Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 42- / Registro: 277

Autos: “DE VITA MARIA ROSA S/ INSANIA Y CURATELA”

Expte.: -87806-

 

      TRENQUE LAUQUEN, 13 de septiembre de 2011.

      AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación  de  fojas 239/240  contra la regulación de fojas 232.

      Y CONSIDERANDO.

      La abogada Betiana Solange Blanco fue designada curadora provisional en autos en cuanto la causante posee bienes y obtiene ingresos mensuales, sin que tuviera actuación relevante en el trámite que desembocó en la sentencia de insania. De modo que en este caso  para remunerar su labor profesional debería prescindirse del valor de los bienes del insano y tenerse en cuenta los ingresos y frutos líquidos de estos, obtenidos por su gestión, aplicándose los arts. 475  y 451 del Código Civil y el art. 32 del d-ley 8904/77 (v. fs .123/125 y 133)

      No osbtante, cierto es que durante el trámite del juicio la curadora no ejerció ninguna tarea de administración sobre los bienes de la insana, ya que su labor se  limitó a las siguientes intervenciones:

      a-  solicitó que la causante continúe en el geriátrico que ya estaba internada, y que se utilicen los fondos que se encuentran depositados en el Banco para  la atención médica que necesitaría la causante según lo informa la defensora oficial (f. 142).

      b- contestó lo solicitado por el Asesor de Incapaces a fojas 157/vta. informando  que habiéndose comunicado con la abogada que tramita la pensión de la causante  esta le refirió que había sido denegada,  solicitando que  se fije audiencia para que el hermano de la sra. María Rosa  se expida al respecto (v. fs. 179).

      c. estuvo presente en la audiencia fijada por el juzgado donde el  

el hermano de la causante brindó explicaciones sobre los bienes e ingresos que percibe la sra. De Vita  (v. fs. 205/vta.). 

      En conclusión, la curadora no realizó tareas de administración respecto de los bienes de la insana,  de modo que no puede tenerse en cuenta ni el valor de los bienes,  ni los ingresos o  frutos que percibió  (arts. 475 y 451 del C.Civil, y 32 del d-ley 8904/77).

      Sin embargo, aunque resultó ser mínima su intervención, corresponde que ello sea retribuido, pero no en la excesiva suma de $ 14.303,64 (base x 3%) que se le fijó en la resolución apelada porque ello es a todas luces  desproporcionado en relación a la tarea desarrollada,sino que aplicando los arts. 16 y 22 de la ley arancelaria y el art. 1627 del cód. civ. resulta equitativo fijar los honorarios de la Abogada Betiana Solange Blanco en la suma de $ 620  (4 “jus”,  arts. 16 y 22 dec-ley 8904/77, y art. 1627 2do. párrafo del C. Civil ).

      Por ello,  la Cámara RESUELVE:

      Reducir   los  honorarios  regulados a favor de la abogada Betiana Solange Blanco, por su intervención en autos como curadora provisoria, a la suma de $620  (4 “jus”)

      Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 d-ley 8904/77).

 

                        Carlos Alberto Lettieri

                                Juez

 

 

Silvia E. Scelzo

        Juez

                        Toribio E. Sosa

                              Juez

 

  Juan Manuel García

         Secretario

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

Libro: 42- / Registro: 278

Autos: “BORGONOVO, DANIEL OMAR C/ MORENO, DIEGO EMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -87741-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece   días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia  E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BORGONOVO, DANIEL OMAR C/ MORENO, DIEGO EMANUEL S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -87741-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 105, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿Es fundada la apelación de f. 60 contra la sentencia de fs. 57/58 vta.?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      1. El pagaré librado sin designar el lugar de creación (art. 101 inc. 6º del dec. ley 5965/63), no tiene la posibilidad de ser suplido, por ejemplo por el lugar o domicilio consignado al lado del nombre de la firma del librador del documento (ver Osvaldo Gómez Leo en “Tratado del Pagaré Cambiario”, ed. Depalma, Bs. As., 10 de marzo de 2002, pág. 215/6; esta Cámara, “Cudina, Joaquín José c/ Greco, Juan Carlos s/ Cobro Ejecutivo”, expediente nro. 14.474/02, L. 31, Reg. 305 el 5-11-2005).

      Ese es el criterio aceptado mayoritariamente en jurisprudencia. Así se ha declarado: “en el documento llamado pagaré que no se enuncia el lugar de creación, la falta de este requisito lo invalida como pagaré, resultando inaplicable al caso la solución prevista en el art. 2º, párrafo cuarto del dec.-ley 5965/1963, para la letra de cambio, pues esa norma no es supletoria del régimen legal del pagaré” (autor, obra y págs. cits. en el párrafo anterior).

 

      2. No obstante lo indicado en 1., este Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que si bien es verdad que en el pagaré en el que no se indica el lugar de creación y de pago, queda invalidado como tal, también lo es que aunque no corresponda encuadrarlo en la categoría de “pagaré”, al ser un “instrumento privado” que contiene un reconocimiento de una suma líquida exigible y cuya firma no ha sido válidamente desconocida, resulta “hábil y perfecto título ejecutivo procesal” de conformidad con lo dispuesto por los arts. 518 y 521 inc. 2º del código de forma (cfme. Gómez Leo, “La Letra de Cambio y el Pagaré”, t. III -Segunda parte- ed. Depalma, Bs. As. 1982, págs. 351 y 352, jurisp. allí cit.; arts. 101 incs. 4 y 6, y 102 dec. ley 5965/63; esta Cámara, 22-2-00, “Traverso, Juan José c/ Zaton, José s/ Cobro Ejecutivo”, L. 29, Reg. 20; ídem, 7-5-98, “Morini c/ Mendibil s/ Ejecutivo”, Libro 27, Reg. 82; ídem, 29-12-94, “Carini, Héctor Javier c/ Bengochea, Ra l s/ Ejecutivo”, Libro 23, Reg. 224; ídem, Cám. Civ. y Com. de Mar del Plata, sala I, 9-3- 95, “Intercrédito Mar del Plata S.A. c/ Nesprías, Eduardo Jorge s/ Ejecución”, Registro de sentencias interlocutorias 98-95; ídem, mismo tribunal, sala II, 28-3-96, “Giménez, María Victoria c/ Roncayoli, Claudio Alberto s/ Ejecución”, Registro de sentencias interlocutorias 206-96; ídem, Cám. Civ. y Com. 2da. La Plata, sala I, 15-12-94, “Guerra, Rosa Susana c/ Agostini de Etchehandy y otro s/ Cobro ejecutivo”, Registro de sentencias definitivas 350-94; ídem, 24-2- 94, “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. c/ Palermo, Francisco Waldemar s/ Cobro Ejecutivo”, Registro de sentencias definitivas 21-94; sistema JUBA: sumarios B1400703, B251635 y B853778).

      En el sub lite, si bien fue desconocida la firma inserta en el documento de f. 4 (ver fs. 31/vta.); la falta de ofrecimiento probatorio tendiente a acreditar la falsedad de la misma no fue abastecida, cuando el peso del onus probandi recaía sobre el excepcionante; sellando ello la suerte del planteo (art. 547 cód. proc.; ésta Cámara  “Banco de la Nación Argentina c/ Cárdenas, Héctor Mario s/ J. Ejecutivo”, expte. nro. 17179, L. 40 Reg. 245 del 30/06/09).

 

      3. Por último, lo indicado en 2., no  afecta el principio de congruencia al considerar que el documento en base al cual se promueve la acción, conserva aptitud ejecutiva aún cuando quede invalidado como pagaré por la falta de uno de los requisitos esenciales prescripto en el artículo 101 inciso 6º del decreto ley 5965/63.

      Es que no se modifican las alegaciones efectuadas en demanda. El actor se limitó a promover la acción ejecutiva con sustento en un documento que si bien denominó pagaré, ello no impide que el juez haciendo uso del principio iura novit curia encuadre jurídicamente el planteo y determine la aplicabilidad de las normas jurídicas que corresponden (arts. 34 inc. 4to. y 163 inc. 6to. cód. proc.).

      Y en ese camino, si bien el título en ejecución no encuadra en el supuesto previsto en el inciso 5to. del artículo 521, sí se lo puede ubicar en el  inciso 2do. de la misma norma.

      En suma, corresponde estimar la apelación de f. 60 revocando la sentencia de fs. 57/58 vta. y, por lo tanto, mandar continuar la ejecución, con costas en ambas instancias al apelado vencido y diferimiento de la resolución sobre honorarios de cámara (arts. 274 y 556, cód. proc. y 31 d-ley 8904).

      ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Corresponde estimar la apelación de f. 60 revocando la sentencia de fs. 57/58 vta. y, por lo tanto, mandar continuar la ejecución, con costas en ambas instancias al apelado vencido y diferimiento de la resolución sobre honorarios de cámara (arts. 274 y 556, cód. proc. y 31 d-ley 8904).

      TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

      S E N T E N C I A

      Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

      Estimar la apelación de f. 60 revocando la sentencia de fs. 57/58 vta. y, por lo tanto, mandar continuar la ejecución, con costas en ambas instancias al apelado vencido y diferimiento de la resolución sobre honorarios de cámara.

      Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                             Carlos A. Lettieri

                                     Juez

 

      Silvia Ethel Scelzo

             Jueza

 

                           Toribio E. Sosa

                                   Juez

 

     Juan Manuel García

             Secretario

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 42- / Registro: 279

Autos: “BANCO DE OLAVARRIA S.A. c/ CASARES AUTOMOTORES CYFSA. y otro/a S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -87768-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece  días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia  E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BANCO DE OLAVARRIA S.A. c/ CASARES AUTOMOTORES CYFSA. y otro/a S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -87768-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 1761, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿Se ajusta a derecho la resolución de f. 1751/vta. in fine?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

      En posturas extremas, a fs. 1726/1729 los inhibidos pidieron el levantamiento de la inhibición general de bienes y a fs. 1733/1734 el inhibiente no sólo se opuso al levantamiento sino que solicitó la reinscripción.

      El juzgado a fs. 1743/1744 vta. terció en la incidencia, ya que  “en pos de una justa solución” entendió pertinente  “readecuar la medida asegurativa de los derechos del acreedor transformándola en embargo sobre los derechos y acciones que sobre la sucesión de José Alvarez pudieran tener” los inhibidos (sic f. 1744 1er. párrafo).

      Así, si el juzgado hizo lugar al pedido de levantamiento de la inhibición  pero equitativamente readecuándola o modificándola,  no accedió 100% a ninguna de las tesis enfrentadas, de tal forma que es ecuánime imponer las costas por su orden en la incidencia (arts. 69 y 71 cód. proc.).

      ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

      Corresponde revocar la resolución apelada de f. 1751/vta. in fine en cuanto a la forma en que fueron impuestas las costas, fijando las mismas por su orden.

      TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

      S E N T E N C I A

      Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

       Revocar la resolución apelada de f. 1751/vta. in fine en cuanto a la forma en que fueron impuestas las costas, fijando las mismas por su orden.

      Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

                             Carlos A. Lettieri

                                     Juez

 

      Silvia Ethel Scelzo

             Jueza

 

                           Toribio E. Sosa

                                   Juez

 

     Juan Manuel García

             Secretario

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia Nº 1

Libro: 42- / Registro: 280

Autos: “BORREGO SEBASTIAN S/ CURATELA”

Expte.: -87787-

                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece     días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia  E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BORREGO SEBASTIAN S/ CURATELA” (expte. nro. -87787-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 83, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   fundada  la   apelación  de  f. 76 contra la resolución de f. 75?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

      Según las excepcionales circunstancias del sub lite, corresponde que la perito psiquiatra oficial se expida  conforme se ha resuelto a f. 66 vta. párrafos 2º y 3º, pues para hacerlo no hace falta una cierta cantidad de profesionales, sino el conocimiento profesional (arts. 34.4, 169 3er. párrafo y concs. cód. proc.). Sólo en caso de razonable y fundada duda que debe exteriorizarse por escrito sobre alguno de los extremos del art. 625 CPCC, y no por el simple hecho de su actuación solitaria, podría tal vez la perito oficial dictaminar en forma esquiva como lo hizo a f.  74 vta.. A todo evento, si fuera pertinente, podría convocarse la intervención adicional interdisciplinaria de algún otro perito oficial (arg. arts. 5, 16.a y 42,  ley 26657).

