Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n° 1

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Libro: 50– / Registro: 3

 

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Autos: “MATTIOLI SANDRO EZEQUIEL C/ ADROVER JACINTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -92179-

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Notificaciones:

Abog. Brogli: 27210024641@notificaciones.scba.gov.ar

Abog. Barros: 20205453084@notificaciones.scba.gov.ar

Abog. Cammisi: 27145490192@notificaciones.scba.gov.ar

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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975

            AUTOS Y VISTOS: la apelación del 20/7/2020, concedida el 30/11/2020 y la providencia del 15/12/2020.

CONSIDERANDO.

La  providencia del 15/12/2020 fue notificada a la apelante del 20/7/2020 mediante el depósito de una copia digital de esa providencia en el domicilio electrónico denunciado por su letrada ese mismo día a la hora 11:02:17 a.m., conforme las constancias del sistema informático Augusta, por lo que esa notificación se tiene por cumplida el siguiente día de nota, viernes 18/12/2020 (art.  143 cuarto párr. cód. proc. y  art. 5 Anexo Unico AC 3540).

Por tratarse de juicio sumario (ver providencia del 16/8/2017), la recurrente debió  presentar la correspondiente expresión de agravios dentro de los cinco días de notificado el proveído del 15/12/2020.

Así las cosas,  ese plazo  venció  el 29/12/2020 o, en el mejor de los casos, el 30/12/2020 dentro del plazo de gracia judicial (arts. 124 últ. párr. y 254 cód. proc.), sin que se haya cumplimentado con dicha carga.

Por ello,  la  Cámara RESUELVE:

Declarar desierta la apelación de fecha  20/7/2020 (art. 261 cód. proc.).

Regístrese. Notifíquese  electrónicamente mediante el depósito de una copia digital de la presente en el domicilio electrónico denunciado por los abogados de las partes (art. 11 Ac 3845). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n° 1 y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20).

                                                

                                     

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 09/02/2021 11:34:34 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/02/2021 11:35:06 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/02/2021 12:45:25 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 09/02/2021 12:46:32 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

                                                                                  

Libro: 50– / Registro: 2

                                                                                  

Autos: “BAJO DIEGO JAVIER C/ GARELLO ALICIA DELIA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -92126-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Micaela Capristo

27282895973@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Jorge Alberto Sasso

20141786572@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. J. Medina:

20281421779@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BAJO DIEGO JAVIER C/ GARELLO ALICIA DELIA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -92126-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 1/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación del 9/10/2020 contra la sentencia del 25/9/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- De la IPP puede extraerse que el hecho (el expuesto como causa de la pretensión actora) sucedió en la vereda o en la puerta o a la salida de la confitería bailable “Piera Disco” (Maggi, f. 32 vta.; Laprebende, f. 33 vta.; Coronel, f. 34 vta.; Saravia, f. 39 vta.; Cozarín o Cozzarín, fs. 40 vta. y 164/vta.; Rossini, f. 155; Arzuaga, fs. 213/vta.; arts. 374, 376 y 384 cód. proc.). Habiendo declarado más de 6 años después en la causa civil,  no habiéndolo hecho en la causa penal y refiriendo saber lo declarado por comentarios escuchados, no merecen igual crédito las versiones de Allegrini (f. 400, resp. 3), Michelli (f. 401, resp. 3), Ferrari (f. 402, resp. 2) y Romero (f. 404, resp. 3), que ubican el hecho en cercanías de una florería o entre ésta y una agencia de autos, sin aclarar v.gr. la distancia entre estos lugares y la puerta de salida de la confitería (arts. 384 y 456 cód. proc.); bajo similares circunstancias, hallo particularmente sospechosa de parcialidad a  la testigo Medero, quien dijo que trabajaba como cajera en el boliche y que no vio nada: no queda despejado cómo ejerciendo esa función pudo haber tenido visibilidad de todo cuanto hubiera podido suceder en la puerta de salida (f. 403; arts. 384 y 456 cód. proc.). Si no podía ver nada o si no podía ver todo, no tiene mucho valor  que diga que no vio nada: si no se puede ver, no haber visto nada no quiere decir que no haya pasado nada.

Ello así, en horas de la madrugada, cuando el demandante, que había estado dentro,  salía de la confitería (IPP: Maggi, f. 32 vta.; Cozzarín, f. 164; Arzuaga, f. 213; estos autos: Maggi, f.473 resp. a preg. 3; arts. 374, 376, 384 y 456 cód. proc.).  Si estaba dentro y de allí salió, a falta de otra explicación a la vista, debe entenderse que tuvo que pagar la entrada o que se le permitió el ingreso sin ese pago, lo cual en definitiva no cambia las obligaciones asumidas por la accionada dueña de la confitería (arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.); la expendedora de entradas no aseguró no haberle vendido una entrada al actor (Medero, resp. a amp. 1, f. 403).

No es tan indisputable, entonces, que el caso pueda ser ineludiblemente encuadrado como una hipótesis de responsabilidad extracontractual. Tengo en cuenta, por ejemplo, la opinión personal del ministro de la SCBA, Roncoroni, al hacer mayoría el 14/4/2004, en Ac. 75.111, “Fernández, Fernando contra Roll S.R.L. y/o Soul Train. Daños y perjuicios”:

a- en  el párrafo 1° de su considerando I: “No tengo la más mínima duda que la relación que vinculara al actor con la discoteca ‘Soul Train’ explotada comercialmente por la demandada es de naturaleza contractual. Tampoco la tengo en cuanto a que la misma engendra, al lado de un conjunto de deberes primarios que tipifican la prestación principal del titular de la discoteca (servicio de música, escenario para el baile y esparcimiento, suministro de bebidas, entremeses, bocadillos y otros tipos de comestibles), un deber de seguridad que, como obligación accesoria integra y ensancha, implícita o tácitamente, aquella prestación principal, imponiendo a aquél la toma de todas las medidas razonables de custodia y vigilancia para prevenir y evitar, fundamentalmente, los daños a que sus clientes se encuentran expuestos por diversos sucesos (enfrentamientos entre grupos; grescas bilaterales; acciones de sujetos alcoholizados o con el entendimiento obnubilado, etc.) que de forma bastante común se producen dentro del ámbito del local o en los sectores de ingreso o egreso del mismo.“ (el subrayado no es del original);

b- en el considerando III de su voto: “En lo que se refiere a la obligación tácita de seguridad que demanda nuestra atención en la cuestión en examen, la misma puede definirse como la obligación accesoria en virtud de la cual el titular o concesionario de una discoteca debe, además de aquel complejo de deberes primarios que se conjugan en la prestación principal prevista en el contrato (servicio de música, escenario para el baile y esparcimiento, suministro de bebidas, entremeses, bocadillos y otros tipos de comestibles), velar por que ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad (o movida, para decirlo con la jerga juvenil), desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial -y en el cual encuentra provecho y ganancias- provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes.”

            “Me interesa apuntar y no quiero que pase inadvertido, que no todos los deberes u obligaciones accesorios o secundarios son iguales, ni en su contenido, ni en su temporalidad, ni en su exigibilidad. Ya hicimos ligera referencia a ese cortejo de deberes, algunos de los cuales se hacen presente o es necesario actuar en la preparación o en el iter preliminar del contrato, otros coetáneamente con la prestación del deber principal y algunos a posteriori de ese momento, ya durante su ejecución e, incluso, luego de su extinción.“ (el subrayado no es del original).

Iguales argumentos fueron expuestos por Roncorini, ya votando primero y suscitando la posterior adhesión de Hitters y la consecuente de Kogan, Soria y Genoud, el 10/8/2005, en Ac. 86.024, “Mandirola, Juan y otra contra Club Deportivo Alsina. Daños y perjuicios”. Desde este enfoque, el plazo de prescripción de diez años no se cumplió, si el hecho sucedió en junio de 2008 y la demanda fue interpuesta en mayo de 2011 (art. 4023 CC).

2- No obstante, aunque se considerase que se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual, hay probanzas suficientes para poder creer que el plazo de prescripción no alcanzó a cumplirse.

Atajándose de antemano, fue la propia demandada Garello la que trajo al ruedo con todas las letras el tema concerniente a la carta documento traída por el actor a f. 17 (f. 63.7.a.3),  recibida por Yanina Antonio según constancia de f. 15 (ver f. 174). Y bien, a falta de una mejor explicación que no se ha expuesto, no es verosímil que  Garello no conociera a Yanina Antonio ni que nunca hubiera tenido relación con ella, si resulta que ésta trabajaba en la confitería del caso perteneciente a aquélla  (ver fs. 174 al final y 174 vta. al inicio; ver resp. a preg. 4, a f. 405; arts. 163.5 párrafo 2°, 384 y 456 cód. proc.). Trabajando Antonio para Garello, no hay razón para pensar que no le hubiera   diligentemente hecho llegar la carta documento de que se trata: antes bien, negar toda relación cuando relación había autoriza a desconfiar en la tesitura de Garello (arts. 34.5.d, 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.).

