Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí

Libro: 50– / Registro: 582

Autos: “MORALEJO, VICTORIA ANGELICA C/ ASTURI, FRANCISCO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -91556-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecisiete  días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para  dictar  sentencia  en  los autos “MORALEJO, VICTORIA ANGELICA C/ ASTURI, FRANCISCO JOSE S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -91556-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 28/11/2019, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 26/8/2019 contra la resolución de fecha 16/8/2019?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

En la especie, la jueza a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Guaminí decide declarar oficiosamente su incompetencia por aplicación del art. 36 de la ley 24.240 y en función del domicilio del deudor -sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-,  porque la documentación acompañada permite vislumbrar la existencia de una relación de consumo financiero o de crédito en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de esa ley.

Ahora bien; ya tiene dicho esta cámara en numerosas oportunidades, con cita del fallo de la Suprema Corte de Justicia provincial “Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo” (RC 109305, sent. del 01/09/2010), que para que en razón del domicilio del deudor un juez se declare incompetente de oficio, deben existir elementos serios y adecuadamente justificados de que media una relación de consumo. Cito sólo a modo de ejemplo: sentencia del 19/9/2019, “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: “BANCO HIPOTECARIO S.A. C/OSORIO, DAIANA ANAHI S/COBRO EJECUTIVO”, L.50 R.379; sentencia del 18/7/2019,  “BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ OBANDO, ONOFRE RUBEN S/ COBRO EJECUTIVO”, L.50 R.279 y sentencia del 22/5/2019, “RECURSO DE QUEJA EN  AUTOS: “BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ GOVERNATORI, MARCELO ALEJANDRO Y OTRA S/COBRO EJECUTIVO”, L.50 R.168.

No basta, entonces, únicamente indicar que surgen tales elementos de convicción, sino que tales elementos deben especificarse puntual y concretamente; lo que en el caso no se ha hecho en la resolución motivo de apelación. Ni surgen, hasta aquí, de la única documental traída (el pagaré que se ejecuta, que puede verse en la foja electrónica n°10 del sistema Augusta), ni de los dichos de la actora en demanda (fojas electrónicas n° 6/9 del mismo sistema).

Como sostuviera el juez Lettieri en la sentencia emitida el 4/12/2019 (autos: “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Olalde, Miguel Ángel s/ Cobro ejecutivo”, L.50 R.557)-,  para declararse incompetente de oficio el juzgado debe expresar fundadamente cuáles son en concreto los elementos serios y justificados que dan cuenta de una relación de consumo en el caso concreto, lo que aquí -como ya fuera expresado- no se hizo.

Por tales motivos, corresponde estimar la apelación del 26/8/2019 y revocar la resolución de fecha 16/8/2019 en cuanto se declara la incompetencia del Juzgado de Paz Letrado de Guaminí.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA SEGUNDA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde estimar la apelación del 26/8/2019 contra la resolución de fecha 16/8/2019 en cuanto se declara oficiosamente la incompetencia del Juzgado de Paz Letrado de Guaminí.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación del 26/8/2019 contra la resolución de fecha 16/8/2019 en cuanto se declara oficiosamente la incompetencia del Juzgado de Paz Letrado de Guaminí.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Libro: 50– / Registro: 581

Autos: “BERDION MANUEL ROBERTO C/BIANCHI RICARDO EDUARDO A. Y OTR. S/NULIDAD DE ACTO JURIDICO”

Expte.: -91491-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecisiete  días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para  dictar  sentencia  en  los autos “BERDION MANUEL ROBERTO C/BIANCHI RICARDO EDUARDO A. Y OTR. S/NULIDAD DE ACTO JURIDICO” (expte. nro. -91491-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 02/12/2019, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 29/8/2019 contra las resoluciones del 3/4/2019 y del 20/8/2019?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. En función de la dificultad de seguimiento del trámite, en primer lugar habré de aclarar lo siguiente:

En el escrito electrónico del 27/3/2019, el accionante Berdión pide se le entregue la tenencia de los bienes inmuebles donados y el embargo de los cultivos existentes en esos inmuebles (ver punto V apartados b y c, respectivamente).

Ese pedido motivó la resolución del 03/04/2019, en que, con fundamento en que el peticionante donó una parte sustancial de su patrimonio sin reserva de usufructo y por lo dicho por el art. 1800 del Código Civil (vigente al momento de la donación), se decidió:

a. modificando el pedido de entrega de la tenencia de los bienes (art. 204 cód. proc.), disponer la prohibición de contratar respecto de los cuatro inmuebles donados , lo que requerirá -dice- la correspondiente autorización judicial a los fines de la celebración de futuros contratos que se celebren, garantizando la participación del actor en la negociación;

b. el embargo de los cultivos existentes en los inmuebles rurales matrículas 3350 y 4924 del Partido de Daireaux.

Luego de emitida aquella resolución (la del 03/04/2019), tras las alternativas de los escritos de fechas 23/04/2019, 10/05/2019, de la resolución del 16/05/2019, se presenta Esteban Eduardo Fuda en el escrito que se encuentra en las fojas electrónicas 981/987 (también fojas electrónicas 1096/1102), en que se opone a la ampliación del embargo sobre los cultivos, pedida por Berdión en su escrito del 10/5/2019, y tras la contestación del 09/09/2019, se dicta nueva resolución el 20/8/2019, en la que se mantienen las medidas cautelares ordenadas en los presentes autos, aunque parece extender la decisión también a la medida de anotación de litis decretada a fs. 34/vta. del expte. 94793 -que corre vinculado por cuerda-. Además, intima a Fuda a que denuncie rindes y espacio físico donde colocó los cultivos embargados.

Nuevamente se presenta Fuda en el escrito del 29/08/2019, en que apela de manera concreta, lo siguiente:

a. la resolución del 03/04/2019 en cuanto decreta el embargo de los cultivos existentes en el inmueble rural matrícula 4929 del Partido de Daireaux;

b. la resolución del 20/08/2019 en cuanto resuelve mantener la medida cautelar de prohibición de contratar e intima a denunciar rindes y espacios físicos donde se colocaron los cultivos.

A ese espacio redujo su apelación (arg. art. 242 cód. proc.).

2. Pues bien.

Respecto a la apelación de la resolución del 03/04/2019, en cuanto decreta embargo sobre los cultivos del inmueble matrícula 4929 del Partido de Daireaux, ya se dijo que aquélla se funda expresamente en la donación por parte de Berdión de una parte sustancial de su patrimonio sin haber hecho reserva de usufructo, sumado al art. 1800 del Código Civil.

Y sobre este aspecto fundamental del decisorio del 03/04/2019 para decretar el embargo de cultivos cuestionado, no se aprecia que en el memorial del 16/09/2019 se haya efectuado una crítica concreta y razonada en los términos del art. 260 del cód. proc.; en todo caso, el esfuerzo recursivo hace eje en el boleto de compraventa que se habría celebrado el 14/02/2017 entre el donatario Bianchi y el recurrente y quien sería el restante adquirente del bien, Mithieux.

Ende, en lo que se refiere a esta medida cautelar, el recurso es desierto (art. 260 citado).

Tocante al recurso contra la resolución del 20/8/2019, en cuanto se ordena al apelante Fuda a denunciar los rindes y espacio físico en que se colocaron los cultivos, en la medida en que no progresa el recurso contra el embargo de dichos cultivos, cabe mantener esta decisión. Máxime que el único agravio hace hincapié, una vez más, en el boleto de compraventa indicado en el apartado anterior (arg. art. 260 cód. proc.).

Por fin, en cuanto a la medida cautelar de prohibición de contratar sin que exista previa autorización judicial e intervención del actor, en la medida que la misma fue decretada ya en el resolución del 03/04/2019, con fundamento, repito, en la donación de parte sustancial del patrimonio del donante sin reserva de usufructo y del art. 1800 del Código Civil, más allá de la existencia del boleto de compraventa del 14/02/2017, en torno al cual gira la totalidad de los agravios del 16/09/209, debió ser cuestionado también ese aspecto fundamental para decretar la medida (art. 260 ya citado).

3. En suma, por falta de agravio suficiente, corresponde desestimar la apelación del 29/8/219 6:34:47 p.m. contra las resoluciones del 03/04/2019 y del 20/8/2019, teniendo en cuenta el alcance dado a aquella apelación.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1-  Lo que está en la mira es el inmueble rural matrícula 4924, no 4929 (ver boleto de compraventa anexado por Fuda a su escrito del 13/6/2019, que se puede ver clickeando el archivo del 14/6/2019). No 4929 como se indica en la apelación y en los agravios.

2- Fuda, supuestamente comprador,  aparece en autos el  13/6/2019, a través de escrito recién visible en la MEV el 4/7/2019.

Fuda, en sus agravios del 16/9/2019, admite que el boleto de compraventa carece de fecha cierta, tal el fundamento central del juzgado para no hacer lugar al levantamiento de las cautelares en la resolución del 20/8/2019. Esto es, lejos de intentar confutar el argumento, lo admite.

Completo: al parecer carece de fecha cierta  anterior a las medidas cautelares cuyo levantamiento solicita Fuda,  lo cual no confiere actualmente verosimilitud a su alegada prioridad e impide desde ese punto de vista acceder ahora a ese levantamiento  (arg. incisos b y c art. 1170,  y arts.  317 y 396 CCyC; arts. 34.4, 266 y 384 cód. proc.).

No se trata de las averiguaciones sobre las condiciones de dominio que Fuda dice hechas antes de la supuesta firma del boleto, ni del conocimiento por Fuda de las cautelares anteriores o posteriores a la supuesta firma del boleto, sino de la falta de fecha cierta del boleto anterior a las cautelares.

Es más, el apelante en sus agravios admite que el boleto ha sido controvertido en su autenticidad por el actor Berdión, de manera que, más allá de su fecha,  ni siquiera cabe tener por cierta ahora mismo su plena existencia  o eficacia (arts. 314, 319 y 382 CCyC; art. 384 cód. proc.).

En suma, no hay margen actualmente para acceder al levantamiento requerido,   sin perjuicio de lo que quepa resolver en el futuro y de la eventual responsabilidad de quien corresponda (ver art. 208 cód. proc.).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en segundo término.

A LA SEGUNDA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, según mi voto, desestimar la apelación del 29/8/219 6:34:47 p.m. contra las resoluciones del 03/04/2019 y del 20/8/2019, teniendo en cuenta el alcance dado a aquella apelación; con costas a la parte apelante (arg. art. 69 cód. proc.) y diferimiento  aquí de la resolución sobre los honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

TAL MI VOTO.        

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde, según mi voto, desestimar la apelación del 29/8/2019 contra las resoluciones del 3/4/2019 y del 20/8/2019, con costas al apelante infructuoso (art. 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en segundo término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, por mayoría, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación del 29/8/2019 contra las resoluciones del 3/4/2019 y del 20/8/2019, con costas al apelante infructuoso (art. 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

Libro: 50– / Registro: 580

Autos: “BONAVITTA RUBEN OSVALDO C/ SUAREZ SEBASTIAN Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -91559-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecisiete  días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para  dictar  sentencia  en  los autos “BONAVITTA RUBEN OSVALDO C/ SUAREZ SEBASTIAN Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -91559-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 28/11/2019, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 3/9/2018 contra la resolución de fs. 406/407?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. El juez de la instancia de origen puso a cargo de la aseguradora los honorarios devengados en el proceso por el abogado contratado por la parte accionada.

Para así decidir tuvo en cuenta que los demandados, notificados del traslado de la demanda debieron presentarse a contestarla para no exponerse al riesgo de varias consecuencias jurídicas desfavorables.

Que la aseguradora tuvo formal noticia de la iniciación del pleito contra su asegurado cinco meses antes que éste; y no pudo de buena fe ignorar la necesidad de asumir su defensa sin tener que esperar ritualmente que su asegurado le diera una nueva noticia para recién darse por enterado de esa necesidad, obviamente conocía.

En suma concluye que la aseguradora luego de ser citada y sin esperar ritualmente una nueva noticia proveniente de su asegurado, de buena fe debió tomar la iniciativa en procura de asumir la defensa de su cliente.

Y con cita de un fallo de esta cámara agregó que la alegación y carga de la prueba de tal anoticiamiento a ella le incumbía. En concreto que la aseguradora debió alegar y acreditar que se contactó con su cliente y le indicó el profesional que habría de asistirlo.

2. Se agravia la citada en garantía de lo decidido por el juez de la instancia de origen.

Sigue sosteniendo ritualmente que es carga del asegurado anoticiar a su aseguradora del inicio de la demanda y no al revés; que el magistrado desvirtúa lo pactado por las partes, en particular una de las obligaciones más trascendentes a cargo del asegurado como es denunciar en tiempo y forma el siniestro; y que en vez de ello el demandado se presentó con letrado propio a contestar demanda; asumiendo su propia defensa sin razón válida.

Tal lo reseñado en prieta síntesis, la citada en garantía no se hace  cargo de los argumentos por los cuales el magistrado consideró que por las circunstancias del caso, el proceder debió ser inverso.
Inverso pues quien primero tuvo conocimiento de la demanda fue la aseguradora al ser notificada del traslado de la demanda con antelación al accionado; debiendo ofrecerle inmediatamente defensa; prueba de cuyo proceder,  por tales circunstancias, cargó sobre la citada.

