Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

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Juzgado de origen: Juzgado de Familia Nº 1

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Libro: 43– / Registro: 436

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Autos: “HERNANDEZ ARRASTUA ANA PAULA  C/ MICHELLI NESTOR PATRICIO ARMANDO S/ALIMENTOS”

Expte.: -88406-

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            TRENQUE LAUQUEN, 4 de diciembre de 2012.

            AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:  entre otras posibles, las siguientes razones bastan para declarar manifiestamente inadmisible la revocatoria intentada:

            a- no surge de autos que el abogado Cerinignana sea apoderado de la actora (art. 47 CPCC);

            b- la resolución recurrida no es providencia simple (arts. 238 y 268 cód. proc.) ni, comoquiera que fuese, es susceptible de recurso alguno según lo reglado en el art. 57 d-ley 8904/77.

            Por todo ello, la Cámara RESUELVE:

            Declarar manifiestamente inadmisible el recurso de revocatoria de fs. 82/vta..

            Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial /(art. 54 d-ley 8904/77).

                                               Silvia E. Scelzo

                                                      Jueza

       Toribio E. Sosa

                 Juez

                                               Carlos A. Lettieri

                                                           Juez

María Fernanda Ripa

         Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 43– / Registro: 439

Autos: “OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENT  C/ LAMELO JORGE ALBERTO S/EJECUCION DE SENTENCIA”

Expte.: -88418-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cinco días del mes de noviembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENT  C/ LAMELO JORGE ALBERTO S/EJECUCION DE SENTENCIA” (expte. nro. -88418-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 19, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  subsidiaria de  fojas 11/14 contra la resolución  de foja 10?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            La ley 10.397 -texto ordenado por resolución ministerial 39/11- rige la determinación, fiscalización y percepción de todos los tributos en la Provincia de Buenos Aires (art. 1).

            El capítulo 1, del título VI, referido a las tasas retributivas de servicios administrativos y judiciales, regula en el artículo 330, en general, las extensiones subjetivas, y en el capítulo 3, en su artículo 343, las actuaciones judiciales exentas del pago de la tasa correspondiente.

            Pues bien, ni en la primera ni en la segunda de las normas, aparece comprendida la actora ni el trámite que ésta impulsa. Y en la medida en que la actora no aparece comprendida en ninguno de los supuestos subjetivos de exención, ni su trámite exceptuado del tributo correspondiente, no hay base legal para eximirla del pago como pretende.

            Debe tenerse en cuenta que legislar sobre materia de tasa por servicios de justicia, no es una materia que la Provincia de Buenos Aires haya delegado en la Nación, sino que se trata de una prerrogativa propia y reservada (arg. arts. 121 de la Constitución Nacional y 103 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Cám. Civ. y Com., 2da., sala 1, de La Plata, sent. del 22-5-2008, “Obra Social Ferroviaria c/ Poder Ejecutivo y otro s/ incidente de tasa de justicia”, en Juba sumario B256868).

            Esto así, no es aplicable a la tasa por servicio de justicia prestado en el ámbito provincial, exenciones que pudieran comprender a la actora en otros ámbitos y por virtud de otras normas, como las que cita en su recurso.

            Tampoco se ha acreditado -cabe decir de camino- que se haya gestionado una exención ante las autoridades provinciales que permita fundar legalmente su pretensión.

            En consonancia, por lo expuesto, cabe desestimar la apelación subsidiaria de fojas 11/14 contra el punto III de la resolución de fojas 10.

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación subsidiaria de fojas 11/14 contra el punto II de la resolución de foja 10.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación subsidiaria de fojas 11/14 contra el punto II de la resolución de foja 10.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 43– / Registro: 438

Autos: “ROSALES, UBALDO ATILIO Y FALCON MARTA S/ SUCESION AB INTESTATO”

Expte.: -88431-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cinco  días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “ROSALES, UBALDO ATILIO Y FALCON MARTA S/ SUCESION AB INTESTATO” (expte. nro. -88431-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 74, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es  ajustada a derecho   la  resolución de fs. 64/65,  apelada a f. 66?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Como lo señala el apelante, coexisten hoy en la provincia de Buenos Aires dos variantes de valuación fiscal: una final o para el impuesto al acto, ajustada por un coeficiente corrector de 2,56,  sólo específicamente aplicable para el impuesto de sellos y para el impuesto a la transmisión gratuita de bienes (ver informes 32/2011 y 47/11 de la autoridad de aplicación tributaria, en www.arba.gov.ar); la otra, sin multiplicación por  ese coeficiente, que ha de considerársela residual y genéricamente utilizable  a todos los demás efectos, entre los que puede mencionarse v.gr. el pago de la tasa de justicia  o la regulación de honorarios (cfme. esta cámara, en “Pérez, Alejandro Manuel y otra s/ Sucesión ab intestato”,  resol. del

13/3/2012, L.43 R.61).

            Por ello, opino que la resolución apelada se ajusta a derecho, en cuanto ha sido motivo de agravios (art. 171 Const.Pcia.Bs.As.;  art. 34.4 cód.proc.).

VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

                   Corresponde confirmar la resolución de fs. 64/65, con costas en segunda instancia a cargo del apelante vencido (ver fs. 70, 71.2 y 51/52; art. 69 cód.proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 47 y 31 d-ley 8904/77).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Corresponde confirmar la resolución de fs.64/65, con costas en segunda instancia a cargo del apelante vencido, difiriendo aquí la resolución          

sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia Nº 1

Libro: 43– / Registro: 437

Autos: “R., J. S/ MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -88461-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cinco  días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “R., J. S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (expte. nro. -88461-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 27, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación de  fs. 18/19 vta. ?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            1- Cierto es que el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (en adelante, SLPPDN) es el órgano administrativo que  debe realizar la denuncia en sede judicial cuando  toma conocimiento de que un niño fuera víctima de una acción o abuso a su integridad física o sexual, o de cualquier otro delito, para que la autoridad judicial proceda contra el autor del delito (arts. 21.2 y 37.10 decreto 300/2005), pero no lo es menos que entre sus funciones también está “Ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los derechos del niño” (art. 19.a ley 13298).

En el caso, el SLPPDN no se limitó a denunciar el supuesto abuso sexual sufrido por la niña, sino que, además, en actuación preventiva y  tuitiva, peticionó la exclusión del hogar del presunto victimario y lo hizo con fundamento -entre otras normas- del art. 237 ter del CPCC (ver fs. 2/5 de la causa principal). No está de más agregar que más tarde requirió la prórroga de esa medida (ver ibidem fs. 54/55). Al así proceder ciertamente el SLPPDN ejecutó una de las  acciones posibles tendiente a “prevenir”, “proteger” y “restablecer” los derechos de la niña.

Entonces, en el caso, el SLPPDN  ha traspasado el rol de mero denunciante y, sin  invocar ninguna  representación legal de la víctima sino antes bien en cumplimiento de sus deberes funcionales, ha iniciado un proceso cautelar que la ley prevé como sumarísimo (art. 237 ter cód. proc.).

Desde ese encuadre, en el caso,  adquiere razonable asidero el reclamo de la Asesoría de Incapaces, en el sentido que las resoluciones judiciales que se adopten en la causa (v.gr. un traslado) le sean notificadas al SLPPDN como si fuera parte y a través del medio que corresponda según la ley,  no mediante oficio (arts. 40, 133, 135 y concs. cód. proc.).

2- Malgrado que el principio general en materia de medidas cautelares es que tienen vigencia mientras duren las circunstancias que las determinaron (art. 202 cód. proc.), el art. 12 de la 12569 edicta  que el órgano judicial debe establecer “el término de duración” de las medidas cautelares que disponga, pudiendo prorrogarlas “cuando perduren situaciones de riesgo que así lo justifiquen”.

No obstante, aunque ese precepto exige al órgano judicial  fijar un plazo expreso y cierto,  la ley 12569 no prevé expresamente la sanción de nulidad en caso que ese plazo no fuera fijado (art. 1037 cód. civ.; art. 169 párrafo 1° cód. proc.).

Es más, el plazo expreso y cierto no es un requisito  indispensable para que la medida cautelar cumpla su finalidad (art. 169 párrafo 2° cód. proc.), pues no saber de entrada hasta cuándo va a durar esa medida de ningún modo puede impedir que,  mientras dure y cuanto quiera que sea que dure, deba ser acatada o deba ser sancionado su no acatamiento: importa que esté vigente hoy, no hasta cuándo el día de mañana. Sería absurdo creer que el destinatario de una orden judicial de exclusión, por ejemplo al minuto siguiente de ser notificado de ella,  puede incumplirla intencional e impunemente sólo porque esa orden no prevé un plazo expreso de duración para la exclusión.

Por otro lado, ante la falta de determinación de un plazo expreso y cierto, siempre podría cualquier interesado (v.gr. el afectado por la medida cautelar) requerir esa determinación y, así,  si existe la posibilidad de requerir esa determinación, mientras el interesado libremente no la utilice debe entenderse que está consintiendo  esa falta de determinación, lo que también impide declarar la nulidad de la medida cautelar en función de esa  falta de determinación,  a fortiori  de oficio (arts.170 y 172 cód. proc.).

Lo dicho en este considerando 2- alcanza para advertir que no se comparte el criterio sostenido en el precedente de la Cámara Penal departamental mencionado en el memorial (ver f. 18 vta.: “Incidente de apelación en causa: “Medrano, Claudio s/ Desobediencia”, expte. 9675/10, sent. del 12/10/2010, L.25 R.32), máxime que es dudoso que ese Tribunal tuviera competencia para juzgar sobre la validez o no de  una medida cautelar  dispuesta y operativa en el ámbito de otro fuero  y  que, en todo caso, no había ningún agravio de la defensa penal que abarracara en la falta de determinación de plazo expreso y cierto como causal de invalidez de la medida cautelar desobedecida.

Parece ser  factible que la supuesta desobediencia en el caso sea juzgada por la justicia penal de otra jurisdicción, la que acaso pudiere adoptar otro temperamento (ver causa principal, f. 106 ap. III). Pero, para la eventualidad de que cierta desobediencia de la medida cautelar dispuesta en esta causa pudiera ser juzgada por el fuero penal de este departamento judicial, no fijar aquí un plazo expreso y cierto de duración para la medida cautelar de marras equivaldría prácticamente a anticipar una absolución penal del supuesto victimario si -al cobijo de ese precedente penal-  éste se propusiera incumplirla a su antojo, mermando así la eficacia de la medida cautelar al esterilizar un poderoso estímulo para alentar a su cumplimiento:  la perspectiva de condena penal por desobediencia.

Por ello, aunque compartiendo las razones expuestas por la jueza a quo en el sentido que la medida cautelar está vigente  aunque –heterodoxamente en materia de violencia familiar- sujeta a un plazo incierto (ver f. 35), por lo recién explicado y para no debilitarla considero que, de cara al futuro,  debe serle fijado un plazo expreso y cierto de duración -v.gr. un año como lo ha peticionado la apelante-, lo que, por otra parte, es lo que literalmente  manda el art. 12 de la ley 12569 (art. 34.4 cód. proc.).

3- Por lo expuesto corresponde estimar la apelación subsidiaria de fs. 18/19 vta. y, consiguientemente: a- disponer que las resoluciones judiciales que se adopten en la causa  le sean notificadas al SLPPDN  a través del medio que corresponda según la ley,  no mediante oficio; b- determinar el plazo de 1 año para la vigencia de la medida cautelar de exclusión y restricción perimetral impuestas al supuesto victimario, a contar desde la fecha de la presente resolución, sin perjuicio de: b’- su anterior levantamiento/modificación o posterior prórroga según las circunstancias que se demuestren  en la causa, y b’’-  la validez y vigencia de esa medida cautelar hasta ahora  tal y como fue oportunamente dispuesta.

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde estimar la apelación subsidiaria de fs. 18/19 vta. y, consiguientemente: a- disponer que las resoluciones judiciales que se adopten en la causa  le sean notificadas al SLPPDN  a través del medio que corresponda según la ley,  no mediante oficio; b- determinar el plazo de 1 año para la vigencia de la medida cautelar de exclusión y restricción perimetral impuestas al supuesto victimario, a contar desde la fecha de la presente resolución, sin perjuicio de: b’- su anterior levantamiento/modificación o posterior prórroga según las circunstancias que se demuestren  en la causa, y b’’-  la validez y vigencia de esa medida cautelar hasta ahora  tal y como fue oportunamente dispuesta.    

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar la apelación subsidiaria de fs. 18/19 vta. y, consiguientemente: a- disponer que las resoluciones judiciales que se adopten en la causa  le sean notificadas al SLPPDN  a través del medio que corresponda según la ley,  no mediante oficio; b- determinar el plazo de 1 año para la vigencia de la medida cautelar de exclusión y restricción perimetral impuestas al supuesto victimario, a contar desde la fecha de la presente resolución, sin perjuicio de: b’- su anterior levantamiento/modificación o posterior prórroga según las circunstancias que se demuestren  en la causa, y b’’-  la validez y vigencia de esa medida cautelar hasta ahora  tal y como fue oportunamente dispuesta.

            Regístrese.  Notifíquese en forma urgente a la asesora de incapaces en su despacho (art. 135 últ. párr. CPCC) y devuélvase. Encomiéndase al juzgado de origen la notificación de la presente al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (arg. art. 34.5.b Cód.Proc.).

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

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Libro: 43– / Registro: 440

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Autos: “SALVO DE VERNA, SARA Y OTRA S/ GANADERA DON AURELIO S.A. S/ EJECUCION”

Expte.: -88208-

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            TRENQUE LAUQUEN, 6 de diciembre de 2012.

            AUTOS  Y  VISTOS: la aclaratoria de fs. 375/vta. y el recurso extraordinario de  inaplicabilidad de ley de fs. 380/397 contra la sentencia de fs. 370/372.

            CONSIDERANDO.

            1- Tocante al remedio de aclaratoria de fs. 375/vta.,  tiene dicho este Tribunal, en su habitual integración, que tres son los motivos  por los que la legislación procesal lo admite: la corrección de errores materiales, la aclaración de conceptos oscuros y la subsanación de omisiones sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio (ver res. del 06-10-09, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Paredes, Domingo y otros s/ Incidente”, L. 40 R. 335; arts. 36 inc. 3º, 166 inc. 2º y 267 in fine Cód. Proc.).

            Pero  no  se dan en el caso ninguno de los supuestos enumerados en el párrafo anterior, pues si la cuestión a decidir en la sentencia de fs. 370/372 era si se admitía la base regulatoria de fs. 202/vta. o la de fs. 365/367 y el tribunal se atuvo a la primera (v. aps. 2-a de la decisión objeto de recurso), va de suyo que se hace mérito de las valuaciones fiscales tenidas en cuenta en esa ocasión, que por lo demás, ya contienen el incremento del 20% a que se alude en el escrito de fs. 375/vta..

            La aclaratoria, entonces, es inadmisible (arg. arts. 36.3 y 166.2 Cód. Proc.).       

            2. En relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 380/397, la sentencia impugnada tiene carácter de definitiva, el recurso  ha sido  deducido  en  término, con mención de la normativa que  se  considera  violada  o aplicada  erróneamente  e indicando en qué consiste la presunta violación o error  (arts.  279  “proemio”  y últ. párr. y 281 incs. 1, 2 y 3 CPCC).

            El  valor  del  agravio excede el mínimo legal previsto, la parte recurrente  cuanto menos, ha iniciado trámite de beneficio de litigar sin gastos (v. fs. …), por manera que se encuentra eximida ahora del depósito previo del art. 280 1º párrafo del mismo código y se ha constituido domicilio legal en la ciudad de La Plata (arts.  280 1º , 3º y 5º párrs. Cód. Proc.).

            Por ello, la Cámara RESUELVE:

            1- Desestimar la aclaratoria de fs. 375/vta..

            2- Conceder el recurso extraordinario  de  inaplicabilidad  de ley de fs. 380/397 contra la sentencia de fs. 370/372.

            3- Hacer saber a la parte recurrida que le asiste la chance de constituir domicilio en la ciudad de La Plata a sus efectos, lo que podrá hacer ante esta Cámara antes de la remisión del expediente (arts. 280 últ. párr., 284, 291 y concs. cód. cit.).

            Regístrese. Notifíquese  personalmente  o  por cédula  con  cumplimiento  del  párrafo  2do.  Acuerdo 3275/06 de la SCBA (arts. 282 in fine y 297 Cód. Proc.). Hecho, remítanse de oficio las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (art. 282 2º párr. cód. cit.).

                                               J.Juan Manuel Gini

                                                         Juez

      Guilllermo F. Glizt

               Juez

                                               María Fernanda Ripa

                                                     Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

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Libro: 43– / Registro: 435

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Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ PIÑERO, NORBERTO Y OTROS S/ COBRO DE PESOS”

Expte.: -88441-

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            TRENQUE LAUQUEN, 4 de diciembre de 2012.

            AUTOS Y VISTO: el  recurso de apelación  de  foja 130 “por bajos”  contra la regulación de  honorarios de foja 129.

            Y CONSIDERANDO.

            La retribución cuestionada fue realizada con relación a la incidencia sobre prescripción resuelta a fojas 109/111 dentro del marco legal correspondiente conforme lo indican los arts. 14, 15, 16, 21,  26 segunda parte, 34,  47 y concs. del d-ley 8904/77.

            Entonces como el apelante no ejerció la opción de indicar por qué considera exiguos los honorarios regulados a su favor, ni se advierte manifiestamente error in iudicando en los parámetros tomados por el juzgado, tal situación lleva a desestimar dicho recurso (art. 34.4. del cpcc.; esta cám expte. 88237 L. 43 Reg. 347, entre muchos otros).

            Por ello, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar el recurso interpuesto y en consecuencia confirmar los honorarios regulados a favor del abog. JUAN SIMON PEREZ.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 del d- ley 8904/77).

                                               Silvia E. Scelzo

                                                      Jueza

       Toribio E. Sosa

                 Juez

                                               Carlos A. Lettieri

                                                           Juez

María Fernanda Ripa

         Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: Juzgado de Familia nº 1

Libro: 43– / Registro: 358

Autos: “T., O. M. C/ L., B. A. S/PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY12569)”

Expte.: -88287-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de octubre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “T., O. M.  C/ L. B. A. S/PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY12569)” (expte. nro. -88287-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 33, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  fs. 46/49 contra la resolución de fs. 37/38?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ  LETTIERI DIJO:

            1. La jueza de primera instancia para decidir como lo hizo, consideró que existe una situación familiar conflictiva generadora de situaciones de riesgo, acreditada en grado de verosimilitud bastante con la denuncias policiales efectuadas por la actora, las actas de audiencia realizadas en autos y lo informado por la perito psicóloga (fs. 37/38).

            2. Ahora bien, de las constancias obrantes en la causa surge:

            – En lo que interesa destacar, T., sostiene en su denuncia del 23 de abril de 2012 que este último tiempo la relación con B. se ha empeorado, dado que con sus ataques de celos se ha vuelto bastante agresivo, aunque nunca la situación ha llegado a tal punto de la agresión física, salvo un episodio ocurrido varios años atrás. Se siente agustiada ante esta conviviencia que ya se hace insostenible. Justamente el día de la denuncia habrían tenido una discusión y que B. si bien no la agredió físicamente, se le iba muy encima, haciéndole señas como para pegarle a la vez que le gritaba.. Asimismo que hasta que se resuelva la situación permanecerá en casa de su hijo G. J. L., (fs. 2/vta.).

            – El hijo de ambos, G. J. L., también manifestó que su padre ejercía violencia psicológica con respecto a su progenitora, siempre con motivo de celos de su padre (fs. 14/vta.).

            – El demandado cuando declaró a fs. 9/vta. dijo tener problemas en la relación con su mujer, siendo lo central que lo tiene que mantener por su incapacidad y que por esa razón le inventa noviazgos con cualquier mujer.

            – En la entrevista psicológica, T., evoca algunos hechos ya expuestos en la denuncia policial, agrega otros que -según traducción del perito- se constituyen como un obstáculo moralmetne insalvable para la convivencia con su esposo (fs. 39/vta.). Tocante a éste, el experto dice que niega las acusaciones vertidas en las denuncias del presente expediente, desde la violencia, que minimiza nombrándola como “un problema común de pareja causado por ella, por su personalidad”.

            – L., al fundar el recurso bajo examen, no niega puntual y concreteamente el argumento utilizado por la jueza para ordenar la exclusión -es decir, que exista una situación familiar conflictiva en el marco de la cual se han generado situaciones de riesgo-, sino que  apunta a demostrar que la actora lo que pretende en realidad es la atribución del hogar conyugal por una vía procesal inadecuada, entendiendo que ello debiera ser planteado dentro del trámite de divorcio iniciado por las partes y no en este expediente (fs. 46/vta.)

            3. Cierto es que la exclusión del hogar regulada en la ley 12.569 no es para lograr la atribución de la vivienda en un divorcio, ni para sancionar a padres o hijos por mediar violencia entre ellos, sino para colocar a todos en un sistema de tratamiento que les permita superar una vinculación intrafamiliar inadecuada. El objetivo inmediato es hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, mediante la adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias (conf. Cám. Civ.  Dolores,  RSI-402-8, I 4-9-2008, “O. H. A. c/ B. M. I. s/ Protección contra la violencia familiar”, ver. juba on line, sum. B951269).

            Y en ese camino, entiendo que en estas actuaciones ha  quedado  acreditado, al menos con el grado de certeza necesaria en este tipo de procesos, que  medió  una  situación tal que puede ser encuadrada en las previsiones del  art. 1 de la  ley 12.569.

            Es que, además de la denuncia policial de la actora T., por agresiones y/o violencia en el seno familiar según  constancias  de  fojas  2/vta., se ha adquirido para el proceso:

            (a) que el accionado L., al efectuar la entrevista con la perito psicóloga reconoció que la existencia de algún grado de violencia, aun cuando la minimizó, considerándola como un problema común de pareja causado por su conyuge, por su personalidad (fs .31 vta. 4to. párr.);

            (b) que, además, la misma experta que entrevistó a los conyuges emitió su diagnóstico,  aconsejando que la denunciante recupere su espacio de trabajo en su casa  (fs.  32 , 4to. párr.).

            En suma, merituando las constancias de autos obrantes hasta aquí, entiendo que se encuentra el caso comprendido en el artículo 1º de la ley 12589 (extensiva a cuadros de afectación de la integridad tanto física como psíquica), en cuanto con las pruebas producidas se ha demostrado prima facie que al momento de la denuncia existía un rango de violencia psicológica por parte del demandado hacia la actora, generadora de una situación de riesgo que debe ser conjurada.

            En este punto se ha dicho que con las medidas cautelares se intenta proteger inmediatamente a una persona ante una probable situación de violencia familiar, siendo suficiente la prueba testimonial rendida como prueba del maltrato y demás constancias obrantes en la causa, pues no podemos olvidar que basta la sospecha del maltrato para que el juez pueda ordenar medidas (conf.  Cám. Civ. Lomas de Zamora, “G.J.O s/ Ley 12.569” sent. del 16-6-2011, ver Juba on line sum. B2551655).

            No obstante, teniendo presente que las partes están llevando adelante su divorcio, cuya resolucion puede descomprimir la situación que actualmente justifica las medidas decretadas a fojas 37/38, es discreto acortar el plazo de vigencia de las mismas al de ocho meses. Asimismo, para evitar las situaciones no deseadas e incómodas que podría genera en la vida cotidiana de L., cambiar el perímetro de exclusión de cien metros, en cuanto hace centro en la persona de O. M. T., por una prohibición de acercamiento a la actora.

            En conclusión, con ese alcance, estimo conveniente  mantener la exclusión de L. del  domicilio conyugal, la veda de aproximarse a menos de 100 metros de   la vivienda de la calle Freyre 748 de esta ciudad y de acercarse a la actora, sin perjuicio de las demás previstas en la resolución de fojas 37/38 (art. 7 ley 12569), .

            4.  Lo anterior,  claro está, sin dejar de indicar que, durante el plazo de  efectividad de las medidas indicadas, deberán adoptarse  los  recaudos  necesarios para  lograr  una justa composición de los derechos de las partes de este proceso, así como en el trámite del divorcio (arg.  art.  11  ley  cit.; arg.  arts.  34  inc.  4, 163 inc. 6° párrafo 2° y 384 cód. proc.; v. voto Dr. Sosa en sent. del  29-03-2005, “F., M.A. c. M., E.M. s/ Violencia Familiar. Incidente Recurso  Apelación”,  L.  34 Reg. 51).

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde desestimar la  apelación de fs. 46/49 contra la resolución de fs. 37/38, aunque acortando el plazo de vigencia de las medidas decretadas al de ocho meses y cambiando el perímetro de exclusión de cien metros, en cuanto hace centro en la persona de O. M. T., por una prohibición de acercamiento a la actora.

            Con costas al apelante, sustancialmente vencido (art. 69 cód. proc.) y diferimiento de la resolución sobre honorarios (art. 31 dec-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la  apelación de fs. 46/49 contra la resolución de fs. 37/38, aunque acortando el plazo de vigencia de las medidas decretadas al de ocho meses y cambiando el perímetro de exclusión de cien metros, en cuanto hace centro en la persona de O. M. T., por una prohibición de acercamiento a la actora.

            Imponer las costas al apelante, con diferimiento de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 43– / Registro: 359

Autos: “GROISMAN, HORACIO PABLO c/ GROISMAN, MARCELO MARCOS y otros S/ SIMULACION”

Expte.: -88302-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de octubre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “GROISMAN, HORACIO PABLO c/ GROISMAN, MARCELO MARCOS y otros S/ SIMULACION” (expte. nro. -88302-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 539, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿son procedentes las apelaciones de fs. 479 y 480, fundadas conjuntamente a fs. 531/532 vta., contra la resolución de fs. 470/472 p. 2 de la parte dispositiva?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            1- En demanda, el actor denunció su domicilio real en calle Peña nº 2600 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (f. 142.I), que luego dijo haber mudado a calle Leandro N. Alem 1080 depto. 8 “B” de la misma ciudad (f. 297 vta.).

            Interín ambos escritos, los demandados Marcelo Marcos Groisman y Natalia Andrea Groisman oponen la excepción de arraigo del artículo 346 del Código Procesal, sosteniendo que el domicilio real del actor se localiza fuera de la República Argentina (Miami, Florida, EE. UU.; fs. 193/197.II.c y 392/414.II.c, respectivamente) careciendo, además, de bienes en este país.

                   El juez resuelve a fs. 470/472 desestimar aquélla, argumentando que el actor denunció domicilio en este país y que “…más allá de los dichos de los accionados nada se ha probado para llegar a demostrar que el domicilio denunciado no es real”.

                   2- Justamente, allí radica el agravio de fs. 531/532: se decidió sin haber tenido en consideración las pruebas que se dicen fueron ofrecidas (específicamente, f. 532, párrafo segundo).

                   Lo que es cierto, como puede verse, tanto por Marcelo Marcos Groisman (f. 197 puntos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 4) como por  Natalia Andrea Groisman (fs. 412/413 vta. puntos), por manera que no puede reprochárseles, a esta altura, falta de prueba de sus dichos al no haberse proveído las probanzas ofertadas, lo que torna prematura la resolución de fs. 470/472 p. 2 en cuanto a la excepción de arraigo.

                   Por lo anterior, debe dejarse sin efecto la decisión impugnada, debiendo proveerse, previo a decidir la excepción bajo examen,  las pruebas referidas en apartados anteriores, además de la ofrecida por la propia actora al contestar aquélla (fs. 298/vta. p.IX.1 y 458 vta./459 p.IX.1; arg. arts. 18 Const. Nac., 15 Const. de la Pcia. de Bs. As., 346, 348, 349, 375 y ccs. Cód. Proc.).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

                   Corresponde dejar sin efecto por prematura la resolución de fs. fs. 470/472 p. 2 de la parte dispositiva, en cuanto decide la excepción de arraigo, por los motivos indicados al ser votada la primera cuestión; difiriendo la imposición de costas en ambas instancias para la oportunidad en que se decida definitivamente aquélla (arg. art. 69 Cód. Proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

                   Dejar sin efecto por prematura la resolución de fs. fs. 470/472 p. 2 de la parte dispositiva, en cuanto decide la excepción de arraigo, por los motivos indicados al ser votada la primera cuestión; difiriendo la imposición de costas en ambas instancias para la oportunidad en que se decida definitivamente aquélla.

                   Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

                                                  Toribio E. Sosa

                                                          Juez

                Carlos A. Lettieri

                         Juez

                                    María Fernanda Ripa

                                                            Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro:  43 – / Registro: 360

Autos: “S., O. P. C/ C., S. B. S/ DIVORCIO CONTRADICTORIO”

Expte.: -87655-

            TRENQUE LAUQUEN, 10 de octubre de 2012.

            AUTOS Y VISTO: el recurso de apelación  de  f. 421 contra la regulación de honorarios de f. 415.

            CONSIDERANDO.

     1-  La parte actora fue condenada en costas, tanto en cámara, como  en primera instancia  por la demanda y por  la reconvención (fs. 383/386 vta. y 405/408).

 Contra la regulación de honorarios de f. 415, la única apelación en pie es la de f. 421,   introducida por la parte actora y “por altos” (ver fs. 421, 439 y 444).

Y bien, los honorarios regulados no pueden ser altos, si los de la abogada de la parte demandada victoriosa fueron regulados en sendas sumas mínimas equivalentes a 60 Jus para la demanda y la reconvención (arts. 9.I.1 y 26 párrafo 1° d-ley 8904/77),  y si los de la abogada de la parte demandante derrrotada fueron fijados en cantidades incluso menores que las mínimas (art. 384 cód. proc.).

De manera que  los honorarios regulados sólo podrían ser bajos, pero, faltando apelación de las beneficiarias,  por congruencia no pueden ser válidamente incrementados (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

2- Resta fijar la retribución de la abogada Monteiro, por su actuación en cámara, la que fue infructuosa aunque desplegó agravios (ver fs. 398/401) tanto en el ámbito de la demanda como de la reconvención.

Así,  $ 1.302 (hon. 1ª inst. x 20%) por cada una de esas pretensiones (o sea, un total de $ 2.604), parece una retribución mínima acorde a las normas y al mérito de la labor (arts. 16, 31 y 26 párrafos 1° y  2° d-ley 8904/77; art. 34.4 cód. proc.).

Por lo anterior, la Cámara RESUELVE:

     1- Desestimar la apelación de f. 421 contra la regulación de honorarios de f. 415.

     2- Fijar los honorarios de la abogada Brenda Viviana Monteiro por sus tareas en cámara en las sumas de $1.302 (en el ámbito de la demanda) y $1.302 (en el de la reconvención), respectivamente.

     Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 d-ley 8904/77).

                                                    Silvia E. Scelzo

                                                            Jueza

     Toribio E. Sosa

              Juez

                                                    Carlos A. Lettieri

                                                                Juez

   María Fernanda Ripa

           Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Alsina

Libro: 43– / Registro: 361

Autos: “C.L.E.R. Y S.A. C/ TURRION, LUIS ANGEL S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -88321-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de octubre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “C.L.E.R. Y S.A. C/ TURRION, LUIS ANGEL S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -88321-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 81, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 65 contra la resolución de f. 64?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            La ley 14.115, que suspendió por dos años el trámite de juicios como éste,  entró en vigencia en enero de 2010 (art. 1º ley  citada; ver: Boletín Oficial de la Pcia. de Bs.As. nº 26285 del 20 y 21 de enero de ese año, pág. 384).

            Así las cosas, es abstracto el tratamiento del recurso de f. 65 por cuanto a esta altura aquélla ha agotado su vigencia (art. 1º supra citado).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Corresponde declarar abstracto el tratamiento de la apelación de f. 65.

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Declarar abstracto el tratamiento de la apelación de f. 65.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                  Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

     María Fernanda Ripa

             Secretaría