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde revocar la resolución de f. 75 y disponer que la perito psiquiatra oficial se expida  conforme se  ha resuelto a f. 66 vta. párrafos 2º y 3º y se insiste aquí.

      TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

      S E N T E N C I A

      Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

      Revocar la resolución de f. 75 y disponer que la perito psiquiatra oficial se expida  conforme se  ha resuelto a f. 66 vta. párrafos 2º y 3º y se insiste aquí.  

      Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

                             Carlos A. Lettieri

                                     Juez

 

 

 

 

      Silvia Ethel Scelzo

             Jueza

 

                           Toribio E. Sosa

                                   Juez

 

    Juan Manuel García

             Secretario

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Tejedor

Libro: 42- / Registro: 283

Autos: “PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO C/ BELOSO, MANUEL AGUSTIN S/ APREMIO”

Expte.: -87807-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece   días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia  E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO C/ BELOSO, MANUEL AGUSTIN S/ APREMIO” (expte. nro. -87807-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 39, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Que juzgado es competente?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

      Conforme al art. 46 inc. 3º de la ley 24.557 los títulos como el de f. 18 serán ejecutables por la vía del apremio regulado en cada jurisdicción y  por ante los tribunales provinciales -en su caso- con competencia en lo civil y comercial.

      En la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 5827 (texto según ley 13634) “los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ejercerán su jurisdicción en todas las causas de la materia Civil, comercial y rural de orden voluntario o contradictorio, con excepción de la que corresponde a los Juzgados de Familia y Juzgados de Paz”.

      En el caso, como los Juzgados de Paz tienen competencia para intervenir en los juicios de apremio (art. 61.I.f de la ley 5827) , y que la actora carece del derecho de opción por no tener su domicilio  en el ámbito del juzgado de paz de Carlos Tejedor,  (art. 2º inc. 6º de la ley 10.571, que sustituyó al artículo  3º del D.Ley 9229/78 t.o. por D.Ley 9682/81), será juez competente el de esa localidad en razón de que allí se domicilia el demandado  (f. 22 vta. p.II).

      No puede extraerse de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia provincial citados a fs. 33/34 vta. que se hayan sustraído de la competencia material de los Juzgados de Paz ejecuciones como ésta, ya que el Alto Tribunal se limitó en esos casos a resolver sobre los planteos de competencia suscitados entre un Tribunal de Trabajo y un Juzgado Civil y Comercial (ver Ac. causa 101798.) y entre dos Juzgados Civiles y Comerciales (ver causa Ac. 114.586) al dirimir las contiendas que expresamente habían sido sometidas a su decisión, sin intervención en ninguna de un Juzgado de Paz Letrado (arg. art. 279 del CPCC a contrario sensu).

      Debe declararse competente, pues, al Juzgado de Paz Letrado de Carlos Tejedor.   

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

1-  Para determinar qué juzgado debe conocer, el art. 46 inciso 3ro.  último párrafo de la ley 24557 edicta que “En las provincias serán los tribunales con competencia civil o comercial. “

      Como es dable apreciar, el precepto no adjudica competencia específicamente a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, sino genéricamente a los órganos judiciales con competencia civil o comercial, entre los que pueden ser colocados los Juzgados de Paz Letrados en la Provincia de Buenos Aires, si se repasa la nómina de asuntos en que éstos deben intervenir según el art. 61 de la ley 5827 (Ley Orgánica del  Poder Judicial).

      La competencia en lo civil y comercial es concurrente entre la justicia civil y comercial y la justicia de paz letrada y, cómo es que concretamente se dividen los asuntos civiles y comerciales  entre ellas, es cuestión que corresponde a la provincia dilucidar (arts. 75.12 y 121 Const.Nacional),  lo cual abordaremos en el punto siguiente, pero lo cierto es que lo civil y comercial no es cometido totalmente ajeno a la justicia de paz letrada bonaerense.

 

      2- El título II de la Ley provincial nro. 5827  se denomina “Organos de la Administración de  Justicia”.

      Su capítulo V se designa “Juzgados de Primera Instancia.  Competencia por materia”. El primer artículo de dicho capítulo es el nro. 50, que dice así  (texto según Ley 13634):  “Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ejercerán su jurisdicción en todas las causas de las materias civil, comercial y rural de orden voluntario o contradictorio, con excepción de la que corresponde a los Juzgados de Familia y Juzgados de Paz.”

      Quiere decirse que, en cuanto aquí nos interesa destacar,  corresponde al juzgado de primera instancia todo asunto de materia  civil, comercial y rural que por ley no haya sido asignado al juzgado  de paz letrado.

      Dicho de otra forma, lo que corresponde al juzgado de paz  letrado en materia civil, comercial y rural, no le compete al juzgado  ordinario; y para la ley esa divisoria de aguas es -o mejor,  es asimilable a-  una diferenciación de competencia por la materia a juzgar por el título del Capítulo V del Título II -, se insiste, “Juzgados de Primera Instancia.  Competencia por materia”- y por el contenido del recién transcripto  art. 50.

      Entonces, ¿qué le compete a un juzgado de paz letrado del departamento judicial en materia civil y  comercial?

      Ello surge del capítulo X del mismo título II de la Ley 5827, más específicamente del art. 61.II, que por la locución “además” incluye también los asuntos elencados en el art. 61.I, entre los que figuran “apremios” según el inciso 1, subinciso f.

      De tal forma que los “apremios”  corresponden al juzgado de paz  letrado  territorialmente competente de acuerdo a las reglas que resulten  aplicables a la relación jurídica de que se trate,  y, siendo así, no,  entonces, al concurrente Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.

      A menos que el actor  tenga su domicilio real en  el ámbito territorial de competencia del juzgado de paz letrado  pertinente, en cuyo caso por regla tiene derecho de opción para acudir  ante el Juzgado de Paz Letrado o ante el Juzgado de Primera Instancia  en lo Civil y Comercial del departamento judicial que corresponda a su  domicilio (art. 2º inc. 6º de la ley 10.571, que sustituyó al artículo  3º del D.Ley 9229/78 t.o. por D.Ley 9682/81).

 

      3- Vayamos al caso.

      Para resolver a qué órgano jurisdiccional compete intervenir,  deben formularse y responderse en orden las siguientes preguntas  relativas al sub lite:

      3.1.  ¿Es asunto que corresponda a la justicia de paz?

      Es dable responder que sí (art. 61 ap. I.1.f. Ley 5827). En  absoluto obsta a ello el art. 46 inciso 3ro.  último párrafo de la ley 24557 (ver considerando 1-).

        3.2. ¿Corresponde territorialmente a algún juzgado de paz?

        Sí, al de Carlos Tejedor,  toda vez que el domicilio real  denunciado del demandado se ubica allí  (ver f. 22 vta. ap. II; art. 46 inciso 3ro.  párrafo 1ro. ley 24557, art. 5 inc. 7º cód. proc., y  3 D.Ley 9122; art. 3 ley 13406).

      3.3.  ¿El actor tiene su domicilio allí?

      No, lo tiene en Capital Federal (ver f. 22 ap. I).

 

      4-  En suma, como de acuerdo a lo narrado en demanda (ver  Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, Ed. LEP, La Plata, 1992, t.II-A,  pág. 70 a 72; Cám.Apel.T.Lauquen Civ. y Com., RSD 20-54, 11-6-91,  “Pantanali, Omar Rodolfo y otros c/ Bramajo, Julio y/u ocupantes s/  Desalojo”) el asunto ventilado corresponde materialmente a la  competencia de la justicia de paz letrada, siendo que territorialmente  le cabe entender al Juzgado de Paz Letrado de Carlos Tejedor  y que la actora no tiene domicilio  en ese ámbito, careciendo  entonces ésta de derecho de opción (art. 2º inc. 6º de la ley 10.571, que sustituyó al artículo  3º del D.Ley 9229/78 t.o. por D.Ley 9682/81),  es dable declarar que el Juzgado  de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 1 es incompetente para  entender en el caso y pudo así ser dispuesto  de oficio por tratarse de una  competencia en razón de la materia (otra vez, ver nombre del Capítulo V del  Título II de la Ley 5827 y contenido del art. 50; cfme. aut. y ob. cits. más arriba, parág.  “C. Caracteres”, pág. 10), absoluta, de orden público y por lo tanto  improrrogable por la voluntad de las partes (art. 21 cód. civ. arts. 1  y 4 1er. párrafo cód. proc.; cfme. aut. y ob. cits., fallos cits. en  pág. 40, 58, 59 y 147 del Depto. Judicial de Mercedes).

 

      5- Nadie dice que los juzgados en lo civil y comercial de la cabecera departamental no tengan nunca competencia para conocer en asuntos como el sub lite, sino que cuando existe competencia concurrente entre los juzgados civiles y comerciales y los de paz letrados -ver considerando 1-  cuál de ellos debe en concreto intervenir es cuestión que  corresponde eludidar  según lo expuesto en los considerandos 2- y 3-, resultando indiferente a tal fin que haya intervenido o no un juzgado de paz letrado en una contienda de competencia (v.gr. las pautas indicadas sirven para resolver una apelación contra una decisión de un juez civil y comercial  que, en un caso similar al presente,  se declare incompetente de oficio).

      Por eso, aunque el criterio de este voto no es incompatible con el emergente de los fallos de la Suprema Corte local  mencionados a fs. 33/34 vta., a mayor abundamiento  cabe  consignar  que  el acatamiento  que los tribunales inferiores hacen a los precedentes  de  la Suprema Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de  ley, esto es procurar y mantener la uniformidad en  la  jurisprudencia, ante una eventual posible casación; circunstancia que entiendo no se producirá en el sub  lite, pues la cuestión quedará resuelta en esta  instancia (conf. entre otros SCBA “Mizuno, Daniel  Alejandro c/Ratelli, Santiago Armando s/cobro de pesos por daños y perjuicios” Ac. 57981 del 27-12-96, entre otros; fallo extraído de JUBA on line).

ASI TAMBIEN VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

      Corresponde declarar competente al Juzgado de Paz Letrado de Carlos Tejedor.

      TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

      S E N T E N C I A

      Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

      Declarar competente al Juzgado de Paz Letrado de Carlos Tejedor.

      Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                             Carlos A. Lettieri

                                     Juez

 

      Silvia Ethel Scelzo

             Jueza

 

                           Toribio E. Sosa

                                   Juez

 

    Juan Manuel García

            Secretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 42- / Registro: 288

Autos: “SUPERINTENDENCIA DE RIEGOS DEL TRABAJO  C/ ROESLER JORGE EDUARDO S/APREMIO”

Expte.: -87799-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece  días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia  E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “SUPERINTENDENCIA DE RIEGOS DEL TRABAJO  C/ ROESLER JORGE EDUARDO S/APREMIO” (expte. nro. -87799-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 37, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   fundada la   apelación  de  f. 25 contra la resolución de fs. 22/vta.?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

      1- Para determinar qué juzgado debe conocer, el art. 46 inciso 3ro.  último párrafo de la ley 24557 edicta que “En las provincias serán los tribunales con competencia civil o comercial. “

      Como es dable apreciar, el precepto no adjudica competencia específicamente a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, sino genéricamente a los órganos judiciales con competencia civil o comercial, entre los que pueden ser colocados los Juzgados de Paz Letrados en la Provincia de Buenos Aires, si se repasa la nómina de asuntos en que éstos deben intervenir según el art. 61 de la ley 5827 (Ley Orgánica del  Poder Judicial).

      La competencia en lo civil y comercial es concurrente entre la justicia civil y comercial y la justicia de paz letrada y, cómo es que concretamente se dividen los asuntos civiles y comerciales  entre ellas, es cuestión que corresponde a la provincia dilucidar (arts. 75.12 y 121 Const.Nacional),  lo cual abordaremos en el punto siguiente, pero lo cierto es que lo civil y comercial no es cometido totalmente ajeno a la justicia de paz letrada bonaerense.

 

      2- El título II de la Ley provincial nro. 5827  se denomina “Organos de la Administración de  Justicia”.

      Su capítulo V se designa “Juzgados de Primera Instancia.  Competencia por materia”. El primer artículo de dicho capítulo es el nro. 50, que dice así  (texto según Ley 13634):  “Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ejercerán su jurisdicción en todas las causas de las materias civil, comercial y rural de orden voluntario o contradictorio, con excepción de la que corresponde a los Juzgados de Familia y Juzgados de Paz.”

      Quiere decirse que, en cuanto aquí nos interesa destacar,  corresponde al juzgado de primera instancia todo asunto de materia  civil, comercial y rural que por ley no haya sido asignado al juzgado  de paz letrado.

            Dicho de otra forma, lo que corresponde al juzgado de paz  letrado en materia civil, comercial y rural, no le compete al juzgado  ordinario; y para la ley esa divisoria de aguas es –o mejor,  es asimilable a-  una diferenciación de competencia por la materia a juzgar por el título del Capítulo V del Título II -, se insiste, “Juzgados de Primera Instancia.  Competencia por materia”- y por el contenido del recién transcripto  art. 50.

      Entonces, ¿qué le compete a un juzgado de paz letrado del departamento judicial en materia civil y  comercial?

            Ello surge del capítulo X del mismo título II de la Ley 5827, más específicamente del art. 61.II, que por la locución “además” incluye también los asuntos elencados en el art. 61.I, entre los que figuran “apremios” según el inciso 1, subinciso f.

      De tal forma que los “apremios”  corresponden al juzgado de paz  letrado  territorialmente competente de acuerdo a las reglas que resulten  aplicables a la relación jurídica de que se trate,  y no,  siendo así, entonces, al concurrente Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.

      A menos que el actor  tenga su domicilio real en  el ámbito territorial de competencia del juzgado de paz letrado  pertinente, en cuyo caso por regla tiene derecho de opción para acudir  ante el Juzgado de Paz Letrado o ante el Juzgado de Primera Instancia  en lo Civil y Comercial del departamento judicial que corresponda a su  domicilio (art. 2º inc. 6º de la ley 10.571, que sustituyó al artículo  3º del D.Ley 9229/78 t.o. por D.Ley 9682/81).

 

      3- Vayamos al caso.

      Para resolver a qué órgano jurisdiccional compete intervenir,  deben formularse y responderse en orden las siguientes preguntas  relativas al sub lite, entre las que no cabe incluir ninguna atinente al domicilio real  o procesal del abogado apoderado de la actora ya que no es parte y sólo lo es su representada (ver f. 30, arts. 41, 49, 34.4 y concs. cód.proc.):

      3.1.  ¿Es asunto que corresponda a la justicia de paz?

      Es dable responder que sí (art. 61 ap. I.1.f. Ley 5827). En  absoluto obsta a ello el art. 46 inciso 3ro.  último párrafo de la ley 24557 (ver considerando 1-).

      3.2. ¿Corresponde territorialmente a algún juzgado de paz?

            Sí, al de General Villegas toda vez que el domicilio denunciado de la demandada se ubica allí  (ver f. 17 vta.; art. 46 inciso 3ro.  párrafo 1ro. ley 24557, art. 5 inc. 7º cód. proc., y  3 D.Ley 9122; art. 3 ley 13406).

      3.3.  ¿El actor tiene su domicilio allí?

      No, lo tiene en Capital Federal (ver f. 17 ap. I).

                  En suma, como de acuerdo a lo narrado en demanda (ver  Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, Ed. LEP, La Plata, 1992, t.II-A,  pág. 70 a 72; Cám.Apel.T.Lauquen Civ. y Com., RSD 20-54, 11-6-91,  “Pantanali, Omar Rodolfo y otros c/ Bramajo, Julio y/u ocupantes s/  Desalojo”) el asunto ventilado corresponde materialmente a la  competencia de la justicia de paz letrada, siendo que territorialmente  le cabe entender al Juzgado de Paz Letrado de General Villegas  y que la actora no tiene domicilio  en ese ámbito, careciendo  entonces ésta de derecho de opción (art. 2º inc. 6º de la ley 10.571, que sustituyó al artículo  3º del D.Ley 9229/78 t.o. por D.Ley 9682/81),  es dable declarar que el Juzgado  de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 1 es incompetente para  entender en el caso y pudo así ser dispuesto  de oficio por tratarse de una  competencia en razón de la materia (otra vez, ver nombre del Capítulo V del  Título II de la Ley 5827 y contenido del art. 50; cfme. aut. y ob. cits. más arriba, parág.  “C. Caracteres”, pág. 10), absoluta, de orden público y por lo tanto  improrrogable por la voluntad de las partes (art. 21 cód. civ. arts. 1  y 4 1er. párrafo cód. proc.; cfme. aut. y ob. cits., fallos cits. en  pág. 40, 58, 59 y 147 del Depto. Judicial de Mercedes).

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 25 contra la resolución de fs. 22/vta.

      TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

      S E N T E N C I A

      Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

      Desestimar la apelación de f. 25 contra la resolución de fs.   22/vta.

      Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                              Carlos A. Lettieri

                                       Juez

 

 

 

         Silvia Ethel Scelzo

             Jueza

 

 

 

 

 

                           Toribio E. Sosa

                                   Juez

 

     Juan Manuel García

             Secretario

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado Civil y comercial 1

Libro: 42 – / Registro: 289

Autos: “FOURNIER, CLAUDIA C/ AMX ARGENTINA S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -87803-

 

      TRENQUE LAUQUEN, 13 de septiembre de 2011.    

      AUTOS Y VISTOS:  el recurso de apelación  “por bajos” deducido a fojas 114;   lo dispuesto por este Tribunal a fojas 79/80; 

      Y CONSIDERANDO.

      La parte demandada  condenada en costas mediante  la sentencia de fojas 79/80, no fue  notificada del auto regulatorio de fojas  111 en su  domicilio social, por lo que al mediar sólo apelación por exiguos, el tratamiento del recurso  del abogado Ripamonti  debe ser diferido hasta la oportunidad en que la entidad social se encuentre debidamente notificada (arts. 34.5.a. y b. del cpcc. y  54 y 57 del d-ley 8904/77); ello   por cuanto  dicho profesional tampoco   dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 73  segunda parte a)  de la ley 5177.

      Sí en cambio pueden regularse los honorarios correspondientes a las tareas llevadas a cabo en esta instancia por la abogada Obiglio obrantes a fojas 69/72 (art.   31 de la norma arancelaria local).

      Por tales motivos, la Cámara  RESUELVE:

      Diferir  el tratamiento  de la apelación interpuesta a fojas 114.

      Regular  honorarios a favor de la abog. PAULA MARIA OBIGLIO (por el escrito de fojas 69/72), fijándolos en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE -$217- (equivalentes a 1,4 jus -1 jus $155, según Ac. 3544 de fecha 4 de mayo de 2011- de la SCBA; hon. de prim.inst. x 35%, art. 31 d-ley cit.).

      Cantidad ésta a la  que se le deberán efectuar las retenciones y/o adiciones que por ley pudieren corresponder.

      Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 del d-ley 8904/77).

 

                             Carlos A.Lettieri

                                      Juez

    Silvia E.Scelzo

         Jueza

 

                             Toribio E. Sosa

                                     Juez

 

   Juan Manuel García

       Secretario

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló

Libro: 42- / Registro: 290

Autos: “K., Y. G. C/ F., P. A. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -87659-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce  días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia  E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “K., Y. G. C/ F., P. A. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -87659-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fojas 262, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Debe ser declarado desierto el recurso de fojas 233?.

SEGUNDA:  ¿Debe ser estimada la apelación de fojas 223?

TERCERA:     ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ LETTIERI DIJO:

      El recurso de apelación de fojas 233 fue concedido a fojas 239, y como el memorial no fue presentado hasta la fecha, corresponde a la Cámara como juez del recurso declararlo desierto (este Tribunal: 02-10-07, “BANCO DE  LA  PAMPA c/ MARTIN, JUAN FLORINDO Y OTRA s/  Ejecución  Prendaria”, L.38 R.328; art. 246 párrafo primero cód. cit.).    

      TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ LETTIERI DIJO:

      1. La jueza aquo decidió fijar la cuota alimentaria en favor de la hija menor del demandado en la suma de $ 1000  (fs. 211/216vta.).

 

      2. La actora interpone recurso de apelación contra dicha resolución en cuanto considera insuficiente la cuota por los siguientes motivos:

      a.  en la audiencia de absolución de posiciones se determinó que el demandado también percibe un ingreso en negro de $ 20280, es decir que en total obtiene $40561 mensuales.

      b. Se probó que atento al trabajo de la madre de la menor se deben efectuar otros gastos -empleada para el cuidado de la menor-, que determina que la cuota fijada sea insuficiente.

 

      3. Ahora bien, más allá de que pudiera sostenerse la ficta confesión de alguna o algunas posiciones que expresaran que el demandado tuviera un ingreso mensual en “negro” equivalente al  percibido en “blanco”, ello no condice con lo que ha sido postulado en la demanda, donde en ningún momento alude a que tenga el demandado ingresos marginales de esa magnitud (arg. ats. 34 inc. 4, 163 inc. 6to.y 272 del Cód. Proc.).

      En todo caso, si como afirma en su escrito liminar, Fernández también obtenía recursos de sus trabajos para las empresas “Don Julio” y “Transporte C.R.B. S.R.L.”, debió haber probado el hecho mediante prueba informativa dirigida a las firmas mencionadas (arg. arts. 376 y 384 del Cód. Proc.).

      Por otra parte, las manifestaciones vertidas por la apelante respecto a que serían escasos los $ 1000 fijados en la sentencia en razón de la existencia de otros gastos (servicio de empleada a efectos del cuidado a la menor, etc), son novedosas puesto que no se hizo mención de ellas en la demanda, por manera que a su respecto no puede ser considerada prueba alguna (arg. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 272 y 362 primera parte del Cód. Proc.).

      ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

A LA TERCERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

      Corresponde:

      1- Declarar desierto el recurso de apelación de fojas 233;

      2- Desestimar la apelación de fojas 223.

      TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

      S E N T E N C I A

      Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

      1- Declarar desierto el recurso de apelación de fojas 233;

      2- Desestimar la apelación de fojas 223.

      Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                             Carlos A. Lettieri

                                     Juez

 

      Silvia Ethel Scelzo

             Jueza

 

                           Toribio E. Sosa

                                   Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 42- / Registro: 295

Autos: “SUPERINTENDENCIA DE RIEGOS DEL TRABAJO  C/ GARRIDO PEDRO DARIO S/APREMIO”

Expte.: -87817-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce  días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen en  Acuerdo ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia  E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “SUPERINTENDENCIA DE RIEGOS DEL TRABAJO  C/ GARRIDO PEDRO DARIO S/APREMIO” (expte. nro. -87817-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 37, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación de f. 25 contra la resolución de fs. 21/22?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

      1- Para determinar qué juzgado debe conocer, el art. 46 inciso 3ro.  último párrafo de la ley 24557 edicta que “En las provincias serán los tribunales con competencia civil o comercial. “

      Como es dable apreciar, el precepto no adjudica competencia específicamente a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, sino genéricamente a los órganos judiciales con competencia civil o comercial, entre los que pueden ser colocados los Juzgados de Paz Letrados en la Provincia de Buenos Aires, si se repasa la nómina de asuntos en que éstos deben intervenir según el art. 61 de la ley 5827 (Ley Orgánica del  Poder Judicial).

      La competencia en lo civil y comercial es concurrente entre la justicia civil y comercial y la justicia de paz letrada y, cómo es que concretamente se dividen los asuntos civiles y comerciales  entre ellas, es cuestión que corresponde a la provincia dilucidar (arts. 75.12 y 121 Const.Nacional),  lo cual abordaremos en el punto siguiente, pero lo cierto es que lo civil y comercial no es cometido totalmente ajeno a la justicia de paz letrada bonaerense.

 

      2- El título II de la Ley provincial nro. 5827  se denomina “Organos de la Administración de  Justicia”.

      Su capítulo V se designa “Juzgados de Primera Instancia.  Competencia por materia”. El primer artículo de dicho capítulo es el nro. 50, que dice así  (texto según Ley 13634):  “Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ejercerán su jurisdicción en todas las causas de las materias civil, comercial y rural de orden voluntario o contradictorio, con excepción de la que corresponde a los Juzgados de Familia y Juzgados de Paz.”

      Quiere decirse que, en cuanto aquí nos interesa destacar,  corresponde al juzgado de primera instancia todo asunto de materia  civil, comercial y rural que por ley no haya sido asignado al juzgado  de paz letrado.

            Dicho de otra forma, lo que corresponde al juzgado de paz  letrado en materia civil, comercial y rural, no le compete al juzgado  ordinario; y para la ley esa divisoria de aguas es –o mejor,  es asimilable a-  una diferenciación de competencia por la materia a juzgar por el título del Capítulo V del Título II -, se insiste, “Juzgados de Primera Instancia.  Competencia por materia”- y por el contenido del recién transcripto  art. 50.

      Entonces, ¿qué le compete a un juzgado de paz letrado del departamento judicial en materia civil y  comercial?

            Ello surge del capítulo X del mismo título II de la Ley 5827, más específicamente del art. 61.II, que por la locución “además” incluye también los asuntos elencados en el art. 61.I, entre los que figuran “apremios” según el inciso 1, subinciso f.

      De tal forma que los “apremios”  corresponden al juzgado de paz  letrado  territorialmente competente de acuerdo a las reglas que resulten  aplicables a la relación jurídica de que se trate,  y no,  siendo así, entonces, al concurrente Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.

      A menos que el actor  tenga su domicilio real en  el ámbito territorial de competencia del juzgado de paz letrado  pertinente, en cuyo caso por regla tiene derecho de opción para acudir  ante el Juzgado de Paz Letrado o ante el Juzgado de Primera Instancia  en lo Civil y Comercial del departamento judicial que corresponda a su  domicilio (art. 2º inc. 6º de la ley 10.571, que sustituyó al artículo  3º del D.Ley 9229/78 t.o. por D.Ley 9682/81).

 

      3- Vayamos al caso.

      Para resolver a qué órgano jurisdiccional compete intervenir,  deben formularse y responderse en orden las siguientes preguntas  relativas al sub lite, entre las que no cabe incluir ninguna atinente al domicilio real  o procesal del abogado apoderado de la actora ya que no es parte y sólo lo es su representada (ver f. 30, arts. 41, 49, 34.4 y concs. cód.proc.):

      3.1.  ¿Es asunto que corresponda a la justicia de paz?

      Es dable responder que sí (art. 61 ap. I.1.f. Ley 5827). En  absoluto obsta a ello el art. 46 inciso 3ro.  último párrafo de la ley 24557 (ver considerando 1-).

      3.2. ¿Corresponde territorialmente a algún juzgado de paz?

            Sí, al de General Villegas  toda vez que el domicilio denunciado de la demandada se ubica allí  (ver f. 16 vta.; art. 46 inciso 3ro.  párrafo 1ro. ley 24557, art. 5 inc. 7º cód. proc., y 3 D.Ley 9122; art. 3 ley 13406).

      3.3.  ¿El actor tiene su domicilio allí?

      No, lo tiene en Capital Federal (ver f. 16 ap. I).

                  En suma, como de acuerdo a lo narrado en demanda (ver  Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, Ed. LEP, La Plata, 1992, t.II-A,  pág. 70 a 72; Cám.Apel.T.Lauquen Civ. y Com., RSD 20-54, 11-6-91,  “Pantanali, Omar Rodolfo y otros c/ Bramajo, Julio y/u ocupantes s/  Desalojo”) el asunto ventilado corresponde materialmente a la  competencia de la justicia de paz letrada, siendo que territorialmente  le cabe entender al Juzgado de Paz Letrado de General Villegas  y que la actora no tiene domicilio  en ese ámbito, careciendo  entonces ésta de derecho de opción (art. 2º inc. 6º de la ley 10.571, que sustituyó al artículo  3º del D.Ley 9229/78 t.o. por D.Ley 9682/81),  es dable declarar que el Juzgado  de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 1 es incompetente para  entender en el caso y pudo así ser dispuesto  de oficio por tratarse de una  competencia en razón de la materia (otra vez, ver nombre del Capítulo V del  Título II de la Ley 5827 y contenido del art. 50; cfme. aut. y ob. cits. más arriba, parág.  “C. Caracteres”, pág. 10), absoluta, de orden público y por lo tanto  improrrogable por la voluntad de las partes (art. 21 cód. civ. arts. 1  y 4 1er. párrafo cód. proc.; cfme. aut. y ob. cits., fallos cits. en  pág. 40, 58, 59 y 147 del Depto. Judicial de Mercedes).

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 25 contra la resolución de fs. 21/22.

      TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

      S E N T E N C I A

      Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

      Desestimar la apelación de f. 25 contra la resolución de fs.   21/22.

      Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                              Carlos A. Lettieri

                                       Juez

 

 

 

         Silvia Ethel Scelzo

                Jueza

 

 

 

 

 

 

 

                           Toribio E. Sosa

                                   Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                          

Juzgado de origen: Juzxgado Civil y Comercial 1

Libro: 42- / Registro: 296

Autos: “SUPERINTENDENCIA DE RIEGOS DEL TRABAJO  C/ FALCIGLIA Y CIA. CEREALES S.A. S/APREMIO”

Expte.: -87818-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce  días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia  E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “SUPERINTENDENCIA DE RIEGOS DEL TRABAJO  C/ FALCIGLIA Y CIA. CEREALES S.A. S/APREMIO” (expte. nro. -87818-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 35, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación de f. 23 contra la resolución de fs. 19/20?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

      1- Para determinar qué juzgado debe conocer, el art. 46 inciso 3ro.  último párrafo de la ley 24557 edicta que “En las provincias serán los tribunales con competencia civil o comercial. “

      Como es dable apreciar, el precepto no adjudica competencia específicamente a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, sino genéricamente a los órganos judiciales con competencia civil o comercial, entre los que pueden ser colocados los Juzgados de Paz Letrados en la Provincia de Buenos Aires, si se repasa la nómina de asuntos en que éstos deben intervenir según el art. 61 de la ley 5827 (Ley Orgánica del  Poder Judicial).

      La competencia en lo civil y comercial es concurrente entre la justicia civil y comercial y la justicia de paz letrada y, cómo es que concretamente se dividen los asuntos civiles y comerciales  entre ellas, es cuestión que corresponde a la provincia dilucidar (arts. 75.12 y 121 Const.Nacional),  lo cual abordaremos en el punto siguiente, pero lo cierto es que lo civil y comercial no es cometido totalmente ajeno a la justicia de paz letrada bonaerense.

 

      2- El título II de la Ley provincial nro. 5827  se denomina “Organos de la Administración de  Justicia”.

      Su capítulo V se designa “Juzgados de Primera Instancia.  Competencia por materia”. El primer artículo de dicho capítulo es el nro. 50, que dice así  (texto según Ley 13634):  “Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ejercerán su jurisdicción en todas las causas de las materias civil, comercial y rural de orden voluntario o contradictorio, con excepción de la que corresponde a los Juzgados de Familia y Juzgados de Paz.”

      Quiere decirse que, en cuanto aquí nos interesa destacar,  corresponde al juzgado de primera instancia todo asunto de materia  civil, comercial y rural que por ley no haya sido asignado al juzgado  de paz letrado.

            Dicho de otra forma, lo que corresponde al juzgado de paz  letrado en materia civil, comercial y rural, no le compete al juzgado  ordinario; y para la ley esa divisoria de aguas es –o mejor,  es asimilable a-  una diferenciación de competencia por la materia a juzgar por el título del Capítulo V del Título II -, se insiste, “Juzgados de Primera Instancia.  Competencia por materia”- y por el contenido del recién transcripto  art. 50.

      Entonces, ¿qué le compete a un juzgado de paz letrado del departamento judicial en materia civil y  comercial?

            Ello surge del capítulo X del mismo título II de la Ley 5827, más específicamente del art. 61.II, que por la locución “además” incluye también los asuntos elencados en el art. 61.I, entre los que figuran “apremios” según el inciso 1, subinciso f.

      De tal forma que los “apremios”  corresponden al juzgado de paz  letrado  territorialmente competente de acuerdo a las reglas que resulten  aplicables a la relación jurídica de que se trate,  y no,  siendo así, entonces, al concurrente Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.

      A menos que el actor  tenga su domicilio real en  el ámbito territorial de competencia del juzgado de paz letrado  pertinente, en cuyo caso por regla tiene derecho de opción para acudir  ante el Juzgado de Paz Letrado o ante el Juzgado de Primera Instancia  en lo Civil y Comercial del departamento judicial que corresponda a su  domicilio (art. 2º inc. 6º de la ley 10.571, que sustituyó al artículo  3º del D.Ley 9229/78 t.o. por D.Ley 9682/81).

 

      3- Vayamos al caso.

      Para resolver a qué órgano jurisdiccional compete intervenir,  deben formularse y responderse en orden las siguientes preguntas  relativas al sub lite, entre las que no cabe incluir ninguna atinente al domicilio real  o procesal del abogado apoderado de la actora ya que no es parte y sólo lo es su representada (ver f. 28, arts. 41, 49, 34.4 y concs. cód.proc.):

      3.1.  ¿Es asunto que corresponda a la justicia de paz?

      Es dable responder que sí (art. 61 ap. I.1.f. Ley 5827). En  absoluto obsta a ello el art. 46 inciso 3ro.  último párrafo de la ley 24557 (ver considerando 1-).

      3.2. ¿Corresponde territorialmente a algún juzgado de paz?

            Sí, al de Carlos Casares toda vez que el domicilio social denunciado de la demandada se ubica allí  (ver f. 14 vta.; art. 46 inciso 3ro.  párrafo 1ro. ley 24557, art. 5 inc. 7º cód. proc., y 3 D.Ley 9122; art. 3 ley 13406).

      3.3.  ¿El actor tiene su domicilio allí?

      No, lo tiene en Capital Federal (ver f. 14 ap. I).

                  En suma, como de acuerdo a lo narrado en demanda (ver  Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, Ed. LEP, La Plata, 1992, t.II-A,  pág. 70 a 72; Cám.Apel.T.Lauquen Civ. y Com., RSD 20-54, 11-6-91,  “Pantanali, Omar Rodolfo y otros c/ Bramajo, Julio y/u ocupantes s/  Desalojo”) el asunto ventilado corresponde materialmente a la  competencia de la justicia de paz letrada, siendo que territorialmente  le cabe entender al Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares  y que la actora no tiene domicilio  en ese ámbito, careciendo  entonces ésta de derecho de opción (art. 2º inc. 6º de la ley 10.571, que sustituyó al artículo  3º del D.Ley 9229/78 t.o. por D.Ley 9682/81),  es dable declarar que el Juzgado  de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 1 es incompetente para  entender en el caso y pudo así ser dispuesto  de oficio por tratarse de una  competencia en razón de la materia (otra vez, ver nombre del Capítulo V del  Título II de la Ley 5827 y contenido del art. 50; cfme. aut. y ob. cits. más arriba, parág.  “C. Caracteres”, pág. 10), absoluta, de orden público y por lo tanto  improrrogable por la voluntad de las partes (art. 21 cód. civ. arts. 1  y 4 1er. párrafo cód. proc.; cfme. aut. y ob. cits., fallos cits. en  pág. 40, 58, 59 y 147 del Depto. Judicial de Mercedes).

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 23 contra la resolución de fs. 19/20.

      TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

      Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

      S E N T E N C I A

      Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

      Desestimar la apelación de f. 23 contra la resolución de fs.   19/20.

      Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                              Carlos A. Lettieri

                                       Juez

 

 

 

         Silvia Ethel Scelzo

                Jueza

 

 

 

 

                           Toribio E. Sosa

                                   Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría