Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 44– / Registro: 54

                                                                                 

Autos: “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/SUAREZ, DANIEL EDUARDO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (190)”

Expte.: -88509-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecinueve  días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo ordinario los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia en  los autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/SUAREZ, DANIEL EDUARDO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (190)” (expte. nro. -88509-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 39, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 25 contra la resolución de fs. 24/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Una advertencia preliminar. Dentro del límite de los agravios  -no se requirieron costas de primera instancia al concurso, sino por su orden; ver f. 29, arts. 34.4 y 266 cód. proc.-  lo único interesante que parece estar en juego es quién paga el honorario de la sindicatura devengado en estos autos: si se lo retribuye con fondos del concurso o si lo tiene que solventar el acreedor verificante.

 

2-  Para  imponer las costas al verificante tardío, no es argumento convincente que la presentación tardía hubiera generado “un trabajo adicional de la sindicatura” (ver f. 32 párrafo 1°).  En el punto II del escrito presentado a fs. 22/23 la sindicatura emitió dictamen favorable a la estimación del pedido de verificación, sin que se advierta que hubiera podido o tenido que hacer más que eso de haber  presentado, antes, un informe individual en caso de haberse insinuado el mismo crédito tempestivamente durante el previo  concurso preventivo (art. 35 ley 24522). Trabajo: después, sí;  mayor que el correspondiente antes, no.

Si el acreedor se hubiera presentado a verificar tempestivamente en el previo concurso preventivo,  el trabajo de la sindicatura relativo a esa acreencia habría devengado un honorario que habría quedado  incluido en la regulación global por todos los trabajos desplegados en el concurso y cuyo pago hubiera estado a cargo del concursado (art. 54 ley 24522): devenido éste  en quiebra, esos honorarios estarían  a cargo de la masa (art. 240 ley 24552). Y bien, a esta misma solución se llegaría en el caso si se impusieran las costas del incidente en el orden causado: los honorarios de la sindicatura estarían a cargo de la masa (art. 240 cit.).

Por lo demás, el acreedor obtuvo un éxito rotundo, al ser estimado su  incidente como de puro derecho,  y no concurren los extremos del art. 76 CPCC -aplicable según el art. 278 de la ley 24522-, razón por la cual carecería de soporte legal imponerle las costas (art. 34.4 cód. proc.).

VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

     Corresponde estimar la apelación de f. 25 contra la resolución de fs. 24/vta. y, por consiguiente, imponer por su orden las costas de primera instancia; con costas en cámara al concurso (arts. 278 ley 24522 y  69 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 287 ley 24522 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación de f. 25 contra la resolución de fs. 24/vta. y, por consiguiente, imponer por su orden las costas de primera instancia; con costas en cámara al concurso y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

　

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

 

Libro:

44– / Registro: 56

 

Autos:

“BARRACO, NÈSTOR ERNESTO S/ SUCESIÒN AB-INTESTATO”

Expte.:

-88411-

 

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en Acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “BARRACO, NÈSTOR ERNESTO S/ SUCESIÒN AB-INTESTATO” (expte. nro. -88411-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de f. 512, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA

: ¿Se ajusta a derecho la resolución de fs. 479/vta.?.

SEGUNDA

: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO

:

Ya se ha dicho con anterioridad que tratándose de una sucesión donde intervienen varios abogados, debe procederse a la clasificación de trabajos en comunes y particulares, según beneficien a la masa o al heredero, por lo que previo a la regulación de honorarios debe procederse a tal clasificación y su aprobación judicial para luego efectuar la regulación correspondiente (art. 35 del dec. ley 8904/77; esta cámara 16673 “Della Schiava, A.V. s/ Sucesión Ab-Intestato” 11-3-08 L. 39 Reg. 40; 16986 “Roldan, J.M. s/ Suc. Ab-Intest.” 26-11-08 L. 39 Reg. 364, entre otros).

Es por ello que como no obraba en autos clasificación aprobada, a fs. 490 se mandó discriminar los honorarios regulados en la resolución apelada, ya que según la clasificación de trabajos, los profesionales realizaron tareas de carácter común y particular en las diferentes etapas del sucesorio <vgr. trabajos de carácter común y particular realizadas por el abog. Artola v.f. 471 punto I.B); particulares realizados por el abog. Fuertes v.fs. 471, punto D); arg. art. 34.5.b. del cpcc.).

 

Y como a fs. 492 se declaró que los honorarios fueron en retribución a tareas comunes, sin que ello fuera cuestionado, resta entonces tarifar las particulares que se clasificaron en autos (v.fs. cits.).

 

Ello por cuanto para una adecuada determinación de los honorarios profesionales habrá de sopesarse las ponderaciones que indica la norma del art. 16 de la ley 8904/77. De ello se sigue que -entre otras circunstancias- los emolumentos del abogado deben guardar relación con el trabajo efectivamente cumplido, desde que de procederse de otro modo llevaría a incurrir en una evidente arbitrariedad violatoria de la manda constitucional que dispone igual remuneración por igual trabajo (art. 14 bis, Const. Nac.; sumario B255403, entre otros ).

 

De manera que a fin de poder ejercer la competencia revisora de esta alzada, corresponde diferir el tratamiento de los recursos hasta la oportunidad en que obren en autos la totalidad de los honorarios regulados en los términos del art. 35, anteúltimo párrafo del d-ley 8904/77) (arg. art. 34.5.b. del cpcc.).

 

ASÍ LO VOTO

.

 

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO

:

1- Hasta la incorporación del dinero relicto (ver f. 420), sobre el resto de los bienes transmitidos ya habían sido regulados los honorarios por las tres etapas del proceso (ver fs. 135, 171 y 228), habiendo quedado retribuidas entonces las tareas descritas en el subinciso 3 del inciso c del art. 28 del d-ley 8904/77.

 

Si alguien aspira a una adicional regulación de honorarios -comunes o particulares- con relación a esos bienes, debe indicar por qué tarea y, en su caso, cómo es que esa tarea no ha quedado ya englobada en las regulaciones de honorarios de fs. 135 y 171 (ver resolución de f. 228).

 

2- La aparición en autos del dinero denunciado a f. 420, el consenso para su distribución y su distribución entre los herederos, no es una labor que forme parte de las dos primeras etapas del proceso sucesorio, pero debe dar pábulo a una regulación de honorarios complementaria a favor de los abogados cuyos honorarios ya fueran regulados a fs. 135 y 171, por la labor que sí fuera realizada en esas dos etapas: el “monto del acervo” no es nada más el resultante de los bienes conocidos cuando los abogados hicieron su trabajo, sino también el que resulte de la aparición de nuevos bienes (art. 35 d-ley 8904/77).

 

 

 

3- Es común el honorario devengado por el trabajo consistente en la denuncia del bien -pues eso benefició a todos los herederos-, pero particular el desempeño profesional tendiente al retiro, por cada heredero, de la porción de dinero a su favor. Común o particular, el honorario devengado a partir de f. 420 no encaja en la 3ª etapa del proceso sucesorio según la prevé el subinciso 3 del inciso c del art. 28 del d-ley 8904/77, pues tratándose de dinero no es necesaria la inscripción de la declaratoria de herederos. En todo caso, es de aplicación el art. 28 último párrafo d-ley 8904/77 (art. 34.4 cód. proc.).

 

Aclaro que no surge de autos trabajo desplegado para concertar la porción de dinero correspondiente a cada heredero, habida cuenta que ya esa distribución vino propuesta por el deudor depositante, sin que fuera objetada por los herederos (ver f. 429; ver fs. 432 y 437).

 

 

 

4- Los honorarios devengados por la labor posterior a f. 420 fueron regulados a fs. 479/vta.:

 

a- para Gonnet, $ 19.980;

 

b- para Artola, $ 11.987;

 

c- para Castro, $ 13.319.

 

Luego de su regulación, fueron considerados comunes (f. 492), de modo que, en función de lo expuesto en los considerandos 2- y 3-, deben entenderse remunerados a fs. 479/vta.: a- los trabajos de los abogados Gonnet y Artola en las dos primeras etapas del sucesorio; b- los trabajos de la abogada Castro, sólo por la denuncia del dinero a f. 420; no así, en cambio, los honorarios particulares devengados -repito- luego de f. 420.

 

Por fin, han sido apelados por bajos por Artola (fs. 480/vta.) y por altos por uno de los coherederos (f. 487).

 

 

 

5- Veamos los honorarios del abogado Artola.

 

A fs. 135 y 171, sobre la base de los bienes relictos denunciados con anterioridad a f. 420, el juzgado entendió que Gonnet había realizado la primera etapa y -en cuanto aquí interesa- Artola la segunda, lo cual fue consentido por todos los interesados.

 

Eso así bien o mal, sin una buena explicación -que no se ve, máxime tratándose de una redacción muy confusa- no pudo el juzgado ahora, a fs. 479/vta. adjudicar a Gonnet honorarios por la segunda etapa y por parte de la primera, mientras que a Artola sólo por parte de la primera.

 

Por coherencia, corresponde retomar el criterio de distribución entre abogados (art. 13 d-ley 8904/77) que, insisto, bien o mal, había llegado firme por dos veces (ver regulaciones de fs. 135 y 171) hasta el momento de ser emitida la resolución de fs. 479/vta..

 

Así que, tomando como base regulatoria la cantidad utilizada en primera instancia -$ 394.664, no objetada-, multiplicándola por 4% (la alícuota usual en cámara para las tres etapas del sucesorio es 12% y Artola hizo la segunda o sea un tercio del 12%; esta cámara en “Diel”, 24/7/2008, L.39 R.206, etc.) y multiplicándola por 90% (atento el rol de patrocinante del abogado, art. 14 d-ley cit.), la cuenta da s.e. u o. $ 14.208

 

.

Así que es baja la suma fijada a f. 479 para el abogado Artola, pero no tanto cómo él, en función de otros parámetros, lo ha postulado a fs. 439 y 480/vta.; eso determina que sea parcialmente fundada su apelación de fs. 480/vta. y correlativamente infundada la de f. 487.

 

6- Al abogado Gonnet, correspondiéndole retribución sólo por una etapa (por la 1ª) del sucesorio debido a los mismos argumentos vertidos en 5-, le son asignables también $ 14.208 (misma base, misma alícuota, también patrocinante, ver arts. cits. en considerando 5-), razón por la que son altos los $ 19.980 fijados a su favor a fs. 479, resultando aquí fundada la apelación de f. 487.

 

7- También es fundada la apelación de f. 487 respecto de los honorarios determinados en beneficio de la abogada Castro, ya que la sola denuncia de una suma de dinero para incorporarla al haber relicto, bajo una interpretación sistemática del d-ley 8904/77, no podría tener mayor significación que el desempeño de un partidor (arts. 34.4 y 384 cód. proc.).

Ergo, asimilando -casi generosamente, creo- esa denuncia a una labor particionaria muy simple, por aplicación del art. 28 último párrafo d-ley 8904/77 propongo un 2% de la base regulatoria como retribución de carácter común para la abogada (o sea, $ 7.893), equivalente al 27% de los honorarios regulados a los abogados Artola y Gonnet por las dos primeras etapas del proceso sucesorio (ver considerandos 5- y 6-; arg. art. 35 último párrafo d-ley cit.).

 

8- Todo lo anterior es sin perjuicio de los honorarios particulares que corresponda regular por las tareas relativas al retiro de los fondos por cada uno de los herederos, sin perjuicio de la chance de acordarlos directamente de la que ya ha hecho uso un co-heredero con su abogado (ver fs. 437.III y 442.I; art. 14 ley 24432).

 

9- En resumen corresponde:

1- estimar parcialmente la apelación subsidiaria de fs. 480/vta. e incrementar a $ 14.208 los honorarios del abogado Artola;

2- desestimar parcialmente la apelación de f. 487 en cuanto a los honorarios del abogado Artola, pero estimarla con relación a los de los abogados Gonnet y Castro, reduciéndolos a $ 14.208 y $ 7.893, respectivamente.

ASI LO VOTO.

 

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO

:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido por el juez Sosa.

A LA SEGUNDA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO

 

:

Corresponde, por mayoría:

1- estimar parcialmente la apelación subsidiaria de fs. 480/vta. e incrementar a $ 14.208 los honorarios del abogado Artola;

2- desestimar parcialmente la apelación de f. 487 en cuanto a los honorarios del abogado Artola, pero estimarla con relación a los de los abogados Gonnet y Castro, reduciéndolos a $ 14.208 y $ 7.893, respectivamente.

TAL MI VOTO.

 

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO

:

Que adhiere al voto que antecede.

 

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO

:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

 

CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

S E N T E N C I A

Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Por mayoría:

1- Estimar parcialmente la apelación subsidiaria de fs. 480/vta. e incrementar a $ 14.208 los honorarios del abogado Artola;

2- Desestimar parcialmente la apelación de f. 487 en cuanto a los honorarios del abogado Artola, pero estimarla con relación a los de los abogados Gonnet y Castro, reduciéndolos a $ 14.208 y $ 7.893, respectivamente.

Regístrese. Notifíquese según corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

 

Silvia Ethel Scelzo

 

Jueza

 

 

 

　

 

Toribio E. Sosa

 

Juez

 

Carlos A. Lettieri

 

Juez

 

 

 

 

 

María Fernanda Ripa

 

Secretaría

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 44– / Registro: 57

                                                                                 

Autos: “IRIGOYEN JUAN CARLOS S/INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENTE)”

Expte.: -88513-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecinueve  días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “IRIGOYEN, JUAN CARLOS s/ INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENTE)” (expte. nro. -88513-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 102, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  foja 87/93 vta. contra la resolución de fojas 86/vta.?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1. A fs. 79/vta. el Curador General de Alienados e Interventor de la Curadoría Oficial de Bahía Blanca manifiesta que Jaquelina Mariela Rodríguez ha sido desplazada en su cargo de  Curadora Oficial.

            En consecuencia, solicita se continúe el proceso sin participación del sistema de Curadurías Oficiales con argumento en que la responsabilidad de la nombrada es de carácter personal. A tal fin, también peticiona se la intime a constituir domicilio procesal distinto al de la Curaduría Oficial Departamental.

            De su lado, el juez a f. 80 resuelve intimar a la ex-curadora a constituir domicilio en esta ciudad, lo que es cumplido por la requerida a f. 82, manifestando que lo constituye en la sede de la Curadoría Oficial Departamental.

            Pero a f. 86/vta. se le hace saber que, atento lo pedido por el Curador Roveda, deviene improcedente la constitución de domicilio en el lugar indicado y se la intima a que lo constituya en sede distinta.

            Ello motiva la apelación de Rodríguez, quien en resumen argumenta, en lo que aquí interesa, que en tanto intervino en las actuaciones como Curadora Oficial sus planteos tienen que ser  viabilizados a través de la Curaduría Oficial Departamental pues fue en el carácter de Curador Oficial -funcionario público- como intervino en los autos, correspondiendo entonces que su domicilio continúe  en la sede de esa dependencia (v. fs. 87/93 vta., específ. 87 vta. 2do. párr.).

            2. Cabe señalar que en el caso se trata de un incidente de rendición de cuentas presentado por quien fuera Curadora Oficial en virtud de sus tareas realizadas como curadora interviniente en los autos principales  (arts. 475 y 458 del Cód. Civ.). 

            Corresponde aclarar, que la rendición de cuentas es efectuada por la presentante en tanto fuera funcionaria de la Curaduría General de Alienados, que su designación para actuar en esta departamental lo fue a propuesta del Procurador General (art. 89, ley 12061 vigente a la fecha en que no se cuestionó que hubiera sido designada); así es que la rendición de cuentas que se tramita por quien fuera curadora no puede considerarse ajena al sistema de Curadurías Oficiales como lo pretende el Curador General a fs. 98/vta..

            Pues quien en realidad actúa representando al insano en casos como el de autos es la Curaduría General de Alienados, más allá del funcionario designado para cada zona y el tipo de responsabilidad que pudiera caberle en caso de incumplimiento de sus funciones  (arg. art. 87 y ss. ley 12061).

            La circunstancia de que Rodríguez no se desempeñe en la actualidad como curadora  y  se encuentre afectada a la Defensoría General del Departamento Judicial de Bahía Blanca (v. fs. 72/74), tampoco  es motivo para considerar la rendición de cuentas presentada como ajena a la Curaduría General pues, en definitiva, aquella se encuentra realizando una tarea residual obligatoria consecuencia del cargo de Curadora que ocupó oportunamente (arts. 475 y 458 del Cod. Civ.). 

            Entonces,  no habiéndose indicado por el Curador Roveda algún conflicto actual de intereses entre la Curaduría Oficial y Rodríguez,  o siquiera invoque norma que indique que mande obrar de otro modo,  no corresponde exigir a la apelante que constituya  domicilio procesal en un lugar distinto al de la Curaduría Oficial de este Departamento Judicial (art. 178, cód. proc.).

            3. En conclusión, corresponde revocar la resolución apelada, debiendo tener por constituido el domicilio legal de Jaquelina Mariela Rodríguez en el denunciado a f. 82, es decir en la sede de la Curaduría Oficial de este  Departamento Judicial  sita en calle Mitre nº 86 de Trenque Lauquen.

            VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

En el caso, quien fue curadora oficial ya no es más, ergo ya no tiene domicilio legal en la sede de la curaduría (arts. 90.1 y 91 parte primera cód. civ.).

Sin conexión jurídica ya con esa sede funcional,  no puede la ex- curadora oficial,  a causa de su sola voluntad,  conservar de alguna manera un domicilio legal que no tiene, so capa de eufemísticamente pasar a denominarse   domicilio procesal, máxime contra la voluntad del funcionario actualmente a cargo de ese sitio.

Agrego que, si bien es cierto que   mientras desempeñó  su función  la ex-curadora oficial   ha podido comprometer  la responsabilidad del Estado (art. 43 cód. civ.),  no lo es menos que también en todo caso  ha podido primaria y directamente  comprometer la suya  propia (art. 1112 cód. civ.), lo cual justifica que, estando por lo menos además comprometido el  interés personal de la ex – funcionaria,  la curaduría oficial no acepte que constituya domicilio procesal en su sede.

Y digo más, no sólo no puede, sino que, aunque no fuera así,  parece claro que  no le conviene a la ex-funcionaria constituir domicilio en esa sede, ya que, conforme lo manifestado en autos (ver fs. 79/vta. y 98/99), no puede colegirse que exista una férrea  voluntad de participarla de las notificaciones que, dirigidas a ella,   se recibieran  en la sede de la curaduría oficial.

Por fin, debo señalar que la cuestión sometida a decisión casi ha devenido abstracta, debido a que la ex-curadora constituyó domicilio procesal subsidiariamente en otro lugar (ver f. 89), lo que debilita o desmerece su insistencia en constituir domicilio en la sede de la curaduría oficial.

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

                   Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido por el juez Sosa.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

                   Corresponde,  por mayoría, desestimar la apelación de fs. 87/93 vta. contra la resolución de fojas 86/vta.

                   TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

                   Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

                   Que  adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

               S E N T E N C I A

                   Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

                   Por mayoría, desestimar la apelación de fs. 87/93 vta. contra la resolución de fojas 86/vta..

                   Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

                                           Silvia Ethel Scelzo

                                               Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                                        Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

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Juzgado de origen: Juzgado de Familia nº 1

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Libro:

44– / Registro:59

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Autos:

“R., M. D. C/ G., M. E. S/REGIMEN DE VISITAS”

Expte.:

-88528-

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TRENQUE LAUQUEN, 19 de marzo de 2013.

 

AUTOS Y VISTOS: el recurso de f. 76 contra la resolución de fs. 69/70 vta. y la providencia de f. 88.

 

CONSIDERANDO

.

Tratándose como aquí de recurso concedido en relación (f. 88), el plazo para traer el respectivo memorial es de cinco días a partir de notificada la providencia del artículo 246 1º párrafo del Código Procesal, plazo que en el caso venció el día 12 de marzo de este año, dentro del plazo de gracia judicial (v. fs. cit. y 90/vta.; art. 124 últ. párr. cód. cit.).

Y como hasta la fecha no ha sido traído el escrito que sustente el recurso del apelante, la Cámara

 

RESUELVE:

 

Declarar desierto el recurso de apelación de f. 76 (arg. arts. 246 1º párr. in fine y 271 CPCC).

Regístrese. Notifíquese según corresponda (arts. 133, 135 y/o 249 Cód. Proc.). Hecho, devuélvase.

Silvia E. Scelzo

Jueza

 

 

 

Toribio E. Sosa

 

Juez

 

 

 

 

 

 

 

　

 

Carlos A. Lettieri

 

Juez

 

 

 

　

 

　

 

María Fernanda Ripa

 

Secretaría

 

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 44– / Registro: 62

                                                                                 

Autos: “CURADORA OFICIAL DE ALIENADOS JAQUELINA MARIELA RODRIGUEZ S/INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS”

Expte.: -88520-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecinueve  días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “CURADORA OFICIAL DE ALIENADOS JAQUELINA MARIELA RODRIGUEZ S/INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS” (expte. nro. -88520-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 175, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  fs. 163/165 vta. contra la resolución de f. 162?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1. A fs. 157/vta. el Curador General de Alienados e Interventor de la Curadoría Oficial de Bahía Blanca manifiesta que Jaquelina Mariela Rodríguez ha sido desplazada en su cargo de  Curadora Oficial.

            En consecuencia, solicita se continúe el proceso sin participación del sistema de Curadurías Oficiales con argumento en que la responsabilidad de la nombrada es de carácter personal. A tal fin, también peticiona se la intime a constituir domicilio procesal distinto al de la Curaduría Oficial Departamental.

            De su lado, el juez a f. 158 resuelve intimar a la ex-curadora a constituir domicilio en esta ciudad, lo que es cumplido por la requerida a f. 161, manifestando que lo constituye en la sede de la Curadoría Oficial Departamental.

            Pero a f. 162 se le hace saber que, atento lo pedido por el Curador Roveda, deviene improcedente la constitución de domicilio en el lugar indicado y se la intima a que lo constituya en sede distinta.

            Ello motiva la apelación de Rodríguez, quien en resumen argumenta, en lo que aquí interesa, que en tanto intervino en las actuaciones como Curadora Oficial sus planteos tienen que ser  viabilizados a través de la Curaduría Oficial Departamental pues fue en el carácter de Curador Oficial -funcionario público- como intervino en los autos, correspondiendo entonces que su domicilio continúe  en la sede de esa dependencia (v. fs .163/165 vta., específ. 163 vta. 2do. párr.).

            2. Cabe señalar que en el caso se trata de un incidente de rendición de cuentas presentado por quien fuera Curadora Oficial en virtud de sus tareas realizadas como curadora interviniente en los autos principales “Luna Miguel Angel s/ Inhabilitación” (arts. 475 y 458 del Cód. Civ.). 

            Corresponde aclarar, que la rendición de cuentas es efectuada por la presentante en tanto fuera funcionaria de la Curaduría General de Alienados, que su designación para actuar en esta departamental lo fue a propuesta del Procurador General (art. 89, ley 12061 vigente a la fecha en que no se cuestionó que hubiera sido designada); así es que la rendición de cuentas que se tramita por quien fuera curadora no puede considerarse ajena al sistema de Curadurías Oficiales como lo pretende el Curador General a fs. 157/vta..

            Pues quien en realidad actúa representando al insano en casos como el de autos es la Curaduría General de Alienados, más allá del funcionario designado para cada zona y el tipo de responsabilidad que pudiera caberle en caso de incumplimiento de sus funciones  (arg. art. 87 y ss. ley 12061).

            La circunstancia de que Rodríguez no se desempeñe en la actualidad como curadora  y  se encuentre afectada a la Defensoría General del Departamento Judicial de Bahía Blanca (v. fs. 152/154), tampoco  es motivo para considerar la rendición de cuentas presentada como ajena a la Curaduría General pues, en definitiva, aquella se encuentra realizando una tarea residual obligatoria consecuencia del cargo de Curadora que ocupó oportunamente (arts. 475 y 458 del Cod. Civ.). 

            Entonces,  no habiéndose indicado por el Curador Roveda algún conflicto actual de intereses entre la Curaduría Oficial y Rodríguez,  o siquiera invoque norma que indique que mande obrar de otro modo,  no corresponde exigir a la apelante que constituya  domicilio procesal en un lugar distinto al de la Curaduría Oficial de este Departamento Judicial (art. 178, cód. proc.).

            3. En conclusión, corresponde revocar la resolución apelada, debiendo tener por constituido el domicilio legal de Jaquelina Mariela Rodríguez en el denunciado a f. 161, es decir en la sede de la Curaduría Oficial de este  Departamento Judicial  sita en calle Mitre nº 86 de Trenque Lauquen.

            VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

En el caso, quien fue curadora oficial ya no es más, ergo ya no tiene domicilio legal en la sede de la curaduría (arts. 90.1 y 91 parte primera cód. civ.).

Sin conexión jurídica ya con esa sede funcional,  no puede la ex- curadora oficial,  a causa de su sola voluntad,  conservar de alguna manera un domicilio legal que no tiene, so capa de eufemísticamente pasar a denominarse   domicilio procesal, máxime contra la voluntad del funcionario actualmente a cargo de ese sitio.

Agrego que, si bien es cierto que   mientras desempeñó  su función  la ex-curadora oficial   ha podido comprometer  la responsabilidad del Estado (art. 43 cód. civ.),  no lo es menos que también en todo caso  ha podido primaria y directamente  comprometer la suya  propia (art. 1112 cód. civ.), lo cual justifica que, estando por lo menos además comprometido el  interés personal de la ex – funcionaria,  la curaduría oficial no acepte que constituya domicilio procesal en su sede.

Y digo más, no sólo no puede, sino que, aunque no fuera así,  parece claro que  no le conviene a la ex – funcionaria constituir domicilio en esa sede, ya que, conforme lo manifestado en autos (ver fs. 157/vta. y 170/171), no puede colegirse que exista una férrea  voluntad de participarla de las notificaciones que, dirigidas a ella,   se recibieran  en la sede de la curaduría oficial.

Por fin, debo señalar que la cuestión sometida a decisión casi ha devenido abstracta, debido a que la ex-curadora constituyó domicilio procesal subsidiariamente en otro lugar (ver f. 165 vta.), lo que debilita o desmerece su insistencia en constituir domicilio en la sede de la curaduría oficial.

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

                   Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido por el juez Sosa.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

                   Corresponde,  por mayoría, desestimar la apelación de fs.  163/165 vta. contra la resolución de f. 162

                   TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

                   Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

                   Que  adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

               S E N T E N C I A

                   Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

                   Por mayoría, desestimar la apelación de fs. 163/165 vta. contra la resolución de f. 162

                   Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

                                           Silvia Ethel Scelzo

                                               Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                                         Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 44– / Registro: 63

                                                                                 

Autos: “NICOLETTI JORGE ENRIQUE  C/ I.N.S.S.J.P – P.A.M.I. S/MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -88517-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veinte  días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “NICOLETTI JORGE ENRIQUE  C/ I.N.S.S.J.P – P.A.M.I. S/MATERIA A CATEGORIZAR” (expte. nro. -88517-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 69, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación subsidiaria de fs. 41/42 contra la resolución de fs. 39/40?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ  SOSA DIJO:

1- La ley no nos dice directamente en general y en  abstracto qué órganos judiciales deben ser incompetentes, sino  cuáles deben ser competentes: por exclusión, indirectamente, el que no debe ser competente, entonces debe ser incompetente.

Pero una cosa es que, por señalamiento indirecto, la ley establezca que  un órgano judicial deba ser en abstracto y en general incompetente y otra cosa es que sea en concreto incompetente en un caso específico: para que un órgano sea incompetente en un caso específico no basta con que la ley indique que  debe ser otro el competente en ese caso específico, debe mediar una declaración de incompetencia.

Puede darse perfectamente la situación en que el órgano judicial no deba ser competente según la ley, pero que termine siendo concretamente competente en el caso en razón de quedar radicada la causa por no haber mediado oportuna  declaración de incompetencia (arg. art. 6 ley 11653).

 La ley debe ser actuada a través de una declaración, para pasar de una previsión genérica y abstracta de incompetencia, a una decisión específica y concreta de incompetencia.

Entonces, mientras no haya declaración de incompetencia, no hay incompetencia en el caso concreto, razón por la cual, antes de la declaración de la propia incompetencia, el órgano judicial no es en concreto aún incompetente, aunque en abstracto según la ley deba serlo.

 

2-  A partir de lo explicado en 1-, entra en escenario la siguiente pregunta: ¿qué debe ser resuelto primero,  lo previo o lo urgente?

Si lo urgente empalma con  muy verosímiles derechos fundamentales de la persona y  existe peligro de perjuicio inminente o irrepable en la demora, lo previo puede esperar en aras de una tutela jurisdiccional efectiva (art. 15 Const.Pcia.Bs.As.).

Lo previo sería la cuestión de competencia (arg. art. 351 párrafo 1° cód. proc.), lo urgente  sería la tutela cautelar.

Aunando 1- y 2-, se concluye que el juez,  mientras  no se declare incompetente, no es aún incompetente y bien puede (debe)  expedirse primero  sobre la  pretensión cautelar y luego recién sobre su eventual incompetencia, máxime estando en juego derechos de calibre fundamental que pudieran resultar inmediata o irremediablemente perjudicados.

 

3- A mayor abundamiento:

a- Aún luego de declararse incompetente el juez podría incluso ser competente para resolver en materia cautelar -máxime estando en juego derechos de calibre fundamental que pudieran resultar inmediata o irremediablemente perjudicados-, si  esa declaración fuera apelada.

Si la declaración de incompetencia fuera apelada,  la apelación debería ser concedida  con efecto suspensivo (art. 243 párrafo 3° cód. proc.), lo que, por lógica,  “suspendería” la declaración de incompetencia y, llevándose así las cosas al mismo estado en que estaban antes de la declaración de incompetencia, se advierte que no había allí declaración de incompetencia impediente de una decisión en materia cautelar, tal como se analizó en 1- y 2-.

 

b- Si incluso notificada y consentida la declaración de incompetencia, la causa  fuera a parar a manos del órgano judicial reputado competente por el que se declaró incompetente,  y  ese otro órgano judicial  no aceptara la competencia endilgada, quedaría entablada una contienda negativa de competencia, en cuyo transcurso los jueces implicados –los dos-  carecerían de competencia para continuar válidamente los procedimientos sobre lo principal,  pero no de la competencia necesaria para resolver en general sobre medidas urgentes y en especial sobre medidas cautelares (arts. 13 y 12 cód. proc.). 

Como consectario,  en caso de contienda negativa de competencia ni la firmeza de la declaración de la propia incompetencia  podría  obstar a la adopción de alguna medida cautelar o en general para cualquier otra diligencia de cuya omisión pudiera resultar perjuicio irreparable,  con lo cual quedaría demostrado que, desde un enfoque sistemático,  la – mucho más débil- sola declaración de incompetencia sobre la pretensión principal no podría ser un obstáculo insalvable para resolver sobre una pretensión cautelar y mucho menos la ausencia aún de declaración de incompetencia.

 

4- Por todo ello,  opino que el juzgado alteró indebidamente la prelación con que debió resolver las cuestiones, al  privilegiar la  de competencia  para  luego  desplazar todo lo atinente a la pretensión cautelar.

Así, juzgo que la decisión apelada es prematura y que debe ser dejada sin efecto, correspondiendo al juzgado primero dar respuesta a la pretensión cautelar conforme el estado de la causa –ver informes de fs. 55, 56, 58, 51, 62-  y recién luego, si  cupiera, recién abordar la cuestión de competencia, tal como lo había postulado en su momento el ministerio pupilar  (ver f. 38 vta.; art. 34.4 cód. proc.).

VOTO QUE SÍ.

 

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ  LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION   LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde revocar por prematura la resolución apelada, correspondiendo al juzgado primero dar respuesta a la pretensión cautelar y recién luego, si cupiera, abordar la cuestión de competencia.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Revocar por prematura la resolución apelada, correspondiendo al juzgado primero dar respuesta a la pretensión cautelar y recién luego, si cupiera, abordar la cuestión de competencia.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

　

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

 

Libro:

44– / Registro: 64

 

Autos:

“ECHARRI, IGNACIO ANTONIO C/ GONZALEZ, OSVALDO MARIO S/ DESALOJO”

Expte.:

-88041-

 

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en Acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “ECHARRI, IGNACIO ANTONIO C/ GONZALEZ, OSVALDO MARIO S/ DESALOJO” (expte. nro. -88041-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de f. 545, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA

: ¿Deben dejarse sin efecto las regulaciones de honorarios de fs.512/513 vta. de este expte. y 130/vta. del expte. 88.214?

SEGUNDA

: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO

:

1. Según surge del escrito de demanda, la parte actora demandó por desalojo rural a Osvaldo Mario González y/u ocupantes, por su calidad de intruso (v.fs. 7/9).

Así tramitó el juicio (v.fs. 10, art. 320 cpcc.), produciéndose la prueba ofrecida por las partes (v.fs. 127/128, 133/134, 191/193vta. y 333/vta.) el que culminó con la sentencia que rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta, hizo lugar al desalojo e impuso las costas a la parte demandada (v.fs. 359/364 y 322/426).

 

En autos si bien se trata del desalojo de un inmueble rural no hay contrato de locación de por medio, por lo que al no haber modo de aplicar como medida ni la duración pactada ni la mínima legal de un contrato de arrendamiento rural, debería recalarse en el plazo de 2 años previsto, precisamente en defecto de un plazo mayor resultante de acuerdo de partes o de la ley dentro de una relación contractual (art. 40 primer párrafo del dec.ley 8904/77; esta cám. sent. del 6-3-2012 “Giménez, C.T. c/ Marcos, P.J. s/ Desalojo” expte. 87950 L. 43 REg. 44).

 

Ahora bien:

 

Por un lado, el apelante sostiene que la base pecuniaria de este desalojo debe estar dada por el valor de tasación determinado en la tutela anticipatoria del expte. 5432/08 y el lapso de ocupación (esto es el valor locativo resultante del valor real del inmueble por el plazo de ocupación (5 años) que resultan $936.684 (v.fs. 498/vta.).

 

Por el otro, la parte demandada estima la base pecuniaria tomando el piso mínimo que establece el art. 40 del ordenamiento arancelario local pero sin atenerse al mecanismo del art. 27 inc. a de la norma arancelaria (arg. art. 40 cit.; v.fs. 502/504).

 

Y como el art. 40 del decreto ley 8904/77 estipula que en los desalojos se regulan　 de acuerdo a la escala del art. 21, tomando como base los alquileres de dos años o el plazo legal o contractual vigente si fuere mayor, y a la vez, regula el derecho que asiste a los profesionales, cuando estimaren inadecuado el alquiler fijado en el contrato o cuando no pudiera determinarse exactamente o se tratare de juicios por intrusión o tenencia precaria, de fijar el valor locativo actualizado del inmueble, aplicando en lo pertinente, el mecanismo estimatorio previsto en el 27, inc. a) del decreto ley arancelario (art. cit.; Larroza – Taranto “Honorarios…”, págs. 321/y sgtes.), al no mediar acuerdo entre los interesados no cabe otra alternativa que remitirse a esa norma a fin de dirimir la cuestión, esto es fijar el valor locativo mediante pericia (arts. cits.).

 

De acuerdo a ello, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios contenida en la resolución recurrida, debiendo practicarse una nueva una vez determinada la base pecuniaria (arts. 34.4., 169 y sgtes. del cpcc.), e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 del cpcc.).

 

2. Por lo anterior, teniendo en cuenta lo decidido a f. 553 en punto a la estrecha vinculación entre ambos expedientes, corresponde también dejar sin efecto la regulación de honorarios obrante a fs. 130/vta. de la causa sobre tutela anticipatoria, en que se tomó como base para fijar los honorarios la misma que la que aquí se deja sin efecto (v. f. 130 vta. p.I del expte. 88214 y 513 p.I de estos actuados; arg. art. 34.5.b CPCC y 40 d.ley 8904/77). También con costas en el orden causado (arg. art. 69 cód. cit.).

 

TAL MI VOTO

.

 

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO

:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto que antecede.

 

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO

:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

 

A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO

:

Corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de fs. 512/513 vta. de este expte. y 130/vta. del expte. 88.214, debiendo practicarse nuevas regulaciones una vez determinada la base pecuniaria (arts. 34.4., 169 y sgtes. del cpcc.).

 

En ambos casos, con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 69 del cpcc.), difiriéndose para su oportunidad la respectiva regulación de honorarios (art. 31 del d-ley 8904/77).

 

ASI LO VOTO

 

.

 

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO

:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

 

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO

:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

 

CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

S E N T E N C I A

Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de fs. 512/513 vta. de este expte. y 130/vta. del expte. 88.214, debiendo practicarse nuevas regulaciones una vez determinada la base pecuniaria.

Imponer las costas de ambas instancias, en ambos casos, en el orden causado, difiriéndose para su oportunidad la respectiva regulación de honorarios .

Regístrese y póngase copia certificada de la presente en el expediente 88241 como fuera ordenado a f. 553 de estas actuaciones. Notifíquese según corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

Silvia Ethel Scelzo

 

Jueza

 

 

 

　

 

Toribio E. Sosa

 

Juez

 

Carlos A. Lettieri

 

Juez

 

 

 

 

 

María Fernanda Ripa

 

Secretaría

 

 

　

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

 

Libro:

44- / Registro: 65

 

Autos:

“URBAN, MARIO JACOBO S/ SUCESION”

Expte.:

-88211-

 

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en Acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “URBAN, MARIO JACOBO S/ SUCESION” (expte. nro. -88211-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de f. 628, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA

: ¿son procedentes las apelaciones contra las regulaciones de honorarios?

.

 

SEGUNDA

: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO

 

1- La suma de los honorarios regulados a los abogados López Fagúndez y Fernández equivale al 12% de la base regulatoria, lo cual resulta excesivo -conforme criterio usual aplicado aquí- sólo para retribuir las dos etapas cumplidas de las tres previstas por la ley a los fines arancelarios; corresponde, entonces, utilizar un 8% y distribuir entre los abogados el honorario resultante conforme fuera peticionado a f. 579 (art. 28.c d-ley 8904/77; art. 17 cód. civ.; esta cámara, entre varios precedentes, en “Diel, Roberto s/ Sucesión ab-intestato”, resol. del 24/7/2008, L.39 R.206).

 

Así, concretamente, propongo $ 50.065 para la abogada Fernández y $ 100.130 para el abogado López Fagúndez.

 

 

 

2- Si el abogado Villegas no objeta que se le han regulado honorarios por su intervención en calidad de curador ante la justicia de paz letrada, resulta que los 6 Jus determinados constituyen el máximo posible según la reglamentación aplicable (art. 1 del Ac. 2341, texto según Ac. 3391 SCBA), de manera que lejos de ser bajo ese importe es el más alto posible, máxime en todo caso que el interesado no ha indicado, ni se advierte, ningún motivo por el cual hubiera que dejar de aplicar en el caso esa reglamentación (art. 34.4 cód. proc. y art. 91 ley 5827).

 

 

 

3- El juzgado ha omitido regular los honorarios devengados por el martillero Ramos en este proceso (ver fs. 587.a y 607.a).

 

Tampoco el juzgado ha decidido expresamente no regularlos –el téngase presente de f. 618 no decide nada-, haciendo suyos por ejemplo los argumentos empleados a f. 610 por el perito, a cuyo fin debería seguramente destramar si la labor realizada el 18/2/2010 a fs. 45/vta. en “Bonetto, Raúl Roberto-Urban, Norberto Atilio- Schmidt, Olga Beatriz s/ Homologación convenio de división de condomino sobre cuatro parcelas (1060r, 1060s, 1060t y 1060w) es en verdad exactamente la misma que la efectuada el 27/10/2009 y el 31/3/2010 a fs. 407 y 426/vta. en “Urban, Mario Jacobo s/ Sucesión” sobre dos parcelas (1060r y 1060s).

 

Entonces, sin perjuicio de la responsabilidad del juzgado (art. 71 ley 10973), lo cierto es que no ha mediado apelación ni petición de interesado –antes bien, se infiere lo contrario, ver f. 610- en virtud de las cuales la cámara pudiera suplir ahora la omisión apuntada (arts. 266, 272 y 273 cód. proc.).

 

ASI LO VOTO

 

 

.

 

　

 

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO

:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

 

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO

:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

 

A LA SEGUNDA CUESTION LA JUEZA SOSA DIJO

:

Corresponde:

 

(i) Reducir los honorarios regulados a favor de los abogados Fernández y López Fagundez, los que se fijan entonces en sendas sumas de $ 50.065 y $ 100.130;

 

(ii) Confirmar los honorarios regulados al abogado Villegas;

 

(iii) Hacer saber lo expuesto en el considerando 3- en torno a los honorarios devengados por el martillero Ramos.

 

TAL MI VOTO

 

.

 

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO

:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

 

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO

:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

 

CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

S E N T E N C I A

Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

(i) Reducir los honorarios regulados a favor de los abogados Fernández y López Fagundez, los que se fijan entonces en sendas sumas de $ 50.065 y $ 100.130;

(ii) Confirmar los honorarios regulados al abogado Villegas;

(iii) Hacer saber lo expuesto en el considerando 3- en torno a los honorarios devengados por el martillero Ramos.

Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente a primera instancia (arts. 54 y 57 d-ley 8904/77). Hecho, devuélvase.

 

 

 

　

 

 

Silvia Ethel Scelzo

 

Jueza

 

 

 

　

 

Toribio E. Sosa

 

Juez

 

Carlos A. Lettieri

 

Juez

 

 

 

 

 

María Fernanda Ripa

 

Secretaría

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

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Juzgado de origen: de Paz Letrado de Daireaux

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Libro: 44– / Registro: 66

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Autos: “D., E. A. C/ V. V., A. M. S/ DIVORCIO VINCULAR”

Expte.: -88541-

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TRENQUE LAUQUEN, 20 de marzo de 2013.

            AUTOS Y VISTOS: los recursos de fs. 71, 99/vta. y 107/vta.

            CONSIDERANDO.

            Las apelaciones son tres:

            a- La de f.  71 contra la resolución de f. 70.

            No se dijo expresamente, pero perdió virtualidad por lo decidido a f. 85 párrafo 1º (arg. art. 242 Cód. Proc.).

            b- La de fs.  99/vta. contra la resolución de f. 94 penúltimo párrafo.

            Hasta aquí, no se advierte que se haya agregado el respectivo memorial (art. 246 1º párr. CPCC), sin que pueda haber interferido, de alguna manera, con este acto la providencia de f.  108, emitida el 7 de febrero de 2013 ya vencido el plazo para cumplir aquella carga <el 04-02-2013 dentro del plazo de gracia judicial; v. f. 106 y art. 124 últ. párr. cód. citado>.

            c- La subsidiaria de fs. 107/vta..

            Como sucede con a-, perdió virtualidad en razón de lo expresado en b- pues se recurre, justamente, la concesión a f. 106 del recurso de fs. 99/vta..

            Entonces, siendo el Tribunal juez de los recursos (ver res. del 08-05-2012, “R., L.A. c/ G., R.G. s/ Alimentos”, L.43 R.135), se RESUELVE:

            1- Declarar desierto el recurso de fs. 99/vta. (art. 246 1º párr. in fine CPCC).

            2- Declarar carentes de virtualidad los recursos de fs. 71 y 107/vta. (arg. art. 242 Cód. Proc.).

            Regístrese. Notifíquese según corresponda (arts. 133, 135 y/o 249 últ. párr. Cód.Proc.). Hecho, devuélvase.

 

                                   Silvia E. Scelzo

                                          Jueza

 

           Toribio E. Sosa

             Juez

 

                                               Carlos A. Lettieti

                                                        Juez

 

            María Fernanda Ripa

                      Secretaría

 

           

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 44– / Registro: 67

                                                                                 

Autos: “SPINELLI, CARLOS HECTOR c/ SPINELLI, OSCAR ALBERTO S/ REIVINDICACION”

Expte.: -88522-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veinte días del mes de marzo de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “SPINELLI, CARLOS HECTOR c/ SPINELLI, OSCAR ALBERTO S/ REIVINDICACION” (expte. nro. -88522-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 397, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  foja 378 contra la regulacion de foja 375/vta?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            1. Se trata de  un juicio de reivindicación  que tramitó como ordinario, se produjo prueba y la sentencia de mérito hizo lugar parcialmente a la demanda con costas en su totalidad al demandado (fs. 23/vta.,  68 y sgtes. y 247/257 vta.).

 

            2. Respecto de los honorarios fijados al abogado Julio César Jonas cabe señalar que establecida la base regulatoria en $64000 conforme los parámetros del art. 27.a del dec-ley 8904/77 son de  aplicación además a los efectos de fijar los  honorarios  los arts. 13,  14, 15, 16, 21,  26, segunda parte   y concs.  del d-ley 8904/77 (fs. 375/vta.).

            Para la graduación de la alícuota,  de acuerdo a las actuaciones de autos sería adecuada fijarla en el 18% según el tipo de proceso, la tarea desarrollada y el éxito obtenido  (doctr.  art. 17 del cód. civ.).

            Matemáticamente resulta: $ 64000 -base aprobada- x 18% -arts.16 y 21-, cálculo que arroja un honorario de  $ 11520. En consonancia, deben elevarse los  honorarios regulados a esa suma.

 

            3. En cuanto a los honorarios del martillero Panizza, teniendo en cuenta la tarea desarrollada, considero adecuada la alícuota del 2% aplicada por el juzgado, por manera  que corresponde desestimar la apelación por altos (art. 58 ley 10973, mod. por ley 14085).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION   DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde estimar parcialmente la apelación de foja 378 contra la regulación de foja 375/vta., debiendo elevarse los honorarios del abogado JULIO CESAR JONAS a la suma de $ 11520.

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar parcialmente la apelación de foja 378 contra la regulación de foja 375/vta., debiendo elevarse los honorarios del abogado JULIO CESAR JONAS a la suma de $ 11520.  

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría