realizado la operación por constituir su adquisición “un buen negocio o una buena oportunidad” para luego, sólo lucrar con su posterior venta (arts. 901 CC y 1727 CCyC).

Además, no soslayo que al contestar demanda, el propio accionado califica la operación como “comercial” (ver f. 32vta., párrafo 2do.).

Y desde esa perspectiva, requerida la AFIP acerca de la obligación de las partes de emitir factura por la compraventa de marras, el ente fiscal responde que actor y demandado a la fecha de la operación de compraventa que nos ocupa (23-12-1996) se encontraban inscriptos como contribuyentes ante ese Organismo fiscal (arts. 384, 401 y concs. código procesal); y que siendo ambos responsables inscriptos tenían obligación de emitir en el caso la factura correspondiente, indicando que el porcentaje del IVA a la fecha de la compraventa era del 21% (ver f. 67). Y este informe no fue impugnado por el accionado, ni manifestó que fuera un error del ente fiscal arribar a esa conclusión; como tampoco que fuera incorrecto lo afirmado por el ente fiscal.

Amplió más tarde la AFIP su informe a f. 77, indicando que el boleto suscripto por los involucrados no tiene  validez como documento equivalente a una factura; y manifestó a f. 90 que el accionado Tealdi a la fecha de la operación figuraba inscripto como “Transportista y/o Fletero” (arts. 401 y 384, cód. proc.).

3.2. Entonces, Tealdi se encontraba a la fecha de la operación de compraventa del camión y del acoplado registrado ante la AFIP como responsable inscripto (sujeto pasivo ante el impuesto al valor agregado) en la actividad “Transportista y/o Fletero”; es decir que prestaba una actividad gravada, y por ende tenía registrada una; circunstancia que derriba uno de los pilares por los cuales se rechaza la demanda. Y era obviamente el dueño del camión y el acoplado vendidos.

Así, estando el vendedor inscripto como responsable ante el IVA en la actividad de “Transportista y/o fletero”, es decir desarrollando una actividad gravada por el impuesto (ver informes de AFIP de fs. 90 y 91; art. 401, cód. proc. y contestación de demanda, f. 32vta. segundo párrafo; arg. art. 421, proemio, cód. proc.), reviste la calidad de sujeto pasivo del  IVA (art. 4, Ley del Impuesto al Valor Agregado); y si no debía emitir factura, debió alegar algún otro motivo válido y no la equivalencia del boleto a la factura (lo que se probó que no era tal), o su no habitualidad en la venta de camiones y acoplados, o haberse dado de baja posteriormente en la actividad, defensas descalificables  para eximirse de tal obligación.

Además, como se adelantó, desde el punto de vista de la carga probatoria,  si Tealdi reconoce y además está probado que se encontraba inscripto en la AFIP como  transportista y lo vendido fue un camión y un acoplado, la circunstancia alegada a f. 33, párrafo 2do. relativa a que no puede condenárselo a entregar una factura por una operación comercial que al momento de concretarse era absolutamente extraña a las actividades habituales a las cuales se dedicaba, es hecho extintivo que alegado, debió probar (art. 422.1., cód. proc.).  Pues están ambos bienes vendidos estrechamente vinculados a la actividad por él desarrollada.

Entonces, si la operación se refiere a bienes de uso (vgr. camión y acoplado) afectados a la actividad gravada de quien es sujeto pasivo del tributo (responsable inscripto en IVA con actividad de transportista y/o fletero), la compraventa se encontraba alcanzada por el gravamen, aun cuando el objeto de la misma no hubieran sido bienes de comercialización habitual del vendedor; sino bienes de uso afectados a su actividad comercial (arts. 1 y 4, Ley del IVA, t.o. decreto 280/97; ver experticia f. 203, párrafo en negrita; arts. 474 y 384, cód. proc.).

Esto desmorona el argumento de la eximición de factura por no dedicarse Tealdi habitualmente a la venta de automotores.

3.2.1. Para esclarecer el juego de los artículos 1.a. y 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (t.o. decreto 280/97), es dable consignar que el artículo 1.a. establece cuáles son las operaciones gravadas, entre las que se encuentran las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país efectuadas por los sujetos indicados en los incisos a), b), d), e) y f) del artículo 4º, con las previsiones señaladas en el tercer párrafo de dicho artículo.

Los sujetos indicados en el inciso e) son los que prestan servicios gravados, tal el caso del demandado que se encontraba inscripto en el tributo.

Y si bien puede resultar general el concepto del inc. a. del artículo 1., resulta introductorio para definir en el caso los  bienes de uso. Puntualmente, se encuentran alcanzadas las ventas de cosas muebles, independientemente de la calidad que revistan para el contribuyente, es decir sean bienes de uso o de cambio.

Ello se encuentra definido en el 3er. párrafo del art. 4:

ARTICULO 4º – Son sujetos pasivos del impuesto quienes:

(…)

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto en los casos de los incisos a), b), d), e) y f), serán objeto del gravamen todas las ventas de cosas muebles relacionadas con la actividad determinante de su condición de tal, con prescindencia del carácter que revisten las mismas para la actividad y de la proporción de su afectación a las operaciones gravadas …”.

En síntesis, la venta de un bien mueble efectuada por parte de un contribuyente inscripto en IVA se encuentra alcanzada por este último aun cuando sea un bien de uso, es decir algo afectado a la actividad y que no es de habitual comercialización por parte del contribuyente (en otras palabras, algo que no es bien de cambio; ver pericia inobjetada fs. 202/205vta.).

Cabe aclarar que no se encuentra el caso alcanzado por las exenciones del artículo 3ro. de la ley, pues al respecto el propio artículo 4to. estatuye “Las excepciones establecidas en el art. 3 salvo lo previsto en su inc. q) no serán procedentes cuando por la respectiva operación deba discriminarse el impuesto al valor agregado y/o cuando el adquirente, prestatario o locatario, requiera la entrega del comprobante que respalde la operación efectuada (…).

Así, correspondía para la operación en análisis la emisión de factura.

Algo similar ha sido expuesto por la AFIP en su informe de fs. 67.

En suma,  la operación se encontraba gravada por el impuesto por la conjunción de los artículos 1 y 4 de la Ley del IVA: art. 1, por el objeto y 4, por el sujeto.

Y a los fines de la verificación y control de las obligaciones fiscales a cargo de la AFIP -entre las que se encuentra el IVA-, los contribuyentes y responsables debían emitir los comprobantes y registraciones de las operaciones de compra-venta de cosas muebles que hubieren realizado, es decir debían emitir la correspondiente factura (art. 1, RG 3419/1991; vigente a la fecha de la operación en estudio); no haciendo el boleto de compraventa de f. 4 las veces de tal, como lo sostuvo el accionado al contestar demanda (ver informe de AFIP de f. 77; art. 401, cód. proc.).

Por otra parte, el incumplimiento de la obligación de emitir la factura discriminando el IVA que no se dijo que no se hubiera cobrado,  impidió a Fernández utilizar el impuesto como crédito fiscal (art. 41, Ley del IVA).

De tal suerte, Tealdi debió emitir, por la operación de compra venta que nos ocupa, la correspondiente factura tal como da cuenta en el mismo sentido el informe de la AFIP de f. 67 y la experticia de referencia.

Para concluir cabe señalar que la ausencia de actividad económica del accionado Tealdi indicada por la AFIP en su informe de f. 96, no lo liberaba de la emisión de factura, en tanto se encontraba aún inscripto como contribuyente ante el organismo fiscal (ver “Reflejo de datos registrados en AFIP” de fs. 93 y 94; arts. 384 y 401, cód. proc.).

Pues es la inscripción y no la ausencia de declaración de actividad económica lo que determina la obligación de emitir el correspondiente comprobante por la operación realizada.

En otras palabras, la ausencia de actividad económica (o de su declaración ante el organismo fiscal; pues puede el contribuyente estar en actividad pero no ser declarada ésta, como parece sucedió aquí), si no va acompañada de la baja en la inscripción ante el organismo fiscal, no exime al contribuyente o responsable -sujeto pasivo del impuesto- de declarar la operación de venta realizada y tributar por ella, como de emitir la factura correspondiente.

3.3. ¿Y cuándo correspondía la emisión de la factura o comprobante de la operación realizada? Pues al momento de la entrega del bien, hecho que se produjo conjuntamente con la firma del boleto de compraventa de f. 4 (ver condición “Quinta” pto. “C”, del boleto; art. 5.a., Ley de IVA donde se hace alusión al nacimiento del hecho imponible).

Y a esa fecha, Tealdi se encontraba “activo” ante la AFIP por el IVA (ver “reflejo de datos registrados” a f. 93 brindados mediante informe del 8-1-2014).

3.4. ¿Era necesaria la emisión de factura para poder el comprador computar el IVA como crédito fiscal? la respuesta ha de ser afirmativa, como se adelantó (art. 41, ley de IVA).

Sólo existe posibilidad de cómputo del crédito fiscal cuando el gravamen que le facturen al contribuyente se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente (arts. 37 y 41, ley del IVA).

De esta afirmación se desprende que son consustanciales a la existencia del crédito los siguientes requisitos:

– Discriminación del impuesto

– Existencia del documento que exteriorice al gravamen;

“La discriminación del impuesto debe realizarla el vendedor, locador o prestador, para lo cual debe encontrarse categorizado como responsable inscripto…” (conf. Diez, Humberto “Impuesto al Valor Agregado”, Ed. Errepar, 2da. ed., cap. 7. A.4., págs. 261/262; ver arts. 37 y 41, Ley del IVA; ver también minucioso informe pericial de fs. 201/208vta. inobjetado; art. 474, cód. proc.).

4. Siendo así, la demanda habrá de prosperar, correspondiendo revocar el decisorio apelado con costas de ambas instancias al demandado vencido y diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara (arts. 68 y 274, cód. proc. y 51 d-ley 8904/77).

En función de lo expuesto, no habiendo el accionado desconocido que Fernández no hubiera podido utilizar el IVA como crédito fiscal (art. 354.1., cód. proc.) deberán los sucesores -dentro del décimo día- emitir la correspondiente factura a fin de que el actor pueda descargar a valores actuales el IVA que no pudo en aquella oportunidad utilizar; y en caso de incumplimiento o de imposible cumplimiento, entregar al actor, vencido el  plazo indicado, la suma de $ 6.595,04 (ver pericia, f. 206 incuestionada; art. 474, cód. proc.) con más los intereses que por derecho pudieren  corresponder desde el día del incumplimiento (arts. 500, 501 y concs. cód. proc.).

Costas en ambas instancias al demandado vencido (art. 68 y 274 cód. proc.).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Corresponde estimar la apelación de f. 105 contra la sentencia de fs. 100/vta., la que se revoca, haciendo lugar a la demanda y condenando a los sucesores Julio Omar Tealdi, dentro del décimo día, a emitir la correspondiente factura a fin de que Héctor Oscar Fernánez pueda descargar a valores actuales el IVA que no pudo en su  oportunidad utilizar; y en caso de incumplimiento o de imposible cumplimiento, entregar al actor, vencido el  plazo indicado, la suma de $ 6.595,04, con más los intereses que por derecho pudieren  corresponder desde el día del incumplimiento.

            Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida (arts. 68 y 274 cód. proc.), con diferimiento aquí de la decisión sobre honorarios (arts. 31 y 51 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar la apelación de f. 105 contra la sentencia de fs. 100/vta., la que se revoca, haciendo lugar a la demanda y condenando a los sucesores Julio Omar Tealdi, dentro del décimo día, a emitir la correspondiente factura a fin de que Héctor Oscar Fernánez pueda descargar a valores actuales el IVA que no pudo en su  oportunidad utilizar; y en caso de incumplimiento o de imposible cumplimiento, entregar al actor, vencido el  plazo indicado, la suma de $ 6.595,04, con más los intereses que por derecho pudieren  corresponder desde el día del incumplimiento.

            Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida, con diferimiento aquí de la decisión sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n° 1

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 90

                                                                                 

Autos: “SCHAWINSKY ANA MARIA C/ PUCILLO MARTIN LORENZO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -89938-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “SCHAWINSKY ANA MARIA C/ PUCILLO MARTIN LORENZO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -89938-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 393, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es  fundada la apelación de f. 358 contra la sentencia de fs. 350/355 aclarada a fs. 357/vta.?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            1- Si la actora citó en garantía a la aseguradora, es porque confió en la existencia de un contrato de seguro (f. 64.VIII); lo mismo el juzgado, si condenó a la citada en garantía a mantener indemne a su asegurado (f. 354 vta. ap. 5); lo mismo otra vez la actora si lo que quiere con su apelación es ampliar la responsabilidad del asegurador (f. 386 y sgtes.).

            Entonces contrato de seguro evidentemente hubo (art. 384 cód. proc.).

            Así las cosas, si el contrato que ligó a aseguradora y asegurado hubiera sido otro diferente que el traído por aquélla a fs. 86, así debió ser oportunamente alegado y probado para responsabilizarla en virtud de otro contrato distinto, y no lo fue (art. 375 cód. proc.); desconocer genéricamente toda la documental acompañada, además de importar una admisión tácita, no significa aducir que la póliza pertinente era otra diferente (ver fs. 96 y 98.I.a; arts. 34.4, 388, 356 y 354.1 cód. proc.).

            Por fin, admitida tácitamente la autenticidad de la póliza de f. 86 debido a la negativa genérica de f. 98.I.a  y ni siquiera alegado que el contrato entre aseguradora y asegurado hubiera sido en verdad otro diferente, no es viable dividir el contenido de esa póliza para considerar no pactada(s) sólo la(s) cláusula(s) de restricción de responsabilidad contractual (art. 314 párrafo 2° CCyC).

            2- Pero, ¿es oponible a la parte actora cualquier cláusula de restricción de responsabilidad contractual?

            Sí, porque la aseguradora debe mantener indemne a su asegurado dentro de los límites de la responsabilidad prevista en el contrato (art. 109 ley 17418).

            Es, en el ámbito bonaerense, la doctrina legal a la cual los jueces de grado deben acatamiento (art. 279 cód. proc.): “Las obligaciones que se atribuyen al asegurador no deben serle impuestas más allá de los términos pactados en la póliza, pues la misma ley 17.418 establece que el contrato es la fuente de sus obligaciones y en dicho instrumento se determinan los alcances y límites de la garantía debida.” (SCBA LP C 116715 S 10/06/2015 Juez KOGAN (MA); Carátula: Villalba, Juana Ramona c/ “El Nuevo Halcón S.A.” y otro s/ Daños y perjuicios; SCBA LP C 105026 S 21/09/2011 Juez PETTIGIANI (MA) Carátula: Ludueña, Miguel Angel c/Expreso Caraza S.A. y otros s/Daños y perjuicios; localizables  en JUBA online con las voces responsabilidad asegurador límites).

            VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación de f. 358 contra la sentencia de fs. 350/355 aclarada a fs. 357/vta., con costas a la parte apelante infructuosa (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de f. 358 contra la sentencia de fs. 350/355 aclarada a fs. 357/vta., con costas a la parte apelante infructuosa y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 89

                                                                                 

Autos: “P., R. C. (T., M. F.) S/ DIVORCIO  UNILATERAL”

Expte.: -89993-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece  días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “P., R. C. ( T., M. F.) S/ DIVORCIO  UNILATERAL” (expte. nro. -89993-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f.162, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es   fundada la apelación de f. 150.II contra la resolución de fs. 139/140?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            1- El demandante en su postulación inicial del 29/10/2015  propuso el día 30/7/2013 como fecha retroactiva para la disolución de la sociedad conyugal, alegando que fue  entonces que se produjo la separación de hecho (fs. 53 vta. párrafo 1° y 56 vta.).

            En cuanto aquí interesa, presentada la demanda de divorcio el juzgado no dispuso clara y expresamente sustanciar todos sus aspectos, sino tan solo la propuesta reguladora del art. 438 CCyC (ver f.64 aps. III y IV).

            La parte demandada se notificó de ese traslado mediante el escrito de f. 81, el 3/2/2016 (ver f. 82.2) y, al responderlo, básicamente se ciñó a los límites de ese traslado (ver fs. 89/103 vta.).

            Por todo eso, es injusto considerar que la demandada, al ceñirse así, guardó silencio respecto de la fecha propuesta por el demandante para la eficacia retroactiva del divorcio en cuanto a la comunidad conyugal: no puede razonablemente  creerse que guardó silencio respecto de un extremo fáctico que no le fue clara y expresamente sustanciado (ver f. 139 vta. últimos dos párrafos; art. 18 CN; art. 3 CCyC; arts. 34.4, 34.5.c, 354.1 y concs. cód. proc.).

            Nada de lo anterior cambia teniendo a la vista “T., M. F. c/ P., R. C. s/ Divorcio por presentación unilateral”, del juzgado de familia.

            Sin perjuicio de la vigencia actual del divorcio (ver v.gr. f. 126 vta. I) y sin reactivar la retroactividad que había sido dispuesta a f. 126 vta. II, corresponde entonces revocar la decisión de f. 140 y, como se solicita cual alternativa en los agravios,  disponer la apertura de una instancia incidental para que las partes puedan tematizar específicamente lo concerniente a dicha eficacia retroactiva (f. 153 párrafo 3°; art. 178 y concs. cód. proc.; art. 480 CCyC).

            2- En cuanto atañe estrictamente a la pretensión de divorcio (no respecto de otras), la parte demandada se limitó a adherir (ver fs. 96.IX.b y  103 vta. IX.b).

            Así, lejos de ser baja la apelada retribución de 4 jus para esa labor de mera adhesión, parece ser más que suficiente en el caso (art. 22 d.ley 8904/77; arts. 3 y 1255 párrafo 2° CCyC; cfme. esta cámara sent. cit. a f. 140).

            Hoy, siendo procedente el divorcio por voluntad de uno solo de los cónyuges (arts. 437 y 438 CCyC), la presentación posterior del otro nada más adhiriendo al divorcio (f. 19.I)  es casi inoficiosa (arg. art. 30 d.ley 8904/77), a diferencia del régimen anterior –a cuya vista es que fue concebido el art. 45 parte 1ª d.ley 8904/77- en que era necesaria una presentación conjunta o, más aún,  una actuación contenciosa (art.9.I incs. 1 y 2 d.ley 8904/77).

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde:

            a- estimar la apelación de f. 150.II en cuanto a la fecha retroactiva para la disolución de la sociedad conyugal, disponiendo que en primera instancia se sustancie un incidente a fin de que las partes puedan tematizarla, con costas ahora en cámara por la cuestión al demandante apelado vencido (ver  1er. agravio a fs. 152/153 y 156/158 vta.; art. 69 cód. proc.).

            b- desestimar la apelación de f. 150.II con relación al monto de los honorarios del abogado Juan Domingo Hernández.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            a- Estimar la apelación de f. 150.II en cuanto a la fecha retroactiva para la disolución de la sociedad conyugal, disponiendo que en primera instancia se sustancie un incidente a fin de que las partes puedan tematizarla, con costas ahora en cámara por la cuestión al demandante apelado vencido (ver  1er. agravio a fs. 152/153 y 156/158 vta.).

            b- Desestimar la apelación de f. 150.II con relación al monto de los honorarios del abogado Juan Domingo Hernández.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 88

                                                                                 

Autos: “M., C. A. C/ G. D., S. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -90003-

                                                                                  

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “M., C. A. C/ G. D., S. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -90003-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 125, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 102 contra la sentencia de fs. 91/92 vta.?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            La sentencia fija en $ 5.000 la cuota alimentaria a cargo de S. G. D., y a favor de su hija C.

            Esa sentencia no le causa gravamen al apelante, ni siquiera en función del régimen de comunicación o cuidado vigente,  a juzgar por su escrito de f. 87 en el que señaló expresamente que “…el aporte económico en concepto de alimentos ascendería a $ 5.095, más el aporte en especie que realizo atento el régimen de cuidado personal actual.” (sic, último párrafo).

            Vale decir que no hay gravamen si la sentencia se acomoda a la cifra a la cual debería ascender la cuota según el apelante en un escrito inmediatamente anterior (arg. art. 242 cód. proc.).

            VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde declarar improcedente la apelación de f. 102 contra la sentencia de fs. 91/92 vta., con costas al apelante infructuoso (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Declarar improcedente la apelación de f. 102 contra la sentencia de fs. 91/92 vta., con costas al apelante infructuoso y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

                                                                                                Toribio E. Sosa

                                                Juez

                                                                                                          siguen fir///

 

///mas expte. 90003

 

 

 

 

                   Carlos A. Lettieri

                         Juez

 

                                                 Silvia E. Scelzo

                                                       Jueza

 

   María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n° 1

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 87

                                                                                 

Autos: “RIPAMONTI FERNANDO GENARO  C/ ALAMON MARIA ROSA S/DESSLOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)”

Expte.: -89937-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece  días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “RIPAMONTI FERNANDO GENARO  C/ ALAMON MARIA ROSA S/DESSLOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)” (expte. nro. -89937-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 297, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 273?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            1. La sentencia de primera instancia consideró que la prueba colectada en el proceso era insuficiente para dar por probada la posesión continua, con ánimo de tener para sí el inmueble objeto del proceso por parte de la demandada, o sea la ocupación en carácter de poseedora por veinte años (fs. 263 y vta.).

            No obstante desestimó la demanda al entender que de acuerdo al artículo 676 del Cód. Proc., el desalojo podía dirigirse contra quien era deudor de una obligación exigible de restituir o intruso. Exigencias que no se presentaban, cuando el propio actor reconocía en el escrito de demanda que la ocupante del inmueble había convivido con él como concubina y por lo tanto, no podía ser sujeto de esa acción (fs. 263/vta.).

            2. Dedujo apelación sólo el actor (f. 273).

            Sostiene, -en lo que interesa destacar-, que:

            (a) Si hubo un cambio jurisprudencial en función de la aplicación de la normativa procesal, ello fue con posterioridad a la promoción de la presente acción, cuya demora en sustanciarse no fue debido a negligencia que le fuera imputable;

            (b) La ocupación del inmueble por la demandada no deriva de la condición de concubina, sino de la cesión que debió efectuar para respetar la habitación de su hija menor hasta su mayoría de edad; precisamente por lo convenido con el Concejo Deliberante, lo que habilitó la posesión de la madre;

            (c) En virtud de lo dispuesto por el cuerpo deliberativo es que debió respetar la posesión de su vivienda hasta la mayoría de edad de su hija María Lucía, lo que sucedió el tres de marzo de 2009 (fs. 88 y vta);

            (d) Hace siete años que ocupa sin derecho (fs. 287/vta.);

            (e) Entre otras situaciones que considera dignas de subrayar, refiere –aludiendo a la demandada– que hizo retención del bien y paralelamente promovió una exclusión perimetral en autos ‘Alamon, María Rosa c/ Ripamonti, Fernando Genaro s/ protección contra la violencia familiar’ y que es evidente su intención de apropiarse de la vivienda; no escatimó esfuerzos ni maniobra para posicionarse en el tema (f. 288);

            (f) La concubina no deja de ser una intrusa respecto del actor ya que no posee pacíficamente sino en mérito a imposiciones externas que vedan el ejercicio del derecho de dominio a su verdadero titular; ha fenecido todo derecho que pudiera ostentar en relación al inmueble que ocupa;

            (g) La demandada no entró en el inmueble con violencia ni clandestinidad, pero su ocupación devino clandestina a partir de la mayoría de edad o cese de la situación convivencial de su hija menor, impuesta como condición por el Concejo Deliberante que le otorgó el inmueble a él (f. 290).

            3. Ahora bien, surge del relato de la demanda que el actor mantuvo una relación con la demandada desde el año 1983 hasta el año 1996, de la cual nacieron cuatro hijas: María Fernanda, María Florencia, María del Carmen y María Lucía (f. 75, segundo párrafo).

            Si esto fue así, si además la vivienda se terminó de construir en el año 1994 y -como reconoce el actor-, la demandada habitó la casa de la calle Pacheco 217 desde fines de ese año, es verosímil pensar que ingresó a vivir allí cuando aún estaba vigente la convivencia con Ripamonti. Lo cual encaja con la afirmación que Alamon entró en dicha vivienda, sin violencia o clandestinidad, según lo puntualiza el apelante (fs. 75.II, 209.6 y 290, segundo párrafo).

            En ese marco, es una hipótesis más plausible que haya ingresado a esa casa como consecuencia de la relación concubinaria, antes que en razón del condicionamiento de garantizar el uso del bien a sus hijas hasta que alcanzaran la mayoría de edad, que el Concejo Deliberante impuso a Ripamonti por la Ordenanza 3028, cuando le adjudicó en forma definitiva el inmueble mencionado, para el mes de mayo de 2008 (fs. 6/9). O sea, varios años después de que la demandada comenzara a vivir en la casa de la calle Pacheco, acorde lo que el demandante admitiera.

            De ello se desprendería, que Alamon no habría ocupado la finca contra la voluntad del actor.

            4. No obstante, aun esclarecido aquel tema, restaría analizar la cuestión que en los agravios se expresa, tocante a que la demandada sería una intrusa, no ya porque ‘…no posee pacíficamente sino en mérito a imposiciones externas que vedan el ejercicio del derecho de dominio a su verdadero titular…’, sino porque ‘ …ha fenecido todo derecho (aun indirecto o reflejo) que pudiera ostentar en relación al inmueble…’.

             Pero para ahondar en ese argumento resulta inevitable activar la resonancia de la excepción de prescripción adquisitiva, que Alamon introdujo al responder la demanda de desalojo y que fue desestimada en primera instancia. Toda vez que no podría admitirse la tesis del actor y descalificarse la decisión apelada en el sentido que postula el recurrente, sin expedirse acerca de esa defensa (doct. arts. 168 de la Constitución provincial y  266 del Cód. Proc.).

            Es que cabe aplicar aquí el postulado de la adhesión -implícita- a la apelación. Por el cual las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por haberle sido favorable el resultado del pleito, quedan sometidas al tribunal de alzada en el supuesto de que en esa instancia sea revocado el pronunciamiento.

            Y justamente, en la especie la demandada resultó vencedora en virtud de lo decidido por el juez inicial (S.C.B.A., C 118439, sent. del 22/06/2016, ‘Farías, Jonatan Maximiliano y otros contra Paredes, Jorge y otros. Daños y perjuicios’, en Juba sumario B23406). 

            5. En ese cometido, lo primero que vale decir es que, cuando en un juicio de desalojo la parte demandada manifiesta que es poseedora, no es menester que acredite todos los extremos que conducen a la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva larga, bastando para obstar su procedencia que haya probado prima facie la efectividad de la posesión que invoca, justificando de tal modo la seriedad de su pretensión. Pues toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ‘ius possidendis’ o el ‘ius possesionis’ (S.C.B.A., Ac. 75700, sent. del 30/04/2003, ‘Sotelo de Palavecino, Pilar J. c/Méndez, Eduardo Alberto y/o cualquier otro ocupante s/Desalojo’, en Juba sumario B23066; S.C.B.A., C 107959, sent. del 05/10/2011, ‘Echenique de Pirotta, Catalina c/Piuma, Germán Lisandro s/Desalojo’, en Juba sumario 7867).

            Si lo más abarca lo menos, este ha de ser el alcance con que la excepción interpuesta puede tener cabida en este proceso. A poco que se indague que el juicio brinda elementos de los cuales –apreciados en conjunto– se desprende que la demandada mostró actitudes propias de quien ejerce un poder de hecho sobre la cosa, titular de un derecho real, aunque no lo fuera (arg. arts. 2351 del Cód. Civ.; art. 1909 del Código Civil y Comercial).

            Por lo pronto, como ya se ha visto, ocupa el inmueble de la calle Pacheco 217.

            Sumado a ello, el propio actor ha terminado reconociendo que es evidente la intención de ‘apropiarse de la vivienda’, dando por sentado el animus propio de los poseedores. Recurriendo para ilustrar ese designio que hizo retención del bien, promoviendo paralelamente una exclusión perimetral que se decreta en los autos sobre protección contra la violencia familiar que aparecen agregados, la cual consistió (fs. 7, 9, de los citados autos).

            Añadiendo en apoyo de esa visión, que ‘…no escatimó esfuerzos ni maniobra para “posicionarse” en el tema habiendo inclusive recurrido a la utilización de una fotocopia del DNI del actor para bajar el servicio de provisión de energía eléctrica y obtener un plan de pago sobre la vivienda que se haya incumplido al día de la fecha…’ (f. 288).

            También mencionó el demandante, que Alamon adujo el carácter de propietaria, al expresarse en el mandamiento de constatación de f. 82.

            Y aportando un dato más, que encaja aceitadamente con los anteriores, sostuvo que hacía cuatro años que alquilaba y no podía entrar a su casa ‘de la que fue desposeído’ (f. 289). Comentario que proyecta un haz de credibilidad sobre aquello que registra la copia de la exposición civil en sede policial, donde la accionada aparece advirtiendo que haría cambio de las cerraduras de la casa en cuestión, para evitar los comportamientos que atribuye a Ripamonti (f. 110; arg. art. 384 del Cód. Proc.).

            Precisamente, en la unidad de todos estos puntos está la clave de la seriedad de la posesión que ha esgrimido Alamon, en su virtualidad de enervar la acción de desalojo y conducir al actor al ejercicio –si así lo estimara– de las acciones reales o posesorias para canalizar su pretensión de recuperar el inmueble en litigio (arg. arts. 163 inc.5, segundo párrafo, 384, 677 y concs. del Cód. Proc.).

            Y con ello se pone punto final al esfuerzo argumentativo del accionante por encarrilar por la vía del desalojo la devolución del inmueble a que aspira.

            En definitiva, este voto va por la negativa.

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Aunque el recurso del actor fuera fundado, habría que analizar de oficio la cuestión  relativa a la posesión alegada como defensa por la demandada, en función de la doctrina de la apelación implícita mencionada en el punto 4- del voto inicial.

            Con ese enfoque, adhiero al considerando 5- del voto primero, porque la argumentación allí contenida es la que resulta concretamente dirimente en el caso (arts. 34.5.e y 266 cód. proc.).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación de f.  273 contra la sentencia de fs. 263/264, con costas al apelante vencido (art. 68 Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de f.  273 contra la sentencia de fs. 263/264, con costas al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 86

                                                                                 

Autos: “VEGA, JOSE MANUEL C/ GARCIA, ANA MARIA Y OTROS S/ REIVINDICACION”

Expte.: -89826-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los siete      días del mes de setiembre de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “VEGA, JOSE MANUEL C/ GARCIA, ANA MARIA Y OTROS S/ REIVINDICACION” (expte. nro. -89826-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 589, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿son procedentes   las   apelaciones de  foja 566, 567 y 569 contra la sentencia de fs. 558/560 vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1- Vega, para reivindicar, debió demostrar que era -al momento de la demanda- y que sigue siendo -al momento de la sentencia-  dueño del inmueble objeto de la pretensión, incluso pese a la falta de negativa puntual de los demandados acerca de ese básico extremo constitutivo (art. 2774 CC; art. 2249 CCyC; arts. 34.4, 330.4. y 375 cód. proc.).

            Eso porque, tratándose el dominio sobre inmuebles de una institución de orden público, la voluntad tácita de los demandados extraída de su silencio frente a una demanda no puede convertir en dueño al demandante que afirmó serlo pero que no lo es según la ley; más concretamente la adquisición del derecho real de dominio por Vega dependió del cumplimiento de los recaudos legales y no puede hacerse depender de la afirmación del demandante y de la falta de negativa de los demandados al contestar la demanda. Lo contrario importaría admitir que el derecho real de dominio de Vega pudo ser creado para el caso por la voluntad de las partes y no a todo evento por la ley una vez cumplidos los recaudos respectivos (art. 2502 CC; arts. 1882 a 1884 CCyC; art. 354.1. cód. proc.).

            Así, debió probar Vega que, como adquirente en subasta judicial, perfeccionó su adquisición recibiendo del juez efectivamente la posesión (art. 586, cód. proc.), lo que no sucedió porque la sola manifestación de tener la posesión no suple la tradición judicial vía mandamiento tal como fuera ordenado en el expediente respectivo y consentido allí por Vega (ver fs. 224/vta.). O sea, por el contrario, lo que sí se probó es que Vega no llegó a ser ni es titular del derecho real de dominio.

            Me queda decir que no es promiscua hasta aquí la cita simultánea de preceptos del Código Civil y del Código Civil y Comercial, pues lo que se quiere significar es que a Vega le ha faltado antes del CCyC y le sigue faltando luego del CCyC un requisito que tanto antes como luego es esencial para la adquisición del derecho real de dominio en una subasta judicial inmobiliaria: la tradición judicial (arts. cit., 2 y analógicamente 2669 CCyC; otra vez también art. 586 cód. proc.).

 

            2- Para permitir a Gelabert continuar ocupando el inmueble subastado no tenía Vega que haber adquirido antes la posesión judicial, sino que la bastaba -y le bastó- con abstenerse de impulsar la tradición judicial y de -en todo caso después- efectivizar la desocupación (art. 588 cód. proc.). Esto es sin llegar a ser dueño, Vega pudo permitir a Gelabert que continuara la ocupación.

            Si para permitir que Gelabert continuara ocupando el inmueble subastado no tenía Vega que ser necesariamente poseedor y dueño (de hecho, al no impulsar la tradición judicial no llegó a serlo), la continuación de la posesión por Gelabert no pudo -menos aún inequívocamente significar que éste reconociera en Vega una posesión y un dominio que éste nunca llegó a tener (arts. 163.5., párrafo 2° y 384, cód. proc.).

 

            3- Con lo expuesto en 1- y 2- queda cerrado el circuito: frente a la circunstancia incontrastable de la falta de toda tradición judicial del inmueble subastado, no son datos que permitan sostener que Vega es dueño del inmueble objeto de la pretensión, ni la falta de negativa puntual de la posesión de Vega al contestar la demanda, ni haber Gelabert continuado la ocupación luego de la subasta ante la permisividad de Vega.

            Así, a través de la acción real de marras no puede defenderse la existencia de un derecho real de dominio que no existió ni existe (arts. 2756 y 2758; arts. 1891, 2247 párrafo 1° y 2249 CCyC).

 

            Expresaba el artículo 2758 del Código Civil que: ‘La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella’.

            De modo similar -aunque con mayor alcance-,  prescribe ahora el artículo 2248 del Código Civil y Comercial que: ‘La acción reivindicatoria tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que producen desapoderamiento’.

            Esta redacción armoniza con la propuesta que formulara Arean en el comentario al artículo 2759, dentro del comentario al Código Civil, obra dirigida por Alberto Bueres y coordinada por Elena Highton (op. Cit. t. 5B pág. 465).

            En suma, bajo aquellas directivas, cabe concretar que, entonces, el ejercicio de la acción reivindicatoria requiere justificar, por un lado el título que da derecho sobre la cosa, por otro, la pérdida de la posesión y posesión actual del reivindicado y, finalmente, que la cosa que se reivindica sea susceptible de ser poseída (S.C.B.A., C 103445, sent. del 24/11/2010. ‘Pérez, Teresa y otros c/Nitto, Rubén José y otra s/ Reivindicación’, en Juba sumario B3676).

            Así las cosas, es claro que Vega para promover la reivindicación, debió probar, como primera y fundamental condición, que habría perfeccionado la adquisición en pública subasta del inmueble en litigio, recibiendo del juez de la ejecución efectivamente la posesión (arg. art. 586 del Cód. Proc.).

            Ahora bien, eso no ocurrió porque la mera declaración de tener la posesión no pudo suplir la tradición judicial que debió concretarse por medio del mandamiento, que llegó a ser ordenado en el expediente ‘Banco de La Pampa c/ Gelabert, Sergio y otro s/ ejecutivo’ (fs. 224/vta.y 270, de la citada causa).

            En definitiva, lo que puede extraerse de todo eso, es que Vega no tuvo la posesión y, por tanto, no llegó a adquirir el dominio sobre el inmueble que compró en el remate (arg. arts. 2505, 2506, 2601,  2602 y concs. del Código Civil; arts. 1892 y concs. del Código Civil y Comercial).

            Aquella falta y su consecuencia, no quedan subsanadas por el virtual reconocimiento de los demandados o la falta de planteamiento del tema al responder la demanda.

            Es que, como tiene dicho la Suprema Corte en supuestos de reivindicación, tratándose el dominio sobre inmuebles de una institución de orden público, de nada vale el reconocimiento que pueda haberse hecho en el  juicio, pues éste no constituye un medio idóneo para acreditar el dominio (S.C.B.A., Ac. 40017, sent. del 18/10/1988, ‘Durban, Roberto c/ Cali, Norberto s/ Reivindicacion’, en ‘Ac. Y Sent.’, t 1988-IV, pág. 28).

            A mayor abundamiento, puede agregarse que el hecho que Vega no impidiera que Gelabert siguiera ocupando la vivienda subastada, o le permitiera ocuparla después de adquirida en el remate, no es síntoma claro de que se le hubiera reconocido la posesión, toda vez que esa ocupación pudo mantenerse aunque Vega no hubiera llegado a ser dueño, por un comportamiento de simple tolerancia, insuficiente -como fue visto- como modo de adquirir el dominio.

            Sea por la razón que fuera, Vega dejó pendiente la toma de posesión y eso trajo como consecuencia que no pudo aquí alegar un dominio que no llegó a tener.

            Por conclusión, la acción reivindicatoria debe ser desestimada por falta de un recaudo esencial para su procedencia: la titularidad en el dominio cuya existencia, plenitud y liberad, aquella acción tiende a defender (arg. art. 2758 del Código Civil; art. 2247 del Código Civil y Comercial).

            VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            1- Lo que sigue es de mi autoría, aunque mi voto -hecho a comienzos de agosto de este año- esté en tercer lugar. Es que con mi consentimiento circuló entre mis colegas, quienes modificaron su anterior postura y acaso sin mi objeción  hicieron suyos algunos párrafos.

 

            2-  Vega, para reivindicar,  debió demostrar que era -al momento de la demanda- y que sigue siendo -al momento de la sentencia-  dueño del inmueble objeto de la pretensión, incluso pese a la falta de negativa puntual de los demandados acerca de ese básico  extremo  constitutivo (art. 2774 CC; art. 2249 CCyC; arts. 34.4, 330.4 y 375 cód. proc.).

            Eso porque, tratándose el dominio sobre inmuebles de una institución de orden público,  la voluntad tácita de los demandados extraída de su silencio frente a una demanda no puede convertir en dueño al demandante que  afirmó serlo pero que no lo es según la ley; más concretamente, la adquisición del derecho real de dominio por Vega dependió del cumplimiento de los recaudos legales y no puede hacerse depender de la afirmación del demandante y de la falta de negativa de los demandados  al contestar la demanda. Lo contrario importaría admitir que el derecho real de dominio de Vega pudo ser creado para el caso por la voluntad de las partes y  no a todo evento por la ley una vez cumplidos los recaudos respectivos  (art. 2502 CC; arts. 1882 a 1884 CCyC;  art. 354.1 cód. proc.).

            Así,  debió probar Vega que, como adquirente en subasta judicial, perfeccionó su adquisición recibiendo del juez efectivamente la posesión (art. 586 cód. proc.),  lo que no sucedió porque la sola manifestación de tener la posesión no suple la tradición judicial vía mandamiento tal como fuera ordenado en el expediente respectivo y consentido allí por Vega (ver “Banco de La Pampa c/ Gelabert, Sergio y otro”, fs. 224/vta., 247.II, 248,  255.II, 256 y 270).  O sea, por el contrario,  lo que sí se probó es que Vega no llegó a ser ni es titular del derecho real de dominio.

            Si, como decía la jueza Scelzo en su voto inicial luego modificado,  Vega podría obtener actualmente la posesión judicial en el proceso de la subasta diligenciando ahora el mandamiento respectivo, entonces debe hacerse de cuenta como que la tuvo y la tiene. No es válido razonar “si pudo y  puede hacerse la tradición judicial, entonces se la hizo”, cuando concretamente nunca el juez entregó la cosa a Vega y éste nunca la recibió del juez (arts. 2774, 577 y 2377 CC; arts. 1924, 2249 y 1892 párrafo 3° CCyC).

            Me queda decir que  no es promiscua hasta aquí  la cita simultánea de preceptos del Código Civil y  del Código Civil y Comercial, pues lo que se quiere significar es que a Vega le ha faltado antes del CCyC y le sigue faltando luego del CCyC un requisito que tanto antes como luego es esencial para la adquisición del derecho  real de dominio en una subasta judicial inmobiliaria: la tradición judicial (arts. cits., 2 y  analógicamente 2669 CCyC; otra vez, también art. 586 cód. proc.).

 

            3-  Para permitir a Gelabert  continuar ocupando el inmueble subastado no tenía Vega que haber adquirido antes la posesión judicial,  sino que le bastaba -y le bastó-  con abstenerse de impulsar la tradición judicial y  de -en todo caso después-  efectivizar la desocupación (art. 588 cód. proc.).  Esto es, sin llegar a ser dueño Vega pudo permitir a  Gelabert que continuara la ocupación.

            Si para permitir que Gelabert continuara ocupando el inmueble subastado no tenía Vega que ser necesariamente poseedor y dueño (de hecho, al no impulsar la tradición judicial no llegó a serlo), la continuación de esa ocupación por Gelabert no pudo -menos aún inequívocamente-  significar que éste reconociera en Vega una posesión  y un dominio que éste nunca llegó a tener (arts. 163.5 párrafo 2° y  384 cód. proc.).

 

            4- Con lo expuesto en 2- y 3- queda  cerrado el circuito: frente a la circunstancia incontrastable de la falta de toda tradición judicial del inmueble subastado, no son datos que permitan sostener  que Vega es dueño del inmueble objeto de la pretensión  ni la falta de negativa puntual de la posesión judicial de Vega al ser contestada la demanda, ni haber Gelabert continuado la ocupación luego de la subasta ante la permisividad de Vega.

            Así, a través de la acción real de marras no puede defenderse la existencia de un derecho real de dominio que no existió ni existe (arts. 2756 y 2758 CC; arts. 1891, 2247 párrafo 1°, 2248 párrafo 1° y 2249 CCyC).

 

            5- A mayor abundamiento, ¿por qué Vega se abstuvo de impulsar la tradición judicial y  de -en todo caso después-  efectivizar la desocupación del inmueble subastado (art. 588 cód. proc.).

            Por amistad: comprar en subasta judicial  y dejar que siga ocupando sin más ni más sine die el inmueble subastado son circunstancias suficientes para revelar amistad, la que incluso no hay necesidad de presumir porque fue admitida por el demandante (f. 131; arts. 163.5 párrafo 2°, 384 y 421 cód. proc. ).

            Esa misma amistad existente al momento de la subasta -acaso perdida más tarde por alguna razón-  pudo verosímilmente dar pábulo además a un acuerdo en función del cual Gelabert, a cambio, se comprometió a devolver de alguna manera el dinero invertido por Vega para adquirir en subasta y para así evitar que aquél -su amigo-  perdiera su casa (ver atestación de Colla, f. 518). Pero la existencia y el cumplimiento de ese hipotético acuerdo son aspectos cuyo abordaje queda desplazado aquí  en razón del desenlace que a mi ver cabe para el caso (arts. 34.4 y 163.6 párrafo 1° cód. proc.) y queda reservado para cuando oportunamente se acudiere a  la vía procesal pertinente (art. 588 cód. proc.).

            VOTO QUE SÍ.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Corresponde estimar las apelaciones, revocar la sentencia y en consecuencia desestimar la pretensión de reivindicación, con costas en ambas instancias al demandante vencido (arts. 68 y 274 cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que adhiere el al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

            ASI LO VOTO.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar las apelaciones, revocar la sentencia y en consecuencia desestimar la pretensión de reivindicación, con costas en ambas instancias al demandante vencido, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Adolfo  Alsina

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 85

                                                                                 

Autos: “W., M. V. C/ E., B. A. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -89999-

                                                                                              

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los siete  días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “W., M. V. C/ E., B. A. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -89999-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 87, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 69 contra la sentencia de fs. 63/64?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1. La sentencia de fs. 63/64 condena a B. A. E., a abonar alimentos en la suma mensual de $3.200 en favor de su hija E. Esta resolución es apelada por el demandado, alegando que no puede hacer frente a la cuota fijada y ofreciendo, al igual que al contestar demanda, una cuota de $ 2.000 (ver fs. 29/30vta. y 74/vta). La réplica obra a fs. 76/77vta.

            2. En primer lugar cabe señalar que la alegada afectación del derecho de defensa del recurrente por haberse dictado sentencia sin ordenar la producción de la prueba ofrecida al contestar demanda y también por aceptar la contestación de la contestación de la demanda, constituyen vicios de procedimiento impugnables a través de incidente de nulidad, y no de recurso de apelación, ya que este último no es útil para abordar  errores in procedendo ubicados en el trámite previo a la resolución cuestionada, sino únicamente para los contenidos en la resolución apelada (arts. 170 párrafo 2° y 253 Cód. Proc.; conf. esta cám., sent. del 05-03-2014, en autos “Servi, Aldo c/ El Campo SRL s/ Preparación de Vía Ejecutiva” , L.45 R.30).

            3. En cuanto al monto de la cuota fijada, pocos elementos probatorios fueron incorporados al proceso para poder evaluar si la misma ha sido alta o no.

            En el expediente sólo hay un informe de Arba por una declaración jurada de ingresos brutos de diciembre de 2015 por un monto imponible de $ 131.294; y un informe de Afip que corresponde a una declaración jurada del año fiscal 2014, en que  la ganancia mensual del demandado sería de $ 5.686 (v. fs. 58/60), los cuales poco reflejan acerca de los ingresos reales y actuales del accionado.

            3.1 La nueva normativa civil, en su artículo 710 produce -en materia de familia- el desplazamiento de la carga probatoria y lo coloca sobre aquella parte que se encuentre en mejores condiciones fácticas de probar.

            Y es el accionado quien se encontraba en mejor situación de acreditar sus ingresos, y si nada hizo para adverarlos, en ese contexto de ausencia de elementos de prueba por un lado y de mejor posición para probar su propio ingreso por otro, la orfandad de elementos por él aportados ha de pesar en su contra, haciendo suponer que de haberlos acompañado, cualesquiera hubieran sido (vgr. testigos, documental, pericial, etc.) no lo favorecían.

            Dicho lo anterior, habré de evaluar si la cuota fijada a fs. 63/64 debe ser reducida.

            4. Veamos.

            El demandado ofreció pagar al contestar demanda en octubre de 2015 una cuota de $ 2000, cuando el salario mínimo, vital y móvil era de $ 5588 (Res. 4/15 del CNEPYSMVYM, B.O. 24/07/15), es decir, el monto ofrecido significaba el equivalente al 35,79% de ese salario (v. f 29vta pto. 7) y para ese momento, la niña tenía dos años de edad (v. f. 5), habiéndose modificado dos variables a la fecha de este voto: el aumento del costo de vida y la mayor de edad de E.

            Entonces recurriré, a los fines de evaluar si la cuota fijada a fs. 63/64 es ajustada a las circunstancias del caso, a los parámetros que se han tenido en cuenta en sentencias anteriores de esta cámara, tales como porcentajes del Salario Mínimo Vital y Móvil de ahora en más, SMVYM, y la mayor edad del beneficiario de los alimentos, usando como base la cuota ofrecida por el demandado al contestar la demanda, razonando que si lo ofreció podía pagarlo (cito: sent. del 02-08-2016, “R., P.B. c/ G., H.A. s/ Incidente de cuota alimentaria”, L.45 R.66).

             En ese camino, es de tenerse en cuenta que si en octubre de 2015 el SMVYM era de $5588 (ver Res. 4/15 del CNEPYSMVYM, B.O. del 24/07/2015), los $ 2000 ofrecidos por el demandado representaban un 35,79% de ese SMVYM; y a la fecha de este voto ese porcentaje equivale sobre un salario mínimo de $ 7.560  (ver Res. 2/16 del CNEPYSMVYM, B.O. del 20/052016) a $ 2705,72.

            Aclaro que se ha dicho reiteradamente por esta cámara que la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el art. 10 de la ley 23982 sólo fulmina las fórmulas matemáticas para actualizar, repotenciar o indexar, pero no otros métodos que consulten elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible (ver considerando 11 de  “Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación”, sent. del 16/9/2014; complementaria y necesariamente ver también  el considerando 2 del Ac. 28/2014 a través del cual incrementó el monto del art. 24.6.a del d.ley 1285/58; ver fallo de esta cámara supra citado).

            De suerte que pasar a sueldos mínimos, vitales y móviles, o Jus, la cuota alimentaria acordada, u ofrecida tiempo atrás, para cotejar equitativamente los resultados,  no se advierte por qué no pueda ser un método  que consulta elementos objetivos de ponderación de la realidad y que da lugar a un resultado razonable y sostenible, sin infracción al art. 10 de la ley 23982, máxime que la derogación del art. 141 de la ley 24013 puede interpretarse como autorización a fin de hacer rendir el salario mínimo, vital y móvil como índice o base para la determinación cuantitativa de otros institutos legales entre los que no se ve  por qué excluir a las cuotas de alimentos (art. 171 Const.Pcia.Bs.As.; ver también reciente reforma legistativa al art. 32 de la ley 24522 que para gastos de la sindicatura utiliza la misma variable; art. 1, ley 27170 del 8/9/2015; mismo antecedente citado).

            Pero ese cálculo no tiene en cuenta la mayor edad de la niña, sino sólo el mantenimiento de valor constante de la cuota ofrecida.

            La edad de E. varió, pasó de 2 años a 3 años desde que el demandado ofreció los 2000 pesos; es decir transcurrió 1 año, debiendo considerarse que su mayor edad exige mayores gastos (art. 384 CPCC). Fórmulas científicas así lo avalan, como lo predican los coeficientes de Engel proporcionados por el INDEC, en que existe un incremento en  los costos que insumen los menores debido a su variación de edad en relación a la Canasta Básica Alimentaria (relación entre necesidades energéticas/unidades consumidoras por adulto equivalente).

            Para este caso, entre la edad de E. en octubre de 2015 a la fecha de hoy, salta esa unidad consumidora de un 0,43 a 0,50, lo que implica un aumento del 16,27% de sus necesidades energéticas,  que debe aplicarse al resultado obtenido al tener en cuenta la variable SMVYM, resultando una cuota final de $ 3.031,12.

            5. Entonces, si el demandado ofreció pagar $ 2000 en octubre de 2015, ese ofrecimiento hoy se traduce -teniendo en cuenta las dos variables apuntadas- en una cuota de $ 3.031,12.

            Con este solo procedimiento, la cuota alimentaria estaría en una cifra cercana a la determinada en el fallo que se apela, de $3.200, por lo que corresponde su confirmación.

            Máxime que el obligado a los alimentos no ha proporcionado información exacta sobre sus ingresos reales, los que varían -como ya se dijo-  en un amplio espectro de entre $131.294 por ingresos brutos para el mes de diciembre de 2015 (v. fs. 54/vta.) y una ganancia declarada en la Afip para todo el año 2014 de $68.237 (v. f. 60). En todo caso, denota que sus ingresos mejoraron notablemente en el curso del año 2015, y aún considerando que aquélla se trata de ganancia bruta, sujeta a deducciones por mercaderías, impuestos, servicios, etc., tales deducciones no pueden llevar su ingreso real a uno que no le permita afrontar una cuota de $3200,  una cifra cercana a la determinada en el fallo que se apela.

            Reitero que la falta de colaboración del demandado no es una circunstancia que deba pasar inadvertida. Por el contrario, su conducta debe ser especialmente apreciada, pues tocante a sus propios ingresos, nadie  mejor que él puede estar en condiciones de prestar en la causa una información adecuada y veraz, facilitando calcular la cuota alimentaria a favor de su hija de manera concreta y no en base a supuestos (art. 710 y concs. CCyC; arg. art. 34.5.d., cód. proc.).

            Por ello, propendiendo a conceder una tutela judicial efectiva, ya que la carga de la prueba de sus ingresos pesaba sobre él, y la buena fe y lealtad procesal debieron conducirlo a traer al proceso todos los elementos y fuentes de comprobación que pudieran avalar sus dichos, cuando fue momento de hacerlo (arts. 3 Conv. Dchos. del Niño; 15 Const. Prov. Bs. As. y arg. arts. 706 y 710 del CCyC y 640 del cód. proc.).  Por manera que el no haberlo hecho, es un déficit que no puede hacerse jugar en su beneficio. Dentro de ese marco, pues, parece de toda equidad mantener la cuota alimentaria en la suma mensual en que fue fijada en la instancia anterior (arts. 260, 266 y concs. cód. proc.).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            1- Es cierto que no debió haber una contestación de la contestación de la demanda –como la que está a fs. 35/37 vta.-, pero el demandado no lo impugnó  en primera instancia  (v.gr. no recurrió la providencia de f. 38 2ª parte que sin más ni más  toleró esa contestación), así que no puede hacerlo recién ahora en cámara con motivo de la apelación contra la sentencia definitiva (art. 155 cód. proc.).

            2- Tal como está diseñado el proceso de alimentos por el CPCC,  fuera de los límites de la audiencia del art. 640 CPCC el derecho probatorio del alimentante se agota una vez que la parte actora termina de producir su prueba, ya que, cuando esto último sucede, dentro del plazo de 5 días el juzgado debe emitir sentencia (art. 641 párrafo 1° cód. proc.).

            No se violenta así el derecho de defensa del alimentante, sino que se difiere su ejercicio para una etapa posterior (la incidental del art. 647 cód. proc.) en la que entonces sí podrá producir la prueba que no pudo según la matriz sumaria del juicio de alimentos (art. 34.4 cód. proc.).

            3- Si el ingreso mensual del demandado para 2015 fuera sólo de $ 7.677 -como lo sostiene a f. 74 vta. desde el parapeto del informe de la AFIP a f.60-, entonces simplemente le quedarían a él para vivir algo más de $ 500, luego de pagar la cuota alimentaria aquí ofrecida de  $ 2.000 más los $ 5.100 que dice abonar a favor de otros hijos (ver f. 29 vta. aps. 7 y 8).

            Evidentemente es increíble que el demandante no tenga más  ingresos, ya que no podría estar dispuesto a pagar $ 7.100 de alimentos y al mismo tiempo animarse a costear todos sus gastos  contando sólo con una renta  única de $ 7.677 por mes (arts. 163.5 párrafo 2° y  384 cód. proc.).

            Si el alimentante debe tener otros ingresos, ¿cuáles son?  Nadie mejor que él para exponerlo y demostrarlo, pero no lo hizo (art. 710 CCyC), pudiendo hacerlo eventualmente  en proceso de conocimiento posterior (art. 647 cód. proc.).

            Sin convalidar entonces intrínsecamente la cuota de $ 3.200 -comoquiera que hubiera sido fijada bien o mal por el juzgado-,  sólo me limito a decir que no puede razonablemente ser modificada ahora en función del insuficiente recurso bajo análisis,  que opera como  límite de la competencia de la cámara (arts. 266, 260 y 261 cód. proc.).

            VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Los dos votos que anteceden son proclives a mantener la cuota alimentaria fijada en la suma de $ 3.200. Aunque el juez Sosa lo hace sin convalidar intrínsecamente el monto.

            También coinciden en reprochar al alimentante la falta de prueba fidedigna acerca de sus ingresos (jueza Scelzo, punto 3 y 5 tercer párrafo; juez Sosa, punto tres, primero a tercer párrafo).

            Debe tenerse en cuenta, igualmente, el desarrollo que emplea el voto inicial en su punto cuatro.

            Por ello, doy mi adhesión a los sufragios precedentes, en los tramos que han sido enunciados y que consolidan una respuesta concurrente.

            ASI LO VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Corresponde, habiéndose alcanzado las maorías necesarias, desestimar la apelación de f. 69 contra la sentencia de fs. 63/64, con costas al apelante y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 69 Cód. Proc.; 31 y 51 d-ley 8904/77).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

             Desestimar la apelación de f. 69 contra la sentencia de fs. 63/64, con costas al apelante y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 83

                                                                                 

Autos: “SAN ANDRES SUSANA MARTA C/ AUTOMOVIL CLUB PEHUAJO Y/U OTROS S/ USUCAPION”

Expte.: -89796-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los seis días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “SAN ANDRES SUSANA MARTA C/ AUTOMOVIL CLUB PEHUAJO Y/U OTROS S/ USUCAPION” (expte. nro. -89796-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 201, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   fundado el recurso de foja 175?

SEGUNDA:  ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            1. Puede considerarse acreditado que el 26 de octubre de 2000, Héctor Rosario Guarascio y Ángela Graciela Acosta, vendieron a Susana Marta San Andrés, una finca ubicada en el Partido de Pehuajó, edificada sobre dos lotes de terreno los que se designan en el plano 80-161-16 como lotes diecisiete y dieciocho de la manzana ciento cuarenta y seis dk, con una superficie total de quinientos veinticinco metros cuadrados.

            No existe mención en la escritura traslativa de dominio que los vendedores, además, hubieran estado desde hacia más de diez años, en posesión del terreno aledaño, realizando reparaciones, construcciones o mejoras y que le hayan hecho en ese acto tradición del mismo a la compradora.

            Justamente, en lo que atañe a éste, designado como lote diecinueve de la manzana ciento cuarenta y seis dk, con una superficie total de quinientos veinte con cincuenta y nueve decímetros cuadrados, se conoce que Guarascio y Acosta le cedieron gratuitamente todos los derechos y acciones posesorias que les correspondían, el 1 de agosto de 2009, casi nueve años más tarde.

            Ninguna referencia fue efectuada en tal escritura de cesión acerca de que desde antes de esa fecha la actora estuviera poseyendo este último inmueble y que, correlativamente, los cedentes hubieran dejando de poseerlo. Tampoco de la fecha en que los vendedores hubieran comenzado a poseer ese terreno.

            No obstante, San Andrés afirma que tomó posesión de ese lote en el año 2000. O sea, el mismo año en que compró las restantes parcelas (fs. 23, sexto párrafo). Dice que a partir de ese momento realizó mejoras, cambio de alambrados, reparaciones (fs. 23).

            Un balance inicial, entonces, denota que la actora  para ver satisfecha su pretensión y superar los desconocimientos de fojas 103/104, debió acreditar con rango de convicción plena: (a) que sus vendedores eran poseedores del inmueble a usucapir y desde una fecha anterior a la venta que le hicieran de los otros dos lotes; (b) que ella obtuvo la posesión del mismo por tradición en el año 2000 y la mantuvo hasta el momento; (c) que ambas posesiones sumaban ahora veinte años, a lo menos; (d) que todo esto resultaba de actos posesorios comprobados del modo requerido por el artículo 679.1 del Cód. Proc..

            2. Ahora bien, está acreditado que Guarascio y Acosta compraron los lotes diecisiete y dieciocho señalados más arriba, al Automóvil Club Pehuajó Asociación Civil, mediante escritura de fecha 20 de noviembre de 1982. Pero en esa escritura nada se expresa en cuanto al lote diecinueve, que habría quedado en dominio del vendedor (fs. 16/17, 44, 48, 74/77, 87, 162/164).

            Luego está la venta a la actora, ya narrada, donde tampoco hay mención alguna respecto de ese terreno. Y finalmente la cesión –también evocada– que es de fecha 1 de agosto de 2009, en la cual no se indica desde cuándo habrían poseído ese inmueble los cedentes, ni si los cesionarios lo venían poseyendo de un momento anterior a ese acto.

            Hay un relato de la apelante que coloca a Guarascio y Acosta como poseedores del bien desde prolongado tiempo (fs. 186/vta.). Aunque allí no lo mide con exactitud, en la demanda se dijo que desde más de diez años de aquella venta. Pero hay que considerar las pruebas (fs. 23, tercer párrafo).

            Acerca del pago de impuestos y tasas, la sentencia apelada aprecia que las de alumbrado, barrido y limpieza fueron abonadas recién a partir de la suscripción del plan de pagos cuya copia se agregó a fojas 11, en el año 2008.

            Y si bien a fojas 29/30 y 36/41 se encuentran informes de la inexistencia de deuda tributaria, eso es indicativo que habría sido pagada, pero no permite precisar cuándo lo fue: si en cada uno de los respectivos vencimientos o de una sola vez y en este caso, en qué fecha. En el detalle de fojas 40, por ejemplo, figuran algunas cancelaciones por pago bancario de obligaciones de fecha febrero de 2009 y enero y febrero de 2010, junto a otras liquidadas por plan de pagos (la más antigua de febrero de 2005).

            Esos datos tienen particular incidencia, pues no denota lo mismo el pago mas o menos regular y periódico de los impuestos y tasas que exterioriza una intención que sólo se encuentra en aquellas personas que tienen la convicción de ser dueños de la cosa, que el pago retroactivo de los mismos, característico de quien pretende preconstituir una prueba a los fines de luego intentar una usucapión. Teniendo en cuenta que la presunción del ánimo de dueño que los pagos pueden llegar a representar, además, no puede remontarse a una fecha anterior a los propios pagos (S.C.B.A., Ac 75946, sent. del 15/11/2000, ‘Naveira, Alfonso R. c/Michel, Pablo C. s/ Reivindicación’, en Juba sumario B4889; ídem.,  Ac 57602, sent. del 01/04/1997, ‘Gentile, Víctor Hugo y otra c/ Rodríguez, Carlos Alberto y otra s/ Usucapión’, en Juba sumario B4870; ídem., SCBA, Ac. 55958, sent. del 01/08/1995, ‘Boero, Osvaldo Domingo y otro c/ Sambrizzi, Eduardo y otro s/ Usucapión’, en Juba sumario B23415).

            En este sentido, entonces, esas certificaciones apuntadas en los agravios, no tienen la incidencia que la apelante ha querido darles (arg. art. 384 del Cód. Proc.). Ni descalifican aquella conclusión del pronunciamiento recurrido.

            En punto a la testimonial, la actora acude a ella, en general, pero sin concentrarse en una apreciación prolija de las declaraciones de cada testigo. Es decir, las toma en bloque atribuyéndoles eficacia probatoria de los hechos que le favorecen, pero sin recalar en la calidad de cada testimonio. Lo que debilita su agravio (arg. art. 260 del Cód. Proc.).

            En cambio, al asumir ese cometido puede observarse que Inciarte sabe que Guarascio y Acosta tuvieron la posesión a título de dueños del inmueble del juicio, por dichos de la actora y de su pareja (fs. 24 c., y 16, tercera). Afirma que la finca tiene agua, luz, han hecho una pileta, un quincho nuevo, está la casa que estaba antes y todo parquizado, pero no ubica en el tiempo ninguna de esas realizaciones o actos. Funda sus dichos en la amistad que tiene con ellos y por haber concurrido al lugar (fs. 120). En suma un aporte pobre por parte de un testigo de referencia, en puntos clave (arg. art. 384 y 456 del Cód. Proc.).

            Taybo basa todos sus dichos en que Susana (por Susana Marta San Andrés, la actora) fue su vecina y tenía trato con ella. Dice que tuvo un terreno ahí cerca. Respecto de cuanto tiempo Guarascio y Acosta poseyeron el inmueble, dice que fácil entre veinticuatro y veinticinco años. Pero las cuentas no dan si se computa que aquellos adquirieron los lotes diecisiete y dieciocho señalados más arriba, al Automóvil Club Pehuajó Asociación Civil, mediante escritura de fecha 20 de noviembre de 1982 y que la demandante dice haber tomado posesión del terreno en litigio en 2000. El propio Guarascio va a decir que lo tuvo unos quince años, no entre veinticuatro o veninticinco (f. 122, primera ampliación). Luego, el testigo detalla las mejoras existentes cuando estaba aquel y otras nuevas. En fin, el testimonio ofrece menos flancos débiles que el anterior, pero igualmente requiere ser corroborado (arg. art. 679.1 y concs. del Cód. Proc.).

            Las declaraciones de Guarascio y Acosta –más allá de lo expresado–  no exponen circunstancias más interesantes (fs. 122 y 123).

            Lamantia sabe que éstos tenían el terreno desde hacía unos quince años, porque es muy conocida de ellos y aparte por intermedio de Susana (por la actora) lo comentaban siempre. También conoce que ellos realizaron mejoras, por acotaciones de Susana (f.130).Es fundamentalmente un testigo de referencia (arg. art. 384 y 456 del Cód. Proc.).

            En cuanto a Norberto Oscar Mel, de sesenta y cinco años, es un dato que tiene el mismo apellido que la pareja de Susana Marta San Andrés: Raúl Mel (Inciarte, f. 120, tercera). Aunque dijo que no le comprenden las generales de la ley. Basa su conocimiento en que conoce personalmente a Guarascio y Acosta, los ha visto, ‘…vivió ahí por 20 o 25 años aproximadamente’, dice. Conoce el lugar y ha estado con San Andrés, quien tiene el terreno desde unos diez o quince años. Tocante a mejoras, dice que el terreno tiene agua, luz y otros servicios, ha sido parquizado, está muy bien arreglado y cuidado, hay un cerco (f. 131).

            Como puede verse, la prueba no es todo lo coincidente, armoniosa y sólida que sugiere la apelante (fs. 187/vta.).

            Además no puede esgrimirse en apoyo de ella la compra venta de fojas 162/164, a la cual ya se hizo referencia al comenzar este punto, toda vez que como entonces fue expresado, nada informa acerca del inmueble a usucapir.

            En lo que atañe al reconocimiento judicial, es cierto que allí se relata que ‘…el terreno a usucapir en una parte de un todo que forma la quinta…’, pero eso no es sino la situación existente a la fecha del reconocimiento. De las tomas fotográficas puede colegirse que, salvo algunas plantas, todo lo edificado que se percibe, no acusa demasiada antigüedad. De ninguna manera faculta a afirmar que si Guarascio y Acosta compraron en 1982 los lotes diecisiete y dieciocho, poseyeron el inmueble en cuestión también desde esa fecha.

            Por conclusión, acabado este examen siguiendo el hilo de los agravios, el convencimiento es que no hay elementos corroborantes de la testimonial, con el alcance que se postula en la apelación.

            3. En definitiva entonces, si el modo de adquirir el dominio por prescripción larga no puede fundarse exclusivamente en la testifical, resulta que los agravios examinados, no contribuyeron a desactivar efectivamente el fundamento razonado del fallo que se ataca y mejorar el fruto, de modo de imponer la variación que se patrocinaba: esto es, que se había acreditado en forma compuesta la posesión del bien en litigio más allá del año 1998 (arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.).

            En consonancia, no cabe sino rechazar el recurso interpuesto, imponiendo las costas a la apelante vencida. (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

            VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde rechazar el recurso interpuesto de foja 175, con costas a la apelante vencida (arg. art. 68 del Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Rechazar el recurso interpuesto de foja 175, con costas a la apelante vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia n° 1

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 82

                                                                                 

Autos: “G., M. E. C/ R., M. D. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS(32)”

Expte.: -89991-

                                                                                              

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los treinta y un días del mes de agosto de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “G., M. E. C/ R., M. D. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS(32)” (expte. nro. -89991-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 300, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente  la  apelación  de  f. 274 contra la sentencia de fs. 252/253?.

SEGUNDA:  ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            La cuota anterior de alimentos fue convenida en $400, en mayo de 2011, cuando el salario mínimo, vital y móvil era de $ 1840 (Res. 02/10 del CNEPYSMVYM, B.O. 12/08/10), esto es, fue pactada en el equivalente al 21,739% de ese salario (v. fs. 72/vta. y 79/81 vta.) y para ese momento, el niño alimentado tenía 1 año de edad (v. f. 4), habiéndose modificado dos variables a la fecha de este voto: el notorio aumento del costo de vida y la mayor edad M. G.

            Entonces recurriré, a los fines de establecer una cuota equitativa, a los parámetros que se han tenido en cuenta en sentencias anteriores de esta cámara, tales como porcentajes del Salario Mínimo Vital y Móvil (de ahora en más, SMVYM) y Jus, así como la mayor edad del beneficiario de los alimentos, partiendo de la cuota anterior que se pretende modificar (a modo de ejemplo cito: sent. del 02-08-2016, “R., P.B. c/ G., H.A. s/ Incidente de cuota alimentaria”, L.45 R.66; ídem, sent. del 07-10-2015, “C., K.M. c/ B., J.A. s/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”, L.46 R.320), tomando en cuenta tales parámetros desde la fecha de la cuota inicial pactada hasta la de esta sentencia (mi voto en “R., S. c/ M., J.A. s/ Incidente de aumento”, sent. del 30-08-2016, L. 45 R. 80).

             En ese camino, es de tenerse en cuenta que si en mayo de 2011 el SMVYM  era de $1840, los $400 de cuota representaban un 21,739% de ese SMVYM; y a la fecha de este voto ese porcentaje equivale a $1643,46 (SMVM hoy = $7560; ver Res. 02/16 del CNEPYSMVYM, B.O. del 20-05-2016).

            Por otra parte, si se calcula  la cantidad de Jus que representaban los $400 acordados en mayo de 2011, a esa fecha los $400 pactados representaban la cantidad de 2,58 Jus, y éstos hoy ascienden a la suma de $1318,38 (AC 3544 y AC.3803, 1 Jus = $155 y $511, respectivamente).

            Ambas comparaciones arrojan cifras cercanas, arrojando un promedio de $1480,92.

            Aclaro que se ha dicho reiteradamente por esta cámara que la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que el art. 10 de la ley 23982 sólo fulmina las fórmulas matemáticas para actualizar, repotenciar o indexar,  pero no otros métodos que consulten elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible (ver considerando 11 de  “Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación”, sent. del 16/9/2014; complementaria y necesariamente ver también  el considerando 2 del Ac. 28/2014 a través del cual incrementó el monto del art. 24.6.a del d.ley 1285/58; ver fallo de esta cámara supra citado).

            De suerte que pasar a sueldos mínimos, vitales y móviles, o a Jus, la cuota alimentaria acordada varios años atrás, para cotejar equitativamente los resultados,  no se advierte por qué no pueda ser un método  que consulta elementos objetivos de ponderación de la realidad y que da lugar a un resultado razonable y sostenible, sin infracción al art. 10 de la ley 23982, máxime que la derogación del art. 141 de la ley 24013 puede interpretarse como autorización a fin de hacer rendir el salario mínimo, vital y móvil como índice o base para la determinación cuantitativa de otros institutos legales entre los que no se ve  por qué excluir a las cuotas de alimentos (art. 171 Const.Pcia.Bs.As.; ver también reciente reforma legistativa al art. 32 de la ley 24522 que para gastos de la sindicatura utiliza la misma variable; art. 1, ley 27170 del 8-9-2015; mismo antecedente citado).

            Continuando con la cuota en concreto, ya se dijo que varió la edad de M. G, que pasó de 1 año a 6 años desde que la cuota fue convenida; es decir transcurrieron 5 años, debiendo considerarse notorio que su mayor edad exige mayores gastos (art. 384 Cód. Proc.).

            Fórmulas científicas así lo avalan, como lo predican los coeficientes de Engel proporcionados por el INDEC, en que existe un notorio incremento en  los costos que insumen los menores debido a su variación de edad en relación a la Canasta Básica Alimentaria (relación entre necesidades energéticas/unidades consumidoras por adulto equivalente).

            Para este puntual caso, entre la edad  del niño  en mayo  de 2011 a la fecha de hoy, salta esa unidad consumidora de un 0,43 a 0,63, representando una variación del 46,51%, lo que da idea del notorio incremento de sus necesidades actuales -significa un salto del 46,51% de sus necesidades energéticas.

            Teniendo en cuenta que ambas variables se han modificado en más, estimo justo y equitativo mantener la cuota alimentaria fijada en sentencia por la cantidad de $1800, por ser la que mejor atiende las circunstancias de este caso (arts. 658, 659, 706 y 710 Cód. Civil y Comercial, 641 segundo párrafo Cód. Proc.).

            Aclaro llegado este punto que si bien se agravia el apelante a fs. 281/282 vta. sobre que únicamente se han tomado en cuenta los dichos de la parte actora en relación a sus ingresos (se denunció a mayo de 2013 que los tenía por $9000, derivados de su actividad como mecánico automotríz junto a su padre; f. 8 p.III), negando que ello sea verdad, no puede dejarse de tener en cuenta que nada aporta en aras de conocer su actividad y sus ingresos, como era su carga, limitándose a decir que trabaja de changas, pero sin especificar de qué clase ni cuánto gana por ellas, aunque sea de manera aproximada (arts. 9 y 710 Cód. Civ. y Com.; y arg. art. 34.5.d Cód. Proc.).

            Nada surge en relación a ello, por lo demás, del expediente; únicamente se puede saber que trabajó en relación de dependencia entre mayo y noviembre de 2008 y que luego se registró como monotributista por un breve plazo, dándose de baja en el año 2009 (v. fs. 27/33), por lo que al parecer ya se encontraba subsistiendo de changas al acordar la anterior cuota, misma situación que la actual, según sus dichos (arg. arts. 3 Cód. Civ. y Com., 384 Cód. Proc.).

            Por lo expuesto, corresponde desestimar la apelación de f. 274 contra la sentencia de fs. 252/253, con costas al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 69 Cód. Proc.; 31 y 51 d-ley 8904/77).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación de f. 274 contra la sentencia de fs. 252/253, con costas al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 69 Cód. Proc.; 31 y 51 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de f. 274 contra la sentencia de fs. 252/253, con costas al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado  Civil y Comercial n° 1

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 81

                                                                                 

Autos: “BOYERO CAMILA  C/ GITRAMA RAUL OMAR S/COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -89936-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los treinta días del mes de agosto de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BOYERO CAMILA  C/ GITRAMA RAUL OMAR S/COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -89936-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 65, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  fs. 55/vta.?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1- La sentencia apelada hace prosperar la excepción de inhabilidad de título interpuesta por el accionado y rechaza la demanda, por entender que el título en ejecución carece de firma del librador, al entender que el título carece de la rúbrica del accionado al no estar estampada en el extremo inferior derecho del pagaré (ver sent. de fs. 49/vta.).

            Apela la actora sosteniendo que la firma de Gitrama se encuentra estampada de su puño y letra en el pagaré traído, en el lugar indicado con el título “Firmante” y que para así concluir basta con cotejar la firma allí existente con la colocada en el escrito de contestación de demanda.

            Al responder el memorial el accionado vuelve a sostener que el documento carece de firma.

            2- Veamos: a f. 27vta. el demandado reconoce haber estampado de su puño y letra, él dice su nombre, la actora sostiene su firma, en el pagaré en ejecución.

            Del cotejo del pagaré con la contestación de demanda, puede concluirse a simple vista que hay coincidencia entre lo estampado en la cartular como nombre del accionado y la firma inserta en la contestación de demanda, al menos de ese mismo modo allí firmó y no negó que esa fuera su rúbrica (arts. 319, CCyC; 354.1. y 384, cód. proc.).

            La ausencia de desconocimiento de la autoría del llenado del documento, implica el reconocimiento de ello y por ende la innecesariedad de prueba al respecto. De todos modos, la carga de la prueba de la excepción corresponde al accionado (art. 547, párrafo 2do. cód. proc.).

            Entonces, tratándose -la estampada en el costado izquierdo del título- de la firma del librador, no habiéndose alegado su falsedad, no es suficiente con haber negado la intención de suscribir el pagaré por haber colocado la firma en un lugar distinto del habitual.

             Agrego que respecto de la ubicación de la firma en el pagaré no existe regulación legal acerca del lugar en que el librador de uno debe colocarla. De tal suerte, no hay motivo como para no tener por válida la inserta en el margen izquierdo del título al lado de la palabra “Firmante” (arts. 19 Const. Nac., 25 Const. Prov. Bs. As.).

            Siendo así, por el argumento esgrimido no corresponde rechazar la ejecución; y respecto de la excepción de falsedad el accionado no ofreció prueba, pese a recaer sobre él dicha carga (art. 547 cit.), pero de todos modos no se agravió por la falta de tratamiento de la excepción en la instancia inicial, entonces no hay más alternativa que por el argumento esgrimido en los párrafos precedentes, revocar el decisorio apelado y remitir los autos al juzgado de origen a sus efectos, con costas al demandado perdidoso (arts. 266 y 556, cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            La grafía junto a la voz “firmante” en el documento de f. 11 fue colocada por el ejecutado, pues así lo ha admitido o en todo caso no lo ha negado expresa y categóricamente (fs.  27 in fine y 27 vta.).

            Y bien, si se compara esa grafía con la firma colocada en el escrito de oposición de excepciones (f. 28 vta.),  puede advertirse que prima facie coinciden (art. 319 CCyC; art. 384 cód. proc.).

            Concluyo entonces que el documento de f. 11 tiene firma porque aparentemente es la grafía colocada junto a la voz firmante (art. 101.g d.ley 5965/63).

            Por eso, corresponde revocar la sentencia apelada si su único fundamento es la falta de firma, porque firma hay (arts. 34.4 cód. proc.).

            Como en el memorial no ha pedido el apelante el tratamiento de las demás cuestiones que el juzgado omitió tratar (ver f. 49 vta. párrafo 2°), corresponde remitir los autos al juzgado de origen a tal fin (arg. arts. 266 y  273 cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            En términos generales, se entiende por firma la manera con que una persona escribe su nombre y apellido, alguno de ellos, incluso en forma figurada o ilegible, con el objeto de asumir responsabilidades inherentes al elemento que suscribe, aunque no haya sido estampada en la forma habitual (arg. arts. 1012, 3633 y nota al art. 3639 del Código Civil; art. 313 y 314 del Código Civil y Comercial; Borda, G., ‘Tratado…Parte General’, t. II pág. 168, número 926).

            Dentro de ese marco conceptual, si resulta que el modo peculiar de escribir el nombre y el apellido que aparece en el lateral izquierdo del documento se compadece con el que revela el escrito que la misma persona presentó en este juicio oponiendo excepciones, en tanto la caligrafía aquella no fue franca y terminantemente impugnada de falsedad (fs. 27/vta. segundo párrafo y 28, segundo párrafo), cabe deducir de tales circunstancias que ese autógrafo ha sido puesto al pie del documento que inició esta ejecución con el designio de aceptar y hacer propia la declaración de voluntad que contiene. Pues es el mismo propósito que cabe imputar a los trazos de similar perfil que cierran la aludida presentación de fojas 28/vta., de cuyos efectos vinculantes no reniega.

            En definitiva, la ley cambiaria (dec-ley 5965/63), no establece prescripción alguna sobre el lugar en que debe ubicarse la firma del librador (lo señala el voto inicial).

            Por conclusión, en lo que atañe al recaudo de la firma, aparece cumplido el requisito extrínseco esencial del artículo 101 inc. 7 del decreto ley 5965/63.

            Sin embargo, quedan otros temas planteados que el juez de la instancia anterior no llegó a conocer por haber detenido su análisis en la falta de firma del librador (fs. 2627/vta.4 y stes.; lo pone en claro el segundo voto).

            Dichas temáticas no pueden ser abordadas por esta alzada, no solamente porque tal pronunciamiento no fue expresamente pedido, sino porque, además, podría pender una decisión en torno a la prueba de la cual no es discreto desplazar a la instancia originaria (doctr. art. 273 del Cód. Proc.).

            Por estos fundamentos adhiero a los votos que anteceden.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

             Corresponde revocar la sentencia apelada y devolver los autos al juzgado de origen a sus efectos, con costas al apelado vencido (art. 556 cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

                Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Revocar la sentencia apelada y devolver los autos al juzgado de origen a sus efectos, con costas al apelado vencido y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

                Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.