Ello así, continuó razonando el magistrado pues debiendo primar la buena fe no pudo ignorar  la aseguradora la necesidad de asumir la defensa de su cliente e inmediatamente hacérselo saber. Este razonamiento del fallo no fue objeto de crítica concreta y razonada (arts. 260 y 261, cód. proc.).

No lo es la repetición literal de lo pactado en el contrato, sin hacerse cargo de las circunstancias y razonamientos que llevaron al juez a decidir como lo hizo, sin mostrar el error del juzgador en tal razonamiento.

Seguir sosteniendo que se desvirtúa lo pactado entre las partes a la par de reclamar un nuevo y reiterativo anoticiamiento de la demanda entablada, pero ahora por parte de su cliente, cuando el juez lo consideró innecesario, por haber tomado la citada conocimiento fehaciente de la demanda por la notificación realizada por la actora; constituye en todo caso un razonamiento paralelo pero lejos queda de una crítica concreta y razonada que es carga del recurrente en los términos de los artículos 260 y 261 del código procesal.

Siendo así, el recurso es desierto.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Con cita del precedente de esta cámara “Fernández c/ Ford” (26/2/2013 lib 44 reg. 19, ver f. 406vta.), el juzgado sostuvo que la aseguradora fue notificada de la demanda antes que los asegurados y que, por eso, en vez de esperar que éstos avisaran al ser a su turno notificados, tuvo que tomar la iniciativa de ofrecerles la asistencia letrada, lo cual la aseguradora no hizo forzando a los asegurados a elegir su propia asistencia para no caer en indefensión.

La inmediata noticia que debe dar el asegurado al asegurador cuando el tercero damnificado haga valer judicialmente su derecho (ver art. 115 al final,  ley 17418), supone que el asegurado sea notificado del juicio antes que la aseguradora, pues, si sucede al revés, deviene abusivo que ésta, profesional y dominante en la relación con su contratante,  exija una nueva noticia en vez de activar antes diligentemente lo necesario para propiciar la defensa del asegurado (arg. arts. 9, 10 y 11 CCyC).

Máxime si la  acción de los damnificados contra la aseguradora es directa no autónoma, pues, siendo así,  la aseguradora  no podía ignorar que necesariamente esa notificación a los asegurados iba a tener que llegar para trabar adecuadamente la litis (art. 737.3 CCyC; art. 118 ley 17418).

2- Allende lo expuesto,  hay un argumento del fallo recurrido que no ha sido motivo de agravios y que, por sí solo, puede dar sustento a la decisión apelada: la falta de interés de la aseguradora (arts. 250 y 261 cód. proc.).

En efecto, con o sin acierto –pero, reitero, sin agravio alguno- el juzgado sostuvo que, por tratarse de un litisconsorcio pasivo entre la aseguradora y los asegurados,  los honorarios del abogado de éstos habrían sido los mismos sea que su elección hubiera sido hecha por la aseguradora o por los asegurados (ver f. 407 párrafo 2°).

Así que, si proveyéndoles abogado y costeando los honorarios la aseguradora hubiera completado el mantenimiento de la indemnidad de los asegurados, no sería más gravosa la situación de mantenerlos indemnes costeando los honorarios del abogado elegido por éstos (art. 3 CCyC; art. 384 cód. proc.).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en segundo término.

A LA SEGUNDA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, según mi voto, declarar desierto el recuso del 3/9/2018 contra la resolución de fs. 406/407.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde, según mi voto, desestimar la apelación del 3/9/2018 contra la resolución de fs. 406/407, con costas a la aseguradora apelante vencida en la cuestión (art. 69 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en segundo término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, por mayoría, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación del 3/9/2018 contra la resolución de fs. 406/407, con costas a la aseguradora apelante vencida en la cuestión (art. 69 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí

Libro: 50– / Registro: 579

Autos: “G., L. S. S/ 13.298”

Expte.: -91515-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecisiete  días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para  dictar  sentencia  en  los autos “G., L. S. S/ 13.298” (expte. nro. -91515-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 14/11/2019, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  del 26/8/2019 contra la resolución del 16/8/2019?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

1- El juzga. T., de la vivienda sita en calle Eva Perón y Dr. Pippo de Casbas Partido de Guaminí, dejando allí hasta ese entonces a O. M., y sus hijos.

Además, y como complemento, en los  puntos 2° y 3° de esa misma resolución –únicos apelados el 26/8/2019-, ordenó al municipio dos cosas:

a- otorgar a la excluida N. T., un subsidio para conseguir alojamiento hasta el 31/8/2019;

b-  proveer, antes del vencimiento de la exclusión de T., (o sea, antes del 31/8/2019),  a O. M., y sus hijos  una vivienda con  adecuadas condiciones sanitarias y de habitabilidad.

2- Apeló el municipio el 26/8/2019 y el juzgado, con cita del art. 198 CPCC, concedió esa apelación el 29/8/2019. Adelanto que la cita normativa permite creer que la apelación fue concedida con efecto devolutivo (ver último párrafo art. cit.).

3- El recurso en torno a la situación de N. T., ha devenido actualmente abstracto pues, retirados O. M., y sus hijos  el 11/9/2019 de la vivienda de la que aquella había sido excluida (ver escrito del 16/9/2019),   mediante escrito del 27/9/2019 manifestó haber regresado allí. Ya no hay nada que subsidiar para conseguir un alojamiento alternativo, porque N. T., volvió al lugar del cual antes había sido excluida. Por lo demás, en el escrito del 22/11/2019, requerido por esta cámara  el 15/11/2019, la comuna no argumentó que efectivamente hubiera subsidiado la permanencia de T.,fuera de la vivienda de calle Eva Perón y Dr. Pippo, ni hasta el 31/8/2019, ni hasta su efectivo reingreso allí (arts. 260, 261 y 266 cód. proc.).

4- Sí se mantiene viva la cuestión de la provisión de una vivienda a O. M,. y sus hijos, pues haber cumplido con la orden judicial apelada no importó un inequívoco acatamiento absoluto, sino que pudo significar un  acatamiento relativo y provisorio en función del virtual efecto devolutivo de la apelación pendiente (arg. art. 198 cit.).

Sin embargo, es una situación anterior a la resolución apelada la que revela la inadmisibilidad de la apelación por falta de interés procesal: el informe presentado por la comuna el 12/8/2019. Allí se dijo que,  si bien el municipio no  cuenta con un establecimiento o vivienda acorde, a fin de solucionar en forma directa la problemática habitacional de la Sra. O. M., y su grupo familiar había puesto a su disposición  ayuda económica (subsidio) a fin de que —provisoriamente- pudiera afrontar los gastos de alquiler de una eventual vivienda. Bueno, precisamente eso ofrecido antes de la resolución apelada  es lo que más o menos ha sucedido luego de la resolución apelada: el alquiler de una vivienda con fondos del municipio para la nombrada y sus hijos (ver audiencia del 9/9/2019 y escrito del 16/9/2019; ver informe del servicio local de Guaminí del  9/10/2019). Concluyo que mal puede agraviarse el municipio de algo que él mismo espontáneamente ofreció antes de la resolución apelada: solventar una vivienda para M., e hijos (arg. arts. 34.4 y 242 cód. proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde  no hacer lugar a la apelación del 26/8/2019 contra la resolución del 16/8/2019.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

No hacer lugar a la apelación del 26/8/2019 contra la resolución del 16/8/2019.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n° 1

Libro: 50– / Registro: 578

Autos: “QUINTANA HERALDO ADRIAN VICTORINO  C/ F GUERRERO S.R.L. S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO”

Expte.: -91067-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri, para  dictar  sentencia  en  los autos “QUINTANA HERALDO ADRIAN VICTORINO  C/ F GUERRERO S.R.L. S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO” (expte. nro. -91067-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 05/12/2019, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿se ajusta a derecho la resolución de fs. 179/vta., apelada el 23/9/2019 y -dos veces- el 24/9/2019?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA   DIJO:

1- En materia de honorarios de abogados,  en todo lo no previsto en la ley de concursos (LC)  rige la ley 14967, según el proemio  del art. 36 de esta ley. Consecuentemente, según ese precepto, en todo lo sí previsto en la LC no rige la ley 14967.

2- El art. 287 LC  establece que en los procesos de revisión hay que regular honorarios “de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales”.

¿Qué dice la ley 14967, tratándose de incidentes, en cuanto al tema que ahora nos interesa, esto es, en cuanto a la base regulatoria?.

Dice que la base regulatoria será “ El monto del juicio principal o el del incidente o tercería si el de estos fuere menor” (art. 47.b).

Y bien, sabiendo que tenemos que elegir el importe menor,  ¿cuál es el del juicio principal y cuál el del incidente?.

3- Sobre el monto del principal, una vez más acudimos al art. 287 LC: hay que tomar  “como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado.”

             “Verificado” puede leerse como “declarado concurrente” en el principal, quedando asimilado así el crédito “declarado admisible” (art. 2 CCyC).

El crédito insinuado y declarado concurrente en el principal  fue por $ 804.474,60 (o al menos hasta ese monto bregan los apelantes Bassi y Lopumo (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

4- La significación económica del incidente está marcada por la cuantía del objeto mediato de la pretensión impugnativa (art. 278 ley 24522; art. 330.3 cód. proc.; art. 16.a ley 14967).

En ese terreno, resulta que el revisionista pidió (f. 9 ap. 5):

a-  que se redujera la concurrencia del crédito declarado admisible en 1ª instancia, hasta el monto debidamente acreditado con remitos y facturas; es decir, que se dejara fuera del concurso a la porción del crédito carente de respaldo documental;

b-  que se excluyeran los intereses o, en su defecto, que se aplique la tasa de interés pasiva en vez de la activa.

Si hay algo que el revisionista no puso en tela de juicio fue la porción del crédito declarado admisible en 1ª instancia en tanto contara con respaldo documental. Sólo objetó la porción del crédito declarado admisible en 1ª instancia en tanto carente de respaldo documental. Lo no objetado en la revisión caería en todo caso bajo la órbita del anteúltimo párrafo del art. 36 de la ley 14967.

La cámara hizo lugar al punto de vista del concursado, dejó fuera del concurso el crédito declarado admisible en 1ª instancia pero considerado carente de respaldo documental y sólo mantuvo como concurrente el crédito declarado admisible en 1ª instancia pero considerado munido de respaldo documental. ¿Numéricamente qué hizo la cámara? Redujo la concurrencia del crédito de F.Guerrero SRL, pasando de los $ 804.474,60 admitidos en 1ª instancia, a $ 388.349,38 (f. 153 vta.): la diferencia entre ambas cantidades ($ 416.125,20) fue excluida del pasivo concurrente por considerada carente de respaldo documental, tal cual el objeto de la pretensión impugnativa del revisionista, tal cual entonces la significación económica esencial del incidente (art. 278 ley 24522; art. 330.3 cód. proc.; art. 16.a ley 14967).

Claro que la significación económica del incidente también debería completarse nutriéndose de los intereses también impugnados, aunque sin éxito, por el concursado (arts. cits. en el párrafo anterior).

5- ¿Cuál debe ser entonces la base regulatoria?

Debe ser descartada la base regulatoria aprobada por el juzgado, porque no refleja ni la cuantía del principal (ver considerando 3-) ni la del incidente (ver considerando 4-). Justamente, $ 388.349,38 es una cantidad de dinero que refleja la porción no objetada a través del incidente de revisión y que quedó como rezago una vez restado el importe ($ 416.125,20)  que sí fue objeto del exitoso recurso de revisión.

De manera que  si el monto referencial del principal ($ 804.474,60) supera al valor del incidente (es decir, supera a $ 416.125,20 -diferencia entre $ 804.474,60 y $ 388.349,38-, más los intereses impugnados sin éxito), es éste último el que debe ser tomado como base regulatoria para el recurso de revisión (art. 287 LC y art. 47.b ley 14967). Si por ventura una vez liquidados esos intereses resultase que ellos sumados a $ 416.125,20 son más que $ 804.474,60, entonces esta última cifra debería ser utilizada como base regulatoria para el recurso de revisión (arts. cits. y arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

6- Creo que las  costas de la incidencia  bien pueden ser equitativamente cargadas en ambas instancias por su orden, en razón del resultado de algún modo todavía abierto teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso  (ver sino considerando 5-) y de las zonas grises  que pueden suscitarse a partir de la interpretación de dos cuerpos normativos cuya armoniosa “complementariedad” no es tan evidente (art. 69 cód. proc.).

7- No huelga agregar que, al discurrirse oportunamente sobre la alícuota para  regular los honorarios,  habrá que analizar cuidadosamente por qué motivo o razón jurídica  la expresión contenida en el art. 287 LC “de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales” pudiera permitir aplicar el art. 36.c de la ley 14967 en detrimento del art. 47 de la ley 14967 (art. 3 CCyC; arts. 34.5.b y 34.4 cód. proc.).

ASÍ LO VOTO

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde dejar sin efecto la resolución de fs. 179/vta., disponer que la base regulatoria del recurso de revisión deberá establecerse según lo dispuesto en el considerando 5-, imponer las costas por su orden en ambas instancias por la cuestión de que se trata y diferir aquí la resolución sobre honorarios por esa cuestión.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Dejar sin efecto la resolución de fs. 179/vta., disponer que la base regulatoria del recurso de revisión deberá establecerse según lo dispuesto en el considerando 5-, imponer las costas por su orden en ambas instancias por la cuestión de que se trata y diferir aquí la resolución sobre honorarios por esa cuestión.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por encontrarse excusada.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

_____________________________________________________________

Juzgado de origen: Juzgado de Familia N° 1

_____________________________________________________________

Libro: 50 – / Registro: 577

_____________________________________________________________

Autos: “BUCHANAN ELENA ISABEL  C/ COURREGES GUSTAVO GASTON S/ MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -91414-

_____________________________________________________________

TRENQUE LAUQUEN, 17 de diciembre de 2019.

            AUTOS Y VISTOS: los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y de nulidad presentados electrónicamente el día  8/1/2019  contra la resolución de fs. 136/139 del día 23/10/2019 a las 09:11:30 a.m. y 09:09:35 a.m., respectivamente.

            CONSIDERANDO.

En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.

El recurso ha sido deducido en término, con mención de la normativa que se considera violada o aplicada erróneamente.

En cuando a la definitividad de la sentencia impugnada, para que una deuda pueda ser considerada líquida es necesario que concurran dos elementos: que se trate de una deuda cierta en cuanto a su existencia y que esté determinada su cantidad (ver doctrina legal en JUBA online, con las voces líquida existencia cierta cantidad determinada SCBA).

La resolución recurrida hizo lugar a la impugnación de la liquidación practicada por la parte actora y así, al no tener por líquida la deuda reclamada, rechazó la ejecución  (ver síntesis en considerando 7-, f. 138).

Quedó comprometida así no sólo la cantidad aducida de la deuda, sino también su propia existencia, lo que podría significar la obturación de otras vías procesales para hacerla valer. Eso habla de la definitividad del decisorio recurrido (art. 278 último párrafo cód. proc.).

Respecto al valor del litigio, sostiene la recurrente que la exigencia  prevista  por  el  art. 278 del código procesal respecto del monto mínimo del valor del litigio, es  inconstitucional, por ser arbitraria y como tal, violatoria de garantías constitucionales federales de defensa en juicio, del debido proceso adjetivo, de la propiedad y de la igualdad (punto II.4  del escrito electrónico de fecha 08/11/2019 a las 09:11:30 a.m.).

Este tribunal tiene dicho que no cualquier alegación referida  a  normas  constitucionales, aún invocadas y comentadas,  constituye  agravio federal, ya que no es la mera relación transitiva entre lo  resuelto  y  las diversas garantías constitucionales lo que otorga  ese carácter,  en  tanto que de así serlo todas y cada una de las decisiones de los Tribunales de Provincia,  que de cualquier modo fueran tenidas por gravosas por  las partes constituirían inevitablemente cuestión federal, desde que la Constitución Nacional tutela la totalidad de  los derechos e intereses esenciales que ella misma consagra. Para ser tenidos por federales,  es  preciso que  los planteos refieran a la preeminencia estatuida en el art. 31 de la Constitución nacional, reglamentado  por el art. 14 de la ley 48 y la doctrina que a su respecto ha elaborado la Corte Suprema de Justicia  de la Nación (ver esta Cámara en “Araujo, Néstor Eduardo S/ Sucesión Ab.intestato (expte. 90357-” L.47, R. 67 del 13-06-2018; “Belardo, Laura Ines c/ Leches del Oeste S.R.L. s/ Cobro de Pesos” L. 35, R. 65 del 29-04-2004 entre otros precedentes).

Y  si  bien en el sublite se manifiesta que la sentencia recurrida es arbitraria y como tal  violatoria de las garantías constitucionales federales de defensa  en  juicio,  debido proceso adjetivo e igualdad ante la ley, no se expresan claramente  los motivos  que  conducen  a  esa conclusión, por lo que no corresponde hacer  lugar  al planteo de inconstitucionalidad efectuado respecto  de la exigencia de monto mínimo del valor del pleito  del art. 278 del ordenamiento procesal.

En ese marco, ascendiendo el  valor  de  este pleito a la suma de $169.306,39.- que es inferior al monto de $858.000 -(1 jus = $1716*500 IUS= $858.000. cfrme. art. 1º Ac. 3953/19 de la SCBA). establecido como mínimo  por el indicado art. 278 del código procesal, corresponde denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad  de ley interpuesto.

Así las cosas,  resulta abstracto pronunciarse sobre la alegada inconstitucionalidad del art. 280 del mismo código, respecto de  la exigencia del depósito previo en los casos que corresponda  conceder el recurso extraordinario previsto por los  arts.  278  y ss. del Código Procesal (esta Cám., 07-11-02,  “Banco  de  la Provincia de Buenos Aires c/ Vázquez, Mario Vicente s/ Ejecución prendaria”, L. 29, Reg. 253).

En cuanto al recurso extraordinario de nulidad.

El recurso ha sido deducido en término, la sentencia recurrida es asimilable a definitiva -en este punto se remite a lo expuesto al tratar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley-, se alega que ha mediado omisión de tratamiento de cuestión esencial conforme al art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y se ha fijado domicilio legal en la ciudad de La Plata (arts. 278 en lo pertinente, 281, 296 y 297 CPCC).

Por ello la Cámara  RESUELVE:

1) Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fecha 08/11/2019 hora 09:11:30 a.m.

2) Conceder el recurso extraordinario de nulidad de fecha  08/11/2019 hora 09:09:35 a.m.

3) Intimar a la parte recurrente para que dentro del quinto día  deposite en Mesa de Entradas y en sellos postales la suma de $ 300 (pesos trescientos) para gastos de franqueo, bajo apercibimiento de declarar  desierto el recurso concedido (arts. 282 y 297 Cód. Proc.).

4) Hacer saber a la parte recurrida que le asiste la chance de constituir domicilio en la ciudad de La Plata a sus efectos, lo que podrá hacer ante esta Cámara antes de la remisión del expediente (arts. 280 últ. párr., 284, 291 y concs. cód. cit.).

Regístrese. Notifíquese  electrónicamente  haciéndole saber a la parte recurrida que los escritos recursivos se encuentran visibles a tráves de la MEV de la SCBA (arg. párrafo segundo del AC 3275/06 de la SCBA; art. 282 in fine  Cód. Proc.).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado  de Paz Letrado de Daireaux

Libro: 50 / Registro: 576

Autos: “O., V. M. S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (FAMILIA)”

Expte.: -91369-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los once  días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para  dictar  sentencia  en  los autos “O., V. M. S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (FAMILIA)” (expte. nro. -91369-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 11-11-2019, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es procedente la apelación electrónica del 20/9/2019 6:31:42 p.m. contra la resolución de esa misma fecha?

SEGUNDA: ¿qué honorarios deben fijarse por las tareas ante esta instancia?

TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

Regulados en 4 Jus los honorarios de la defensora oficial ad hoc M.,, los apeló por bajos.

En pos de una retribución mayor sostuvo que se desconoce en la resolución apelada que antes habían sido fijados en 7 jus -sin haber sido motivo de queja- y que los que se fijan ahora desconocen la importancia de su trabajo en estas actuaciones, así como la celeridad con la que se desarrolló, especificando que dio inicio a aquéllas, ofreció y produjo prueba, notificó a la contraparte, destacando que existe aquí mayor tarea que las habituales en este tipo de procesos ya que debió producir pruebas dadas como medida para mejor proveer. En suma, pide se eleven sus honorarios a 7 jus.

Y tiene razón.

En primer lugar destaco que los anteriores honorarios de la sentencia del 4/6/2019 debieron ser adecuados en ocasión de la sentencia de esta cámara del 28/8/2019 en función del art. 274 del Cód. Proc., ya que se había producido -apelación del 5 de junio de 2019 mediante- la revocación total de la instancia inicial.

Lo que no se hizo, pero puede entenderse subsanado con la resolución del 20/9/2019, que fija nuevos honorarios teniendo en cuenta lo decidido por este tribunal en la sentencia del 4/6/2019.

Lo que habrá de verse, entonces, es si los nuevos honorarios son ajustados a las tareas cumplidas y la normativa aplicable.

Según el AC 3912, los estipendios de los defensores ad hoc deben fijarse dentro de la escala que va de los 2 a los 8 jus, en orden a la importancia y complejidad del trabajo realizado (art. 1° AC citado).

En el caso, se aprecia que la abogada M., cumplió las siguientes tareas: aceptó su designación (13/2/2019), promovió la demanda de beneficio de litigar sin gastos, agregando como prueba declaraciones testimoniales (17/2/2019 y fojas electrónicas 14/16), confeccionó cédulas (foja electrónica 33), pidió se dictase sentencia (20/3/2019) y produjo la medida para mejor proveer del 20/4/2019 (v escrito electrónico de la misma fecha), de lo que se traduce que no sólo estuvo a su cargo la confección de la demanda sino que produjo más que la prueba testimonial, a la par que obtuvo el dictado de sentencia en escaso tiempo debido a la diligencia puesta en su trabajo (desde mediados de febrero hasta mediados de junio de 2019).

Lo anterior conduce a proponer, en este caso, una remuneración equivalente a la cantidad de 7 jus  (arts. 2 y 3 Cód. Civ. y Com. y 1° AC 3912).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

La misma abogada registra dos tareas ante esta alzada:

La apelación subsidiaria del 17/6/2019 p.I contra la providencia del 14/6/2019, que motivó la sentencia de esta cámara del 28/8/2019 punto a. de la parte dispositiva, resultando victoriosa, por la que cabe efectuar el siguiente cálculo: honorarios primera instancia = 7 jus x 30% / 2 etapas -art. 47 ley 14967, arg. a simili x 40% -art. 31 3° párr. misma ley =  0,42 jus; en esta cantidad deben fijarse.

La apelación del 5/6/2019, fundada el 17/6/2019 p.II, contra la sentencia del 4/6/2019, que motivó la sentencia de esta cámara del 28/8/2019 punto b. de la parte dispositiva, en la que también resultó triunfante, por lo que cabe efectuar el siguiente cálculo: honorarios primera instancia = 7 jus x 40% -art. 31 3° párr. ley 14967 = 2,8 jus; en esta cantidad deben fijarse.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

A LA TERCERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde:

a. Estimar la apelación electrónica del 20/9/2019 6:31:42 p.m. contra la resolución de esa misma fecha y establecer los honorarios de la defensora ad hoc, abogada C. M., en la cantidad de 7 jus.

b. Regular los siguientes honorarios por las tareas en alzada a favor de la abog. M.:

a. por la apelación subsidiaria del 17/6/2019 p.I contra la providencia del 14/6/2019, que motivó la sentencia de esta cámara del 28/8/2019 punto a. de la parte dispositiva, la cantidad de 0,42  jus.

b. por la apelación del 5/6/2019, fundada el 17/6/2019 p.II, contra la sentencia del 4/6/2019, que motivó la sentencia de esta cámara del 28/8/2019 punto b. de la parte dispositiva, en la cantidad de 2,8 jus.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a. Estimar la apelación electrónica del 20/9/2019 6:31:42 p.m. contra la resolución de esa misma fecha y establecer los honorarios de la defensora ad hoc, abogada C. M., en la cantidad de 7 jus.

b. Regular los siguientes honorarios por las tareas en alzada a favor de la abog. M.:

a. por la apelación subsidiaria del 17/6/2019 p.I contra la providencia del 14/6/2019, que motivó la sentencia de esta cámara del 28/8/2019 punto a. de la parte dispositiva, la cantidad de 0,42  jus.

b. por la apelación del 5/6/2019, fundada el 17/6/2019 p.II, contra la sentencia del 4/6/2019, que motivó la sentencia de esta cámara del 28/8/2019 punto b. de la parte dispositiva, en la cantidad de 2,8 jus.

Regístrese.   Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Rivadavia

Libro: 50– / Registro: 575

Autos: “ECHARRI, IGNACIO ANTONIO C/ GONZALEZ, OSVALDO MARIO S/ TUTELA ANTICIPATORIA”

Expte.: -91550-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los once días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para  dictar  sentencia  en  los autos “ECHARRI, IGNACIO ANTONIO C/ GONZALEZ, OSVALDO MARIO S/ TUTELA ANTICIPATORIA” (expte. nro. -91550-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 03/12/2019, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 5/2/2019 contra los honorarios regulados el 26/12/2018?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Voy a ceñir el voto al informe actuarial del 15/11/2019, conforme fuera adelantado en el proveído inobjetado del 19/11/2019 (art. 34.4 cód. proc.).

2- No indica el apelante los motivos o razones por los cuales considera altos los honorarios apelados (menos aún explica o argumenta), ni tampoco esos motivos o razones resultan de manifiesta patencia. Por eso, no veo para nada claro ningún mérito razonable para reducir los honorarios recurridos (arts. 1 a 3 CCyC; arts. 34.4, 34.5.d, 266, 260 y 261 cód. proc.; art. 58.1 ley 5177).

VOTO QUE NO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación del 5/2/2019 contra los honorarios regulados el 26/12/2018.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación del 5/2/2019 contra los honorarios regulados el 26/12/2018.

Regístrese.   Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

Libro: 50– / Registro: 574

Autos: “MANZANO, ROBERTO FABRICIO Y OTRA C/ LUENGO, ADRIAN ALBERTO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”

Expte.: -91551-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo, para  dictar  sentencia  en  los autos “MANZANO, ROBERTO FABRICIO Y OTRA C/ LUENGO, ADRIAN ALBERTO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” (expte. nro. -91551-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 28/11/2019, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es procedentes las apelaciones del 27/8/2019 contra la resolución de fecha 7/8/2019?.

SEGUNDA: ¿son procedentes los recursos de fechas 15/8/2019 y 16/8/2019 respectivamente, contra los honorarios regulados en aquella resolución?

TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Para concluir acerca de la procedencia o no del beneficio de litigar sin gastos solicitado, cabe apuntar que, en esta materia, corresponde practicar, en cada caso concreto, la ponderación acerca de la suficiencia o insuficiencia de los recursos del interesado y la imposibilidad de obtenerlos para afrontar los gastos del proceso (S.C.B.A.B 62459, sent. del 09/09/2015, ‘Coll, Jaime Bernardo c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa. Incidente de beneficio de litigar sin gastos`, en Juba sumario B4003788).

Se trata, por lo menos, de afrontar el depósito previo del artículo 280 del Cód. Proc., con motivo del recurso extraordinario interpuesto por Patricia Noemí Manzano y Roberto Fabricio Manzano, contra la resolución de esta alzada emitida en los autos ‘Manzano, Isabel s/ sucesión testamentaria’ (fs. 277/280. 322/325, 332/342, 398/vta., 429/vta. y 434/vta., del sucesorio a la vista). Cuyo costo podría oscilar entre un mínimo de 100 y un máximo de 500 Jus arancelarios (arg. art. 280 del Cöd. Proc.).

Con respecto a Patricia Noemí Manzano, sin perjuicio de los datos que aportan los testigos sobre su situación económica, detenidamente exploradas por el juez de paz letrado, el mismo magistrado hizo hincapié en la existencia de los automotores que indica en el apartado c de su sentencia del 7 de agosto de 2019, para estimar que no se acreditaron los extremos del artículo 78 del Cód. Proc..

Sin embargo, partiendo de que los referidos automotores se encuentran registrados en un ciento por ciento a nombre de Sergio Morales -a la sazón, esposo de la interesada- surge inmediatamente que -más allá de propios o gananciales- pertenecen a la administración del marido (arg. art. 470 del Código Civil y Comercial). Y, por principio, no responden por las deudas del otro cónyuge (arg. art. 467 de aquel Código).

Por lo que dentro de ese contexto, pensar en que pudiera acordarse por el titular su enajenación para que la interesada pudiera cubrir el depósito previo de aquel recurso extraordinario, que de tener el éxito esperado por ella podría eventualmente lograr la incorporación a su patrimonio de un bien con calidad de propio, parece una especulación un tanto forzada (arg. art. 470. A, del cuerpo legal mencionado).

De todas maneras, si el único ingreso con que cuenta la familia corresponde al trabajo como transportista del Morales, desprenderse de alguno o todos los camiones para afrontar aquel depósito -teniendo en cuenta los valores que se postulan para cada uno en el escrito electrónico del 3 de octubre de 2019- dejaría a la familia sin recursos para atender sus gastos propios del matrimonio y sus hijos de diez, trece y diecisiete años, (según informe ambiental de fojas 249/250vta.; arg. arts. 384 del Cód. Proc.). Lo cual chocaría contra lo normado por el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en cuanto garantiza una tutela judicial continua y efectiva, así como el acceso irrestricto a la justicia.

Por lo demás, tales entradas no deberían ser  de tanta magnitud como se supone.

En el referido informe ambiental queda demostrado que la familia ocupa una vivienda que se observa con deterioro, una construcción de muchos años. Que consta de dos habitaciones, con el mobiliario adecuado, una cocina tipo pasillo, comedor donde cabe una mesa, sillas y un mueble, y un baño con descarga de agua. Con techo de chapa, sin cielorraso, en cocina y baño. Piso de cerámico desgastado. Paredes revocadas en el interior, pintadas hace tiempo. Carente de cloacas (fs. 249/vta.).

El grupo familiar carece de obra social, atendiéndose en el sistema público de salud. Y los cónyuges registran diversas deudas, en tarjetas de crédito y un préstamo (v. sentencia apelada, 4.c).

Cierto que Patricia Noemí Manzano no ha aducido ningún tipo de incapacidad que le impida desarrollarse laboralmente. Pero es que de hecho lo hace. Pues como queda manifiesto del mismo informe ambiental referenciado, se dedica al cuidado de los hijos y tareas del hogar con lo cual realiza su aporte a la economía de la familia (fs. 250, último párrafo; arg. art. 660 del Código Civil y Comercial).

En suma, teniendo en cuenta que la posibilidad de obtener el beneficio, no se limita a quien es indigente o pobre de solemnidad, pudiendo aprehender a todo aquél que demuestre que no está en condiciones de sostener los gastos del proceso o, en su caso, que no puede procurarse los recursos necesarios, con los elementos reseñados aparecen reunido lo suficiente para conceder a Patricia Noemí Manzano, el beneficio en los términos solicitado (arg. arts. 80, 81 último párrafo y concs. del Cód. Proc.).

Por esta parcela, pues, el recurso prospera.

En lo que atañe a Roberto Fabricio Manzano, de la reseña que el juzgador ha hecho de las declaraciones testimoniales, extrae que trabaja en el frigorífico Viafer. Existe copia de un recibo de sueldo a fojas 13. Asimismo, espontáneamente expuso que completa sus entradas con trabajos de elaboración de comidas para la venta (fs. 14 y 15).

Manzano, dice el juez, no posee impuestos activos en la Afip (fs. 86 y 194).Registrando baja automática en el monotributo en el año 2015.

No se ha informado acerca de bienes registrables a nombre de aquel (fs. 229). Salvo un treinta y tres por ciento indiviso en el inmueble que se indica a fojas 217. Tampoco depósitos bancarios fs. 209, 243). Y si bien no se llegó a concretar el informe ambiental, lo cierto es que quienes se presentaron oponiéndose al beneficio pretendido, no alcanzaron a demostrar la magnitud de los ingresos del peticionante, siquiera de modo aproximado, ni que el lugar de residencia de aquel sea demostrativo de una situación económica relevante (fs. 123/126; arg. art. 81 del Cód. Proc.).

Como corolario, no se observan elementos que permitan suponer un estado patrimonial que impida el beneficio solicitado (arg. art. 81, último párrafo del Cód. Proc.; arg. art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

También por este lado, entonces, el recurso prospera.

Por ello, se admite la apelación, con costas de ambas instancias a los apelados vencidos (arg. arts. 68 y 274 del Cód. Proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

En función del modo que ha sido resuelta la cuestión anterior, deben dejarse sin efecto los honorarios regulados en la resolución del 7/8/2019 y, en consecuencia, resulta abstracto el tratamiento de las apelaciones contra aquéllos de fechas 15/82019 y 16/8/2019, por sustracción de la materia (arg. art. 242 Cód. Proc.), debiendo ser tematizada en la instancia inicial la cuestión relativa a la base económica a tener en cuenta para la futura regulación (art. 34.5.b Cód. Proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde:

1. Estimar la apelación del 27/8/2019 y, en consecuencia, revocar la resolución del 7/8/2019; con costas de ambas instancias a los apelados vencidos (arts. 68 y 274 Cód. Proc.).

2. Declarar abstracto el tratamiento de los recursos de fechas 15/8/2019 y 16/8/2019, debiendo tematizarse en la instancia inicial la cuestión relativa a la base económica a tener en cuenta para la futura regulación, difiriendo ahora la resolución sobre los honorarios de esta instancia (arts. 31 y 51 ley 14967).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

1. Estimar la apelación del 27/8/2019 y, en consecuencia, revocar la resolución del 7/8/2019; con costas de ambas instancias a los apelados vencidos.

2. Declarar abstracto el tratamiento de los recursos de fechas 15/8/2019 y 16/8/2019, debiendo tematizarse en la instancia inicial la cuestión relativa a la base económica a tener en cuenta para la futura regulación, difiriendo ahora la resolución sobre los honorarios de esta instancia.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. El juez Toribio E. Sosa no firma la presente por encontrarse con pedido de licencia en trámite.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n° 1

Libro: 48– / Registro: 112

Autos: “LANDRIEL FELIX HONORIO Y OTRO/A C/ QUINTANA JUAN MARCELO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -91496-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los seis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, celebran Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “LANDRIEL FELIX HONORIO Y OTRO/A C/ QUINTANA JUAN MARCELO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -91496-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 25-11-2019, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación concedida a f. 162 contra la sentencia de fs. 154/156 vta.?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Según el juez “…el incidente de tránsito se produjo debido a un error de cálculo del conductor del corsa al procurar sobrepasar a la camioneta y carro que lo precedían. Y asevero ello debido a que entiendo que se ha probado que al intentar la maniobra y colocarse en la mano contraria para intentar el sobrepaso, se encuentra con otro vehículo que circulaba en sentido contrario lo que motivó que procurara volver a su mano no pudiendo evitar embestir al carro que tiraba la camioneta…”

Para concluir así, el juez no pasó por alto el  acta de constatación policial de fs. 1/2 de la IPP, rescatando la espontánea declaración del demandante ante la policía:  “…intenta sobrepasar a una camioneta que llevaba un carro enganchado pero al advertir que frente venía otro rodado se tira hacia la banquina colisionando contra el carro…” (IPP, f. 1 vta.).

La IPP fue ofrecida como prueba por el actor y en sus agravios no fustigó la utilización por el juez de ese acta de constatación de fs. 1/2 de la IPP pese a la resistencia esbozada en la demanda (ver fs. 12 vta.), lo que deja el contenido de ese acta fuera del poder de revisión de la cámara (art. 266 cód. proc.). No obstante, agrego que el uso de ese acta –que se dice fue firmada por el actor, ver IPP f. 2 vta.- merecía que Landriel le dedicara agravios claros y contundentes, toda vez que de ella surge la versión del accidente recibida por el juzgado, muy diferente de la narrada en la demanda; por ejemplo, en la demanda nada se dice sobre la maniobra de sobrepaso –a la postre admitida en el párrafo 2° del capítulo 2- de los agravios-  ni del repentino intento de vuelta atrás ante la presencia de otro coche de frente (arts. 1026, 1028, 1031, 993 y concs. CC; arts. 374, 384, 393, 423 y concs. cód. proc.).

Precisamente, según el contenido de ese acta, Landriel “…intenta sobrepasar a una camioneta que llevaba un carro enganchado pero al advertir que frente venía otro rodado se tira hacia la banquina colisionando contra el carro…” Antes del “pero” admitió que intentaba pasar una camioneta que llevaba un carro, no una camioneta sin percatarse que llevaba un carro. Contra lo que dice en el último párrafo del capítulo 3- de sus agravios, si Landriel intentó “…sobrepasar a una camioneta que llevaba un carro enganchado…”, no le fue imposible advertir el carro dado que se hizo cargo de camioneta y carro para procurar pasar a ambos.

Resulta entonces que Landriel intentó pasar lo que había visto y lo que había visto era una camioneta y un carro enganchado. No declaró que intentó pasar a una camioneta nada más y que, al verse forzado a abortar el sobrepaso  e intentar volver colocarse detrás de la camioneta, recién entonces se topó sorpresivamente con el carro tirado por la camioneta, carro que,  antes de empezar a pasar la camioneta,  no había visto. De su propia declaración ante la autoridad policial –insisto, no objetada en los agravios-, desmenuzándola se desprende que  Landriel   antes de pasar, vio todo, camioneta y carro; que los intentó pasar a ambos; “pero” que al advertir que otro auto venía de frente, decidió retrotraer la maniobra; que al intentar volver a colocarse en su mano embistió al carro que era tirado por la camioneta.

Así las cosas, no veo clara la relevancia causal que el demandante quiera asignar a la cuestión de si el carro llevaba o no llevaba luces encendidas. Ciertamente que si no las llevaba eso pudo constituir infracción reglamentaria, pero con o sin ellas el actor vio el carro tirado por la camioneta antes de intentar pasarlos e intentó pasarlos a ambos, maniobra que no pudo culminar exitosamente porque surgió un “pero” (otro coche que venía de frente)  y porque, luego de advertir ese “pero”, no hizo lo necesario para evitar embestir el carro. Quiero decir que si Landriel vio al carro e hizo lo necesario para pasarlo, debió también tomarlo adecuadamente en cuenta para volver a su mano al abortar la maniobra de sobrepaso: si no lo hizo así, fue porque, dadas las circunstancias de tiempo, espacio y vehículos involucrados, perdió el suficiente domino de su rodado; nótese que al advertir al otro auto de frente, dijo ante la policía que “… se tira hacia la banquina colisionando contra el carro…”; “tirarse” a la banquina sabe a maniobra heroica in extremis, no a conducción prudente con equilibrado control de las circunstancias de tiempo,  espacio y cosas  inmiscuidas.

En suma, el comportamiento culpable de Landriel me parece  suficiente para explicar la causación del accidente y, por eso, también, para  romper la presunción de responsabilidad objetiva pesante sobre el dueño de la camioneta y del carro (ver f. 12 vta. ap. 2.3.1.; arts. 512, 1109, 1111, 1113  y concs. CC).

VOTO QUE NO

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO   DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación concedida a f. 162 contra la sentencia de fs. 154/156 vta., con costas al demandante apelante vencido (art. 68 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación concedida a f. 162 contra la sentencia de fs. 154/156 vta., con costas al demandante apelante vencido (art. 68 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.