Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen:

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 115

                                                                                  

Autos: “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/CARRUEGO, ANGELA ESTELA Y OTROS S/EJECUCIÓN PRENDARIA”

Expte.: -91367-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintiún días del mes de abril  de dos mil veinte, celebran telemáticamente  Acuerdo  Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/CARRUEGO, ANGELA ESTELA Y OTROS S/EJECUCIÓN PRENDARIA” (expte. nro. -91367-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 1/4/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿son procedentes las apelaciones subsidiarias electrónicamente presentadas los días 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2019 contra las resoluciones de fechas 1 de octubre y 28 de noviembre de 2019, respectivamente?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

1.  Para decidir acerca de las apelaciones subsidiarias en estudio, considero necesario hacer un breve síntesis de lo sucedido en los presentes autos desde sus inicios.

Veamos: la actora promueve demanda por ejecución prendaria con fecha 15 de mayo de 2019. El a quo, previa vista al fiscal, resuelve el 19 de junio de ese mismo año que, tratándose de una relación de consumo, el presente proceso debe tramitar según la normativa del juicio sumarísimo.

En suma,  no habilita la vía ejecutiva por tratarse de una relación de consumo.

Esa resolución es apelada en subsidio por la actora y este Tribunal resuelve el 6 de septiembre de 2019 revocar la decisión apelada, debiendo el juzgado previamente examinar si se habían cumplido en el caso o no las exigencias del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Para así decidir consideró que, el juzgado se había enrolado en una de las posturas seguida por una parte de la jurisprudencia provincial en cuanto a que verificada la existencia de una relación cosumeril, debía descartarse la vía ejecutiva y acudirse al trámite de los procesos sumarios o plenarios abreviados.

Para luego hacer la advertencia que, posteriormente a lo resuelto por el a quo, el 14 de agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia provincial a través del Acuerdo 121.684, autos “Asociación Mutual Asis c/ Cubilla, María Ester s/ cobro ejecutivo” se había expedido al respecto, a fin de sentar doctrina legal que brindara seguridad jurídica, teniendo en cuenta las diferencias interpretativas sobre el tema.

Vale recordar que en esa oportunidad la SCBA se expidió acerca de un pagaré de consumo, decidiendo que el título puede ser integrado con la documentación adicional relativa al negocio causal acompañada por el ejecutante, admitiendo la complementación del título y la consiguiente posible preparación de la vía ejecutiva.

En otras palabras la SCBA, aun tratándose de una relación de consumo,  admitió la posibilidad de abrir  la vía ejecutiva, examinando instrumentos complementarios al título en ejecución. Y en el supuesto que ese título integrado de ese modo o autónomamente, satisfaga también las exigencias del art. 36 de la LDC, podrá darse curso a la ejecución; es decir que permitió aplicar el artículo 36 de la ley mencionada sin desvirtuar el objeto de la pretensión ejecutiva articulada en el proceso.

Fue así  como, en función de la doctrina de la SCBA, este Tribunal resolvió que la decisión del 19 de junio de 2019 era prematura, indicándole al juzgado que debía examinar si en el presente caso se cumplían o no con la exigencias del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.

1.2. En virtud de lo resuelto por esta Cámara, es que el juzgado decide el 1 de octubre intimar a la parte actora para que en el término de cinco (5) días, integre el contrato con la documentación respectiva, o de lo contrario, acredite que la causa subyacente del instrumento base de la presente acción no es una relación de consumo (arts. 36 de la ley 24.240, arts. 34, 36 del CPCC, arts. 1092, 1093, 1094 y 1095 del CCCN).

Esa decisión fue objeto de recurso de revocatoria con apelación en subsidio con fecha 20-11-2019, siendo éste uno de los recursos que hoy nos convoca.

2.1. De la lectura de los agravios de la actora se advierte que el ejecutante insiste, al igual que en la apelación subsidiaria anterior de fecha 27-6-2019, en que ha cumplido con los requisitos del art. 36 de la ley 24.240 y que se encuentran resguardados los derechos del consumidor acorde a las prescripciones de su régimen protectorio (Ley 24240). Solicitando se revoque la resolución apelada, y se disponga la vía ejecutiva de acuerdo a lo solicitado en demanda.

2.2. Ahora bien, en el particular caso que nos ocupa, no es de soslayar que el juez de la instancia inicial, al rechazar la revocatoria planteada y conceder la apelación en estudio, vuelve a fundamentar su decisión en que no corresponde la vía ejecutiva por tratarse de una relación de consumo, pero, sin analizar lo manifestado por el ejecutante para verificar si podría corresponder o no la ejecución solicitada por estar cumplidos los recaudos del artículo 36 de la LDC,  tal como lo sostiene éste y  fue admitido por la SCBA en la causa “Asociación Mutual Asis” referenciada.

2.3. Entonces, si bien es correcta la decisión apelada de intimar a la parte actora para que cumplimentara los recaudos del artículo 36 de la LDC, no fue acertada la postura del ejecutante al intentar cumplimentar lo requerido o bien expresar que ya se habían cumplido, a través de una revocatoria con apelación subsidiaria; en otras palabras, si la parte ejecutada entendía que con las constancias incorporadas a la causa, el juzgado estaba en condiciones de analizar los recaudos de la pretensión ejecutiva junto con las exigencias del artículo 36 de la LDC, así debió expresarlo en lugar de pretender que se revocara la decisión en crisis.

Y, si bien pudo el juzgado –por razones de economía procesal- revisar el cumplimiento de los requisitos en cuestión a tenor de lo manifestado por el accionante –a pesar de no ser la vía adecuada la reposición-, volvió a rechazar la revocatoria y concedió la apelación, basándose nuevamente en que no sería posible la vía ejecutiva por tratarse de una relación de consumo.

 

3. Así las cosas, y en pos de encausar el proceso, no veo motivo que justifique revocar el decisorio impugnado, considerándolo como una nueva oportunidad que le fue dada al accionante para presentar -si lo consideraba necesario-  alguna otra documentación que integre el título y darle así la chance de abrir la vía ejecutiva.

Pero como el ejecutante solicita se resuelva la petición inicial con la documentación hasta aquí traída, por entender que se cumple con los requisitos del artículo 36 de la LDC, deberá el juzgado verificar tal cumplimiento o no a través de resolución que analice puntualmente cada uno de esos recaudos (art. 3 CCyC) y emitir decisión que dé cause o no a la pretensión ejecutiva articulada en el proceso, tal como fue admitido por la SCBA en la causa “Asociación Mutual Asis”, referenciada.

En otras palabras, para que quede claro: de reunirse los recaudos tanto de la ejecución prendaria como los del artículo 36 de la LDC con el título en ejecución y documentación adicional si la hubiere,  considerando lo resuelto por el más Alto Tribunal respecto a que resulta factible la vía ejecutiva a través de la integración del título con documentación complementaria –aun cuando se trate de una relación de consumo- deberá el juzgado despachar la ejecución.

En suma, corresponde confirmar la resolución apelada, ordenando al juzgado, como lo pide el ejecutante y se indicó supra,  verifique si se cumplen o no los requisitos del art. 36 de la Ley 24.240, debiendo según corresponda, despachar lo requerido en demanda. Siempre mediante resolución razonablemente fundada (art. 3, LDC).

 

4. Por último, en relación a la apelación subsidiaria planteada respecto al traslado  corrido el día 28 de noviembre 2019 a la accionada, tiene  dicho este Tribunal  que la resolución judicial que  corre un traslado es una providencia simple (art. 160 Cód. Proc.), de modo que, más allá de su acierto o error, en la medida que no se evidencie que pudiera causar gravamen irreparable resulta inapelable (art. 242.3 cód. proc.; esta cám. sent. del 30-06-09, “B., D.O. c/ S. de J.F.G. s/ Filiación”, L.40 Reg.244; 4-2-10  “V., C.M c/ L., A. C. s/ Alimentos” L. 41 Reg.03 ).

Y no advierto que en el caso hubiera mérito para apartarse de ese lineamiento, pues no se vislumbra aquí que el traslado corrido pudiera ocasionar un perjuicio irreparable; máxime que el traslado dispuesto podría no estar comprendido en el 2do. párrafo del artículo 240 del código procesal, ya que la decisión que en definitiva se tomara podía afectar los derechos de la contraria; pero de todos modos la contestación de ese traslado por la parte accionada resultó extemporánea por haber respondido el 5-12-2019 a las 13.52 cuando su plazo vencía en las cuatro primeras horas de despacho judicial de ese mismo día; en consecuencia, tal contestación resultó inadmisible (art. 155, 241 y 246, 1er. Párrafo 2da. parte., cód. proc.; ver resolución del 28-11-2019 que dispuso traslado y escrito digitalizado el 2-3-2020 y su cargo).

El recurso se resuelve sin costas atento la extemporaneidad de su contestación (art. 68, cód. proc.).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

1. Cuanto al recurso de apelación subsidiario del 3 de diciembre de 2020, aun cuando se dirige contra una providencia que confirió un traslado a la demandada del de reposición articulado el 20 de noviembre, corresponde su tratamiento.

Es que si bien se sostiene en la jurisprudencia que por principio el auto que corre un traslado es inapelable, cabe hacer excepción a esa pauta general, cuando -como en este supuesto- resulta que fue  emitido contrariando lo normado en el artículo 240, segundo párrafo, del Cód. Proc..

Esto así, porque ya sea que se considere a la providencia del 1 de octubre de 2020 dictada a petición de la actora -por consecuencia final de lo solicitado el 14 de junio de 2019- o de oficio, correspondía que la reposición fuera resuelta sin sustanciación.

Desprendiéndose, justamente, de lo anterior el fundamento para hacer lugar a la impugnación deducida el 3 de diciembre de 2020 y revocar el auto apelado.

2. En punto a la apelación subsidiaria del 20 de noviembre de 2019, cabe poner de relieve que la actora acompañó a su demanda la documentación digitalizada en el archivo adjdunto al escrito electrónico del 21 de mayo de 2019. La cual analizó al recurrir la decisión del 19 de junio de del mismo año, para demostrar y explicar que cumplimentaban los requerimientos contemplados en  los incisos de la a hasta la h .del artículo 36 de la ley 24.240 (escrito electrónico del 27 de junio de 2019).

Con tales antecedentes, si al examinar cuidadosamente la misma, el juez encontró -en lo que interesa destacar- que no satisfacía las exigencias formales de los incisos b, c, d, e, f de la norma citada (el artículo 1094 del Código Civil y Comercial -también evocado como incumplido, alude al régimen de interpretación y prelación normativa-), antes de emitir la intimación a integrar el contrato con la documentación respectiva el 1 de octubre de 2019, debió definir las razones por las cuales -contrariamente a lo expresado por  la accionante en la oportunidad referida-, aquellos documentos eran insuficientes para cubrir los recaudos señalados. Lo que no hizo, ni siquiera en la resolución  del 21 de febrero de 2020, al rechazar la reposición articulada, en donde el recurrente insistió en tales consideraciones, que -según quedó dicho- ya había manifestado el  27 de junio de 2019 (escrito electrónico del 20 de noviembre de 2019).

Al proceder de ese modo, omitir aquel paso y pronunciar el requerimiento con la sola cita de los apartados de la norma que consideró incumplidos, no solamente se anticipó salteándose aquella fase, sino que con ello pudo colocar en estado de incertidumbre al actor, que en el mencionado escrito del 20 de noviembre de 2019, atendiendo a esa temática, .no atinó sino a reiterar lo ya expuesto en aquel otro del 27 de junio de ese mismo año.

Con este panorama, no queda margen para que esta alzada pueda conocer de la cuestión atinente al cumplimiento o incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 36 de la ley 24.240, por  manera que ante la situación así planteada lo que cuadra es declarar nula, por prematura, la resolución apelada del 1 de octubre de 2019 (arg. art. 253 del Cód. Proc.).

Por lo expuesto, y con ese alcance, se hace lugar a la apelación subsidiaria.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto emitido en segundo lugar (art. 266 cód. proc.)

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1- Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, estimar las apelaciones subsidiarias electrónicamente presentadas los días 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2019 contra las resoluciones de fechas 1 de octubre y 28 de noviembre de 2019, respectivamente, para:

a- revocar la resolución del 28/11/2019;

b- declarar nula la resolución del 1/10/2019.

2-  Proceder así con habilitación del asueto judicial sanitario (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20). Paso a explicarme.

Durante ese asueto, hay que hacer lo impostergable  (art. 2 párrafo 1° RC 386/20). O sea, lo que no es postergable, debe ser hecho. Entonces,  lo que no es razonablemente postergable, hay que hacer (art. 3 CCyC).

No es razonablemente postergable lo que  es posible resolver con constancias electrónicas, sin depender de las constancias que existieran en soporte papel y sin violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20 y sus ampliatorios.

Además, lo que no es razonablemente postergable, puede ser considerando de alguna manera “pendiente” (art. 7 párrafo 1° RP 14./20; art. 4.a.2 RP 18/20).

En fin, resolver, en esas condiciones,  es válido (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20; art. 1.1.b.1.1. RP 10/20 y art.  4.b RP 18/20; art. 169 párrafo 3° cód. proc.).

Aclarándose, por supuesto, que la habilitación de la feria sanitaria aquí: a-  incluye sólo, nada más,  la emisión del acuerdo y su notificación; b- no incluye  (en rigor, nada decide sobre) levantar la  suspensión de los plazos procesales posteriores a dicha notificación (ver art. 1 RC 386/20).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

1- Habilitar la feria sanitaria con el alcance indicado en el considerando 2- del voto a la 2ª cuestión.

2- Estimar las apelaciones subsidiarias electrónicamente presentadas los días 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2019 contra las resoluciones de fechas 1 de octubre y 28 de noviembre de 2019, respectivamente, para:

a- revocar la resolución del 28/11/2019;

b- declarar nula la resolución del 1/10/2019.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

                                                                                  

Libro: 51 – / Registro: 113

Libro: 35 – Registro: 18

                                                                                  

Autos: “E., I. A. C/ G., O. M. S/ TUTELA ANTICIPATORIA”

Expte.: -91550-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los quince días del mes de abril de dos mil veinte, celebran telemáticamente Acuerdo Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “E., I. A. C/ G., O. M. S/ TUTELA ANTICIPATORIA” (expte. nro. -91550-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 1/4/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿qué honorarios corresponde regular por las tareas en esta instancia?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO

Este Tribunal,  mediante sentencia de fecha  4 de septiembre de 2012, (digitalizada en el sistema informático Augusta, como adjunto a la providencia del 14 de abril de 2020), desestimó  la  apelación   fundamentada a fs, 101/vta por el abog. S., y sustanciada a fojas 102/103 por la abog. R., (digitalizadas en el sistema informático Augusta, según constancia de fechas 13-04-2020 y 14-04-2020);  además  se impusieron   las costas al apelante   (arts. 68 del cpcc,  26 segunda parte de la ley 14.967).

Dentro de ese marco, corresponde   para regular los honorarios por las actuaciones correspondientes a segunda instancia, aplicar lo normado por los artículos 15, 16,   31 y concs.  de la ley 14.967 y fijarlos en el  25%  para S.,  y en el 30% para R.,  de los que a cada uno de ellos le fueran regulados ea primera instancia, el 26-12-2018, confirmados por la Cámara con fecha 11-12-2019 (arts. 57 de la ley 14.967; 244 y concs. del cpcc.; 1255  2do. párr. del CC y C.).

Así, resulta   para el abog. C. S.,  un honorario  equivalente a 0.90  Jus  ley 14.967 (hon. de prim. inst. -3,584 Jus  x 25%) y 1,07 Jus ley 14.967   para  la abog. M. P.  R.,(hon. de prim. inst. -3,584 Jus- x 30%; arts. cits.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto que antecede (art. 266 cód. proc.).

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Como ya lo he  manifestado, soy de  opinión que  devengados los honorarios bajo el dec. ley 8904/77 debe ser éste de aplicación a la hora de la regulación.

Así, en función de mi postura en concordancia al  criterio sentado por  la SCBA en sentencia del 8 de noviembre de 2017, al que adhiero <I-73016 “Morcillo, Hugo Héctor c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. decr.-ley 9020”; arts. 161 regla 3.a de la Const. de la Pcia. de Bs.As. y 278 cód. proc., criterio ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del día 4 de septiembre de 2018 “Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”  CSJ 32/2009 (45 E)/CS1 y reiterado por la  SCBA en “Asenso Enea Juan Carlos c/ Esteve, Jorge Alberto s/ revisión de cosa juzgada, sent. del 26/9/2018, en particular pto. II.1.>, corresponde fijar honorarios según las pautas allí brindadas.

Es bajo esa directriz dada por la SCBA en “Morcillo” y reiterada en “Asenso”, que si los honorarios fueron devengados bajo el viejo decreto ley, sería éste de aplicación; por el contrario si lo fueron bajo la nueva ley, será  esta la que regirá el caso.

Así lo he sostenido reiteradamente (ver mis votos en autos   “RAMADORI JOSE S/ SUCESION AB INTESTATO”; sent. del 27-9-2018, Libro: 49- / Registro: 304;  “SACUDATO ROCIO MILAGROS C/ SAN RUFO JAVIER SANTIAGO S/ ALIMENTOS” , sent. del 21-9-2018, Libro: 49 / Registro: 293; “SALAS, MARIA LAURA Y GADEA, FRANCO ALEXIS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO”, sent. del 1-8-2018, Libro: 49- / Registro: 213; entre muchísimos otros).

Sin embargo,  como ha surgido en éste y en anteriores acuerdos que los restantes integrantes del Tribunal mantienen la postura asumida en causas similares a la presentes desde la sanción de la ley 14967,  dejando a salvo mi opinión, estimo conveniente por razones de economía procesal, a fin de no incurrir en un innecesario dispendio jurisdiccional realizado en innumerables causas desde noviembre del año 2017, adherir al voto que a abre el acuerdo (arts. 34.4., 34.5.e y concs.  del cód. proc.),  pues deviene a esta altura -donde la postura mayoritaria al parecer es inamovible-,  inútil proceder de otro modo (arg. arts. 34.5.e. del cód. proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde:

1- Regular los siguientes honorarios por los trabajos en esta instancia: para el abog. C.  S., un honorario  equivalente a 0,90  Jus  ley 14.967 y para la abog. R., 1,07 Jus ley 14.967.

2-  Proceder así con habilitación del asueto judicial sanitario (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20). Paso a explicarme.

Durante ese asueto, hay que hacer lo impostergable  (art. 2 párrafo 1° RC 386/20). O sea, lo que no es postergable, debe ser hecho. Entonces,  lo que no es razonablemente postergable, hay que hacer (art. 3 CCyC).

No es razonablemente postergable lo que  es posible resolver con constancias electrónicas, sin depender de las constancias que existieran en soporte papel y sin violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20 y sus ampliatorios.

Además, lo que no es razonablemente postergable, puede ser considerando de alguna manera “pendiente” (art. 7 párrafo 1° RP 14./20; art. 4.a.2 RP 18/20).

En fin, resolver, en esas condiciones,  es válido (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20; art. 1.1.b.1.1. RP 10/20 y art.  4.b RP 18/20; art. 169 párrafo 3° cód. proc.).

Aclarándose, por supuesto, que la habilitación de la feria sanitaria aquí: a-  incluye sólo, nada más,  la emisión del acuerdo y su notificación; b- no incluye  (en rigor, nada decide sobre) levantar la  suspensión de los plazos procesales posteriores a dicha notificación (ver art. 1 RC 386/20).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

1- Habilitar la feria sanitaria con el alcance indicado en el considerando 2- del voto a la 2ª cuestión.

2-  Regular los siguientes honorarios por los trabajos en esta instancia: para el abog. C. S.,  un honorario  equivalente a 0,90  Jus  ley 14.967 y para la abog. R., 1,07 Jus ley 14.967.

Regístrese.  Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                  

Libro: 51 – / Registro: 112

Libro: 35 – Registro: 17

                                                                                  

Autos: “RISSONE GIAN FRANCO C/ SANCHEZ JULIO ANIBAL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -91293-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los quince días del mes de abril de dos mil veinte, celebran telemáticamente Acuerdo Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “RISSONE GIAN FRANCO C/ SANCHEZ JULIO ANIBAL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -91293-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 1/4/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿qué honorarios corresponde regular por las tareas realizadas en esta instancia?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

En la alzada,  mediante sentencia obrante a fojas 278/279 vta. (de fecha 14-08-2019), se  desestimó  la  apelación deducida por la parte demandada  y  se impusieron las costas a a su cargo (v. fs. cits.;   arts. 68 del cpcc,  26 segunda parte de la ley 14.967).

En ese escenario, corresponde   para regular los honorarios por las actuaciones correspondientes a segunda instancia, aplicar lo normado por los artículos 15, 16, 22,  31 y concs.  de la ley 14.967 y fijarlos en el  30% para el abog. M., (por el escrito del 4-07-2019)  de los correspondientes a primera instancia regulados  con fecha  8-11-2019  los  que han llegado incuestionados a este Tribunal (art. 57 de la ley 14.967; 244 y concs. del cpcc.; 1255  2do. párr. del CC y C.).

Así, resulta 99.76  Jus  para el letrado  M., (hon. totales de prim. inst.  -332.54  Jus- x 30%; arts.  cits. ley 14.967)

Tocante a los de la abog. C., (por su escrito de fecha 10-7-2019), la regulación de los honorarios por su actuación en esta alzada, se difieren hasta tanto se resuelva concreta y expresamente, lo que se estime corresponder respecto de sus honorarios devengados por su labor en primera instancia (art.  31, primer párrafo  26 segunda parte de la ley citada).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

Agrego, con relación a los honorarios de la abogada C., (letrada de la aseguradora), que el acuerdo homologado el 4/9/2019 fue alcanzado entre el actor victorioso y la citada en garantía, de modo que, cómo aquél no adeuda los honorarios de la abogada de  ésta (arg. art. 58 ley 14967), mal puede tener alguna virtualidad el pacto sobre los honorarios de la abog. C., (ver párrafo 1° del apartado IV), menos aún si el porcentaje pactado (8%) no parece incluir la labor de segunda instancia (v.gr. sólo el mínimo del art. 21 es el 10%).

Por eso es que el juzgado debe expedirse explícitamente sobre los honorarios de la nombrada abogada devengados en 1a instancia, antes de que la cámara pueda hacer lo propio en cuanto a los devengados en 2a instancia (arg. art. 34.5.b cód. proc.; art. 31 ley 14967).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Soy de  opinión que  devengados los honorarios bajo el dec. ley 8904/77 debe ser éste de aplicación a la hora de la regulación.

Así, en función de mi postura en concordancia al  criterio sentado por  la SCBA en sentencia del 8 de noviembre de 2017, al que adhiero <I-73016 “Morcillo, Hugo Héctor c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. decr.-ley 9020”; arts. 161 regla 3.a de la Const. de la Pcia. de Bs.As. y 278 cód. proc., criterio ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del día 4 de septiembre de 2018 “Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”  CSJ 32/2009 (45 E)/CS1 y reiterado por la  SCBA en “Asenso Enea Juan Carlos c/ Esteve, Jorge Alberto s/ revisión de cosa juzgada, sent. del 26/9/2018, en particular pto. II.1.>, corresponde fijar honorarios según las pautas allí brindadas.

Es bajo esa directriz dada por la SCBA en “Morcillo” y reiterada en “Asenso”, que si los honorarios fueron devengados bajo el viejo decreto ley, sería éste de aplicación; por el contrario si lo fueron bajo la nueva ley, será  esta la que regirá el caso.

Así lo he sostenido reiteradamente (ver mis votos en autos   “RAMADORI JOSE S/ SUCESION AB INTESTATO”; sent. del 27-9-2018, Libro: 49- / Registro: 304;  “SACUDATO ROCIO MILAGROS C/ SAN RUFO JAVIER SANTIAGO S/ ALIMENTOS” , sent. del 21-9-2018, Libro: 49 / Registro: 293; “SALAS, MARIA LAURA Y GADEA, FRANCO ALEXIS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO”, sent. del 1-8-2018, Libro: 49- / Registro: 213; entre muchísimos otros).

Sin embargo,  como ha surgido en éste y en anteriores acuerdos que los restantes integrantes del Tribunal mantienen la postura asumida en causas similares a la presentes desde la sanción de la ley 14967,  dejando a salvo mi opinión, estimo conveniente por razones de economía procesal, a fin de no incurrir en un innecesario dispendio jurisdiccional realizado en innumerables causas desde noviembre del año 2017, adherir a los votos que anteceden (arts. 34.4., 34.5.e y concs.  del cód. proc.),  pues deviene a esta altura -donde la postura mayoritaria al parecer es inamovible-,  inútil (arg. arts. 34.5.e. del cód. proc.).votos.

Adhiero así a ambos votos.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Corresponde:

1- Regular honorarios por 99,76 Jus para el abog. M., (por el escrito del 4-07-2019).

2- Diferir la regulación de honorarios de la abog. C., hasta tanto se resuelvan  los que le correspondan por su labor en primera instancia.

3- Proceder así con habilitación del asueto judicial sanitario (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20). Paso a explicarme.

Durante ese asueto, hay que hacer lo impostergable  (art. 2 párrafo 1° RC 386/20). O sea, lo que no es postergable, debe ser hecho. Entonces,  lo que no es razonablemente postergable, hay que hacer (art. 3 CCyC).

No es razonablemente postergable lo que  es posible resolver con constancias electrónicas, sin depender de las constancias que existieran en soporte papel y sin violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20 y sus ampliatorios.

Además, lo que no es razonablemente postergable, puede ser considerando de alguna manera “pendiente” (art. 7 párrafo 1° RP 14./20; art. 4.a.2 RP 18/20).

En fin, resolver, en esas condiciones,  es válido (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20; art. 1.1.b.1.1. RP 10/20 y art.  4.b RP 18/20; art. 169 párrafo 3° cód. proc.).

Aclarándose, por supuesto, que la habilitación de la feria sanitaria aquí: a-  incluye sólo, nada más,  la emisión del acuerdo y su notificación; b- no incluye  (en rigor, nada decide sobre) levantar la  suspensión de los plazos procesales posteriores a dicha notificación (ver art. 1 RC 386/20).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION   LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

1- Habilitar la feria sanitaria con el alcance indicado en el considerando 2- del voto a la 3ª cuestión.

2- Regular honorarios por 99,76 Jus para el abog. M.,(por el escrito del 4-07-2019).

3- Diferir la regulación de honorarios de la abog. C.,  hasta tanto se resuelvan  los que le correspondan por su labor en primera instancia.

Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts, 54 y 57 ley 14967).

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

                                                                                  

Libro:  51– / Registro: 111

Libro: 35- / Registro: 16

                                                                                  

Autos: “A., G. V. C/ M., A.A. Y OTROS S/ ALIMENTOS”

Expte.: -90859-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce días del mes de abril de dos mil veinte, celebran telemáticamente    Acuerdo  Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “A., G. V. C/ M., A. A. Y OTROS S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -90859-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 1/4/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿que honorarios corresponden por los trabajo en la segunda instancia?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

a- Como ya he   manifestado soy de  opinión que  devengados los honorarios bajo el dec. ley 8904/77 debe ser éste de aplicación a la hora de la regulación.

Así, en función de mi postura en concordancia con el  criterio sentado por  la SCBA en sentencia del 8 de noviembre de 2017, al que adhiero <I-73016 “Morcillo, Hugo Héctor c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. decr.-ley 9020”; arts. 161 regla 3.a de la Const. de la Pcia. de Bs.As. y 278 cód. proc., criterio ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del día 4 de septiembre de 2018 “Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”  CSJ 32/2009 (45 E)/CS1 y reiterado por la  SCBA en “Asenso Enea Juan Carlos c/ Esteve, Jorge Alberto s/ revisión de cosa juzgada, sent. del 26/9/2018, en particular pto. II.1.>, corresponde fijar honorarios según las pautas allí brindadas.

Es bajo esa directriz dada por la SCBA en “Morcillo” y reiterada en “Asenso”, que si los honorarios fueron devengados bajo el viejo decreto ley, sería éste de aplicación; por el contrario si lo fueron bajo la nueva ley, será  esta la que regirá el caso.

Así lo he sostenido reiteradamente (ver mis votos en autos   “RAMADORI JOSE S/ SUCESION AB INTESTATO”; sent. del 27-9-2018, Libro: 49- / Registro: 304;  “SACUDATO ROCIO MILAGROS C/ SAN RUFO JAVIER SANTIAGO S/ ALIMENTOS” , sent. del 21-9-2018, Libro: 49 / Registro: 293; “SALAS, MARIA LAURA Y GADEA, FRANCO ALEXIS S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO”, sent. del 1-8-2018, Libro: 49- / Registro: 213; entre muchísimos otros).

Sin embargo,  como ha surgido en éste y en anteriores acuerdos que los restantes integrantes del Tribunal mantienen la postura asumida en causas similares a la presentes desde la sanción de la ley 14967,  dejando a salvo mi opinión, estimo conveniente por razones de economía procesal, a fin de no incurrir en un innecesario dispendio jurisdiccional realizado en innumerables causas desde noviembre del año 2017, decidir de acuerdo a la mayoría (arts. 34.4., 34.5.e y concs.  del cód. proc.),  pues deviene a esta altura -donde la postura mayoritaria al parecer es inamovible-,  inútil (arg. arts. 34.5.e. del cód. proc.).

b- La sentencia de fecha 15-08-2018 hizo lugar  parcialmente a la apelación articulada por  la  parte demandada, pero le  impuso las costas en su totalidad por tratarse de una cuestión de alimentos; además  difirió la regulación de los honorarios (arts.  15, 26, segunda parte,   31 ley  14.967).

En ese marco, teniendo en cuenta que los honorarios regulados en la instancia inicial con fecha 23-11-2019   llegaron incuestionados a esta instancia, entiendo adecuado en función del éxito parcial obtenido por el recurso de la parte accionada aplicar para los letrados intervinientes una alícuota del 30% para cada uno de ellos (art. 16 de la ley citada):

*  abog. D., por su escrito de fecha 18-06-2018;

*  abog. H., por su escrito de fecha 29-6-2018

También corresponde en esta oportunidad retribuir la tarea de la abog. F., en su carácter de asesora ad- hoc  (ver escrito del 13-7-2018)  fijando como retribución del 25% del honorario regulado en primera instancia (arts. 91 de la ley 5827; 31 ley 14967).

c- Así, resulta un honorario de 2,1 jus  para D.,   (hon. de prim inst. -7 jus x 30%-),  10,37  jus  para H., (hon. totales  de prim. inst, -34,56  jus- x 30%-) y 1 jus para F.,(hon. de prim. inst. -4 jus- x 25%).

 

d- En cuanto   a la retribución de los trabajos que dieron origen a la decisión de  fecha 26-08-2019 corresponde mantener el diferimiento allí dispuesto hasta la oportunidad en que obren regulados los de la instancia inicial (arts. 34.5.b. cpcc; 31 ley 14.967).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Adhiero a los apartados b, c y d., del voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Adhiero al voto de la jueza Scelzo tal como lo ha hecho el juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde:

1- Regular los siguientes honorarios para los abogados que actuaron en esta instancia: 2,1 jus  para D.,   (hon. de prim inst. -7 jus x 30%-);   10,37  jus  para H., (hon. totales  de prim. inst, -34,56  jus- x 30%-) y 1 jus para F., (hon. de prim. inst. -4 jus- x 25%).

2-  Mantener el diferimiento dispuesto en  la decisión de  fecha 26-08-2019  hasta la oportunidad en que obren regulados los de la instancia inicial (arts. 34.5.b. cpcc; 31 ley 14.967).

3- Proceder así con habilitación del asueto judicial sanitario (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20). Paso a explicarme.

Durante ese asueto, hay que hacer lo impostergable  (art. 2 párrafo 1° RC 386/20). O sea, lo que no es postergable, debe ser hecho. Entonces,  lo que no es razonablemente postergable, hay que hacer (art. 3 CCyC).

No es razonablemente postergable lo que  es posible resolver con constancias electrónicas, sin depender de las constancias que existieran en soporte papel y sin violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20 y sus ampliatorios.

Además, lo que no es razonablemente postergable, puede ser considerando de alguna manera “pendiente” (art. 7 párrafo 1° RP 14./20; art. 4.a.2 RP 18/20).

En fin, resolver, en esas condiciones,  es válido (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20; art. 1.1.b.1.1. RP 10/20 y art.  4.b RP 18/20; art. 169 párrafo 3° cód. proc.).

Aclarándose, por supuesto, que la habilitación de la feria sanitaria aquí: a-  incluye sólo, nada más,  la emisión del acuerdo y su notificación; b- no incluye  (en rigor, nada decide sobre) levantar la  suspensión de los plazos procesales posteriores a dicha notificación (ver art. 1 RC 386/20).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

1- Habilitar la feria sanitaria con el alcance indicado en el considerando 3- del voto a la 2ª cuestión.

2- Regular los siguientes honorarios para los abogados que actuaron en esta instancia: 2,1 jus  para D.; 10,37  jus  para H., y 1 jus para F., (hon. de prim. inst. -4 jus- x 25%).

3-  Mantener el diferimiento dispuesto en  la decisión de  fecha 26-08-2019  hasta la oportunidad en que obren regulados los de la instancia inicial.

Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

                                                                                  

Libro: 51 / Registro: 110

                                                                                  

Autos: “S., V.S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”

Expte.: -91679-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce días del mes de abril de dos mil veinte, celebran telemáticamente Acuerdo  Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “S., V. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR” (expte. nro. -91679-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 2/4/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación subsidiaria del 18/12/2019 contra la resolución del 12/12/2019?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. Las medidas cautelares resueltas el 12/12/2019, que agravian al apelante según los fundamentos de fecha 18/12/2019, fueron dictadas para vencer el 12/3/2020 (ver punto VIII de la resolución apelada).

Ello podría hacer pensar que carecen ahora de virtualidad, razón que podría tornar abstracta la apelación, como ha sucedido en casos donde al momento de introducir la apelación las medidas estaban vigentes y al tener que resolver el recurso, vencidas  (ver esta cám., “M., M. c/ V., J.P. s/ Protección contra la violencia familiar” 16/3/2017  lib. 48 reg.  47; también en “B., M.C.  y otro s/ Protección contra la violencia familiar” 9/4/2019 lib. 50 reg. 100; etc.).

Ahora bien, mediante Resolución 12/20 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial, dictada en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se ha dispuesto la prórroga de las medidas de protección que, dictadas -en lo que aquí interesa- en proceso de violencia familiar o de género, antes de la emergencia sanitaria y la Res. 386/20 de la SCBA, hubieran vencido, estuvieran próximas a vencer o vencieren durante la situación de aislamiento. Dicha prórroga lo ha sido hasta el cese de la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio que ha sido extendido mediante resolución de Presidencia nro. 18/20 del 12-4-2020 hasta el 26-4-2020 inclusive.

Razón por la cual, la apelación no se ha tornado abstracta.

 

2.1. Vayamos entonces al caso: de las medidas dictadas con fecha 12-12-2019, s. e. u o., sólo subsisten al día de hoy -en virtud de la revocatoria planteada y receptada parcialmente- la prohibición de acercamiento de M., a S., la prohibición de compra y/o tenencia de armas mientras dure la medida y la necesidad de devolver a la Institución policial el arma reglamentaria luego de finalizadas sus funciones, pues el decisorio de fecha 27-12-2019 que dio respuesta a la revocatoria cuya apelación en subsidio  nos convoca, dispuso restituir a M.,su arma reglamentaria durante el cumplimiento de su función;  y desde otro ángulo dejó en claro que las medidas dispuestas no afectaban el régimen de comunicación de éste con sus hijos, poniéndose de resalto allí, que la abuela paterna podía constituir un posible nexo para su restablecimiento.

2.2. En concreto, repasando los agravios de fecha 18-12-2019, si bien M., controvierte los hechos que dieron origen a la presente causa, alegando que el único objeto de la denuncia ha sido impedirle el contacto con sus hijos y perjudicarlo en su trabajo, no hay en sus agravios un solo renglón destinado a atacar el decisorio en el tramo que mantiene la prohibición de acercamiento respecto de la denunciante, como tampoco respecto de la compra y/o tenencia de armas, circunstancia que acarrea la deserción del recurso en este aspecto (arts. 260 y 261, cód. proc.).

 

2.3. Respecto de la restitución del arma reglamentaria luego del cumplimiento de sus funciones, cierto es que M., en sus agravios solicitó su devolución sin limitaciones, pero a la luz de las circunstancias del caso, y hasta tanto no se halle producida la totalidad de la prueba ofrecida, entiendo prudente, por el momento mantener la medida con ese alcance (art. 384, cód. proc.).

 

3. Siendo así, corresponde declarar desierto el recurso en lo referente al punto 2.2. Y desestimarlo en lo que hace al punto 2.3., con costas al apelante (art. 69, cód. proc.), y diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara (art. 51, ley 14967).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Las medidas cautelares dispuestas por tres meses el 12/12/2019 (ver punto VIII del fallo apelado)  no han  perdido vigencia el 12/3/2019 (ni tampoco a la fecha de hoy, ver art. 1 RP 18/20), atenta la prórroga de emergencia dispuesta por la SCBA, según interpretación del art. 1 de la RP 12/20 en consonancia con lo expuesto en el párrafo 3° de su considerando I (art. 163.6 párrafo 2° cód. proc.).

 

2- El 12/12/2019 el juzgado dispuso las siguientes medidas cautelares:

a- orden a M., de abstenerse de realizar todo acto de perturbación, intimidación y/o maltrato para con  S., incluyendo el envío de mensajes de texto, de llamadas telefónicas y/o utilización de las redes sociales, en cualquier lugar en que se encuentren (punto II del fallo);

b- prohibición a M.,  de acercarse al domicilio y/o persona de la denunciante en un radio de  500 metros, donde no podrá circular, permanecer y/o acercarse a ésta en cualquier lugar donde se encuentre, dejando a salvo el derecho de comunicación del denunciado con sus hijos B.M. y B.M (punto III del fallo);

c- secuestro del arma reglamentaria de M., teniendo en cuenta su condición  de policía (punto V del fallo)

d- prohibición a M., para comprar y/o tener  armas (punto VI del fallo).

 

3- Contra todas esas medidas, el 18/12/2019 M., interpuso reposición con apelación en subsidio.

El 27/12/2019 el juzgado hizo lugar parcialmente a la reposición, reemplazando el secuestro del arma reglamentaria por su entrega a M., pero sólo para que pueda desarrollar su trabajo como policía y  debiendo depositarla en su lugar de trabajo una vez terminada diariamente su tarea; mantuvo las demás medidas cautelares cuestionadas y concedió la apelación subsidiaria.

 

4- Dado que el secuestro del arma reglamentaria fue dejado sin efecto al ser reemplazado por otra medida diferente,  ha perdido actualidad el gravamen generado por él, tornándose así inadmisible la apelación subsidiaria a su respecto (arg. arts. 242 y 163.6 párrafo 2° cód. proc.). En cualquier caso, la  medida adoptada el 27/12/2019 en sustitución del secuestro no ha sido materia de apelación independiente posterior, quedando por tanto fuera del poder revisor de la cámara  en esta ocasión (art. 266 cód. proc.).

 

5-  En virtud de lo expuesto recién en 4-, queda en pie el análisis de la apelación subsidiaria con relación a las medidas abalizadas en el considerando 2- con las letras a-, b- y d-.

Veamos cuáles son los agravios centrales del recurrente:

a- que dichas medidas fueron otorgadas en base a falaces  mentiras, levantando falsos argumentos hacia su persona y sin acreditación alguna;

b- que el único objetivo de  S.,es impedir el contacto con sus hijos, perjudicándolo directamente en su trabajo como policía y comprometiendo así la cuota alimentaria para ellos;

c- que jamás fue, es o  será una persona violenta;

d- que jamás empujó,  amenazó ni física ni verbalmente a S.; nunca maltrató, empujó gritó, rompió, esposó y muchos menos apuntó o apuntaría a S.,con un arma;

e- que no existen  expedientes de violencia en su contra  y que su  legajo policial es excelente;

Por otro lado, se pregunta el recurrente cuál pudo ser el acto de violencia vivido por S., cuando:  en primer lugar, él está viviendo en Trenque Lauquen y Sánchez y sus hijos en América teniendo escaso contacto telefónico debido a que no atiende sus llamadas o se esconde cuando viaja para que no pueda ver a sus hijos; y en segundo lugar porque a sus hijos los ve  solo si S., quiere ya que al momento no tienen un régimen de visitas suscrito entre partes, con lo cual para ver a sus hijos tiene que ponerse en contacto con S.,  y solo si ella quiere los puede ver.

Asimismo, sostiene que, a su entender, la denuncia de S., fue consecuencia de haberle comunicado su intención de llevar sólo a B., de vacaciones para que conociera las montañas, no a B., sin por eso hacer diferencias  entre ellos, pues la realidad es que Bautista es un niño autista -lo que lo lleva a no adaptarse con normalidad a los cambios bruscos como puede ser un viaje, como tampoco soportaría pasar una semana lejos de su mamá- situación ésta que es injusta para Benjamín, que no tiene por qué estar atado al autismo de su hermano; dice el apelante que, ., como consecuencia de este pedido, S., le  envió dos mensajes de texto en forma alterada, diciéndole que a los nenes no se los iba a dar; agrega que su respuesta fue clara y sin agresión alguna, manifestándole que dicha situación sería tratada por medio de abogados.

Por fin, M., opina que es lógico que frente a la denuncia de S., el juzgado haya intentado proteger a la supuesta e hipotética víctima, pero eso así sin medir consecuencias  a su respecto, cuando en su caso es efectivo de las fuerzas policiales y cada denuncia infundada queda en un legajo pudiendo ocasionarle la pérdida de trabajo, suspensiones o sanciones cuando es totalmente inocente.

 

6- Es el propio recurrente quien considera que el proceder del juzgado fue lógico dadas las circunstancias que fueron puestas en su conocimiento.

Si esas circunstancias no fueron ciertas y si las verdaderas fueran otras que tornarían injustificadas las medidas adoptadas tal como lo postula M., eso es lo que precisamente podría resultar de la prueba por él ofrecida en su recurso y cuya realización no corresponde ordenar aquí y ahora (art. 270 cód. proc.).

De modo que si el juzgado actuó con lógica y si eso podría revertirse a través de las pruebas ofrecidas por el impugnante y todavía no producidas, no es posible para esta cámara advertir ahora algún error in iudicando que vicie manifiestamente la resolución apelada (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

Del resultado de esas pruebas podría depender no sólo el levantamiento de las medidas cautelares todavía en pie (arg. art. 202 cód. proc.), sino también las adversas consecuencias laborales que el recurrente dice le fueron provocadas por tales medidas.

VOTO QUE NO

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiero al voto en segundo término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias:

1- Desestimar la apelación subsidiaria del 18/12/2019 contra la resolución del 12/12/2019, con costas al apelante infructuoso (arts. 69 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

2- Proceder así con habilitación del asueto judicial sanitario (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20). Paso a explicarme.

Durante ese asueto, hay que hacer lo impostergable  (art. 2 párrafo 1° RC 386/20). O sea, lo que no es postergable, debe ser hecho. Entonces,  lo que no es razonablemente postergable, hay que hacer (art. 3 CCyC).

No es razonablemente postergable lo que  es posible resolver con constancias electrónicas, sin depender de las constancias que existieran en soporte papel y sin violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20 y sus ampliatorios.

Además, lo que no es razonablemente postergable, puede ser considerando de alguna manera “pendiente” (art. 7 párrafo 1° RP 14./20; art. 4.a.2 RP 18/20).

En fin, resolver, en esas condiciones,  es válido (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20; art. 1.1.b.1.1. RP 10/20 y art.  4.b RP 18/20; art. 169 párrafo 3° cód. proc.).

Aclarándose, por supuesto, que la habilitación de la feria sanitaria aquí: a-  incluye sólo, nada más,  la emisión del acuerdo y su notificación; b- no incluye  (en rigor, nada decide sobre) levantar la  suspensión de los plazos procesales posteriores a dicha notificación (ver art. 1 RC 386/20).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

            S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

1- Habilitar la feria sanitaria con el alcance indicado en el considerando 2- del voto a la 2ª cuestión.

2- Desestimar la apelación subsidiaria del 18/12/2019 contra la resolución del 12/12/2019, con costas al apelante infructuoso y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí

                                                                                  

Libro: – 51 / Registro: 109

                                                                                  

Autos: “P., V. J.Y E., F. J. S/ HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO”

Expte.: -91689-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce días del mes de abril de dos mil veinte, celebran telemáticamente Acuerdo  Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “P., V. J. Y E., F. J. S/ HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO” (expte. nro. -91689-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  del día de la  fecha, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es procedente el recurso de apelación de fecha 18/12/2019 contra la regulación de honorarios del 13/12/2019. ?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

En sede extrajudicial se arribó a un acuerdo en materia de alimentos, responsabilidad parental y derecho de comunicación, el cual se exteriorizó en el escrito de fecha 02-07-2019,  el que posteriormente fue homologado con fecha 26-09-2019.

En principio, en las causas con significación pecuniaria, el honorario surge de la multiplicación de una base dineraria por una alícuota, y tratándose de una cuestión alimentaria rige el art.  39 de la ley 14.967, la cual debe armonizarse con la tarea desarrollada por la letrada, según lo normado en los incisos b.c. y g. del artículo 16 de la misma ley (v. SCBA  Q75064  6-11-2019 “Pallasa, Diego J. c/ A.R.B.A. s/ Pretensión Anulatoria – Recurso de queja por denegación de rec. ext. (Inapl. de ley).

Pero la letrada apelante no participó en la elaboración del acuerdo cuya homologación se dispuso en autos, sólo tuvo una tarea complementaria en el proceso, “acotada” como la califica la jueza de origen y enumerada en la resolución en recurso e inobjetada por la apelante.

De acuerdo a ello,  en este contexto no parecen inequitativos los 7 jus fijados como retribución en relación a las tareas interesantes desempeñada por la  recurrente, las que  conforme obra en autos  se circunscriben -s.e.u o.-  a las presentaciones de fechas  28-08-2019  y 06-09-2019 (escritos de presentación y acompaña boleta de depósito; arts. 16 incs. b, c, g y j, y 22  ley cit.; arts. 2 y 1255 párrafo 2° CCyC; arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

Así corresponde desestimar el recurso de fecha 18-12-2019.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Para regular honorarios a la abogada B.,, el juzgado dijo: “En cuanto a la intervención  de la Dra. S. B.,  en autos puede decirse que fue acotada en virtud de no haber intervenido en el convenio homologado. Las tareas realizadas consisten en: presentacion de poder, presentación  base regulatoria y Manifestación formula, por lo que se estiman su etispendios profesionales  en la cantidad de 7 JUS, ” (…)  (sic).

¿Cuál es la crítica de la apelante? La abogada se pregunta para qué el juzgado la hizo intervenir en la determinación de la base regulatoria, si después, al fijar sus honorarios, no tuvo en cuenta esa base y le otorgó el mínimo legal de 7 Jus.

La respuesta es que el juzgado, al tramitarse la base regulatoria, no podía saber si la iba a usar, luego, para calcular los honorarios de todos los profesionales; y, de suyo, no estaba el juzgado obligado a usar esa base regulatoria para todos los profesionales, por más que éstos participaran -al menos ad eventum– de esa tramitación. Tiempo al tiempo: primero la base; segundo, su aplicación o no para cuantificar los honorarios de cada profesional.

Más allá de eso, no hay agravios concretos computables tendientes a persuadir acerca de alguna clase de error del juzgado (v.gr. alguna tarea no considerada, alguna tarea considerada pero no en su real entidad, etc.); por supuesto, considerar que sus honorarios “(…)  han sido regulados bajos por arbitrariedad manifiesta de parte de VS.”, no es cuestionamiento suficiente (arts. 260 y 261 cód. proc.).

VOTO QUE NO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Por los ,mismos fundamentos adhiere al voto en segundo término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias:

1-  Desestimar el recurso de apelación de fecha 18/12/2019 contra la regulación de honorarios del 13/12/2019.

2- Proceder así con habilitación del asueto judicial sanitario (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20). Paso a explicarme.

Durante ese asueto, hay que hacer lo impostergable  (art. 2 párrafo 1° RC 386/20). O sea, lo que no es postergable, debe ser hecho. Entonces,  lo que no es razonablemente postergable, hay que hacer (art. 3 CCyC).

No es razonablemente postergable lo que  es posible resolver con constancias electrónicas, sin depender de las constancias que existieran en soporte papel y sin violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20 y sus ampliatorios.

Además, lo que no es razonablemente postergable, puede ser considerando de alguna manera “pendiente” (art. 7 párrafo 1° RP 14./20; art. 4.a.2 RP 18/20).

En fin, resolver, en esas condiciones,  es válido (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20; art. 1.1.b.1.1. RP 10/20 y art.  4.b RP 18/20; art. 169 párrafo 3° cód. proc.).

Aclarándose, por supuesto, que la habilitación de la feria sanitaria aquí: a-  incluye sólo, nada más,  la emisión del acuerdo y su notificación; b- no incluye  (en rigor, nada decide sobre) levantar la  suspensión de los plazos procesales posteriores a dicha notificación (ver art. 1 RC 386/20).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

            S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

1- Habilitar la feria sanitaria con el alcance indicado en el considerando 2- del voto a la 2ª cuestión.

2- Desestimar el recurso de apelación de fecha 18/12/2019 contra la regulación de honorarios del 13/12/2019.

Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

                                                                                  

Libro:  51– / Registro: 114

                                                                                  

Autos: “S., M. N.  C/ I.O.M.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -91708-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciséis  días del mes de abril de dos mil veinte, celebran telemáticamente Acuerdo Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos S., M. N.  C/ I.O.M.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (expte. nro. -91708-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 13/4/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es procedente la apelación subsidiaria del 11/3/2020 contra la resolución del 5/3/2020?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

1.   La demandada  cuestiona la  fijación de astreintes en forma automática dispuestas para el eventual incumplimiento de lo ordenado en la resolución del 5/03/2020 (v. presentación electrónica del 3/04/2020).

2. Tanto en el artículo 37 del Código Procesal  como en el 804  del  Código  Civil y Comercial  se  legisla  sobre astreintes.

Estas son medios de compulsión con los que cuentan  los jueces para, lograr el cumplimiento más o menos inmediato de las decisiones de aquéllos. Su finalidad es coercitiva  ya que se dirige a conminar, mediante un paulatino y persistente  drenaje  económico aplicado a su patrimonio, la voluntad  del  obligado  para  que cese en su posición de no cumplimiento, esto es, para que cumpla con el deber jurídico que  la  decisión del juez le impone (cfme. Morello – Sosa – Berizonce, “Códigos …”, t. II-A, p g. 714 `in fine’).

En el caso, estimo que el magistrado ha obrado dentro de sus facultades al especificar qué tipo y cómo se aplicarán las astreintes se aplicarían; en concreto que las mismas correrán desde el incumplimiento del mandato judicial.

No obstante su disconformidad, cierto es que el recurrente no ha indicado de que normativa surgiría el modo de proceder que solicita,  esto es que el juez debe en primer lugar ordenar el cumplimento bajo apercibimiento de astreintes y recién luego de incumplida la orden judicial emitir una nueva resolución para hacer efectivas las astreintes (arg. art. 242 cód. proc.).

En cuanto a la retroactividad cuestionada, la resolución dispone que las astreintes correrán a partir del incumplimiento, y no como sostiene el apelante de modo retroactivo a la fecha del apercibimiento.

Ello sin perjuicio de lo normado en el artículo 37, párrafo 2do. del código procesal y 804, párrafo 1ro., 2da. parte del CCyC, en cuanto correspondiere.

3. No obstante lo anterior, se advierte que al conceder el recurso de apelación deducido en subsidio el 3/04/2020 el a quo, además proveyó el escrito electrónico presentado por la demandada, el cual podría tener incidencia con el tema aquí debatido,  ordenando su notificación electrónica, lo que ha la fecha no puede verificarse que se haya realizado.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

La sentencia del 5 de marzo de 2020, decidió -en lo principal-, hacer lugar a la medida autosatisfactiva y disponer que  IOMA  deberá hacerse cargo integralmente de la cobertura requerida y proveer el sistema de fijación  en un  plazo máximo  de 48 horas. Así como autorizar, en el mismo término, la derivación de D. B., al centro de salud  ‘Fleni’, sito en Belgrano, CABA..

Nada de esto fue motivo de agravio en el escrito del 11 de marzo de 2020, por el cual se dedujo contra tal pronunciamiento, recurso de reposición con apelación en subsidio (arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.).

Se agravia en cambio el apelante, de que en la misma resolución se haya previsto la aplicación de una multa por incumplimiento, en forma automática, a favor de la actora, si vencido aquel plazo la prestación indicada no se hiciera efectiva. Concretamente, cuestiona que la aplicación fuera automática, desde que en su concepto las astreintes no configuran una sanción por incumplimiento, sino un procedimiento conminatorio para obligar al deudor a cumplir. Ya que es presupuesto de su operatividad la denuncia y verificación del incumplimiento, habida cuenta que su curso no es retroactivo.

Sin embargo, tal como ha sido concebida,  es claro que la sanción se activa si la obligación impuesta no fuera cumplimentada en el término señalado. Pues es a partir de tal inobservancia que la multa diaria empieza a correr, o sea se hace efectiva. No antes.

Además, la forma en que fue prevista la sanción, no la priva necesariamente de su finalidad conminatoria. Pues no deja de presentarse como una multa eventual, potencialmente motivadora del sometimiento al deber jurídico establecido, cuya inobservancia la activa. En tanto no sea acreditado que el retraso sea imputable al afiliado.

De hecho, la fórmula recoge la que ya fuera empleada por esta alzada, en los autos ‘Ojeda, Mia Valentina c/ Instituto Obra Médico Asistencial s/ materia a categorizar” (sent. del 18/12/2018, L. 48, Reg. 439), donde -en las circunstancias del precedente-, se dispuso la salvaguarda que, vencido el plazo otorgado para hacer efectiva la prestación allí dispuesta, sin que se hubiera cumplimentado, correría en forma automática la multa que se fijaba, a favor de la actora, poniéndose a cargo de la institución acreditar de modo fehaciente, antes que el plazo acordado venciera, que el eventual retraso era imputable al afiliado (arg. art..792, 804 y 888 del Código Civil y Comercial; art. 37 del Cód. Proc.).

Por estos fundamentos, el recurso debe ser desestimado con costas al apelante vencido (arg. art. 68 del C´ód. Proc.).

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

1- Expuesto aquí sintéticamente, el 4/3/2020 en su presentación inicial la actora describió la patología de su hija, explicó el tratamiento médico que se le debe proporcionar y sostuvo que el IOMA lo ha aceptado pero que demora en concretar la adquisición y entrega de los insumos necesarios. Esto último, tanto así, que  -dijo- dos intervenciones quirúrgicas para el 18/2 y para principios de marzo- tuvieron que ser postergadas.

Pidió que se ordene al IOMA a cumplir, inaudita parte atenta la urgencia.

 

2- El juzgado el 5/3/2020 hizo lugar al pedido y ordenó al IOMA proporcionar la cobertura requerida,  en 48 horas.

Pero, además, en cuanto es de interés tratar ahora,  el juzgado textualmente agregó, en el punto 3- del fallo:

“Ello, bajo apercibimiento, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 163 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 63 inciso 3 de la ley 12.008, de  fijar al I.O.M.A. a cargo de la prestación ordenada para que  provea  los insumos y autorización indicada de imponerle astreintes por incumplimiento.  De manera que, vencido ese lapso sin que se hubiera hecho efectiva la prestación  correspondiente, en forma automática correrá una multa equivalente a  5 JUS  arancelarios  a favor de la parte actora, por cada día de retardo los primeros quince días, incrementándose al doble a partir de entonces y hasta  la efectiva prestación. Quedando a cargo de la institución, acreditar de modo fehaciente en esta causa, antes de que el plazo acordado venza, que el retraso es imputable al afiliado (arg. art.792, 804 y 888 del Código Civil y Comercial, art. 37 cód. proc.). (…)”

 

            3- El Fisco no objetó la orden de cumplir las prestaciones colocadas a su cargo, sino tan solo las astreintes; más concretamente, cuestionó la forma en que fueron impuestas.

A su entender la secuencia de actos debe ser la siguiente:

a- orden de realizar un acto, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento;

b- denuncia y verificación del incumplimiento;

c- resolución que declare el incumplimiento y que imponga las astreintes;

d- curso de las astreintes desde la notificación de la resolución que las impone.

Empero, hay algo que el Fisco imputa al juzgado y que le preocupa sobremanera: el curso retroactivo de las astreintes desde el apercibimiento.

4- Es cierto que el juzgado, al diseñar las astreintes  en el punto 3- del fallo,  incurrió en cierta contradicción:

a- primero  apercibió con aplicar astreintes; dijo  “(…) bajo apercibimiento (…) de  fijar al I.O.M.A. (…) de imponerle astreintes por incumplimiento. (…);”

b- después, a renglón seguido,  aplicó las astreintes; dijo “(…) vencido ese lapso sin que se hubiera hecho efectiva la prestación  correspondiente, en forma automática correrá una multa equivalente a  5 JUS  arancelarios  a favor de la parte actora, por cada día de retardo los primeros quince días, incrementándose al doble a partir de entonces y hasta  la efectiva prestación. (…)”

Si se me permite la licencia de una metáfora futbolística como recurso explicativo, digo: “penal y gol, es gol”.  Apercibir astreintes y fijar astreintes, es fijar astreintes.

Por ende, en lo que sigue no voy a mezclar esas dos cosas, voy a asumir que las astreintes no han sido apercibidas sino derechamente fijadas.

 

5- Junto a la prolija secuencia de actos sugerida por el Fisco (ver supra considerando 3-), en virtud de los principios de concentración y economía procesales (arts. 34.5.a y 34.5.e cód. proc.) otra secuencia posible, adoptada incluso por esta cámara en ‘Ojeda, Mia Valentina c/ Instituto Obra Médico Asistencial s/ materia a categorizar” (sent. del 18/12/2018, L. 48, Reg. 439) como lo ha rescatado el juez Lettieri,  podría ser:

a- orden de realizar un acto, fijando astreintes  llegado el caso de incumplimiento;

b- denuncia y verificación del incumplimiento;

c- resolución que declare el incumplimiento;

d- curso de las astreintes desde el incumplimiento.

No se ve por qué, con alguna dosis de previsión (ver de mi autoría “Tiempo, proceso y principio de previsión”, en Doctrina Judicial del 16/VIII/95), no puedan ser articuladas así las astreintes bajo las circunstancias del caso, que incluyen una situación de urgencia por razones de salud y un incumplimiento extrajudicial previo, todo  expuesto en la demanda sin  negativa ni desconocimiento del  IOMA. Eso así en pos de un servicio de justicia  más efectivo dentro de un plazo más razonable (arts. 18, 19 y 114.6 Const.Nac; art. 15 Const.Bs.As.).

Pensemos: la razón de ser de las astreintes es evitar el incumplimiento, no evitar la notificación de la resolución que imponga las astreintes luego del incumplimiento. Eso explica porque no es irrazonable que las astreintes se sigan al incumplimiento que con ellas se quiere evitar, y no -en favor del incumpliente, que así “ganaría” más tiempo- que recién se sigan luego de la notificación de la resolución que las impone después del incumplimiento.

Habría indebida retroactividad en las astreintes si se las hiciera correr desde antes del incumplimiento (v.gr. desde un apercibimiento previo, que no es el caso, ver considerando 4-), sencillamente porque ellas no se justificarían antes de la consumación del incumplimiento, esto es, no se justificarían mientras el obligado todavía estuviera en posición de cumplir en tiempo. La causa disparadora de las  astreintes parece ser el incumplimiento que con ellas se busca revertir, no la resolución que las impone para o ante el caso de incumplimiento, es decir, que las impone antes del incumplimiento (para el caso de incumplimiento, tesis del juzgado) o después del incumplimiento (ante el caso de incumplimiento, tesis del Fisco).

 

6- Por otro lado, del modo sugerido por el IOMA o de la forma escogida por el juzgado, la forma segura de evitar las astreintes es cumpliendo, así que, para neutralizarlas, bien podría el IOMA enfocarse en eso, en cumplir.

En todo caso, por qué no,  para evitar las astreintes también podría alegar y demostrar el IOMA la circunstancia justificante  de su proceder, lo que no ha hecho  (art. 804 párrafo 1° al final CCyC; arts. 34.4 y  37 párrafo 2° al final cód.proc.).

ASÍ LO VOTO

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, con habilitación de la feria sanitaria (art. 153 cód. proc.; art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20; art. 1.1.b.1.1. RP 10/20; art.  4.b RP 18/20), desestimar la apelación subsidiaria del 11/3/2020 contra la resolución del 5/3/2020, con costas al apelante infructuoso (arts. 69 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios en cámara (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Con habilitación de la feria sanitaria, desestimar la apelación subsidiaria del 11/3/2020 contra la resolución del 5/3/2020, con costas al apelante infructuoso y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios en cámara.

Regístrese.  Notifíquese  electrónicamente en forme urgente (art. 143 cód. proc. y art. 3.c.1. RSP 10-20). Hecho, radíquese electrónicamente la causa en el juzgado de origen.

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                  

Libro: 51 Reg.: 106

                                                                      

Autos: “C.,C. A. S/ INSANIA Y CURATELA”

Expte.: -88115-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce días del mes de abril de dos mil veinte, celebran telemáticamente  Acuerdo  Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “C.,C. A. S/ INSANIA Y CURATELA” (expte. nro. -88115-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 1/4/2020 planteándose las  siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación del 26/11/2019 contra la sentencia del  8/5/2019?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Con la sentencia del 24/2/2012, se declaró la insania de la causante de autos, sin necesidad de internación,  declaración a la que se otorgó una vigencia por tres años, con arreglo a lo normado entonces por el artículo 152 ter, del Código Civil.

Asimismo, esta alzada tuvo oportunidad de señalar al tratar la  inconstitucionalidad de esa norma, planteada en la apelación que se articulara, que toda persona con padecimiento mental tiene derecho a que éste no sea considerado un estado inmodificable (art. 7 n, de la ley 26675) y a que las decisiones sobre su capacidad y la necesidad de un representante sean revisadas ‘en los intervalos razonables previstos en la legislación nacional’ (art. 2 de la ley 26657 y art. 6, parte final, del principio 1 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de lo Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental).

Con ese marco, no puede sostenerse que la adopción de un régimen de asistencia diferente, más favorable a la capacidad de la causante, configure una contradicción que descalifique el pronunciamiento impugnado. Cuando -además-  el Código Civil y Comercial, vigente ahora, ha recibido el nuevo paradigma en salud mental que radica  en el reconocimiento de la capacidad de la persona con padecimiento psíquico para ejercer por sí sus derechos en la medida de sus posibilidades, mediante un sistema de apoyo y salvaguardas, en pos de equilibrar su protección con la mayor autonomía y libertad (arg. arts. 31, 32 y concs. del cuerpo legal aludido).

La recurrente considera que aparecen cumplimentadas en la especie, las condiciones que habilitan la declaración de incapacidad prevista como excepción en la parte final del artículo 32 del Código Civil y Comercial, desde que se ha probado que la causante se encuentra totalmente merced al cuidado de un tercero y que su padecimiento no tiene posibilidades de remisión (escrito electrónico del 12 de diciembre de 2019, punto 2, séptimo párrafo). Y en ese sentido, alude a la audiencia del 20 de diciembre de 2017 y al informe médico del Hospital Municipal ‘Gral. José de San Martín’, de Carhué.

Sin embargo, la norma en la que busca amparo quien apela, prevé la incapacidad exclusivamente para el caso en que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz.

De lo que se desprende que tal imposibilidad no es cualquier dificultad o complejidad. Sino un impedimento muy preciso, de carácter absoluto, que denote una privación general, resuelta y terminante de la facultad de interacción con su medio, así como de comunicar su voluntad por cualquier modo, medio o formato. Sumado a la demostración que, tal patología no pueda ser superada mediante el sistema de apoyo.

Y estos extremos, tal como aparecen exigidos en la disposición legal invocada, no resultan manifiestos de aquellas probanzas que se mencionan.

En efecto. Por un lado, de la audiencia del 20 de diciembre de 2017 a la que concurrió la causante acompañada por su hermana -como curadora- sólo se obtiene el relato de esta última, cuanto a que aquélla requiere de asistencia permanente para todo. Situación que denota las dificultades y limitaciones que origina, en lo cotidiano,  la patología  que padece. Pero que no ilustra sobre su interacción con el entorno ni sobre su aptitud para expresar la voluntad, ni acerca de la ineficacia del sistema de apoyo. Fue sólo su hermana quien habló. No obstante ese dato no conduce a conclusiones inequívocas en cuanto a los extremos investigados, toda vez que ninguno de quienes concurrieron a ese acto, por la defensoría oficial y por la asesoría de incapaces, tuvieron la iniciativa de experimentar comunicarse con la causante que estaba presente.

Respecto de los informes del Hospital ‘José de San Martín’ de Carhue’, de los cuales no se indican en los agravios aspectos precisos, si bien revelan -entre otros síntomas que describe la sentencia apelada- clara alteración en la capacidad adaptativa de la paciente, no señalan que eso afecte la comunicación con su entorno de manera absoluta. En realidad ese grado de aislamiento no se desprende inequívocamente, de tales exposiciones. Por el contrario, del de fecha 29 de junio de 2017, se desprende que, si bien la paciente presenta un déficit en su actividad adaptativa y requiere de ayuda, logró sociabilizar con sus familiares con quienes realiza juego de cartas, dibujos, pintura (v. parte final del dictamen).

Tocante al  asesor de incapaces, indica en su presentación del 19 de junio de 2018, que luego del contacto con la causante, tomado por personal de su dependencia en aquella audiencia del 20 de diciembre de 2017,  estima encontrarse en el caso de excepción regulado en el párrafo final del artículo 32 del Código Civil y Comercial. Aunque ningún razonamiento desarrolló para explicar cuáles datos proporcionados por la hermana de la causante en esa oportunidad, en que fue la única relatora, pudieron llevarlo a formar su convicción en el sentido indicado.

En suma, de momento y con los elementos que se han traído al análisis, no están  debidamente probadas las circunstancias que activarían el régimen de excepción previsto en el artículo 32, último párrafo, del Código Civil y Comercial.

Esto así, sin perjuicio que en la instancia de origen, se determinen con mayor precisión los actos sobre los que se restringe la capacidad y se especifiquen las funciones del apoyo, con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.

En estos términos, VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede (art. 266 cód. proc.).

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto emitido en primer término (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde:

1- Desestimar la apelación del 26/11/2019 contra la sentencia del  8/5/2019, con el alcance dado al ser votada la primera cuestión.

2- Proceder así con habilitación del asueto judicial sanitario (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20). Paso a explicarme.

Durante ese asueto, hay que hacer lo impostergable  (art. 2 párrafo 1° RC 386/20). O sea, lo que no es postergable, debe ser hecho. Entonces,  lo que no es razonablemente postergable, hay que hacer (art. 3 CCyC).

No es razonablemente postergable lo que  es posible resolver con constancias electrónicas, sin depender de las constancias que existieran en soporte papel y sin violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20 y sus ampliatorios.

Además, lo que no es razonablemente postergable, puede ser considerando de alguna manera “pendiente” (art. 7 párrafo 1° RP 14./20; art. 4.a.2 RP 18/20).

En fin, resolver, en esas condiciones,  es válido (art. 1 RC 386/20, art. 1 RP 14/20 y art. 1 RP 18/20; art. 1.1.b.1.1. RP 10/20 y art.  4.b RP 18/20; art. 169 párrafo 3° cód. proc.).

Aclarándose, por supuesto, que la habilitación de la feria sanitaria aquí: a-  incluye sólo, nada más,  la emisión del acuerdo y su notificación; b- no incluye  (en rigor, nada decide sobre) levantar la  suspensión de los plazos procesales posteriores a dicha notificación (ver art. 1 RC 386/20).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

1- Habilitar la feria sanitaria con el alcance indicado en el considerando 2- del voto a la 2ª cuestión.

2- Desestimar la apelación del 26/11/2019 contra la sentencia del  8/5/2019, con el alcance dado al ser votada la primera cuestión.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                              

Libro: 51 – / Registro: 105

                                                                                  

Autos: “A., G.  C/ P., J. S. S. S/ COBRO SUMARIO ARRENDAMIENTOS”

Expte.: -91696-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los ocho días del mes de abril de dos mil veinte,  celebran telemáticamente Acuerdo  Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “A., G.  C/ P., J. S. S. S/ COBRO SUMARIO ARRENDAMIENTOS” (expte. nro. -91696-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 1/4/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación del 27/12/2019 contra la resolución del 19/12/2019?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- En demanda se reclama el pago de una suma de dinero líquida y exigible ($ 26.000, vencida el 11/5/2019), documentada en un instrumento privado del 26/4/2019 (ver cláusula 2ª), con firmas certificadas notarialmente (ver copia digitalizada  en http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=33c797a4-bb96-42bf-ade5-c107aabdcadc&hash=B29F37354FFA0F810BCA0EFFB54CE6EA&nombrepath=Adrover%20c.%20Petersen%20s.%20Cobro%20Arrend.%202.pdf).

La autenticidad de las firmas y la certeza de la fecha de otorgamiento quedan así bajo el manto protector del art. 296.a del Código Civil y Comercial y, así, merecen no menos poder de convicción que una información sumaria de dos testigos (art. 384 cód. proc.).

Auténticas las firmas, puedo creer en el cuerpo del instrumento, por ejemplo, en su cláusula 2ª (arts. 314 y 319 CCyC; art. 384 cód. proc.).

Por eso, el caso encuadra sobradamente en el art. 209.2 CPCC (art. 34.4 cód. proc.) y no hace falta la demostración adicional del peligro en la demora, ya que ese precepto exime de su acreditación atenta la magnitud de la probabilidad del derecho. Paso a explicarme mejor en el considerando que sigue.

 

2- Como ya lo expuse antes, v.gr. en “ECHEVARRIA, GUILLERMO ESTEBAN S/ INCIDENTE DE DESIGNACION DE CURADOR DEFINITIVO -PIEZA SEPARADA-” (12/7/2017 lib. 48 reg. 221), en el ADN  de la tutela cautelar habita la íntima relación funcional que existe entre sus tres requisitos clásicos: la verosimilitud del derecho,  el peligro en la demora y la contracautela.

Esos tres requisitos, pese a su diferente naturaleza (lo profundizo en “La teoría de los vasos comunicantes y los requisitos de admisibilidad y fundabilidad de la pretensión cautelar”,  Jurisprudencia Argentina, número especial sobre medidas cautelares,  2014-IV, 17/12/2014),  se hallan íntimamente vinculados entre sí, a través de un sistema de vasos comunicantes.

¿Qué significa eso?

Que la  demostración  y  medida de cualquiera de esos requisitos debe apreciarse teniendo a la vista la patencia y la magnitud de los restantes; así, si fuera muy importante la patencia y la   magnitud de uno de ellos, podría bajarse el nivel de exigencia en cuanto a los otros dos.

Por ejemplo si la verosimilitud del derecho fuera muy grande, podría bajarse el nivel de exigencia:

a- en cuanto al peligro en la demora; incluso hasta eximiendo de su demostración: ver p.ej. art. 209 incs. 2, 3 y 4 CPCC;

b- con relación  a la contracautela (art. 199 párrafo 2° cód. proc.); inclusive hasta podría ser reducida sólo a juratoria: v.gr. cuando ya se ha emitido sentencia estimatoria de la pretensión principal (art. 212.3 cód. proc.).

En el caso, por el momento, juzgo como muy verosímil el crédito reclamado en demanda (ver considerando 1-).

Así, considero que puede prescindirse aquí de  la exigencia en punto a peligro en la demora, o  que, en todo caso, el equilibrio de la situación podría eventualmente ser encontrado a través de una contracautela adecuada -lo que debe ser resuelto en 1ª instancia, arg. arts. 34.4 y 266 cód. proc.- (remito otra vez a “La teoría de los vasos comunicantes”, cit. supra)

 ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Adhiero al voto emitido en primer término.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Como tiene dicho la Suprema Corte, los requisitos de verosimilitud del derecho invocado y del peligro en la demora, se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud no cabe ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño, y, viceversa (causa  B65259, sent. del 19/03/2003, ‘Asociación Civil Ambiente Sur c/ Municipalidad de Avellaneda s/ acción de amparo. Cuestión de competencia art. 6 CCA’, en Juba sumario B4001963).

Incluso a prescindir del peligro en la demora, como explica el juez Sosa (v. también, Morello-Sosa-Berizonce, ‘Código…’, t. II-C pág. 651 anteúltimo párrafo)

Adhiero, pues, a su voto.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Corresponde estimar la apelación del 27/12/2019 y revocar la resolución del 19/12/2019 con el alcance de los considerandos 1- y 2- del voto 1° a la 1ª cuestión.

2- Corresponde proceder así con habilitación del asueto judicial sanitario (art. 1 RC 386/20). Paso a explicarme.

Durante ese asueto, hay que hacer lo impostergable  (art. 2 párrafo 1° RC 386/20. O sea, lo que no es postergable, debe ser hecho. Entonces,  lo que no es razonablemente postergable, hay que hacer (art. 3 CCyC).

No es razonablemente postergable lo que  es posible resolver con constancias electrónicas, sin depender de las constancias que existieran en soporte papel y sin violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20.

Además, lo que no es razonablemente postergable, puede ser considerando de alguna manera “pendiente” (art. 7 párrafo 1° RP 14./20).

En fin, resolver, en esas condiciones,  es válido (art. 1 RC 386/20 y art. 1 RP 14/20; art. 1.1.b.1.1. RP 10/20; art. 169 párrafo 3° cód. proc.).

Aclarándose, por supuesto, que la habilitación de la feria sanitaria aquí:

a-  incluye sólo, nada más,  la emisión del acuerdo y su notificación;

b- no incluye  (en rigor, nada decide sobre) levantar la  suspensión de los plazos procesales posteriores a dicha notificación (ver art. 1 RC 386/20).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Adhiero al voto emitido en primer término.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a- Habilitar la feria sanitaria con el alcance indicado en el considerando 2- del voto a la 2ª cuestión;

b-  Estimar la apelación del 27/12/2019 y revocar la resolución del 19/12/2019 con el alcance de los considerandos 1- y 2- del voto 1° a la 1ª cuestión.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

                                                                                  

Libro: 49– / Registro: 14

                                                                                  

Autos: “ETULAIN, MARIA CECILIA C/ ACUÑA POLONIO S/ PRESCRIOPCION ADQUISITIVA VICENAL-USUCAPION”

Expte.: -91597-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dos días del mes de abril de dos mil veinte, celebran telemáticamente Acuerdo  Extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “ETULAIN, MARIA CECILIA C/ ACUÑA POLONIO S/ PRESCRIOPCION ADQUISITIVA VICENAL-USUCAPION” (expte. nro. -91597-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 9/3/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación de fs. 194/202 vta. contra la sentencia del 11/10/2019?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Se aprecia en el caso que María Cecilia Etulain, alega ser sucesora singular de los derechos posesorios ejercidos por sus cedentes: María Ester Canepare y Primo Crisanto Sosa. La cesión se realizó el veintisiete de octubre de dos mil quince,  (83/vta.). En consonancia, no podría demostrar actos posesorios propios, sino a partir de esa fecha.

Luego, como contado desde entonces el plazo es insuficiente para usucapir, va de suyo que para alcanzarlo, si bien nuestro derecho admite la accesión de posesiones, la actora tuvo que demostrar que ambas, la de las cedentes como la propia,  resultaron idóneas a efectos de invocar la usucapión y que con ambas reúne el plazo legal. O la realización por parte de los cedentes de todos aquellos actos posesorios que durante el tiempo que se aduce, se hubieran  efectuado con las características legales como para adquirir el dominio por ese modo (Calegari de Grosso, Lydia E., “Usucapión”, pág. 210 y ss.;  Arean, Beatriz, “Juicio de usucapión”, pág. 251 y ss.; (S.C.B.A., C 97851, sent. del 28/12/2010, ‘Lopreiato, Víctor Mario c/ Gauna, Andrés y otros s/Reivindicación’, en Juba sumario B33891).

Para mejor decir, manifiesto que la pretendida usucapiente no lograría comprobar, desde la cesión, una posesión durante el lapso de veinte años que exige el art. 4015 del Código Civil, quienes le transmitieron los derechos posesorios necesariamente debieron reunir el carácter de poseedoras con ánimo de dueño y ello debió probarse acabadamente para poder el adquirente sumar al cómputo de su plazo, el tiempo transcurrido por sus antecesoras o derechamente ampararse en la prescripción ya cumplida por ellos (arg. arts. 375 y 384 del Cód. Proc.).

Tanto más, cuanto el defensor oficial dejó negado que los actores (referencia clara a los cedentes), tomaran posesión del inmueble en el año 1975, que ejercieran la posesión pacífica e ininterrumpida durante más de veinte años, que haya realizado actos de posesión, como los que describe, que la posesión que ejercieran haya sido notoria, y que el carácter de poseedores fuera reconocido por las reparticiones del estado, así como por propietarios colindantes (v. escrito del 4 de septiembre de 2019; arg. arts. 354 inc. 1 del Cód. Proc.).

Con ese marco, pues, orientado a desentrañar si en definitiva se logró reunir la prueba compuesta -interpretada en los términos del artículo 24 de la ley 14.159 y 679 inc. 1 del Cód. Proc.)-   es discreto comenzar por la testimonial -tanto la rendida por ofrecimiento de la actora, cuanto la que se recogió en el reconocimiento judicial- para indagar luego, si lo relatado por los testigos encuentra respaldo en algún o algunos otros elementos diferentes, aportados al juicio.

Por lo pronto, con sus más y sus menos, las versiones provenientes de esta fuente, informan que el lote pretendido se encuentra en posesión de Sosa o de Canepare y Sosa, desde hace treinta o cuarenta años. Además vivió un hijo de Sosa. Para Berrueco no hicieron mejoras, pero para Zunnino, lo arreglaron un poco. Pero ambos coinciden en que la construcción que había la derrumbaron, aunque no se precisa cuándo eso habría ocurrido (fs. 19/vta., 2, segundo párrafo, 148 y 149).

Cuanto al oficial de justicia que concretó la diligencia de fojas 176/vta., señala que según la familia Gismondi, del fondo, Sosa venía siempre a cortar el pasto y las malezas, pero hace tiempo que no lo ven por ahí. También cita a Rubén Barranau, quien al parecer fue el que hace años desarmó la construcción a pedido del propietario Sosa, cobrando por ello, encargándosele recuperar los ladrillos, pero sin ubicar en el tiempo la tarea realizada. Y finalmente a Oscar Ferreyro, vecino desde 1982, de donde obtiene: que Acuña vivió allí hasta 1985 y más tarde se fue a la ciudad de Daireaux; que venía a veces a limpiar los yuyos; él le prestaba la pala; que luego -sin precisar época-  compró el lugar el matrimonio Sosa-Canepare, que vivieron allí dejando, seguidamente, a su hijo Leo unos años. A continuación la alquilaron a unas chicas y después alguien se ´metió´ y por eso la tuvieron que desarmar, hace muchos años, no dice cuántos ni cuándo (fs.176/vta.).

Yendo ahora a otras probanzas que corroboren al menos los datos salientes que revelan aquellos testimonios, -en cuanto es de interés para esta usucapión- resulta que de la descripción del lote formulada en el reconocimiento judicial, aparece que cuenta con un cerramiento de chapa que cubre todo el frente, con una puerta allí y otra antigua en el lateral izquierdo; que hay una vivienda prolijamente desarmada, con los ladrillos -de color naranja que denotan antigüedad- apilados en varios sectores, quedando los cimientos y una pequeña construcción, sin techo, ni aberturas, que posiblemente fuera un baño o cocina, que en los laterales existen: un cercamiento de alambre y plantas, en el fondo ladrillos apilados, en el costado izquierdo un tapial de chapas y alambrado y en el derecho un cerramiento con  bloques de granito carcomido que indican años desde su construcción.

En definitiva, sin perjuicio de la ratificación de que una construcción fue demolida o desarmada, en alguna oportunidad, sumado a la relativa imprecisión de los testigos en los puntos que se han marcado, no ofrece la condición que muestra el terreno, cierto rastro, huella, pista acerca de que Sosa y Berrueco hubieran permanecido en la ocupación del predio en el tiempo que aluden los referidos declarantes, con el ánimo de dueño que se precisa para calificar como poseedores, aptos para adquirir el dominio por prescripción larga.

De cara a los restantes medios que se indican en los agravios (fs.195/vta. II,A,4, 196/vta., tercero y cuarto párrafos, 197, primer a tercer párrafos, 197/vta., cuarto párrafo, 198, cuarto párrafo, 199 y vta., 200 primer párrafo, y 200/vta., tercer párrafo), vale despuntar aseverando que en la especie  se cumplió con el recaudo de acompañar un plano firmado por profesional, como lo requiere el artículo 679 inc. 3 del Cód. Proc..

Pero aspirar a fundar la posesión ánimus domini por el plazo legal para adquirir el dominio,  con ese elemento, emitido a nombre de María Ester Canepare de Sosa y aprobado el 19 de abril de 2010, para una usucapión promovida el 20 de octubre de 2009, es pretender de esa pieza un rendimiento mayor que aquel para el cual fue prevista (arg. arts. 384, 679 inc. 3 y concs. del Cód. Proc.; fs. 195/vta., II.-A4).).

En lo que atañe a los informes de fojas 30/33 y 88/89, el primero aportó el dato acerca del titular registral del inmueble y por el segundo se recabó el certificado de defunción de Polonio Acuña, quien figurara como tal. Lo que si fue útil para cumplimentar lo requerido por el artículo 679 inc. 2 del Cód. Proc., lo mismo que el documento de fojas 15/16, no abonan datos acerca de la posesión de los cedentes durante el término requerido por la ley para justificar la prescripción alegada.

De la documental de fojas 2/17, 22 y 117/118, corresponde excluir el comprobante que acredita la tasa de justicia y el pago del derecho fijo, porque nada suman para los hechos que deben probarse. Y también el plano, al cual  ya se hizo referencia antes.

Respecto de los pagos de impuestos y tasas propios del inmueble, el apelante los ubica en la categoría de pagos retroactivos, característico de quien pretende preconstituir prueba a los fines de intentar una usucapión (fs. 3/7, 177/188 y 200/vta., segundo párrafo).       Y justamente es esa condición la que los descalifica como elementos corroborantes. Toda vez que el pago de impuestos realizado con irregularidad y en lapso o época próximo a la promoción de la demanda, es ineficaz para demostrar el ánimo posesorio (S.C.B.A., Ac 40137, sent. del  28/02/1989, ‘Pérez, Héctor c/ Kweller Hnos. Soc. Com. Colectiva s /Posesión veinteañal)’, en Juba sumario B13038; art.24 inc.”c” de la ley 14159).

En fin, es doctrina legal de la Suprema Corte -no criterio personal de uno u otro juez o jueza- que, dada la trascendencia económico social del instituto de la usucapión la prueba de los hechos en los que se funda debe ser concluyente (S.C.B.A., C 121408, sent. del 13/02/2019, ‘Rossi, Juan Ignacio y otra c/ Terrabon S.A. s/ Usucapión’, en Juba sumario B20192).

Y desde esa tónica ha predicado que en las demandas por usucapión debe probarse la posesión “animus domini” actual, también la anterior y especialmente la que se tuviera en el inicio de la ocupación, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal (S.C.B.A., C 119916, sent. del 31/05/2017, ‘Club Sirio Libanés contra Ciganda, Héctor y Otra. Prescripción adquisitiva vicenal-usucapión’, en Juba sumario B4203136; S.C.B.A., C 121408, sent. del 13/02/2019, ‘Rossi, Juan Ignacio y otra c/ Terrabon S.A. s/ Usucapión’, en Juba sumario B4667). Para lo cual no es suficiente la prueba testimonial (S.C.B.A., Ac 40137, sent. del 28/02/1989, ‘Pérez, Héctor c/ Kweller Hnos. Soc. Com. Colectiva s/ Posesión veinteañal’, en Juba sumario B4872).

Por lo expuesto, la apelación se desestima, con costas (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

Probar no es sólo una actividad, es también un resultado. Puede producirse prueba (actividad), pero acaso con ella no se pruebe lo necesario (resultado).  No alcanza con que existan elementos de convicción: deben persuadir.

Y bien, pese a que por vía de hipótesis se concediera que en el caso la prueba testimonial es idónea, exclusivamente sola no es suficiente (art. 679.1 cód. proc.). Madura el interrogante, ¿hay otra prueba que la acompañe y apuntale? Esa pregunta debió ser respondida por la apelante en sus agravios, así que veamos qué nos dice.

Cita en su aval (f. 195 vta.):

(i)   la prueba documental de fs. 2, 17 y 22 y 177/188. ¿Qué es eso? A f. 2 están los comprobantes de pago de Jus previsional y del bono ley 8480, que obviamente no dicen nada sobre ninguna posesión; a fs. 17 y 22 hay planos de 2009 y 2010, que no hablan de ninguna posesión o en todo caso de ninguna  anterior a la fecha de su emisión; y a fs. 1177/188 hay boletas de pago de tributos, no anteriores a 2014, de manera que no son útiles para justificar el pago de tributos como acto posesorio  previo a 2014;

(ii) la prueba informativa de fs. 30/33  y 88/89; el informe de dominio de fs. 30/33 obviamente no ilustra sobre ningún acto posesorio; y a fs. 88/89 no hay ningún informe (hay una providencia simple y copia de un oficio);

(iii) la constatación de fs. 60/61, de la que surge la ausencia de ocupantes y la existencia de una construcción semidestruida; eso no habla precisamente de actos posesorios, por ejemplo de conservación, realizados por la parte actora;

(iv) el reconocimiento judicial de fs. 174/176, en síntesis da cuenta de una construcción destruida y de cerramientos, denotando antigüedad, pero sin ninguna precisión acerca de cuánta; la recogida declaración de los vecinos en el mejor de los casos no puede valer más que una prueba testimonial (arg. arts. 376 y 384 cód. proc.).

Por eso, como la contestación de la demanda realizada finalmente por el defensor oficial Serra el 4/9/2019 (ver su responde en expectativa a f. 119) ha dejado controvertida la causa de la pretensión actora, al igual que el juez preopinante -a cuyo voto también adhiero, art. 266 cód. proc.- juzgo que la parte actora (cedentes y cesionaria, ver fs. 83/vta.; art. 44 cód. proc.) no ha logrado acreditar convincentemente veinte años de posesión (art. 4015 CC; arts. 1899 y 1905 CCyC; arts. 330.4,  375 y 384 cód. proc.).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Con dos votos coincidentes a esta altura que definen la suerte de la causa,  sin nada más útil que aportar,  adhiero a ellos (art. 266 cód. proc.).

TAL MI VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1-  Pendiente de decisión desde antes del 16/3/2020,  no es razonable postergar el acuerdo (art. 7.1 RP 14./20; art. 2 párrafo 1° RC 386/20) y corresponde entonces  la habilitación de la feria sanitaria aquí:

a-  sólo, nada más,  para la emisión del acuerdo y su notificación;

b- sin decidir ahora sobre el levantamiento o no levantamiento de la  suspensión de los plazos procesales posteriores a dicha notificación (ver art. 1 RC 386/20 y art. 1 RP 14/20).

2- Por el acuerdo alcanzado, desestimar la apelación de fs. 194/202 vta. contra la sentencia del 11/10/2019, con costas a la apelante infructuosa (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

1-  Habilitar la feria sanitaria con el alcance señalado en el considerando 1- del primer voto a la 2a cuestión.

2- Desestimar la apelación de fs. 194/202 vta. contra la sentencia del 11/10/2019, con costas a la apelante infructuosa y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.