Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                            

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

Libro: 49– / Registro: 227

Autos: “GARCIA DUPEROU, SANTIAGO C/ MONTANE, CELICA ANDREA  S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”

Expte.: -90831-

                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los ocho  días del mes de agosto de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “GARCIA DUPEROU, SANTIAGO C/ MONTANE, CELICA ANDREA  S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” (expte. nro. -90831-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 6 de agosto de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 168? .

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI    DIJO:

          Ha recordado la Suprema Corte, en diversos precedentes, que la ley procesal permite al recurrente, en el supuesto de verdadera falta de recursos -único que razonablemente puede contemplarse-, demostrar judicialmente su situación y litigar sin carga pecuniaria en materia de gastos causídicos, y así poder acudir a la instancia extraordinaria obviando el depósito exigido por el artículo 280 del Cód. Proc. (S.C.B.A., Ac 79705, sent. del 08/11/2000, ‘Gómez, Ulises O. c/ Domínguez, Ricardo s/Cobro de pesos. Rec. de queja’, en Juba sumario  B36905; S.C.B.A., Ac 95734, sent. del 31/05/2006, ‘Toseler S.A.C.I.F. c/Banco Argencoop. Cooperativo Limitado. s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B37431  Ac. 79.705, 8-XI-2000; Ac. 93.300, 21-IX- 2005).

            En ese cometido, entonces, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el apelante, corresponde explorar acerca de la prueba producida por la parte actora, su refutación por la demandada, para  apreciar la situación patrimonial del interesado que de ello resulte, y desde ese dato, si la apelación ha de prosperar o no y, en su caso, en qué medida (arg. arts. 78. 79, 80 y concs. del Cód. Proc.; S.C.B.A., B 62459, sent. del 09/09/2015, ‘Coll, Jaime Bernardo c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa. Incidente de beneficio de litigar sin gastos’, en Juba sumario B4003788).

          Pues bien, en su escrito inicial el actor indicó únicamente ingresos atribuidos a su desempeño en una empresa familiar por valor de $ 20.000,  y la prueba aportada consistió en la constancia de inscripción en la Afip, la declaración jurada de ingresos brutos del año 2016, de informes a la misma entidad, al registro de la propiedad del automotor y el testimonio de tres personas.

          No obstante, en que atañe al impuesto a los ingresos brutos, se advierte que aporta por dos códigos de actividad: 701090, que corresponde a ‘Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados’ y  74140 referido a ‘Servicios de asesoramiento dirección y gestión empresarial’   (http://www.arba.gov.ar/Informacion/InfoGeneral/Naiib/

naiibbCodigos.asp).

            Por el primero declaró por el período 8/2017, ingresos por $ 51.110 y por el segundo $ 20.000. Lo cual muestra que estos últimos, no serían los únicos percibidos por el solicitante (fs. 3, 6, 7 y 8/vta. tercer párrafo). Abona este detalle, su presentación de fojas 72/vta., en la cual –en lo que interesa– se menciona celebrando contratos de arrendamiento a porcentaje, considerando el ingreso respectivo integrando la declaración jurada de ingresos brutos.

          De la información proporcionada por Arba, resulta, además, que es responsable impositivo de pago del impuesto inmobiliarios por las matriculas que se indican a foja 16 y del impuesto inmobiliario edificado rural, con el mismo Cuit 23-23869611-9 (f. 8).

          Estos datos enlazan con la aclaración de foja 34, con arreglo a la cual el interesado trató de quitarle entidad a la noticia, aseverando que se trataría de inmuebles que le fueron donados por sus padres o por Justo Martín Górriz, en condominio con sus hermanos (fs. 79/82). Si bien los que responden a las partidas 28.500, 28.569 y 28.770, parecen transferidos en dominio pleno (fs. 42/57).

          En el caso de los donados por Górriz, con un usufructo vitalicio a favor del donante (fs. 79/82) Tocante a los primeros afectados como capital integrante de la sociedad de la empresa agropecuaria familiar, con campos en Roosevelt, en el suroeste y en el  noroeste del partido de América (fs. 101/vta, Deandrea). Lo cual ubicaría al actor como socio de la misma, con sus implicancias (arg. arts. 1, 2, 11.4, 13, 37, 38, 40, 49, 68 y concordantes de la ley 19.550 (t.o. 1984; anexo II de la ley 26.994). Situación que deja abierto el interrogante de por qué si aportó esos bienes a la mencionada sociedad de la empresa familiar –en la cual participa en la toma de decisiones junto a su padre  y un hermano-  no le producirían rentas, frutos ni dividendos (arg. art. 13 de la ley citada; fs. 34, cuarto párrafo, f. 102, Deandrea).

          No obstante, sin perjuicio de ello y otras informaciones –como que según el informe de foja 147, sería integrante de una sociedad ‘Agropecuaria Renovación S.A.’-, cobra particular relevancia para apreciar los recursos del peticionante, conocer que aparece poseyendo en el Banco de la Nación Argentina, sucursal América, tres depósitos a plazo fijo o/r por un saldo total de $ 447.639,63 y un depósito a plazo fijo s/f por un saldo de $ 102.082,06 (fs. 120, 129/132). En el Banco de La Pampa, tiene la cuenta 3253/5 de plazo fijo, que integra en forma recíproca con otros dos titulares, siendo el monto de $ 913.417,91 (fs. 123, 133/134).

          Es claro que, frente a la información, el actor reveló que los fondos no eran de su propiedad, sino que figuraba en ellos por cuestiones de seguridad. Asegurando que de acuerdo a la restante prueba de autos y especialmente de la declaración jurada de ingresos brutos, sería imposible que tuviera esa capacidad de ahorro (fs. 135/vta.).

          Pero esa salvedad, que no fue formulada en el escrito inicial, no aparece corroborada por prueba fidedigna.

          Es que, por lo pronto, los fondos depositados a la orden recíproca se presume que pertenecen por partes iguales a los titulares de la cuenta en -este caso del depósito- presunción que puede ser destruida por la prueba en contrario. Independientemente que el instrumento se encuentre en poder de uno de ellos (arg. art. 1400 del Código Civil y Comercial; Villegas, Carlos Gilberto, ‘Régimen legal de Bancos’,  pág. 66; S.C.B.A., Ac. 56352, sent. del 11/03/1997, ‘De Vega, Mirta Susana s/Incidente de titularidad de certificado de plazo fijo en autos: “Martín, Ramón s/Sucesión”’, en Juba sumario B23908).

          Y esa presunción no llega a ser destruida por lo que el actor haya expuesto en su declaración jurada de impuesto a los ingresos brutos (fs. 6/7). Toda vez que tratándose de una manifestación unilateral del propio interesado, aún formulada a la autoridad de aplicación, no refleja sino lo que de su parte ha considerado necesario expresar a esos fines impositivos, pero que no descartan que en un juicio se acrediten otros datos que en ella no consten, si es que debieran constar. De modo que no permite obtener conclusiones inequívocas (arg. arts. 163 inc. 5, segundo párrafo, del Cód. Proc.).

          Aparte de esto, como se ha referido en párrafos anteriores, se ha acreditado la existencia de otros bienes que, en su medida, le corresponden al solicitante, y cuya alegada falta de rentabilidad, fruto o dividendo, no ha quedado concretamente definida (fs. 16, 42/57, 79/82).

          En fin, como puede verse, aquella afirmación inicial formulada por el actor –que constituyó el presupuesto de hecho alegado como base del pedido del beneficio– y según la cual no tendría la posibilidad de abonar el depósito del artículo 280 del Cód. Proc., dado que se desempeña laboralmente en la empresa familiar por la que recibe $ 20.000, sin denuncia de otros ingresos ni bienes, no resultó acreditada tal cual como fue expuesta (arg. arts. 78/80, 358, 375, y concs. del Cód. Proc.). En este sentido, puede agregarse que testigos como Deandrea –quien no tiene conocimiento de lo que aquel factura, no le consta– y  Moreno –que no sabe bien a qué se dedica la empresa familiar, ni dónde esta ubicada y supone su ingreso– no apoyan esa versión (fs. 103/vta. y 150/vta.; arg. arts. 384 y 456 del Cód. Proc.).

          En cambio, se trajo al proceso otra información que muestra al interesado como dotado de una mayor capacidad económica que, a tenor de lo que ha podido apreciarse, lo excluye de la franquicia dedicada a quienes carecieran de recursos suficientes o de la posibilidad de obtenerlos (arg. arts. 78 y 79 del Cód. Proc.).

          Por ello, corresponde hacer lugar al recurso y desestimar el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas al actor en ambas instancias por resultar vencido (arg. arts. 68 y 274 del Cód. Proc.).

          VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

          Corresponde  estimar la apelación de f. 168 y desestimar el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas al actor en ambas instancias (arg. arts. 68 y 274 del Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

          Estimar la apelación de f. 168 y desestimar el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas al actor en ambas instancias  y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

          Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma por encontrarse con pedido de licencia médica en trámite.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                            

Juzgado de origen: Juzgado de Familia n° 1

Libro: 49– / Registro: 219

Autos: “PITONI VANESA C/ MORAN MARCOS SEBASTIAN S/MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -90777-

                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los siete  días del mes de agosto de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “PITONI VANESA C/ MORAN MARCOS SEBASTIAN S/MATERIA A CATEGORIZAR” (expte. nro. -90777-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 30 de julio de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es   procedente   la   apelación  de  fojas 20/25 contra la resolución de fojas 18/19 .

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

          Al responder a la nulidad planteada por Morán respecto a la cédula de fojas 6/7 (fs. 9/11vta.), Pitoni sostuvo que no había advertido el cambio de domicilio constituido formalizado por el demandado en los autos principales, del cual no fue notificada. Sin perjuicio que la consecuencia de dicha nulidad era invalidar la cédula, debiendo librarse otra, lo que a su juicio resultaría imposible por no tener aquél domicilio electrónico constituido. Hizo hincapié en que había mantenido subsistente el domicilio real al cual había sido dirigida la notificación, solicitando al final se lo intimara a denunciar su domicilio electrónico y dispusiera nueva notificación de la providencia de fojas 176 del principal (fs. 5).

          En suma, quedó clara su disposición a zanjar el tema de la nulidad, accediendo al libramiento de una nueva cédula, si bien con las salvedades referidas.

          La decisión de la jueza de familia, derechamente rechazó la nulidad. Con lo cual fue más allá de lo que la propia apelada estuvo dispuesta a admitir. Y eso tornó incongruente su decisión, en tanto otorgó más de lo pedido por ella (fs. 13/vta.; arg. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Cód. Proc.; S.C.B.A., Rc 118566, sent. del 18/06/2014, ‘F. , A. d. l. M. y D. , R. J. . Recurso de amparo contra Mutual Federada 25 de Junio’, en Juba sumario B28887).

          Con este alcance, cabe admitir el recurso, con costas por su orden, no solamente porque el fundamento es propio, sino porque en lo principal se trata de una cuestión de alimentos, donde no cabe –por principio– imponer costas al alimentado, a salvo supuestos excepcionales que no se explicitan en la especie (arg. art. 68, segunda parte, del Cód. Proc.).

          Adviértese al abogado Morán que deberá constituir domicilio electrónico de conformidad con lo normado por el artículo 3 del anexo único del Acuerdo de la Suprema Corte 3540, del 30 de marzo de 2011, no obstante la excepción que oportunamente le fuera concedida y que de mantenerse la falta de constitución, se considerará incumplido el artículo 40 del Cód. Proc., con la consecuencia de quedar notificado en los términos del artículo 41 del mismo código, de todo aquello que deba serle notificado electrónicamente (arts. 1 y 2 de la Resolución de la Suprema Corte 582/16). Excepto que justifique ser aquello de imposible cumplimiento para él.

          ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

          Corresponde estimar la apelación de fojas 20/25 con costas por su orden (art. 68 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO   DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION   EL JUEZ SOSA  DIJO:

          Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

          Estimar la apelación de fojas 20/25 con costas por su orden y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

          Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                            

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

Libro: 49– / Registro: 218

Autos: “CICCARELLI BIBIANA ANABEL C/ LACAMPAGNE PEDRO OSCAR S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -90825-

                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los siete  días del mes de agosto de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “CICCARELLI BIBIANA ANABEL C/ LACAMPAGNE PEDRO OSCAR S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -90825-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 30 de julio de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es fundada la apelación subsidiaria de fs. 117/120 vta. contra la resolución digital del 1/6/2018?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA    DIJO:

          El juzgado no hizo lugar al aumento de la cobertura cuantitativa del embargo ya ordenado, argumentando bien o mal que los créditos ya embargados a f. 10 vta. son de índole alimentaria y por ende inembargables según lo reglado en el art. 539 CCyC.

          Ni un solo agravio ha sido vertido para intentar refutar esa argumentación relativa al carácter inembargable de los créditos ya embargados a f. 10 vta., lo cual es suficiente para desestimar la apelación sub examine (arts. 34.4, 260 261 y 266 cód. proc.).

          Además, si con el mismo argumento el juzgado habría podido de oficio levantar el embargo dispuesto a f. 10 vta. aunque hubiera sido consentido (art. 220 cód. proc.), a fortiori pudo hacer algo menos que eso: no aumentar su cuantía (art. 34.4 cód. proc.).  Es así que, si el embargo ya trabado otorga amplia prioridad de cobro (art. 745 CCyC), al no hacer lugar a la ampliación el juzgado no hizo otra cosa que restringir esa prioridad sólo hasta las cifras indicadas a f. 10 vta., de alguna manera “levantándolo” por el momento sólo más allá de esas cifras.

          VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

          Corresponde desestimar la apelación subsidiaria de fs. 117/120 vta. contra la resolución digital del 1/6/2018.

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

          Desestimar la apelación subsidiaria de fs. 117/120 vta. contra la resolución digital del 1/6/2018.

          Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                            

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 49– / Registro: 208

Autos: “FULLAGRO SRL S/ MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -90806-

                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de julio de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “FULLAGRO SRL S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (expte. nro. -90806-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 168, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es procedente la apelación de f. 162 contra la resolución de f. 161?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          1. En el proceso urgente de las medidas autosatisfactivas, así como por una parte existe una limitación “cognoscitiva” del juez (ya que sólo precede a su decisión un proceso sumario -en el sentido de breve-), por la otra se exige lo que alguna doctrina llama “fuerte probabilidad” (algo más que la “verosimilitud” pero menos que la “certeza”) de que el derecho postulado tenga asidero.

          Al juez hay que convencerlo de dos cosas:

          1) de la fuerte “probabilidad” de que le asista razón al ocurrente y que por ello se hace necesario “anticiparle la tutela” que hubiera obtenido luego de un trámite ordinario, lento y tortuoso; y, 

          2) de la “urgencia” (mucho más que el peligro en la demora) en que sea atendido su pedido so riesgo de sufrir un “daño inminente e irreparable” (ver “Medidas Autosatisfactivas”, Ateneo de Estudios en el Proceso Civil, director Jorge W. Peyrano. ed. Rubinzal Culzoni, págs. 154 y sgtes.).

          2. Vayamos al caso.

          2.1. La fuerte probabilidad de existencia del derecho.

          Alcanza con leer el memorial para advertir que la cuestión traída a juicio como “medida autosatisfactiva” excede el marco de las mismas; el propio actor al expresar los agravios dice “…cuando ya se nos desconoció la intimación formulada por carta documento….”.

          Y de la prueba agregada surge claramente la controversia planteada respecto a las 649 bolsas de semillas de girasol que Fullagro le quiere restituir -sin más- a Syngenta, y que la parecer, Syngenta no quiere recibirlas ya que dice haberlas vendido (ver carta documento de f. 7, donde Fullagro le contesta a Syngenta negando expresamente adeudar a Syngenta Agro SA. suma alguna de dinero, ver también intercambio de mails que obran entre fs.135 y 152, donde las partes intentan alcanzar un acuerdo con resultado infructuoso).

          Por manera que, a la vista está que el derecho invocado por Fullagro está controvertido. En otras palabras, no se advierte la fuerte probabilidad del derecho invocado.

          2.2. Respecto de la irreparabilidad del daño, aclaro que, por más necesario y urgente que sea el traslado de las semillas -los informes datan de hace tiempo y los mismos indican una “recomendación”- sin la fuerte probabilidad del derecho invocado, considero que, en todo caso, sería la parte actora quier debería proveer una solución al respecto.

          3. Así, en tanto no se advierte –prima facie– que pudiera encauzarse la solución del conflicto por el carril de las medidas autosatisfactivas, situación que de vislumbrarse posible, cuanto menos por analogía, podría haber evitado el trámite de la mediación previa (arg. art. 4.6., ley 13951), entiendo cabe desestimar el recurso interpuesto.         

          TAL MI VOTO.      

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

          1- En síntesis la actora sostiene que la demanda le hizo entrega de 649  bolsas de semilla que no le compró y que el depósito de ellas le ocasiona perjuicios; por eso, pide que, como tutela autosatisfactiva, se ordene judicialmente la devolución (f. 153 vta. ap. II).

          2-  La tutela autosatisfactiva puede ser entendida como una especie dentro del género de la tutela urgente, concebible para neutralizar sin demora situaciones con riesgo de daño irreparable (arg. art. 15 Const.Pcia. Bs.As.; art. 232 cód. proc.; esta cámara: “VARELA JUAN ALBERTO C/ I.O.M.A S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA” 5/7/2013 lib. 44 reg. 201;   PEYRANO en “Reformulación de la teoría de las medidas  cautelares:   tutela  de urgencia. Medidas autosatisfactivas”, en Jurisprudencia Argentina 1997-II-933/937; ).

          En el caso, la situación viene desde el año 2013 (f. 154), de manera que mal puede pretextarse como urgente,  toda vez que el tiempo transcurrido involucra la inactividad de la propia parte actora que bien podría antes haber acudido a la justicia (v.gr. ver a simili art. 820 cód. proc.). Además,  la prueba tendiente a acreditar -pese a esa tardanza prejudicial de la actora-  la urgencia en la demora ha sido meramente preconstituida unilateral y  extrajudicialmente,  lo que le resta actual poder válido y suficiente de convicción en un territorio que va más allá de lo meramente precautorio (ver, en agravios,  párrafos 7 y 8 del apartado. II;  fs. 9/20 y 164/164; arts. 34.5.b, 327 último párrafo y 384 cód. proc.).

          3- Corresponde, entonces, de momento, confirmar la resolución apelada sólo en tanto remite a la instancia de mediación prejudicial obligatoria de la ley 13951 (art. 34.4 cód. proc.).

          VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en segundo término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

          Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias,

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

          Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

          Confirmar la resolución apelada sólo en tanto remite a la instancia de mediación prejudicial obligatoria de la ley 13951.

          Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                            

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pellegrini

Libro: 49– / Registro: 204

Autos: “BERTERREIX, GABRIEL HORACIO S/MEDIDAS PRELIMINARES”

Expte.: -90805-

                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de julio de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BERTERREIX, GABRIEL HORACIO S/MEDIDAS PRELIMINARES” (expte. nro. -90805-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 12, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 13 contra la resolución de fs. 10/vta?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI    DIJO:

          Con la denominación de medida preliminar, el peticionante solicitó se ordenara librar mandamiento de constatación respecto del inmueble (frigorífico-matadero) ubicado en el sector industrial planificado de la ciudad de Pellegrini (f. 7.I., primero y segundo párrafos).

          En lo que interesa destacar, indicó ser poseedor del predio desde 1995, estar en conocimiento de algunas disputas entre el municipio y concesionarios en torno a la explotación del frigorífico, y que se debía discernir entre la ocupación de las siete hectáreas y la explotación de la planta. Dijo, además que la acción se entablaría contra la Municipalidad de Pellegrini. (fs. 7.II y vta.).

          La jueza rechazó la pretensión, desde el comienzo mismo. Consideró que no había demostrado el carácter de poseedor y que no aparecía la necesidad de la medida cuando sostenía estar poseyendo desde la fecha indicada. En suma, que no había demostrado fehacientemente la necesidad de la diligencia requerida (fs. 10/vta.).

          La resolución fue apelada por el postulante. Tonificando la petición inicial, entre otros argumentos, sostuvo que la constatación era indispensable para colectar información a fin de una posterior demanda. Y en este sentido la vinculó con el reconocimiento de un derecho ulterior.

          Pues bien, ciertamente que no parece razonable requerir de quien pretende demandar, acredite de modo fehaciente el derecho que le asiste. Está en los prolegómenos de su acción y el libre acceso a la justicia no permite imponerle demostrar aquello que deberá justificar durante la etapa propicia del proceso que entable (art. 15 de la Constitución provincial; arg. art. 323 del Cód. Proc.).

          Pero es claro que si para resolver acerca de lo pretendido es menester apreciar si son justas las causas en que se funda, entonces deben proporcionarse datos más precisos que permitan la comprensión de los fines que se aspiran alcanzar con la medida, antes que sólo evocar que es poseedor y desea un reconocimiento del inmueble que supuestamente posee o aducir que se va a controvertir con la municipalidad, sin informar siquiera de qué acción se trataría. Al menos para apreciar la relación existente entre la diligencia que se pide y el objeto del futuro pleito (arg. arts. 327 del Cód. Proc.).

          En fin, quizás la jueza se apresuró a desestimar la petición y tampoco fue adecuado pedir que probara fehacientemente los hechos aducidos. Pero eso no oculta que hay un déficit en la postulación –no subsanado en el memorial- que debe ser cubierto y para lo cual puede que sea suficiente con señalar lo faltante, en los términos del artículo  345.b del Cód. Proc..

          Por ello, aunque la desestimación prematura se revoca, esto es sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior.

          ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

          Corresponde estimar la   apelación  de  f. 13 y, en consecuencia revocar  la resolución de fs. 10/vta, sin perjuicio de lo indicado en los considerandos al ser votada la primera cuestión.

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

          Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

          Estimar la   apelación  de  f. 13 y, en consecuencia revocar  la resolución de fs. 10/vta, sin perjuicio de lo indicado en los considerandos al ser votada la primera cuestión.

          Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                            

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 49– / Registro: 200

Autos: “CARRIZO LIDIA MIRTA Y OTRO/A C/ DE LUCA JUAN JOSE S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO”

Expte.: -90064-

                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los once  días del mes de julio de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “CARRIZO LIDIA MIRTA Y OTRO/A C/ DE LUCA JUAN JOSE S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO” (expte. nro. -90064-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 177, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 167 contra la resolución de fs. 166/vta.? .

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

          Aunque la excepción de defecto legal fue interpuesta como defensa de fondo –no obstante lo previsto al respecto en los artículos 345.5 y 352.4 del Cód. Proc.-, lo cierto es que el juez al resolverla a fojas 166/vta y desestimarla, no incurrió en incongruencia. Sino que, justamente, desestimó la pretensión de que fuera considerada en la sentencia definitiva (fs. 109/vta., 166/vta. ; arg. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Cód. Proc.).

          Por otra parte, en lo que atañe a la imposición de costas, las mismas no se impusieron el excepcionante porque el tratamiento de la excepción se hubiera efectuado antes del momento deseado por aquel, sino porque el juez consideró, con cierto o sin él, que el objeto pretendido en la demanda resultaba claro, en cuanto pretendía el cobro de la suma de dinero resultante de la recomposición del monto del contrato de compraventa, lo cual no era fácilmente determinable con una simple operación aritmética (fs. 166/vta.; arg. art. 69 del Cód. Proc.).

          Y en ese aspecto, el pronunciamiento no mereció crítica alguna (arg. art. 260 y 261 del Cód. Proc.).

          En suma, si el eje de la apelación fue la violación del principio de congruencia, desestimado ese argumento por las razones expuestas, el recurso debe desestimarse.

          VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

          Desde la obra de Oskar Von Bülow escrita en 1868, “La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales” (ARA Editores, Lima, 2008), se sabe que no es una cuestión de fondo que la demanda no sea oscura al explicitar los elementos de la pretensión: es un presupuesto procesal condicionante de la eficacia de la relación jurídica procesal (ver allí pág.32).

          Por eso es que el juez de oficio, antes de sustanciar la demanda, si  se percata que la demanda es inepta  debe requerir que los elementos de la pretensión sean precisados o aclarados (arts. 34.5.b y 330 cód. proc.). También el accionado puede acusar que la demanda es defectuosa en ese sentido, lo cual consiste en nada más que  un grito de exhortación  -según Von Bülow, ob. cit. pág. 33- al juez para que no olvide observar ese deber.

          Por eso es que si la demanda no es oportunamente precisada o aclarada, el CPCC dispone la extinción de la relación jurídica procesal (art. 352.4 párrafo 2°), sin llegar al estadio de emitir pronunciamiento de mérito sobre la pretensión.

          Es más, aun suponiendo que la formulación de la  pretensión fuera oscura y que eso no se advirtiera sino hasta el momento de la sentencia definitiva, aunque inusual entre nosotros acaso podría el juez emitir una pronunciamiento inhibitorio esgrimiendo esa falencia para poner fin al proceso, sin expedirse sobre el mérito de la pretensión y así sin tránsito hacia cosa juzgada material (ver López Blanco, Hernán F. “Instituciones de Derecho Procesal colombiano”, Ed. Dupré, Bogotá, 1997, 7ª ed., t.I, pág. 918 y sgtes.).

          En fin,  el demandado no puede, con su palabra, convertir en defensa de fondo lo que es sólo un impedimento procesal (Carli, Carlo “La demanda civil”, Ed. Lex, La Plata/Buenos Aires, 2008, pág. 193 y sgtes.), y, por eso,  no hizo mal el juez al resolver la cuestión como previa en vez de diferirla para el tiempo de emitirse sentencia definitiva (art. 34.4 cód. proc.).

          Por esas razones, y por sus propios fundamentos,  adhiero al voto que abre el acuerdo (art. 266 cód. proc.).

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos adhiere a ambos  votos emitidos en primer y segundo término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

          Corresponde desestimar la   apelación  de  f. 167 contra la resolución de fs. 166/vta., con costas al apelante vencido (arg. art. 68  cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

          Desestimar la   apelación  de  f. 167 contra la resolución de fs. 166/vta., con costas al apelante vencido  y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

          Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                            

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí

Libro: 49– / Registro: 199

Autos: “ISATTE, RUBEN JORGE C/ HERNANDEZ, SONIA MABEL S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”

Expte.: -90808-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los once  días del mes de julio de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “ISATTE, RUBEN JORGE C/ HERNANDEZ, SONIA MABEL S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” (expte. nro. -90808-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 38, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 29/30 contra la resolución de fs. 26/27 ?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

          En lo que interesa destacar, al dictar sentencia en este beneficio de litigar sin gastos, la jueza reguló los honorarios de  letrado Purón, que actuó en la especie como defensor oficial, en los términos del artículo 91 de la ley 5827 (fs. 5/vta., 8/9, 26/27). Lo hizo fijándole cuatro ius.

          Se queja el abogado por considerar baja la regulación. Indica que la nueva ley de honorarios 14.967, establece como honorarios mínimos la cantidad de siete ius, por lo que considera que cualquier regulación por debajo de ella debe ser revisable (f. 29.2 segundo párrafo). Aunque reconoce que conforme la actual acordada de la Suprema Corte –debe referirse a la 2341– el máximo son seis ius.

          Afirma no comprender la razón para que se le regulara por debajo de dicho monto, en franca violación de lo normado en el artículo 9:II.14 de la ley 14.967.

          Ahora bien, no obstante la vigencia de esta última ley arancelaria, la Suprema Corte no ha modificado la Acordada 2341. Y hasta quizás no encuentre motivo para para hacerlo, en tanto el artículo 91 de la ley 5821 que encomendó al Tribunal prever una escala de honorarios y en virtud de lo cual se eligió una  entre cuatro y seis, permanece vigente cuando se trata de honorarios para retribuir la labor de los Defensores de Pobres y Ausentes, desinsaculados por un Juez de Paz Letrado, con cargo al Presupuesto del Poder Judicial.

          Así, a falta de reforma al texto de tal artículo como al de la mencionada acordada y sin agravios concretos al régimen establecido por éstas normas que justifique por qué la regulación practicada dentro de los márgenes que contemplan, ha de considerarse baja, teniendo en cuenta las tareas realizadas en este incidente, no queda sino desestimar el recurso.

          VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION   LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          1- La  retribución está enmarcada dentro de lo normado por los arts. 91 de la ley 5827 y  1 del AC. 2341 de la Suprema Corte de Justicia (v. mi voto en expte. 90612 sent. del 6-3-18 “F. G., M.A. s/ Guarda” L. 49 Reg. 33).

          2- Respecto del valor del jus a tener en cuenta, cabe señalar que el trabajo profesional fue realizado bajo la vigencia de la nueva ley arancelaria provincial. De tal suerte, que los estipendios deberán ser cuantificados por la  ley 14967.

          Ello así, pues como ya me expedí en otros casos, a los pocos días de dictada la ley 14967 la SCBA sentó criterio en el tema clarificando la situación en los autos “Morcillo, Hugo Héctor c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. decr.-ley 9020, sent. del 8-11-2017, al cual adhiero pero además de acatamiento obligatorio (arts. 161 regla 3.a de la Const. de la Pcia. de Bs.As. y 278 Cód. Proc.).

          Allí dijo al tiempo de regular honorarios estando ya vigente la ley 14967, que era “menester fijar un criterio para los casos en que, como en éste, la tarea profesional se llevó a cabo total o parcialmente durante la vigencia de la ley arancelaria hoy derogada.”

          Así,  respecto de un honorario devengado bajo la vigencia del d-ley 8904/77, pero a regularse al tiempo de estar sancionada la nueva ley arancelaria provincial, en alusión a las etapas del proceso cumplidas a la luz de dicho decreto indicó que “resulta necesario… discriminar aquellas (etapas) pasadas durante la vigencia del régimen anterior de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema” correspondiendo “dejar establecido que a los fines de la regulación de honorarios en este caso, en el que los trabajos se realizaron estando en vigor el decreto ley 8904/1977, habrán de utilizarse las pautas y la unidad arancelaria (ius) allí instituida, cuyo quantum el Tribunal fijó mediante el Acuerdo N° 3871, dictado el día 25 de octubre del corriente. ”

          El fallo en cuestión es claro: si los trabajos se devengaron bajo el régimen derogado, éste será el aplicable.

          Tal postura -como se dijo- constituye doctrina legal de acatamiento obligatorio  (arts. 161 regla 3.a de la Const. de la Pcia. de Bs.As. y 278 Cód. Proc.; ver en sentido coincidente entre otros Cám. Civil y Comercial de Necochea sent. del 15-11-2017, “R, S.P.c/E., E. R. s/ alimentos”).

          2.1. Pero además se aprecia que el fallo de la SCBA se compadece con el criterio que intenta evitar una aplicación retroactiva de la nueva ley, susceptible de afectar derechos adquiridos (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Prov. Bs. As. y  7 CCyC).

          Tratándose de honorarios devengados bajo la vigencia de la ley derogada, estamos en presencia de una obligación personal entre profesional y cliente que se consolidó durante la vigencia de la ley anterior, restando sólo la cuantificación que no es más que un acto declarativo de un honorario ya devengado.

          No corresponde, pero tampoco sería prudente que el legislador hubiera impuesto que frente a cada acto procesal que el cliente realizara con asistencia letrada, el juez le asignara un valor pecuniario a ese trabajo, es decir a continuación de cada escrito presentado, le regulara honorarios al profesional por ese escrito. Por razones de buen orden procesal, la ley estatuyó momentos precisos para la cuantificación del honorario (art. 28, d-ley 8904/77 y su homónimo de la ley 14967; pero que no hubiera cuantificación no significa que no hubiera un honorario devengado con un valor según el acuerdo que pudieron profesional y cliente pactar o en su defecto regido por la normativa vigente a esa fecha; en ausencia de acuerdo, cada trabajo realizado bajo la vigencia del viejo  d-ley de honorarios devengó un honorario que se consumó con ese d-ley; en otras palabras juega la noción de consumo jurídico.

          Al respecto ha dicho la SCBA que “Cabe recordar que el art. 3 del Código Civil establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico (conf. C. 101.610, sent. del 30-IX-2009) (conf. SCBA C. 107.516, “Canio, Daniel Gustavo contra Seguro Metal Coop. de Seguros. Cumplimiento contractual”, sent. del 11 de julio de 2012 en Juba).

          Y la regulación de honorarios cuanto más, puede ser una consecuencia, de hechos sucedidos y consumados en el pasado bajo el imperio o vigencia de la ley anterior, es decir el d-ley 8904/77. Como lo es la decisión que determina la responsabilidad por un accidente de tránsito acaecido bajo la vigencia del Código Civil Velezano, al cual hoy se le aplica, a los fines de determinar la responsabilidad del autor del hecho ilícito, el código derogado y no el CCyC; porque el hecho generador de responsabilidad se produjo y consumó en el pasado. Del mismo modo, en el caso, el hecho generador del honorario -el trabajo profesional realizado bajo la vigencia del d-ley derogado- se consumó en el pasado (art. 7 CCyC).

          Es que la regulación de honorarios es declarativa del derecho del letrado a cobrar la suma de dinero que por convenio o por la ley le correspondía, por ese preciso y particular trabajo realizado; la regulación sólo hace una  traducción a números del valor de una  labor consumada y cerrada en un tiempo anterior bajo el imperio de una normativa vigente a esa época.

          Y ello así, además en función de la relación jurídica que unía al cliente con su letrado que se generó y consumó justamente en el pasado, como también el devengamiento del honorario con cada acto que el letrado realizó; en el caso la relación que unía al Estado a cargo del honorario con la profesional que prestó los servicios; y según sea la época de esos servicios, si  bajo la vigencia del d-ley 8904/77 o la ley 14967, será de aplicación uno u otro ordenamiento; y por consiguiente también el valor del jus que en cada caso corresponde: 3 según el Ac. 3871 y 1 según Ac. 3869 (también ver “Considerando Ac. 3871).

          En suma, a la fecha de su desinsaculación y concretar su trabajo, el letrado tenía una expectativa concreta de cobro y el Estado sabía el alcance de sus obligaciones; y esos fueron los términos de la ley y aceptados por la profesional. Modificar posteriormente ese sinalagma, afectaría derechos adquiridos (arts. 17 Const. Nac. y 7 CCyC). Esto hace que en el caso se aplique la ley vigente a la fecha en que cada labor profesional fue realizada, pues esa ley es la que tuvieron en miras las partes en cada una de esas oportunidades (arts. 3 y 20 CC y 7 y 8 CCyC; ver fallo plenario de la Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata, en particular votos de los Dres. Bermejo y López Muro del 30-11-2017 en autos “E.A., M.B. c/L.C.A. H. H. s/divorcio por presentación unilateral; Reg. 240; Folio 1594 en pág. de la SCBA “blogs de Cámaras” de la sala señalada).

          2.2. Para cerrar he de aclarar que, pese a la referencia que se hace del d-ley 8904/77 en las dos normas indicadas en 1., mutatis mutandi, ha de entenderse que tal alusión lo es hoy a la nueva ley arancelaria que derogó y reemplazó el viejo d-ley 8904/77. Ello así, cuando se trata de regular honorarios devengados bajo la nueva ley 14967; en consonacia, además, con el caso “Morcillo” citado.

          De tal suerte, entiendo que el recurso prospera  en la medida de lo indicado supra, es decir calculando el jus a valor de la ley 14.967.

          ASÍ LO VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JEUZ LETTIERI  DIJO:

          Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, desestimar la apelación  de  fs. 29/30 contra la resolución de fs. 26/27.

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION   LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

          Desestimar la apelación  de  fs. 29/30 contra la resolución de fs. 26/27.

          Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación en primera instancia (arts. 54 y 57 de la ley 14.967).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 49– / Registro: 196

Autos: “ROSSI JOSE MARIA  Y OTROS C/ CORDOBA JUAN CARLOS  Y OTROS S/ DIVISIÓN  DE CONDOMINIO ” EXPTE. .28357″

Expte.: -90770-

                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de julio de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “ROSSI JOSE MARIA  Y OTROS C/ CORDOBA JUAN CARLOS  Y OTROS S/ DIVISIÓN  DE CONDOMINIO ” EXPTE. .28357″ (expte. nro. -90770-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 33, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  fs. 7/9 contra la resolución de fs. 5/6?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

          Uno de los tres adquirentes en condominio de tres lotes subastados en los autos ‘Rossi, José M. y otros c/ Córdoba, Juan C. y otros s/ división de condominio’, se presentó invocando ser acreedor embargante de Holwer Fernando Constante Antipasti (hoy sus herederos), Carlos Iriarte Márquez, Nëlida Beatríz Rubio y Martín Alfredo Soriano Nazar -condóminos,  entre otros,  del inmueble subastado-, postulando derecho a compensar por la suma de $264.133,06, que revela como total de las notas de embargo de fojas 2283, 2722 y 2723, haciendo reserva de actualizar las liquidaciones en cada proceso (fs. 1/4, 7/11, 127/134, 2230/2233 bis, de la especie).

          Sería pues, la hipótesis de un tercero acreedor, que se presenta en las actuaciones relativas al remate, y que aspira a ‘compensar’ su crédito con el precio de la subasta, respecto de la cual valen similares conceptos referidos a la compensación del ejecutante que resulta adquirente en la subasta decretada en la ejecución promovida contra su deudor (arg. art. 100, segundo párrafo, del Cód. Proc.: Sosa, T.E., ‘Subasta judicial’, 3ra. edición ampliada y actualizada, pág. 187 nota 247).

          En definitiva, lo que el peticionante persigue es una autorización eximitoria parcial del deber de depositar el precio por los bienes adquiridos en la subasta, que el juez que dispuso el remate podrá adoptar, si están dadas las condiciones para ello (arg. art. 584 del Cód. Proc.; aut. cit., op. cit. pág. 197, 7.6.7).

          Fundamentalmente el carácter preferente o prioritario del crédito de aquél, frente a otras acreencias prevalentes, observando la situación de otros acreedores.

          Porque si hay una alternativa condicionante de la decisión de eximir al peticionante del pago de una parte del precio, esa es la existencia de terceros acreedores, con vocación de cobrarse sus créditos también con el producido de la subasta (aut. cit., op. cit. pág. 197, 7.6.7., párrafo final).

          En este sentido, puede decirse que por prioritario que pudiera resultar la acreencia del interesado como acreedor de los condóminos que indica, siempre habrá otros créditos, en este proceso, que serán prevalentes: tal el caso de la reserva de gastos correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización del bien y la cantidad que debe calcularse para atender los honorarios generados por las diligencias y tramitaciones llevadas a cabo sobre el mismo (arg. arts. 2573, 2574, 2584, 2585 y concs. del Código Civil y Comercial).

          Por otra parte, en lo que interesa destacar, se advierten notas de embargo: (a) del Fisco Nacional, AFIP, sobre el producto de la subasta a fojas 1711y 1733; (b) de los autos ‘Febrer, Miguel A. c/ Rossi, José M. y otros s/ cobro de pesos’ (causa 26183), deuda litigiosa, respecto –entre otros– de Holwer Fernando Constante Antipasti y Martín A. Soriano Nazar, que resulta de fojas 2636 y de lo expuesto a fojas 11, cuarto párrafo, de esta pieza.

          Sin perjuicio del detalle sobre deudas y notas de embargo que se ha formulado en la resolución del 9 de junio de 2016 y que, en algunos puntos, podrían cobrar incidencia en la pretensión de que aquí se trata (fs. 3037/3039 vta.).

          Con este marco, si se repara en lo normado por los artículos 1996, 2376 y 2384 del Código Civil y Comercial, en armonía con lo dispuesto en el artículo 674 del Cód. Proc., no aparece razonable –de momento– acceder a la ‘compensación’   o eximición en los términos solicitados.

          Esto así, pues aparece anticipándose a la composición de la masa partible, descontando también las cargas -como gastos causados por la partición o liquidación y los hechos en beneficio común-, a partir de la cual se formarán las asignaciones para cada condómino, entre ellos los involucrados en el pedido que se analiza. Pudiendo el ejecutante –recién entonces y en su caso- apartar de la cuota que les corresponda, la suma que pueda imputarse al crédito correlativo a cada una de las notas de embargo aludidas en su presentación, para su transferencia a la orden del juez que las dispuso (arg. arts. 883.b del Código Civil y Comercial).

          Por consecuencia, como aún no se ha llegado al momento que se indica como para proceder de ese modo, la ‘compensación’ o eximición que se solicita, no puede ser dispuesta con el alcance pretendido.

          En suma, el recurso se desestima, con costas al apelante vencido (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

          ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO   DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

          Corresponde desestimar la apelación de fs. 7/9 contra la resolución de fs. 5/6, con costas al apelante vencido (arg. art. 68  cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO   DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION   EL JUEZ SOSA  DIJO:

          Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

          Desestimar la apelación de fs. 7/9 contra la resolución de fs. 5/6, con costas al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

          Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 49– / Registro: 187

Autos: “DEMATTEIS LUIS MARIA Y OTROS   C/ CABALEIRO RAUL ALBERTO S/EJECUCION DE SENTENCIA”

Expte.: -90437-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los tres  días del mes de julio de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “DEMATTEIS LUIS MARIA Y OTROS   C/ CABALEIRO RAUL ALBERTO S/EJECUCION DE SENTENCIA” (expte. nro. -90437-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 608, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación subsidiaria de f. 595/597?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          1. La recurrente se agravia de la liquidación practicada de oficio por el juzgado, en resumen por cuanto considera que se utilizan   las fechas de las libranzas como parámetro para el cómputo, en lugar de utilizar las de los depósitos ingresados; además  manifiesta respecto del depósito de $ 800.000 que fue invertido a plazo fijo por decisión ajena a su voluntad y no se contempla la fecha en que fue depositado o en todo caso  los intereses ganados (fs. 595/597).

          2. En cuanto a la fecha de pago que debe computarse se ha dicho que cuando se trata de un pago realizado en el proceso como aquí acontece- los efectos cancelatorios propios de tal instituto tienen lugar desde que el acreedor queda formalmente enterado del depósito judicial de la suma adeudada pero a condición que los fondos se encuentren disponibles. Los intereses en el caso, se deben hasta el momento en que los fondos quedan a disposición del acreedor y en condiciones de ingresar a su patrimonio (arts. 724 inc. 1º, 725, 740, 742, 744 y cc. del Código Civil; CC0203 LP 102252 RSI-143-4 I 12/06/2004, Carátula: “Ledesma c/Gareis s/Daños y perjuicios”, ver juba sum.  B353798).

          En el caso, la parte recurrente no alega que no haya existido un obrar diligente de la contraparte para obtener los fondos depositados, como para modificar el criterio antes expuesto, de modo que las sumas depositadas quedaron disponibles una vez emitidos las libranzas por el juzgado. En consecuencia el agravio en este punto debe ser desestimado.

          En cambio, estimo  le asiste razón al apelante en lo atinente al cómputo del depósito de $ 800.000, pues si bien la libranza  se efectivizó una vez vencido el plazo fijo en que se habían colocado, lo que implica que los fondos pudieron recién a partir de esa fecha ingresar al patrimonio del acreedor, no pueden dejar de computarse los intereses generados por esa operación.

          Por lo anteriormente expuesto, corresponde estimar parcialmente la apelación subsidiaria, debiendo incluirse en la liquidación aprobada los intereses generados por los $ 800.000 mientras estuvieron depositados a plazo fijo.

          Para concluir es dable consignar que para no desvirtuar la liquidación convertida a jus, éstos han de calcularse siempre a los valores brindados por el d-ley 8904/77 pues fue el parámetro utilizado en sus inicios.

          3. En virtud del éxito parcial de la apelación propongo que las costas de esta instancias sean soportadas en un 70% a cargo del apelante y en un 30% a cargo del apelado vencido. 

           ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

          Corresponde estimar parcialmente la apelación subsidiaria, debiendo incluirse en la liquidación aprobada los intereses generados por los $800.000 mientras estuvieron depositados a plazo fijo, los que han de calcularse siempre a los valores brindados por el d-ley 8904/77 pues fue el parámetro utilizado en sus inicios.

          En virtud del éxito parcial de la apelación las costas de esta instancia sean soportadas en un 70% a cargo del apelante y en un 30% a cargo del apelado vencido (arg. art. 68 cód. proc), con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios arg. art.  arts. 51 y 31 ley 14967).

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

          Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

          Estimar parcialmente la apelación subsidiaria, debiendo incluirse en la liquidación aprobada los intereses generados por los $800.000 mientras estuvieron depositados a plazo fijo, los que han de calcularse siempre a los valores brindados por el d-ley 8904/77 pues fue el parámetro utilizado en sus inicios.

          En virtud del éxito parcial de la apelación las costas de esta instancia sean soportadas en un 70% a cargo del apelante y en un 30% a cargo del apelado vencido , con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

          Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                            

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial  2

Libro: 49– / Registro: 186

Autos: “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: “SAAVEDRA, CARLOS ALBERTO C/ALVAREZ, SERGIO DOMINGO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)”

Expte.: -90793-

                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintisiete  días del mes de junio de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: “SAAVEDRA, CARLOS ALBERTO C/ALVAREZ, SERGIO DOMINGO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)” (expte. nro. -90793-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 39, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la queja de fs. 34/37 contra la resolución de f. 35?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

          Es inapelable la resolución que no ordena producir  una nueva pericia por disconformarse el apelante respecto de las conclusiones de otra ya realizada, sin perjuicio del oportuno ejercicio por el juzgador de la atribución reglada en los arts. 36.2 y 473 párrafo 3° CPCC y de la chance de replanteo reglada en el art. 255.2 CPCC (art. 377 cód. proc.).

          VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA  SCELZO DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

          Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

          Corresponde desestimar la queja de fs. 34/37 contra la resolución de f. 35.

          TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

          Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

          Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

          S E N T E N C I A

          Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

          Desestimar la queja de fs. 34/37 contra la resolución de f. 35.      

          Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, archívese.