Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 305

                                                                                 

Autos: “MASSON, JORGE FELIX C/ ALVAREZ, NESTOR RICARDO S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -88289-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “MASSON, JORGE FELIX C/ ALVAREZ, NESTOR RICARDO S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -88289-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 236, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿son   procedentes   las   apelaciones  de  fs. 218 y 221 contra la resolución de fs. 212/vta.?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Contra la regulación de honorarios de fs. 212/vta. se plantearon sólo las apelaciones de fs. 218 y 221, ambas haciendo blanco en los fijados a favor de la abogada Obiglio.

La retribución del abogado Culacciatti no fue recurrida por nadie y, por ende, escapa al poder de contralor de esta cámara (arts. 34.4, 266 y 272 cód. proc.).

 

2- La apelación de f. 218 fue introducida por la abogada Obiglio por su propio derecho, porque si bien indica en el encabezamiento que es “apoderada de la actora”,  dice más abajo “por causarme […] gravamen irreparable” (no a su poderdante, a ella misma).

Además, por si ese dato fuera poco, en forma corroborante a fs. 222/vta. intenta fundar ese  recurso “por bajos” (art. 163.5 párrafo 2° cód. proc.), aunque de modo improcedente (art. 57 d-ley 8904/77 y arts. 34.5.a y 155 cód.proc.).

 

3- ¿Son exiguos los honorarios que le fueron regulados a la abogada Obliglio? ¿O son altos -en función del recurso de apelación de f. 221, planteado por el demandado-?

 

3.1. Hasta la sentencia de remate.

Se opusieron excepciones, las que fueron respondidas por el ejecutante y más tarde desestimadas sin abrirse la causa a prueba (fs. 28/32 vta. , 53/56 vta. y 57/60).

Aplicando sobre la base regulatoria inobjetada ($ 35.835,92) la alícuota usual de la cámara para  casos así (12,6%, art. 17 cód. civ. y art. 34 d-ley 8904/77), apreciando el rol de patrocinante (quita de un 10%, art. 14 d-ley 8904/77), la cuenta da: $ 4.063,80.

 

3.2. El incidente de nulidad planteado a fs. 52/53 fue rechazado sin sustanciación, con costas al incidentista (ver f. 60).

Por de pronto,  no debieron regularse honorarios al abogado Culacciatti, que nada trabajó en el incidente, pero, repito, nadie apeló ninguno de sus honorarios así que no puede esta cámara corregir de oficio ese error (ver considerando 1-, párrafo 2°).

La apelación de f. 221 es inadmisible contra la regulación de honorarios a la abogada Obiglio por este incidente, desde que el demandado carece de gravamen porque no fue condenado en costas  (arg. art. 242 cód. proc.).

Y es infundada la apelación de la letrada beneficiaria por bajos, toda vez que no es injusta la recompensa cuantificada en el mínimo legal por una tarea que no mereció trámite y así, de cuajo, fue repelida (art. 16 d-ley 8904/77).

 

3.3.  En las incidencias relativas a las liquidaciones,  las costas fueron impuestas  de modo impreciso, con cita del art. 71 CPCC:  “en forma parcial y mutua” (fs. 154 y 186 vta.); esa fórmula no fue  dejada sin efecto. 

Si el juzgado entendió que hubo vencimientos recíprocos, entonces podría creerse que cada parte debe un segmento de los honorarios de la contraparte. Ante esa posible inteligencia y la consecuente eventualidad de que se piense que el ejecutado debe algún porcentaje de los honorarios regulados en dichas incidencias a la abogada Obiglio,  la apelación por altos de f. 221 no puede no alcanzar a los honorarios establecidos a favor de ésta.

Desde el punto de vista de su signficación económica ambas incidencias tienen algo en común: su valía debe encontrarse en la diferencia pecuniaria entre las posturas enfrentadas, tal el espacio de beligerancia sobre el que debió terciar el órgano judicial, en ambas ocasiones no dando la razón 100% a ninguno de los contendientes (arg. art. 16.a d-ley 8904/77).

Veamos:

a- Incidencia resuelta a fs. 152/154: $ 41.949,32 (f. 132 vta.) – $ 28.159,86 (f. 140 vta.) = $ 13.789,46.

b- Incidencia resuelta a  fs. 185/186:  $ 36.624,99 (f. 173 vta.) – $ 33.325,11 (fs. 177/178) = $ 3.299,88.

Aplicando sobre ambas bases un 25% de la alícuota correspondiente al proceso principal (12,6%, ver  supra 3.1.), con la reduccion del 10% atento el patrocinio (art. 14 d-ley 8904/77),  las cuentas dan:

a- Incidencia resuelta a fs. 152/154:  $ 13.789,46 x 3,15% x 90%= $ 391.

b-Incidencia resuelta a  fs. 185/186:  $ 3.299,88 x 3,15% x 90% = $  93,60.

 

4- Corresponde:

4.1. reducir los honorarios de la abogada Obiglio hasta la sentencia de trance y remate, fijándolos en $ 4.063,80;

4.2. confirmar los honorarios de la abogada Obiglio por el incidente de nulidad entablado a fs.  52/53  y  rechazado  a f. 60;

4.3. reducir los honorarios de la abogada Obiglio por las incidencias resueltas a fs. 152/154 y a fs. 185/186, fijándolos en sendas sumas de $ 391 y 93,60.

4.3. regular los siguientes honorarios en cámara:

a- por la apelación resuelta a fs. 78/80:  para los abogados Obiglio y Culacciatti, en sendas sumas de $ 1.097.20 (reg. 1ª inst. * 27%; art. 31 d-ley 8904/77) y  de $ 654,30 (reg. que hubiera correspondido en 1ª inst.  {$ 2.844= $ 4.063 * 70%}  * 23%; art. 31 d-ley cit.);

b- por la apelación resuelta a fs. 197/201: para los abogados Obiglio y Culacciatti, en sendas sumas de $ 28,10 (reg. 1ª inst. * 30%; art. 31 d-ley 8904/77) y  de $ 21,50 (reg. que hubiera correspondido en 1ª inst.  {ver supra 3.3.}  * 23%; art. 31 d-ley cit.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde:

Reducir los honorarios de la abogada Obiglio hasta la sentencia de trance y remate, fijándolos en $ 4.063,80.

Confirmar los honorarios de la abogada Obiglio por el incidente de nulidad entablado a fs.  52/53  y  rechazado  a f. 60.

Reducir los honorarios de la abogada Obiglio por las incidencias resueltas a fs. 152/154 y a fs. 185/186, fijándolos en sendas sumas de $ 391 y 93,60.

Regular los siguientes honorarios en cámara:

a- por la apelación resuelta a fs. 78/80:  para los abogados Obiglio y Culacciatti, en sendas sumas de $ 1.097.20 (reg. 1ª inst. * 27%; art. 31 d-ley 8904/77) y  de $ 654,30 (reg. que hubiera correspondido en 1ª inst.  {$ 2.844= $ 4.063 * 70%}  * 23%; art. 31 d-ley cit.).

b- por la apelación resuelta a fs. 197/201: para los abogados Obiglio y Culacciatti, en sendas sumas de $ 28,10 (reg. 1ª inst. * 30%; art. 31 d-ley 8904/77) y  de $ 21,50 (reg. que hubiera correspondido en 1ª inst.  {ver supra 3.3.}  * 23%; art. 31 d-ley cit.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Reducir los honorarios de la abogada Obiglio hasta la sentencia de trance y remate, fijándolos en $ 4.063,80.

Confirmar los honorarios de la abogada Obiglio por el incidente de nulidad entablado a fs.  52/53  y  rechazado  a f. 60.

Reducir los honorarios de la abogada Obiglio por las incidencias resueltas a fs. 152/154 y a fs. 185/186, fijándolos en sendas sumas de $ 391 y 93,60.

Regular los siguientes honorarios en cámara:

a- por la apelación resuelta a fs. 78/80:  para los abogados Obiglio y Culacciatti, en sendas sumas de $ 1.097.20 y de $ 654,30.

b- por la apelación resuelta a fs. 197/201: para los abogados Obiglio y Culacciatti, en sendas sumas de $ 28,10  y  de $ 21,50.

Regístrese. y devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en primera instancia (art. 54 d-ley 8904/77).

 

                                                      Silvia Ethel Scelzo

                                                                       Jueza

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 304

                                                                                 

Autos: “GARTNER, MELISA TATIANA -MANZILLA, FEDERICO ANDRES S/ DIVORCIO”

Expte.: -88152-

                                                                                 

 

            TRENQUE LAUQUEN, 4 de setiembre de 2012.

            AUTOS Y VISTO: lo dispuesto por este Tribunal a fojas 103/106.

  .         Y CONSIDERANDO.

            Deben  retribuirse las tareas que se llevaron a cabo ante esta cámara  conforme  surge de  fojas 88/89vta. y 97/98vta.  pertenecientes a las abogadas Cereijo y  Poveda,  respectivamente.

            Esa labor  dio origen a la decisión de fojas 103/106 donde,   además de estimar la apelación deducida  e imponer costas,    se redujeron los honorarios regulados en la instancia inicial fijándolos en 25 jus para la letrada que actuó desde el inicio del expediente y en 15 jus para la que comenzó a laborar a partir de foja 26.

            En base a ello, el valor del jus vigente al momento de la regulación de fojas 68/69 (1 jus = $188 según Ac. 3590 del 6 de junio de 2012, retroactivo al 1 de marzo del mismo año, de la SCBA.) y lo dispuesto en los  arts. 16,  31 y concs.  del d-ley 8904/77, la Cámara RESUELVE:

            Regular honorarios a favor de la abog. MARIA ALMA POVEDA, fijándolos en la suma de PESOS  MIL OCHENTA Y UNO -$1081- (equivalente a 5,75 jus -hon. de prim.  inst. 25 jus x 23%-).

            Regular honorarios a favor de la abog. AGUSTINA CEREIJO, fijándolos en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCO -$705- (equivalente a 3,75 jus -hon. de  prim. inst. 15 jus  x 25%- ).

            A estas cantidades se les deben  efectuar las retenciones y/o adiciones que por ley correspondieren.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 del d-ley 8904/77).

           

                                                           Sillvia E. Scelzo

                                                                    Jueza

 

 

Toribio E. Sosa

         Juez

                                                           Carlos A. Lettieri

                                                                      Juez

 

   María Fernanda Ripa

           Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 303

                                                                                 

Autos: “ECHARRI, IGNACIO ANTONIO C/ GONZALEZ, OSVALDO MARIO S/ TUTELA ANTICIPATORIATAS”

Expte.: -88214-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “ECHARRI, IGNACIO ANTONIO C/ GONZALEZ, OSVALDO MARIO S/ TUTELA ANTICIPATORIATAS” (expte. nro. -88214-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 119, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  f. 99   contra la sentencia de fs. 98/vta.?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            1- Corresponde decidir si es oportuno regular ahora honorarios por el trámite de tutela anticipatoria que desembocó en la decisión de esta cámara de fs. 97/101 de la pieza separada cuya numeración de esta alzada es 16.804 de fecha 03/07/08, unida por cuerda.

            Dicho decisorio que puso fin al trámite incidental e impuso las costas al peticionante de la tutela anticipatoria (en el caso entrega anticipada del inmueble objeto de desalojo en el principal), revocó la decisión de primera instancia glosada a fs. 26/30 vta. de los presentes.

            2- Ya tiene dicho esta cámara- como lo adelantara el juez de primera instancia- que cuando la tutela requerida -como en el caso- constituye una actuación independiente, autónoma y especial respecto del proceso principal, no hay razón suficiente para ese diferimiento, por aplicación a fortiori de lo reglado en el artículo 37 del d-ley 8904/77 (ver SCBA, Ac 46257 S 11-6-1991, Juez SAN MARTIN (SD) “Baldoma, Francisco y ot. c/ Muñoz, Raúl A. y ot. s/ Daños y perjuicios, Incidente de medidas cautelares”; esta cámara sent. del 19/4/2005, Lib. 36, Reg. 77).

            Así, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas al apelante vencido y diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara (arts. 69, cód. proc. y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Corresponde confirmar la resolución apelada, con costas al apelante vencido y diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara (arts. 69, cód. proc. y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Confirmar la resolución apelada, con costas al apelante vencido y diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 302

                                                                                 

Autos: “GIMENEZ, ESTEBAN  S/ SUCESION AB-INTESTATO”

Expte.: -88172-

                                                                                 

 

            TRENQUE LAUQUEN, 4 de setiembre de 2012. 

            AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: la regulación de honorarios de f. 312, lo decidido a fs. 290/292 y el artículo 31 del decreto ley 8904/77, la Cámara RESUELVE:

 Regular los honorarios de los abogados Gustavo Marcelo Montiel y Verónica S.E. Zallocco, por sus tareas en segunda instancia de fs. 278/281 vta. y 284/285 vta., en las sumas de $ 682,41 (hon. 1ª inst. x 23%) y $ 1059,50 (hon. 1º inst. x 25%), respectivamente.

Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia  (art. 54 d-ley citado).

 

                                                           Silvia E. Scelzo

                                                                  Jueza

Toribio E. Sosa

        Juez

 

                                                           Carlos A. Lettieri

                                                                  Juez

 

 

   María Fernanda Ripa

           Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 300

                                                                                 

Autos: “BUSTAMANTE, ROMINA C/ ELIZALDE, HORACIO S/ INCIDENTE DE  EJECUCION DE SENTENCIA”

Expte.: -87993-

                                                                                 

 

            TRENQUE LAUQUEN, 4 de setiembre de 2012.

            AUTOS Y VISTO: el recurso de apelación  de  foja 27 contra la regulación de foja 26.

            CONSIDERANDO.

            El juzgado inicial aclaró a foja 575 que los honorarios regulados a foja 12 corresponden a las tareas llevadas a cabo por el abogado Leiva por “los embargos trabados”, las que se aprecia que se verificaron con anterioridad a la regulación de honorarios de foja 562 del expediente 88021 por la etapa de ejecución de sentencia.

            Siendo así, en la medida que no se generó una incidencia o trámite autónomo que habilitase una regulación de honorarios independiente de la del trámite de ejecución en sí, sino que fueron parte de éste,  debieron considerarse incluidas en la mencionada resolución de foja 562 (v. fs. 12, 20 y 26 de éste y fs. 487495, 497, 562 y 575 del ppal.).

            No obstante, como únicamente fueron cuestionados por el beneficiario por considerarlos bajos,  la Cámara RESUELVE:

            Rechazar el recurso de apelación de foja 27 interpuesto por el abogado Federico Nicolás Leiva.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia  (art. 54 d-ley 8904/77).  

 

 

 

                                                      Silvia E. Scelzo

                                                           Jueza                                   

 

Carlos A. Lettieri

       Juez

                                                           Toribio E. Sosa

                                                                   Juez

 

   María Fernanda Ripa

           Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 299

                                                                                 

Autos: “BUSTAMANTE, MARIA ALICIA C/ ELIZALDE, MARIO Y OTROS S/ ALIMENTOS”

Expte.: -88021-

                                                                                 

 

            TRENQUE LAUQUEN, 4 de setiembre de 2012.

            AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación  de  fojas 509 y 563 contra las regulaciones de fojas 502 y 562, respectivamente.

            CONSIDERANDO

            1- En cuanto al recurso de apelación deducido por la abogada Biolé, por su propio derecho por el trámite hasta la sentencia, cabe señalar que  los honorarios cuestionados a través de aquél fueron discriminados por la posterior resolución de fojas 576/vta.,  quedando establecidos en favor de la letrada, por el trámite hasta la sentencia, en la suma de $ 620 (v. fs. 574 y  576/vta.).

            No se aprecian, ni señala la apelante, los motivos por los cuales  pudieran ser considerados  equivocados  los porcentajes empleados por la jueza para recompensar los trabajos realizados por cada letrado (18% Biolé y 82 % Galli), en cuanto ellos se corresponden con la tarea desempeñada por cada uno;  no obstante en cuanto a la alícuota aplicable (art. 21) esta Cámara usualmente considera para juicios de alimentos el 15% (art. 17 cód. civ.; v. expte. 88252 sent. del 8-8-12, L. 43, reg. 260, entre otros), pero también corresponde deducir al honorario de la apelante el 10% en virtud de haber actuado como patrocinante (art. 14).

            Por ello la cuenta correcta, en lo que respecta a los honorarios de Ruth Silvia Biolé, sería:  $24000 (base) x 15% (art. 21) x 18% (art. 13) x 90% (art. 14) lo que arroja la suma de $ 583,20, lo que lleva a confirmar sus honorarios en cuanto sólo fueron apelados por la beneficiaria y, por ende, no pueden ser reducidos (arts. 34.4, 266 y 272 cód. proc.)..

            2- En lo que respecta a los estipendios fijados por el trámite de ejecución de sentencia,  fueron apelados tanto por elevados como por exiguos los correspondientes a los abogados Leiva y Biolé (fs. 564 y 570), pero solamente por altos los del letrado Correa (f. 563 de este expte. y   fs. 35 y sgtes.expte. 15804)).

            Los trabajos a retribuir son  los llevados a cabo en la etapa de ejecución de sentencia en este juicio de alimentos (f. 575), en que se produjo prueba  (v. fs. 61  y sgtes)   y  los letrados  actuaron en carácter de patrocinantes (v. fs. 10, 28, 45, 411, 458 y 548), por lo que el marco  regulatorio legal está dado por lo dispuesto en  los arts.  14, 15, 16, 21, 26, 39 y 41 del d-ley 8904/77.

            Respecto de los honorarios correspondientes a los abogados Biolé y Leiva, considerando la liquidación aprobada ($49500) y aplicando una alícuota del 15% -usual en cámara para juicios de alimentos donde se ha producido prueba, art. 17 cód. civ.-, con la reducción del 10% por ser patrocinantes (art. 14 dec-ley 8004/77) y del 60% por tratarse de etapa de ejecución de sentencia (art. 41 2da. parte dec-ley 8904/77), la cuenta arroja la suma de $ 4009,50 para ambos profesionales.

            Y como no ha sido cuestionada la distribución de esa suma (1/3 para Biolé y 2/3 para Leiva), aplicando el mismo criterio seguido por el juzgado, corresponden  a la abogada Biolé honorarios por $ 1336,50 y corresponden al abogado Leiva honorarios por $ 2673; por manera que los emolumentos deben ser reducidos a esas sumas (arts. 34.4, 266 y 272 cpcc.; 9.I.6, 14, 16, 21, 39 y concs. del dec-ley 8904/77).

            Para el abogado Correa, quien patrocinó a la parte vencida,  corresponde fijarlos en el 70% de la suma total de los honorarios fijados anteriormente, lo que da la suma de  $ 1403,32 [(liq. aprobada = $49500 x 15% (art. 21), x 90 % (art. 14), x 60% (art. 41), x 70% (art. 26) x 50% (art. 28, todos del d-ley arancelario)], por lo que los honorarios regulados a fs. 562 también deben ser reducidos a ese monto, debiéndose tener presente la incuestionada distribución de fs. 576/vta..

            Por todo lo anterior,  la Cámara RESUELVE:

            1- Confirmar los honorarios regulados a la abogada RUTH SILVIA E.  BIOLE, por el trámite hasta la sentencia.

            2- Reducir los honorarios regulados por la etapa de ejecución de sentencia a  RUTH SILVIA E.  BIOLE y FEDERICO NICOLAS LEIVA a las sumas de $ 1336,50 y $ 2673, respectivamente.

            3- Reducir los honorarios regulados por la etapa de ejecución de sentencia a LUIS TOMAS CORREA a la suma de $1403,32.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (art. 54 d-ley 8904/77).

 

 

                                                              Silvia E. Scelzo

                                                                    Jueza

 

Toribio E. Sosa

        Juez

                                                           Carlos A. Lettieri

                                                                  Juez

 

 

   María Fernanda Ripa

           Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 296

                                                                                 

Autos: “BAZAR AVENIDA S.A.C/ TASSONE CESAR RAUL S/COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -88258-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BAZAR AVENIDA S.A.C/ TASSONE CESAR RAUL S/COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -88258-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 44, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 32 contra la resolución de fs. 30/31?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1- Para despachar la ejecución el juez debe examinar cuidadosamente el título en que se funda para verificar no sólo que es de los comprendidos en los arts. 521 y 522 del Cód. Proc. (art. 529 primer párr. mismo código), sino  que concurren también los demás requisitos procesales comunes a cualquier demanda, entre ellos la competencia (cfrme. Bustos Berrondo H., “Juicio Ejecutivo”, año 1986, ed. Librería Editora Platense S.R.L. págs. 81 y ss.).

            2- En el caso, el domicilio real del accionado es en Catriló (Provincia de la Pampa), ello surge del título en ejecución (v. copia f. 11).

            Erróneamente se consignó en la demanda “calle ESPAÑA Nº 685, de la localidad de TRENQUE LAUQUEN – PCIA. DE BUENOS AIRES” (v. f. 22) y luego, aunque se dijo que se denunciaba domicilio real del demandado, en realidad se rectificó el error  (v. f. 29).

            Pero antes de ello, a fs. 25/26 el juez despachó la ejecución con el título a la vista (donde constaba el correcto domicilio real del demandado; ver copia a  f.11) y nada dijo.

            De tal suerte, habiendo asumido su competencia territorial en el caso, se torna extemporánea su posterior decisión de fs. 30/31 (arg. art. 4 CPCC).

            VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

                   1-  En el pagaré de f. 11, con fecha 7/7/2009, se expresa que el domicilio del ejecutado es  “España, 685 Catriló”, mientras que en la demanda a f. 22.II, el 14/2/2012 (ver f. 24), se dice que ese domicilio está en “ESPAÑA N° 685, de la localidad de TRENQUE LAUQUEN”.

                   Cierto es que, a igual nombre y númeración de calle,  tuvo el juzgado la chance de requerir una aclaración:  tal vez se trataba de una coincidencia casual entre  lugares designados de la misma forma pero correspondientes a ciudades distintas, quizás  el domicilio del ejecutado era en Trenque Lauquen pero en otra calle y número,  etc., etc., etc. (art. 34.5.b cód. proc.),  pero no lo hizo y despachó la ejecución (fs. 25/26).

                   Aclaro que el domicilio del ejecutado a tomar en cuenta, más de cuatro años después de librado el pagaré, no tenía que ser necesariamente el allí indicado, atenta la facultad del ejecutante de denunciar en la demanda bajo su responsabillidad otro diferente y actualizado (arg. art. 338 cód. proc.), para intimar  de pago al ejecutado en el lugar donde vive al tiempo de la diligencia (arts. 218 y 219 Ac. 3397/08 SCBA); agrego que el juez tampoco tiene que saber si existe, en cada ciudad, cada calle y número que es denunciado como localización del actual domicilio real del demandado (de hecho, de  las precisiones al respecto  ha de encargarse el oficial notificador, ver art. 175 Ac. 3397/08 SCBA).

                   Por fin,  no sólo el domicilio real del ejecutado denunciado -bien o mal- por la ejecutante legitimaba la asunción de competencia por el juzgado inicial, sino también otros posibles factores territoriales de atribución de jurisdicción, como el lugar de pago “M.Moreno 185 Trenque Lauquen” (ver f. 11) y  el lugar de creación del vale “TRENQUE LAUQUEN” (f. 11; arts. 41,  103 y 102 último párrafo d-ley 5965/63; art. 5.3. cód.proc.).

 

                   2-  Pero, ¿qué pasó?

                   So capa de denunciar un nuevo domicilio real, la ejecutante indicó que el ejecutado vive en calle España n° 685, pero no de Trenque Lauquen, sino de Catriló (f. 29), con lo cual puso al descubierto su error en la demanda: era nomás España n° 685 de Catriló, como figuraba en el pagaré (arg. art. 163.5 párrafo 2° cód. proc.).

                   Esa presentación cambió el escenario: antes de ella  no se había  declarado incompetente el juzgado  aplicando la ley 24240 porque el domicilio real  del ejecutado, denunciado en la demanda, lo tornaba competente incluso según lo edictado en esa ley (art. 36 últ. párrafo); pero rectificado el error cometido en la demanda, en la primera ocasión disponible y antes de trabada la litis, el juzgado resolvió del modo en que seguramente habría resuelto ab initio si en la demanda se hubiera señalado de entrada correctamente el domicilio real del ejecutado:  calle España n° 685 de Catriló.

                   Si se modificó la demanda (arg. arts. 330.2 y 331 cód. proc.), sobre la base de lo modificado bien pudo el juez reexaminar su competencia (art. 4 cód. proc.).

 

                   3-  En 1- y 2- he querido explicar que la declaración de incompetencia de fs. 30/31 no es, en mi parecer,  inoportuna, como, con otro criterio, se lo sostiene en el voto que abre el acuerdo.

                   No obstante,  aunque por otros fundamentos, he de coincidir con la solución que propone la jueza preopinante.

                   Y para ello, he de apoyarme en una línea argumental similar  a la utilizada por esta cámara en “Bazar Avenida S.A. c/ Boccalatte, Carla Beatriz s/ Cobro ejecutivo” (28/8/12, lib.43 reg. 290), por tratarse de circunstancias también similares.

                   3.1. Estrictamente, a la luz de las constancias actuales  de autos,   surge que  el pagaré que se ejecuta explica “[…] por igual valor recibido en dinero  […] (f. 19).

                   Entonces, a la luz de las constancias de autos  se observa que se ejecuta un préstamo de dinero,  de modo que, una “[…] multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados por la parte accionante […]” (ver f. 30 vta.) puede revelar que efectivamente presta dinero,  pero no que los préstamos, en general y en este caso,  sean para el consumo.

 

                   3.2. Los préstamos que en general otorga la ejecutante, ¿es de público conocimiento que sean para el consumo, de modo que  ello esté exento de prueba?

                   No todo lo que conoce un juez,  porque lo conozca él, queda convertido  automáticamente en algo de público conocimiento; debe indicar por qué motivos lo considera así y, en el caso, sabemos que la sola  “multiplicidad” de causas iguales sólo permite presumir “préstamos de dinero” pero no préstamos de dinero “para el consumo” (ver considerando 3.1.).

                   No me consta de ningún modo que la ejecutante en general otorgue préstamos “para el consumo” -carezco de elementos para creer que pudiera ser un hecho notorio-  ni que lo haya hecho en este caso -no surge de las constancias de autos-  (arts. 34.4, 375 y 384 cód. proc.).

 

                   3.3.  Si no es de público conocimiento, ¿está probado en el caso que el préstamo de que se trata haya sido para el consumo?.

                   El escrito de f. 29, en el que la parte actora denuncia que el domicilio real  del demandado en Catriló,  es la única constancia del expediente tan siquiera aludida por el juzgado en la resolución apelada (ver f. 30 vta. anteúltimo párrafo).

                   En mérito a las constancias actuales de autos no hay vestigio acerca de que:

                   a- el dinero recibido por la ejecutada, como lo sostiene el juzgado,  hubiera sido aplicado “para”  “[…] la compra de bienes para el consumo […]”  (ver la  preposición “para”  usada dos veces en el proemio del art. 36 de la ley 24240, ref. por ley 26361);

                   b- la ejecutada hubiera utilizado un servicio financiero prestado por la ejecutante  de modo que, por ese solo motivo y sin importar el destino del dinero,  hubiera quedado establecida entre ambas una relación de consumo de servicio financiero  (SCBA, C. 113770, “BBVA Banco Francés S.A. c/ Ortíz”, 16/3/2011, cit. en Juba online), toda vez que no surge de autos que la actora  preste servicios financieros en el sentido del art. 1 de la ley 21526 (arts. 1 y 2 ley 24240, ref. por ley 26361).

 

                   3.4. En suma, no surge de autos ni que la actora otorgue préstamos de dinero para financiar la compra de bienes para el consumo, ni que eso sea de público conocimiento, como tampoco que en este caso particular se tratara de un préstamo para el consumo.

                   Así planteadas las cosas, no resultando de  las constancias actuales de autos con la necesaria contundencia  que el crédito ejecutado hubiera resultado de una operación financiera para el consumo o de un crédito para el consumo, o de una relación de consumo de servicio financiero,  y en todo caso ante la duda  (arg. art. 486 párrafo 2° cód. proc.),  debió abstenerse el juez de declararse incompetente y razonablemente aguardar el temperamento que, sobre la competencia, pudiera adoptar la parte demandada, quien podría aportar otros elementos  (arts. 2, 4 y 542.1 cód. proc.; arts. 1,2 y 36 ley 24240; art. 1 ley 21526; art. 116 Const.Nac. y arts. 2.2., 11 y concs. ley 48; etc.).

                   VOTO TAMBIEN QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en segundo término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Corresponde estimar la apelación de f. 32  contra la resolución de fs. 30/31.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar la apelación de f. 32  contra la resolución de fs. 30/31.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 295

                                                                                 

Autos: “CASTINHEIRA, DANIEL LUJAN C/ POZO, NESTOR RUBEN S/ TERCERIA DE DOMINIO-TRAMITE SUMARIO (ART. 101 C.P.C.)”

Expte.: -88278-

                                                                                 

 

            TRENQUE LAUQUEN,  4 de setiembre de 2012.

            AUTOS Y VISTOS:            el recurso de apelación  de  fojas 185/186 vta. contra la regulación de fojas 184/vta..

            CONSIDERANDO.

            El marco retributivo de la tarea del letrado de la parte actora  y el síndico está dado por los arts. 13, 14, 16, 21, 26 segunda parte, 28,  47 y concs. del d-ley 8904/77 y los arts. 278 y 287 de la ley 24.522.

            Ello por cuanto se trata de una tercería de dominio donde actuaron el abogado Elorriaga que se desempenó como patrocinante y la contadora Falciglia quien si bien actuó como síndico su tarea se asimiló a la de un abogado en cuanto contestó demanda y ofreció y  produjo prueba  (v.fs. 18/19 vta., 28/31 vta. y 43/80),  rechazándose a la postre la tercería (v. fs. 81/82).

            Así, considerando en el caso la tarea desplegada por la síndico, debe en este caso aplicarse por analogía  (art.  16  cód.  civ.; art. 171 Const.Pcia.Bs.As.)  las disposiciones arancelarias locales para abogados en punto a tercerías (arg. a contrario sensu art. 271 ley 24.522), por manera que merituando que se produjo prueba y la importancia de la labor de la  sindicatura,  la cuenta sería base regulatoria -$ 228.266,70- x 16%  x  90%,  donde:  a-  16%  es una alícuota equidistante entre  el  mínimo  y el máximo legal del art. 21 d-ley  8904/77;  b- 90% es una alícuota  equidistante  entre el 80% y el 100% prevista para la tercería de acuerdo al art. 47 del d-ley 8904/77. Ello daría $ 32.870,40 como resultado.

            Por ello, a esa suma deben incrementarse los honorarios fijados a la síndico ANA MARIA FACIGLIA.

            En cuanto a la apelación por altos de los honorarios del letrado Elorriaga, el recurso de la sindicatura resulta inadmisible por falta de gravamen, toda vez que la masa no ha sido condenada en costas y por ende no deberá hacerse cargo de los honorarios del letrado patrocinante de la actora, sí condenada en costas (arts. 266 y concs., cód. proc.).

 

            Por ello, la Cámara RESUELVE:

            Elevar los honorarios de la síndico ANA MARIA FALCIGLIA  a la suma de $ 32.870,40.

            Declarar inadmisible por falta de gravamen el recurso de apelación de la sindicatura respecto de los  honorarios  regulados a favor del abogado CESAR C. ELORRIAGA.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (art. 54 d-ley 8904/77).  

 

                                                              Silvia E. Scelzo

                                                                     Jueza

Toribio E. Sosa

        Juez

 

                                                           Carlos A. Lettieri

                                                                  Juez

 

   María Fernanda Ripa

           Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 294

                                                                                 

Autos: “HONORATO, MIRTA ALICIA Y OTROS C/ FERRERO, MARIA CATALINA S/ COBRO ARRENDAMIENTO RURAL”

Expte.: -87938-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “HONORATO, MIRTA ALICIA Y OTROS C/ FERRERO, MARIA CATALINA S/ COBRO ARRENDAMIENTO RURAL” (expte. nro. -87938-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 520, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿debe suspenderse la resolución de las apelaciones aquí pendientes?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

                   1-  Lo primero, un cuadro acerca de la situación jurídica del  campo de que se trata.

                   1.1. ¿Qué dice el contenido de los asientos registrales  número 1 y del número 2? (ver fs. 9/vta.).

                   De un primer vistazo, surge que:

                   a-  el número 1  ilustra sobre una copropiedad entre José María, María Catalina y Juana María Ferrero, a razón de una tercera parte cada uno(a) ;

                   b- el número 2 da cuenta de la adquisición de la parte de Juana María Ferrero por María Catalina Ferrero, de modo que la situación resultante es dos tercios para ésta y un tercio a nombre de José María Ferrero.

 

                   1.2. Pero hay ciertos datos que conviene observar bien, puntualmente sobre la situación de María Catalina Ferrero y para desentrañar la calidad jurídica de sus dos terceras partes, o sea, ocho doceavas partes:

                   a- a través de la compraventa que desemboca en el número 1, José María, María Catalina y Juana María Ferrero adquirieron cada uno un tercio de una cuarta parte, o sea, una doceava  parte;

                   b- a través de la compraventa referida en el número 2,  María Catalina compró a Juana María Ferrero una tercera parte, o sea,  cuatro doceavas partes;

                   c- al tiempo de la compraventa que desemboca en el número 1, esos adquirentes -entre ellos María Catalina Ferrero- ya tenían un cuarto del inmueble y como bien propio, o sea, tres doceavas partes;

                   d-  al tiempo de las compraventas que desembocaron en los números 1 y 2, María Catalina Ferrero estaba casada con José Vicente Sánchez.

                   De todo lo anterior se deduce que, del total de 8 doceavas partes pertenecientes a María Catalina Ferrero, tres doceavas partes son  bienes propios, mientras que las 5 doceavas partes restantes son gananciales (art. 1271 cód. civ.).

 

                   1.3.  La tercera parte restante, o sea, cuatro doceavas partes, corresponden a los demandantes por fallecimiento del copropietario José María Ferrero, a saber, Mirta Alicia Honorato (esposa), María Fernanda Ferrero, Juan Pablo Ferrero y Gonzálo Andrés Ferrero (hijos).

 

                   2-   En los autos que nos ocupan ahora, “Honorato, Mirta Alicia y otros c/ Ferrero, María Catalina s/ Cobro arrendamiento rural” (expte. 6048/11 del Juzg.Paz Let. Hipólito Yrigoyen; expte. 5570/06 Juzg. Paz Letrado Daireaux), la esposa y los hijos del titular registral José María Ferrero (mencionados supra en 1.3.), reclamaron a María Catalina Ferrero  una compensación económica por la explotación de la tercera parte registralmente a nombre de José María Ferrero,  la demandada fue condenada (ver fs. 487/490) y  la sentencia fue apelada por ambas partes (ver fs. 493.II y 495).

 

                   3- Ahora bien, en autos “Honorato, Mirta Alicia y otros c/ Ferrero, María Catalina s/  División de condominio”,  expte. 1988/2006,  los sedicentes hijos del nombrado José Vicente Sánchez (ver más arriba: 1.2.d.) han introducido pretensión de usucapión contra Mirta Alicia Honorato, María Fernanda Ferrero, Juan Pablo Ferrero y Gonzálo Andrés Ferrero (los demandantes en el expte. indicado recién en 2-), la que tiene por objeto la tercera parte registralmente a nombre de José María Ferrero; esa pretensión fue formalmente admitida y sobre ella no se ha dictado aún  sentencia definitiva (ver ibidem fs. 509 y sgtes., 590/591 vta., 632/634 vta., 711/712 vta. y 720/722 vta.).

 

                   4- Si en “Honorato, Mirta Alicia y otros c/ Ferrero, María Catalina s/  División de condominio” la pretensión de usucapión fuera estimada, quedaría establecido que fueron los hijos de José Vicente Sánchez quienes poseyeron (y, así, si hubo explotación, entonces explotaron) la tercera parte del campo por cuya explotación fue condenada  María Catalina Ferrero en “Honorato, Mirta Alicia y otros c/ Ferrero, María Catalina s/ Cobro arrendamiento rural”.

                   En otras palabras, la pretensión de usucapión de los hijos de José Vicente Sánchez contra Mirta Alicia Honorato, María Fernanda Ferrero, Juan Pablo Ferrero y Gonzálo Andrés Ferrero, parece incompatible con la de éstos contra María Catalina Ferrero por compensación económica, por manera que, para resolver válidamente sobre ésta,  no veo más alternativa que aguardar el dictado de sentencia definitiva sobre la pretensión de usucapión, so riesgo de aventurar aquí una sentencia que, sobre el mismo bien (la tercera parte a nombre de José María Ferrero)  pudiera avanzar sobre extremos fácticos que están siendo motivo de debate allá y que pudiera quedar contradicha con lo que se resuelva allá (arg. arts. 34.5.b, 88,  188 y concs. cód. proc.).

                   Por eso, estimo que es dable suspender la resolución de las apelaciones aquí pendientes (art. 157 último párrafo cód. proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

                   Corresponde suspender la resolución de las apelaciones aquí pendientes hasta el dictado de sentencia definitiva sobre la pretensión de usucapión planteada en los autos “Honorato, Mirta Alicia y otros c/ Ferrero, María Catalina s/  División de condominio”, como queda expuesto en el considerando 4- del voto que abre el acuerdo.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Suspender la resolución de las apelaciones aquí pendientes hasta el dictado de sentencia definitiva sobre la pretensión de usucapión planteada en los autos “Honorato, Mirta Alicia y otros c/ Ferrero, María Catalina s/  División de condominio”, como queda expuesto en el considerando 4- del voto que abre el acuerdo.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 310

                                                                                 

Autos: “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: ORTELLADO, MARIA ISABEL C/ ANGELOTTE, LEONARDO ORLANDO S/ DESALOJO”

Expte.: -88290-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cinco  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: ORTELLADO, MARIA ISABEL C/ ANGELOTTE, LEONARDO ORLANDO S/ DESALOJO” (expte. nro. -88290-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 30, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   queja de fs. 26/29?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            En la medida que la resolución de fs. 16/18, al proveer el escrito de fs. 14/15 vta. en que se pidió designación de asesor de incapaces, ordenó “Notifíquese por Secretaría con transcripción de esta y demás partes pertinentes de la resolución” sin más aclaración, al menos se genera duda en cuanto a la forma en que debió notificarse la denegatoria de aquel nombramiento y de buena fe las partes del proceso pudieron presumir que debía remitirse cédula.

            En tal incertidumbre, entonces,  a fin de salvaguardar el derecho de defensa de la parte recurrente (arts. 18 Const. Nac. y arg. art. 34.5.d CPCC) y no constando aquí que se haya librado cédula anterior a la fecha de interposición del recurso el 3 de agosto de este año (v. f. 26 vta.), ni que hubiera operado antes ninguna otra forma sucedánea de notificación, debe estarse  por la temporaneidad del recurso, sin perjuicio que el juzgado inicial verifique la concurrencia de todos los requisitos de admisibilidad para la procedencia de la apelación subsidiaria (arg. arts.  244, 248 y ccs. Cód. Proc.).

            VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Corresponde estimar la queja de fs. 26/29 en cuanto desestima la apelación en subsidio de fs. 22/24, sin perjuicio del examen en la instancia inicial de la concurrencia de todos los requisitos de admisibilidad para su concesión.

            ASI LO VOTO.

 A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar la queja de fs. 26/29 en cuanto desestima la apelación en subsidio de fs. 22/24, sin perjuicio del examen en la instancia inicial de la concurrencia de todos los requisitos de admisibilidad para su concesión.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, archívese.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría