Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 44– / Registro: 192

Autos: “K., F. M. N. C/ R., A. A. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA”

Expte.: -88637-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintiocho  días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa y  Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “K., F. M. N. C/ R., A. A. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA” (expte. nro. -88637-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 68, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿Es procedente la apelación de f. 40 contra la resolución de fs. 34/36 vta. ?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            1. Si bien es cierto que el recurso de apelación comprende al de nulidad por defecto de la sentencia, es decir, cuando la misma ha sido dictada sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley, no lo es menos que en la especie no se aduce ninguno de esos supuestos (art. 253 Cód. Proc.). En cambio, se arguye la falta de notificación del auto de apertura a prueba, que le habría privado al alimentante -según lo dice- de producir la prueba ofrecida.

            Ahora bien, esta irregularidad procesal anterior, por principio, debe repararse por medio del incidente de nulidad (arts. 169 y concs. del Cód. Proc.). Sin embargo, puede que en la especie esta exigencia fuera inaplicable, si la secuencia de apretados actos procesales posteriores al defecto aducido, hasta el dictado de la sentencia, le hubiere restado espacio para promover la táctica salvadora.

            No obstante, aún así, lo que el postulado de trascendencia no exime de controlar es si -en este caso- la prueba ofrecida que se habría visto el demandado privado de producir, era conducente (arg. art. 173 del Cód. Proc.).

            Y en ese trajín, lo que se observa es lo contrario, porque de la prueba informativa propuesta: (a) los seis recibos de sueldos que se requerían, fueron agregados a fojas 18/24; (b) la demostración del accidente de trabajo que hubiera sufrido no se presenta como un extremo relevante para dar solución a la temática debatida; y (c) el informe sobre el movimiento de la cuenta judicial abierta en el expediente principal, donde se deposita la cuota alimentaria vigente, no podría arrojar datos cruciales para inclinar la solución hacia alguno de los postulados propuestos (arg. art. 362, segundo párrafo, del Cód. Proc.).

            En consonancia, en esta parcela de su postulación, el recurso no se sostiene.

            2. Tocante a los otros dos agravios que enfrentan el tema capital, en lo que atañe al incremento porcentual que significa la determinación de la cuota alimentaria en un veinte por ciento del salario, cabe reparar liminarmente, en que el demandado, antes que oponerse, propició -de su lado- que para evitar futuros reclamos se establezca un porcentaje fijo aplicado sobre el monto de sus ingresos, aunque en el orden del 12,5 %. Eso por un lado.

            Por el otro, no descalifica la equidad, razonabilidad y adecuación del porcentual determinado en el fallo apelado, que sea mayor al que se obtiene de aplicar el monto de $ 600, correlativos a los alimentos acordados en el juicio agregado por cuerda, sobre un ingreso que por esa época alcanzaba a los $ 4.400, si aquella cuota data del año 2009 cuando la niña contaba con ocho años y ya han pasado -hasta la actualidad- unos cuatro años desde que fue pactada (fs. 57 del expediente agregado). En definitiva, lo que se pidió es un aumento del monto de los alimentos, y ese pedido no excluye la posibilidad de incrementar un porcentaje.

            En punto a la situación discriminatoria para los demás hijos, que plantea el alimentante, no se observa que sea un efecto inequívoco de la cuota determinada.  El hecho de la paternidad, sin dudas le ha creado nuevas obligaciones al demandado, ya conocidas al pactarse la cuota anterior, pero no tiene porque obrar en mecánico detrimento del derecho que le cabe a la niña que no convive con su padre y reclama en estos autos un ajuste de la propia (fs. 51, 54, 57 de la causa agregada por cuerda; arg. arts. 265, 267 y concs. del Código Civil).

            No hay elementos para afirmar que los otros cuatro hijos, que conviven con él, requieran de una cuota similar: Jonatan Abel ya tiene veintiún años, Fernando Nicolás, diecinueve, Joana Guadalupe, dieciocho, y J. S, once (fs. 14/17, del expediente agregado por cuerda; arts. 126 y 265 del Código Civil). V. A, tiene doce años (fs. 3). Sobre todo porque, además, el hecho de la coexistencia -en general-  flexibiliza los costos relativos de la necesidad de manutención, pues algunos insumos se comparten, se armonizan, otros se prestan en especie permitiendo mayor elasticidad en el suministro y es de suponer que la madre de esa descendencia también de alguna manera colabora en el mantenimiento de la prole (fs. 11.IV, segundo párrafo).

            Por estos fundamentos, el recurso debe ser desestimado.

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación de f. 40 contra la resolución de fs. 34/36 vta.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de f. 40 contra la resolución de fs. 34/36 vta..

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.

                                                  Toribio E. Sosa

                                                             Juez

            Carlos A. Lettieri

                     Juez

                                                  María Fernanda Ripa

                                                                      Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 44 / Registro: 193

Autos: “CALCAGNI, ERNESTO LUIS C/ BARBERO, MARCELO LUIS S/ DESALOJO”

Expte.: -88394-

            TRENQUE LAUQUEN,  28 de junio de 2013.

            AUTO Y VISTOS: los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley y doctrina legal de fs. 145/150 contra la sentencia de fs. 141/142.

            CONSIDERANDO:

            1- Tocante al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cursada la intimación de f. 156 y desestimada a fs. 163/166 vta. la revocatoria de fs. 158/159, el recurrente Barbero no ha cumplido con la integración del depósito previo del art. 280 1º párrafo del Código Procesal.

            2- En relación al recurso de nulidad ha sido deducido en término, la sentencia de fs. 141/142 es definitiva,  se alegó la violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y se ha fijado domicilio legal en la ciudad de La Plata (ver: SCBA, Ac. 55670, 26-04-1994, “Machiarena de Arana, Sylvia Lucrecia c/ Corradi, Florencio y/u otros s/ Desalojo rural”, ver texto en sist. JUBA cit.; arts. 281, 296 y 297 CPCC).

            Por todo ello, la Cámara RESUELVE:

            1- Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal de fs.145/150 B. contra la sentencia de fs. 141/142.

            2- Conceder el recurso extraordinario de nulidad de fs. 145/150 A. contra la misma sentencia y, en consecuencia, remitir oportunamente las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

            3- Intimar a la parte recurrente para que dentro del quinto día  deposite en Mesa de Entradas y en sellos postales la suma de $ 80 (pesos ochenta) para gastos de franqueo, bajo apercibimiento de declararse desierto el recurso admitido (arts. 282 y 297 Cód. Proc.).

            4- Hacer saber a la parte recurrida que le asiste la chance de constituir domicilio en la ciudad de La Plata a sus efectos, lo que podrá hacer ante esta Cámara antes de la remisión del expediente (arts. 280 últ. párr., 284, 291 y concs. cód. cit.).

            Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula con cumplimiento del párrafo 2do. Acuerdo 3275/06 de la SCBA (art. 282 in fine Cód. Proc.). La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.

                                               Toribio E. Sosa

                                                      Juez

 Carlos A. Lettieri

       Juez

                                               María Fernanda Ripa

                                                        Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Civil y Comercial 2

Libro: 44– / Registro: 191

Autos: “GOYCOCHEA, MARTHA MARIA Y OTROS c/ LA MENZA, ROSA ANA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)”

Expte.: -87954-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintisiete  días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Guillermo F. Glizt y Juan Carlos Weber,  para  dictar  sentencia  en  los autos “GOYCOCHEA, MARTHA MARIA Y OTROS c/ LA MENZA, ROSA ANA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)” (expte. nro. -87954-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 275, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  f. 223?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ GLIZT  DIJO:

            El perito  médico designado en los presentes autos recurre “por bajos” los honorarios regulados a su favor (v. f. 223).

            Ahora bien, no se observa  que sean exiguos  los estipendios fijados a favor del  auxiliar de la justicia   teniendo en cuenta que para casos análogos donde el perito ha  cumplido con su cometido, esto es la realización de la pericia, este Tribunal ha aplicado un 4% de la base pecuniaria aprobada, por lo que en esa cantidad deben fijarse  los honorarios (v. esta Cám. expte. 88104, L. 43, Reg. 108; ídem, expte. 16384, L.41, Reg. 346 y  expte. 17602, L. 43, Reg. 193, entre otros).

            De acuerdo a ello y no encontrando motivos que  me aparten de tal parámetro,  debe desestimarse el recurso interpuesto y en consecuencia, confirmar los honorarios regulados a favor del perito Larrea (art. 1627 C. Civil).

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ WEBER DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ GLIZT DIJO:

            Corresponde desestimar el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar los honorarios regulados a favor del perito Javier C.

 Larrea.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ WEBER DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar los honorarios regulados a favor del perito Javier C. Larrea.

            Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial. El juez Francisco P. Villalba no firma la presente por las razones que son de público y notorio. 

                                                  Guilllermo F. Glizt

                                                             Juez

Expte.: -87954-

  Juan Carlos Weber

             Juez

                                                 María Fernanda Ripa

                                                           Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: Civil y Comercial 1

Libro: 44– / Registro: 190

Autos: “SCONFIENZA MIGUEL ALBERTO Y OTRO S/ INTERDICTO”

Expte.: -88071-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintiséis  días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “SCONFIENZA MIGUEL ALBERTO Y OTRO S/ INTERDICTO” (expte. nro. -88071-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 219, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es fundada la apelación de f. 167 contra la resolución de f. 164?.

SEGUNDA: ¿Es fundada la apelación subsidiaria de fs. 210/211 vta. contra la resolución de f. 208?

TERCERA: ¿Què pronunciamiento corresponde emitir?

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Desierta la apelación de los accionados, la  sentencia de primera instancia quedó firme (ver fs. 139/143 vta. y 158).

 Del análisis integral y armónico de la parte resolutiva y de los considerandos de esa sentencia, queda claro que las 14/32 avas partes que se mandan restituir  son las 46 Has.  del  lote identificado con líneas transversales en el plano demarcatorio adjuntado al contrato de arrendamiento accidental del 8/8/2005 (ver fs. 141,  143 y 22).

Bien o mal, es ese el sentido y el alcance que cabe atribuir a la sentencia firme y, si los demandados aspiraban a alguna otra clase de inteligencia posible, debieron articular eficazmente algún recurso idóneo, lo que no hicieron.

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

A raíz del pedido de f. 170.IV, se hizo la audiencia conciliatoria de f. 190 (arg. arts. 508, 509 y 534 cód.  proc.), en cuyo transcurso la parte actora ofreció comprar la parte indivisa de su adversaria.

A fs. 197/vta. los demandados contraofertaron, proponiendo ellos comprar la parte indivisa de los demandantes; además, para el caso de rechazo, hicieron reserva de mejorar.

A fs. 207/vta. los accionantes señalaron que no tenían voluntad de vender,  que están tramitando la división de condominio y que se remitiera la causa a la cámara para resolver sobre la apelación de f. 167.

A f. 208 el juzgado cerró la alternativa de conciliación y dispuso la elevación del expediente a la cámara, merituando que la parte actora “[…] no tiene intenciones de lograr conciliación alguna con la contraparte, […]”.

Contra esa decisión de f. 208 los demandados a fs. 210/211 vta. interpusieron reposición con apelación en subsidio, porque no se les permitió mejorar su postura conforme  habían hecho reserva a f. 197 vta. III; además, en ese mismo escrito mejoraron su postura (ver f. 211.V).

A continuación, la parte actora rechazó la propuesta mejorada de Tóffolo (f. 213) y el juzgado desestimó la reposición y concedió la apelación en subsidio (f. 216).

Y bien,  cuando a fs. 197/vta. los demandados propusieron comprar, debe entenderse que no aceptaron vender según  la oferta de la actora efectuada a f. 190 (arg. art. 918 cód. civ.); a su vez, la parte actora ha manifestado no estar interesada en vender en función de ninguna de las propuestas de los demandados, ni la de fs. 197/vta. (ver fs. 207/vta.), ni la mejorada de fs. 211.V (ver f. 213).

En tales condiciones, habiendo sentencia firme desde antes de octubre de 2011 (ver fs. 151.2 y  158) y como  según las posturas asumidas en autos luego de esa sentencia por las partes no hubo  margen  para conciliar otra solución diferente, sólo queda darle cumplimiento sin más trámite ni demoras, si así lo requiriese la parte actora, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de las alternativas del juicio de división de condominio (ver fs. 213 y 215; arts. 1.1, 2 y 8.1 y 25.1 “Pacto de San José de Costa Rica”; arts. 18 y 75.22 Const.Nac.; arts. 15 y 36  proemio Const.Pcia.Bs.As.; arts. 34.5.d y  509 cód. proc.).

     VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

     Corresponde desestimar la apelación de f. 167 contra la resolución de f. 164 y también la apelación subsidiaria de fs. 210/211 vta. contra la resolución de f. 208, en ambos supuestos con costas a los apelantes infructuosos (art. 69 cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

     ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

     Desestimar la apelación de f. 167 contra la resolución de f. 164 y también la apelación subsidiaria de fs. 210/211 vta. contra la resolución de f. 208, en ambos supuestos con costas a los apelantes infructuosos, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma por encontrarse en uso de licencia.

                                                  Toribio E. Sosa

                                                             Juez

            Carlos A. Lettieri

                     Juez

                                        María Fernanda Ripa

                                                Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 44– / Registro: 189

Autos: “S., M. A. C/ C., A. L. Y OTROS S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA”

Expte.: -88647-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintiséis  días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “S., M. A. C/ C., A. L. Y OTROS S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA” (expte. nro. -88647-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 67, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es fundada la apelación de f. 56 contra la sentencia de fs. 45/47?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

     1- En  autos “Severino, Marisa Alejandra c/ Cipolla, Antonio Luis y otros s/ Alimentos y Litisexpensas” expte. 17027, a fs. 38/39 hay agregado un  acuerdo alimentario, firmado por Marisa Alejandra Severino en representación de la alimentista Giuliana Cipolla, y por el padre y abuelo paterno de ésta, Antonio Luis Cipolla y Antonio Cipolla. Es cierto que en ese escrito no consta que algún abogado asistiera jurídicamente a Antonio Cipolla.

Ahora bien,  el cuestionamiento que de ese acuerdo hace a f. 14.I  Antonio Cipolla  debido a la falta de firma de letrado es inadmisible porque:

a- para empezar, no cuestiona la autenticidad de la firma que se le atribuye, la que debe entonces tenerse por auténtica y, con ella, debe tenerse por cierto el contenido del escrito al que accede (arts. 1026, 1028 y 1031 cód. civ.);

b- además, no indica qué aspecto del acuerdo pudiera resultar de una complejidad jurídica tal que no hubiera podido apreciar sus alcances, por sí solo y sin necesidad de asistencia profesional,  al tiempo  de suscribirlo o más tarde v.gr. en la ocasión que se ha de mencionar seguidamente en c-;

c- ese acuerdo lleva fecha  de mayo de 2004 y, en otro expediente judicial anterior a éste que ahora nos ocupa pero posterior al expediente en que ese acuerdo fue logrado,   fue mencionado expresa y claramente por la parte actora como basamento de su reclamo y  no fue objetado allí de ninguna forma  por Antonio Cipolla (“Severino, Marisa Alejandra c/ Cipolla, Antonio Luis y otros s/  Incidente aumento cuota alimentaria” expte. 2408/2009: fs. 2.I y  14/16 vta.): Antonio Cipolla resistió el incidente de aumento de cuota alimentaria pero no abarracando en la impugnación del acuerdo referido, cuya existencia no podía ignorar.

En suma, juzgo que el cuestionamiento de f. 14.I pone a su autor  en contradicción con el comportamiento asumido antes en otra causa similar, sin que haya expuesto aquí ninguna razón que pudiera justificar ese cambio de tesitura. En tales condiciones, hacer lugar al cuestionamiento de f. 14.I –a causa de la falta de firma de letrado del acuerdo de fs. 38/39 del expte. 17027-,  importaría premiar  el incumplimiento del deber de  buena fe procesal, cuando antes bien, por ese mismo motivo, debe ser considerado inadmisible (art. 1071 cód. civ.; art. 34.5.d cód. proc.).

2- Es cierto que la sentencia de fs. 46/47 no contiene ni tratamiento ni decisión expresa, positiva y precisa sobre la excepción de falta de legitimación pasiva planteada a f. 14.I y diferida a f. 25.2.

Empero, la apelación es de todas formas infructuosa.

Primero, porque  implícitamente ese planteo defensivo fue desestimado: para condenar al abuelo se lo hubo de tener por legitimado pasivo.

Segundo, porque la unidad de patrocinio y la simultaneidad de las presentaciones, autorizan a creer que ambos abuelos paternos asumieron en lo posible una misma línea defensiva: la abuela pretextando falta de legitimación pasiva en el incidente de aumento por no haber lisa y llanamente participado en el acuerdo de fijación de cuota alimentaria, mientras que el abuelo excusándose en su intervención en ese acuerdo aunque sin patrocino de abogado (ver fs. 13 y 14). En este orden de ideas, si el fundamento de la falta de legitimación de Antonio Cipolla fuera ese –no intervino en un acuerdo alimentario válido-, merced  a lo explicado en el considerando 1- ese planteo defensivo sería infundado (art. 34.4 cód. proc.).

Y tercero, porque en “Severino, Marisa Alejandra c/ Cipolla, Antonio Luis y otros s/  Incidente aumento cuota alimentaria” expte. 2408/2009 admite ser obligado alimentario (ver allí, f. 15 vta.), sin que haya atinado a plantear aquí, en esta causa que ahora ha llegado con apelación, nada acerca del carácter o naturaleza de esa obligación, cuestión ésta de momento ajena al menos al poder revisor de la cámara (arts. 34.4, 421 y 266 cód. proc.).

3- Es insuficiente la crítica sobre el monto de la cuota alimentaria: por más que matemáticamente se la hubiera fijado utilizando como uno de los parámetros el monto resultante de un acuerdo en el que el apelante no intervino (el de f. 17 del expte. 2408/2009), no indica por qué circunstancias la cantidad decidida por el juzgado pudiera ser  reputada excesiva considerando los hechos y las pruebas colectadas por el proceso (arts. 260 y 261 cód. proc.).

4- Donde sí tiene razón el apelante es en el monto de la cuota durante el proceso.

El razonamiento del juzgado fue: si la cuota de $ 450 (f. 17 del expte. 2408/2009) importaba un 32% del sueldo mínimo, vital y móvil al momento de ser acordada, corresponde fijar también un 32% de ese mismo sueldo pero a valores vigentes al tiempo de la sentencia.

Ese monto no está mal ex nunc,  pero no es justo en tanto eficaz retroactivamente hasta el tiempo de inicio del incidente, ya que desde que fue promovido (15/3/2012, f. 10 vta.) y al parecer hasta el 28/8/12 (ver dato de f. 46 vta. in capite  inobjetado), ese sueldo tuvo una entidad menor.

En resumen, no es justo que durante el proceso las cuotas devengadas  equivalgan al 32% del sueldo mínimo, vital y móvil vigente al momento de la sentencia y en cambio es equitativo que sí equivalgan al 32% del sueldo mínimo, vital y móvil vigente en cada mes desde el inicio del incidente y hasta la sentencia  (arg. art. 641 párrafo 2° cód. proc.).

Como corolario, corresponderá recalcular en primera instancia el monto de los alimentos atrasados y el de las cuotas suplementarias (art. 642 cód. proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde estimar la apelación de f. 56 contra la sentencia de fs. 45/47  sólo en cuanto al importe de los alimentos devengados durante el proceso, con costas al apelante sustancialmente vencido (art. 69 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.         

            TAL MI VOTO.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar la apelación de f. 56 contra la sentencia de fs. 45/47  sólo en cuanto al importe de los alimentos devengados durante el proceso, con costas al apelante sustancialmente vencido y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma por encontrarse en uso de licencia.

                                                  Toribio E. Sosa

                                                             Juez

            Carlos A. Lettieri

                     Juez

                                   María Fernanda Ripa

                                          Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

Libro: 44– / Registro: 188

Autos: “GARCIA, LEONARDO C/ ZAVALA, SERGIO Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -88636-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintiséis  días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “GARCIA, LEONARDO C/ ZAVALA, SERGIO Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -88636-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 57, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  f. 42 contra la sentencia de fs.  37/38 vta.?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            1- Los demandados en calidad de socios, Pablo Antonio y Sergio Antonio Zavala, asumieron su propia defensa pero también  la de  “Zavala Sergio Antonio y Zavala Pablo Antonio Sociedad de Hecho” (ver f. 27).

            Y bien, el cheque de f. 6 fue extendido en un formulario preimpreso  perteneciente a “ZAVALA  SA Y ZAVALA PA S HECH” (sic)  y no se ha adverado:

            a-  que la sociedad aludida en el cheque sea otra diferente que la demandada “Zavala Sergio Antonio y Zavala Pablo Antonio Sociedad de Hecho”;

            b- que la firma de libramiento no se corresponda con la de ninguno de los socios de esa sociedad,  comprobación para la que bastaba con  demostrar quiénes eran esos socios a la fecha del libramiento del cheque y cotejar pericialmente sus grafismos con esa firma (cfme. voto del juez Lettieri en “Distribuidora Bel-Mar Casares S.A. c/ Agrogama S.A. y otros s/ Cobro ejecutivo”, expte. 88571, sent. del 22/5/2013, L.44 R.147).

            Dado que la carga probatoria pesaba sobre los accionados (art. 547 cód. proc.) y que ni siquiera ofrecieron prueba (ver fs. 27/30 vta.), obviamente no abastecieron esa carga y su excepción de inhabilidad de título, así desguarnecida,  no pudo sino devenir  manifiestamente  infundada (art. 34.4 cód. proc.).

            2- Toda vez que en el caso se accionó contra la sociedad libradora y sus socios solidaria e ilimitadamente responsables, y, como es evidente que son los garantes  últimos y que en tal carácter  no tienen acción de regreso  contra los endosantes (ver CC0000 TL 8204 RSD-16-06 S 17-2-1987,Juez SUARES (SD) CARATULA: Benedetti, Carlos Roberto c/ Mayor de Ippólito, Luisa y otro s/ Cobro de pesos MAG. VOTANTES: Suares – Macaya – Casarini, cit. en JUBA online),  carecen de todo interés procesal para pedir la citación como tercero de uno de los endosantes (art. 11  ley 24452; art. 23 ley 19550).

            Como el interés procesal es requisito de admisibilidad de toda pretensión (Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Ed. Perrot, Bs.As., 2da. ed., t.I, pág. 411), la falta de interés procesal de los demandados para citar a un tercero endosante torna inadmisible su pedido de citación.

            Para mayor satisfacción de los apelantes diré que los  demandados  tendrían interés procesal en citar a  un tercero contra quien pudieran ejercer acción  de reembolso en un proceso posterior, para que, en ese proceso posterior,  el aquí tercero -y allí demandado-  no pudiera plantearles  la excepción de negligente defensa  y así desbaratar esa acción de reembolso; en suma, tendrían interés procesal en citar a un tercero para que la sentencia de este proceso sea inmutable a su  respecto incluso en el proceso posterior de reembolso que los citantes promovieran contra el tercero (art. 96 cód. proc.). Pero, repito, sin acción de regreso contra ningún endosante, los responsables como libradores carecen en absoluto de interés procesal para citar como tercero a ningún endosante.

            Obiter dictum, si en cambio un endosante hubiera sido demandado por el portador del cheque, el endosante demandado  si habría tenido interés procesal en citar al librador, pues dispondría contra éste de acción de reembolso (arts. 42 y 11 ley 24452). En esa hipótesis, por más que se tratara de un juicio ejecutivo, la intervención de terceros sería una medida admisible habiendo de por medio un interés jurídico que es necesario proteger: el del endosante demandado que aspira luego a una acción de reembolso contra el librador, siendo que la sentencia del ejecutivo es requisito de procedencia de esa acción posterior.  Es erróneo creer que el instituto de la intervención de terceros es privativo del proceso de conocimiento y extraño al proceso de ejecución, so capa de argumentos que apelan a la sumariedad de la ejecución -que obstaría a la incorporación de sujetos distintos de aquellos contra los cuales el ejecutante dirigió la pretensión- o a la literalidad de algunos preceptos rituales -cuando el art. 94 CPCC dice que el demandado podrá pedir la citación del tercero en el plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda,   se refiere a las excepciones en los procesos de conocimiento, y no a los de ejecución, porque en ellos no hay excepciones previas ni contestación de la demanda, sino simplemente excepciones-. La falta de previsión legal expresa del instituto para cierto tipo de procesos no entraña prohibición legal, así como tampoco  la previsión legal expresa del instituto para cierto tipo de procesos y no para otros tampoco autoriza a razonar que para estos otros se encuentre vedado (lo desarrollo con más amplitud en mi “Terceros en el proceso civil”, Ed. La Ley, Bs.As., 2011, capítulo 5.4., pág. 60/72).

            Por fin, y con el objetivo de dar hermeticidad al análisis de los agravios, ni por asomo los demandados y la persona endosante no demandada ni citable como tercero  conforman un litisconsorcio pasivo necesario de modo que  hubiera tornado necesario integrar la litis (ver f. 46 in fine; art. 40 ley 24452; arts. 88 y 89 cód. proc.).

            3- Atinente a las costas, atenta la condición de vencidos de los demandados, no cabe más remedio que imponérselas y en ambas instancias (art. 556 cód. proc.).

            VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación de f. 42 contra la sentencia de fs. 37/38 vta., con costas como se ha indicado en el considerando 3- y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de f. 42 contra la sentencia de fs. 37/38 vta., con costas como se ha indicado en el considerando 3- y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.

                                                    Toribio E. Sosa

                                                             Juez

            Carlos A. Lettieri

                     Juez

                                               María Fernanda Ripa

                                                       Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló

Libro: 44– / Registro: 187

Autos: “S., M. E. C/ G., J. D. S/ INCIDENTE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA”

Expte.: -88645-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintiséis  días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “S., M. E. C/ G., J. D. S/ INCIDENTE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA” (expte. nro. -88645-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 137, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   fundada   la   apelación  de  f. 116 contra la sentencia de fs. 104/110 vta.?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            1- En cuanto al monto de la cuota alimentaria a favor de sus tres hijos menores de edad, el recurso es insuficiente (arts. 260 y 261 cód. proc.).

En efecto, sostiene el apelante que el 28% de su sueldo es excesivo,  considerando que “[…] la actora vive en lp que fuera asiento del hogar conyugal, no paga alquiler, y tanto ella como el joven Enzo trabajan en relación de dependencia y tienen sus propios ingresos.” (sic, f. 121 vta.).

Pero el recurrente:

a- no cuestiona el argumento del juzgado consistente en que la cuota vigente equivalía al 28% al momento en que fue fijada, de modo que, entonces, finalmente a valores constantes no se ha producido ningún aumento (art. 384 cód. proc.);

b- no señala que alguna de esas consideraciones recién transcriptas fueran novedosas y no sucedieran ya al tiempo de pactarse la cuota alimentaria vigente;

c- no refuta la conclusión del juzgado en el sentido que es irrelevante que Enzo trabaje haciendo changas por no mermar eso la obligación alimentaria de su progenitor (ver f. 107 vta.).

2-  En cuanto a la retención  de la cuota por el empleador del apelante, se advierte que no significa sostener que antes de ahora el obligado hubiera incumplido y que no es un embargo ni ninguna otra medida ejecutoria.

Es nada más un  mecanismo práctico tendiente a  que el  pago de la cuota funcione eficaz y fluidamente sin ninguna posible desinteligencia en cuanto a forma, tiempo, lugar, etc. de pago (arg. arts. 15 Const. Pcia. Bs.As. y 34.5.e y 509 cód. proc.).

Acaso para aminorar alguna virulencia semántica potencialmente perjudicial para el alimentante, podría figurar en el recibo de haberes como “cuota de alimentos” (ver esta cámara, “G.,W.A. c/ G., J.D. s/ Alimentos”, sent. del 12/6/2013, L.44 R.173).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 116 contra la sentencia de fs. 104/110 vta., con costas al apelante vencido (art. 68 cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de f. 116 contra la sentencia de fs. 104/110 vta., con costas al apelante vencido, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.      

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.

                                                  Toribio E. Sosa

                                                             Juez

            Carlos A. Lettieri

                     Juez

                                               María Fernanda Ripa

                                                                   Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

Libro: 44– / Registro: 186

Autos: “CANTISANI, WALTER DANIEL C/SUCESORES DE PEREZ, ALFONSO S/INCIDENTE”

Expte.: -88644-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veinticinco  días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa y  Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “CANTISANI, WALTER DANIEL C/SUCESORES DE PEREZ, ALFONSO S/INCIDENTE” (expte. nro. -88644-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 54, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  f. 33?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            1- La resolución apelada de fs. 28/29 declara la prescripción de los honorarios devengados en el sucesorio.                

            2- La decisión es apelada a f. 33, concedido el  recurso en relación (f. 34 1º párr.), se presenta el respectivo memorial a fs. 36/40vta.

            Su réplica obra a fs. 42/51.

            3- De la lectura del escrito de fs. 36/40 surge que el apelante centra sus agravios en la voluntad “expresa” y reiterada de las partes de diferir la regulación de los honorarios y en la falta de determinación del patrimonio relicto. Fundamenta solamente el último de los agravios, siendo ese el motivo por el cual no se encontraba en condiciones de pedir la regulación de sus honorarios.

            Ahora bien, se ha resuelto que “En el juicio sucesorio el plazo de prescripción de los honorarios devengados se computa a partir del momento en que queda fijado el haber hereditario” (SCBA, 14-6-1996 “Bautista Lemos, Daniel s/ Testamentaria”; SCBA, 17-12-2008 “Kemp, Eduardo s/ Sucesión ab intestato”; sumario B23745 JUBA en línea).

            Entonces, …”La duda es ¿la inexistencia de información sobre los bienes relictos debe ser total o basta con que sea parcial? Una cosa es un acervo indeterminado y otra un acervo de momento parcialmente determinado. Si existe información sobre parte de los bienes relictos y no sobre otra parte de ellos, allende la operatividad del principio de concentración procesal que no puede ser extendida al punto que “sirva” para demorar la realización de la actividad procesal relevante que sea posible, no se ve en verdad que exista una razón tan gravitante que impida al abogado solicitar una regulación parcial de honorarios sobre la base de los bienes relictos adecuadamente conocidos, para más adelante requerir otra regulación complementaria a poco que el proceso adquiera suficiente información sobre los restantes bienes no conocidos al tiempo de la regulación anterior” (ver Toribio E. Sosa “Honorarios de abogados en el fuero civil y comercial bonaerense”, Platense, La Plata, 2010, parágrafo 10.9, pág. 200 y sgtes.).

            En la especie, había en autos denuncia de bienes y valores que permitían una regulación mínima y provisoria, nació entonces -a partir de su renuncia en mayo de 2008- el derecho a pretender que se regulen sus honorarios por los trabajos realizados, comenzando a correr respecto de ellos también el plazo de la prescripción bienal (arts. 8 y 53 dec-ley 8904; fs. 17 y 18).

            Por lo antes dicho, se encuentra prescripto el derecho a percibir honorarios respecto a los bienes denunciados y cuyo valor se ha acreditado en autos, sin perjuicio de su derecho a percibir honorarios respecto de los nuevos bienes que eventualmente se denuncien.

            Así las cosas, con el alcance que surge del párrafo anterior, la apelación de f. 33 debe ser desestimada.

            VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación de f. 33 con costas al apelante vencido (arg. art. 69 Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de f. 33 con costas al apelante vencido  y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma por encontrarse en uso de licencia.

                                                    Toribio E. Sosa

                                                             Juez

            Carlos A. Lettieri

                          Juez

                                                María Fernanda Ripa

                                                        Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Civil y Comercial 1

Libro: 44– / Registro: 185

Autos: “MARINO, CARLOS HIPOLITO C/ CORDOBA, JUAN JOSE  Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)”

Expte.: -88072-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veinticinco  días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “MARINO, CARLOS HIPOLITO C/ CORDOBA, JUAN JOSE  Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. POR USO AUTOMOT. (C/ LES. O MUERTE) (SIN RESP. EST.)” (expte. nro. -88072-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 273, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Son procedentes las apelaciones de fs. 255 y 265 contra el auto regulatorio de f. 254?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            1. Se trata aquí de juicio sumario (fs. 19/vta.; art. 320 cód. proc.), cuyas partes son el actor Carlos Hipólito Marino <representado por el letrado César Esteban Jonas; fs. 6/vta.>, los accionados “Distribuidora Baires S.R.L.” (su abogado apoderado es Mario Luis Pergolani; fs. 70/72) y Juan José Córdoba, así como la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S.A.” (estos dos últimos, representados por el letrado Alberto M. Medina; fs. 37/41 y 84/85).

                   Se hizo lugar a la demanda, previa producción de prueba (fs. 101/101bis vta., 120, 121/128, 143, 145/147, 161, 189 y ss.), motivando la sentencia de fs. 191/194 vta. los recursos de fs. 195 y 202, que, de su lado,  originaron los escritos recursivos de fs. 209/212, 213/215vta. y 218/219. La sentencia de Cámara obra a fs. 222/226, que receptó parcialmente los cuestionamientos, por lo que corresponde también regular los honorarios devengados en segunda instancia  (arts. 16, 26 2º párr., 31 y ccs. d.ley 8904/77).

                   Posteriormente, se practicó liquidación de base regulatoria en la suma de $ 70.892,31, regulándose a f. 254 los honorarios de primera instancia,  con complemento de la decisión de f. 280 que fijó los estipendios de la abogada Paula L. Pergolani (v. f. 274).

                   Ambas regulaciones fueron recurridas, según consta a f.  255 (la parte actora cuestiona por elevados todos los honorarios y el abogado Jonas por bajos los suyos), f. 265 (el abogado Medina dice que todos los honorarios de f. 254 son altos) y f. 281 (el mencionado abogado Jonas estima elevados los honorarios de la letrada Paula L. Pergolani.

                   2.  Honorarios de primera instancia.

                   2.1. Recursos de f. 255: es pauta usual de este tribunal en trámites sumarios aplicar una alícuota del 18% para el letrado de la parte gananciosa lo que arroja -en el caso- un honorario de $ 12.760,61 para el abogado César E. Jonas, tal como le fueron regulados en primera instancia (entre otros: esta cámara, 30-11-2011, expte. 87912, L.42 R.399;  arts. 16, 21 y ccs. d-ley cit. y 17 cód. civil).

                   Por manera que siendo justa la retribución, debe rechazarse el recurso del letrado Jonas por estimar exiguos sus honorarios, así como el de la parte actora, por él representada, por considerarlos elevados (arts. 58 d-ley arancelario y arg. art. 242 CPCC).

                   Pero por lo demás, es inadmisible la apelación bajo tratamiento del mismo actor por considerar altos los honorarios de los abogados Mario L. Pergolani y Alberto M. Medina: al no haber sido condenado en costas, carece de interés en su morigeración (arg. art. 242 Cód. Proc.).

                   Luego, al tratarse el recurso de f. 265 se verá la suerte que correrán los honorarios del perito médico Calvo, apelados aquí y allí por elevados.

                   2.2. Recurso de f. 265: 

            En cuanto a los honorarios de los letrados de los accionados y citada en garantía, como la parte demandada resultó perdidosa y condenada en costas, no habiéndose aportado ningún elemento que lleve a desechar  la merma del 30% que establece la segunda parte del artículo 26 del decreto arancelario, como fue resuelto a f. 254, este aspecto no ha de ser modificado.

            Empero, como a f. 125/127 actuó la abogada Paula L. Pergolani supliendo la actuación del letrado Mario Luis Pergolani, a los honorarios de éste <calculados de la manera dicha en el párrafo anterior> debe restársele la suma de $376, equivalente a 2 jus, y reducirse, entonces, a la suma de $8556, 42 (es decir, base x 18% x – 30% – $376).

            Respecto de los honorarios del abogado Medina (representante de Córdoba y de la citada en garantía), si bien pudieron haber merecido una retribución mayor en virtud del artículo 21 2º párrafo de la norma arancelaria (esto es base aprobada -$70.892,31- x 18% x 70% + 40% = $12.505,40), habiendo sido únicamente apelados por altos, corresponde que sean confirmados.

                   En cuanto a los honorarios del perito Calvo, siendo que no sólo confeccionó la pericia de fs. 145/147 sino que, además, efectuó el responde de f. 161, los encuentro -en mérito a esas tareas y a falta de todo elemento aportado por los recurrentes que lleven a reducir la retribución- ajustados a derecho y deben ser confirmados (art. 1627 Cód. Civil).

                   2.3. Recurso de f. 281:

                   Es inadmisible, pues deducida la apelación por estimar elevados los honorarios de la abogada Paula L. Pergolani (quien actuó por la demandada Distribuidora Baires S.R.L.), también es inadmisible por carecer de interés en su disminución, atento la condena en costas que no afecta a la parte representada por el apelante (arg. art. 242 Cód. Proc.).

                   3. Honorarios de cámara.

                   En lo que hace a los trabajos que se desarrollaron en esta segunda instancia y teniendo en cuenta que la parte actora  cargó con el menor  peso de las costas,  cabe fijar los honorarios del abog. Jonas (por sus escritos de fs. 209/212 y 218/219) en la suma equivalente al 25% de los honorarios de primera instancia por cada una de las presentaciones mencionadas,  esto es en  sendas sumas de $3190 ($12.761 x 25%; art. 31 d-ley 8904/77).

                   Para el abogado Medina (por el escrito de fs. 213/215) cuadra fijar  un honorario equivalente al  23%  del de  la instancia inicial, o sea $2054 ($8932 x 23%), por  resultar perdidoso en mayor proporción  en los términos del art. 68 del Código Procesal.

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde:

            1. Desestimar la apelación de f. 255 contra los honorarios del abogado César Esteban Jonas.

            2. Declarar inadmisible el mismo recurso en tanto dirigido contra los honorarios de los abogados Mario Luis Pergolani y Alberto Manuel Medina.

            3. Estimar el recurso de f. 265 contra los honorarios del abogado Mario Luis Pergolani, los que se reducen a la suma de $ 8556,42 y desestimarlo en cuanto cuestiona los honorarios del abogado Alberto M. Medina.

            4. Desestimar las apelaciones de fs. 255 y 265 contra los honorarios del perito médico Juan José Calvo.

            5. Declarar inadmisible el recurso de f. 281 contra los honorarios de la letrada Paula L. Pergolani.

            6. Regular honorarios al abogado César Esteban Jonas por sus tareas en alzada en sendas sumas de $ 3190, por los escritos de fs. 209/212 y 218/219; y a favor del abogado Alberto Manuel Medina, por el escrito de fs. 213/215, en la suma de $2054.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            1. Desestimar la apelación de f. 255 contra los honorarios del abogado César Esteban Jonas.

            2. Declarar inadmisible el mismo recurso en tanto dirigido contra los honorarios de los abogados Mario Luis Pergolani y Alberto Manuel Medina.

            3. Estimar el recurso de f. 265 contra los honorarios del abogado Mario Luis Pergolani, los que se reducen a la suma de $ 8556,42 y desestimarlo en cuanto cuestiona los honorarios del abogado Alberto M. Medina.

            4. Desestimar las apelaciones de fs. 255 y 265 contra los honorarios del perito médico Juan José Calvo.

            5. Declarar inadmisible el recurso de f. 281 contra los honorarios de la letrada Paula L. Pergolani.

            6. Regular honorarios al abogado César Esteban Jonas por sus tareas en alzada en sendas sumas de $ 3190, por los escritos de fs. 209/212 y 218/219; y a favor del abogado Alberto Manuel Medina, por el escrito de fs. 213/215, en la suma de $2054.

            Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 d-ley 8904/77). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.

                                                  Toribio E. Sosa

                                                             Juez

            Carlos A. Lettieri

                     Juez

                                               María Fernanda Ripa

                                                                    Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia Nº 1

Libro: 44– / Registro: 184

Autos: “G., A. H.  C/ E., E. H. S/FILIACION”

Expte.: -88640-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veinticinco  días del mes de junio de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa y  Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “G., A. H.  C/ E., E. H. S/FILIACION” (expte. nro. -88640-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 53, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es   fundada   la   apelación  de  f. 40 vta. II, contra la resolución de fs. 39/vta.?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            La prueba biológica debe ser realizada por funcionarios públicos que se desempeñan en  la Asesoría Pericial (arts. 475 y   844 cód. proc.), cuyo proceder -en cuanto al ingreso, recepción, tratamiento, custodia y archivo de muestras, efectos y demas elementos de prueba- se encuentra minuciosamente reglamentado por la Suprema Corte a través  de un protocolo anexo al Ac. 3378/08 SCBA.

La idoneidad para el ejercicio de la función pública pericial (que ha sido reconocida por el demandante respecto de los expertos de la Asesoría Pericial, ver f. 31 vta. ap. 3) y  el respeto de ese protocolo  constituyen prima facie  suficiente garantía para las partes, sin perjuicio de lo reglado en los arts. 473, 474 y concs. CPCC.

Hasta allí la innecesariedad de la labor de  ningún “perito de parte”.

Pero además esa labor resultaría muy  inconveniente. La tarea  complementaria de establecimientos privados tiene carácter excepcional  (ver Resolución Nº 2257/89 SCBA) y, en el caso, no es compatible con el debido proceso -que incluye la chance adecuada de producir la “propia” prueba y de controlar la producción de la prueba ofrecida por la parte contraria-  la intervención paralela de un experto privado unilateralmente “designado” por la parte demandante, sin previsión normativa de ninguna índole  -v.gr. la ley  ritual local no prevé los consultores técnicos-,  sin consentimiento  de la parte demandada y sin sometimiento a ningún protocolo establecido  (ej. es asaz insuficiente, como toda previsión, que la prueba hemática le sea entregada a ese experto sin ninguna custodia posterior,  ver f. 43 puntos 6 y 7).

Por todo ello, corresponde dejar sin efecto la resolución de fs. 39/vta. en tanto dispone la realización de una paralela prueba biológica  privada, lo cual por supuesto provoca la consecuente invalidación de la resolución aclaratoria de fs. 43/vta. (arg. a simili art. 174 cód. proc.).

VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde dejar sin efecto la resolución de fs. 39/vta. en tanto dispone la realización de una paralela prueba biológica  privada, con costas a la parte demandante vencida (art. 69 cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

 CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Dejar sin efecto la resolución de fs. 39/vta. en tanto dispone la realización de una paralela prueba biológica  privada, con costas a la parte demandante vencida, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.

                                                     Toribio E. Sosa

                                                             Juez

         Carlos A. Lettieri

                Juez

                                                    María Fernanda Ripa

                                                             Secretaría