Por lo demás, no ayuda a la credibilidad de Garello en ese sentido, el hecho que haya afirmado que recién se enteró del hecho al ser notificada de la demanda. Tengo en cuenta lo expuesto por la aseguradora en cuanto afirmó que le comunicó extrajudicialmente (o sea, obvio, antes de la notificación del traslado de la demanda)  que la póliza no cubría el hecho (ver fs. 120 vta./121); esa afirmación, comoquiera que sea no refutada,  más tarde o más temprano no pudo escapar al conocimiento de la demandada Garello, porque no puede concebirse su ignorancia desde  un seguimiento diligente de las actuaciones por su abogado   (máxime algunas de las alternativas culminantes del proceso, ver v.gr. fs. 479, 480 y 482) y porque puede suponerse que conoció de la presentación de la aseguradora a  fs. 114/127 vta.  si no insistió en el impulso de su  citación en garantía (¿para qué citar a quien ya se había presentado antes?, ver f. 179 vta. ap. VII; arts.  34.5.d, 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.).

En suma, Garello tematizó la cuestión de la carta documento, aseverando su no recepción. Bueno, ya expliqué por qué puede presumirse que sí la recibió. No hay afectación del principio de congruencia, si tan sólo se atribuye a esa recepción su significación jurídica, cual es la reglada en el art. 3986 párrafo 2° CC: suspensión del plazo de prescripción por un año (art. 34.4 cód. proc.).

Entonces, si el hecho que es causa de la pretensión sucedió el 14/6/2008 y si el plazo de prescripción de dos años (art. 4037 CC) se suspendió el 22/5/2010, el curso de los días faltantes para cumplir ese plazo debía reanudarse el 22/5/2011 (art. 3983 CC), pero eso no llegó a suceder porque, antes de esa reanudación, el 19/5/2011, fue interpuesta la demanda (ver cargo a f. 67 vta.).

 

3- En el peor de los casos para la acción, podría caber duda sobre la naturaleza contractual o extracontractual de la alegada relación jurídica sustancial, o sobre la suspensión o no del plazo de prescripción de la acción extracontractual, pero, aún en esa hipotética duda, debería estarse a favor de su subsistencia  (ver doctrina legal en JUBA online con las voces duda prescripción SCBA).

 

4- En su sentencia el juzgado llegó a tratar sólo la prescripción. Haciéndole lugar, eso le permitió rechazar la demanda, quedando desplazadas todas las demás cuestiones.

Los agravios y su respuesta se ciñeron a la cuestión tratada por el juzgado.  Sobre  las cuestiones sometidas a la decisión del juzgado, pero no decididas por el juzgado,  no hubo (no pudo haber, por falta de gravamen actual) agravios.  Así, las cuestiones desplazadas quedaron fuera de la competencia de la cámara, que deben circunscribirse las cuestiones sometidas a la decisión del juzgado que hubieran sido motivo de agravios (art. 266 cód. proc.).

Por otro lado, si la cámara se expidiera ahora sobre las referidas cuestiones desplazadas, lo haría como si fuera un tribunal de instancia única ordinaria, quitando a las partes la chance de contar con un recurso amplio y profundo para la revisión de posibles errores de hecho, prueba y derecho, esto es, “condenándolas” a forzar contra natura los embates extraordinarios locales y “obligando” así a la SCBA a estirar el alcance de su poder revisor v.gr. fuera del absurdo en cuestiones de hecho y prueba para poder cumplir con estándar de la doble instancia garantizado en el art. 8.2.h del “Pacto de San José de Costa Rica”. Forzar contra natura el alcance de esos recursos no parece ser la forma idónea de desarrollar las posibilidades de recurso judicial (art. 25.2.b  de ese “Pacto”).

No es ocioso hacer notar que ese Pacto regional, según las condiciones de su  vigencia (párrafo 2º del inc. 2 del art. 75 de la Const. Nac.),  indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica es intérprete final de dicha carta internacional (arts. 62.3 y 64).

Y bien, la Corte Interamericana en varios casos (“Baena”  del 2/2/2001;  “Broenstein” del 6/2/2001; etc.), ha establecido que las garantías mínimas del art. 8.2 del Pacto -entre ellas la doble instancia del inciso h- no sólo se aplican al fuero penal, sino también para la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (cits. por  Cám. Apel. Civ. y Com. Mar del Plata, sala II, en autos “P.S.G.R”, sent. del 12-4-2007, pub. en LLBA 2007 agosto pág. 808, JA 2008-I-745). Por más que esa Corte Internacional se hubiera manifestado así obiter dicta, no parece sensata la idea de que, cuando le llegara planteada como dirimente la cuestión, pudiera expresarse de otra manera. Antes bien, las manifestaciones obiter dicta tienden de algún modo a adelantar opinión de lo que sería un eventual futuro holding. Tampoco es razonable creer que lo que es deseable en el ámbito del proceso penal fuera repudiable en el marco del proceso civil, en una suerte de esquizofrenia procesal (Carbone, Carlos exposición en III Encuentro anual de la FAEP, San Nicolás 7/11/2014, https://www.youtube.com/watch?v=FZ-J-JJCCpA ).

Tampoco está de más remembrar que en la opinión consultiva 11/90 del 10/8/1990, sobre “EXCEPCIONES AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS (ART. 46.1, 46.2.a y 46.2.b CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS”, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, en la consideración n° 28, textualmente dijo: “En materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. Cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso.”

Deferir al juzgado el abordaje de las cuestiones desplazadas no constituye  reenvío, ya que éste supondría remisión para que el juzgado volviera a decidir válidamente sobre aquello que hubiera antes  decidido inválidamente: aquí lisa y llanamente no existe decisión alguna, válida o no,  sobre las cuestiones desplazadas.

Tampoco se trata de que la cámara pudiera y debiera suplir las omisiones de la sentencia de primera instancia (art. 273 cód. proc.), porque no hay tales omisiones sino  cuestiones lógicamente desplazadas, a las que intencionalmente no llegó a referirse el juzgado por no haber tenido necesidad de hacerlo según su criterio en torno a lo que llegó a tratar sobre el an debeatur.

Tampoco es el caso de la llamada apelación adhesiva, porque no se trata de cuestiones abordadas y desestimadas en la sentencia apelada que la parte  demandada  no pudo  apelar por resultar vencedora en primera instancia, de modo que la cámara debiera expedirse sobre esas cuestiones al  revocar esa sentencia  en virtud de la apelación de la actora  (cfme. Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1975, t.V, pág. 465).

Agrego que he desarrollado esas ideas en “Sobre cuestiones y argumentos” (La Ley 19/6/2014,  en coautoría con Mariana Cucatto), “Detección, ordenamiento, omisión y desplazamiento de cuestiones” (La Ley 7/1/2016,  junto con Mariana Cucatto); “Prescripción, apelación implícita y derecho al recurso: la doble instancia como garantía convencional” (El Derecho, 13/5/2014), en “Recursos: cuestiones y argumentos” (“Nuevas herramientas procesales –  III. Recursos ordinarios”, Jorge PEYRANO -director- y Amalia FERNÁNDEZ BALBIS -coordinadora-Rubinzal-Culzoni, Santa fe, 2015, pág. 59 y sgtes.), en “El debido proceso y la reversión de la jurisdicción (apelación adhesiva y apelación implícita)”  (Jurisprudencia Argentina, Número especial “Recursos judiciales I”, Director Ramiro Rosales Cuello, fascículo 6, 2016-I-  pág. 24) y en  “Doble instancia vs. Doble conforme” (El Derecho del 11/5/2016).

VOTO QUE SÍ

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde estimar la apelación  del 9/10/2020 y consecuentemente revocar la sentencia del 25/9/2020, con costas en ambas instancias por la cuestión de prescripción a la demandada Alicia D. Garello vencida (art. 69 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación  del 9/10/2020 y consecuentemente revocar la sentencia del 25/9/2020, con costas en ambas instancias por la cuestión de prescripción a la demandada Alicia D. Garello vencida y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 anexo único AC 3845) Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado Civil y Comercial n°2, juntamente con IPP 17-00-003569-08 en 1 cuerpo, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20).

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 04/02/2021 11:30:38 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 04/02/2021 11:39:48 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 04/02/2021 11:40:04 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 04/02/2021 12:23:29 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20141786572@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 20281421779@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27282895973@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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240100774002617157

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

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Libro: 50– / Registro: 1

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Autos: “S.A.D.A.I.C.  C/ MUNICIPALIDAD DE GUAMINI S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)”

Expte.: -92114-

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Notificaciones:

Abog. Collado: 20142470234@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975

            AUTOS Y VISTOS: el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley del 28/12/2020 contra la sentencia del 21/12/2020.

            CONSIDERANDO.

El artículo 278 del código procesal establece como requisito de admisibilidad del recurso en examen que el valor del agravio exceda la suma de pesos equivalente a 500 jus arancelarios, el cual,  a la fecha de interposición del recurso, y ahora, es de $1.090.000 (1 Jus: $2180  * 500; art. 1º del AC 3992).

En el caso, el valor del agravio de la parte que recurre está representado por el monto de condena de la sentencia de primera instancia del 21/10/2020, confirmada por la de esta cámara del 21/12/2020, por $ 523.530 s.e. u o. (cfrme. SCBA L 100.245, 28/03/12, “Barrera, Gustavo c/ Ferriol, Carlos Alberto s/ Consignación”, en juba en línea, entre varios otros), de suerte que al no alcanzarse aquel valor mínimo de 500 Jus arancelarios, a pesar de lo dicho en el escrito del 28/12/2020 página primera punto c., la Cámara RESUELVE:

Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley del 28/12/2020 contra la sentencia del 21/12/2020 (arts. 278 párrafo primero y 281.3 cód. proc.).

Regístrese. Notifíquese  electrónicamente mediante el depósito de una copia digital del despacho, resolución o sentencia en el domicilio  electrónico constituido por la parte recurrente inserto en la parte superior (arts. 135.13 cód. proc. y 11 Anexo Único AC 3845). Hecho, estése a la radicación y devolución ordenadas en la sentencia del 21/12/2020 último párrafo.

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 03/02/2021 11:43:37 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 03/02/2021 12:15:34 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 03/02/2021 12:52:21 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 03/02/2021 12:54:07 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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242500774002616385

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

                                                                                  

Libro: 52– / Registro: 78

Libro: 36– / Registro: 19

                                                                                  

Autos: “G., W. J. C/ V., L. R. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS (AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA)”

Expte.: -92253-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “G., W. J. C/ V., L. R. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS (AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA)” (expte. nro. -92253-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 18/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 2/9/2020 contra la regulación de honorarios del 1/9/2020 ?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Con fecha 1 de septiembre de 2020  se  homologó el acuerdo  respecto de la cuota alimentaría pretendida por la parte actora, se impusieron costas y se regularon honorarios por la labor profesional de la asesora de incapaces ad hoc abog. M.,.

La regulación de honorarios  practicada  en esa decisión motivó el recurso del 2/9/2020 en tanto su beneficiaria considera exigua su retribución (art. 57 ley 14.967).

En lo que aquí interesa la letrada apelante se desempeñó como asesora ad hoc según lo reglado en el art. 91 de la ley 5827 -texto según ley 11593- (ver resolución del 8/4/2020, punto 2 de la parte resolutiva).

Ahora bien, en el art. 91 párrafo 6° de la ley 5827 -ley orgánica del Poder Judicial, en adelante LOPJ-,  ratificado por el contenido de la motivación de los Acs. 2341 -texto según Ac. 3391- y 3912/18 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la  remuneración de los asesores ad hoc se determina en una escala que oscila entre un mínimo de  2 y un máximo de 8 JUS.

Como en el caso los estipendios fueron fijados  en el mínimo  de la escala legal resultan bajos a la luz de la normativa que los regula y en relación a su labor; es que la  misma desarrolló las tareas por las cuales se requirió su intervención según consta en los escritos de fechas 13/4/2020, 4/6/2020 y 26/8/2020; de manera que debe estimarse el recurso interpuesto  por  bajos y elevar la retribución de la abog. M., a 4  jus, por resultar más razonable en mérito de su trabajo (arts. 15, 16 ley cit.;  34.4. cpcc.).

ASÍ LO VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto de la jueza Scelzo (art. 266 cód. proc.).

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiero al voto de la jueza Scelzo (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde elevar la retribución de la abog. M., a 4  jus (arts. 91 párr. 6° ley 5827, 15 y 16 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Eelevar la retribución de la abog. M., a 4  jus

Regístrese. Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado de Paz Letrado de Daireaux, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 02/03/2021 11:43:33 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 02/03/2021 12:01:41 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 02/03/2021 12:03:09 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 02/03/2021 12:14:36 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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231400774002637104

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

                                                                                  

Libro: 52– / Registro: 77

                                                                                  

Autos: “ARENILLAS ALBERTO S/ SUCESION TESTAMENTARIA”

Expte.: -92236-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Carlos Alberto Garrote

20200336144@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Maria Ines Pisauri

27304164889@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “ARENILLAS ALBERTO S/ SUCESION TESTAMENTARIA” (expte. nro. -92236-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 8/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es procedente la apelación del 12/11/2020,  ratificada el día 14/11/2020 contra las resoluciones de fechas 4/11/2020 y 13/11/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

         1. Tal como lo señala el juez a quo en la resolución del 4/11/2020 se inició el proceso sucesorio ab intestato del causante por medio de los interesados con la asistencia letrada de Carlos Alberto Garrote.

Luego de la realización de los trámites iniciales, surge la existencia de un testamento que declara como única heredera a Stella Maris Gauna (quien se presenta con la letrada Pisauri, en estos actuados). Agrega el magistrado que los trámites de gestión iniciales en aquel proceso y de algunos otros en el presente habrían sido efectuados por el letrado Garrote, conllevándose con ello a que actualmente en el presente proceso se haya obtenido la aprobación de la validez del testamento en cuanto a sus formas y que ello beneficiaría a la heredera testamentaria, con lo cuál corresponde regular estipendios profesionales por su labor en ambos procesos.

Así sosteniendo que el proceso básicamente sería el mismo (mismo causante, mismo acervo), sólo que se ha desmembrado en ab intestato y testamentario por las particularidades del mismo, decide,  a los fines de evitar una posible contradicción en las resoluciones, que las presentaciones que se efectúen desde ese momento se realicen en estos actuados, deviniendo abstracta la continuidad del proceso ab intestato.

La letrada Pisauri se presenta solicitando aclaración de esa resolución y ante la proximidad del vencimiento del plazo para apelar sin tener respuesta presenta la apelación del 12/11/2020.

El juzgado finalmente se expide el 13/11/2020 aclarando que entendió necesaria la labor del letrado Garrote en estos actuados, aún así conociendo la existencia de un testamento, puesto que podrían haberse suscitado distintas cuestiones en relación al mismo,  que bien podrían haber arribado en la continuidad del proceso ab intestato iniciado por el letrado. A saber (que no se declare válido en cuánto a sus formas el testamento otorgado, que no se presentare la heredera instituida, etc.). Por tanto, hasta tanto no se declaró válido en cuanto a sus formas el testamento suscripto por el causante <situación que aconteció a raíz de la labor desplegada por el letrado Garrote> y posteriormente se presentara a intervenir en estos actuados la heredera testamentaria, estimó conveniente la participación cuestionada.

Por último le solicita a la letrada apelante que si aún así persiste su intención de apelar la resolución de fecha 4/11/2020, tenga a bien indicarlo en su próxima presentación, lo que es realizado el 14/11/2020 ratificando la apelación introducida el día 12/11/2020 contra la resolución del  4/11/20  manifestando allí que también apela lo dispuesto  el  13/11/20.

2. Veamos.

Los agravios de la apelante son:

a. no se aclara a cargo de quién serían los honorarios del letrado Garrote devengados en este expediente.

b. la resolución del día 13/11/2020 estimó conveniente la participación de los herederos ab intestato, cuando a su criterio no tendrían legitimación activa. Agrega que en todo caso tenían acciones específicas para cuestionar el testamento -lo que no han hecho- o seguir el sucesorio ab intestato que habían iniciado, si la heredera instituida no se presentaba. Enterados los iniciadores del sucesorio ab intestato que había un testamento instituyendo una única y universal heredera, debieron limitarse a notificar a mi representada sobre la existencia del mismo y no ir mas allá. Si lo hicieron, los honorarios que se generaron son a su cargo.

c. la resolución del 4 de noviembre de 2020 deja expresado que el letrado Garrote realizó trámites en el presente juicio testamentario que permitieron la aprobación del testamento en cuanto a sus forma y que beneficiaron a mi representada por lo cual corresponde regular estipendios profesionales por su labor. Si le corresponden son a cargo de sus representados.

d.  no es cierto que la aprobación del testamento se haya debido a la labor desplegada por el letrado Garrote (resolución del 13/11/20). Se clasifican de antemano trabajos que corresponde efectuar a los letrados y emite opinión prejuzgando, violando la igualdad de las partes. El testamento se declaró válido en cuanto a sus formas por el pedido formulado por mi representada el 14/8/20 en Escrito SE PRESENTA y el 2/9/2020 Escrito VALIDEZ- SE ABRA SUCESORIO, sin perjuicio de aclarar que lo que allí se dijo en el segundo punto sobre los honorarios serían los referidos a cargo de los representados por el Dr. Garrote y no de esta sucesión testamentaria.

e. Por último agrega que a todo evento si eventualmente se aplican honorarios a cargo de Stella Maris Gauna, la agravia que se tome como base el 100% del valor del inmueble, ya que como se desprende del expediente sucesorio de la esposa del testador caratulado “MARCOS, Delia sucesión ” Expte. 1476/94 que tramitó por ante el Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia, en el mismo no se ha denunciado inmueble alguno, solo una camioneta, por lo cual a la fecha Alberto Arenillas solo es titular de la mitad indivisa del inmueble denunciado cuya inscripción dominial esta al folio 232 del año 1966 del partido de Carlos Tejedor por lo que falta hacer el trámite sucesorio pertinente para incorporar a su patrimonio la mitad indivisa que era de titularidad de su esposa que falleció primero. Esto también surge del dominio actualizado que obra en el autos.

3. Veamos.

a. En principio cabe señalar que el letrado Garrote con fecha 2/11/2020 aclaró que se consignó por error que intervenía en los presentes por los aducidos herederos del sucesorio ab intestato, aclarando a continuación que intervino en el presente proceso a los fines de que se regulen los honorarios correspondientes conforme Ley 14967 (art. 28 inc. C- acápites 1, 2 y 3 y demás arts. c.c.), denunciando bienes y determinando su valor. Y sostiene que debe tenerse presente que no pueden coexistir dos expedientes de un mismo causante (uno ab intestato E.727/2019  y otro testamentario E. 303/2020), y que debe subsistir únicamente el testamentario.

Teniendo en cuenta ello, deviene abstracto el agravio expuesto en el punto b. en cuanto a que se le permitía intervenir en este proceso a los presuntos herederos que iniciaron la sucesión ab-intestato, ya que la intervención del letrado Garrote lo es por derecho propio.

b. En cuanto a quién sería el obligado al pago de los honorarios del letrado Garrote por su intervención en estos autos, ello no ha sido aún establecido, de modo que resulta prematuro su tratamiento en esta instancia.

c. Todas las cuestiones atinentes a la utilidad de tareas realizadas por el letrado Garrote y a cargo de quién son los honorarios por él devengados, como ello  no ha sido aún decidido, se trata de cuestiones que no le causan un agravio actual y concreto a la recurrente  (art. 242 cód. proc.).

En esta cuestión cabe aclarar que le asiste razón a la apelante en cuanto a que el juez refiere que Garrote habría realizado algunos trámites en esta causa, conllevándose con ello a que actualmente en el presente proceso se haya obtenido la aprobación de la validez del testamento en cuanto a sus formas y que beneficiaría a la heredera testamentaria, con lo cuál corresponde regular estipendios profesionales por su labor en ambos procesos (res. del 4/11/2020).

Pero, como ello se dijo sin especificar cuáles serían esos trámites, en todo caso una vez determinados los mismos, al efectuarse la clasificación de tareas, podrán ser cuestionados si se considera que no existieron o no beneficiaron a la heredera testamentaria, resultando por ello a esta altura prematuro decidir al respecto sin la pertinente clasificación y utilidad de las tareas realizadas  (arg. art. 260 cód. proc.).

e. Por último el agravio referido a  que no debe tomarse como base regulatoria el 100% del inmueble,  también resulta prematuro en tanto no se ha determinado la base regulatoria, ni el porcentaje del inmueble que corresponde tomar para la misma, de modo que se trata de una cuestión que deberá ser introducida si se resolviere oportunamente en contra de los intereses de la apelante (arg. art. 242 cód. poc.).

4. Por todo ello, considero que corresponde desestimar la apelación del día 12/11/2020, ratificada el 14/11/2020 contra las resoluciones de fechas 4/11/2020 y 13/11/2020 con costas a la apelante vencida y diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara (arts. 69, cód. proc. y 31, ley 14967).

         ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Habiéndose iniciado la sucesión ab intestato del causante Alberto Arenillas el 11 de marzo de 2019 –expediente de primera instancia número 727/2019- el 2 de marzo de 2020, se da por iniciada la sucesión testamentaria del mismo causante, formándose el expediente separado número 303/2020, en el que se obtuvo la aprobación del testamento el 14 de octubre de 2020.

La providencia apelada, del 4 de noviembre dispuso de oficio, en lo que interesa destacar, que a los fines de evitar una posible contradicción en las resoluciones las presentaciones que se efectuaran de ahora en más, y en todos los supuestos,  deberían efectuarse en estos actuados, deviniendo abstracta la continuidad del proceso ab intestato.

Pero, además, también de oficio, dijo que los trámites de gestión iniciales en aquel proceso y de algunos otros en el presente habrían sido efectuados por el letrado Garrote, conllevándose con ello a que actualmente en el presente proceso se haya obtenido la aprobación de la validez del testamento en cuanto a sus formas y que beneficiaría a la heredera testamentaria. Con lo cual correspondía regular estipendios profesionales por su labor en ambos procesos.

En la resolución aclaratoria del 13 de noviembre de 2020, igualmente recurrida, amplió fundamentos tocante a la consideración de la labor del abogado Garrote.

Justamente en torno a ese tema rondan los agravios del primero de diciembre de 2020.

Pues bien, en lo que atañe a la continuidad del juicio testamentario, no hay agravios idóneos (arg. arts. 260, 261 y 731 del Cód. Proc.).

Concerniente a lo expresado en torno a la actuación del abogado Garrote, y como correspondería regularle honorarios, lo expresado aparece prematuro.

En primer lugar el juez se anticipa a una cuestión -la regulación de los honorarios– cuando aún no se ha definido ni la base regulatoria, ni las tareas desempeñadas por cada profesional y si hay de aquellas que pueden considerarse comunes, lo que requiere de un examen detenido de las causas, así como de la debida sustanciación. En segundo lugar, lo hizo de oficio, sin que nadie puntualmente se lo pidiera (arg. arts. 13, 27, 28 c, 35 y concs. de la ley 14.967).

En suma, las resoluciones apeladas deben revocarse por prematuras. Con este alcance se admite el recurso, con costas al apelado vencido (arg. art.68 del Cód. Proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, revocar las resoluciones apeladas por prematuras. Con este alcance se admite el recurso, con costas al apelado vencido (arg. art.68 del Cód. Proc.) y diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara

         ASÍ LO VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

Revocar las resoluciones apeladas por prematuras. Con este alcance se admite el recurso, con costas al apelado vencido y diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845) Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado Civil y Comercial n°2, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20).

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:16:58 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:29:58 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:51:00 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 13:05:13 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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246600774002635964

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí

                                                                                  

Libro: 52– / Registro: 76

Libro: 36– / Registro: 18

                                                                                  

Autos: “DE LAS FLORES, EMANUEL ALEJANDRO Y DA COSTA, CAMILA LUCIANA S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO”

Expte.: -91991-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “DE LAS FLORES, EMANUEL ALEJANDRO Y DA COSTA, CAMILA LUCIANA S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO” (expte. nro. -91991-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 11/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿qué honorarios deben regularse en esta instancia?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

La sentencia de fecha 15/10/2020  no hizo lugar a la apelación articulada por la parte actora,  le impuso las costas y difirió la regulación de los honorarios (arts. 68 cpcc y  26  segunda parte y  31 de la ley 14.967).

En ese marco, teniendo en cuenta que los honorarios regulados en la instancia inicial con fecha  17/11/2020  llegaron incuestionados a esta instancia,  en función de lo dispuesto por el art. 31 de la ley arancelaria vigente y el principio de proporcionalidad (v. esta cám. cám. sent. del 9/12/20, 91679 “S., V. s/  Protección contra la violencia familiar ” L. 51 Reg. 651, entre otros)  cabe aplicar  una alícuota del 25%  para  el abog. P., (letrado por  la parte actora)  y una alícuota del 30% para  la abog. M., (letrada de la parte demandada; arts.14,  15,  16, 26 segunda parte  y concs. ley cit).

Así, resultan 5,62 jus para P.,  (hon. prim.  inst. -22.49  jus x 25%; por su escrito de fecha 21/7/2020)  y  3,11   jus  para M., (hon. de prim. inst. -10.38 jus- x 30%; por su  escrito  de fecha 14/8/2020, arts. 15, 16, 26 segunda parte,  31 y concs. ley 14.967).

También corresponde en esta oportunidad  retribuir la tarea del asesor ad hoc, abog.  P.,,  aplicando  una alícuota del 25% sobre el honorario regulado en el juzgado de origen, resultando la suma equivalente a 0,75 jus (por el escrito del 28/8/2020 -3 jus x 25%-  AC. 2341 t.o. según AC.3912 de la SCBA).

ASÍ LO VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto de la jueza Scelzo (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Con dos votos coincidentes a esta altura que definen la suerte de la instancia,  sin nada más  que aportar útilmente aquí,  adhiero a ellos (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde regular los siguientes honorarios:

a-  5,62 jus para Poehls  por su escrito de fecha 21/7/2020.

b-  3,11   jus  para Marchelletti por su  escrito  de fecha 14/8/2020;

c-  0,75 jus para el asesor ad hoc, abog.  Purón, por el escrito del 28/8/2020.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a-  5,62 jus para P.,  por su escrito de fecha 21/7/2020.

b-  3,11   jus  para M., por su  escrito  de fecha 14/8/2020;

c-  0,75 jus para el asesor ad hoc, abog.  P.,, por el escrito del 28/8/2020.

Regístrese.  Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Guaminí. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:25:16 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:34:36 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:59:06 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 13:04:06 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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249600774002635948

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

                                                                                  

Libro: 52– / Registro: 75

                                                                                  

Autos: “I. S.A.-  C/ A., R. M. S/ DESALOJO RURAL (116)”

Expte.: -92242-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Alejandro Iturbe

20216765568@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Mónica Cecilia Rivarola

27148949064@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “I. S.A.-  C/ A., R. M. S/ DESALOJO RURAL (116)” (expte. nro. -92242-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 11/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es procedente la apelación interpuesta subsidiariamente en fecha 22/10/2020 contra la resolución del 8/10/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. En demanda el actor pretende que se considere rescindido el contrato de locación celebrado con el demandado atento la falta de pago de los alquileres convenidos,  y se ordene el desalojo (v. esc. elec. del 12/08/2019).

Al contestar aquélla, el accionado niega los hechos expuestos por la contraparte, da su versión de lo acontecido y, plantea excepción de incumplimiento de contrato, solicitando en consecuencia se haga lugar a la excepción y se rechace la demanda (v. presentaciones  electrónicas del 19/05/2020). Para fundar la excepción y probar sus dichos agrega prueba documental,  ofrece  informativa, testimonial, pericial y confesional (v. pres. electrónicas del 19/05/2020).

La resolución apelada del 8/10/2020 expresa “En virtud de la inexistencia de hechos controvertidos conducentes y relevantes a mi entender, que deban ser probados conforme a lo dispuesto por el art 487 del C.P.C., declárase la cuestión de puro derecho. NOTIFÍQUESE (art. 135 inc.3º del CPCC).”.

En esa resolución no se argumenta o explica los motivos por los que se considera que de la contestación de demanda del apelante no surgen hechos controvertidos y conducentes, de modo que la resolución apelada no ha sido  razonablemente fundada y, por lo tanto, debe ser revocada (arts. 3 CCyC y 34.4 cód. proc.; art. 18 Const.Nac.).

Lo anterior sin perjuicio de lo que pueda resolver el juzgado sobre las pruebas que considere pertinente producir, lo que podría ser efectuado en el marco de una audiencia preliminar (arts. 36.4, 362 y concs. cód. proc.; art. 2 CCyC y art. 842 cód. proc.; conf. esta cámara “Paladino Jose Aldo Y Otros c/ Sucesores De Oscar Eduardo Paladino Y Otros S/ División De Condominio (117)” Expte.: -91840-,Libro: 51- / Registro: 276, sent. del 22/07/2020).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Con el marco que detallan los dos primeros párrafos del voto que precede, del cual resultan alegaciones controvertidas y no hay certeza que se trate de hechos que no podrán influir en la materia debatida, parece que no es sostenible declarar la cuestión de puro derecho y quitar a la accionada, la posibilidad de producir la prueba que quiso ofrecer. Más allá del mérito que pueda hacerse de ellas al tiempo de emitir la sentencia definitiva.

En todo caso, ante esa circunstancia, para declarar la cuestión como de puro derecho debió primero denegarse fundadamente la prueba ofrecida, a fin de permitirle eventualmente al oferente su replanteo en cámara (arts. 34.4, 161 incs. 1 y 2  y  255.2 del Cód. Proc.; esta alzada, causa 88101, sent. del 2/05/2012, ‘Lombard, Héctor Humberto c/ Astudillo Paola Andrea s/ desalojo por falta de pago’, L. 43, Reg. 129; voto del juez Sosa.). En cambio, el juzgado no  expuso  nada sobre la prueba  que se ofreciera.

En definitiva, es menester asegurar la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional) y eso conduce a que –como quedó planteada en alguno de sus aspectos- la cuestión no pueda considerarse como de puro derecho.

En estos términos cabe plegarse al voto de la jueza Scelzo.

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Con dos votos coincidentes a esta altura que definen la suerte de la instancia,  sin nada más  que aportar útilmente aquí,  adhiero a ellos (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde estimar la apelación interpuesta subsidiariamente en fecha 22/10/2020 y  por ende, dejar sin efecto la resolución del 8/10/2020.

         VOTO POR LA AFIRMATIVA.    

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación interpuesta subsidiariamente en fecha 22/10/2020 y,  por ende, dejar sin efecto la resolución del 8/10/2020.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares.

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:23:21 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:33:00 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:56:22 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 13:01:52 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20216765568@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27148949064@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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237400774002635822

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                  

Libro: 52– / Registro: 74

                                                                                  

Autos: “M., G. A. C/ L., M. D. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -91027-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Marcelo Ariel Berrutti

20173000686@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog.  Jorgelina B. Mazzoconi

27298264019@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Cecilia Luciani

27300582260@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “M., G. A. C/ L., M. D. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -91027-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 8/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 20/11/2020 contra la sentencia del 13/11/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA JUEZA SCELZO DIJO:

1.1. Corresponde comenzar aclarando que la sentencia apelada contiene un error numérico manifiesto que debe ser corregido de oficio: de la lectura del pto. 5., 2do. párrafo de los considerandos, se condena a “…M. D. L., a abonar una cuota alimentaria equivalente al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil Vigente al vencimiento de cada periodo mensual, porcentaje este que a la fecha representa PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINO (4725,00) (Conf. Res.4/2020-CNEPYSMVYM)….” y después el RESUELVO expresa: “I) Hacer lugar a la demanda condenando a M. D. L., a pagar una cuota alimentaria mensual equivalente al 30% del Salario Mínimo Vital y Móvil Vigente al vencimiento de cada período mensual, porcentaje este que a la fecha representa PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($4725,00) (Conf. Res. 4/2020-CNEPYSMVYM).”

De los cálculos se evidencia un claro error numérico en la parte resolutiva de la sentencia al consignar 30%, cuando de los considerandos se desprende que los $ 4.725 reiteradamente consignados como cuota alimentaria, tanto en los considerandos como en la parte resolutiva, constituyen el 25% del salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del dictado del decisorio apelado; y no el 30% del mismo (art. 166.1 cód. proc.).

Entonces, la sentencia electrónica del 13/11/2020 establece una cuota alimentaria a cargo de M. D. L., a favor de su hija M. L., en la suma de $ 4.725 a la fecha de su dictado, equivalente al 25% del salario mínimo vital y móvil (en adelante, SMVM). Con costas al demandado.

1.2. Esa decisión es apelada por la progenitora el 20/11/2020, quien funda su recurso a través del  memorial del 8/12/2020, agraviándose de lo siguiente:

-Respecto a la ponderación de la prueba:

a) el informe del Asistente Social en el domicilio del demandado refiere a la existencia de limitantes económicas para la subsistencia familiar: manifesta que en ningún momento se le dio traslado de dicho informe y tampoco fue agregado en el expediente, por lo que no tuvo posibilidad de impugnarlo.

b) respecto a la existencia de otros hijos del demandado que también merecen protección, alega que si L., decidió tener más hijos deberá redoblar esfuerzos para conseguir el sustento para todos y no ser protegidos por el poder judicial ante una irresponsabilidad suya de concebir hijos cuando tiene otros que debe cuidar y alimentar.

Concluye que la cuota fijada por la juez a quo no resulta razonable, justa y equitativa en función de las constancias de autos, haciendo un análisis de los índices del INDEC. Expresa además, que no se ha tenido en cuenta la edad de M..

Por último insiste en que las limitaciones económicas del demando no han sido acreditadas por medios idóneos, ya que no se acompañó la baja de AFIP, ni documentación que acredite el despido del trabajo.

En fin, solicita que se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda elevando la cuota al 50% del salario mínimo vital y móvil.

1.3. De su lado, el padre contesta el memorial el 21/12/2020.

Antes que nada advierte el error numérico cometido por el juzgado respecto a los diferentes porcentajes del salario mínimo vital y móvil expresados en la resolución apelada, solicitando su corrección.

Luego manifiesta que no es su intención evadir sus responsabilidades respecto de M., expresando que a pesar del difícil momento por el que están pasando los argentinos, y él en particular, está realizando changas desde el 30 de abril de 2019 y nunca dejó de pagar la cuota provisoria fijada por S.S.

Expresa que es de público conocimiento que la heladería en la que prestaba servicios cerró el año pasado, y que nunca hubiera dejado un trabajo registrado donde gozaba de todos los beneficios y mutual para sus hijos.

Insiste en que la actora tampoco acreditó los gastos de M., agregando que la menor cuenta con 16 años lo que permite que la señora M., a pueda desempeñarse laboralmente sin inconvenientes, independientemente de su colaboración.

 

2. Veamos.

De los agravios se advierte que la madre se queja de que hayan tenido en cuenta el informe ambiental realizado por el perito Baute para determinar las limitantes económicas respecto a la subsistencia familiar, cuando no fue sustanciado con la apelante.

Si bien no es aquí donde debió exteriorizarse tal irregularidad procesal, acaecida en la instancia de origen (art. 169 cód. proc.), de todos modos no es el único fundamento que utiliza el juzgado para reflejar la situación económica y familiar del padre, sino que hay otros, los que no han sido cuestionados. Por lo demás, no alcanza con simplemente expresar que no ha podido impugnarlo, sin ni siquiera mencionar que es lo que hubiera cuestionado del contenido del informe.

Tampoco es un argumento válido la queja respecto a la existencia de otros hijos nacidos con posterioridad al inicio de la demanda, pues no estando cuestionada tal circunstancia, la sentencia puede  de hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio (art. 163.6., párrafo 2do., cód. proc.) y los progenitores se encuentran obligados a prestarles alimentos en virtud de su condición y fortuna en igualdad de condiciones (arts. 646, 658, 659 y concs. CCyC).

No justifica válidamente porqué la cuota no resulta la única posible o la razonablemente posible, en función de las constancias de autos, el contexto de escasez de ingresos del alimentante y el número de hijos a los cuales debe alimentos (art. 384, cód. proc.).

Y por último, es insuficiente el agravio respecto a que las limitaciones económicas no han sido acreditadas por medios idóneos, exigiendo ahora comprobantes y/o documentación respecto a la desvinculación de la heladería donde trabajaba el alimentante, los que no fueron solicitados en tiempo oportuno (vale recordar que Rivaud, el antiguo empleador, presentó oficio informando la situación laboral de Learra en junio de 2019), lo que además de no haber sido cuestionado, evidentemente debe haber sido advertido por M., al no recibir más la suma correspondiente a la cuota provisoria de parte del empleador.

En síntesis, en función del contexto de escasez de recursos del alimentante y los agravios traídos, no se advierte error del juzgado ni margen para modificar la cuota fijada en la resolución apelada.

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Se lee en la sentencia apelada, sin refutación de nadie,  que el último sueldo acreditado del demandado fue $ 24.213,98,  en mayo de 2018.  En ese entonces, el salario mínimo, vital y móvil era de $ 9.500 (Resolución 3-E/2017 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) y la canasta básica total para una niña de 14 a 16 años era entre $ 4.632 y $ 4.693 ($ 6.095 x 0,76 o 0,77; https://www.indec.gob.ar/uploads/ informesdeprensa/canasta_06_18.pdf). En la demanda del 28/5/2018  (anexada al acta del 17/2/2021) fueron reclamados el 50% del salario mínimo, vital y móvil o $ 5.000 (ver allí ap. I).

He dicho “sin refutación de nadie”  porque incluyo al demandado, quien al contestar los agravios bien que se ocupó de observar la sentencia apelada por la demandante, al advertir que la cuota fijada fue del 25% y no del 30% del salario mínimo, vital y móvil (aclaro: la sentencia menciona ambos porcentajes, pero la cantidad de $ 4.725 es igual al 25% y no al 30% de $ 18.900). Quiero decir que si el sueldo de mayo de 2018 indicado en la sentencia no hubiera sido $ 24.213,98, el demandado se habría podido tomar similar trabajo de observación para advertir del error: no lo hizo, de modo que puede tenerse por no desvirtuado ese dato (arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.).

Y bien, el 31/7/2018 el accionado podía vivir con menos de $ 5.000 (absol. a posic. amp.  3; art. 421 cód. proc.), fruto de su trabajo como empleado de comercio  (absol. demandado a posic. 3, el 31/7/2018; tenor de la posic. 6 del pliego del demandado; atestaciones de Lucas -resp. preg. 5, escrito del 12/3/2019 y acta del 13/3/2019-;  Rivaud -resp. a preg.2 y amp. 4, ver f. 48 vta. y acta del 21/3/2019-; Alemano -resp. a preg. 2 y amp. 5, ver f. 48 vta. y acta del 21/3/2019-; Rodríguez -resp. a amp. 5, acta del 21/3/2019-; Salas -resp. a amp. 6, acta del 21/3/2019-; arts. 384, 421, 409 párrafo 2° y 456 cód. proc.).

Si ganaba $ 24.213,98 y para sus gastos consumía menos de $ 5.000, entonces le quedaban alrededor de $ 20.000 en mayo de 2018, con los cuales poder cumplir con sus obligaciones, entre ellas, prioritariamente, las alimentarias (art. 658 CCyC). En ese contexto, siempre en mayo de 2018, la canasta básica total asignable a la actora (reitero, entre $ 4.632 y $ 4.693) representaba menos del 20% de los ingresos del demandado luego de haber cubierto sus propias necesidades y rondaba el 50% del salario mínimo, vital y móvil ($ 9.500 / 2= $ 4.750). Eso hace que la cantidad reclamada en demanda no sea irrazonable (arts. 3 y 659 CCyC).

Si el demandado hubiera dejado de trabajar donde lo hacía, eso es hecho que debió alegar con el mismo celo que lo hizo para anunciar en autos el embarazo y el nacimiento de un hijo más con otra pareja (ver presentaciones del 11/4/2019 y del 24/6/2019). Sin ese hecho alegado, toda prueba sobre él es impertinente (misiva del empleador Rivaud  del 21/6/2019 informando desvinculación, anexa a la presentación del 24/6/2019; informe ambiental anexada al acta del 17/2/2021) y no podría ser considerada sin afectar el derecho de defensa de la contraparte (arts. 34.4 y 362 cód. proc.), ya bastante resentido por la duración poco razonable del proceso (ver v.gr. dilación en sentenciar, pese a lo reglado en el art. 641 párrafo 2° cód. proc. y a los varios pedidos de emisión de sentencia desde el 21/7/2020); a salvo la chance de su articulación como fundamento fáctico de un incidente posterior (art. 647 cód. proc.).

Por esos argumentos, estimo que la apelación es fundada y que hay margen para incrementar la cuota alimentaria del 25% al 50% del salario mínimo, vital y móvil.

Corresponde desestimar la apelación de fecha 20/11/2020 contra la resolución de fecha 13/11/2020, confirmando la cuota alimentaria en favor de M. L., a cargo de su progenitor M. D. L., en la suma equivalente al 25% del SMVYM.

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias,  estimar la apelación del 20/11/2020 contra la sentencia del 13/11/2020, incrementado la cuota alimentaria mensual a cargo de M. D. L., y en favor de M. L., a la cantidad de pesos equivalente al 50% del salario mínimo, vital y móvil. Con costas al demandado vencido (art. 68 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación del 20/11/2020 contra la sentencia del 13/11/2020, incrementado la cuota alimentaria mensual a cargo de M. D. L., y en favor de M. L., a la cantidad de pesos equivalente al 50% del salario mínimo, vital y móvil. Con costas al demandado vencido y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios .

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:22:07 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:32:14 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:55:10 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 13:00:57 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20173000686@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27298264019@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27300582260@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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244800774002635548

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

                                                                                  

Libro: 52– / Registro: 73

                                                                                  

Autos: “RODRIGUEZ LILIANA HAYDEE C/ GOMEZ SERGIO FABIAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)”

Expte.: -92240-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Horacio Samamé

20111920622@notificaciones.scba.gov.ar

Abog. Claudia Fernández Quintana

27145492209@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “RODRIGUEZ LILIANA HAYDEE C/ GOMEZ SERGIO FABIAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)” (expte. nro. -92240-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 1/3/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 19/11/2020 contra la resolución del 11/11/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. La resolución de fecha 11/11/2020 dispone la anotación de litis  sobre el inmueble que según lo resuelto mediante decisorio firme  en los autos  “Rodríguez, Liliana Haydee C/ Gómez Sergio Fabián y otros S/NULIDAD DE ACTO JURIDICO” declaró simulada la venta que Carmen Blanco, Miguel Ángel Blanco y Nelly Hernández hicieran a favor de Sergio Fabían Gómez; indicando que quién compró en realidad fue la demandada de autos Elsa Isidora Gómez. El mencionado proceso se realizó según la sentencia allí dictada para recomponer el patrimonio de la accionada Gómez, que se habría visto disminuido por la compraventa simulada.

Aquí Elsa Isidora Gómez es demandada por los daños y perjuicios ocasionados a consecuencia de aquella venta por la que se habría privado a la actora de utilizar las mejoras que alega realizadas por ella y su fallecido cónyuge -hijo de la accionada Elsa Isidora- sobre el inmueble en cuestión, además de que esos hechos simulados y las particulares circunstancias que los rodearon, incluidos los lazos familiares existentes entre la actora y los demandados le habrían producido un daño moral de entidad.

 

2.  La parte demanda apela el resolutorio con fecha 19/11/2020,  y  sus agravios consisten en: “a  la actora en la sentencia se le reconoce la calidad de tercera acreedora y, por ende, no constituye verosimilitud del derecho a hacer resarcida de daños y perjuicios “(sic).

La recurrente arguye “que la cautelar debe pedirse y cree que ya está trabada en los autos  “Rodríguez Liliana Haydee C/ Gómez Sergio Fabián y otros S/NULIDAD DE ACTO JURIDICO”, no corresponde donde no hay verosimilitud del derecho, ni siquiera se le exigió caución para la traba de la medida”.

Por ultimo solicita se revoque la cautelar solicitada.

 

3. Veamos:

El fundamento de la medida cautelar solicitada radica en la publicidad que corresponde darle frente a terceros respecto de la existencia de un litigio de un bien determinado sobre el cual eventualmente se puede producir una modificación en sus condiciones registrales (arg. art. 229 CPCC).

Para su viabilidad debe surgir prima facie de las constancias aportadas la verosimilitud del derecho invocado, aunque debe este requisito ser apreciado con menor exigencia que en relación a otras medidas cautelares que sí ponen un obstáculo, en mayor o menor medida, a la transmisión del bien que afecta (por ej.: un embargo o una prohibición de innovar).

Por otra parte, el decisorio en crisis basó su verosimilitud en lo resuelto en los autos “Rodríguez Liliana Haydee C/ Gómez Sergio Fabiàn y otros S/NULIDAD DE ACTO JURIDICO”, Expte.87955, y de la cosa juzgada que de allí emana (art. 34.4. cód. proc.).

Esa razón dada por el magistrado no fue objeto de critica concreta y razonada por la apelante (arts. 260 y 261 Código Procesal).

De hecho aduce que cree que la medida fue trabada.

Las demás circunstancias que se señalan en los agravios,  no dejan de ser generalidades, interpretaciones propias, paralelas a la del juzgador, e incluso rememoración de circunstancias fácticas de otros expedientes judiciales que ya fueron analizadas en la decisión firme de esta cámara a la que se hizo referencia y allí descalificadas, en definitiva expresión de una manera diferente de ver las cosas, pero que de ninguna forma -reitero- expresan una crítica concreta y razonada (arg. art. 260 del Cód. Proc.).

Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la apelación de fecha 16/10/2020 contra la resolución de fecha 11/11/2020. Con costas al apelante vencido (art. 68 del Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).

 ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Admite la apelante que, en la sentencia  del 31/10/2017 recaída en “RODRIGUEZ LILIANA HAYDEE C/ GOMEZ SERGIO FABIAN Y OTROS S/ Nulidad de Acto Jurídico” expte. n° 87955,  se le reconoció a la actora legitimación activa como  tercera acreedora  a los fines de reconstituir el patrimonio de su deudora Elsa Isidora Gómez. Esa sentencia hizo lugar a la nulidad y, mientras no esté cumplida tomándose razón de ella para dejar sin efecto la inscripción de la venta simulada, se justifica la anotación de litis (art. 229 cód. proc.). La tercera acreedora no termina de reconstruir el patrimonio de su deudora Elsa Isidora Gómez si no se inscribe esa sentencia y por eso procede la anotación de litis (art. cit. y arts. 233 y 212.3 cód.proc.).

Cierto es que la anotación de litis debió solicitarse y ordenarse en esa causa y no aquí donde la misma actora reclama daños y perjuicios contra los vencidos en el juicio de nulidad, Sergio Fabián Gómez y Elsa Isidora Gómez: es que aquí la pretensión apunta a conseguir un resarcimiento, no a la modificación de una inscripción registral (art. 229 cód. proc.). Y no menos cierto es que la actora Rodríguez pidió la anotación de litis aquí sin explicar ni argumentar nada en 1ª instancia (ver escritos del 5/2/2019 y del 2/11/2020), y no atinando con algunas de sus razones en la contestación del memorial (v.gr. sostiene que la anotación de litis apoya su pretensión resarcitoria, lo cual, como vimos, no es posible según el art. 229 cód. proc.; ver 22/12/2020).

Pero no dudo en creer que sería un exceso ritual, de corte podríamos decir “geográfico”, no hacer lugar aquí a una medida que la actora bien podría conseguir en la causa de nulidad, tal como de alguna manera lo admite la apelante cuando expresa “Es más, la cautelar solicitada debe pedirse, y creo que ya está trabada en los autos  RODRIGUEZ LILIANA HAYDEE C/ GOMEZ SERGIO FABIAN Y OTROS S/ Nulidad de Acto Jurídico, (expte. Nro87955 ), …”  Si la medida podría conseguirse antes del juicio principal (ende, en definitiva,  fuera del juicio principal que aún no existe), de modo similar iura novit curia puede otorgarse fuera de ese juicio pero en otro entre las mismas partes y que es en cierta forma consecuencia de aquél principal (arg. art. 2 CCyC y arts. 34.4, 169 párrafo 3°, 195 párrafo 1° y 233 cód. proc.).

Por fin, no indica la apelante de qué elemento de convicción resulta el pago del crédito de Rodríguez contra Elsa Isidora Gómez, ese crédito que la legitimara para plantear la referida nulidad; si no es suficiente remitir a presentaciones anteriores (art. 260 párrafo 2° parte 1ª cód. proc.), menos aún lo es ni siquiera remitir a ninguna (art. 384 cód. proc.). En todo caso, la apelada al contestar el memorial sólo admite que hubo un pago parcial (ver escrito del 22/12/2020).

Eso sí, me parece ecuánime que las costas por la apelación de que se trata sean cargadas por su orden: la apelada gana, pero no por sus fundamentos (arg. arts. 2 y 3 CCyC; arts. 34.4 y 68 párrafo 2° cód. proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, desestimar la apelación del 19/11/2020 contra la resolución del 11/11/2020. Con costas por su orden y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación del 19/11/2020 contra la resolución del 11/11/2020. Con costas por su orden y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845) Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:17:48 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:21:23 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:31:08 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:51:58 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 01/03/2021 12:59:19 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20111920622@notificaciones.scba.gov.ar

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235600774002635325

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

                                                                                  

Libro: 52– / Registro: 72

                                                                                  

Autos: “M., M. S. Y OTROS   C/ P., N. A. M. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR”

Expte.: -91235-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Juan Simón Pérez

20118318456@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Martín A. Ruiz

20223187332@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “M., M. S. Y OTROS   C/ P., N. A. M. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR” (expte. nro. -91235-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 25/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 9 de diciembre de 2020, deducida contra la resolución del 9 de diciembre de 2020?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Con arreglo a lo expuesto en un tramo de la demanda, las modificaciones en el inmueble lindero, propiedad de los demandados, que afectaron la casa de la familia M.,, fueron introducidas hace tiempo y consistieron en apoyar sobre la pared divisoria la segunda planta, lo cual –según se dice- con el paso del tiempo, produjo daños estructurales (escrito del 26 de marzo de 2019, III, Destino del inmueble de los actores, primer párrafo).

Focalizado el tema, se obtiene estudiando la causa, que no solamente se puede cotejar el informe privado del ingeniero civil Pietrobelli, con el de la perito arquitecta. Gutierrez, como lo hace la apelante. Sino también con el informe privado del ingeniero civil Garbarino, igualmente obrante en autos, coincidente, en su diagnóstico con lo observado por la experta (v. archivo adjunto al registro informático del 9 de octubre de 2019; archivo adjunto al registro informático del 10 de diciembre de 2019; escrito del 4 de setiembre de 2020).

En definitiva, ninguno de los informes de los ingenieros son prueba pericial. Pero si se tuvo presente, en su oportunidad, el informe del ingeniero civil Pietrobelli, el mismo tratamiento cabe dar al del ingeniero civil Garbarino. Ambos incorporados al juicio y computables como prueba producida y agregada (v. providencia del 11 de octubre de 2019; arg. art. 34.5.c  y 384 del Cód. Proc.).

Tocante a las consideraciones  del primero, que pueden leerse en el archivo adjunto al registro del 9 de octubre de 2019, en plano de parcela 14C del año 1982 se observa una construcción en planta alta de 52.49 m2 con losa cerámica apoyando en pared medianera (entre 14B y 14 C) y sobre la misma se ha construido una pared de considerable altura que manda carga a las bases de la medianera. Se puede observar en fachada y corte BB. Por eso concluye que los asentamientos y en consecuencia grietas en pared medianera son originadas por la construcción aledaña en parcela 14 C.

El dato de la losa apoyando en la pared medianera es relevante, porque la actora, según se ha dejado dicho en el primer párrafo, atribuye los daños estructurales en su casa, a esas modificaciones hechas hace tiempo en el inmueble lindero, que consistieron en apoyar sobre la pared divisoria la segunda planta (v. escrito del 23 de marzo de 2019, III, sexto párrafo; arg. art. 34.4 y 163.6 del Cód. Proc.). El arquitecto Martorano –que asesorara en  la constatación notarial promovida por la accionante– dio precisiones acerca de los daños, en tanto la notaria indica: ‘la construcción en altura se estaría apoyando en la casa de la requirente’.(escrito del 23 de marzo de 2019, V, tercer párrafo).

Sin embargo para Garbarino, no consta en el plano aludido por Pietrobelli que la losa cerámica apoye en la medianera: Es más ello no resultaría posible ya que contra la medianera está la escalera, la que indica que la losa tiene otro sentido de apoyo, de frente a contrafrente. Lo cual hace que la carga no vaya sobre la pared medianera. Por otra parte –continúa el informe de Garbarino– puede observarse claramente que la sobreelevación del muro medianero no es de ‘altura considerable’ como se expresa sino de poca altura. Todo esto hace –a criterio del mismo profesional– que el incremento de las cargas trasmitidas a la fundación como consecuencia de la edificación de planta alta de la vivienda de la demandada, sea mínima (v. adjunto al registro informático del 10 de diciembre de 2019).

Y agrega, subrayando un dato que ronda también el dictamen de la arquitecta: la mayor parte de los asentamientos (causantes de las deformaciones que ocasionan las fisuras y grietas) se dan en los primeros tiempos (entre un año y medio y dos años) de producido el incremento de carga, mal puede entonces decirse que las fisuras y grietas surgidas en el año 2018 (la actora manifiesta en el acta de contratación que esas rajaduras se produjeron de golpe en este año) son consecuencia de una edificación que tiene treinta y siete años (v. archivo adjunto al registro informático del 26 de marzo de 2019).

Finalmente, indagando sobre otras causas de los daños, refiere que  a principios del año 2017 se ejecutó una obra pública consistente en el recambio de las cañerías de las redes domiciliarias de agua y cloacas, para la que se realizaron excavaciones en las veredas a una distancia de uno o dos metros de la línea municipal y cuya profundidad era variable entre uno y tres metros, siendo en el sector de las viviendas involucradas de 2,30 metros. Y que como consecuencia de la inestabilidad del suelo se produjeron desmoronamientos que alcanzaron hasta los frentes de las viviendas, que debilitan la capacidad portante capaz de generar fisuras y rajaduras como las existentes.

Concluye en que el asentamiento del muro medianero causante de las fisuras, rajaduras y grietas en las paredes de la vivienda de la actora, no resultan originadas por la construcción efectuada en el inmueble en el año 1982.

Para la perito Gutierrez,  si bien es cierto que cuando se produce una carga sobre una pared (como puede ser la del inmueble lindero) esta y sus fundaciones deben responder a la misma, es importante vincular este hecho al tiempo en que se produjo dicha carga. En este caso, dice –coincidiendo con Garbarino- es sumamente importante considerar que se están analizando fisuras y grietas que tienen como data dos años (esto se expresa por la parte actora en el acta notarial de fecha 21/11/2018), mientras que la planta alta del inmueble lindero tiene más de 38 años de antigüedad (v. dictamen del 4 de septiembre de 2020, punto e, cuarto y quinto párrafo).

Adiciona luego al brindar explicaciones: No se está relativizando la “nueva” construcción, pero si se hace hincapié en que esa “nueva” construcción tiene una data de 38 años de antigüedad. Estoy de acuerdo en que las construcciones bien realizadas se deben mantener estables, más allá del paso del tiempo, pero existen a veces diferentes factores (como las causas mencionadas en el punto b del dictamen pericial, entre otras, según el tipo de caso) que a veces hacen que esto, no sea así.

Y más adelante: siempre se hizo mención por la parte actora  en el expediente judicial y sus piezas, en que las rajaduras aparecieron “de repente durante el transcurso del 2018”. Es por esto, que considero que si las mismas fueron de aparición repentina, la causal es una de las detalladas en el punto b) del informe pericial y no lo es una vivienda que tiene 38 años de antigüedad (del escrito del 14 de octubre de 2020; arg. art. 384 y 474 del Cód. Proc.).

Finalmente: que es el observar que la vivienda sita en calle Alem N°182 presenta un deterioro bastante importante, mientras que la vivienda lindera (la cual soporta mediante su estructura el peso de la planta alta), se encuentra en óptimas condiciones. En caso de que el muro medianero hubiese fallado, esto se vería de ambos lados. Otra de las consideraciones que le llevan a poder decir que una de las causales principales es el asentamiento del suelo en dicha zona (ver ampliación de fecha 14/10/20,  págs. 2 y 5).

En su cuestionamiento a esa pericia, la actora plantea en el memorial, críticas al dictamen que ya fueron materia de un pedido de explicaciones y que la perito respondió fundadamente, sin generar más observaciones (v. escrito electrónico del 1 de febrero de 2021, hoja tres, séptimo párrafo, en adelante, hasta hoja seis aproximadamente).

Puede seguirse la reiteración de tales reparos, tomando el escrito del 30 se septiembre de 2020, sólo con el agregado que, en los agravios, descalifica las respuestas proporcionadas por la perito en su escrito del  14 de octubre de 2020 (arg. art. 473 y 474 del Cód. Proc.).

Luego, en el reconocimiento judicial del 18 de noviembre de 2020, se pudo comprobar, en la vivienda de la actora,  la  existencia de rajaduras y grietas de considerables dimensiones no sólo en el sector de la medianera, sino también en zonas más alejadas del inmueble, como en las habitaciones. El hundimiento del piso en el sector inmediato a la medianera (arg. art. 477 y 478 del Cód. Proc.). En la vivienda de la demandada, que el piso no está hundido en la zona de la medianera que coincide con la construcción del piso superior cuestionada en autos, maguer sí está hundido en la parte posterior. La inexistencia de rajaduras, con excepción de unas pequeñas al subir la escalera.

En fin, como anticipara esta alzada, se trata de un caso de urgencia no manifiesta donde es preciso la prueba que permita verificar, la procedencia del pedido (arg. art. 617 bis del Cód. Proc.). Y esta condición no aparece suficientemente cumplida, con los elementos de prueba que se han apreciado.

Ciertamente que –siguiendo a la pericia– se han podido observar grietas y fisuras de distinta magnitud en prácticamente todos los ambientes de la vivienda de la actora (living-comedor, cocina, pasillo, dormitorios, etc). Asimismo cierto hundimiento del piso y puertas que no cierran como consecuencia de las rajaduras de las paredes. Pero no se ha podido localizar la causa de todo ello, puntualmente en la obra realizada en la vivienda lindera hace unos treinta y ocho años.

Por manera que, según puede apreciarse, no concurren bastantes elementos como para condenar a la demanda a la ejecución a su costa, de los trabajos de reparación de la vivienda familiar de la accionante o en su defecto abonar la indemnización correspondiente para la ejecución de los trabajos que permitan reconstruir la misma (v. escrito del 26 de marzo de 2019, punto III; arg. arts. 1711, 1713, 1716, 1726 y concs. del Código Civil y Comercial; art. 617 bis del Cód. Proc.).

Desde esta visión, la apelación no aparece lo suficientemente fundada como para imponer un cambio en el decisorio como se postula.

Sin perjuicio de ello, toda vez que, tal como se desprende del reconocimiento judicial del 18 de noviembre de 2020, no se habrían efectuado las tareas de apuntalamiento que el juez, con base en las fotos de fs. 21/56 y en la inspección ocular, entendió necesario realizar atento el riesgos estructural de ambos edificios (ver f. 91 vta. párrafo 3°), tal como puso de manifiesto esta alzada en su resolución del 12 de marzo de 2020, como acción preventiva, se dispone comunicar la situación a la Municipalidad de Trenque Lauquen, para que por intermedio de la repartición que corresponda se informe acerca de la situación y de ser de su incumbencia, adopte las medidas necesarias para evitar la producción de un daño, su continuación o agravamiento (arg. arts. 1711 y 1713 del Código Civil y Comercial). A cuyos fines se librará oficio.

En lo que atañe a las costas, si ya en conocimiento de los elementos de juicio obrantes en la causa, la actora insistió con su pretensión de exigir el pago de los arreglos a la demandada o en su caso la consiguiente indemnización, no hay motivo valedero para liberarla de su condición de vencida. Por tanto, las costas deben ser a su cargo en ambas instancias (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód.proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Con arreglo al resultado obtenido al tratarse la cuestión precedente, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto, con costas a la recurrente vencida (art. 266 del Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto, con costas a la recurrente vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los letrados intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845) Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1. La jueza Silvia E. Scelzo no participa por encontrarse en uso de licencia.

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 26/02/2021 12:22:01 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 26/02/2021 12:29:34 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 26/02/2021 12:34:34 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20118318456@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 20223187332@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

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