Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 577

                                                                                  

Autos: “ENRIQUE M BAYA CASAL S.A.  C/ ARRARAS SANDRA MARINA S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.).-“

Expte.: -92002-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Fosco: 20181626985@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Defrancisco: 20133287362@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “ENRIQUE M BAYA CASAL S.A.  C/ ARRARAS SANDRA MARINA S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.).-“ (expte. nro. -92002-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 19/10/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿son fundadas las apelaciones del 15/7/2020 y del 20/7/2020 contra las resoluciones del 8/7/2020 y del 20/7/2020 respectivamente?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1.1. En lo que hace a la apelación del 15/7/2020, el recurrente solicita se revoque el levantamiento de la inhibición general de bienes que fuera decretada oportunamente contra la demandada Sandra Marina Arrarás.

Arguye que la sentencia de la cámara no se encuentra firme por haber introducido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia dictada en esta instancia  y que su levantamiento ha sido dispuesto sin traslado previo y, sin establecer algún otro tipo de medida que asegure el cobro del reclamo de autos.

1.2. Veamos:

La inhibición general de bienes decretada el 2/12/2019 fue fundada -en lo que aquí interesa- en el artículo 212.3 del código procesal, es decir la existencia de sentencia condenatoria de primera instancia (ver sentencia de condena de fecha 20/11/2019).

Esa sentencia que dio sustento a la cautelar fue dejada sin efecto por decisión de esta cámara de fecha 23/6/2020.

Siendo así, las circunstancias que tuvo en cuenta el juez a-quo al momento de dar curso a la medida desaparecieron con la sentencia emitida por este tribunal el 23/6/2020 donde se rechaza la demanda, con lo cual ya no existen los presupuestos que daban andamiaje a aquélla  (arg. art. 202 Cód. Proc.). Siendo así, el recurso se desestima.

Ello sin perjuicio, de la chance de peticionar con otros fundamentos el dictado de una nueva medida, en tanto se estime corresponder  (art. 3 CCyC y art. 34.4 còdigo cit.).

Por  lo expuesto, corresponde desestimar la apelación subsidiaria de fecha 15/7/2020 contra la resolución de fecha 8/7/2020, con costas al apelante vencido  (arg. art. 68 Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución de honorarios (arts. 31 y 51 Ley 14.967).

2.1. Atinente a la apelación del 20/7/2020, el juzgado ese mismo día había decretado inhibición general de bienes de Enrique Baya Casal S.A con fundamento en los artículos 212 inc. 3. y 532 del código procesal.

2.2. Obtenida la medida, es apelada por la accionante quien  alega -en prieta síntesis- que no se enuncia cuál es la acreencia que se pretende asegurar, ni se encuentran configurados los presupuestos de los arts. 195 y 532 del código procesal, además de no haberse exigido contracautela (ver resolución apelada del 20/7/2020 y revocatoria con apelación en subsidio del mismo día).

2.3. Vayamos al caso:

El 12/7/2020 se presenta Horacio Amílcar Defrancisco como apoderado de la demandada a solicitar la inhibición general de bienes de Enrique Baya Casal S.A, sostiene que debe aplicarse el mismo criterio que en su oportunidad se utilizó para decretar inhibición general de bienes de su mandante -sentencia condenatoria de primera instancia- y  ello fundado en el artículo 212.3 del ritual y  la sentencia de este tribunal que la revocó la de primera instancia; pero sin indicar cuál es el crédito de su mandante pretende cautelar.

Veamos: la situación obviamente no es igual, en la oportunidad aludida había una sentencia de primera instancia de condena contra la demandada por un crédito reclamado contra ella por la actora; y en ese supuesto, el artículo 212.3 del ritual habilita el dictado de cautelares.

Ahora contamos con una sentencia de cámara -no firme- desestimatoria de la pretensión de Baya Casal SA, pero no se han indicado cuáles son los créditos que la accionada pretende tutelar con su petición (195, párrafo 2do,  código procesal).

Faltando uno de los presupuestos de las medidas cautelares, pierde sustento la misma, correspondiendo por ende receptar favorablemente el recurso y disponer el levantamiento de la cautelar, a cuyo efecto deberá oficiarse para su toma de razón.

Por ello, corresponde estimar a la apelación subsidiaria  de fecha 20/7/2020 contra la resolución de la misma fecha disponer el levantamiento de la cautelar, a cuyo efecto deberá oficiarse para su toma de razón, con costas a la apelada vencida (arg. art. 68 Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución de honorarios (arts. 31 y 51 Ley 14.967).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- La sentencia de 1ª instancia del 20/11/2019 hizo lugar a la demanda y condenó a Sandra María Arrarás a pagar una suma de dinero a “Enrique M Baya Casal S.A.” Inmediatamente, la actora pidió y obtuvo la inhibición general de bienes de la demandada (escrito del 21/11/2019 y proveído del 2/12/2019).

Apelada esa sentencia, el 23/6/2020 la cámara absolvió a Sandra María Arrarás, con costas de ambas instancias a “Enrique M Baya Casal S.A.”  Rápidamente Arrarás pidió y obtuvo dos cosas: a- la inhibición general de bienes de “Enrique M Baya Casal S.A.”  (escrito del 12/7/2020 y proveído del 20/7/2020); b- el levantamiento de su propia inhibición general de bienes (escrito del 3/7/2020 y proveído del 8/7/2020).

Las últimas dos decisiones, del 8/7/2020 levantando la inhibición de Arrarás y del 20/7/2020 inhibiendo a “Enrique M Baya Casal S.A.”, llegan apeladas a esta cámara en subsidio,  la primera el 15/7/2020 y la segunda el 20/7/2020.

 

2- Habiéndose rechazado la demanda con costas de 1ª y 2ª instancia a cargo de la parte actora (ver sentencia de cámara del 23/6/2020), la inhibición general de sus bienes ha de considerarse atinente para cubrir esas obligaciones procesales (arts. 77 y 195 cód. proc.), con base en el art. 212.3 CPCC,  lo cual no exige contracautela (arg. art. 208 in capite cód. proc.), sin perjuicio de la chance de la afectada para requerir su sustitución por otra medida más ajustada (arts. 203 y 228 párrafo 1° al final cód. proc.).

Es infundada la apelación del 20/7/2020 (art. 34.4 cód. proc.)

 

3- Revocada la condena contra la accionada, desapareció la razón de ser de la inhibición general de bienes en su contra, que había sido pedida el 21/11/2019 por la parte actora no bien emitida la sentencia condenatoria de 1ª instancia del 20/11/2019.

Así como la sentencia de condena no firme pudo justificar por sí sola esa inhibición en base al art. 212.3 CPCC (ver proveído del 2/12/2019), su revocatoria no firme puede eadem ratio explicar su levantamiento, a falta de otras circunstancias que, no sometidas a la decisión del juzgado en esta ocasión,  acaso podrían aconsejar mantenerla allende esa condena revocada (arts. 34.4, 266 y 384 cód. proc.).

Concediendo que el pedido de levantamiento hubiera tenido que ser previamente sustanciado, lo cierto es que, a esta altura, sin incidente de nulidad planteado en la instancia original,  con la  atención de esta apelación subsidiaria el derecho de defensa de la parte actora ha venido a quedar a salvo en esta 2ª instancia  (art. 169 párrafo 3°, 170 párrafo 2° y concs. cód. proc.).

Tampoco es fundada la apelación del 15/7/2020 (art. 34.4 cód. proc.).

ASÍ LO VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (arg. art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias,  desestimar las apelaciones del 15/7/2020 y del 20/7/2020 contra las resoluciones del 8/7/2020 y del 20/7/2020 respectivamente, con costas a la apelante infructuosa (arts. 77 párrafo 2° y 69 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

            TAL MI VOTO.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias,  la Cámara RESUELVE:

Desestimar las apelaciones del 15/7/2020 y del 20/7/2020 contra las resoluciones del 8/7/2020 y del 20/7/2020 respectivamente, con costas a la apelante infructuosa y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en el domicilio  electrónico constituido por el letrado interviniente, inserto en la parte superior  (art. 11 AC. 3845). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:14:35 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:21:27 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:33:21 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:42:40 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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245600774002577734

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 573

                                                                                  

Autos: “P., P. M. C/ B. M. Y OTROS S/ ALIMENTOS”

Expte.: -91442-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Feliciano Jorge Alejo Gómez

20266291591@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Federico Nicolás Leiva

20231377477@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “P., P. M. C/ B., M. Y OTROS S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -91442-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 29/10/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 23/8/2020 contra la resolución del 18/8/2020?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Para los alimentos ordinarios devengados durante el proceso rige la determinación de cuotas suplementarias, según el art. 642 CPCC. Pero los demás alimentos adeudados deben ser pagados en tiempo y forma, bajo apercibimiento de ejecución, salvo acuerdo de partes sobre un posible fraccionamiento en cuotas (arg. arts. 534 y 645 cód. proc.; cfme. esta cámara “Gianoglio c/ Prenollio” 91539 11/3/2020 lib. 51 reg. 68).

 

2- En el caso, pese a no haber sido pedidos, el juzgado adjudicó intereses sobre los alimentos atrasados devengados durante el proceso, a tasa pasiva (ver resol. 23/4/2020). Pero esa tasa no tiene por qué coincidir para cuantificar los intereses posteriores al proceso  y  sobre las cuotas suplementarias determinadas para surtir los alimentos atrasados. Aquí es razonable entender que es una medida apropiada aplicar la tasa del art. 552 CCyC (arg. art. 27.4 Convención de los derechos del niño y arts. 2, 3, 553, 659 y 670 CCyC).

VOTO QUE SÍ

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Con el alcance indicado al ser votada la 1ª cuestión, corresponde estimar la apelación del 23/8/2020 contra la resolución del 18/8/2020, con costas al alimentante apelado vencido (art. 69 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios teniendo en cuenta la significación económica de las cuestiones que fueron materia de recurso (arg. arts. 16.a, 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación del 23/8/2020 contra la resolución del 18/8/2020, con costas al alimentante apelado vencido y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios teniendo en cuenta la significación económica de las cuestiones que fueron materia de recurso.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los letrados intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Ac 3845). Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado de Paz Letrado de General Villegas, a través de correo oficial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20).

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:13:06 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:20:51 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:32:46 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:41:30 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20231377477@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 20266291591@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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246000774002579850

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Familia Departamental

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 571

                                                                                  

Autos: “B., T.  C/ B., J. A. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -92026-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. María Fernanda Díaz

27343829596@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Adriana Teresita Pérez

ATEPEREZ@MPBA.GOV.AR

Asesor Abregú:

RABREGU@MPBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “B.,T.  C/ B., J. A. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -92026-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 26/10/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 3/7/2020 contra la sentencia del 1/4/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

En los puntos 2- y 3- del memorial el apelante describe el contenido de la sentencia. Los agravios están en los puntos 4- y 5-, que voy a transcribir literalmente:

            “4) En el caso que nos ocupa, debo decir que mi patrocinado no posee trabajo de ningún tipo;  esta desocupado y si realizaba alguna changa o trabajo esporádico en algún momento, a partir de la situación de emergencia sanitaria  en virtud de la pandemia surgida del Covid 19, no posee ningún ingreso.- De otro lado mi cliente posee otros dos hijos menores, A. y A. respecto de los cuales se acreditó su existencia en estos autos; mas no se lee en ninguna parte de los fundamentos de la sentencia que ataco, considerar las necesidades de otros dos hijos, a quienes también debe alimentos y cuidados.-

            5) Por último surge también de la sentencia que no se hallan actualizados los ingresos mensuales del Sr. B.,, debiendo aclarar ante ello,  que no solo no obran ingresos actualizados sino que no obran ingresos lisa y llanamente, y muy lamentablemente   porque no los tiene.”

Y bien, la apelación es desierta (arts. 260 y 261 cód. proc.), porque:

a-  no se cuestiona ni el derecho alimentario, ni se argumenta cómo es que el monto de la cuota no se ajuste a las necesidades de la niña alimentista;

b- se aduce que surge de autos que el recurrente no tiene trabajo ni ingresos y que, además,  tiene que dar sustento a otros dos hijos; pero es insuficiente hacer referencia a actuaciones previas (art. 260 párrafo 2° parte 1° cód. proc.), máxime sin tan siquiera abalizar su ubicación en el contexto de un expediente electrónico desordenado (ej. la sentencia apelada es del 1/4/2020, pero figura en el Augusta como trámite del 22/5/2020); además las circunstancias indicadas no alcanzan a perfilar una imposibilidad de cumplimiento (arts  955 y 956 CCyC), incumbiendo al accionado hacer todos los esfuerzos posibles a fin de arbitrar los medios conducentes a la satisfacción de los deberes adquiridos con el nacimiento de la prole (cfme. esta cámara: “S. de C., M.H. c/ C., J. B. s/  Alimentos” 10/5/88 lib. 17, reg. 45; “M., A.E. c/ M.,D.A. s/ Alimentos” 25/9/2003 lib. 32 reg. 256; “O., V.N. c/ N., J.D. s/ Alimentos” 22/3/2005 lib. 34 reg. 42; e.o.).

            VOTO QUE NO (el 27/10/2020, art. 58 Código Iberoamericano de Ética Judicial).

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiero al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiero al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación del 3/7/2020 contra la sentencia del 1/4/2020, con costas al apelante infructuoso (arts. 77 párrafo 2° y 68 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación del 3/7/2020 contra la sentencia del 1/4/2020, con costas al apelante infructuoso y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art 11 AC. 3845). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia Departamental.

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:11:16 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:17:04 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:31:19 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:39:24 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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239500774002579800

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 570

Libro: 35– / Registro: 91

                                                                                  

Autos: “B., J. D. C/ S., N. L. S/ CUIDADO PERSONAL”

Expte.: -92091-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “B., J. D. C/ S., N. L. S/ CUIDADO PERSONAL” (expte. nro. -92091-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 2/11/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación por altos del 27/12/2019 contra la regulación de honorarios del 10/10/2019?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

El recurso deducido por el Fisco de la Provincia con fecha 27/12/2019  cuestiona  la regulación de honorarios a favor de la Abogada del Niño de fecha 10/10/2019, en tanto la considera elevada en relación a la tarea llevada a cabo (art. 57 de la ley 14.967).

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Circular 6273/16 del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, corresponde aplicar la normativa arancelaria local, donde se establece  un mínimo de  45  jus para  todo el   proceso de cuidado  personal  (art. 9.I.1. m de la ley 14.967).

En el caso, se trata de un trámite sumario (v. providencia del 21/5/2018; arts. 320 del cpcc., 28.b. de la ley arancelaria  cit.).

La  tarea de la profesional, hasta la sentencia homologatoria del 8/8/2019,  consistió en aceptación del cargo (11/7/2018), presentación de opinión del menor (6/8/2018, 15/11/2018, 25/2/2019, 6/8/2019), contestación de traslado sobre la ampliación de comunicación provisoria (10/9/2018), asistencia a audiencia (9/10/2018, 11/7/2019);  y las posteriores: acompaña manifestaciones del menor (25/2/2020, 21/7/2020), contestación de traslado (17/7/2020), asistencia a audiencia (25/8/2020) hasta la decisión de 13/10/2020 (arts. 15, 16 y concs. ley cit).

Ante ese escenario  y teniendo en cuenta las dos etapas en que se divide el proceso sumario, la abogada cumplió con los dos tramos procesales (v. prueba pericial psicológica de fechas 4/12/2018).

Entonces, a partir del mínimo de 45 jus, establecido por el art. 9.I.m. de la legislación arancelaria mencionada, merituando la labor profesional que ha cubierto todas las etapas del respectivo proceso, no resultan altos los 10 jus fijados por el juzgado en relación a la tarea cumplida (arts. 16, 28.b.1. y concs. ley 14.967).

Por ello,  corresponde desestimar el recurso deducido por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires con fecha 27/12/2019.

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Teniendo en cuenta que se ha transitado una sola etapa del proceso que terminó con un acuerdo, considerando la retribución de las demás profesionales (12,5 y 10 Jus) y apreciando la labor de todos según detalle del 18/9/2019 (consentido por Diez, ver trámites del 1/10/2019 y del 4/10/2019), no se advierte con nitidez ningún motivo que haga ver como desproporcionada una retribución de 7 Jus ley 14967 para la abogada del niño, tal como lo postula el apelante (arts. 16 y 22 ley 14967; arts. 3 y 1255 CCyC).

VOTO QUE SÍ (pasado el 9/11/2020 y votado el 9/11/2020, art. 58 Código Iberoamericano de Ética Judicial).

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del  juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, estimar la apelación del 27/12/2019 contra la regulación de honorarios del 10/10/2019 y reducir a 7 Jus ley 14967 la retribución de la abogada del niño L. B. D.,.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación del 27/12/2019 contra la regulación de honorarios del 10/10/2019 y reducir a 7 Jus ley 14967 la retribución de la abogada del niño L. B. D.,.

Regístrese. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:09:17 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:16:18 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:30:19 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:37:57 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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254600774002579757

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 569

                                                                                  

Autos: “PUGNALONI, MARIA AZUL C/ BALBIANI, PABLO MIGUEL S/QUEJA POR APELACION DENEGADA”

Expte.: -92059-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Alejandra Besso

27242836826@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “PUGNALONI, MARIA AZUL C/ BALBIANI, PABLO MIGUEL S/QUEJA POR APELACION DENEGADA” (expte. nro. -92059-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 22/10/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es procedente el recurso de queja de fecha 6/10/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Producto de los debates propios del acuerdo, llego a los razonamientos y conclusión que seguidamente expondré:

La resolución apelada del 11 de septiembre de 2020 denegó la petición de una nueva audiencia para absolver posiciones en función de las actas labradas por secretaría y del principio de preclusión procesal, sin perjuicio de la valoración del pedido en la etapa procesal oportuna (v.  adjunto al esc. elect. Del 6/10/2020).

Esta resolución es apelada el 21/10/2020 y el 25/09/2020 no se hace lugar por improcedente con argumento en que no se trata de ninguno de los supuestos de excepción a la regla establecida por el artículo 377 del Cód. Proc.

Ahora bien, en el caso se trata de la petición de fijación de audiencia a los fines que concurra la actora a absolver posiciones, por no haberse realizado por haber concurrido a las 12:16 hs., cuando la audiencia había sido fijada a las 12hs., es decir 16 minutos pasada la hora establecida  (ver constancias de secretaria al respecto adjuntadas al esc. elec. del 6/10/2020).

Teniendo en cuenta ello,  no puede encuadrarse la situación de autos en las restricciones del art. 377 como lo hizo la jueza, en tanto no se trata de prueba denegada o que haya sido declarada su negligencia (art. 255 inc. 2 cód. proc.).

En este punto se ha dicho que “… el  artículo  377 citado contiene una norma de excepción a los principios  generales en materia de recursos, y al poder importar una cortapisa al ejercicio de defensa en juicio, debe estimarse  de interpretación restrictiva…” (cfme. Morello – Sosa – Berizonce, “Códigos…”, t.V-A, pág. 195, ap. 3; ídem, este tribunal  res.  del  1º-6-99  ya cit.), de allí que la regla de irrecurribilidad del artículo 377 del código procesal  reconoce excepciones  (v. esta alzada, res. del 6-9-94, “Recurso de Queja en autos: `B., C. J. c/ B., M. J. y otro s/  Impugnación  de  Filiación  y  Reconocimiento  Extramatrimonial’. Expte. 18.620/90”, L. 23,  Reg.  126;  ídem,  Hitters  J.C., `Técnica  de los recursos ordinarios’, pág. 319 y stes.; Morello – Sosa – Berizonce, `Códigos…’, t. V-A, pág.  195  y stes.).

Por ello, no tratándose de ninguna de las situaciones previstas en el art. 377 del cód. proc. y no estando prevista tampoco en el art. 255 del cód. proc. para habilitar su replanteo oportunamente ante esta Cámara, considero que la resolución cuestionada resulta apelable, lo que lleva a  hacer lugar a la queja traída, debiendo concederse la apelación denegada  (arg. art. 276 cód. proc.).

         ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            1. María Azul Pugnaloni, invocando la representación de sus hijos menores de edad, Alfonso Balbiani,  Nicolás Fortunato Gutiérrez,  Ángel Joaquín Gutiérrez y por derecho propio, dedujo recurso de queja debido a que por la providencia del 25 de septiembre de 2020, se le denegó la apelación interpuesta mediante el escrito electrónico del 21 de septiembre de 2020 (surge de la lectura de su presentación ante esta alzada del 6 de octubre de 2020).

Así detalla:

(a) fecha de la resolución recurrida: 11/09/2020;

(b) fecha de notificación de tal resolución: 15/09/2020;

(c) fecha de interposición del recurso de apelación: 21/09/202;

(d) fecha de la resolución que denegó la apelación: 25/09/2020;

Más allá de otros recursos interpuestos contra otros actos cumplidos en el proceso, a estos datos hay que atenerse a fin de focalizar y decidir esta queja (arg., 34.4, 163.6 y concs. del Cód. Proc.).

            2. Para contextualizar, cabe decir que se trata de un juicio de alimentos iniciado el 6 de diciembre de 2019.

La resolución del 11 de septiembre de 2020, -objeto de la frustrada apelación deducida el 21 del mismo mes-, había denegado la petición de una nueva audiencia para absolver posiciones, promovida por la actora, dada la negativa de la demandada a esa solicitud y atendiendo a las actas labradas, en función del principio de preclusión procesal, sin perjuicio de la valoración del pedido en la etapa procesal oportuna (v. archivo adjunto al registro informático del 6 de octubre de 2020).

Es dable aclarar, que esa audiencia no era para producir la prueba confesional ofrecida por la actora respecto del demandado y que por algún motivo no se hubiera concretado. Sino para que la actora pudiera rendir la confesional propuesta por la demandada, habida cuenta que –sea como fuere– aquella no había concurrido a la fijada para el 17 de julio de 2020 a las 12 horas, haciéndolo a las 12 horas y 16 minutos, estando para entonces cerrada el acta de la audiencia (v. la petición de la nueva audiencia, en el punto 2 del escrito del 5 de agosto de 2020, que puede consultarse en el mencionado archivo).

Esa apelación del 21 de septiembre de 2020, como se anticipara, es la que fue denegada por no tratarse de ninguno de los supuestos de excepción a la regla establecida por el artículo 377 del Cód. Proc.).

Como habrá podido percibirse, no se trata de un supuesto que pueda encuadrar claramente en las restricciones del artículo 377 del Cód. Proc., en cuanto relacionadas con la posibilidad de replanteo de las medidas probatorias denegadas o respecto de las cuales hubiera mediado declaración de negligencia, previsto en el artículo 255.2 de ese mismo cuerpo legal. Pues la prueba se produjo y la disconformidad de la actora radica en que habiéndose presentado a las 12 horas y 16 minutos, se le informó que la hora señalada para la audiencia eran las 12 horas, habiéndose cerrado el acto.

Y esta alzada ha propiciado apartarse de aquella limitación, en beneficio del derecho de defensa, justamente en los supuestos donde no es admisible el replanteo. Siendo éste -según puede verse- uno de esos casos (v. causa 90903, sent. del 10/5/2019, ‘Fernández Rogel Manuela Edith  c/ Febrer Miguel Ángel s/ liquidación de régimen patrimonial del matrimonio’, L. 50, Reg. 145). Sobre todo, interpretándolo desde el criterio sentado en el artículo 706.a, del Código Civil y Comercial.

En consonancia, corresponde admitir la queja, considerando mal denegada la apelación (arg. art. 276, segundo párrafo del Cód. Proc.). Queja que no cabe hacer resolutiva, para surtir la posibilidad de fundar la apelación y sustanciarla con la contraparte (arg. art. 18 del Cód. Proc.).

            VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, admitir la queja, considerando mal denegada la apelación (arg. art. 276, segundo párrafo del Cód. Proc.). Queja que no cabe hacer resolutiva, para surtir la posibilidad de fundar la apelación y sustanciarla con la contraparte (arg. art. 18 del Cód. Proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

Admitir la queja, considerando mal denegada la apelación; queja   que no cabe hacer resolutiva, para surtir la posibilidad de fundar la apelación y sustanciarla con la contraparte.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en el domicilio  electrónico constituido por el letrado interviniente, inserto en la parte superior  (art. 11 AC. 3845). Póngase en conocimiento del Juzgado de Paz Letrado de General Villegas mediante la inserción de su domicilio electrónico oficial también inserto en la parte superior. Hecho, archívese.

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 10/11/2020 12:40:55 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 10/11/2020 12:43:06 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 10/11/2020 12:45:40 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 10/11/2020 12:53:27 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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237600774002579231

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 568

                                                                                  

Autos: “MACHIAVELLI, MARTA LAURA C/ MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO S/USUCAPION”

Expte.: -91806-

                                                                                              Notificaciones:

Abog. Gonzalo Gonzàlez Cobo

20232324288@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Cecilia Luciani

27300582260@MPE.NOTIFICACIONES

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “MACHIAVELLI, MARTA LAURA C/ MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO S/USUCAPION” (expte. nro. -91806-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 22/10/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es procedente la apelación subsidiaria del 14/9/2020 contra la resolución del 11/9/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

         La temática traída a conocimiento de esta alzada, tiene que ver directamente con la apertura a prueba de esta causa, mediante la resolución apelada subsidiariamente  del 19/09/2020. Donde, según criterio de la actora, le causa agravio en cuanto se rechaza sin fundamento las oposiciones planteadas respecto de las medidas de prueba ofrecidas por la contraria.

Puntualmente menciona que no debió admitirse la prueba informativa para que la Municipalidad de Pehuajó remita antecedentes administrativos obrantes en la comuna respecto a los lotes objetos de esta acción. Agrega que tampoco resulta pertinente la declaración testimonial del Sr. Secretario de Obras del Municipio Ing. Luis Fanti.

En principio la decisión no es susceptible de apelación por no encuadrar dentro de ninguna de las excepciones del art. 494, 2º párrafo del Código Procesal, en tanto nos encontramos ante un proceso sumario.

Y también resultaba inapelable por aplicación del artículo 377 del mismo código, que establece la irrecurribilidad de las decisiones judiciales sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas.

Sin perjuicio -claro está- de la chance que le asiste a la apelante  de  recurrir en su caso al artículo 255  incs. 2 y 5.b.

El fundamento de tales normas radica en satisfacer el principio de celeridad, a fin de evitar las múltiples dilaciones que produce la interposición y el trámite de la apelación en el período de prueba (conf. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos …”, ed. Abeledo-Perrot, 2da. ed. reelab. y ampliada, 1995, tomo V-A, pág. 189).

Por ello, se desestima la apelación subsidiaria. Con costas a la parte apelante (arg. art. 69 del Cód. Proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Tratándose de juicio sumario, gobierna los recursos el artículo 494 del Cód. Proc., donde se establece que únicamente son apelables la resoluciones que rechaza de oficio la demanda, que declara la cuestión de puro derecho, que decide las excepciones previas, las providencias cautelares,  que pongan fin al juicio o impidan su continuación y la sentencia definitiva (arg. art. 494 segundo párrafo del Cód. Proc.).

En la especie, se trata de la cuestión suscitada en torno a la prueba, de informes y testimonial, ofrecida por la demandada en el punto 10, b y c de su escrito del 26 de agosto de 2020. Las que despertaron las objeciones de la actora, formuladas en su escrito del 31 de agosto de 2020. Y que fueron resueltas admitiendo esas probanzas, con apoyo en los artículos 36 Inc. 2 y 362 del Cód. Proc., sin perjuicio de la valoración que oportunamente se realice al momento de definitiva.

Por manera que, como la providencia apelada no es ninguna de aquéllas, ni impide la continuación del juicio, quedando siempre a salvo que las objeciones a dichos medios de prueba planteadas por el apelante, oportunamente se tematicen ante esta alzada, según fueran apreciadas en la sentencia definitiva, corresponde declarar inadmisible la apelación subsidiaria (arg. arts. 242, 260, 348, 484, 494 segundo párrafo y concs. del Cód. Proc.).

            VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri; también al de la jueza Scelzo, salvo en cuanto remite al art. 255 incisos 2 y 5.b CPCC. (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Con arreglo al resultado obtenido al tratarse la cuestión anterior y habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, corresponde declarar inadmisible la apelación subsidiaria  del 14/9/2020, con costas a la parte apelante y difeimiento aquí de la resolución sobre los honorarios (arts. 69 y 494 del Cód. Proc.; arts. 31 y 51 ley 14967).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

Declarar inadmisible la apelación subsidiaria  del 14/9/2020, con costas a la parte apelante y difeimiento aquí de la resolución sobre los honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 AC. 3845). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 09/11/2020 11:57:05 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:47:36 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2020 13:18:55 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2020 13:20:43 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20232324288@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27300582260@MPE.NOTIFICACIONES

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248100774002576791

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 567

                                                                                  

Autos: “B., G. A. C/ M., A. S/ALIMENTOS”

Expte.: -92046-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Claudio Gelado

20173795034@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Daniela C. Ferretti

27314759384@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. María Eliana Alonso Pordomingo -asesora ad hoc–

27357982117@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “B., G. A. C/ M., A. S/ALIMENTOS” (expte. nro. -92046-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 19/10/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es fundada la apelación subsidiaria del 17/8/2020 contra la resolución del 4/8/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- El juzgado fijó una cuota alimentaria provisoria de $ 5.062,50 (30% del Salario Mínimo Vítal y Móvil) más asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias en tanto fueren percibidas, a cargo de A. M., y en favor de sus tres hijos.

Apeló éste por vía de gestora procesal, argumentando en resumen que:

a- desde hace ocho meses sus hijos se encuentran radicados en la ciudad de Salliqueló, por voluntad de la madre, incluso en contra de los deseos de los niños;

b-  desde entonces no ha podido mantener un mínimo contacto con sus hijos ya que su madre se lo impide; sumado a la dificultad de las distancias y la situación de pandemia, desconoce cómo se encuentran viviendo, dónde, y cuáles son sus reales necesidades;

c- en demanda no se encuentra probado con exactitud, cuál es la necesidad real de los niños a efectos de establecer el quantum de la cuota alimentaria y tampoco toma en consideración que la actora desconoce cuál es su realidad laboral y de ingresos;

d- se encuentra desempleado, vendiendo de manera ambulante mercadería, para poder únicamente subsistir ante esta compleja situación económica y social que atravesamos como sociedad, tanto a nivel país como mundialmente producto de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno Nacional, a raíz de la Pandemia por Covid-19, así dispuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS);

e- sus ingresos oscilan entre los quinientos ($500) a seiscientos ($600) pesos diarios en los mejores días de ventas, siempre que la policía no lo  detenga por circular, ya que mi actividad no es esencial; algunos días regresa a su hogar  con las manos vacías, y le es incautada la mercadería;  ya tiene dos detenciones y citaciones a la justicia federal, por salir a trabajar.

f- no es su intención desconocer sus obligaciones, sino hacer  saber  que no tiene ingresos para afrontar los gastos de sus hijos; además cuento con una niña que aun no tiene un año de vida, a quien debo alimentar, y recibo para ello ayuda de familiares, amigos, y ayuda social del Estado;

g- entiendo que resultan facultades de V .S. la fijación de una cuota alimentaria provisoria, pero entiende no se encuentran acreditados los extremos para ello, y el monto no resulta equitativo ni justo conforme su compleja situación económica;

h- que los alimentos provisorios pueden ser revisados, teniendo en consideración que son impuestas sin sustanciarse la debida bilateralidad, a efectos de garantizar la defensa en juicio.

2- Las circunstancias expuestas en 1.a y 1.b no conectan con el monto de los alimentos provisorios y, para fijarlos, atenta su naturaleza interinal, no hace falta que se encuentre probada con exactitud cuál es la necesidad real de los niños (ver 1.c). Nadie mejor que el alimentante para exponer y probar su realidad personal, familiar y laboral (art. 710 CCyC; ver 1.c, 1.d, 1.e, 1.f y 1.g).

Por fin, al ser dispuestos inaudita pars, el derecho de defensa en juicio queda en la materia salvaguardado a través de la chance impugnatoria del obligado (art. 198 párrafo 1° cód. proc.; art. 18 Cons.Nac.). Para conseguir que se dejen sin efecto o se reduzcan los alimentos provisorios a través de apelación, la carga del alimentante es persuadir acerca de cómo, con los elementos de juicio considerados por el juzgado, es insostenible la cuota fijada (arg. art. 270 cód. proc.). Para la apreciación de circunstancias no tenidas a la vista por el juzgado, lo que corresponde es articular un incidente (art. 177 y sgtes. cód. proc.).

De todos modos, para relativizar la injusticia que el alimentante atribuye a la cuota provisoria, digo que la canasta básica alimentaria (que marca la línea de indigencia) para un adulto era en julio de 2020 (la sentencia es del 4/8/2020) de 5.929,29 (ver https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43-149), de modo que $ 5.062,50 para tres niños ni por asomo puede parecer irrazonable por excesivo (arts. 3 y 659 CCyC).

VOTO QUE NO (el 19/10/2020, art. 58 Código Iberoamericano de Ética Judicial).

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (arg. art. 266 del Cód. Proc.).

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto del juez Sosa (art. 266, cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación subsidiaria del 17/8/2020 contra la resolución del 4/8/2020, con costas al apelante infructuoso (arts. 69 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación subsidiaria del 17/8/2020 contra la resolución del 4/8/2020, con costas al apelante infructuoso y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 AC. 3845). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló.

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 09/11/2020 11:55:50 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:46:15 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2020 13:18:19 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2020 13:19:43 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20173795034@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27357982117@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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246900774002576772

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 566

                                                                                  

Autos: “FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDICITICA (LEY 12726) C/ALBANESE, ALFREDO ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -91490-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Walter Daniel Cantisani

20125458492@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Julio César Corbatta

20143703100@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDICITICA (LEY 12726) C/ALBANESE, ALFREDO ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -91490-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 26/10/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 14/9/2020 contra la resolución del 4/9/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. En los presentes el juzgado con fecha 4/9/2020 decidió no hacer lugar al planteo de “inejecutabilidad” de la vivienda embargada en base a la no aplicación al caso del artículo 456 del CCyC.

En la misma resolución entendió que mediante decisión del 11/6/2019 se resolvió lo referido a la suspensión de la ejecución de la vivienda única y familiar del deudor, indicando así que sólo restaba expedirse respecto de lo vinculado a la norma fondal citada.

2. Pero el decisorio del 11/6/2019 fue dejado sin efecto por resolución de cámara de fecha 11/12/2019. Por lo tanto quedan aún pendientes de decisión las presentaciones del demandado mencionadas por esta cámara en la resolución aludida y referidas a la aplicabilidad o no al caso de la ley 13.302 y sus sucesivas modificaciones y prórrogas, a saber: presentaciones de fs. 166/vta., 191/193, 196 y 197/199, teniendo también en cuenta la documental de fs. 178/190 y 194/195.

Ahora bien, en las aludidas presentaciones, el deudor hace referencia a su ex-cónyuge e incluso a su actual conviviente, a quienes entiende también le asisten derechos amparados por los artículos 456 y 522 del  CCyC.

Siendo, que los derechos de las mencionadas se podrían encontrar  involucrados en la presente incidencia y no han sido citadas al proceso corresponde tal proceder, a fin de darles la chance de ejercerlos.

De tal suerte, entiendo prematura la decisión recurrida sin la debida salvaguarda del derecho de defensa de las mencionadas e incluso a fin de evitar nulidades (arts. 2 y 15 de la CEDAW y  Recomendación General Nª 35 sobre violencia por razón de género contra la mujer, que actualiza la recomendación General Nª 19, Plano Judicial Pto. c.; 18, Const. Nac., 15 Consta. Prov. Bs. As. y 34.5.b., cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Para el juzgado, no es aplicable el art. 456 párrafo 2° CCyC, porque “…el demandado reconoce estar divorciado, merced a lo cual la protección de la vivienda familiar en el contexto de matrimonio no es aplicable. Y tampoco la referencia a la vivienda en que reside la unión convivencial, toda vez que no se ha acreditado su inscripción, ni siquiera ofreciendo prueba a tal fin, prueba que -además- había sido requerida desde el momento de la intimación.”

Hay un fundamento del juzgado que por sí solo puede sostener la decisión de no aplicar al caso esa norma y que no fue atacado concreta y razonadamente en el memorial: “…el demandado reconoce estar divorciado, merced a lo cual la protección de la vivienda familiar en el contexto de matrimonio no es aplicable. …”  No expuso argumentos el apelante tendientes a persuadir sobre la aplicabilidad de esa norma pese al divorcio (ver memorial, II.2; arts. 260 y 261 cód. proc.).

 

2- Una cosa es la inejecutabilidad del inmueble (ver considerando 1-) y otra es la suspensión temporaria de la ejecución de sentencia por razones de emergencia. A esto último apuntan las defensas desplegadas por el ejecutado a partir de fs.166 y subsiguientes, en cuanto a la aplicación de las leyes  13.302, 14.679 y 14.825,  las que, contrariamente a lo manifestado en la resolución ahora apelada,  no quedaron resueltas por el juzgado el 11/6/2019, porque esta decisión fue anulada por la cámara el 12/11/2019. Dicho sea de paso, no tuvo mayor sentido transcribir en el ap. II.5 del memorial del 26/9/2020 los agravios expresados el 25/9/2019 contra la sentencia anulada del 11/6/2019.

Sigo. Si la cámara el 12/11/2019 no trató esas defensas  fue porque consideró desplazado su análisis  (ver considerando 4- de mi voto a la 1ª cuestión, en ese acuerdo del 12/11/2019).  Tampoco puede expedirse ahora sobre ellas la cámara, si para el apelante persisten las razones expuestas en el considerando 3- de mi voto a la 1ª cuestión  en ese acuerdo del 12/11/2019 (ver ap. II.3 del memorial; art. 34.5.b cód. proc.).

En definitiva, sigue faltando una decisión expresa, positiva y precisa sobre ellas (art. 34.4 cód. proc.).

 

3- La situación consumeril no puede ser introducida en etapa de ejecución de sentencia para interferirla y, en todo caso, tiene abierta la chance el ejecutado para hacerla valer en otro proceso (ver ap. II.4 del memorial; art. 36 ley 24240; arts. 155,  509 último párrafo, 551 y concs. cód. proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias:

a- desestimar la apelación en cuanto a la inaplicabilidad del art. 456 párrafo 2° del Código Civil y Comercial;

b- estimar la apelación en cuanto el juzgado se abstuvo indebidamente de resolver sobre la suspensión de la ejecución por la normativa de emergencia invocada por el recurrente;

c- desestimar la consideración de la situación consumeril alegada por el apelante a los fines de interferir la ejecución de sentencia;

d- imponer las costas por su orden en cámara, atento el resultado dispar de la apelación (arts. 68 párrafo 2° y 556 cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

a- Desestimar la apelación en cuanto a la inaplicabilidad del art. 456 párrafo 2° del Código Civil y Comercial.

b- Estimar la apelación en cuanto el juzgado se abstuvo indebidamente de resolver sobre la suspensión de la ejecución por la normativa de emergencia invocada por el recurrente.

c- Desestimar la consideración de la situación consumeril alegada por el apelante a los fines de interferir la ejecución de sentencia.

d- Imponer las costas por su orden en cámara, atento el resultado dispar de la apelación.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los letrados intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 AC. 3845). Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen, a través de correo oficial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20).

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 09/11/2020 11:54:17 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:45:30 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2020 13:17:26 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/11/2020 13:18:45 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20125458492@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 20143703100@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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248900774002576557

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 547

Libro: 35– / Registro: 89

                                                                                  

Autos: “LASCOMBES MARIANA C/ SANCHEZ SERGIO HERNAN S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO”

Expte.: -90537-

                                                                                  

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “LASCOMBES MARIANA C/ SANCHEZ SERGIO HERNAN S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO” (expte. nro. -90537-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 15/10/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es  fundada la apelación del 2/9/2020 contra la regulación de honorarios del 21/8/2020?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. La resolución del 21/8/2020 reguló honorarios a los profesionales intervinientes dentro del marco de una incidencia en torno a la base regulatoria de autos respecto del valor de los bienes componentes del acuerdo de división (v. providencia del 30/10/2018); base pecuniaria que  quedó determinada en $7.983.550 mediante resolución  firme del  21/2/2020  (art. 15 de la ley 14.967).

El apelante centra sus agravios fundamentalmente  en la evidente la desproporción e incoherencia en la regulación cuestionada, entre el trabajo realizado  y la retribución fijada (escrito del 2/9/2020; art. 57 de la ley 14.967). Pero no he de soslayar que el honorario surge de multiplicar una base por una alícuota; y esa base se encuentra firme por no haber sido cuestionada por los interesados.

De todos modos, bien cabe destacar que se trata de una incidencia dentro de un proceso, por lo que la misma se circunscribe a un segmento de éste y por lo tanto de una entidad sustancialmente menor que aquél, aunque con una significación pecuniaria elevada en función de esa base regulatoria firme que asciende a $7.983.550 determinada mediante resolución incuestionada del  21/2/2020 (ver dos cédulas del 27/2/2020 y archivo adjunto del 18-08-2020;  arts. 15 y 16 y concs. de la ley 14.967).

2. Dentro de este contexto, las alícuotas promedio usuales de este Tribunal para casos similares serían del  17,5% (ver art. 16 antepenúltimo párrafo, ley 14.967; esta cám.  90619 sent. del 13/6/2019 “Wirz c/ Rodríguez s/ Escrituración” L.50 Reg. 217, entre otros); 50% por derivar de un acuerdo entre las partes (art. 9.II. ley cit.); 20% en tanto  la incidencia transitó  las dos etapas regladas en el art. 47.a ley 14967 en tanto hubo prueba pericial (-ver presentaciones del martillero Rabasa de fechas  12/6/2018, 29/6/2018  y 11/9/2018-; intermedia entre el 10% y el 30%; (esta cám 8/9/2020  90245 “Deglise c/ Díaz s/Daños y perjuicios” L. 51 Reg. 400, entre otros); pero estos valores resultarían elevados en relación a la tarea realizada -incidencia a regular-, produciéndose una evidente desproporción entre la retribución resultante y la entidad del trabajo cumplido. En estos casos, la normativa habilita a los jueces a restablecer la proporcionalidad perdida, recurriendo a la equidad (art. 1255, párrafo 2do, CCyC).

3. Es así que, sin dejar de valorar la tarea de los profesionales intervinientes en la incidencia en cuestión (art. 16 de la ley cit.), es necesario armonizar  la retribución  profesional que nos convoca, en  función del contexto donde se llevó a cabo y en relación a las retribuciones otorgadas por el proceso principal. Es que resultaría desproporcionado, contrario a todo sentido de equidad y justicia que, de acuerdo a las tareas llevadas a cabo en la incidencia, se retribuyeran ellas prácticamente con la misma suma que la del proceso principal, cuando no se advierte, ni se indicó que la regulación por el principal  fuera exigua;  y sí resulta elevada -en función de lo expuesto- la que resultaría para la incidencia, si se aplicaran las alícuotas habituales (arts. 2, 3, 9, 10 y 1255, CCyC). Justamente el legislador ha estatuido las alícuotas mínimas y máximas entre las cuales se deben mover los jueces, para adecuar las regulaciones a las circunstancias particulares de caso.

Siendo así, podría entonces ser adecuado a la equidad aplicar los  mínimos establecidos por la escala legal,   el 10% (en virtud de la escala del art. 21 de la ley 14.967), el 50% en tanto no se transitó todo un proceso de división de bienes sino que  se inició con un acuerdo (art.  9.II. ley cit.); y el 10% por tratarse de una trámite incidental (art. 47.a. de la  ley cit).

Es que no puede  aplicarse una alícuota que sea menor del mínimo de la escala arancelaria; y tal  -como ya se dijo-  el honorario resulta de multiplicar una base por una alícuota, pudiendo resultar alto el resultado final cuando la base sea elevada, como en el caso (arts. 2, 16, 21, 23 y concs. de la ley 14.967; art. 34.4.cpcc.; 1255 CCyC).

Entonces los honorarios para B., quedan establecidos en 21,35 jus  (base -$7.983.550-  x 10% x 50% x 10% = $39.917,75;  1 jus equivalente a $1870 según Ac. 3972 de la SCBA ) y 14,94 jus  para M., (base -$7.983.550-  x 10% x 50% x 10% x 70% = $27.942,42; 1 jus equivalente a $1870 según Ac. 3972 de la  SCBA ; arts. 2,   16, 21, 23 y concs. de la ley 14.967; 1255 CCyC); lo cual, respecto del primero de los mencionados queda dentro de los márgenes postulados por el apelante (ver memorial electrónico del 2/9/2020, foja 4ta., 2do. párrafo).

4. En lo que hace a los honorarios del martillero R.,,  los mismos   deben ser fijados considerando los parámetros establecidos por el art. 58 -tercer párrafo- de la ley 10.973 (texto según ley 14085),  por ello, dentro de  los límites fijados por la  norma (del 1% al 2% del valor asignado)  y en concordancia con la labor cumplida resulta equitativo fijar su retribución en el mínimo del 1%  del valor  de tasación, a fin de guardar -sin escapar de los parámetros legales- a una equitativa relación con los honorarios de los letrados intervinientes en todo el proceso (arts. 34.4. cpcc;  1255 del CCyC.), de manera que corresponde estimar  el recurso  del 2-09-2020 y reducir  sus honorarios a $79.835  (base -$7.983.550- x 1% =  $79.835).

5.1.  Por último, sin perjuicio de dejar a salvo mi postura respecto de la aplicación de la doctrina “Morcillo” (SCBA I-73016), en cuanto correspondiere, como lo he dicho en numerosos precedentes, he de resolver de acuerdo a postura mayoritaria (ver entre otros 26/8/2020 90511 “N.G. c/ M., M.D. s/ Alimentos” L. 51 Reg. 370; 19/6/2020 88202 “Moralejo,M.E. c/ Maldonado, E.R. s/ Nulidad de Escritura Pública” L. 51 Reg. 204),  resta fijar los honorarios  al abog. B., por su tarea ante esta instancia de fecha 3/10/2017 que originó la sentencia del 28/12/2017, en tanto si bien no se consignó en el informe de fecha 13/10/2020, la labor  surge de la compulsa de la causa (art.34.5.b. cpcc.)

5.2. Así , en función del art. 31 ley 14967 es dable regular los honorarios del letrado B., por su trabajo ante esta cámara aplicando una alícuota del 25 % sobre la escala aplicable al proceso, resultando un honorario de 93,39  jus  (base -$7.983.550-  x  17,5 % x 50% x 25% = $174.640;  1 jus equivalente a $1870 según Ac. 3972 de la SCBA; art.16.a ley 14967; arts. 3 y 1255 CCyC).

 

6. En suma corresponde estimar el recurso del  2/9/2020 contra la regulación de honorarios del 21/8/2020 y reducir los honorarios de los  abogs. B., a 21,35 jus y M., a 14,92 jus.; y los del martillero R., a  $79.835.

Y regular honorarios al abog. B., por su tarea ante esta instancia en 93,39 jus.

ASI LO VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Con excepción de la salvedad formulada por la jueza Scelzo respecto su  postura cuanto a la doctrina “Morcillo”, toda vez que me he plegado a la opinión mayoritaria, en lo demás adhiero al voto que antecede.

ASÍ LO VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Habiendo ya mayoría y atenta la índole de mi intervención, me sumo con la misma salvedad hecha por el juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde:

1. Estimar el recurso del  2/9/2020 contra la regulación de honorarios del 21/8/2020 y reducir los honorarios de los  abogs. B., a 21,35 jus y M., a 14.92 jus, respectivamente, y los del martillero R., a  $79.835.

2. Regular honorarios al abog. B., por su tarea ante esta instancia en 93,39 jus.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

1. Estimar el recurso del  2/9/2020 contra la regulación de honorarios del 21/8/2020 y reducir los honorarios de los  abogs. B., a 21,35 jus y M., a 14.92 jus, respectivamente, y los del martillero R., a  $79.835.

2. Regular honorarios al abog. B., por su tarea ante esta instancia en 93,39 jus.

Regístrese.  Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 28/10/2020 11:17:55 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 28/10/2020 12:51:31 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 28/10/2020 13:20:00 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 28/10/2020 13:21:40 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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239800774002566443

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí

                                                                                  

Libro: 51–  / Registro: 549

                                                                                  

Autos: “BANCO DE LA PAMPA C/TRANS NAVI CASBAS SRL S/COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -92053-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Oscar Alfredo Ridella

20133286080@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “BANCO DE LA PAMPA C/TRANS NAVI CASBAS SRL S/COBRO EJECUTIVO”  (expte. nro. -92053-) , de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 26/10/2020,  planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación subsidiaria interpuesta el 7 de mayo de 2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Los enunciados que ataca el apelante, no surten una decisión actual de rechazo a la reinscripción de la inhibición solicitada. No obstante los nuevos fundamentos vertidos, al desestimar la reposición (v. interlocutoria del 25 de agosto de 2020).

Acaso arriesgan –en tarea impropia– anticipando un escenario que, por lo que fue decidido, en el presente no convoca a aplicarlos.

Cierto que la jueza, para decir lo que dijo, se apoyó en un precedente propio, emitido en la causa 2874/99 (numeración del juzgado de paz letrado). Pero se trata de los autos ‘Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Ibarra, Oscar Francisco y otra s/ cobro ejecutivo’, donde su resolución del 16 de diciembre de 2019, por la cual desestimó en esa oportunidad una cautelar, con argumentaciones cercanas a las que reproduce ahora en la decisión que se apela, fue revocada por esta alzada el 22 de julio de 2020. La causa puede consultarse en el L. 51 Reg. 289.

En definitiva, cabe evocar, por un lado que no es función de la judicatura emitir pronunciamientos abstractos (S.C.B.A., L. 120339, sent. del 21/6/2018, ‘Figueredo, Gabirela Edith contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial’, en Juba sumario B9129). Y por el otro, que como director del proceso, el órgano  judicial debe garantizar la defensa, pero no ejercerla ‘desplazando’ al interesado (esta alzada, causa 91989, sent. del 30 de septiembre de 2020, ‘Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A  c/ Romero Arnoldo Rolando s/ accion de secuestro (Art.39 Ley 12962)’, L. 51, Reg. 466, voto del juez Sosa).

Así las cosas, las expresiones de la jueza que el apelado impugna, como fueron pronunciadas, carecen de razonabilidad, (arg. art. 3 del Código Civil y Comercial).

Por ello, corresponde estimar el recurso de apelación interpuesto y revocar la decisión cuestionada, en cuanto fue motivo de agravios.

Las costas de esta segunda instancia deben ser impuestas a la parte accionada  (arts. 77 párrafo 1° y 556 del Cód. Proc.), lo que no descarta que los interesados consideren la posibilidad de descargarlas sobre quien estimen las pudiera haber provocado injustificadamente (arts. 1716, 1765, 1766 y concs. del Código Civil y Comercial).

VOTO POR LA AFIRMATIVA

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri porque creo que la resolución apelada es desacertada.

Hacer lugar por única vez al pedido de  reinscripción de medidas cautelares, importa  decidir ahora sobre pedidos futuros aún no efectuados, o sea, importa decidir de modo incongruente y por ende de manera nula (art. 34.4 cód. proc.).

Si el juzgado considera que la reinscripción de cautelares no hace avanzar el proceso y cree procedente una declaración de caducidad de instancia de oficio, pues que así lo decida conforme a derecho (art. 316 cód. proc.).

Por fin, nótese que el debido proceso podría ser colocado en riesgo si la imparcialidad y la independencia de los jueces quedaran comprometidas ejerciendo de oficio la defensa de los intereses del accionado (art. 75.22 Const.Nac. y 8.1 “Pacto San José de Costa Rica”).

Así es que corresponde dejar sin efecto la resolución apelada en todo cuanto excede de la orden de reinscripción de medidas cautelares.

VOTO QUE SÍ.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Con arreglo al resultado obtenido al tratarse la cuestión anterior, corresponde revocar el tramo de la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios. Con costas de esta instancia como se indica en la parte final del voto precedente.

ASÍ LO VOTO         

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Revocar el tramo de la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios.; con  costas de esta instancia como se indica en la parte final del voto que abre el acuerdo.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en el domicilio  electrónico constituido por el letrado interviniente, inserto en la parte superior  (art. 11 AC. 3845) Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado de Paz Letrado de Guaminí, a través de correo oficial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). La jueza Silvia E. Scelzo no participa por hallarse excusada.

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 29/10/2020 11:36:47 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 29/10/2020 13:14:02 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 29/10/2020 13:25:34 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

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