Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

Libro: 49– / Registro: 390

Autos: “R., L. D.  R. Y Z., M. C. S/ HOMOLOGACION  DE CONVENIO”

Expte.: -90956-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los quince  días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “R., L. D. R. Y Z., M. C. S/ HOMOLOGACION  DE CONVENIO” (expte. nro. -90956-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 15 de noviembre de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación de fs. 85/86 contra la resolución de fs. 79/80?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            El acuerdo sobre custodia y comunicación no contiene convenio sobre costas (ver fs. 74/75), de modo que, no habiendo ni vencedores ni vencidos,  no fueron mal impuestas por su orden (art. 68 párrafo 2° cód. proc.).

            Además, tal  es la regla en esa materia aunque hubiera habido discordia y heterodecisión con victoria y derrota, habida cuenta que es razonable -y  hasta  loable-  que ambos  progenitores procuren ejercer esas funciones con la mayor amplitud posible  (ver esta cámara:  “B., M. D.c/ M., G. A.s/  Restitución  de  Tenencia”, sent. del 25/10/2005, lib. 36 reg. 350; “C., R.  A.  c/ P., A. G. s/ Tenencia”, sent. del  12/12/2006, lib. 37 reg. 499).

            Por fin, de otorgarse el beneficio de litigar sin gastos iniciado por  R.,  eso no la podrá eximir del pago de las costas a su cargo (ver f. 86 párrafos 2° y 3°), tampoco -menos todavía- hacer que sean pagadas por Z., (ver r. 86 párrafo 1°) y, sí, en cambio, nada más, diferir su pago hasta que mejore de fortuna (arts. 84 y 34.4 cód. proc.).

            VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación de fs. 85/86 contra la resolución de fs. 79/80.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de fs. 85/86 contra la resolución de fs. 79/80.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

_____________________________________________________________

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

_____________________________________________________________

Libro: 49– / Registro: 389

_____________________________________________________________

Autos: “GATICA JONATHAN AGUSTIN C/EBERTZ FELIPE EDUARDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -90480-

_____________________________________________________________

            TRENQUE LAUQUEN, 14  de noviembre de 2018

            AUTOS Y VISTOS: el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal  de fecha 7/11/2018 contra la sentencia de fs. 362/364 vta..

            CONSIDERANDO:

            El recurso ha sido deducido en término, se dirige contra sentencia definitiva  (art. 278 Cód. Proc.), se menciona la normativa que  se  considera violada  o aplicada  erróneamente, indicando en qué consiste la presunta violación o error  (arts.  279  “proemio”  y últ. párr. y 281 incs. 1, 2 y 3 Cód. cit.), se impugna por absurda la resolución por los fundamentos expresados en el punto III.2- del escrito recursivo, el valor del agravio excede el mínimo legal de 500 Jus arancelarios previstos por el art. 278 del Código Procesal que, a la fecha, asciende a la suma de $ 650.000 (1 Jus = $ 1300 x 500 Ac. 3913; art. 278 primer párrafo, mismo código; ver valor reclamado en demanda: $1.103.950, fs. 17/24).

            Se ha denunciado el inicio del trámite de beneficio de litigar sin gastos  por los representantes legales del actor, menor de edad al momento de interposición de la demanda, con fecha 19/2/2013  (v. p.II.d) y expte. 199436 visible a través de la Mev de la SCBA), por lo que debe otorgarse al  recurrente un plazo de tres meses para acreditar ante este Tribunal haber obtenido el beneficio definitivo, bajo el apercibimiento previsto en el artículo 280 primer párrafo del Código Procesal y proceder de acuerdo al cuarto párrafo de esa norma.

            Por lo anterior, la Cámara RESUELVE:

            1- Conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal  de fecha 7/11/2018 contra la sentencia de fs. 362/364 vta..

            2- Intimar a Jonathan Agustín Gatica  para que dentro del plazo de tres meses de notificado de la presente acredite ante esta cámara haber obtenido el beneficio de litigar sin gastos a que se alude en el punto II. d- del recurso extraordinario de fecha 7/11/18, bajo apercibimiento de:

            a. intimarlo  a efectuar el depósito del artículo 280 primer párrafo del Código Procesal y proceder de acuerdo al cuarto párrafo de esa norma (cfrme. SCBA, Ac. C 120.699, “Sindicato de Trabajadores Municipales de Pehuajó. Concurso Preventivo”, res. del 13-07-2016);

            b. intimarlo  a presentar en mesa de entradas sellos postales para la remisión del expediente a la SCBA, bajo apercibimiento de declararse desierto el recurso  admitido  (art. 282 Cód. Proc.).

            3- Hacer saber a la parte recurrida que le asiste la chance de constituir domicilio en la ciudad de La Plata a sus efectos, lo que podrá hacer ante esta Cámara antes de la remisión del expediente (arts. 280 últ. párr., 284 y concs. cód. cit.).

            Regístrese. Notifíquese  personalmente  o  por cédula  con  cumplimiento  del  párrafo  2do.  Acuerdo 3275/06 de la SCBA (arts. 282 in fine  Cód. Proc.). Ofíciese. Hecho, sigan los autos según su estado.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 49– / Registro: 388

Autos: “GARDES DANIEL EMILIO Y OTRO/A C/ DI PIETRO FRANCISCO OSCAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -90662-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce  días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “GARDES DANIEL EMILIO Y OTRO/A C/ DI PIETRO FRANCISCO OSCAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -90662-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 12 de noviembre de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación de f. 281 contra la resolución de fs. 272/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Los propios demandantes anexaron la constancia según la cual la cobertura de la aseguradora tuvo vigencia desde el 11/8/2014 (f. 32), siendo que el hecho alegado como fundamento de su pretensión sucedió antes de esa vigencia (el 6/8/2014).

            Esa información debió conducir por lo menos a la duda, la cual pudo y debió despejar la parte actora antes de precipitar la citación en garantía (ver f. 125 7.4. ap. 4; art. 34.5.d. cód. proc.). A tal fin, pudo motorizar una diligencia preliminar, lo que no hizo (art. 323.1 cód. proc.).

            Es más, al contestar el traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva, comoquiera que fuese los accionantes no se allanaron declinando la citación (fs. 215/216;  art. 34.5.d cód. proc.). Y, luego, tampoco cuestionaron en su mérito la decisión estimatoria de la excepción, de modo que terminaron aceptando la falta de legitimación pasiva argüida por la citada en garantía.

            Por otro lado, del acta de cierre de mediación, confidencialidad mediante,  no surge sobre qué  se trató, de manera de poder establecerse que la aseguradora se hubiera abstenido de explicar mejor su situación allende la constancia de f. 32, ya de por sí suficientemente explicativa (ver fs. 138/140 vta.).

            Es difícil creer que el asegurado demandado hubiera inducido a error a los accionantes sólo por adjuntar el certificado de cobertura (el aquí  f. 32)  a las actuaciones penales, ya que esa actitud no pudo prevalecer sobre el contenido de ese certificado, el cual ilustraba sobre una vigencia posterior al hecho ilícito. No obstante, esa actitud del asegurado demandado es circunstancia ajena a la aseguradora citada en garantía, que se vió forzada a realizar o devengar gastos para  comparecer al proceso debido a una citación imprudentemente impulsada por los demandantes citantes y, habiendo comparecido, los venció  en cuanto a su falta de legitimación pasiva (arts. 69 y 77  cód. proc.).

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación de f. 281 contra la resolución de fs. 272/vta., con costas a los apelantes infructuosos (arts. 69 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de f. 281 contra la resolución de fs. 272/vta., con costas a los apelantes infructuosos y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

_____________________________________________________________

Juzgado de origen: juzgado civil y comercial 2

_____________________________________________________________

Libro: 49– / Registro: 387

_____________________________________________________________

Autos: “POVEDA MARIA ALMA  C/ FERRERO MARIA CATALINA S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS”

Expte.: -90674-

_____________________________________________________________

            TRENQUE LAUQUEN, 14 de noviembre de 2018.

            AUTOS Y VISTO: lo decidido por este tribunal a fs. 65/67 vta..

            CONSIDERANDO.

            La sentencia de fs. 65/66vta. hizo lugar a la apelación articulada por la abogada María Alma Poveda, quien actúa en causa propia, y en consecuencia se cargó con las costas a la parte ejecutada, difiriendo además, la regulación de los honorarios (arts. 26, segunda parte y 31 de la ley 14967).

            Así, sobre la base de los honorarios regulados en la instancia inicial a fs. 84/vta., que llegaron incuestionados a esta instancia, por la apelación de f. 49  fundada a fs. 55/75, contestada a fs. 60/61 y estimada con costas a a la parte ejecutada a fs. 65/66vta., todo según los arts. 15, 16.a, 16.e, 31 y 41 de la ley 14967, la Cámara RESUELVE:

            Fijar para la abogada María Alma Poveda 7,8 Jus  (hon. 1ª inst.  x 30%)  y para el abogado Corbatta 4,5 Jus (hon. 1ª inst. x 25%), los que al día de hoy representan las sumas de $10222,044 y $ 5962,85 respectivamente, las que de acuerdo a la cantidad de Jus regulados deberán ser calculadas el día del efectivo pago (art. 15.d ley 14967) .

            Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Alsina

Libro: 49– / Registro: 386

Autos: “BLANCO FERNANDO OSCAR  C/ BRUZZONE MARTA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -90987-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce  días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BLANCO FERNANDO OSCAR  C/ BRUZZONE MARTA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -90987-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 8 de noviembre de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación de f. 49 contra la sentencia electrónica del 11/9/2018?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Si una persona firma un cheque como representante de otra y  no tiene poder para hacerlo, entonces queda obligada cambiariamente (art. 10 párrafo 2° ley 24452; art. 1825 CCyC). Ergo, si tiene poder para hacerlo y actúa dentro de sus límites, no queda obligada  (art. 34.4 cód. proc.).

            En el caso, en el que la accionada no es la titular de la cuenta corriente girada (ver anverso de los 3 cheques, fs. 5/7), no expresó el actor que ella carecía de poder o  que se hubiera excedido; si hubiera expresado eso, habría generado la carga consistente en que la accionada alegara y probara lo necesario para  su defensa (art. 1821.c CCyC; arts. 34.4, 540 párrafo 3° y 547 cód. proc.).

            Por el contrario, el propio actor admite que la firmante estaba autorizada (f.  9.II) y, el banco, no sólo no rechazó los cheques por diferir firma (los rechazó por falta de fondos, ver fs. 5/7), sino que a f. 17 informó que la firmante estaba autorizada (art. 1019 y 1319 y sgtes. CCyC; arts. 384, 394 y 401 cód. proc. ).

            En fin, puede entenderse que  todos los firmantes quedan solidariamente obligados (art. 40 ley 24522), a menos que actuén como representantes/autorizados (art. 10 párrafo 2° ley cit.), ya que en este último supuesto una interpretación sistemática lleva a entender que el creador y verdadero obligado es el representado/autorizante (arts. 2,  1319 y sgtes. CCyC).

            De modo que, como la falta de legitimación pasiva puede encuadrarse en la inhabilidad de título (el título es inhábil contra un ejecutado no legitimado), corresponde rechazar la ejecución (arg. art. 542.4 cód. proc.; esta cámara: “Fernández c/ Canullán”  6/7/1995 lib. 24 reg. 131; “Morán c/ Bruccianeri” 10/8/1999 lib. 28 reg. 130).

            VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Corresponde estimar la apelación de f. 49 contra la sentencia electrónica del 11/9/2018 y, por eso, rechazar la ejecución, con costas de ambas instancias al ejecutante vencido (art. 556 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar la apelación de f. 49 contra la sentencia electrónica del 11/9/2018 y, por eso, rechazar la ejecución, con costas de ambas instancias al ejecutante vencido y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Tejedor

Libro: 49– / Registro: 385

Autos: “JACA, EDGARDO HUGO C/ LOBIANCO NASELI, MIGUEL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/ USUCAPION”

Expte.: -90968-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce  días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “JACA, EDGARDO HUGO C/ LOBIANCO NASELI, MIGUEL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/ USUCAPION” (expte. nro. -90968-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 14 de noviembre de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es procedente la apelación electrónica del 05/09/2018 a las 9: 23:30 a.m. contra los honorarios regulados con fecha 28/8/2018?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            El juzgado reguló los honorarios a la letrada Cepa, que actuó en la especie como defensor oficial, en los términos del artículo 91 de la ley 5827 (fs. 345, 347 y 407),  fijándole cuatro Jus según  el anterior  AC. 2341  (fs.413vta.).

            La letrada se queja por considerar baja la regulación. Indica que la nueva ley de honorarios 14.967, establece como honorarios mínimos la cantidad de siete Jus, por lo que considera que cualquier regulación por debajo de ella debe ser revisable,  y considera que la regulación conforme al Ac. 2341 de la SCJBA debe adaptarse a la nueva ley arancelaria en cuanto al mínimo que fija de 7 Jus.

            Ahora bien, bajo la vigencia de esta última ley arancelaria, la Suprema Corte  ha modificado la Acordada 2341 (mediante Ac. 3912 de fecha 31 de octubre de 2018)  ampliando  una escala de honorarios  entre  dos y ocho Jus  de acuerdo con el valor establecido por el art. 9 de la ley 14.967.

            Entonces, de acuerdo a esta reforma  y la escasa labor apreciable llevada a cabo por la letrada (fs. 345 -acepta cargo y constituye domicilio-, 347 -contesta-  y 407 -manifiesta – se dicte sentencia-) no se evidencia  por qué la regulación practicada   ha de considerarse baja, por lo que no queda otra alternativa que  desestimar el recurso (art. 34.4. cpcc).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            1- Si la retribución de la apelante está enmarcada dentro de lo normado por los arts. 91 de la ley 5827 y 1 del AC 2341, rige la versión de este último precepto  vigente al momento de la regulación de honorarios, esto es, al 28/8/2018 (art. 7 CCyC; art. 854 párrafo 2° cód. proc.).

            Esa versión del AC 2341 vigente al momento de la regulación es la anterior a la reforma introducida por el AC 3912 de fecha 31/10/2018, lo que descarta la aplicación de ésta (art. 34.4 cód. proc.).

            2- Si la retribución de la apelante está enmarcada dentro de lo normado por los arts. 91 de la ley 5827 y 1 del AC 2341 versión anterior al AC 3912, entonces es innecesaria toda disquisición en torno a la aplicabilidad de normativas que no rigen directa e inmediatamente en el caso, como el d.ley 8904/77  y  la ley 14967- (art. 2 CCyC; art. 34.4 cód. proc.).

            Nada impide que el AC 2341 versión anterior al AC 3912 prevea la retribución en Jus d.ley 8904/77 pese a la entrada en vigencia de la ley 14967,  pues no se ve por qué inexorablemente  el Jus d.ley 8904/77 no pueda seguir siendo una unidad de medida  para ser usada cuando corresponda (art. 7 CCyC).

            3- Por eso, y por sus fundamentos, adhiero al voto que antecede (art. 266 cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            1- La  retribución está enmarcada dentro de lo normado por los arts. 91 de la ley 5827 y  1 del AC. 2341 de la Suprema Corte de Justicia (v. mi voto en expte. 90612 sent. del 6-3-18 “F. G., M.A. s/ Guarda” L. 49 Reg. 33).

            Y en función de las tareas de autos  indicadas en el voto que abre el acuerdo no parecen exiguos los 4 jus fijados por el juzgado en la resolución apelada (v.fs. 412/414).

            2.1. Respecto del valor del jus a tener en cuenta, cabe señalar que parte sustancial del trabajo profesional fue realizado bajo la vigencia del d-ley 8904/77 y  sólo  el escrito de f. 407,  estando vigente la nueva ley arancelaria provincial.

            De tal suerte, sería equitativo en función de las tareas cumplidas bajo el amparo de la ley derogada y la vigente, que 3 jus sean cuantificados por la antigua normativa y un jus por la ley 14967.

            Ello así, pues como ya me expedí en otros casos, a los pocos días de dictada la ley 14967 la SCBA sentó criterio en el tema clarificando la situación en los autos “Morcillo, Hugo Héctor c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. decr.-ley 9020, sent. del 8-11-2017, al cual adhiero pero además de acatamiento obligatorio (arts. 161 regla 3.a de la Const. de la Pcia. de Bs.As. y 278 Cód. Proc.).

            Allí dijo al tiempo de regular honorarios estando ya vigente la ley 14967, que era “menester fijar un criterio para los casos en que, como en éste, la tarea profesional se llevó a cabo total o parcialmente durante la vigencia de la ley arancelaria hoy derogada.”

            Así,  respecto de un honorario devengado bajo la vigencia del d-ley 8904/77, pero a regularse al tiempo de estar sancionada la nueva ley arancelaria provincial, en alusión a las etapas del proceso cumplidas a la luz de dicho decreto indicó que “resulta necesario… discriminar aquellas (etapas) pasadas durante la vigencia del régimen anterior de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema” correspondiendo “dejar establecido que a los fines de la regulación de honorarios en este caso, en el que los trabajos se realizaron estando en vigor el decreto ley 8904/1977, habrán de utilizarse las pautas y la unidad arancelaria (ius) allí instituida, cuyo quantum el Tribunal fijó mediante el Acuerdo N° 3871, dictado el día 25 de octubre del corriente. ”

            El fallo en cuestión es claro: si los trabajos se devengaron bajo el régimen derogado, éste será el aplicable.

            2.2.  Para cerrar he de aclarar que, pese a la referencia que se hacía del d-ley 8904/77 en las dos normas indicadas en 1. (hoy el Ac. 2341 ha sido modificado por Ac. 3912 del 31-10-2018), mutatis mutandi, entendí que tal alusión lo era hoy a la nueva ley arancelaria que derogó y reemplazó el viejo d-ley 8904/77, situación que a la fecha ha quedado zanjada por lo dispuesto por el AC. 3912 de fecha 31 de octubre de 2018. Ello así, en tanto se trate de regular honorarios devengados bajo la nueva ley 14967; en consonancia, además, con el caso “Morcillo” citado.

            3. De tal suerte, entiendo que el recurso prospera sólo en la medida de lo indicado supra.

            TAL MI VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, desestimar la apelación electrónica del 05/09/2018 a las 9:23:30 a.m. contra los honorarios regulados con fecha 28/8/2018

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

             Desestimar la apelación electrónica del 05/09/2018 a las 9:23:30 a.m. contra los honorarios regulados con fecha 28/8/2018

            Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia 1

Libro: 49– / Registro: 384

Autos: “M., L. G.  C/ M., L. E. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”

Expte.: -90974-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce  días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “M., L. G.  C/ M., L. E. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS” (expte. nro. -90974-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 5 de noviembre de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿se ajusta a derecho la sentencia de fs. 108/110 vta. apelada a f. 111?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            1- Se ha aducido, y no ha sido objetado, que el 12/12/2014 fue hecho un acuerdo, comprometiéndose M., a pagar $ 1.500 como cuota alimentaria a favor de su hija de 7 años (fs. 34 vta.).

            El 29/5/2017 la alimentista promovió actuaciones para obtener el incremento de esa cuota (f. 2 vta.),  considerando el aumento de  su edad (f. 34 vta. último párrafo), el incremento del costo de vida como consecuencia de la inflación (f. 34 vta. último párrafo), su estado de salud y los mayores ingresos del alimentante como fruto de su antigüedad en el mismo trabajo (f. 35 últimos dos párrafos). Pidió un 30% de los ingresos del alimentante o el 50 del salario mínimo, vital y móvil (SMVM).

            El juzgado en la sentencia condenó a pagar una nueva cuota alimentaria de $ 6.937,37, considerándola equivalente al 30% del sueldo del alimentante (f. 110).

            2- En diciembre de 2014 –también en octubre de 2014, ya veremos por qué lo digo-  el SMVM era de $ 4.400 (Resol. 3/2014 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil), de manera que los $ 1.500 acordados importaban alrededor del 34%. En octubre de 2014, el sueldo –no se sabe si bruto o neto- del accionado era de $ 10.677,25, según informe de la AFIP (ver archivo PDF anexado a escrito electrónico de la actora del 22/6/2018), vale decir que los $ 1.500 acordados equivalían aproximadamente al 14%.\

            En mayo de 2018 el SMVM era de $ 9.500 (Resol. 3-E/2017 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil). ¿Por qué mayo de 2018? Porque el juzgado tomó en cuenta el recibo de sueldo de mayo de 2018, cuyo importe –otra vez, no se sabe si bruto o neto- era de $ 23.124,58.

            Nótese, entonces,  que un 34% del SMVM de mayo de 2018 asciende a $ 3.230 y que el 14% del sueldo de mayo de 2018 trepa, de modo similar, a $ 3.237,44.

            Si no se ha acreditado ninguna circunstancia excepcional desde el acuerdo de diciembre de  2014, no parece razonable distorsionarlo prescindiendo de su justicia intrínseca avalada por el consenso: o un 14% del sueldo o un 34% del SMVM, pero no un 30% del sueldo (arts. 2 y 3 CCyC; art. 641 párrafo 2° cód. proc.).

            Entre las circunstancias excepcionales que pudieran justificar un incremento de lo acordado en términos reales,  no se ha demostrado el estado de salud de la alimentista (ver informe a f. 93) ni  el incremento del sueldo del demandado en función de su mayor antigüedad (arts. 375 y 384 cód. proc.).

            3- Me parece mejor un 34% del SMVM, toda vez que, sin alterar lo intrínseca y oportunamente acordado y dentro de los límites de la congruencia, despega la cuota alimentaria de los hipotéticos vaivenes mensuales que denuncia el alimentante  (f. 120 vta. anteúltimo párrafo), vaivenes que tienen cierta verosimilitud ya que, si no, inflación mediante, no se explicaría cómo en enero de 2018 su sueldo llegó a $ 27.282,63 (f. 86 bis) mientras que más tarde, en mayo de 2018, fue menor ($23.124,58, ver supra).

            Al momento del inicio de estas actuaciones, en mayo de 2017, el SMVM era de $ 8.060 (Resol. 2/2016 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil), de manera que, a ese momento, la cuota alimentaria debería alcanzar los $ 2.740,40.

            Eso sí, debe contabilizarse de alguna manera el aumento de la edad de la alimentista, a cuyo fin, como es usual para esta cámara a falta de demostración de un mecanismo diferente, voy a usar la variación de las unidades consumidoras en términos de adulto equivalente según información del INDEC (ver https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_10_18.pdf).

            Si para un adulto la cantidad de unidades consumidores es igual a 1, para una niña de 7 años es de 0,66 y para una de 10 años  -edad al momento del inicio de la causa- es de 0,70.

            Si $  2.740,40 refleja lo acordado en diciembre de 2014 pero a valores actuales a mayo de 2017 para una niña de 7 años, para una niña de 10 años es más: $ 2.740,40 / 0,66 * 0,70 = $ 2.906,50.

            Y si $ 2.906,50 refleja la cuota alimentaria para una niña de 10 años a mayo de 2017, al día de hoy esa cuota debe ser de $ 3.968,75, considerando que la actora tiene 11 años (0,72 unidades consumidoras) y que el salario mínimo, vital y móvil es de $ 10.700 (Resol. 3/2018 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil).

            4- El mecanismo expuesto en los considerandos 2- y en 3- para medir  la influencia de la variación del costo de vida y de la edad de la alimentista,  debe ser empleado para hallar la cuota alimentaria devengada a lo largo de este proceso (desde el inicio de las actuaciones y hasta esta sentencia, arts. 165, 163.6 párrafo 2°,  272 y 642 cód.proc.); pero, salvo otras circunstancias a destramarse eventualmente según lo previsto en el art. 647 CPCC, ha de ser usado también desde luego más allá de esta sentencia.

            Lo que propongo en este voto es un mecanismo para hallar el monto de la cuota alimentaria durante todo el proceso e incluso más allá, haciendo las correspondientes liquidaciones (art. 165 párrafo 1° cód. proc.).  Las cantidades de $ 2.906,50 al momento de la demanda (cuando la actora tenía 10 años y el salario mínimo, vital y móvil era de $ 8.060) o de $  3.968,75 al momento de la sentencia (teniendo la actora 11 años y siendo el salario mínimo, vital y móvil de $ 10.700) son meramente ilustrativas de los resultados a los que se llega a través del referido mecanismo.

            Eso así porque, por ejemplo en el caso, no sería correcto condenar a pagar $ 3.968,75 (monto actual, según dicho mecanismo) retroactivamente (art. 642 cód. proc.), cuando durante el proceso la actora no tuvo siempre 11 años ni tampoco siempre el salario mínimo, vital y móvil fue de $ 10.700. Digo más: si por hipótesis las partes en su pasado acuerdo de alimentos hubieran pactado el mecanismo que propongo, las cuotas que se hubieran ido devengando durante el tiempo no tendrían, todas,  el importe de la última cuota según la última edad y el último salario mínimo, vital y móvil, sino mes a mes el importe que hubiera ido resultando según la movilidad de las variables en juego.

            5- Corresponde estimar la apelación y, por ende, aumentar la cuota alimentaria a favor de L. M., y a cargo de su padre L. E. M., a las sumas que resulten del mecanismo explicado en los considerandos 2-, 3- y 4-.

            VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Corresponde modificar la sentencia apelada en los términos del considerando 5- al que por causa de brevedad remito. Con costas al apelante toda vez que, pese a su éxito, resulta fundamentalmente vencido (art. 68 cód. proc.), y, comoquiera que fuese, para no mermar el poder adquisitivo de la cuota alimentaria a su cargo (arg. art. 648 cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO   DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Modificar la sentencia apelada en los términos del considerando 5- al que por causa de brevedad remito. Con costas al apelante toda vez que, pese a su éxito, resulta fundamentalmente vencido y, comoquiera que fuese, para no mermar el poder adquisitivo de la cuota alimentaria a su cargo.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

Libro: 49– / Registro: 383

Autos: “CAMILLO, JOSE S/ SUCESION AB – INTESTATO S/ INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA”

Expte.: -90999-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece  días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “CAMILLO, JOSE S/ SUCESION AB – INTESTATO S/ INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA” (expte. nro. -90999-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 8 de noviembre de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente  la recusación con causa de fojas 12/13 vta. p.III del titular del Juzgado de Paz Letrado de Daireaux? .

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            1. Ana María Camillo, Nelly Haydeé Camillo, Miguel Ángel Camillo, con el patrocinio letrado de Roberto Esteban Bigliani, recusaron al juez de paz letrado Javier Pablo Heredia, por enemistad manifiesta y parcialidad hacia la otra parte, acudiendo a lo normado en el artículo 17 inc. 10 del Cód. Proc. (fs. 112/vta. III).

            Sostienen que han advertido desde los albores del juicio y en especial desde el planteo de nulidad, una constante animadversión, en contra de ellos, que iría en aumento.

            En tal sentido /en lo que interesa destacar- dicen que se ha vuelto difícil y temerario de litigar en el juzgado porque las reglas procesales se aplican en forma diferente para cada parte, con aviesa intención de perjudicarlos (fs. 12/vta., último párrafo).

            Indican que se realizó una audiencia en un proceso sucesorio sin la notificación de uno de los coherederos, administradora del acervo, a quien se removió del cargo. Lo cual le vedó a aquélla la posibilidad de rendir cuentas, defender su cargo y ser escuchada (f. 13, a/c).

            Expresan que la mencionada audiencia no se celebró en alguna sala del juzgado y durante la negociación entre letrados, se mantuvieron en la vereda del mismo, siguiendo la orden del abogado Corbatta, mientras la abogada de ellos y Eduardo M. Camillo discurrían en la parte interior.

            Aducen que después, ‘se nos rechazó la invocación del artículo 48 del CPCC sin la posibilidad de haber acreditado el extremo invocado y sin notificarse por secretaría la decisión adoptada tal como lo indica el proveído del 06.09.2018 en su último párrafo’. Considerando un gesto de preferencia procesal que, cuando la abogada Villalba presenta un escrito por derecho propio cuando iba con firma de su cliente se la intima por cinco días a ratificarlo.

            Finalmente que el juez les ha hecho perder la confianza con sus procederes.

            2. Ahora bien, la causa de recusación prevista en el inciso 10 del artículo 17 del Cód. Proc., adoptada para el planteo, requiere que la enemistad, odio o resentimiento del juez para con los recusantes, manifestados por hechos conocidos, se desprenda de circunstancias objetivamente comprobables, aptas para justificar el apartamiento del magistrado por hallarse comprometida su imparcialidad (C.S., M. 747. XLIII. ORI, sent. del 20/07/2007, ‘Municipalidad de San Luis c/ San Luis, Provincia de s/accion declarativa de certeza’).

            Pero ese extremo no concurre en la especie, a tenor de las notas que los interesados describen, como hechos indicadores de tal estado de ánimo por parte del juez.

            En efecto, si la audiencia que se  cuestiona a fojas 13 a/c, es la de fojas 1/2 vta., cabe advertir que lo acordado en ella luego fue ratificado o reformado en la posterior del 7 de febrero de 2018, donde nuevamente participaron los recusantes, esta vez con el patrocinio del abogado Bigliani. La cual no despertó objeciones, según las constancias que pueden consultarse en la especie (fs. 9/vta., primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).

            Tocante a los hechos señalados a foja 13 (a/c), son similares a aquellos en los cuales asentaron el planteo de nulidad de fojas 5/7 (v. III, a/c), del  cual desistieron en esa última audiencia,  por haberse recompuesto la situación con el nuevo acuerdo (f. 180, primero).

            Concerniente a la resolución del 6 de septiembre de 2018, que en su parte inicial declaró inadmisible la presentación como gestor del letrado Bigliani y en la siguiente intimó a la abogada Villalba a ratificar una presentación electrónica por carecer de la firma digital de la parte, ambas fueron fundadas. La primera en un precedente de esta alzada y la segunda en la doctrina de la Suprema Corte, aplicada a una cuestión similar,  suscitada en torno a la operatividad del régimen de presentaciones electrónicas. Por manera que no queda manifiesto de esas decisiones la animosidad que se le reprocha al magistrado.

            En fin, de los elementos que se han agregado a esta causa, no se evidencia que los actos externos mencionados, revistan la suficiente entidad como para configurar la causal de recusación elegida,  desde que no lo constituyen resoluciones adversas o actos procesales que no conforman a la parte y encuentran su cauce a través de los recursos pertinentes.

            Por ello, la recusación -en los términos en que fue planteada-, se desestima.

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Corresponde desestimar la recusación con causa de fojas 12/13 vta. p.III del titular del Juzgado de Paz Letrado de Daireaux.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la recusación con causa de fojas 12/13 vta. p.III del titular del Juzgado de Paz Letrado de Daireaux.

            Regístrese.  Póngase en conocimiento del titular del Juzgado de Paz Letrado de Guaminí, al que fue remitido el expediente principal según constancia de fecha 24/10/2018  de la MEV de la SCBA, para que lo devuelva al Juzgado de Paz Letrado de Daireaux. Notifíquese según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Tres Lomas

Libro: 49- / Registro: 382

Autos: “RODI MANGINI, MARIA FLORENCIA C/RODI, CARLOS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION”

Expte.: -90092-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece  días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “RODI MANGINI, MARIA FLORENCIA C/RODI, CARLOS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION” (expte. nro. -90092-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 2 de noviembre de 2018, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es procedente el recurso de apelación electrónico por bajos del 1/9/2018 contra la regulación de honorarios de agosto de 2018 y corresponde regular honorarios por  las tareas de segunda instancia (fs. 195/196 vta.)?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            1- La tarea del defensor oficial ad hoc resultó ser muy efectiva, porque su contestación de demanda hizo hacer una carga probatoria en cabeza de la actora que ésta no pudo abstecer, lo cual derivó en el rechazo de la acción (ver esta cámara, a f. 201 ap. 3).

            Por eso, siendo aplicable el AC 2341 según texto vigente a la fecha del auto regulatorio apelado (art. 7 CCyC),  es injusta la regulación de honorarios en 3 Jus, debiendo ser incrementada al máximo posible, esto es, la cantidad de pesos equivalente a 4 Jus según su valor a la fecha del auto apelado (arts. 3 y 1255 párrafo 2° CCyC; arg. art. 16.e ley 14967).

            2- Por su infructuosa labor en 2ª instancia (ver fs. 195/196 vta. y fs. 200/203 vta.) es dable adjudicar al abogado Roberto Esteban Bigliani la cantidad de Jus ley 14967 equivalente a $ 5.390, según valores al día de hoy (reg. 1ª inst. x 25%; arts. 15.d y 31 ley 14967).

            3- Por ello, corresponde: a- incrementar los honorarios del defensor oficial ad hoc, Juan Pablo Bigliani,  conforme se indica en el considerando 1-; b- por la labor en segunda instancia, regular los honorarios dispuestos en el considerando 2-.

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            1. Adhiero al primer párrafo del punto 1. del voto que abre el acuerdo en cuanto a la efectividad de la labor del letrado defensor oficial y al punto 2. del voto.

            2. Respecto del valor del jus a tener en cuenta, cabe señalar que el trabajo del  profesional -la contestación de demanda- y actuaciones posteriores hasta la sentencia de fs. 179/181 fue realizado bajo la vigencia del d-ley 8904/77 (v. fs. 155/vta.). 

            Así,  adhiero  a los 4 jus  propuestos y a su cuantificación en función del mencionado decreto ley; ello en mérito a que las tareas cumplidas lo fueron bajo su vigencia.

            Pues como ya me expedí en otros casos, a los pocos días de dictada la ley 14967 la SCBA sentó criterio en el tema clarificando la situación en los autos “Morcillo, Hugo Héctor c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. decr.-ley 9020, sent. del 8-11-2017, al cual adhiero pero además de acatamiento obligatorio (arts. 161 regla 3.a de la Const. de la Pcia. de Bs.As. y 278 Cód. Proc.).

            Allí dijo al tiempo de regular honorarios estando ya vigente la ley 14967, que era “menester fijar un criterio para los casos en que, como en éste, la tarea profesional se llevó a cabo total o parcialmente durante la vigencia de la ley arancelaria hoy derogada.”

            Así,  respecto de un honorario devengado bajo la vigencia del d-ley 8904/77, pero a regularse al tiempo de estar sancionada la nueva ley arancelaria provincial, en alusión a las etapas del proceso cumplidas a la luz de dicho decreto indicó que “resulta necesario… discriminar aquellas (etapas) pasadas durante la vigencia del régimen anterior de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema” correspondiendo “dejar establecido que a los fines de la regulación de honorarios en este caso, en el que los trabajos se realizaron estando en vigor el decreto ley 8904/1977, habrán de utilizarse las pautas y la unidad arancelaria (ius) allí instituida, cuyo quantum el Tribunal fijó mediante el Acuerdo N° 3871, dictado el día 25 de octubre del corriente. ”

            El fallo en cuestión es claro: si los trabajos se devengaron bajo el régimen derogado, éste será el aplicable.

            Así, habiéndose devengado los honorarios bajo el viejo d-ley, el valor del jus ha de fijarse según su valor a la fecha del auto apelado; ello en consonancia con lo decidido por la SCBA en el caso Morcillo citado.

            2.2. Para cerrar he de aclarar que, pese a la referencia que se hacía del d-ley 8904/77 en las dos normas indicadas en 1., mutatis mutandi, debía entenderse que luego de la entrada en vigencia de la ley 14967, los trabajos devengados bajo su vigencia quedaban por ella alcanzados, situación que a la fecha ha quedado zanjada por lo dispuesto por el AC. 3912 de fecha 31 de octubre de 2018; en consonancia, además, con el caso “Morcillo” citado.

            ASÍ LO VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias:      a- incrementar los honorarios del defensor oficial ad hoc, Juan Pablo Bigliani,  conforme se indica en el considerando 1-; b- por la labor en segunda instancia, regular los honorarios dispuestos en el considerando 2-.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

            a- Incrementar los honorarios del defensor oficial ad hoc, Juan Pablo Bigliani,  conforme se indica en el considerando 1-;

            b- Por la labor en segunda instancia, regular los honorarios dispuestos en el considerando 2-.

            Regístrese. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

Libro: 49– / Registro: 381

Autos: “F., E. S.  C/  M., O. D. Y M., R. O.  S/ ALIMENTOS”

Expte.: -91001-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los trece  días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “F., E. S.  C/  M., O. D. Y M., R. O.  S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -91001-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 12 de noviembre de 2011, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente  la apelación de foja 94 contra la resolución electrónica de fecha 24/8/18?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            1. Sustanciada la base regulatoria propuesta por el abogado Masson, con los interesados y ambas partes (fs. 76, 77, 78/80, 81/83 y 84/86), se presenta  R. O. M., quien opuso a la propuesta:

            (a) que no cuenta con recursos para afrontar el presente proceso, habiendo iniciado beneficio de litigar sin gastos;

            (b) que no se le ha notificado ninguna sentencia, ni homologación alguna;

            (c) que hace reserva de solicitar la nulidad de lo acontecido hasta el momento;

            Subsidiariamente, impugnó la base regulatoria:

            (d) porque en virtud del principio de solidaridad familiar resulta procedente la ampliación de la demanda contra al abuelo paterno;

            (e) porque si bien fue solidariamente demandado, no fue condenado, siendo responsable directo de los honorarios de Masson su hijo O. D.;

            Por ello, solicitó quedara impugnada la base regulatoria por falta de legitimación pasiva (f. 88).

            La actora pidió el rechazo de la impugnación (f. 89). Lo cual decidió la resolución del 24 de agosto de 2018.

            Tuvo en cuenta la jueza que el impugnante había sido notificado del traslado de la demanda, recibiendo personalmente la notificación (fs. 50/52). En el mismo domicilio, también había sido anoticiado de la homologación del 18 de mayo de 2018. Y que contrariamente a lo expuesto por él, sí había sido condenado subsidiariamente en esta causa.

            2. El memorial en que sostiene su apelación, no logra revertir esos fundamentos. Y además, incursiona en capítulos que no fueron oportunamente propuestos a decisión de la jueza de paz letrada (fs. 95/100).

            En efecto, que no haya sido parte en el convenio (f. 96, primer párrafo), no oculta que fue demandado y que notificado debidamente del traslado, no se presentó en la audiencia de foja 53 (f. 96 primer párrafo).

            Por lo demás, la sentencia de fojas 62/63 –que se le notificó con la cédula de fojas 71/73, a la sazón inobjetada– hizo extensiva a su cargo, la obligación alimentaria acordada y fijada, disponiéndose que ante el vencimiento del plazo para el pago mensual de la cuota vigente, por el mero incumplimiento total o parcial del progenitor del niño, se habilitaba automáticamente a ejecutar la prestación contra el abuelo paterno del mismo. Sentencia que de su parte no apeló, quedando firme para él en tales condiciones.

            Nada de lo desarrollado en el memorial acerca de la figura del litisconsorcio pasivo facultativo, que debiera seguir la imposición de costas, fue planteado oportunamente en la instancia anterior. Pues es manifiesto que ninguna invocación a ese tema aparece en el escrito de fojas 88 (fs. 97/vta.).

            Igual objeción cabe formular al pedido de eximición de costas, cuyo planteamiento es novedoso en esta alzada y por ende inabordable para este tribunal (arg. art. 272 del Cód. Proc.). Como también a la cuestión introducida aquí, tocante a que por mediar un desistimiento parcial del reclamo, las costas deberían recaer sobre el obligado principal al pago o a que la imposición de costas al alimentante comprende sólo al principal pagador (fs. 99 vta./100).

            En fin, en lo que atañe a la base regulatoria, ciertamente los agravios presentados frente a la resolución apelada, son inadmisibles.

            Por ello, se desestima la apelación, con costas al apelante vencido (arg. art. 69 del Cód. Proc.).

            VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación de foja 94 contra la resolución electrónica de fecha 24/8/18, con costas al apelante vencido (arg. art. 69 del Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la apelación de foja 94 contra la resolución electrónica de fecha 24/8/18, con costas al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.