Juzgado en lo Civil y Comercial N°2 – Dpto. Judicial de La Plata

La Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 2da., en causa 131.687 caratulada “PISACO Celestino Cesar c/ CAJA DE SEGUROS S.A. s/ Cumplimiento de Contratos Civiles-Comerciales”, con fecha 7/6/22 dictó sentencia revocando sentencia de grado y en su consecuencia rechazando la defensa de prescripción de la acción.-

La sentencia de la primera instancia había rechazado el reclamo del cobro de seguro de vida colectivo, entendiendo que se encontraba cumplido el plazo de prescripción anual (1) de la Ley Nacional 17.418.-

La instancia revisora no compartió el criterio, entendiendo que en el caso se encuentra ante una relación del consumidor y que el plazo que debe ser computado es el de cinco (5) años.-

En lo esencial sostuvo la Cámara que “… Conforme lo dispuesto por el art. 153 y siguientes de la ley 17.418, la actora resulta ser la parte adherente y beneficiaria eventual del seguro, compartiendo tal carácter con un conjunto de personas que mantienen vínculo con el tomador, en este caso, todos los empleados del citado Ministerio.- En este tipo de seguros colectivos el papel del beneficiario se limita a la adhesión a las cláusulas dispuestas por el tomador y la aseguradora, descontándosele la prima de sus haberes mensuales… Nos encontramos frente a una relación de consumo que debe estar protegida por las normas relativas al derecho consumeril (arts. 1, 2 Ley 24.240; 7, 1092, 1093, 1094, 1095 sig. Y conc. CCyC).- 5.2- Respecto del plazo de prescripción en particular, y en función a lo determinado, cabe reemitirse a los antecedentes de ésta Sala que han abordado el tópico y de los cuales surge el mismo demandado que en estas actuaciones (Causa 123.654 caratulada “Ibañez Graciela Mariana c/ Caja de Seguros SA s/ Cobro Sumario de Sumas de Dinero” 22/11/18 RSD 337-18 voto del Dr. Banegas; y causa 129881 caratulada “Prado Roberto Daniel c/ Caja de Seguros SA s/ Daños y Perjuicios” 7/9/21 RSD 188-21 voto Dr. Hankovits)… deviene necesario indicar que el plexo tuitivo de consumo asume el carácter transversal dado que, frente a una relación de consumo, expande sus efectos a los regímenes particulares que atrapan la situación jurídica específica donde se desarrolló la misma.- Y dicho estatuto, desde un plano vertical en relación con la ley especial de seguros, posee preponderancia sobre ésta en razón de su jerarquía constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 de la Const. De la Prov. de Bs. As.), y desde una perspectiva horizontal es además claro por mandato legal, que en caso de duda hay que estar una interpretación más favorable al consumidor (art. 3 Ley 24.240 y 1094 CCyC); ello máxime cuando en materia prescriptiva rige, como ha sido dicho, un criterio restrictivo.- Esta hermenéutica se ajusta igualmente al requerimiento legal del dialogo de fuentes (art. 2 CCyC). Consecuencia de ello es que concluyo en que debe aplicarse a este tipo de acciones judiciales derivadas de relaciones de consumo, el plazo de prescripción de cinco años establecido en el CCyC (art. 2560)…”.-

El fallo in extenso lo puede ubicar en la Mesa de Entradas Virtual del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (www.scba.gov.ar), en el set correspondiente a la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala Segunda, por número de causa o carátula.-

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, con fecha 29/3/22 en causa “DOMINE Evangelina c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente” Expediente 4500-22, resolvió por mayoría hacer lugar a la medida cautelar solicitada, disponiendo de las cuotas del crédito no podrán superar el 30 % de los ingresos que perciba la actora.-

En lo esencial ha establecido “… los contratos nacen para ser cumplidos y se ejecutan y cumplen de buena fe, pero de ninguna manera se puede llevar al extremo de que por cuestiones ajenas a las partes, se conviertan en contratos de imposible cumplimiento, pues someter al deudor financiero a tener que afectar la mayoría de su ingreso mensual al pago del crédito, que inicialmente resultaba pagable según sus ingresos y luego del transcurso del tiempo y por circunstancias ajenas a la relación habida entre las partes, se convirtieron de difícil cumplimiento, lo que hace necesario un replanteo o reformulación del negocio económico jurídico en miras de lograr un debido equilibrio, razonabilidad y no afectación de los derechos del tomador del crédito.- No debemos dejar de mencionar que el marco fáctico imperante alrededor del consumidor financiero, hizo necesario el dictado de diferentes normas y resoluciones que tuvieron en miras la protección estatal de los consumidores, que se vio profundizada por la llegada de la pandemia y el desequilibrio económico que afectó de manera directa a los consumidores, que se encontraron desprotegidos.- Un análisis claro de la normativa aplicable a nuestro caso ha sido realizado la Dra. Kukva Vanesa E., en un comentario al fallo “P.S.C.C. c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ Relación de Consumo” del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario nro. 12, quien sostuvo que “es importante decir que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el encargado de regular el funcionamiento de los bancos comerciales, según la ley 21.526, siendo encargado de velar por los derechos de los usuarios en sus operaciones de servicio financiero.- En nuestro fallo se mencionad el rol importante del BCRA al momento de darle protección a los consumidores financieros en la comunicación A 6157 establece que en financiaciones a personas humanas se debe tener en cuenta la relación cuota/ingreso para que el deudor pueda afrontar posibles incrementos en el importe de las cuotas sin afectar su capacidad de pago, teniendo en cuenta que sus ingresos pueden no seguir la evolución de la unidad de valor adquisitivo actualizable por CER (UVA) ni la del CVS.- Por su parte la Comunicación A 6080 establece similares previsiones respecto de otras variables de ajuste.- Finalmente la Comunicación A 7156 establece que “los usuarios de servicios financieros tienen derecho, en la relación de consumo respectiva, a la protección de su seguridad e intereses económicos; recibir información adecuada y veráz acerca de los términos y condiciones de los servicios que contraten, así como copia de los instrumentos que suscriban; la libertad de elección; y condiciones de trato equitativo y digno.- Los sujetos obligados deberán adoptar las acciones necesarias para garantizar estos derechos a todos los actuales y potenciales usuarios de los servicios que ofrecen y prestan, de manera de asegurarles las condiciones igualitarias de acceso a tales servicios”.- A lo dicho cabe añadir la Resolución 9/2004 dictada por la Secretaria de Coordinación Técnica de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que en su Anexo III enumera el listado de cláusulas abusivas de los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios financieros o bancarios…”.-

El fallo in extenso lo puede consultar en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) del Poder Judicial Provincial (www.scba.gov.ar) y luego en el link correspondiente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino.-

GENERAL DE JUSTICIA

Resolución General 3/2022

RESOG-2022-3-APN-IGJ#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2022

VISTO:

El dictado de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y sus modificatorios, 287/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020, 956/2020, 985/2020, 1033/2020, 4/2021, 67/2021, 125/2021, 167/2021, 168/2021, 235/2021, 241/2021, 287/2021, 334/2021, 381/2021, 411/2021, 455/2021, 494/2021, 678/2021 y las Resoluciones Generales IGJ Nº 14/2020, 38/2020, 51/2020, 05/2021, 11/2021 y 20/2021; y

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que la emergencia comprendió especialmente la situación de los planes de ahorro previo bajo la modalidad de “grupos o círculos cerrados” habida cuenta del fuerte incremento del precio de los automotores objeto de los planes, registrado como consecuencia de la devaluación producida en el año 2018 y la subsiguiente después de agosto de 2019, y que por la funcionalidad propia del sistema impacta directamente en las cuotas de ahorro y amortización que deben pagar los suscriptores y genera dificultades para afrontar los pagos, lo que pone en crisis el sistema como medio de acceso masivo a los bienes de consumo durables.

Que en el marco de la manda legal formulada en el art. 60 de la mencionada ley se efectuaron reuniones para tratar la problemática con la participación del Banco Central de la República Argentina, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo productivo y la Subsecretaría de Acciones para la defensa de las y los consumidores dependiente del Ministerio y Secretaría mencionados.

Que la crisis económica en que se encontraba el país, y que motivó el dictado de la Ley Nº 27.541, se vio agravada por las excepcionales circunstancias epidemiológicas vinculadas con la propagación del virus Sars-Cov-2, que diera lugar a la declaración de pandemia por Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Que con el objetivo de mitigar la propagación del virus y su impacto sanitario se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 a través del cual se amplió la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541 por el término de un (1) año a partir de la vigencia del decreto.

Que a fin de proteger la salud pública se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio de todas las personas residentes en el país restringiendo fuertemente las actividades comerciales y la circulación de personas, el que fue prorrogado por Decreto Nº 325/2020.

Que en ese contexto la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA dictó la Resolución General IGJ Nº 14/2020 que estableció la opción hasta el 30 de agosto de 2020 por un régimen de diferimiento del pago de determinado porcentual de la cuota de ahorro y/o amortización dirigido a la cartera contractual integrada por contratos agrupados con anterioridad al 30 de septiembre de 2019, afectados por el impacto de las devaluaciones de ese año y del anterior, a los fines de que los suscriptores puedan cumplir con sus obligaciones en condiciones que les permita la continuidad de sus contratos; como así también la posibilidad de acceder a una disminución del precio del bien tipo a través del beneficio de la bonificación de un determinado porcentaje de la parte de la cuota cuyo pago se difiera, en favor de suscriptores de planes cuyo objeto sean los modelos –o sustitutos de ellos- de vehículos de menor gama o utilitarios identificados en el Anexo a la norma; la posibilidad de la reactivación del plan de aquellos suscriptores con contratos extinguidos por renuncia, rescisión o resolución a partir del 1º de abril de 2018; la suspensión del inicio de ejecuciones prendarias hasta el 30 de septiembre de 2020, y otras disposiciones adicionales adoptadas a fin de favorecer la continuidad de los contratos y la transparencia del sistema como condonaciones de intereses punitorios, eximición de determinados gastos prendarios, suspensión de la aplicabilidad de límites contractuales para rechazar adjudicaciones o dejar vencer plazos para aceptarlas, difusión del régimen de diferimiento y clarificación de los gastos de entrega de los vehículos que se adjudicaran.

Que el agravamiento de la situación epidemiológica hizo necesario, en primer término, prorrogar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020 manteniendo las medidas de restricción de actividades comerciales y de circulación de personas con el agravamiento, para luego, a través de los decretos 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020, 956/2020, 985/2020, 1033/2020, 4/2021, 67/2021 y 125/2021, diferenciar distintas áreas geográficas del país, permaneciendo algunas en aislamiento social, preventivo y obligatorio, pasando otras a una etapa superadora de distanciamiento social, preventivo y obligatorio y en la evolución de la pandemia algunas jurisdicciones regresaron a la etapa anterior de aislamiento a la vez que se implementaban políticas públicas tendientes a iniciar el proceso de vacunación simultánea en todo el territorio del país y, posteriormente, las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio devinieron en diversas medidas preventivas focalizadas a la contención de contagios, entre otras, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio que fueron dictadas y prorrogadas a través de los Decretos Nº 167/2021, 168/2021 y 235/2021, 241/2021, 287/2021, 334/2021, 381/2021, 411/2021, 455/2021 y 494/2021.

Que la prolongación en el tiempo de la situación descripta fue atendida por la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA a través de las Resoluciones Generales IGJ Nº 38/2020, 51/2020, 5/2021, 11/2021 y 20/2021 que extendieron el plazo para el ejercicio de la opción de diferimiento otorgada originariamente por la Resolución General IGJ Nº 14/2020 hasta el 31 de marzo de 2022 y ampliaron el universo de suscriptores que podían acceder al mismo, manteniendo asimismo otros dispositivos adicionales para favorecer la preservación de la capacidad de pago de los suscriptores y el funcionamiento del sistema.

Que, en el contexto actual, verificándose la subsistencia de ciertas condiciones desfavorables para los suscriptores se torna necesario extender nuevamente la medida oportunamente dictada, tendiente a preservar la capacidad de pago de los suscriptores de planes de ahorro previo, que permitan la continuidad de sus contratos así como el cumplimiento del objeto y la preservación del sistema y en ese sentido, resulta imprescindible continuar acompañando a aquellos suscriptores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad a fin de morigerar el impacto económico que había generado la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 27.541, luego agravada en razón de la pandemia por corona virus.

Que en atención a ello, resulta pertinente ampliar los alcances del régimen de diferimiento y otros dispositivos previstos en la Resolución General IGJ Nº 14/2020, habida cuenta de que la prolongación en el tiempo de las excepcionales circunstancias epidemiológicas que han afectado el poder adquisitivo de los suscriptores de planes de ahorro, resultando menester ampliar el universo de suscriptores con acceso al régimen de diferimiento previsto en la Resolución General IGJ Nº 14/2020, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nº 38/2020, 51/2020, 5/2021, 11/2021 y 20/2021, a fin de que los suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contratos agrupados hasta la vigencia de la presente resolución, como asimismo aquellos suscriptores con contratos extinguidos desde el 1º de abril de 2018 hasta la fecha de vigencia de la presente resolución, puedan acceder al régimen de diferimiento, procediendo en consecuencia ampliar hasta el 30 de septiembre de 2022 el plazo para ejercer la opción de acceder a dicho régimen.

Que, es igualmente necesario disponer la ampliación, también hasta el 30 de septiembre de 2022, de la condonación de intereses punitorios y de la inaplicabilidad del límite previsto en los contratos para que el suscriptor rechace las adjudicaciones o deje vencer el plazo para su aceptación, que se contemplan en los incisos 2° y 4° del art. 7° de la Resolución General IGJ N° 14/2020 conforme a su texto vigente, como así también explicitar el mantenimiento de los restantes dispositivos establecidos en vigencia de la normativa dictada.

Que relacionado a la suspensión del inicio de ejecuciones prendarias que había sido dispuesta y prorrogada respectivamente por la Resolución General IGJ N° 14/2020 y sus subsiguientes n° 38/2020 y n° 51/2020 y que cesó el 30 de abril de 2021 a raíz del dictado de la Resolución General IGJ N° 5/2021, procede mantener la exigencia de aplicación de mecanismos conciliatorios, a los que aluden las Resoluciones Generales IGJ Nº 5/2021, 11/2021 y 20/2021, tendientes a procurar evitar el inicio de las mismas, a saber, la obligación de las sociedades administradoras de instar previamente tratativas extrajudiciales con los suscriptores y sus garantes, como así también, de no arrojar éstas resultado positivo, notificar expresamente y por escrito a los mismos de su derecho a recurrir al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo y en su caso al procedimiento ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo instituidos por la Ley N° 26.993; debiendo explicitarse que se entiende comprendido en ese derecho el de recurrir a los servicios implementados por las jurisdicciones locales de Defensa del Consumidor que no hubieren adherido a la Ley Nº 26.993; ámbitos en todos los cuales será obligatorio para las sociedades administradoras concurrir a las audiencias, instancias o diligencias que correspondan y colaborar activamente en alcanzar una solución adecuada.

Que el Departamento Control Federal de Ahorro y la Direccion de Sociedades Comerciales han tomado la intervención que le cabe.

POR ELLO y lo dispuesto por los arts. 174 de la Ley N° 11.672 (t.o. 2014) y 9° inc. f) de la Ley N° 22.315,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Prorrógase hasta el 30 de septiembre de 2022 el plazo de vencimiento del ofrecimiento de diferimiento previsto en el artículo 1º de la Resolución General Nº 14/2020, modificada por Resoluciones Generales IGJ Nº 38/2020, 51/2020, 5/2021, 11/2021 y 20/2022, a los suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contratos cuyo agrupamiento se haya producido hasta la fecha de vigencia de la presente resolución y a los suscriptores con contratos extinguidos por renuncia, rescisión o resolución desde el 1º de abril de 2018 hasta la fecha de vigencia de la presente resolución. Al efecto las sociedades deberán adecuar a la presente prórroga el formulario de opción aprobado por Resolución General IGJ Nº 14/2020 como Anexo II.

ARTÍCULO 2°: Prorróganse hasta el 30 de septiembre de 2022 los plazos establecidos en el artículo 7º incisos 2° y 4° de la Resolución General IGJ Nº 14/2020 y modificatorias.

ARTÍCULO 3º: Mantiénense durante la prórroga dispuesta en los artículos anteriores las obligaciones establecidas en los artículos 8º y 9º de la Resolución General IGJ N° 14/2020.

ARTÍCULO 4°: Previo al inicio de ejecuciones prendarias, las sociedades administradoras deberán realizar tratativas extrajudiciales con los suscriptores y sus garantes, y en caso de no arrojar ellas resultados positivos, notificarlos expresamente y por escrito del derecho de los mismos a recurrir al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo y en su caso al procedimiento ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo instituidos por la Ley N° 26.993, o a los servicios implementados por las jurisdicciones locales de Defensa del Consumidor que no hubieren adherido a la mencionada ley; ámbitos en los cuales será obligatorio para las sociedades administradoras concurrir a las audiencias, instancias y diligencias que correspondan conforme a los procedimientos aplicables y en general colaborar activamente para alcanzar una solución adecuada para los diferendos.

ARTÍCULO 5°: Esta resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6º: Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuníquese oportunamente a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos y respectivas Oficinas del Organismo y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase a la Delegación Administrativa. Oportunamente, archívese.

Por medio de la Resolución SC Nº 492/22, la Suprema Corte de Justicia dispuso que a partir del 18 de abril de 2022 todos los organismos jurisdiccionales de la Administración de Justicia, así como los órganos de gobierno de la propia Corte y los Registros Públicos, deberán librar indefectiblemente los oficios en formato digital a la Dirección Nacional de Migraciones, a través del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas (PyNE).

Tales oficios serán dirigidos al domicilio electrónico mesadeentrada@migraciones.gov.ar de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), creado en el marco del Registro de Domicilios Electrónicos y vigente desde el 20 de diciembre de 2020. Las respuestas, a dichos oficios judiciales, también serán incorporadas y remitidas por la citada Dirección Nacional en el sistema de PyNE.

Dicha modalidad tecnológica también se implementará en las actuaciones administrativas que la Justicia de Paz, Juzgados Civiles y Comerciales en sedes descentralizadas y los Registros Públicos realicen como autoridades judiciales competentes y habilitadas en el otorgamiento de autorizaciones expresas para el egreso de menores del país. -

La Ley Impositiva año 2022 en su artículo 78 (Ley Provincial 15.311) dispone que la tasa de justicia en su monto mínimo o para todo juicio de monto indeterminado será de $ 145- (pesos ciento cuarenta y cinco).-

La Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 2da., en causa “ISAREL SILICARO Osvaldo Juan c/ MONZON Liliana Edith s/ Cobro Sumario” Causa 270.022, de fecha 10/12/21 confirmó el rechazo de embargo solicitado sobre haberes previsionales.-

En tal sentido sostuvo “… En efecto, tratándose de haberes jubilatorios correspondientes a trabajadores autónomos, en relación de dependencia y los de cualquiera de los Poderes del Estado Nacional, comprendidos en el sistema previsional único regulado por la ley 24.241 (art. 2), rige el principio de la inembargabilidad de las prestaciones, que sólo puede ceder siempre de que se trate de retenciones o cuotas en concepto de alimentos y litisexpensas (art. 14 inc. c) ley 24.241, ésta Sala causa 273.607 resol. del 23-X-2020; 274.430/1 resol. del 17-XI-2020; 272.213/1 resol. del 2-III-2021).- En la especie, el reclamo objeto de autos – deuda en concepto de resúmen impago de tarjeta de crédito (v. fs. 2/20)-, así como los rubros que incluyen la condena en costas, no configuran ninguno de los dos supuestos que excepcione la inembargabilidad absoluta consagrada por el régimen de jubilaciones y pensiones vigente…”.-

El fallo in extenso lo ubica en la Mesa de Entradas Virtual del Poder Judicial Provincial, en el set correspondiente a la Cámara de Apelaciones y Sala.-

La Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 2da., en causa “FINANPRO S.R.L. c/ LIUZZI Dalma Yanina s/ Cobro Ejecutivo” causa 276.785, de fecha 23/12/21 confirmó sentencia de grado en lo que recepto el beneficio de gratuidad del consumidor en los proceso de ejecución de pagarés de consumo y comprensivo del criterio amplio que incluye las costas del proceso.-

Sostuvo “… en vista del razonamiento seguido por la Corte Nacional, y al margen de otras consideraciones que pudieran efectuarse en el caso, corresponde entonces determinar que el llamado beneficio de justicia gratuita que le asiste a los consumidores y usuarios, además de la imposibilidad de gravar el acceso a la justicia con imposiciones económicas tales como el pago de tasas, sellados u otros cargos, comprende la eximición de abonar el pago de las costas originadas en el proceso, y ello -claro está- sin perjuicio del incidente de solvencia que podrá eventualmente articular la contraria para hacer cesar la eximición (arg. art. 42 Const. Nac.; 53 Ley 24.240; art. 25 Ley 13.133; 82 y cc. CPCC; CSJN causa “ADDUCC” cita.).- En consecuencia, la decisión que -como en el caso- exime al consumidor o usuario de afrontar todos los costos y costas que irrogue el proceso -en el caso de que efectivamente se determine la aplicación en la especie del plexo consumeril (SCBA causa A 70.572 resol. del 26 – X – 2010) se ajusta a derecho y debe ser confirmada…”.-

El fallo in extenso lo ubica en la Mesa de Entradas Virtual del Poder Judicial Provincial, en el set correspondiente a la Cámara de Apelaciones y Sala.-

El presente se corresponde con el informe estadístico correspondiente a los actos procesales registrables (sentencias definitivas, sentencia interlocutoria -declaratoria herederos, inscripción de bienes, sentencia trance y remate, resoluciones cautelares, citación de terceros, etc- y regulaciones de honorarios) que corresponden a éste Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 de La Plata.-

El resumen se realiza conforme la información registrada en sistema oficial Augusta de la SCBA, conteniendo sólo los actos registrables y no las providencias simples.-

AÑO 2017      

Sentencia definitiva: 199

Sentencia interlocutoria: 1396

Regulación de Honorarios: 546

AÑO 2018

Sentencia definitiva: 240

Sentencia interlocutoria: 1186

Regulación de Honorarios: 482

AÑO 2019

Sentencia definitiva: 306

Sentencia interlocutoria: 2055

Regulación de Honorarios: 839

AÑO 2020

Sentencia definitiva: 187

Sentencia interlocutoria: 1412

Regulación de Honorarios: 806

AÑO 2021      

Sentencia definitiva: 157

Sentencia interlocutoria: 1619

Regulación de Honorarios: 634

NOTA ACLARATORIA: Las modalidades de trabajo derivadas de la pandemia Covid 19 comenzaron con la Res. SCBA 386/20 con fecha 20/3/20.-

A través de la Resolución SC Nº 1578/21 la Suprema Corte de Justicia, con la asistencia de la Procuración General, estableció los supuestos de intervención del Ministerio Público Fiscal en asuntos no pertenecientes a los fueros Penal y Penal Juvenil.
Ello de conformidad con las normas que la rigen en el Código Civil y Comercial de la Nación; el Código Procesal Civil y Comercial; la Ley Nº 24.522 de Concursos y Quiebras; y las leyes Nº 24.240 y Nº 13.133 relativas a la defensa de los derechos de usuarios y consumidores.
A su vez se fijan los supuestos en que puede intervenir en los procesos debidamente inscriptos en el registro creado por el Acuerdo Nº 3660, en los que se litiguen derechos de incidencia colectiva en general, concernientes a la protección del ambiente o la tutela de usuarios de servicios públicos y de infraestructuras públicas.
También se contempla la posibilidad de solicitar la intervención del Ministerio Público Fiscal para que dictamine en los procesos en los que se controvierta la constitucionalidad de una ley, que tramiten sin la participación del órgano competente para la defensa de su validez, siempre que no se afectare la celeridad y economía de las tramitaciones, estuvieren en juego derechos no disponibles y se tratare de cuestiones jurídicas complejas o novedosas, de acuerdo a la sana discreción del juez o tribunal.-

Por medio de la Resolución SC Nº 1588/21, la Suprema Corte de Justicia estableció que a partir del 27 de septiembre del corriente año todos los organismos jurisdiccionales de la Administración de Justicia, así como los órganos de gobierno de la propia Corte y los Registros Públicos, deberán librar indefectiblemente los oficios en formato digital al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a través del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas.