Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 288

                                                                                 

Autos: “D., R. J. C/ G., A. S/ ALIMENTOS -PIEZA SEPARADA-“

Expte.: -88215-

                                                                                              

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintiocho  días del mes de agosto de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “D., R. J. C/ G., A. S/ ALIMENTOS -PIEZA SEPARADA-“ (expte. nro. -88215-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 29, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Deben ser estimadas   la   apelaciones   de  fs. 291 y 292?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

         1-  En la resolución apelada de fs. 1/2 se decidió:

            a.  que el obligado al pago de los alimentos no puede pretender compensar las sumas adeudadas en concepto de alimentos con las sumas que pagó por el alquiler de la vivienda que ocupaba la actora.

            b. que corresponde adicionar intereses a partir de la constitución en mora desde el vencimiento de cada período.

            c. fijar una cuota suplementaria para saldar los alimentos atrasados, de $ 140.

            2- La resolución es apelada tanto por la actora como por la demandada  (v. fs .291 y 292 del ppal.).

            La actora se agravia en cuanto considera que la cuota suplementaria fijada en $ 140 es insuficiente porque se terminaría pagando la deuda en el mes de octubre de 2027; solicita que se ordene cancelar la totalidad de la deuda en un pago por tener G., la capacidad económica suficiente para ello (v. fs 304/306 del ppal.).   

            La demandada pretende  que se revoque la resolución apelada en cuanto aprueba la liquidación practicada por la actora con fundamento en que los alquileres que pagó  deben ser imputados a los alimentos atrasados,  lo que llevaría también a dejar sin efecto los intereses pretendidos, y solicita además que se incluya en la liquidación el pago correspondiente al mes de mayo de 2011 que no fue computado.

            3- Ahora bien, en la sentencia dictada por esta Cámara cuando se  revocó la resolución de primera instancia y fijó la cuota alimentaria a cargo de G.,  específicamente se argumentó que era “…a fin de posibilitar con ello que la actora pueda ubicar un lugar mínimamente decoroso para vivir, suma que adicionada a la ayuda que reconoce recibir de su hija y al ingreso que por sí puede procurarse con su trabajo personal le permitan contar con lo mínimo indispensable para su subsistencia.”  (v. fs. 241, 2º párr. del ppal.). Aclarándose, seguidamente que en esa cuota quedaba “…subsumida el reclamo de atribución de hogar…” que pretendía D,.

            Entonces, si el fin de la cuota alimentaria era que ., pudiera acceder a un lugar para vivir no puede pretenderse que  los pagos de los alquileres de la vivienda que ocupaba la actora sean considerados ajenos a la obligación alimentaria que se impuso a cargo, porque el fundamento para declarar la procedencia del reclamo alimentario fue específicamente que D.,  pudiera acceder a un lugar digno para vivir con la cuota de $ 700  impuesta a cargo del demandado G,.

            Por ello, la resolución apelada debe ser revocada en la medida que aprueba una  liquidación que no se ajusta a lo expresado, debiéndose practicar nueva liquidación que compute en concepto de alimentos, los pagos efectuados por G., aplicados al  alquiler de la vivienda que ocupaba D., como los posteriores efectuados mediante depósito bancario en la cuenta judicial de autos, por el período liquidado a fs. 250/253   (art. 501, 509 y 589 CPCC).

            4. Tocante a la apelación deducida por la actora resulta que en virtud de lo resuelto anteriormente ha perdido virtualidad, pues como se manda practicar una nueva liquidación, a esta altura no está determinado el capital adeudado como para evaluar si la forma de pago resulta desproporcionada.

            ASI LO VOTO

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde:

            a. estimar la apelación efectuada por la demandanda, debiendo ordenarse practicar nueva liquidación de acuerdo a las pautas indicadas en los considerandos, con costas a la demandada vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (art. 69 cód. proc. y 31 dec-ley 8904/77).

            b. desestimar la apelación presentada por la actora.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            a. Estimar la apelación efectuada por la demandanda, debiendo ordenarse practicar nueva liquidación de acuerdo a las pautas indicadas en los considerandos, con costas a la demandada vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            b. Desestimar la apelación presentada por la actora.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

 

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                        ACLARATORIA

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 288

                                                                                 

Autos: “D., R. J. C/ G., A. S/ ALIMENTOS -PIEZA SEPARADA-“

Expte.: -88215-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los once  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “D., R. J. C/ G., A., S/ ALIMENTOS -PIEZA SEPARADA-“ (expte. nro. -88215-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 29, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   aclaratoria  de  f. 33?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

                Tiene dicho este Tribunal que “tres son los motivos de aclaratoria que admite la legislación procesal: 1) la corrección de errores materiales; 2) la aclaración de conceptos oscuros y 3) subsanación de omisiones sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio (ver res. del 06-10-09, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Paredes, Domingo y otros s/ Incidente”, Libro 40 Reg. 335; arts. 36 inc. 3º, 166 inc. 2º y 267 in fine Cód. Proc.).

            Y aquí se da el primero de los supuestos enumerados en el párrafo anterior pues como señala el presentante de f. 33, al haber prosperado su recurso las costas deben imponerse a la parte apelada vencida (art. 69 CPCC).

            En consecuencia, corresponde estimar la aclaratoria de f. 33 contra la resolución de fs. 30/31 vta. y aclarar que las costas de la apelación fundada a fs. 17/20 se cargan a la parte actora por ser la apelada vencida.

            VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ LETTIERI DIJO:

         Corresponde estimar la aclaratoria de f. 33 y aclarar que las costas derivadas de la apelación de la demandada se cargan a la actora vencida (arts. 36.3, 69, 166.2, 267 in fine Cód. Proc.).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar la aclaratoria de f. 33 y aclarar que las costas derivadas de la apelación de la demandada se cargan a la actora vencida.                             Regístrese bajo el número 288 del Libro nº 43. Notifíquese según corresponda (arts. 133, 135 y/o 249 Cód. Proc.). Hecho, estése a lo decidido a f. 31 vta. in fine.

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 317

                                                                                 

Autos: “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CASARES AUTOMOT. COMERC. Y FINANC. S.A Y OTRO S/ EJECUCION HIPOTECARIA (14)”

Expte.: -88295-

                                                                                 

 

            TRENQUE LAUQUEN,  12 de septiembre de 2012.

            AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación  de  fojas 699/vta., 711, 712, 713, 725, 726, 735 y 736 contra la regulación honorarios de fs. 697/698.

            CONSIDERANDO.

1- Los recursos de apelación de fs. 711, 712 y 713 no indican por qué motivos son considerados altos los honorarios regulados a fs. 697/698  (arts. 34.4, 266 y 272 cód. proc.).

Además, la sumatoria de los regulados a favor de los abogados de la parte actora (f. 697 vta.) por los tramos 2-y 3- indicados a fs. 690/vta. (sin decimales en los parciales = $ 88.658, s.e. u o.), permite extraer que ascienden a poco más del 13% de la base regulatoria de $ 676.481,73, alícuota aproximada a la usual para esta cámara en situaciones similares (14,4%; arts. 34 d-ley 8904/77 y 17 cód. civ.) y, si algo menor,  acomodada con justificación a las circunstancias especiales del presente caso, entre las que se destacan que no se llegó hasta la sentencia (ver f. 690 considerando 1-) y las de los incisos a, b, c, d, h, j, k y l del art. 16 del d-ley 8904/77.

Por otro lado, y a la luz del art. 47 del d-ley 8904/77, no se aprecia como evidente que sean altos ninguno de los honorarios regulados a f. 698 por el planteo incidental de pluspetición inexcusable (art. 384 cód. proc.); en adición a eso, tampoco se visualiza el gravamen que les pueda ocasionar a los apelantes de fs. 735 y 736 la regulación del abogado Miguel Paso por su presentación de fs. 510/511 vta., toda vez que éste actuó por el “Fideicomiso” y éste, en ese incidente de pluspetición inexcusable, fue tan derrotado como los apelantes de manera que, por esa cuestión,  no existe condena en costas a favor del “Fideicomiso”  y en contra de los apelantes de fs. 735 y 736 (ver punto 2- del fallo a f. 599 y  considerando 4- a fs. 690 vta./691; arg. art. 242 cód. proc.).

2- Sí asiste parte de razón al abogado Beraza en su apelación por bajos (fs. 699/vta.).

Sus honorarios  por el tramo 2– indicado a fs. 690  vta., llegan apenas a alrededor del 8,5% de la base regulatoria, cuando, un 70%  -por aplicación del art. 26 párrafo 2° del d-ley 8904/77-  del 13% determinado a favor de los abogados de la parte actora, debería llevar la alícuota al 9,1%.

El art. 26 párrafo 2° del d-ley 8904/77 es aplicable no sólo por haberse cargado las costas del proceso a los ejecutados (ver punto 4- del fallo, a f. 599), sino porque la transacción importó en alguna medida el reconocimiento de la acreencia reclamada en la demanda ejecutiva (art. 718 y sgtes. cód. civ.), en oposición al –de ningún modo acogido-  rechazo total de la ejecución requerido por los demandados en sus escritos defensivos mencionados a f. 690 vta.

Además, Beraza actuó por diversos litisconsortes pasivos, lo que amerita la consideración del párrafo 2° del art. 21 de la ley arancelaria. Sin mengua de la medida de la responsabilidad de cada litisconsorte obligado al pago, acerca de lo cual nada se dice en esta ocasión  (ver art. 75 cód. proc.).

Por otro lado, ha de contabilizarse también que el mencionado letrado trabajó como patrocinante (art. 14 última parte d-ley 8904/77).

Lo que no se advierte, ni indica el apelante de dónde surge, es que por obra y gracia de “sus” excepciones, y no por cualquier otro motivo,  el importe de la transacción hubiera llegado a ser “mucho menos”  que el monto reclamado en demanda (arts. 34.4 y 384 cód. proc.).

En concreto: [13% * 70% * 90%] + 20% = 9,828%. Tal la alícuota que se propone.

3- No corresponde abrir juicio sobre los recursos de fs. 725 y 726, porque fueron declarados desiertos a f. 729.

             En resumidas cuentas, la Cámara RESUELVE:

            1- Rechazar los recursos de apelación de fs. 711, 712, 713, 735 y 736.

            2- No abrir juicio sobre los recursos de fs. 725 y 726.

            3- Estimar parcialmente el recurso de apelación de fs. 699/vta. para elevar los honorarios regulados a f. 697 vta. al abogado JUAN CARLOS BERAZA a la cantidad de $66.484.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (art. 54 d-ley 8904/77).

 

                                                            Silvia E. Scelzo

                                                                    Jueza

            Toribio E. Sosa

                    Juez

                                               Carlos A. Lettieri

                                                      Juez

 

   María Fernanda Ripa

           Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 318

                                                                                 

Autos: “ITURBE, LETICIA C/ BRAGAGNOLO, FABIO S/ ART. 1 LEY 12569”

Expte.: -88309-

                                                                                              

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “ITURBE, LETICIA C/ BRAGAGNOLO, FABIO S/ ART. 1 LEY 12569” (expte. nro. -88309-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 6, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   recusación  de  f. 4 p. III.-?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

                   La recusante invoca los incisos 3 y 6 del art. 17 CPCC.

                   En cuanto al inciso 3°, no indica cuál es el  proceso contencioso en el que su contraparte fuera la jueza (art. 34.4 cód.proc.).

                   Por fin, y con relación al inciso 6°, no señala la recusante, y s.e. u o. no se advierte, cuál es la  constancia a la vista de la que surja que la Suprema Corte hubiera dispuesto dar curso a la denuncia que hizo contra la jueza; todo lo más se puede leer que, según información obtenida por la recusada,  no existiría aún decisión que considere admisible esa denuncia (ver f. 1 vta. de esta pieza separada, párrafo 1°; arts. 375 y 384 cód. proc.).

                   Considero entonces que, bajo las actuales circunstancias y por las razones  expuestas,  no es dable hacer lugar a la recusación sub examine.

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

                   Corresponde no hacer lugar a la recusación sub examine.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

                    No  hacer lugar a la recusación sub examine.

            Regístrese.  Hecho, remítase mediante oficio al Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 319

                                                                                 

Autos: “RAMUDO, JOSE MARIA c/ REYES, MARTIN GUSTAVO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

Expte.: -88294-

                                                                                              

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciocho  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “RAMUDO, JOSE MARIA c/ REYES, MARTIN GUSTAVO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (expte. nro. -88294-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 510, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿son  procedentes las apelaciones de  fs. 474, 488, 495 y 499.I contra la resolución de honorarios de fs. 458/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

                   1- En “Ramudo c/ Reyes y otros” fueron condenados con costas  la Municipalidad de Trenque Lauquen, el Aero Club de Trenque Lauquen y Martín Gustavo Reyes (ver f. 298 de “Strobbe c/ Reyes y otros”).

                   A fs. 458/vta. fueron regulados los honorarios devengados en primera instancia.

A fs. 474, 488, 495 y 499.I fueron apelados esos honorarios.

 

2- La apelación de Ramudo “por altos” (f. 499.I) es parcialmente inadmisible, en tanto relativa a los honorarios de los abogados de la Municipalidad de Trenque Lauquen y del Aero Club de Trenque Lauquen, pues, como no los debe (art. 499 cód. civ.) ningún gravamen le causan (arg. art. 242 cód. proc.).

Eadem ratio es inadmisible la apelación del municipio (f. 495) contra los honorarios del abogado del club: aquél debe los honorarios de su propio abogado (art. 58 d-ley 8904/77), los del abogado de la parte actora (arts. 58 cit. y 77 cód. proc.) y en todo caso los del perito (art. 476 cód. proc.), pero no los del abogado del  co-demandado club.

Y a la inversa y por la misma razón, también es inadmisible la apelación del club (f. 474) contra los honorarios del abogado del municipio: aquél debe los honorarios de su propio abogado (art. 58 d-ley 8904/77), los del abogado de la parte actora (arts. 58 cit. y 77 cód. proc.)  y en todo caso los del perito (art. 476 cód. proc.), pero no los del abogado del municipio.

 

3- Son admisibles entonces los siguientes recursos:

a- abog. Del Sarto, por bajos, sus honorarios (f. 474);

b- abog. Neri, por bajos, sus honorarios (f. 488);

c- municipio y club, por altos, los honorarios de  sus respectivos abogados, los del abogado de la parte actora  y  los del perito (fs. 474 y 495);

d- Ramudo, por altos, los honorarios de su abogado y los del perito (f. 499.I).

 

4- Son bajos los honorarios fijados a favor del abogado de Ramudo (Neri),  nomás en función de la alícuota usual utilizada por la cámara (18%), superior a la empleada por el juzgado (16%), sin que se advierta ni se hubiera puesto de manifiesto motivo alguno (art. 16 d-ley 8904/77) para apartarse de aquélla según las circunstancias del caso (arts. 34.4, 266, 272 y 384 cód. proc.).

Entonces:  base x 18% x 90% = $ 20.756.

Es fundada la apelación indicada en 3.b, lo cual revela que en cambio son infundadas las apelaciones por altos referidas en 3.c y 3.d.  contra los honorarios de Neri.

 

5- Son altos los honorarios de los abogados Palomeque y Del Sarto, pues no se ha aplicado lo edictado en el art. 21 párrafo 2° del d-ley 8904/77.

En efecto, si la deuda común fuera simplemente mancomunada, habría que dividir la condena entre los tres obligados (en el caso, Reyes, municipio y club) y, calculada la porción de deuda a cargo de cada uno -a falta de otro criterio aplicable, por partes iguales; arts. 691 y 689.3 cód. civ.-, habría que regular los honorarios devengados por los abogados que  hubieran defendido a cada uno sobre la base de la deuda parcial a cargo de cada uno, pues su defensa habría tenido la medida del interés de cada defendido. Si este fuera el caso, la cuenta supuestamente podría ser: $ 128.123,84 /3 = $ 42.708; esta cantidad, multiplicada por  12,6% (o sea, por 18% x 70%, arts. 21 y 26 párrafo 2° d-ley 8904/77), daría $ 5.381,20 para  cada hipotético abogado apoderado de cada uno  de los tres  litisconsortes pasivos.

Pero no es el caso, porque la condena fue solidaria (ver f. 298 de “Strobbe c/ Reyes y otros”), lo que hace que no se deba fraccionar judicialmente la deuda común entre  los obligados, habida cuenta que todos deben todo  (art. 699 cód. civ.).

Hay que tomar como base regulatoria el importe total del crédito liquidado, pero, para evitar una regulación de honorarios exhorbitantes haciendo que la sumatoria de honorarios parciales resulte desproporcionada respecto de la cuantía del juicio (imagínense 10 demandados solidarios: a un 10% de la base para cada abogado, los honorarios de los 10 abogados igualarían el valor de la condena), la ley arancelaria manda regular honorarios como si hubiera abogados de  una sola parte (finalmente la hay en el caso: “parte” demandada, integrada por 3 litisconsortes), incrementando la alícuota hasta un 40%, para luego dividir el honorario resultante -ahora sí- entre los abogados de todos los litisconsortes según sus tareas (arts. 13 y 21 párrafo 2° d-ley 8904/77; lo explico más en detalle en mi libro “Honorarios de abogados en el fuero civil y comercial bonaerense”, Platense, La Plata, 2010, pág. 102 y sgtes.).

En números:

[ $ 128.123,84 -art. 23 párrafo 1°-  x 18% -art. 21- x 70% -art. 26 párrafo 2°] + 20% -art. 21 párrafo 2°-

$ 16.143 + $ 3.229 = $ 19.372.

Si no es manifiesto ni se ha indicado motivo alguno (art. 16 d-ley 8904/77) por el cual pudiera corresponder una porción mayor al abogado de la comuna respecto del del club, o viceversa, cuadra dividir por dos ese honorario, para adjudicar en definitiva sendas sumas de  $ 9.686 a favor de  los abogados Del Sarto y Palomeque (como se ve, esta cantidad es mayor que la correspondería a cada uno si la deuda de sus clientes frente al demandante fuera simplemente mancomunada).

En conclusión, corresponde  reducir los honorarios regulados en primera instancia para los abogados Del Sarto y Palomeque, lo que lleva a desestimar la apelación señalada en 3.a. y a hacer lugar a la entablada en 3.c.

 

6- Falta establecer si son altos los honorarios del perito (ver recursos de 3.c y 3.d). Fueron fijados en el 4% de la base regulatoria, lo cual es algo elevado, porque es suficiente, según las circunstancias del caso, el mínimo del 3% según el art. 1.7 del decreto 6.732/87 (art. 34.4 cód. proc.).

 

7- En resumen, para los honorarios devengados en primera instancia,  corresponde:

a- incrementar los honorarios del abogado Neri, a $ 20.756;

b- reducir los honorarios de los abogados Del Sarto y Palomeque, los que se llevan a sendas sumas de  $ 9.686;

c- disminuir los honorarios del perito Digiglio, a $ 3.843,70.

 

8- Por fin, por los recursos de apelación del municipio y la comuna, exitosos en medida muy parcial (ver fs. 392 -fs. allí cits.- y 352/358 vta.), pueden regularse en cámara los siguientes honorarios:

a- Neri: $ 5.189 (hon. 1ª inst. X 25%; art. 31 d-ley 8904/77);

b- Palomeque y Del Sarto: sendas cantidades de $ 2.228 (hon.1ª inst. x 23%; art. 31 cit.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde:

a- incrementar los honorarios del abogado Neri, a $ 20.756;

b- reducir los honorarios de los abogados Del Sarto y Palomeque, los que se llevan a sendas sumas de  $ 9.686;

c- disminuir los honorarios del perito Digiglio, a $ 3.843,70.

 

d- Regular en cámara los siguientes honorarios:

Abogado Neri: $ 5.189 (hon. 1ª inst. X 25%; art. 31 d-ley 8904/77);

Abogados Palomeque y Del Sarto: sendas cantidades de $ 2.228 (hon.1ª inst. x 23%; art. 31 cit.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a- Incrementar los honorarios del abogado Neri, a $ 20.756.

b- Reducir los honorarios de los abogados Del Sarto y Palomeque, los que se llevan a sendas sumas de  $ 9.686.

c- Disminuir los honorarios del perito Digiglio, a $ 3.843,70.

d- Regular en cámara los siguientes honorarios:

                 Abogado Neri: $ 5.189.

                 Abogados Palomeque y Del Sarto: sendas cantidades de $ 2.228.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 del d-ley 8904/77).

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

_____________________________________________________________

Juzgado de origen: Civil y Comercial 2

_____________________________________________________________

Libro: 43– / Registro: 320

_____________________________________________________________

Autos: “GROISMAN, HORACIO PABLO c/ GROISMAN, MARCELO MARCOS y otros S/ SIMULACION”

Expte.: -88302-

_____________________________________________________________

 

TRENQUE LAUQUEN, 18 de septiembre de 2012.

            AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: lo manifestado a foja 537 y el estado del trámite de autos, la Cámara RESUELVE:

            1- Aceptar la excusación de la jueza Silvia E. Scelzo (arts. 17.9, 30 y 32 Cód. Proc.).

            2- Pasar los autos para resolver (art. 270 CPCC).

            Regístrese. Hecho, sigan los autos su trámite.

 

                                              

                                                      Toribio E. Sosa

                                                             Juez

 

 

            Carlos A. Lettieri

                    Juez

 

                                               María Fernanda Ripa

                                                        Secretaría

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 321

                                                                                 

Autos: “DOMINGUEZ,  JOSE RAUL S/ SUCESION AB-INTESTATO”

Expte.: -88270-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciocho  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “DOMINGUEZ,  JOSE RAUL S/ SUCESION AB-INTESTATO” (expte. nro. -88270-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 30, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es procedente la apelación de fs. 23/26  contra la resolución  de fojas 22/vta.?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

                   1- El interés procesal es requisito de admisibilidad de toda pretensión (Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Ed. Perrot, Bs.As., 2da. ed., t.I, pág. 411).

                   En materia de recursos el interés procesal se denomina gravamen; por tanto el gravamen es requisito de admisibilidad de todo recurso, considerándose que lo hay cuando existe diferencia perjudicial entre lo pedido al órgano jurisdiccional y lo obtenido de éste (ver Hitters, Juan Carlos “Técnica de los recursos ordinarios” Ed. LEP, La Plata, 2004, pág. 59 y sgtes. y parágrafo 31 pág. 78).

                  El gravamen, además, debe ser actual y no hipotético, y es la medida del recurso (cfme. Alsina, H., “Tratado…”, Bs.As., Ediar, 1963, t. IV, p. 210, autores allí cits.; Podetti, R. “Tratado de los recursos”, Bs.As., Ediar, 1969, p. 126; Couture, E. “Fundamentos…”, Bs.As., Depalma, 1973, p. 362; autores cits. por Cám.Nac.Comercial, sala B, 18/3/92, en “Unión Carbide Argentina S.A. c/ El Cobre S.A.” pub. en rev. E.D. del 11/8/92).

                   En suma, sufre un gravamen el justiciable que recibe un perjuicio de la decisión judicial, esto es cuando ha quedado en una situación más desfavorable de la que tenía con anterioridad al fallo.

 

                   2- El apelante se dice acreedor, pero no se aclara de quién: si del causante (ver presentación de fs. 20/21vta. donde practica liquidación y pretende cobrar su alegado crédito de todos los herederos sin distinción); o de algún heredero.

                   Pero de todos modos en uno u otro caso no se advierte ni se indicó cuál sería el interés o gravamen que le causa la decisión que dispuso acumular los presentes al expte. nro. 1602/2010 por estar más avanzado.

                   Ya sea que el apelante quisiera cobrar un crédito que tuviera contra el causante o contra cualquiera de los herederos, en nada obsta a ello que la presente causa sea acumulada a la 1602/2010, como lo dispuso el juzgado y no a la inversa.

                   En suma, no se advierte ni se evidencia el perjuicio que pudiera causarle la resolución atacada, de modo que el recurso es inadmisible (arg. art. 242, cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

                   Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto a fs. 23/26 (arg. art. 242, cód. proc.).

 

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Declarar inadmisible el recurso interpuesto a fs. 23/26.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz letrado de Carlos Tejedor

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 322

                                                                                 

Autos: “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: GOUGY, MARIA LAURA C/ DAMENO, DARDO NESTOR S/ INC. DE LIQUIDACION CONYUGAL”

Expte.: -88226-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciocho  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: GOUGY, MARIA LAURA C/ DAMENO, DARDO NESTOR S/ INC. DE LIQUIDACION CONYUGAL” (expte. nro. -88226-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 44, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es procedente el recurso de queja de fojas  41/43 contra la resolución de fojas 40/vta.?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            1-   En reiteradas oportunidades esta cámara  ha señalado que con el objeto de evitar las múltiples dilaciones que produce  la  interposición y trámite de  recursos  durante  el  período  de prueba, el artículo 377 del Código Procesal establece  que  -por  principio- son irrecurribles las resoluciones del juez de primera instancia sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas (v. `Química Estrella ACA S.A.’, L. 18, Reg. 02, sent.  04-08-94; ídem, res. del 22-5-90, “Bradford, Cristina c/ Guarino, Ruben Edgardo s/ Desalojo”, Libro 19, Registro 51; ídem
 “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: GATTI, HORACIO OMAR C/ EGEO SACI Y A. S/ INTERDICTO”, sent. del 12-6-12 L. 43 Reg. 190, entre otros).

                   De tal suerte,  tratándose en el caso de la producción de cierta prueba contenida en el auto de apertura, por principio deviene inapelable en función del artículo 377 del ritual, motivo por el cual  el recurso resultaba en este aspecto inadmisible (art. 377 cód. proc.).

 

                   2- Además, sucede que respecto de la resolución como de puro derecho de la excepción de prescripción opuesta y los restantes planteos indicados a f. 140. pto. B., las partes acordaron  abrir a prueba la causa. De consiguiente, con el carril que ellas mismas le han fijado al proceso, no parece que dichas cuestiones puedan ser resueltas ahora -y como de puro derecho- como pretende la accionada, salvo la atinente a la admisibilidad o no de los hechos nuevos denunciados a fs. 94/95, respecto de los que corresponde imprimir el trámite previsto en el artículo 363 del ritual.

                   Desde éste ángulo y sólo en el último aspecto indicado prospera la queja y por razones de economía procesal, también la apelación subsidiaria que con ese alcance queda resuelta (arts. 15, Const. Prov. Bs. As. y 34.5. “e”, cód. proc.).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Corresponde hacer lugar a la queja traída y por razones de economía procesal, también la apelación subsidiaria que con el alcance dado en la primera cuestión  queda resuelta (arts. 15, Const. Prov. Bs. As. y 34.5. “e”, cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Hacer lugar a la queja traída y por razones de economía procesal, también la apelación subsidiaria que con el alcance dado en la primera cuestión queda resuelta.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                                      Silvia Ethel Scelzo

                                                                       Jueza

 

 

            Toribio E. Sosa

                    Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

              María Fernanda Ripa

                    Secretaría

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                                       Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 323

                                                                                 

Autos: “MORALEJO JUAN AGUSTIN C/ MORALEJO, SERGIO JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.(SIN RESP.EST.)”

Expte.: -87835-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciocho  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “MORALEJO JUAN AGUSTIN C/ MORALEJO, SERGIO JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.(SIN RESP.EST.)” (expte. nro. -87835-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 517, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es  fundada  la apelación  de  f. 506 contra la resolución de f. 504?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

                   1- Establece el último párrafo del art. 292 CPCC: “Mientras la Corte no conceda el recurso, no se suspenderá la sustanciación del proceso, salvo que la misma requiera los autos para resolver la queja, y ello desde que el Tribunal reciba la requisitoria.”

Es decir que, hasta tanto la SCBA no estime el recurso de queja y conceda el recurso extraordinario denegado por la cámara o, antes de eso, hasta tanto no pida los autos para resolver la queja, no corresponde suspender el curso del proceso.

 

 

 

Entonces, si no hay constancia en autos de que la SCBA hubiera requerido los autos para resolver sobre la queja ni menos de que la hubiera estimado, no corresponde la suspensión dispuesta a f. 504   (art. 34.4 cód.proc.).

 

2- No es posible resolver sobre la apelación interpuesta a f. 503 vta. II porque el juzgado no se ha expedido sobre su admisibilidad y porque resta notificar a la parte actora, en legal forma  (art. 54 d-ley 8904/77),  la regulación de honorarios de su abogado  (art. 34.5 incs. a y b cód. proc.).

Atenta la vinculación entre los honorarios de primera y segunda instancia (art. 31 d-ley 8904/77), no cuadra por ende tampoco ahora regular los relativos a ésta.

VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde revocar la resolución de f. 504 en tanto suspende la tramitación de la causa, con costas a la parte demandada que  solicitó a fs. 503/vta. la emisión de esa resolución (ver fs. 503/vta.) y que entonces forzó a la demandante a recurrir para que fuera dejada sin efecto (art. 69 cód. proc.); además, debe diferirse la resolución sobre honorarios por esta cuestión, como así también sobre las cuestiones indicadas  en el considerando 2- (ver f. 513.b; art. 31 d-ley 8904/77).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Revocar la resolución de f. 504 en tanto suspende la tramitación de la causa, con costas a la parte demandada que  solicitó a fs. 503/vta. la emisión de esa resolución (ver fs. 503/vta.) y que entonces forzó a la demandante a recurrir para que fuera dejada sin efecto;  diferir la resolución sobre honorarios por esta cuestión, como así también sobre las cuestiones indicadas  en el considerando 2- del voto que abre el acuerdo.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 327

                                                                                 

Autos: “MORALEJO MARGARITA ESTHER C/ MALDONADO EMILIANO ROBERTO S/ NULIDAD DE ESCRITURA PUBLICA”

Expte.: -88202-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecinueve  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “MORALEJO MARGARITA ESTHER C/ MALDONADO EMILIANO ROBERTO S/ NULIDAD DE ESCRITURA PUBLICA” (expte. nro. -88202-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 92, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 58.II contra la resolución de f. 43?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA    DIJO:

1- Para disponer a f. 43 el embargo preventivo solicitado por la demandante,  el juzgado encontró suficiente verosimilitud  a partir de un dictamen pericial producido en el expte. 3654/2007.

El embargo preventivo fue dispuesto el 1/2/2012 (f. 43) y  fue trabado el  14/2/2012  (fs. 45/47).

El demandado apeló la medida cautelar  (f. 58.II) y   dice que el dictamen pericial adolece de groseras irregularidades y que, por denuncia suya, se está investigando penalmente a la perito calígrafo, a causa de esas irregularidades  equiparables al falso testimonio y al fraude procesal.

 

2- En prieta síntesis y como contexto:

a- la pretensión introducida en el expte. 3654/2007, tiene por objeto la declaración de nulidad del testamento otorgado por Alejandro Moralejo en la escritura pública n° 40 del 16/4/2002 ante la escribana Artola,  por defectos formales (no presencia de tres testigos), vicios de la voluntad (captación) y lesión subjetiva (allí, f. 16 vta.);

b- la pretensión entablada en este expte. 110/2009, tiene por objeto la declaración de nulidad de la donación realizada por Alejandro Moralejo en la escritura pública n° 110 del 24/6/2004 también ante la escribana Artola, por vicios de la voluntad (captación), por lesión subjetiva y por falsedad material de la firma atribuida al donante (aquí,  fs. 8 y 29).

 

3- Veamos qué ha sucedido en el expte. 3654/2007 con la prueba pericial aludida en 1-.

A  fs. 181 vta./182 del principal  y a fs. 1 vta./2 de su cuaderno de prueba,  la parte demandada ofreció la intervención de un “[…] perito calígrafo, grafólogo […]”  –así, sin más distinción o precisión que la coma entre medio de las dos incumbencias-,  para que analizara la firma atribuida al causante en el testamento extendido en la escritura n°40,  pero no a los fines de determinar su autenticidad -pues según la demandada, esa autenticidad no había sido impugnada por la demandante en su demanda, ver f. 103.I de su cuaderno-,  sino por lo que ella pudiera revelar en cuanto a eventuales captaciones de la voluntad del testador (ver f. 127 párrfo 1° de su cuaderno de prueba).

Pese a lo reglado en el art. 458 CPCC, no se corrió traslado  a la parte demandante ni de la prueba pericial ofrecida, ni de la(s)  especialidad(es)  del perito, ni de los puntos de pericia;  derechamente  se llegó a la designación de la perito González, quien aceptó el cargo (ver cuaderno de prueba demandada: fs. 4 vta., 93, 94, 95, 97 y 99).

Y cuando,  por inquietud  de la perito a la cual el juzgado dio curso (ver fs. 101/vta. y 102),  la parte demandada indicó documentos indubitados (ver fs. 103/vta.), de ellos tampoco  se corrió traslado a la contraparte como correspondía, ni -en defecto de acuerdo de partes- medió resolución judicial determinando documentos indubitados (f. 104; arts. 389, 458 y 391 cód. proc.).

Pero, ¿qué documentos indubitados indicó la parte demandada?

a- la escritura n° 40  -aquélla de cuya nulidad versaba el expediente, ver supra considerando 2.a.-,   toda vez que la autenticidad de la firma de Moralejo -dijo la accionada- no había sido colocada en tela de juicio por la accionante (f. 103.I);

b- otras tres escrituras, no autorizadas por la escribana Artola, sino por el notario Delgado (fs. 103/vta., aps. II/IV);

c- la firma colocada por Moralejo en un (otro) testamento ológrafo, protocolizado por la escribana Artola el 16/4/2002 (f. 103 vta. ap. V); como esa firma carecería de autenticación, la parte demandada sugirió a la perito que primero comprobara su autenticidad, para luego sí, entonces, evacuar los puntos de pericia tendientes a desentrañar eventuales captaciones de la voluntad (ver fs. 103 vta.).

El juzgado dejó correr (ver f. 104) y, repito, no quedó ni acordado por las partes ni resuelto por el juez cuáles iban a ser considerados documentos indubitados (art. 391 cód. proc.).

 

4- ¿Y qué hizo la perito ante esa falta de recta dirección del procedimiento por el juzgado?

Eligió a su criterio (cuando en vez, machaco, debió haber allí un acuerdo de partes o una decisión judicial) qué firmas considerar indubitadas y, así,  en tal carácter tomó  las que había indicado la parte demandada a f. 103 aps.I, II y III (ver f. 119 aps.b y c), prescindió de la que había señalado la parte demandada a f. 103.IV y agregó por su propia iniciativa las insertas en las escrituras n° 110 y n° 111 de fecha 24/6/2002 autorizadas por la escribana Artola. La letra negrita para n° 110 anuncia  una necesaria  digresión, porque,  volviendo por un momento al considerando 2.b.,  nos percatamos que la escritura n° 110 es aquélla que instrumenta la donación cuestionada en el expte. 110/2009.

Además de agregar bajo su solo arbitrio las escrituras n° 110 y n° 111 como  documentos indubitados (lo que, reincido, no habría sucedido si se hubiera dado cumplimiento a lo reglado en los arts. 389, 458 y  391 CPCC), la perito consideró  dubitada la firma indicada a f. 103 vta. ap. V  y convirtió el objetivo de su dictamen en determinar si esa firma era o no del causante Alejandro Moralejo. En ese entendimiento, concretamente a f. 123 vta. dictaminó que no surge una misma procedencia gráfica entre las firmas indubitadas  -las de  f. 119 III- y  la firma del testamento ológrafo de f. 103 vta. V -ver f. 118 vta. II-, de modo que no corresponde atribuir al causante la firma de ese testamento ológrafo (todas fojas del cuaderno de la demandada).

Sustanciado ese dictamen, por lógica la parte demandada insistió con sus puntos de pericia (ver su cuaderno de prueba, fs. 126/127), todos relativos a la firma del testamento instrumentado en la escritura n° 40 (ver más arriba, 2.a.),  para cuya adecuada evacuación acaso previamente la perito tenía que descubrir si era auténtica o no la firma obrante en otro testamento, el ológrafo denunciado a f. 103 vta. V, pero lo que era seguro es que no tenía que limitarse a este solo descubrimiento. 

Mas, a esa altura del trámite del procedimiento probatorio pericial, y por obra y gracia de la cédula de notificación del traslado del dictamen pericial (cuaderno demandada, fs. 129/vta.), irrumpió la parte actora, quien  se sumó sin ambages al pedido de ampliación de la parte demandada (f. 130 II A), pero además pidió a la perito (fs. 130/vta. II B)  que explicara si existen semejanzas entre la firma del testamento ológrafo denunciado por la parte demandada a f. 103 vta. V y la del testamento de la escritura n° 40 -de cuya nulidad se trata en esa causa 3654/2007, ver 2.a.-, indicando si puede afirmarse que pertenecen al mismo origen gráfico.

Llama la atención este último pedido de explicación, porque la respuesta al parecer ya había sido dada por la perito a f. 123 vta.: si la firma del testamento ológrafo referido a f. 103 vta. ap. V no tenía la misma procedencia gráfica que la de las firmas indubitadas, y si entre éstas estaba la inserta en la escritura n°40 (ver f. 119 III c), se deduce que, para la perito, la firma de ese testamento ológrafo no tenía la misma procedencia gráfica que la firma de la escritura n° 40.

Pero, lo cierto es que, al pedir explicaciones, ninguna de las dos partes le reprochó a la perito el hecho de haber utilizado como indubitados los documentos indicados a f.  119.III.a -los elegidos por la experta de propia iniciativa-, pero tampoco ninguna de ellas ni el juzgado  le pidieron que dictaminara sobre las escrituras n° 110 y 111 de la notaria Artola.

En fin, y en cuanto interesa destacar, en su dictamen ampliatorio a fs. 138/139 vta., la perito en definitiva sostiene (en cuanto puede entenderse de la lectura de un texto bastante confuso, especialmente a fs. 138/vta.):

a- que existen semejanzas y un mismo origen gráfico entre la firma del testamento ológrafo aludido a f. 103 vta. V y la firma del testamento de la escritura n° 40 sobre el que versa la causa 3654/2007 (ver fs. 138 vta. in fine y 139);  ya lo dijimos,  eso parece ser  una contradicción, porque a f. 123 vta. había dicho todo lo contrario: que no surgía una misma procedencia gráfica entre las firmas indubitadas  -entre las que estaba la firma del testamento de la escritura n° 40,  ver f. 119 III c- y  la firma del testamento ológrafo de f. 103 vta. V -ver fs. 118 vta. II-;

b- que existen “sustanciales diferencias” entre las firmas “indubitadas” al parecer colocadas ante el escribano Delgado -por un lado- y  -por otro lado- las obrantes en el testamento ológrafo de f. 103 vta. ap. V y en las escrituras n° 40, n° 110 y n° 111 -“las de la Escribanía Artola”, sic f. 138 vta.-; lo que es inconsistente porque en el  primer tramo del  dictamen no había distinguido entre las firmas indubitadas ante el notario Delgado y ante la escribana Artola, y las había colocado en un mismo paquete a tenor del cual había cotejado la firma del testamento ológrafo de f. 103 vta. ap. V, para concluir que ésta no era auténtica por no coincidir con todas las firmas indubitadas, las “de” Delgado y las “de” Artola;

c- que no corresponde atribuir a Alejandro Moralejo las firmas tanto del testamento ológrafo de f. 103 vta. ap. V, como las de las  escrituras de la Escribanía Artola (las n° 40, n° 110 y n° 111); lo cual no guarda coherencia, pues mientras que en el primer dictamen dijo que la firma del testamento ológrafo de f. 103 vta. ap. V no correspondía a Alejandro Moralejo por no coincidir con todas las firmas indubitadas -las “de” Delgado y las “de” Artola-, en el segundo dictamen expresó que  la firma del testamento ológrafo de f. 103 vta. ap. V, al igual que las de las escrituras “de” Artola, no  correspondían a Alejandro Moralejo por no coincidir con las “de” Delgado;

d- que por más que las firmas del testamento ológrafo de f. 103 vta. ap. V, al igual que las de las escrituras “de” Artola, no  correspondía atribuirlas a Alejandro Moralejo, no necesariamente ello es así por  falsificación material, sino por la  caducidad o la degradación  propias  de una escritura senil.

 

 

5- Es hora de volver al expediente 110/2009 y de retomar el considerando 1-, para preguntarnos: ¿qué tramo del dictamen pericial utilizó el juzgado para hacer lugar a la medida cautelar apelada?

Inducido por la parte demandante, usó el reseñado recién en el parágrafo c- del considerando 4-,  en la parte pertinente según la cual no corresponde atribuir a Alejandro Moralejo la firma  de la  escritura de la Escribanía Artola n° 110 (ver f. 42 y 43).

Sobre esa base, encontró verosímil el cuestionamiento de la autenticidad de la firma atribuida a Moralejo en la escritura n° 110.

Y bien,  por varias razones aprecio que el dictamen pericial en cuestión no permite creer -como en vez lo arguye el juzgado-  que es verosímil la falta de autenticidad de la firma atribuida a Alejandro Moralejo en la escritura n° 110:

a- las falencias apuntadas en los apartados a-, b- y c- del considerando 4-, desmerecen ampliamente su poder de convicción (art. 474 cód. proc.);

b- la utilización inconsulta (como indubitado primero -fs. 119 III a y 123 vta., cuaderno prueba demandada en expte. 3654/2007- y como dubitado después -ibidem, fs. 138/139 vta.-)  de un  documento -la escritura n° 110- completamente ajeno al cometido encomendado a la perito en el expte. 3654/2007, lo que torna manifiestamente impertinente el dictamen sobre él  (art. 362 cód. proc.);

c-  una cosa es que la firma de la escritura n° 110 efectivamente no corresponda a Alejandro Moralejo, y otra diferente es que no corresponda atribuírsela con seguridad en tanto comparada con otras firmas indubitadas (las de la escribanía de Delgado), no porque exista certeza de que la falta de coincidencia entre todas esas firmas se deba a la falsificación material de la estampada en la escritura n° 110, sino por la probabilidad de que la falta de coincidencia se deba a una degradación o caducidad de una escritura senil (ver considerando 4- ap. d-; arts. 384 y 474 cód. proc.).

 

6- Corresponde por lo tanto revocar la resolución de f. 43, con costas a la parte apelada vencida (art. 69 cód. proc.) y con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

Obiter dictum y merced a lo reglado en los arts. 15 y 36 proemio de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en el 34.5.b CPCC, propongo instar:

a- al juzgado, para que, cuando y donde corresponda,   procure dar cumplimiento a lo reglado en los arts. 389, 391 y 458 CPCC;

b- a la perito, para que, como auxiliar del juez (arts. 3 y 98 ley 5827),  ciña su cometido a la misión estrictamente encomendada por éste, requiriendo en todo caso las precisiones correspondientes (v.gr. qué documentos utilizar como indubitados; sobre qué concretamente dictaminar, etc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde  revocar la resolución de f. 43, con costas a la parte apelada vencida (art. 69 cód. proc.) y con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Revocar la resolución de f. 43, con costas a la parte apelada vencida  y con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     Juan Manuel García

             Secretario

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 328

                                                                                 

Autos: “BAZAR AVENIDA S.A.C/ CABRERA LUCIO S/COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -88279-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecinueve  días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BAZAR AVENIDA S.A.C/ CABRERA LUCIO S/COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -88279-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 45, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  f. 38?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

                   1- Lo que surge de autos estrictamente es que el pagaré que se ejecuta explica “[…] por igual valor recibido en efectos  […] (f. 11).

                   ¿Qué implica que haya recibido efectos? Según la definición dada por un  precedente jurisprudencial  habría recibido un “artículo de comercio” en singular, o “bienes muebles, enseres” en plural (ver: Cám. Civ. y Com. San Nicolás, RSI-585-98, 17-11-1998, “Gulías, Walter Rubén c/ Gorvalán, Ada Noemí y otro s/ Cobro Ejecutivo”, sumario B 855355, extraíble del sistema informático en línea Juba).

                   Pero con ese solo dato, más allá de la  existencia de una “[…] multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados por la parte accionante […]” (ver f. 35 vta.) no queda revelado que se trate de una relación de consumo abarcada por la ley 24.240 (t.según ley 26.631): no hay dato que permita inferir que los efectos recibidos, según el pagaré, hayan sido para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar (art. 1 ley citada).

            Además, como ya expresara  en reciente fallo (ver: sent. del 28-06-2012, “BAZAR AVENIDA S.A. C/ BOCCALATTE, CARLA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO”, L.43 R.290), no es incontestable que la actora otorgue préstamos para el consumo, de modo que  ello esté exento de prueba, agregando que no todo lo que conoce un juez,  porque lo conozca él, queda convertido  automáticamente en algo de público conocimiento; debe indicar por qué motivos lo considera así.

            También sostuve que no me constaba a mí que todos supieran  que la ejecutante otorga préstamos de dinero “para el consumo”,  ni, incluso, que me constara de modo fehaciente a mí.

2-  No surge de autos ni que la actora otorgue préstamos de dinero para financiar la compra de bienes para el consumo, ni que eso sea de público conocimiento, como tampoco que en este caso particular se tratara de un préstamo para el consumo.

Entonces, si no es de público conocimiento, ¿está probado en el caso que el préstamo de que se trata haya sido para el consumo?.

                   El escrito de f. 33, en el que la parte actora denuncia que el domicilio real  de la demandada está en la provincia de Santa Fe,  es la única constancia del expediente mencionada por el juzgado en la resolución apelada.

                   Se concluye, pues, que del mérito a las constancias actuales de autos no hay vestigio acerca de que el dinero recibido por la ejecutada, como lo sostiene el juzgado,  hubiera sido aplicado “para”  “[…] la compra de bienes para el consumo […]”  (ver la  preposición “para”  usada dos veces en el proemio del art. 36 de la ley 24240, ref. por ley 26361) y, de ese modo, que hubiera quedado establecida entre las partes una relación de consumo  (SCBA, RC 116507, 07-03-2012, “Carlos Giúdice S.A. c/ Delgadillo Heredia, Agapito s/ Cobro ejecutivo, cuyo texto completo puede verse en el sistema Juba en línea).

                   3-             Así planteadas las cosas, no resultando de  las constancias actuales de la causa con la necesaria contundencia  que el crédito ejecutado hubiera resultado de una operación para el consumo o de un crédito para el consumo, y en todo caso ante la duda  (arg. art. 486 párrafo 2° cód. proc.),  debió abstenerse el juez de declararse incompetente haciendo pivot sólo sobre el nuevo domicilio del demandado denunciado por la demandante  y razonablemente aguardar el temperamento que, sobre la competencia, pudiera adoptar la parte demandada, quien podría aportar otros elementos  (arts. 2, 4 y 542.1 cód. proc.; arts. 1, 2 y 36 ley 24240; art. 1 ley 21526); máxime que el lugar de pago y el del libramiento del pagaré es Trenque Lauquen (art. 3 cód. proc.).

                   VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Corresponde estimar la apelación de f. 38 contra la resolución de fs. 34/35.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar la apelación de f. 38 contra la resolución de fs. 34/35.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     Juan Manuel García

             Secretario