Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                  

Libro: 49– / Registro: 66

                                                                                  

Autos: “DISTRIBUIDORA PEREYRA S.A. C/ JAUME MARIA DEL CARMEN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)”

Expte.: -94579-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Ariel González Cobo:

20242890303@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. J.D. Hernández:

20241583407@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “DISTRIBUIDORA PEREYRA S.A. C/ JAUME MARIA DEL CARMEN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)” (expte. nro. -91811-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 27/7/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación del 2/6/2020 contra la sentencia del 28/5/2020?

SEGUNDA: ¿es fundada la apelación del 28/5/2020 contra esa misma sentencia ?

TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. La sentencia de la instancia de origen hizo lugar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Distribuidora Pereyra SA contra María del Carmen Jaume y, en consecuencia, condenó a esta última a pagar a la primera, en el plazo de diez (10) días, la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($392.681,25).

Asimismo adicionó a ese monto los intereses, conforme lo establecido en el considerando IV de la sentencia e impuso las costas a la demandada vencida (art. 68 cód. proc.). Igualmente condenó a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales a mantener indemne a su asegurada, en la medida del seguro.

En concreto, el sentenciante otorgó el 100% de la responsabilidad en el accidente acaecido a la demandada, en tanto la conductora del vehículo de menor porte lo detuvo imprevistamente sobre la ruta, entendiendo este accionar  como causa adecuada del accidente, circunstancia que la hizo -a su entender- responsable del evento dañoso, debiendo responder por las consecuencias  ocasionadas por el riesgo que produjo su obrar y  el automotor de su propiedad.

Apelan la demandada y la citada en garantía disconformándose por la responsabilidad que a la accionada se le atribuye y la readecuación de los montos de condena; también la actora por lo resuelto con relación a los daños.

2.1. Por así estar planteadas las cuestiones y además ser lógico, trataré en primer término el recurso de la demandada y de la citada en garantía que atacan la responsabilidad en el evento dañoso.

Argumentan con cita jurisprudencial que cuando se acredita la existencia de un siniestro en que se encuentran involucrados dos vehículos que transitan en el mismo sentido y por la misma vía, existe una presunción hominis que quien embiste desde atrás, es responsable del accidente con fundamento en que el conductor del vehículo embistente no tuvo sobre su máquina el dominio necesario para evitar la colisión.

Así, sostiene que existe una presunción en contra del conductor del camión de la parte actora por ser el embistente, presunción que entiende no fue desvirtuada.

Para reforzar su afirmación expone que quedó acreditado que la frenada se produjo por un charco de agua existente en la ruta, y que el estado de ésta era muy malo al momento del siniestro, haciendo referencia al testimonio de f. 182 y a la pericia accidentológica, punto d. de la parte demandada que así lo acreditarían. Agregando que el mismo testigo aclara que el camión debió venir cerca del rodado, pues de lo contrario le hubiera dado tiempo para esquivarlo. Adiciona que la velocidad reconocida por el conductor del camión era de 70 km/h, que venía cargado de garrafas, por una ruta en mal estado, donde había llovido, con un recorrido que era habitual para el conductor del camión razón por la cual, en ese contexto, la frenada del vehículo que antecede y los movimientos bruscos tendientes a esquivar las irregularidades del camino son absolutamente previsibles en la zona, máxime para un conductor de un camión que realizaba constantemente ese recorrido. Por lo demás, adujo que el conductor del camión debe siempre tener el total dominio de su vehículo y no entorpecer la circulación; de no ser así, debía abandonar la vía o detener la marcha.

En este contexto aduce que la frenada de la demandada en la ruta no es una circunstancia imprevisible e inevitable, sino más bien normal y posible, atento las condiciones del camino  por donde circulaban y que el conductor del rodado de mayor porte conocía perfectamente. Fue a su juicio el exceso de velocidad del camión lo que impidió lograr una frenada adecuada para la contingencia que se le presentó.

Así, entiende que la presunción de culpabilidad por ser embistente no fue desvirtuada, sino que quedó acreditado que la culpa en el siniestro obedece a la clara imprudencia al conducir a exceso de velocidad.

Por estos motivos solicita se revoque la sentencia.

2.2. De su parte, la actora reitera los argumentos de la sentencia en el sentido de haber quedado la demandada detenida sobre la ruta, las disculpas que pidió luego del accidente; y que frente a la sentencia y la prueba ha cambiado de relato, pero pese a ello no lograr revertirla.

 

2.3. Veamos:

De la pericia accidentológica presentada el 24/6/2019 surge que en la zona, el asfalto se encuentra en regular estado de conservación y mantenimiento, con parches sobre el mismo, ondulaciones (huellas) e irregularidades varias (pozos) que se pueden llenar de agua en días de lluvia; que el asfalto cuenta sólo con demarcación central ya que la lateral prácticamente se ha borrado; que la banquina está en mal estado, en algunos sectores con la vegetación alta y con su nivel sobre el de la ruta, lo que impide que el agua escurra hacia las cunetas en días de lluvia.

A ambos lados se encuentran cunetas muy anchas y con gran profundidad (aproximadamente 1 metro debajo del nivel de la banquina; arts. 384 y 474, cód. proc.).

Las circunstancias del estado de la ruta al momento del accidente fueron corroboradas por el testigo Galofre, quien presenció la colisión por hallarse recorriendo un campo ubicado sobre la ruta. El testigo manifestó que la ruta está deteriorada, que la demandada frenó ante un charco porque la noche anterior había llovido (ver resp. tercera de f. 182). Expone que la demandada frenó bruscamente, y que el camión seguramente venía cerca sino hubiese tenido tiempo de hacer una maniobra. Aclara que es un camión chico, que venía cargado (arts. 384 y 456 cód. proc.).

De su parte, José Luis Beltrán, conductor del camión embistente también reconoció que el camión venía cargado de garrafas (ver resp. 3ra. de f. 183), que circulaba a unos 70 km/h porque había llovido la noche anterior y había agua sobre la calzada. Expuso que la demandada frenó de golpe a cero, que trató de frenar todo lo que más pudo y como vio que no frenaba pegó el volantazo para la banquina, embistiendo a la señora.

También el testigo Beneitez ratifica el mal estado de la ruta, al exponer que está ondulada y se llena de agua cuando llueve (ver res. 1ra. a pregunta del Dr. Hernández, f. 185).

En suma, la demandada frena su vehículo por encontrarse con un charco en medio de una ruta en mal estado, con ondulaciones (huellas, según la pericia accidentológica), con agua sobre la calzada por la lluvia de la noche anterior  e irregularidades varias (pozos) que se pueden llenar de agua en días de lluvia; el dependiente de la actora conocía el estado de la ruta, pues transita por esta para cumplir su trabajo, conducía un vehículo cargado de garrafas a 70 km/h para el cual requería como mínimo de casi 55 metros para detenerlo.

De la pericia surge que un conductor, con licencia profesional, con el vehículo informado y en condiciones óptimas de funcionamiento, necesita como mínimo unos 54,7 metros y 4 segundos para detenerse (art. 474, cód. proc.).

Se advierte que la accionada no debió convertirse en un obstáculo sobre la calzada deteniendo su vehículo; pero el estado de la ruta y la lluvia del día anterior exigían del conductor del camión cargado, conductor profesional, una conducta prudente y acorde a las circunstancias de tiempo y lugar que, al parecer, tampoco tuvo (art. 1725, CCyC). .

Pues, tal como marchaba Beltrán -70 km/h- en una ruta en mal estado de conservación, encharcada por la lluvia y con pozos, en tanto conductor profesional debió guiar su vehículo con prudencia y a una velocidad tal que estuviera en condiciones de dominar su unidad;  a la velocidad que iba con un camión cargado, y una ruta mojada, estaba en situación de arrasar con  lo  que  imprevistamente apareciera frente a él, como de hecho sucedió, cuando la accionada frenó ante el charco que seguramente vislumbró como un peligro para su vehículo y su seguridad, por ser uno de los tantos pozos que el perito indicó existían sobre la ruta en mal estado.

Es que en tanto como conductor profesional experimentado en particular en la conducción de esa zona, no pudo no representársele en su mente que un imprevisto podía suceder en una ruta en las condiciones descriptas por el experto y corroborada por los testigos,   pese a lo cual evidentemente ni llevaba la atención suficiente ni la distancia adecuada para atinar a frenar o bien realizar una exitosa maniobra de esquive; y no -en vez- embestir a la demandada (arts. 1725, 1727, 1749 y cocs., CCyC). No puedo dejar de observar que la accionada frente al obstáculo que significó para ella el charco, logró frenar; mientras que Beltrán -conductor del camión embistente- ante el obstáculo que significó la demandada sobre la ruta no logró su cometido y la embistió (ver declaración de Beltrán, resp. 2da. y 3ra. de f. 183vta. a repreguntas del letrado Hernández, donde reconoce que ese recorrido era el habitual, realizándolo dos veces por semana y que la ruta tiene una canaleta que cuando llueve se llena de agua, además de no ser mantenida “para nada”; arts. 384 y 456 y arg. art. 421, proemio, cód. proc.).

En suma, entiendo que en función de las circunstancias del caso, ambas partes contribuyeron y en igual medida en la causación del hecho dañoso, cada una aportando lo propio en el acontecimiento en análisis, razón que me lleva a distribuir la culpa en un 50% a cada una de ellas (arts. 1725, 1727, 1749 y cocs., CCyC) .

            Se ha entendido, así, que “los vehículos que transitan  en una misma dirección deben guardar una distancia prudencial entre ellos, tanto mayor cuanto  superior  fuese  la velocidad desarrollada. Y esto puede llegar a  tener  importancia  para determinar la responsabilidad en los accidentes que se producen cuando un automotor embiste con su parte delantera  la parte trasera de otro que marchaba delante suyo, como consecuencia de la frenada brusca e inesperada de  este último;  pues si la distancia que separaba a ambos vehículos mientras circulaban era muy pequeña y no posibilitaba ningún margen de maniobras, se torna  evidente  la  responsabilidad del  conductor  del  vehículo  embestidor” (Trigo Represas – Compagnucci de Caso, `Responsabilidad civil  por  accidentes de  automotores’,  t. 2a., pág. 158, con remisión a Brebbia, `Problemática jurídica de los automotores’ t. I pág. 194; doctrina extraída de fallo de esta cámara con otra integración autos “FERREYRA, DARIO ALBERTO c/ AVILA, HECTOR Y OTROS s/ Daños y perjuicios”; Lib. 23, Reg. 55.).

Así, el recurso de la accionada  ha de prosperar parcialmente.

 

3. Readecuación.

Además se agravian la demandada y la citada en garantía de la readecuación de los montos de condena por entender que en definitiva ello viola el principio de congruencia.

Veamos: al pedir las indemnizaciones correspondientes, la parte actora también reclamó, allende los intereses, “la actualización monetaria que estime S.S.” (f. 61 vta. 2do párrafo, parte final); al derivar a lo que estime la judicatura, se puede inferir razonablemente que lo pedido no implica lisa y llanamente la aplicación de un índice corrector sino la readecuación de los montos siguiendo algún parámetro objetivo de ponderación.  Esa interpretación sobre la real intención de la accionante se patentiza al responder la expresión de agravios con fecha 8/7/2020 cuando al contestar al 2do. agravio rememora los distintos párrafos de la demanda donde hizo alusión al pedido de actualización monetaria, además de sujetar los montos finales a lo que en más o en menos surgiera de la prueba a rendirse.

Aclarado lo anterior, cabe tener en cuenta que hay que evitar confundir la actividad de estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los “valores actuales” con la utilización de mecanismos de “actualización”, “reajuste” o “indexación” de montos históricos, cuya aplicación quebrantaría la prohibición del art. 7 de la ley 23.928 mantenida todavía luego del abandono de la paridad cambiaria de la ley 25.561, pues los últimos suponen una operación matemática; en cambio, la primera sólo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo, consultando ese método de recomposición elementos objetivos de ponderación de la realidad, dando lugar a resultados razonables y sostenibles, sin caer en meras fórmulas matemáticas de actualización, repotenciación o indexación fulminadas por el art. 10 de la ley 23982 (esta cámara, sent. del 17/7/2019, “Boses, Carlos Alberto y otros  c/ Genova, Joaquín y otros s/ Daños y perj.autom. c/les. o muerte (exc.estado)”, L.48 R.55, con cita de  la CSN, considerando 11 de  “Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación”, sent. del 16/9/2014).

En ese camino, parece prudente acudir en esta ocasión, a falta de cualquier otra propuesta de las partes, a admitir la readecuación de los montos de condena -tal como lo ha hecho la sentencia- de acuerdo a la variación que ha sufrido el SMVYM según el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, tal como ha sido admitido en variados precedentes de este tribunal (cfrme. sent. del 17/7/2019, “Boses, Carlos Alberto c/ Genova Joaquín y otros s/ Daños y perjuicios”, L.48 R.55, entre varios otros), aclarando que ello será desde la fecha de demanda en que fueron establecidos por el actor, es decir, desde el 17/10/2016 (cargo de f. 69 vta.).

Cabe aclarar en este tópico, que el sentenciante, merced a lo edictado en el artículo 165 párrafo 3ro. del código procesal,  tiene atribuciones para estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar valores actuales (SCBA, “Córdoba c/ Micheo”, 15/7/2015); aunque la SCBA sólo lo ha permitido hasta el momento de la sentencia; y no en oportunidades posteriores (vgr. liquidación o efectivo pago; ver mismo fallo).

Siendo así, la sentencia no ha violado los límites de la congruencia (art. 34.4., cód. proc.), razón por la cual el recurso se desestima.

 

4. En mérito de cómo ha sido resuelto el recurso de la demandada y citada en garantía entiendo prudente imponer las costas de esta instancia en dos tercios para las accionadas apelantes y el tercio restante a la parte actora (art. 68, cód. proc.); ello en tanto las accionadas triunfan parcialmente en cuento a la responsabilidad y resultan perdidosas en cuento al reajuste.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- En cuanto a la distribución de culpas, adhiero al voto de la jueza Scelzo (cfme. esta cámara: “Delgadillo c/ Creppi” 11656/95 19/9/1995 lib. 243 reg. 181).

 

2- Atinente a la readecuación por desvalorización monetaria, dicen la demandada y la citada en garantía:  “En primer lugar, se aparta el a quo de lo solicitado por las partes, configurando claramente un caso de extra petita.”  Eso no es así, porque, bien o mal, en la demanda se reclamó actualización monetaria (ver fs. 61 vta.  y 69 punto 5-).

Después agregan que “Pero además, al actualizar -como dije- en forma indiscriminada, todos los montos en base a SMVM la sentencia termina resultando desproporcionada y carente de todo sustento fáctico y de razonabilidad.”  Esa frase debió ser acompañada de la indicación de los argumentos, pruebas, precedentes, etc. en función de los cuales la tarifación del detrimento resultó ser injusta en función de las circunstancias del caso (arts. 260 y 261 cód. proc.). Expresan “Debió el actor, en caso que lo hubiera solicitado, acreditar el valor actual de todos y cada uno de los rubros y ahí si el sr. Juez concederlos.”  Si el juez cuantificó los daños a valores actuales (art. 165 párrafo 3° cód. proc.), esa expresión es reversible: debieron los accionados apelantes indicar de qué probanzas adquiridas por el proceso pudieran  resultar otros valores más justos (arts. 260 y 261 cód. proc.).

Agrego lo siguiente. La ley 27345 prorrogó hasta el 31/12/2019 la emergencia social en los términos de la ley 27200,  la ley 27200  había prorrogado hasta el 31/12/2017 la vigencia de los arts.  1°, 2°, 3°, 4° y 6° de la ley 26204,  la ley 26204 había prorrogado   hasta el 31/12/2007  la vigencia de la Ley Nº 25561, sus prórrogas y sus modificatorias, y , por fin, esta última ley (art. 4) mantuvo la prohibición de indexar del art. 10 de la ley 23928.  Todo eso es cierto. Pero no es menos cierto que  la Corte Suprema de la Nación  ha decidido que el art. 10 de la ley 23982 sólo fulmina las fórmulas matemáticas para actualizar, repotenciar o indexar,  pero no otros métodos que consulten elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible (ver considerando 11 de  “Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación”, sent. del 16/9/2014;  complementaria y necesariamente ver también  el considerando 2 del Ac. 28/2014 a través del cual incrementó el monto del art. 24.6.a del d.ley 1285/58).

Digamos que nada obsta a cuantificar el daño a valores actuales al momento de la sentencia (SCBA, 15/07/2015, “Córdoba, Leonardo Nicolás contra Micheo, Héctor Esteban y otro. s/ Daños y perjuicios”, cit. en JUBA online),  máxime a la luz de  la referida  doctrina de la Corte Suprema de la Nación en  “Einaudi”.  De manera que el criterio seguido por el juzgado (adecuar  los montos reclamados en demanda en función de la variación del salario mínimo, vital y móvil, hasta el momento de la sentencia),  no se advierte por qué no pueda ser  un método posible  que consulta elementos objetivos de ponderación de la realidad y que da lugar a un resultado razonable, sin infracción al art. 10 de la ley 23982 y con apoyatura en el art. 1740 del Código Civil y Comercial y en el art. 165 párrafo 3° del Código Procesal. Poniéndolo al revés y suponiendo entonces que les asistiera a los obligados al pago el derecho a liberarse  desembolsando cifras depreciadas (montos demandados), el ejercicio de ese derecho se tornaría abusivo si -como en el caso- se tratara de cifras no sólo notoria sino  ampliamente depreciadas (arts. 9 y 10 CCyC).  Casi huelga decir que la realidad económica incluye el hecho notorio de la inflación, rescatable para adjudicar una indemnización razonablemente justa cuanto menos al momento de sentenciar (arts. 1 a 3 CCyC; ver caso “Furlan”, sentencia de la Corte Interamericana DD.HH del 31/8/2012), máxime que en demanda se utilizó la fórmula “y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos” (f. 61 vta.; arts. 34.4, 163.6 párrafo 2° y 165 párrafo 3° cód. proc.). Recalco que la expresión “lo que en más o en menos” empleada en la demanda contribuye, en el caso, a aventar  la posibilidad de incongruencia decisoria, ya que, entre lo más y lo menos  resultante de autos,  no puede pasarse por alto el hecho notorio de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, sucedido  desde la demanda y hasta la sentencia (art. 163.6 párrafo 2° cód proc.).

Fuera de la mera adecuación por desvalorización monetaria, los apelantes no cuestionan crítica y razonadamente los montos adjudicados en la sentencia apelada (arts. 34.4, 260, 261 y 266 cód. proc.).

ASI LO VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1.1. Despido de personal.

La sentencia rechazó el rubro porque entendió que el hecho que la actora no haya tenido fondos para reparar el camión y que por ello haya debido despedir e indemnizar a uno de sus empleados no constituye una consecuencia mediata previsible del siniestro, mucho menos una inmediata (art. 1726, CCyC).

Agregando que tampoco se ha acreditado que el despido de Bonello sea consecuencia de haberse quedado la empresa con un camión menos. Pues, el simple hecho de que la empresa le haya entregado a Bonello un camión en concepto de indemnización resulta contradictorio, puesto que éste podría haber seguido trabajado con el camión que se le entregó (fs. 46/46vta cláusula III).

Aduce la parte actora en sus agravios que si el camión entregado a Bonello hubiese estado en funcionamiento, a Bonello no se lo hubiera despedido; agregando que debió asignársele al camión un valor mucho menor que el de mercado para que fuera aceptado por Bonello.

Veamos, si el camión dado en pago por la indemnización por despido de Bonello tuvo un valor de asignación menor al real en el acuerdo con éste de fs. 46/47, y si del acuerdo con Bonello ese valor menor fue fijado en $ 315.000, bien pudo venderse ese camión para pagar el arreglo del camión siniestrado -$194.940,50 a la fecha de la demanda-  sin despedir a Bonello y sin generar un lucro cesante de la magnitud del reclamado; y además hubiera sobrado dinero. Muchas eran las alternativas antes que despedir a Bonello: vender el camión que se le entregó para arreglar el accidentado, pedir un préstamo para arreglar el camión siniestrado y luego reclamar los intereses, etc.

Pero no parece razonable haber entregado un camión cuya venta hubiera generado una ganancia mayor que la necesaria para arreglar el camión chocado y además hubiera sobrado dinero, a lo que se suma que no se hubiera perdido la ganancia que se dice, por no haber podido realizar la distribución de garrafas ante la falta del camión chocado.

En fin, o el despido de Bonello obedeció a causas ajenas al siniestro que no han sido expuestas o bien, se vincula a una mala estrategia comercial de la empresa, que decidió despedirlo cuando había alternativas menos gravosas y que no hubieran generado ni la necesidad de indemnizar a Bonello, ni el lucro cesante reclamado. En suma, no advierto que ese despido sea consecuencia del accidente (arts. 1726 y 1736 CCyC).

Nótese que el acuerdo con Bonello no hace referencia alguna a la situación con la que se lo quiere vincular (art. 384, cód. proc.). Habla simplemente de un despido incausado (art. 274, LCT), cuando según los dichos de la actora había una causa que no le era imputable para el despido: la fuerza mayor o la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador producto de la rotura del camión a causa del accidente; y sin embargo nada de esto se mencionó allí (art. 247, LCT).

Los testimonios de Beltrán y Moraga fueron descartados por comprenderlos las generales de la ley. En este punto se agravia la actora argumentando que deben ser analizados con prudencia pero no descartados. Y bien, la sinceridad de Beltrán se ve empañada por su participación directa en los hechos dañosos, pues era el conductor del camión embistente; y máxime que, como se entiende en este voto, es responsable en parte del acaecimiento de los hechos; en ese contexto, no sería alejado de la realidad suponer que frente a su conducta imprudente por él desplegada, quisiera de algún modo resarcir su obrar con una declaración favorable a su empleador.

En el caso de Moraga su declaración también es endeble en cuanto a su fortaleza probatoria, pues es de suponer que un dependiente quiera mantener una buena relación con su jefe y no exponer circunstancias que perjudiquen a su empleador, generando tirantez en la relación laboral. Pero además no se indica al expresar agravios que esos testimonios se encuentren corroborados por otros elementos de prueba  incorporados a la causa, que hubieran permitido apreciarlos de otro modo; pero aislados de toda otra prueba, no queda más alternativa que descartarlos (art. 384, cód. proc.).

De tal suerte, el recurso no logra conmover lo decidido (arts. 260 y 261, cód. proc.).

 

 

1.2. Lucro cesante.

El rubro fue desestimado por falta de prueba.

Así se dijo que si la empresa careció de dinero para reparar el camión, y si por esa carencia se vio privada durante tanto tiempo de las ganancias que le habría propiciado ese camión, no es una consecuencia mediata previsible del accidente; por ende, no debe indemnizarse (art. 1726 CCyC).

Se agregó además, que en todo caso sí le correspondería, en principio, una indemnización por el lucro cesante durante los 11,25 días hábiles requeridos para la reparación del camión.

No obstante, al analizar la pericial contable (fs. 218/227), no se desprende en qué medida se vieron afectadas las ganancias de la empresa durante los 11,25 días hábiles requeridos para la reparación del camión. Y al no satisfacerse la carga de probar la diferencia entre los ingresos que la actora esperaba -con alta probabilidad- obtener y los que efectivamente obtuvo durante el período necesario para reparar el rodado, el rubro debe desestimarse (arts. 1726 y 1738 CCyC; arts. 163.5, 375 y 384 cód proc.).

Por otra parte, analizando la expresión de agravios no se advierte que la crítica sea suficiente, en un primer momento se limita a describir -en parte- lo dicho por el sentenciante, para luego remitir a otro agravio allí expresado por ser aplicable aquí sin indicar concreta y puntualmente de qué modo. Habla de “grosero error” o que es erróneo pretender indemnizar sólo por los días que habría demandado una reparación, cuando se ha probado que no se ha podido reparar el camión por problemas económicos sin indicar de qué modo esa imposibilidad puede vincularse con el accidente de marras, para convertirse en una consecuencia indemnizable (arts. 1726 y 1727, CCyC). Máxime si se tiene en cuenta lo dicho al tratar el agravio anterior, en el sentido de que la falta de arreglo del camión o el despido de un empleado pudieron haber respondido a decisiones desacertadas de la actora que quiebran o interrumpen el nexo adecuado de causalidad que se exige para tornar indemnizables esos daños.

Respecto de los 11,25 días que el juzgado entiende podría corresponder indemnización, tampoco la otorga, pues estima que no obstante, al analizar la pericial contable (fs. 218/227), no se desprende en qué medida se vieron afectadas las ganancias de la empresa durante ese lapso. Y al no satisfacerse la carga de probar la diferencia entre los ingresos que la actora esperaba -con alta probabilidad- obtener y los que efectivamente obtuvo durante el período necesario para reparar el rodado, el rubro debe desestimarse (arts. 1726 y 1738 CCyC; arts. 163.5, 375 y 384 cód proc.).

Pero no indicó que efectivamente pudiera desprenderse de la pericia contable una merma de facturación en ese período, no abasteciendo la crítica hacer referencia a la inflación de esos años (arts. 260 y 262, cód. proc.). Es que si bien correspondería indemnizar la imposibilidad de venta de un producto indispensable como es el gas envasado, ello debe ser probado, pues es de suponer que avisados los clientes del inconveniente en el reparto, según el curso natural y ordinario de las cosas, ante la reducción en el número de días semanales de reparto, lo lógico es que hicieran una previsión de compra mayor a fin de cubrir el distanciamiento del reparto (arts. 1727, CCyC y 384 y 375, cód. proc.). Y no indica en los agravios que ello se hubiera acreditado concreta y puntualmente (arts. 260 y 261, cód. proc.).

Así, el recurso en este aspecto resulta insuficiente.

 

1.3. Costos de reparación del camión.

Sólo se dejó de lado la reparación de la bomba inyectora, pues el perito expresó que no era posible determinar ello con sólo ver las fotografías.

Si la carga de la prueba de las reparaciones pesaba sobre la actora, y el camión no fue reparado, hubiera bastado -al parecer- con que el perito tuviera a la vista el rodado y no sólo las fotografías para dar respuesta al interrogante. La carencia de prueba perjudica a la actora que no atinó a pedir una respuesta teniendo a la vista el camión (art. 375 cód. proc.).

De tal suerte no advierto que el agravio pueda prosperar.

 

2.  Siendo así, entiendo corresponde desestimar en un todo el recurso de la accionante con costas en cámara a la actora perdidosa (art. 68, cód. proc.), y diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara (arts. 31 y 51, ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

1- La actora apelante quiere que los accionados sean condenados a pagar la indemnización por despido de uno sus operarios, que tuvo que efectuar -dice- debido a la imposibilidad de usar el camión accidentado, imposibilidad resultante de la carencia de dinero para hacerlo arreglar.

Para eso, a través de sus agravios tuvo que persuadir sobre que esa supuesto daño fue consecuencia inmediata o mediata previsible del accidente (arts. 1726 y 1736 CCyC). Y bien, no hay ninguno tendiente a convencer acerca de cómo los accionados sabían o podían saber, al producirse el accidente,  cuántos camiones tenía la actora, que tenía otro que ya estaba en arreglo, que no tenía ni podía conseguir dinero cuanto menos para la refacción de uno de los dos   y  cuántos operarios tenía, de modo que pudiera haber previsto o podido prever  que, por el accidente, ante la pretensa inexorable  falta de dos camiones hubiera pasado a sobrarle inexcusablemente un operario (arts. 375, 260 y 261 cód. proc.). De hecho, en el convenio de despido ni siquiera se menciona el accidente, de modo que mal pudo prever la parte demandada un enlace entre ambas circunstancias que ni siquiera fue ensayado por los directamente involucrados en ese convenio (ver fs. 46/47; art. 384 cód. proc.).

En “Continanzia c/ Provincia Seguros S.A.” (16561, 8/10/2010, lib. 39 reg. 33) la situación era muy diferente, porque se trató del incumplimiento de un contrato de seguro, en el que, en síntesis,  la aseguradora  demandada  conocía que el asegurado era un pequeño fabricante y distribuidor de pastas y que tenía afectada dos  unidades aseguradas (una de ellas, la siniestrada en un 80%)  a su actividad comercial, de modo que no  era imprevisible para la aseguradora que el retiro de la cobertura asegurativa y  la consecuente  falta  de  reposición  del  automotor siniestrado  podía probablemente repercutir en forma negativa, en alguna medida, sobre el giro comercial  del asegurado.

 

2- La actora en la demanda dijo que tenía dos camiones en uso para la venta y reparto de gas envasado, que por falta de dinero no pudo hacer refaccionar el accidentado y que eso le produjo un lucro cesante. Lo estimó así: si con un camión siguió ganando lo que siguió ganando, con dos habría tenido que ganar el doble; y eso desde el accidente, hasta la demanda y más allá en función del vencimiento de nuevos plazos al momento de sentenciar (fs. 63 vta./65).

El juzgado sostuvo que no debe indemnizarse el aducido daño por no tratarse de una consecuencia mediata previsible del accidente,  si la empresa careció de dinero para reparar el camión y si por esa carencia se vio privada durante tanto tiempo de las ganancias que le habría propiciado ese camión (art. 1726 CCyC). En todo caso, manifestó que podría corresponder una indemnización por el lucro cesante durante los 11,25 días hábiles requeridos para la reparación del camión, pero que, no obstante, al analizar la pericial contable (fs. 218/227), no se desprendía en qué medida se vieron afectadas las ganancias de la empresa durante esos 11,25 días hábiles requeridos para la reparación del camión.

En sus agravios referidos puntualmente al rubro de que se trata ahora (punto II.2), la actora no indica de dónde pudiera emerger que carecía o que no podía conseguir crédito para hacer arreglar el camión enseguida y así evitar la agravación del daño (arg, art. 1710.c CCyC; ver esta cámara: “Aramendi c/ Le Pors” 11514 16/2/1995 lib. 24 reg. 13), de manera que el lapso a considerar para su supuesto lucro cesante pudiera ser mayor que el correspondiente al tiempo de refacción (arts. 260 y 261 cód. proc.).

Inconmovido el lapso de 11,25 días considerado por el juzgado, no hay crítica concreta y razonada que convenza sobre que, en ese lapso -no durante el período apetecido en la demanda-, las ganancias de la actora hubieran mermado (arts. 375, 260 y 261 cód. proc.).

 

3- Con respecto a la bomba inyectora, si la parte demandada negó el menoscabo -no se le puede reprochar que no hubiera hecho más que eso, art. 354.1 cód. proc.-,  incumbía probarlo a la parte actora (art. 375 cód. proc.):  no resultando concluyente la prueba pericial específicamente llamada a hacerlo (art. 474 cód. proc.), no puede completarse con la valoración de un presupuesto unilateralmente conseguido por la interesada (art. 319 CCyC).

VOTO QUE NO.

A LA TERCERA  CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Merced a lo expuesto en mis votos a la primera y segunda cuestión, corresponde receptar parcialmente el recurso de la demandada y de la citada en garantía, con costas de esta instancia en dos tercios para las accionadas apelantes y el tercio restante a la parte actora en función de lo indicado al ser votada por mí aquellas cuestiones (art. 68, cód. proc),  y desestimar en un todo el de la accionante, con costas en cámara a la actora perdidosa (art. 68, cód. proc.), con diferimiento en ambos casos de la decisión sobre honorarios de cámara (arts. 31 y 51, ley 14967).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Atento lo reglado en el art. 58 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, aclaro que:

a- la causa me  fue adjudicada el 7/9/2020;

b- ese mismo día pedí y obtuve el expediente-papel;

c- desde entonces, aislé preventivamente en mi domicilio el expediente-papel;

d- emito, éste,  mi voto el 15/9/2020.

 

2- Corresponde:

a- estimar parcialmente la apelación del 2/6/2020 contra la sentencia del 28/5/2020 sólo reduciendo al 50% la responsabilidad, con dos tercios de las  costas de 2ª instancia a cargo de las accionadas apelantes y el tercio restante a cargo de la parte actora (art. 68 cód. proc.);

b- desestimar la apelación del 28/5/2020 contra esa misma sentencia, con costas de 2ª instancia a la parte actora (art. 68 cód. proc.);

c- diferir las regulaciones de honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

ASI LO VOTO.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a- Estimar parcialmente la apelación del 2/6/2020 contra la sentencia del 28/5/2020 sólo reduciendo al 50% la responsabilidad, con dos tercios de las  costas de 2ª instancia a cargo de las accionadas apelantes y el tercio restante a cargo de la parte actora.

b- Desestimar la apelación del 28/5/2020 contra esa misma sentencia, con costas de 2ª instancia a la parte actora.

c- Diferir las regulaciones de honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   electrónicamente  por secretaría mediante el depósito de una copia digital de esta sentencia en el domicilio  electrónico constituido por las/os letradas/os intervinientes insertos en la parte superior (arts. 169 3° párr. y 143 CPCC, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial 1 y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). El juez Lettieri no participa por encontrarse en uso de licencia.

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:14:28 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 24/09/2020 10:25:57 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 24/09/2020 10:30:28 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

                                                                                  

Libro: 49– / Registro: 65

                                                                                  

Autos: “LAIGLECIA JOSE GABRIEL C/ CABALLERO ENZO DANIEL Y OTROS  S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -91658-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Jorge Ignacio Mariangeli

20050507395@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Carlos Alberto Battista

23149443339@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Javier Alberto Medina

20281421779@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “LAIGLECIA JOSE GABRIEL C/ CABALLERO ENZO DANIEL Y OTROS  S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -91658-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 18/8/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es fundada la apelación de la parte demandada, del 16/12/2019, contra la sentencia definitiva del 2/12/2019?

SEGUNDA: ¿es fundada la apelación de la parte demandante, del 9/12/2019, contra esa misma sentencia?

TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Para la sentencia penal de 1ª instancia la culpa exclusiva en la causación del accidente le cupo al conductor de la Toyota, por haberse desplazado hacia la derecha sin cerciorarse previamente de la circulación de la moto (ver fs. 110 vta. párrafo 1° y 111 vta., en “Caballero, Enzo Daniel. Lesiones culp. agrav por la conducción de un vehículo automotor”, expte. 135/2941, del juzgado correccional n° 2). En esa sentencia, a través de un análisis minucioso,  fue restada toda relevancia causal a las características de la motocicleta y al comportamiento del motociclista; la cámara penal la confirmó considerándola “enteramente” ajustada a derecho (allí, f. 136) y, si redujo la pena, sólo fue por considerar que el mínimo inhabilitante era suficiente reproche resocializante atenta la índole de la culpa del reo (f. 139).

En ese contexto, no hay margen para, sin escándalo jurídico,  adjudicar culpa en alguna medida al motociclista, pues la  autoridad  de  la cosa juzgada que emana de la sentencia penal  firme alcanza no solamente al hecho de la producción del accidente, origen de los daños  y  perjuicios reclamados, sino también a las circunstancias  en las  que el ilícito se ha consumado en tanto analizadas en ese fuero con detalle: el ‘hecho principal’  no  es el mero hecho del accidente, sino también las circunstancias allí analizadas que lo rodearon (art. 1102 CC y su nota; ver esta cámara en “Dosisto c/ Diez” 16/6/2005 lib. 34 reg. 81; ver doctrina legal y otra jurisprudencia bonaerense, en JUBA online, con las voces circunstancias cosa juzgada penal escándalo).

El desarrollo anterior lleva a dejar sin efecto, y no a aumentar, el 40% de culpa endosado al demandante en la sentencia apelada (art. 34.4 cód. proc.).

 

2- Es cierto que el trámite previo a la designación del perito médico Calvo fue, por lo menos,  bastante desordenado, fruto del desmadre que al parecer resultó de presentaciones diversas proveídas sucesivamente sin previo debido control de los puntuales antecedentes (ver fs. 255, 259, 263, 264, 270/vta., 279, 291/vta., 292 a 294 vta. y 306 a  312). Pero también lo es que las supuestas irregularidades de procedimiento debieron articularse y resolverse en la instancia en que fueron producidas, a través de incidente, lo que no aconteció (arts. 170 párrafo 2° y 155 cód. proc.).

El porcentaje del 60% de incapacidad dictaminado por el perito médico no se desmerece porque en la demanda se hubiera postulado uno del 40% (f. 63 vta. párrafo 1°),  ni porque la ART hubiera informado otro del 26,85% (f. 198): lo primero, porque fue una estimación provisoria sujeta a la posterior determinación pericial, y, lo segundo, porque lo laboral de la incapacidad no tiene por qué colmar todas las repercusiones sobre otros aspectos o dimensiones de la persona (art. 384 cód. proc.).

No conforme con la gradación del 60%, debió el apelante no limitarse a disentir con el juzgado acerca de la profundidad o no del dictamen pericial, sino a indicar de qué otras probanzas pudiera emerger objetivamente otro porcentaje menor (arts. 260 y 261 cód.proc.). Tampoco tentó persuadir a la cámara acerca de alguna clase de replanteo probatorio (art. 473 último párrafo cód. proc.). En los agravios ni siquiera hay alguna explicación tendiente a evidenciar que las secuelas detectadas por el experto no pueden justificar una incapacidad del 60% según el baremo que usó (la parte demandada no propuso oportunamente ningún punto de pericia al respecto y su objeción de f. 321 vta. ap. 3 no fue inadecuadamente respondida a f. 327 último párrafo), ni se propone fundadamente otro baremo alternativo (arts. 260 y 261 cód. proc.).

 

3- El traslado del pedido de exclusión de seguro fue corrido respecto de la asegurada demandada “Yacatay SRL”  (ver fs. 107 párrafo 3° y 134 último párrafo) y, a lo sumo, lo que pudo faltar fue la notificación por cédula de ese traslado (ver fs. 144 párrafo 1°, 146 párrafo 1°, 150 y, finalmente, f. 156.3).   Pudo faltar esa notificación, pero hubo notificación tácita resultante del retiro en préstamo del expediente: el otorgado el 5/12/2016, fue efectivizado el 6/12/2016, por retiro de la autorizada abog. María Marta Trevisán; y el otorgado el 10/4/2018, fue efectivizado el 27/4/2018 por retiro de la misma autorizada (ver informe de secretaría, del 7/9/2020, art. 116 cód. proc.; arg. arts. 34.5.d, 127, 134, 169 párrafo 3° y 149 párrafo 2° cód. proc.).

De cualquier forma, la asegurada pudo tomar conocimiento de ese planteo defensivo de la aseguradora, indirecta pero consistentemente, en  1ª instancia y, allí, debió plantear oportunamente el correspondiente incidente de nulidad, por falta de notificación del traslado, lo que no hizo, quedando así compurgado el supuesto vicio en base al cual, recién en los agravios, pide que sea declarada la nulidad en 2ª instancia (arts. 155 y art. 170 2° párrafo cód. proc.).

¿Cuándo la asegurada pudo tomar conocimiento de ese planteo defensivo de la aseguradora, indirecta pero consistentemente, en  1ª instancia?

Luego del dictamen pericial contable de fs. 289/290 vta., en el que, uno de los puntos de pericia propuestos por la aseguradora y evacuados por la experta, precisamente se  refería a la falta de pago de la póliza (punto c, f. 290). Dado que los puntos de pericia deben referirse a hechos controvertidos (eso hace a la pertinencia de la prueba pericial), pudo sin duda alguna inferir la asegurada que, ante semejante punto de pericia, tenía que haber sido alegado por la aseguradora el hecho de la falta de pago; con diligencia, entonces, pudo además cerciorarse de eso, simplemente consultando el escrito defensivo de la aseguradora, obrante a fs. 100/106. De hecho, la asegurada a fs. 299/vta. se expidió sobre el tema, sosteniendo que la póliza estaba paga y ofreciendo prueba al respecto, la que fue ordenada producir por la cámara al ser replanteada (ver resol. del 8/7/2020).

Antes del dictamen pericial contable, al abrirse la causa a prueba y al ordenarse la producción de esa pericia, el juzgado expresamente mencionó que había sido cuestionada por la aseguradora la vigencia de la cobertura a f. 100 vta. punto II (ver f. 157 vta. ap. 5.2.B).  Si el abogado apoderado del co-demandado Enzo Daniel Caballero tomó conocimiento del auto de apertura a prueba (ver f. 167), si era el mismo abogado patrocinante de “Yacatay SRL”  y si Caballero era socio gerente de “Yacatay SRL”  (ver f. 120; de hecho, apeló en ese carácter la sentencia el 16/12/2019; ver también ratificación a f. 300), entonces “Yacatay SRL”   tomó también conocimiento del auto de apertura a prueba (que es un todo, no un conjunto de segmentos) y, con eso, no pudo ignorar el cuestionamiento de la vigencia de la cobertura, ubicado por el juzgado a f. 100 vta. punto II (arts. 34.5.d y 163.5 párrafo 2° cód. proc.).

 

4-  Continúa el considerando 3-. Allende la falta de planteo oportuno de la nulidad, agrego la falta de perjuicio visible so capa de afectación del derecho de defensa.

La asegurada a fs. 299/vta. se expidió sobre el tema de la exclusión de la cobertura por falta de pago, sosteniendo que la póliza estaba paga y ofreciendo prueba al respecto, la que fue ordenada producir por la cámara al ser replanteada (ver resol. del 8/7/2020). Su punto es que, de alguna manera, pagó: ni a fs. 299/vta. ni en los agravios ha tan siquiera mencionado qué hecho más hubiera podido aducir  o qué prueba más hubiera podido ofrecer en 1ª instancia para defenderse al respecto.

En definitiva, aunque la nulidad  en clave de la supuesta falta de un traslado relevante o de su falta de notificación en 1ª instancia habría tenido que ser planteada oportunamente allí por vía de incidente (art. 169 cód. proc.), comoquiera que fuese  el derecho de defensa de “Yacatay SRL”  ha quedado resguardado lo suficientemente  entre lo expuesto por ella a fs. 299/vta. y lo decidido en cámara sobre la prueba,  lo que impide estimar el pedido de nulidad de lo actuado contenido en los agravios.

5- Continúan los considerandos 3- y 4-. De todas formas, la prueba pericial replanteada en cámara, de haber  colaborado o podido colaborar la aseguradora (ver fs. 364 y escrito del 23/7/2020) y de haber tenido resultado positivo para la asegurada, no habría tenido la relevancia que ésta le quiso  atribuir. ¿Y por qué la cámara la ordenó producir el 8/7/2020? Porque por ese entonces no podía analizar la atendibilidad.  Ahora, en cambio, se está juzgado su hipotética atendibilidad, dando por  supuesto que, de haberse realizado, hubieran resultado acreditados los hechos que buscaba demostrar la asegurada (verlos a f. 299 vta.).

Ella arguye que la sucesiva aceptación de pagos tardíos anteriores al accidente -que los hubo, ver dictamen pericial, f. 290.c, art. 474 cód. proc.-, supuso un acuerdo tácito de aceptación de futuros pagos tardíos sin suspensión de la cobertura; entre esos pagos, el pago de la cuota puntualmente impaga al momento del accidente, pago que entonces también fue tardío (ver cuadro en la pericia contable, a f. 290, art. 474 cit.). Esa es su interpretación subjetiva sobre el significado de los pagos tardíos y de su aceptación por la aseguradora. Pero no es la única interpretación posible ni es la más acertada.

En efecto, en espasmódica iteración, cada falta de pago puntual importó no otra cosa más que  la automática  suspensión de la cobertura y cada pago tardío no otra cosa más que su rehabilitación sin purgar la suspensión previa, todo según constante doctrina legal (art. 279 cód. proc.; verla en JUBA online, con las voces suspen$ rehabilita$ cobertura purga SCBA). La sucesiva aceptación de pagos tardíos no es dato suficiente para tener a la aseguradora por renunciados in futurum los efectos de la falta de pago desde cada vencimiento (arg. art. 874 CC), ni esos efectos tenían que ser informados en tanto emergentes de la ley so pretexto de relación consumeril (art. 31 ley 17418; art. 20 CC; SCBA “Miceli c/ Quiroz”  Ac 38693  22/3/1988, cit. en JUBA online).

La factura de f. 94, habla del pago de la póliza al 6/3/2014, no del pago oportuno de cada uno de las cuotas pactadas, menos aún a la época del accidente; la tarjeta de f. 93  informa sobre la existencia de un contrato de seguro desde el 17/3/2011 hasta el 17/9/2011, no del pago de la póliza al tiempo del accidente. Por eso, no hay contradicción entre esos documentos y el cuadro dictaminado de f. 290.c,  el cual, entonces,  no aparece desprestigiado por elementos de convicción adquiridos por el proceso de igual o mayor pertinencia y atendibilidad (arts. 384 y 474 cód. proc.).

Por otro lado,  en mora el pago de la póliza al tiempo del accidente,  estaba suspendida, impidiendo el incumplimiento del art. 56 de la ley 17418 por la aseguradora  (ver doctrina legal en JUBA online con las voces incumplimiento obligación invocable mora SCBA).   La misiva de f. 91, tardía si la póliza hubiera estado vigente al momento del accidente, en todo caso pudo ser facultativamente enviada por la aseguradora, sin estar obligada a hacerlo, acaso en honor a la continuidad de la relación comercial sospechada por la parte actora (ver puntos de pericia a f. 132 vta. punto IV.a).

Quien no cumplía, no podía reclamar que se le cumpliera (art. 1201 CC). La legislación consumeril puede operar sobre un contrato vigente pero no sobre uno suspendido según la ley especial, puede vigorizar la situación de la asegurada en el marco de un contrato vivo pero no puede resucitar a uno temporalmente muerto por su culpa.

Como se puede apreciar, el fracaso de la tesis de la asegurada no se debe a las cláusulas del contrato, sino a la ley y a la doctrina legal citadas.

Por fin, hago notar una circunstancia coherente con la conciencia de “Yacatay SRL” acerca de la falta de cobertura: no sólo no pidió la citación en garantía de su aseguradora -lo hizo  la parte actora, muy tímida y escuetamente, en contraste con sus otros frondosos desarrollos en demanda,  ver f. 72 vta. IX -, sino que ni siquiera mencionó el seguro en su contestación de demanda (ver f.128). Si, como expresa en sus agravios, se había quedado tranquila al considerar que tenía cobertura, “pues nadie la había dicho nada al respecto”, ¿por qué ni siquiera habría mencionado el contrato de seguro al contestar la demanda?  No tengo respuesta para esa pregunta que favorezca la postura de esa demandada   (arts. 34.5.d y 163.5 párrafo 2° cód. proc.).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Así como el juez Lettieri antes de tomarse licencia hasta el 25/9, adhiero al voto del juez Sosa.

A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Los vicios o defectos del procedimiento probatorio pericial contable, acusados por la parte actora en el punto II.1 de sus agravios,  debieron ser abordados y resueltos en la instancia de origen (arts. 169 y sgtes. y  266 cód. proc.).  Por otro lado, si hubieran redundado en un dictamen impugnable por su contenido y  si el juzgado hubiera basado algún punto de su decisorio en él, eso pudo y debió ser motivo de agravio, incluso señalando la existencia de elementos de convicción de mayor predicamento (arts. 260 y 261 cód. proc.); y si hubieran redundado en la indebida falta de producción de un dictamen complementario, para persuadir a la cámara sobre algún punto necesario para revertir la sentencia apelada,  eso debió ser motivo de replanteo probatorio, no de declaración de nulidad en 2ª instancia (art. 255.2 cód. proc.).

 

2- Voy a los agravios expresados en II.2. y IV.  Se ha explicado, al tratar la apelación de la parte demandada, cómo es que, según la ley 17418, el contrato de seguro estaba suspendido al tiempo del accidente y como es que la asegurada tomó conocimiento de eso durante el proceso. Y allí hemos dicho, y aquí reiteramos, que la legislación consumeril puede operar sobre un contrato vigente pero no sobre uno suspendido según la ley especial, puede vigorizar la situación de la asegurada en el marco de un contrato vivo pero no puede resucitar a uno temporalmente muerto por su culpa. En todo caso, si algo podía esperarse milagrosamente de la legislación consumeril para revivir un contrato suspendido por culpa de la asegurada, eso era invocable por ésta -ya que la parte demandante obviamente no contrató con la aseguradora- o, en todo caso, so pretexto de la legislación de consumo los efectos de la falta de pago de la prima no podrían ser para la demandante diferentes -menos perjudiciales- que para la propia  asegurada: los mismos efectos del contrato (ver  CSN “Diaz, Graciela Luisa c/ Evangelista, Jorge Daniel Pascual y otros s/ daños y perjuicios”, sent. 12/6/2018, Fallos: 341:648) y de su incumplimiento (falta de pago de la prima al momento del accidente, acreditada según dictamen pericial, ver f. 290.c, art. 474 cód. proc.; ver respuesta a la apelación de la demandada) alcanzan a la asegurada como a la damnificada.

 

3- Tiene éxito la parte actora en su agravio III (ver considerando 1- al ser votada la 1ª cuestión).

 

4- Es insuficiente el agravio en lo concerniente a la cuantificación de los rubros acogidos en primera instancia (arts. 260 y 261 cód. proc.). Señala la actora que la demanda prospera por los rubros: daño moral en $ 95.000; incapacidad $ 4.346.662,50; daño psicológico $ 60.000 (mas el valor de 52 semanas de tratamiento) y daño al proyecto de vida en $ 95.000. Se queja por la falta de readecuación de esos montos, salvo el de incapacidad.

Es cierto que el daño moral, el psicológico y al proyecto de vida fueron cuantificados según cifras nominales indicadas en la demanda y que, desde la demanda hasta la sentencia la moneda se depreció. Pero no indica ni argumenta el demandante por qué los guarismos reclamados en demanda eran los justos según valores vigentes en ese momento, de modo que el juez, sin cometer injusticia, no hubiera podido recibirlos en la sentencia según el poder adquisitivo de la moneda en este último momento. Si sólo remitir a escritos anteriores no es suficiente (art. 260 párrafo 2° parte 1ª cód. proc.), es más insuficiente ni siquiera remitir a ellos (art. 384 cód. proc.).

La repotenciación basada en “Einaudi” se puede justificar en tanto y en cuanto se demuestre en cámara con precedentes, pruebas, etc. que hacer lugar al reclamo nominal de la demanda es injusto, porque ese reclamo era justo sólo a valores vigentes al momento de ser planteada.

Por otro lado, en la sentencia se otorga una tasa de interés diferente a una  pura del 6% anual, lo que de alguna manera ha buscado hacer frente al flagelo inflacionario (ver f. 447 punto 5).

 

5- La sentencia rechazó los gastos de asistencia médica en base a dos argumentos centrales: a- la falta de comprobantes; b- la cobertura de Provincia ART (f. 446 vta.).

La falta de comprobantes ha sido admitida en demanda (f. 68 ap. IV. f párrafo 1°); si no obstante se adjuntaron unos pocos (fs. 35/40), éstos fueron cuestionados por la parte demandada (f. 113 vta. párrafo 1°), sin que en los agravios nada se haya dicho sobre la producción de prueba corroborante (arts. 260 y 261 cód. proc.). Más reprochable la falta de comprobantes, cuanto más “significativas” las erogaciones, como se lo asevera en la demanda (f. 68 vta. párrafo 1°; arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.).

La cobertura de Provincia ART ha sido admitida a f. 206, sin mayores precisiones en cuanto a su alcance concreto, las que en todo caso debieron ser proporcionadas por la parte actora  (arts. 330.4, 34.4 y 384 cód. proc.).

Y, por fin, el perito médico, al evacuar el punto 8 (ver f. 71 vta.), no manifestó que $ 15.000 fueran razonables como gastos indocumentados, sino que afirmó que el demandante “ha tenido” erogaciones por más de $15.000, sin explicar cómo pudo saber que fueron afrontadas por él y no v. gr. por la ART (f. 318; arts. 384 y 474 cód. proc.). La parte actora no requirió ninguna explicación del perito, sino que en vez se concentró en fustigar las objeciones de sus adversarios (ver fs. 329/vta.).

 

6- Puede creerse que, como consecuencia de la colisión, la moto guiada por el demandante debió sufrir desperfectos (arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.; arts. 1094 y 1095 CC). En la IPP ofrecida por ambas partes (fs. 72.f  y 116 vta. 5) luce la factura de f. 4 dando cuenta de arreglos, que fue reconocida por su emisor en la causa correccional (ver en esta última, a fs. 73 y 104 vta.; ofrecida como prueba por la parte demandada a f. 116 vta. 5). No se han puesto de manifiesto probanzas según las cuales los desperfectos hubieran sido otros o su costo de reparación menor (art. 375 cód. proc.), motivo por el cual estimo razonable hacer lugar al reclamo en este ítem por la suma reclamada en demanda (art. 165 párrafo 3° cod.proc.; art. 3 CCyC), con más el ajuste por pérdida del poder adquisitivo de la moneda e intereses que pudieran estipularse conforme a derecho al tiempo de la condigna liquidación (art. 501 cód. proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Así como el juez Lettieri antes de tomarse licencia hasta el 25/9, adhiero al voto del juez Sosa.

A LA  TERCERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Atento lo establecido en el art. 58 de los Principios de Ética Judicial declarados en la Parte I del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, antes de proporcionar la conclusión de mi voto a las dos cuestiones anteriores, dejo constancia que:

a-  la causa fue sorteada el 18/8/2020, justo el día en que comenzaba una licencia -compensatoria de la feria de enero 2020- hasta el viernes 28/8/2020;

b- puesto a estudiar la causa inmediatamente luego de terminada mi licencia,  el lunes 31/8/2020, pude advertir la excepcional necesidad de contar con  el expediente/papel, lo que requerí y obtuve ese mismo día;

c- previa cuarentena del expte. papel por precaución,  confeccioné mi voto y lo estoy haciendo circular el  7/9/2020.

2- Como resultado del voto a la 1ª y 2ª cuestión, corresponde:

a- desestimar ambas apelaciones en cuanto tendientes a responsabilizar a la citada en garantía, con costas a  cargo de las partes apelantes infructuosas  frente a ésta (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.);

b- desestimar, en las demás cuestiones motivo de agravios, la apelación de la parte demandada, del 16/12/2019, con costas íntegramente a su cargo (art. 68 cód. proc.);

c- desestimar, en las demás cuestiones motivo de agravios,  la apelación de la parte actora, del 9/12/2019, salvo en dos en las que sí prosperan: el relativo a la culpa del conductor de la camioneta (llevada al 100%) y el atinente a la reparación de la motocicleta; con costas a la parte demandada sólo en estos dos últimos temas (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.);

d- diferir las regulaciones de honorarios aquí (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a- Desestimar ambas apelaciones en cuanto tendientes a responsabilizar a la citada en garantía, con costas a  cargo de las partes apelantes infructuosas  frente a ésta;

b- Desestimar, en las demás cuestiones motivo de agravios, la apelación de la parte demandada, del 16/12/2019, con costas íntegramente a su cargo;

c- Desestimar, en las demás cuestiones motivo de agravios,  la apelación de la parte actora, del 9/12/2019, salvo en dos en las que sí prosperan: el relativo a la culpa del conductor de la camioneta (llevada al 100%) y el atinente a la reparación de la motocicleta; con costas a la parte demandada sólo en estos dos últimos temas;

d- Diferir las regulaciones de honorarios aquí.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los letrados intervinientes, insertos en la parte superior  (arts. 169 3° párr. y 143, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado Civil y Comercial n°2, asimismo devuélvanse las causas vinculadas n°135/2941 al Juzgado Correccional n°2; n°6188/15 al Juzgado de Ejecución Penal e IPP n°3567-11/00 a la U.F.I. n°4, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). El juez Lettieri no participa de la presente por encontrarse en uso de licencia.

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:05:37 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:13:39 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 24/09/2020 10:06:40 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20050507395@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 20281421779@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 23149443339@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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240700774002535663

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Civil y Comercial n°1

                                                                                  

Libro: 49– / Registro: 64

                                                                                  

Autos: “D., M. N.  C/ S. D. C., J. J. S/ACCIONES DE RECLAMACION DE FILIACION”

Expte.: -91430-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Guillermo Luciani

23322558309@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Patricia Natalia Castro

23255827774@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Cecilia Elena Castro

23174652414@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “D., M. N.  C/ S. D. C., J. J. S/ACCIONES DE RECLAMACION DE FILIACION” (expte. nro. -91430-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 7/9/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación de f. 129 contra la sentencia de fs. 120/121 vta.?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- No se pudo mantener a f. 55 una pretensión que no se planteó, sino que tan solo “se reservó”, en la demanda (ver f. 12).

Es más, no sólo nada más se la reservó a f. 12, sino que además allí ni siquiera se la precisó: se alude “a los daños sufridos durante toda mi vida en virtud de la falta del reconocimiento filiatorio correspondiente”; fue recién a f. 55 que se hizo referencia a un “daño moral”. En el petitorio de f. 14 no se deja constancia de haberse planteado una pretensión resarcitoria (art. 34.4 cód. proc.).

Lo que pasó fue que, montándose en un fortuito error de interpretación del juzgado (ver proveído a f. 52 párrafo 1°), la actora a f. 55 introdujo o al menos modificó tardíamente una pretensión (arts. 87 y 331 cód. proc.).

En la duda, conviene dejar a salvo el derecho de defensa de la parte demandada, quien, más allá de la mención contenida a f. 34 vta., no ha tenido ocasión adecuada para tomar posición respecto de una pretensión resarcitoria clara y expresamente expuesta (arts. 330 incs. 3, 4 y 6 y 345.5 cód. proc.).

La prueba producida aquí y que sería pertinente a los fines del supuesto daño moral (testimonial, ver fs. 88/91), podrá valer como anticipada en el ámbito de una eventualmente futura pretensión resarcitoria (arts. 326 y 327 párrafo 2° cód. proc.).

 

2- Como lo admite la actora al expresar su segundo agravio, el juzgado impuso costas en el orden causado por entender que no hubo oposición al progreso de la acción y que, por ello, las demandadas no deben soportarlas.

El juzgado se está refiriendo a la acción de filiación (pues, como sabemos, la resarcitoria no fue ejercida, ver considerando 1-) y argumenta que las costas deben ser soportadas por su orden porque no hubo oposición a su  progreso. Contra este argumento no se yergue crítica concreta y razonada (arts. 260 y 261 cód. proc.).

Por otro lado, sin condena en contra de la parte demandada por la pretensión resarcitoria, y, ergo, sin haber sido vencida allí,  cae en saco roto el agravio si por ventura tendiente a imponerle las costas en ese segmento (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

 

3- Lo mismo expuesto en el considerando 2- cabe respecto de la rebelde Otaño. Nótese que la rebeldía no es sinónimo de derrota de la persona rebelde (ver doctrina legan en JUBA online con las voces SCBA declaración rebeldía presunción demanda procedente).

Además, concebidos a vuelapluma en este punto,  en los agravios no se explica por qué Otaño debiere ser condenada en costas, allende su calidad de rebelde (arts. 260 y 261 cód. proc.).

No obstante, obiter dictum, para mayor satisfacción de la recurrente,  voy a decir lo siguiente.

No hay que confundir las costas causadas por la rebeldía (art. 60 último párrafo cód. proc.), con las costas del proceso (art. 77 cód.proc.). La rebeldía no altera la regular imposición de costas al vencido, sea que éste fuera el rebelde o el no rebelde. Lo que el último párrafo del art. 60 quiere decir es que, si la persona  rebelde gana el juicio y el litigante no rebelde es condenado en costas, habrá algunas costas que, excepcional e  inexorablemente,  estarán a cargo de la persona rebelde: las provocadas por su rebeldía.

¿Y cuáles son las costas causadas por la rebeldía?

Están representadas por los gastos realizados  y  los honorarios devengados para pedir, obtener y notificar la declaración de rebeldía: todos estos rubros pesarán sí o sí sobre el rebelde, aunque el resto de los gastos causídicos debieran ser soportados de otra manera (v.gr. en el caso, cada uno de los litigantes comparecientes, los suyos).

 

4- Atento lo reglado en el art. 58 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, aclaro que:

a- la apelación fue sorteada el 7/9/2020;

b- ese mismo día pedí y obtuve el expediente-papel;

c- desde entonces, aislé preventivamente en mi domicilio el expediente-papel;

d- emito, éste,  mi voto el 14/9/2020.

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede (art. 266, cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 129 contra la sentencia de fs. 120/121 vta., con costas a la apelante infructuosa (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de f. 129 contra la sentencia de fs. 120/121 vta., con costas a la apelante infructuosa y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en el domicilio  electrónico constituido por el letrado interviniente, inserto en la parte superior  (arts. 169 3° párr. y 143, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado  Civil y Comercial n°1, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). El juez Lettieri no participa de la presente por encontrarse en uso de licencia.

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:01:34 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:16:42 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 24/09/2020 10:03:18 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 23174652414@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 23255827774@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 23322558309@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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236900774002535624

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

                                                                                  

Libro: 49– / Registro: 63

                                                                                  

Autos: “FOLGUEIRA LAURA VIVIANA C/ SUAREZ RAUL Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”

Expte.: -91864-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Fermín Volpe

20334833896@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Raúl Osvaldo Bassi

20163224349@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “FOLGUEIRA LAURA VIVIANA C/ SUAREZ RAUL Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES” (expte. nro. -91864-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 6/8/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es   procedente   la   apelación  electrónica de fecha 16/6/2020 contra la sentencia de fecha 12/6/2020?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. La sentencia de la instancia de origen hizo lugar a la demanda  por incumplimiento de contrato interpuesta por Laura Viviana Folgueira contra Raúl Alberto Suárez, Matias Daniel Chiodi y Sebastián Sica y, en consecuencia, condenó a éstos últimos a pagar a la primera, en el plazo de diez días, la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($534.262,50). Ello en concepto de mejoras no realizadas y convenidas; y alquileres pendientes hasta la finalización del contrato por el lapso de 27 meses.

2. Se agravian los accionados por entender que hubo una valoración errónea de las mejoras, al considerar que éstas no fueron realizadas, cuando sí lo fueron; como también de la condena por la totalidad de los cánones locativos restantes.

2.1. Mejoras.

La sentencia las tuvo por no realizadas y condenó a los accionados a abonar la suma de $ 51.000 readecuados al momento de la sentencia.

Para así decidir tuvo en cuenta que al alegar los accionados que las mejoras se habían realizado, ello constituyó un hecho extintivo de responsabilidad, pesando sobre ellos la carga de la prueba de su realización por la suma comprometida y de la aprobación previa de la locadora; circunstancia que -según la sentencia- no abastecieron.

Así se afirmó que no existe en autos ninguna prueba que avale la aprobación previa de las mejoras por parte de la locadora. Pero tampoco los demandados han explicado al contestar demanda cuáles fueron concretamente las mejoras realizadas y por qué montos, más allá de ciertas menciones genéricas al aportar la prueba documental (fs. 124) que son, desde luego, insuficientes (art. 354.2 y 384 Cód. Proc.). Como mínimo, los accionados debieron haber aportado documentación fotográfica de las mejoras realizadas. De hecho, las únicas fotografías aportadas en autos (ver acta de constatación de fs. 185/193) están lejos de evidenciar que el lugar haya sido, de alguna manera, mejorado. Y en nada benefician su carga probatoria las declaraciones de los testigos ofrecidos por los demandados, en razón de que son poco precisos al referir las mejoras que se habrían realizado y, en el caso de la declaración de Martín Adolfo Schmidt, aparece reñida con las generales de la ley (art. 456 Cód. Proc). En cuanto al empadronamiento realizado por la arquitecta Huertas (fs. 172/174), no queda comprendido entre las mejoras que debían realizarse durante los primeros seis meses ($8.500*6 meses=$51.000), sino que se trata de un diferente compromiso asumido por los locatarios y por el cual se otorgaron tres meses adicionales de plazo de gracia (ver fs. 17vta cláusula novena in fine).

Pues bien, este detallado repaso de las carencias probatorias de los demandados no fue objeto de crítica concreta y razonada de los accionados.

No alcanza con decir que al contestar demanda se acompañó abundante documentación si no se correlaciona esa documentación con mejoras puntuales y concretas realizadas por los accionados en el inmueble (máxime cuando del mandamiento de constatación realizado y de las fotografías de fs. 187/191 se advierte que el inmueble se encuentra en un importante estado de abandono y deterioro que da cuenta también el informe del Oficial de Justicia de fs. 192/193 de fecha 20/8/2019); y por el monto al que se habían comprometido.

Tampoco es suficiente con manifestar que no se advierte que los testigos hubiesen incurrido en graves contradicciones entre sí, o con otras probanzas incorporadas a la causa, sin indicar cómo es que de esos testimonios puede extraerse el error del sentenciante en su decisión y la prueba de sus afirmaciones realizadas en demanda.

En definitiva, frases como “no advertimos” o “disentir con dicho postulado” o pretender una particular interpretación de la carga de la prueba de un hecho extintivo diferente del normado en el artículo 422.1. del código procesal no trasluce más que una mera discrepancia subjetiva, pues no hay invocación documentada o prueba de otro tipo, concreta y razonada en el sentido que las mejoras fueron efectivamente realizadas, con la anuencia de la locadora y por la suma a la que se obligaron contractualmente (arts. 1197, 1198, 509, 512 CC y 886, 1er. párrafo, 957, 959, 961, 962 y concs., CCyC).

Sostener que era la actora quien debía acreditar que las mejoras no fueron realizadas, es hacer recaer -como abiertamente lo exponen los apelantes- sobre ésta indebidamente la prueba del hecho negativo. Es que no escapaba a los demandados la carga de probar las mejoras realizadas, por haberlas según sus dichos contratado y abonado, siendo más fácil para ellos demostrarlas que a la actora acreditar el hecho negativo de su falta (arts. 375, 384 y 422.1., cód. proc.), aun cuando hubieran transcurrido varios años de la fecha de entrega del inmueble a la actora (arts. 260 y 261 cód. proc.).

Siendo así, el recurso es desierto en este tramo.

 

2.2. Cánones locativos pendientes hasta la finalización del contrato.

La sentencia condena a su pago por entender que producida la mora, entraron a jugar las cláusulas tercera y séptima del contrato cuya copia luce a fs. 16/19 de los presentes, la primera de las cuales estatuye la mora automática ante la falta de pago de los cánones locativos; y la segunda que en caso de rescisión contractual por culpa de los accionados, éstos quedarán obligados al pago de los alquileres pendientes hasta la finalización del plazo contractual.

Los accionados reconocen que mediante sentencia firme esta cámara rechazó la consignación de al menos ciertos pagos de cánones locativos (ver sentencia de esta cámara de fecha 7/3/2018 en autos “Suárez, Raúl c/ Folgueira, Laura Viviana s/ consignación de sumas de dinero”, Expte de 1ra. instancia. N°3601-2014 y de cámara 90533).

Considerados impagos los cánones, no cabe duda que la accionada entró en mora; y en ese caso, como indicó el sentenciante de la instancia de origen jugaban las cláusulas 3ra. y 7ma. que obligaban a los accionados al pago de la totalidad de los cánones pendientes hasta la finalización del contrato.

Este razonamiento del fallo apelado no fue objeto de puntual crítica en los términos de los artículos 260 y 261 del código procesal.

Resulta insuficiente decir que lo afirmado por la sentencia no es totalmente cierto, que la intención de la actora fue siempre cobrar la totalidad del contrato y recuperar en forma inmediata el inmueble locado, o sostener que no habiéndose acreditado la falta de realización de las mejoras lo único que debían los accionados era el mes de octubre de 2014; sin hacerse cargo de los pilares de la sentencia que hacen foco en la mora de los accionados y lo que ésta desencadenó: la puesta en funcionamiento de las cláusulas 3ra. y 7ma. del contrato que unía a las partes y que justificó la condena de marras.

Siendo así, el recurso es desierto en este tramo (arts. 260 y 261, cód. proc.).

 

2.3. Readecuación.

Los apelantes aducen que la sentencia es incongruente al otorgar más de lo peticionado, a través del mecanismo titulado “readecuación”.

Releyendo la demanda se advierte que la actora peticionó a f. 25vta., párrafo 3ro. correspondiente al pto. III., en lo que hace a los alquileres pendientes hasta la finalización del contrato, los intereses punitorios de la cláusula tercera. Y también los de la cláusula séptima.

Siendo que la sentencia aplicó una “readecuación” que en principio no se condice con lo explicado precedentemente corresponde a mi juicio por el momento dejarla sin efecto (arts. 34.4. y 266, cód. proc.); y diferir el tratamiento de los intereses para la etapa de liquidación (arts. 501 y concs., cód. proc.).

 

3. Merced a lo expuesto, corresponde receptar parcialmente el recurso de la parte demandada sólo en lo que se refiere al punto 2.3. de los considerandos, con costas por su orden en 2a instancia, atento el triunfo parcial de los involucrados (art. 71, cód. proc.).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto de la jueza Scelzo (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde receptar parcialmente el recurso de la parte demandada sólo en lo que se refiere al punto 2.3. de los considerandos, con costas por su orden en 2a. instancia, atento el triunfo parcial de los involucrados (art. 71, cód. proc.) y diferimiento de la regulación de honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Receptar parcialmente el recurso de la parte demandada sólo en lo que se refiere al punto 2.3. de los considerandos, con costas por su orden en 2a instancia  y diferimiento de la regulación de honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los letrados intervinientes, insertos en la parte superior  (arts. 169 3° párr. y 143, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado Civil y Comercial n°1, juntamente con las causas n°82/04 en 2 cuerpos; n°8750 en 2 cuerpos -fotocopiada- y n°95228 en 1 cuerpo -fotocopiada-, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). El juez Lettieri no participa de la presente por encontrarse en uso de licencia.

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:00:39 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:17:34 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 24/09/2020 10:02:14 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20334833896@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

‰7/èmH”UX”iŠ

231500774002535602

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

                                                                                  

Libro: 49– / Registro: 61

                                                                                  

Autos: “MARTIN OYARZABAL JUAN PABLO  C/ MARTIN MARIA DEL CARMEN S/ MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -91601-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Collinet: 27111705440@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. M.Ruiz: 20223187332@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “MARTIN OYARZABAL JUAN PABLO  C/ MARTIN MARIA DEL CARMEN S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (expte. nro. -91601-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 14/9/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿Es fundda la apelación del 24/10/2019 contra la sentencia del 15/10/2019?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- En los agravios 1°, 3°, 4° y 9°, la demandada objeta la legitimación pasiva. Dice que su hijo Rojo, el real ocupante del inmueble, debió ser demandado, y no ella.

Pero en sus agravios admite que ella, en su condición de co-heredera,  autorizó a su hijo Rojo a ocupar el inmueble (ver f. 181 párrafo 1°; en versión digital, 3er documento anexado al trámite del 17/2/2020), de manera que fue ella la autora de la posesión de éste; en otras palabras, ella actuó como co-poseedora, Rojo no más que como tenedor en nombre de su autora (arts. 2460, 2462, 2464 y concs. CC; arts. 1910, 1924 y concs. CCyC).

Quien así -autorizando la ocupación de Rojo-  hizo uso exclusivo de la cosa común, frente al accionante,  fue la co-poseedora, sin perjuicio de la relación jurídica subjetiva entre ésta y Rojo (art. 34.4 cód. proc.). Y por ese uso exclusivo, realizado a través de su autorizado Rojo, la accionada le debe indemnización al actor, desde que le fue requerida (art. 2328 CCyC).

 

2- El agravio 2° es insuficiente. Se manifiesta que el demandante también autorizó la ocupación de Rojo  pero  no se indica de qué elemento de convicción pudiera surgir eso (arts. 260 y 261 cód. proc.). El escribano Crespo no lo sabe (audiencia en cámara del 4/9/2020, entre 14′ 20″ y 14′ 50″) y tampoco el martillero Rabasa (esa audiencia, entre 35′ 39″ y 36′ 12″), aunque ambos  suponen que la autorizante fue la madre de Rojo.

Si es deficitario sólo remitir a constancias anteriores (art. 260 párrafo 2° parte 1ª cód. prc.), con mayor razón lo es ni siquiera indicar una constancia  en la que pudiera sustentarse la crítica. Por otro lado, acaso el actor habría podido consentir esa ocupación, pero no su gratuidad desde el envío de la carta documento del 18/11/2015.

Respecto de esa carta documento, afirma la apelante que no se encuentra agregada en autos y que no la reconoció (ver agravio 5°), pero no niega que está a f. 97 de la causa principal, ni aduce haber negado su recepción por Rojo con lo cual cabe tenerla por recibida (arts. 34.5.d,  354.1 y 384 cód. proc.). Otra vez la crítica es inútil (arts. 260 y 261 cód. proc.).

 

3- Atinente al canon locativo, el juzgado usó una tasación de marzo de 2017 para justipreciarlo equitativamente en $ 8.500, pero lo adecuó a valores vigentes al momento de sentenciar, usando el salario mínimo, vital y móvil como referencia. La recurrente, en su 6° agravio,  no objeta categóricamente la readecuación por desvalorización monetaria, pero propone otro mecanismo alternativo, sin dar ninguna razón acerca de por qué debería ser usado éste y no el empleado por el juzgado. De nuevo, la crítica es estéril (arts. 260 y 261 cód. proc.).

4- En cuanto al arranque del crédito, advierto que el agravio 8° es contraproducente: si en demanda se reclamó indemnización desde el inicio de la ocupación y si la sentencia sólo le hace lugar desde el requerimiento (como lo regla el art. 2328 párrafo 2° CCyC), dado que éste en todo caso debería haber sido un momento posterior, esto beneficia y no perjudica a la parte demandada. Vale decir, el éxito parcial de la demanda es más benévolo para la demandada de lo que hubiera sido el éxito total (arts. 34.4 y 163.6 párrafo 1° cód. proc.).

 

5- Por fin, dice la apelante que la indemnización no procede hasta la sentencia, sino hasta la desocupación del inmueble por Rojo, lo que ubica en el día 10/6/2018.

Lo cierto es que en los agravios no se apunta  qué probanza adquirida por el proceso pudiera adverar ese dato, lo que hace que la crítica sea ineficiente (arts. 260 y 261 cód. proc.). Aclaro que tampoco ese dato resultó acreditado con los relatos testimoniales del escribano Crespo y del martillero Rabasa recibidos en cámara el 4/9/2020: que Rojo hubiera comprado y tomado posesión de otro inmueble en noviembre o diciembre de 2017 no es hecho que permita presumir  que se hubiera mudado en tal o cual preciso momento posterior (v.gr. el 10/6/2018) desocupando el que es objeto de este proceso; Crespo depuso que por comentarios de Rojo éste se mudó “al poco tiempo” desde esa compra y el martillero Rabasa lisa y llanamente no sabe cuándo se mudó  (ver: Crespo desde 7′ 30″ hasta 9′; Rabasa desde 34′ 30″ hasta. 35′ 30″;  arts. 163.5 párrafo 2°, 384 y 456 cód. proc.). En todo caso, no es lo mismo desocupar unilateralmente que hacer tradición del inmueble: sin ésta no cesó el uso exclusivo (arg. art. 1924 CCyC).

VOTO QUE NO (el 16/9/2020; art. 58 Código Iberoamericano de Ética Judicial).

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede (art. 266, cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ S       OSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación del 24/10/2019 contra la sentencia del 15/10/2019, con costas en cámara a la apelante vencida (art. 68 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación del 24/10/2019 contra la sentencia del 15/10/2019, con costas en cámara a la apelante vencida  y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios  electrónicos constituidos por la letrada y  el letrado intervinientes, insertos en la parte superior  (arts. 169 3° párr. y 143, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado Civil y Comercial n°1, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). El juez Lettieri no participa por hallarse en uso de licencia.

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 22/09/2020 15:05:32 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/09/2020 15:29:49 – SOSA Toribio Enrique –

Funcionario Firmante: 22/09/2020 17:10:34 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                  

Libro: 49- / Registro: 60

                                                                                  

Autos: “CRESPO MARIA ALEJANDRA C/ CLINICA DEL OESTE S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -91763-

                                                                                  

Notificaciones:

Abog. Castro: 23174652414@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Posada: 20110892218@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. C. Luciani: 27300582260@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. R. Paso: 20119957312@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

____________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “CRESPO MARIA ALEJANDRA C/ CLINICA DEL OESTE S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -91763-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 2/7/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿son procedentes las apelaciones de fechas 19/2/2020, 21/2/2020 y 26/2/2020, respectivamente, contra la sentencia del 14/2/2020?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. La sentencia de la instancia de origen condenó a Gladys Iturri, Angel Maggio y a la Clínica del Oeste SA a pagar a la actora la suma de $958.500 dentro del décimo día y a la citada en garantía a mantener indemne a su asegurada en la medida del seguro, con más los intereses en ella indicados y costas a los demandados vencidos.

Apelan los condenados expresando agravios mediante sendas presentaciones electrónicas de fecha 10/6/2020, los dos segundos y la citada en garantía; y Gladys Iturri hace lo propio con fecha 16/6/2020.

2.1. Analizaré en primer lugar la prejudicialidad planteada por Iturri, Clínica del Oeste SA y la citada en garantía.

Veamos: la sentencia rechazó la prejudicialidad, por no haberse ejercido la acción penal, y sin acción penal no puede haber prejudicialidad.

Agregando que sólo hay una investigación instructoria certificada con fecha 18-9-2018.

2.2. Se agravian los apelantes argumentando que la causa continuó más allá de la fecha indicada y que ya existe citación del artículo 308 del código procesal penal, habiéndose llevado a cabo la indagatoria con fecha abril de 2019.

Pero no se ataca el pilar fundamental del fallo que indica que sin ejercicio de la acción penal, en otras palabras sin acusación, no hay prejudicialidad. Y en este aspecto el recurso es desierto pues como se verá a continuación, de la investigación penal no puede extraerse que el fiscal hubiera procedido a ejercitar la acción.

Es que en la IPP sólo se ha tomado a Iturri la declaración del artículo 308 del código procesal penal según surge de acta fechada el 17-4-2019 y realizado pericia médica con fecha 2-5-2019. Siendo éstos los últimos actos procesales allí realizados.     En otras palabras, el fiscal, tal como indicó el sentenciante de origen, no ejercitó la acción penal; y no indican los apelantes de qué modo lo obrado en la causa penal hasta ahora fuera suficiente para considerar que la causa civil no pudo ser fallada por hallarse dentro de las previsiones del primer párrafo del artículo 1775 del CCyC.

Sí, en cambio, como lo indica la actora en su responde, es dable consignar que la investigación se encuentra sin movimiento desde hace más de un  año. En otras palabras, paralizada de hecho desde hace más de dieciséis meses, y sin acusación; de acuerdo al art. 1775.b. del Código Civil y Comercial, puede dictarse sentencia civil si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado.

Y ése es justamente el planteo que realiza la actora al responder la expresión de agravios. Además de acompañar las afirmaciones del sentenciante.

Los hechos aquí ventilados sucedieron el 6-2-2017, es decir hace más de tres años, la causa penal lleva más de un año sin movimiento y nada hace suponer que lo vaya a tener en lo inmediato. Pero además no existe ningún acusado en ella siendo que este rol procesal -el  de  acusado-  emerge recién luego de la acusación o requerimiento de elevación a juicio. Circunstancia que no ha sucedido allá.

Ya ha dicho esta cámara que en el peor de los panoramas,  que  el  juez penal y el civil pudieran llegar a diferentes  conclusiones  (habiendo  sentenciado  primero  este  último), constituiría mal menor ante el mal mayor que  hoy  por hoy, teniendo en cuenta el malestar social para con el Poder  Judicial,  resultaría  de la falta de toda respuesta  jurisdiccional  oportuna (y oportuna significa más ajustada a  los  tiempos  vitales  de  los  justiciables). El derecho a una decisión judicial  oportuna,  dictada  en  tiempo razonable, emerge expresamente,  con  rango constitucional (art. 75 inc. 22 Const. Nacional), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. En su Parte I “Deberes de los estados y derechos protegidos”, Capítulo II “Derechos civiles y  políticos”,  el art. 8 “Garantías judiciales” en su inciso 1º establece que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías  y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e  imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en  la sustanciación de cualquier acusación penal  formulada  contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de  orden  civil,  laboral,  fiscal  o de cualquier  otro  carácter”  (consultar  también: arts. XVIII y XXIV de la “Declaración Americana de los Derechos del Hombre” -Bogotá 1948-; y, en ámbito bonaerense,  el art. 15 de la Constitución local). Así, la reducción  del  alcance de la prejudicialidad penal a su justo  cauce  vía  interpretación  judicial bien puede constituir una de las medidas “de otro carácter” referidas en el art. 2º del Pacto de San José de Costa Rica, medida que podrá ser frecuentemente necesaria para hacer efectivo ese derecho, a obtener una decisión civil  oportuna,  cuando  existe  proceso penal paralelo (ver Sosa, Toribio E. “Reingeniería  Procesal”,  Ed.  Platense, capítulo 4, La Plata, 2005) (conf. esta cámara “PEREZ, JOSE MARIA c/ ARAGON, MARCELINO ABEL Y  OTROS  s/ Cobro Ejecutivo”,  sent. del 29/9/2005; Libro 36,  Registro nro. 307).

A salvo la posibilidad de revisión de la cosa juzgada írrita, si basada la sentencia en testimonios luego declarados falsos, le cabe al afectado (conf. Hitters, J.C. “Revisión de la cosa juzgada” en libro de ponencias del Congreso Nacional de Dcho. Procesal, 1999, pág. 132) (conf. esta cámara con voto del juez Sosa autos Autos: “ORMART Gustavo Osvaldo c/ ORMART José Martín S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. de cámara: -88859- sent. del 5-8-2014, Libro: 43- / Registro: 41).

De todos modos, la absolución en sede penal no obliga al juez civil y la sentencia civil  condenó a Iturri y ello se encuentra firme (art. 1777, párrafo 2do., CCyC).

Siendo así, el recurso en este tramo no prospera.

 

3. Responsabilidad del cirujano.

No se discute la responsabilidad de la enfermera Iturri, quien en ese aspecto ha consentido la sentencia.

Sí cuestiona la propia el médico Ángel Maggio.

Veamos porqué causa lo condenó la sentencia.

Se lo responsabiliza por entender que Maggio era el jefe de un equipo médico; y que ese equipo médico operó a la actora.

Allí se dijo que el cirujano Maggio coordinaba y comandaba el equipo médico que intervino a la actora.

De su parte Maggio al contestar demanda desconoce haber garantizado a la actora la coordinación del equipo médico interviniente.

Para luego al referirse a la realidad de los hechos hacer referencia con cita de Ricardo Lorenzetti “Responsabilidad civil de los médicos”  a la existencia de un grupo de profesionales, y que en esos casos cuando hay indentificación de autor, cada actuación es autónoma; agrega que el agrupamiento médico con fines prestacionales no es un grupo de riesgo, por lo que no hay responsabilidad objetiva de la mera participación en el grupo. Por esa razón sostiene que los integrantes del grupo responden por sus propios hechos que derivan en el incumplimiento de las obligaciones individuales. Así, entiende que sólo Iturri debe responder por el daño por ella causado.

Pese a ello, para decidir lo contrario y sostener la existencia de un equipo comandado por Maggio donde éste responde por el hecho del tercero, en base al artículo 1753 del CCyC, tuvo en cuenta sus dichos en la IPP; entendiendo que la existencia del grupo y su dirección por el profesional surge de la siguientes afirmaciones: “Yo soy el médico que dispuso la cirugía de la paciente María Alejandra Crespo” …”la conocí porque me fue a ver a mi consultorio” …”Yo opero en la Clínica y en el Hospital” …”Una vez finalizada mi intervención médica”, a lo que suma la documental de fs. 112/114 que lo llevan a despejar toda duda.

Para agregar también que no debe calificarse el caso como de responsabilidad médica grupal, pues está claro que las relaciones en el quirófano no fueron de horizontalidad, sino de subordinación. Y ello lo funda en que al declarar Maggio en la IPP habló en singular “mi intervención” sino hubiera dicho “nuestra intervención”.

Veamos: no advierto que de las afirmaciones de Maggio transcriptas en la sentencia pueda decirse con algún grado de probabilidad que éste era el jefe de un equipo médico, formado por profesionales que respondían a sus órdenes. Y aquello que descalificó el sentenciante por estar claro: que las relaciones en el quirófano eran de subordinación y no de horizontalidad, menos parece desprenderse con la claridad que endilga la sentencia. Es más no se indica de dónde el sentenciante extrae esa conclusión.

Sabemos que no se discute el obrar diligente de Maggio en la cirugía de vesícula realizada a la actora, sólo se discute si el profesional debe responder por la culpa, impericia o negligencia de la enfermera demandada que derramó liquido caliente sobre las piernas de la actora que le provocó las quemaduras por las que reclama.

En relación a la responsabilidad civil hay que decir que el médico responde por sus propios actos, ya sea que se originen en una relación contractual o extracontractual, a título de culpa (imprudencia, negligencia o impericia) o dolo.

No obstante lo anterior el artículo 19.9. de la ley 17.132 legisla sobre la responsabilidad civil del facultativo si por insuficiente o deficiente control de los actos ejecutados por el personal auxiliar resultare un daño para terceras personas. La doctrina sostiene que “tamaña obligación impuesta a los médicos con carácter solidario puede resultar, en ciertas circunstancias de virtual cumplimiento imposible, por lo que no cabe extender demasiado los deberes de contralor hacia terceros”. También se dijo que la responsabilidad civil solidaria debe quedar limitada a los casos en que existió una real posibilidad de control sobre los actos ejecutados por el personal auxiliar. Se ha dicho que el poder de control que la norma pone en cabeza del galeno debe ser fáctico, real y analizado a la luz de los argumentos del artículo 512 del Cód. Civil, según la naturaleza de la obligación, las circunstancias de las personas, del tiempo y el lugar (hoy 1724, CCyC).

Es decir, se deben ponderar las circunstancias de tiempo, persona y lugar, a los efectos de evaluar si el médico tuvo una actitud diligente, si fue prudente en la fiscalización y si el personal auxiliar cometió el daño en la ejecución de la actividad de su competencia (conf. Oscar Ernesto Garay (Coordinador), “Responsabilidad profesional de los médicos. Ética, Bioética y Jurídica: civil y penal”. La Ley, 1ra. ed. 1ra. reimp., 2007, págs. 63/64).

El líquido caliente derramado sobre las piernas de la actora, tenía que ser utilizado con la temperatura adecuada para el lavado de la paciente.

Esa tarea de lavado o aseo, propia de la de enfermería, en el caso estaba a cargo de Iturri (ver declaración de Villamayor f. 31 de IPP y art. 3. 18.c. del Decreto 2225, reglamentario de la ley 12.245).

Según se desprende de la IPP, Iturri le habría manifestado a la instrumentadora Villamayor casi al final de la operación  que se le había derramado suero caliente (utilizado para el lavado de la cavidad abdominial), sobre las piernas de la actora. Explica Villamayor que durante toda la operación, todos los intervinientes a excepción de la enfermera están pendientes de los instrumentos y de un monitor, esto es así porque si no de otra manera corre riesgo la integridad del paciente intervenido (ver declaración de fecha 28/3/2017 de  Villamayor en IPP, fs. 30/31, en particular f. 30vta.). Aclara que fue Iturri quien calentó el suero y que de no haber sido Iturri, hubiese sido cualquier otra enfermera circular.

En sentido coincidente declara Pablo Nicolás Runge que durante el acto quirúrgico, tanto el cirujano como el ayudante están (dadas las características de la intervención) viendo hacia adelante ya que se trabaja con pinzas y observando las imágenes que reproduce en un monitor la cámara utilizada para la operación, ni siquiera vemos a la instrumentista ya que el grado de concentración es máximo; y si desviamos la vista podemos generar lesiones.

En este contexto, la atención extrema de Maggio debía estar puesta -como sucedió- en la cirugía, en su obrar diligente en ésta, toda su concentración allí, pues como declaró Runge un descuido, el desvío de la vista ya podría generar lesiones en la paciente.

En el marco de estas circunstancias de tiempo, lugar y personas; sabiendo Iturri que todos los demás involucrados estaban con su atención colocada en el acto quirúrgico, debió poner ella la máxima diligencia y cuidado sobre su función para que su obrar no generara el daño que generó.

En el momento que ocurrieron los hechos, según describe la instrumentadora Villamayor en que Iturri le cuenta lo sucedido, Maggio no podía estar controlándola, pues estaba en plena cirugía o a lo sumo concluyéndola.

No puede así endilgársele responsabilidad a Maggio en el control de lo que era fácticamente imposible controlar, pues no podía estar concentrado en el acto quirúrgico y  a la par controlar que Iturri calentara el agua, no lo hiciera a temperatura elevada y luego no la derramara sobre Crespo. Fueron todos actos propios de la profesión de enfermería, realizados en un momento en que Maggio no podía ni tenía control sobre los actos de Iturri. Y no se ha alegado ni probado que Maggio le hubiera dado instrucciones para obrar en ese preciso momento en que su accionar escapaba a su control (art. 375, cód. proc.).

En suma, el tiempo y las circunstancias no admitían tareas simultáneas en cabeza del cirujano Maggio; y ello a la par incrementa la necesidad de un obrar diligente en el personal auxiliar, quien no debió realizar tareas que sabía no podían fácticamente ser supervisadas por el co-demandado Maggio.

En suma, no existió una real posibilidad de control del cirujano sobre los actos ejecutados por el personal auxiliar; circunstancia que no podía escapar al conocimiento de Iturri y que la erige en exclusiva responsable de los daños causados a la actora.

Por otra parte se ha dicho que, las/los enfermeras/os son dependientes del hospital o de la clínica donde prestan sus servicios y no del médico: en todo caso responden a la enfermera encargada, a la supervisora y al departamento de enfermería que es autónomo del cuerpo médico y depende por lo general solamente de la dirección del hospital, sólo excepcionalmente los médicos responderán por el accionar de enfermeras en el supuesto que él mismo delegue funciones que a él le competían expresamente o bien, les imparta a las referidas auxiliares directivas y prescripciones equivocadas sobre un accionar propio de ellas (conf. “L. M. G. c/ Aimondi Néstor Omar | daños y perjuicios” voto del Dr. Mauricio Luis Mizrahi, Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala/Juzgado: B, Fecha: 6-ago-2009 Cita: MJ-JU-M-50657-AR | MJJ50657  .     En el sub examine, no se presenta ninguna de las dos situaciones excepcionales mencionadas pues la pericia médica es determinante al no  afirmarse ni vincularse en demanda las quemaduras con el acto quirúrgico realizado por Maggio.

Si bien la diligencia de los médicos se ha de apreciar con un criterio severo, pues la menor imprudencia o negligencia adquiere una singular gravedad, la sola existencia del daño no es suficiente para provocar la responsabilidad médica, sino que es necesario constatar la relación causal por un lado y la culpabilidad, por el otro, es decir el daño -en autos: las quemaduras de la actora en sus extemidades inferiores debe tener su causa en un obrar del médico y debe atribuírsele subjetivamente a

éste.

En el caso , las quemaduras de la actora -según surge de los elementos de autos- no responden a un accionar o una directiva dada por el médico demandado, sino que son consecuencia de un accionar propio y elemental de la tarea de la enfermera, por lo tanto, a mi juicio, la condena en este aspecto debe revocarse, receptándose el recurso del accionado.

Para finalizar, cabe consignar lo dicho en sentido coincidente con lo expuesto por la doctrina y receptado por la jurisprudencia: aun cuando hubiera un equipo médico, el cirujano quien se desempeña con una cantidad de profesionales y auxiliares estipulada y procede a efectuar una intervención quirúrgica, sólo se lo juzgará responsable por la culpa de un empleado, solamente cuando aquél ha tenido una genuina oportunidad de control sobre las tareas de éste; caso contrario la responsabilidad recae sólo sobre el empleado negligente e indirectamente sobre el centro hospitalario (Vázquez Ferreyra, Roberto, “Daños y Perjuicios en el ejercicio de la medicina” Ed. Hammurabi, 1992, p.38; extraído del fallo cit.). Posibilidad que en los hechos, no tuvo Maggio aquí.

 

3. Daños.

3.1. Incapacidad sobreviniente por las lesiones físicas.

El juzgado determinó la incapacidad específica por las lesiones en un 1,2%.

Para luego determinar el monto indemnizatorio a través de una fórmula polinómica que le permita establecer el valor presente de una renta constante no perpetua.

Así llega a la suma de $26.769,48 a la fecha de la demanda.

 

3.2. Se agravian Iturri, la clínica demandada y la citada en garantía por entender que el daño debe ser real y efectivo y no meramente eventual o hipotético y en esa línea surgir de la pericia médica que la actora no presenta limitaciones funcionales en los miembros inferiores y que la movilidad articular no se vio afectada.

Si en los hechos -pese a las quemaduras- no hay limitación física por las lesiones, que generen limitaciones funcionales en los miembros inferiores de la actora o en la movilidad articular, no se advierte ni surge de la pericia por no ser ello explicado allí ni en la sentencia, cómo es que la actora pudiera tener algún grado de incapacidad sobreviniente que deba ser indemnizada. Piénsese, como se verá luego, que la lesión estética queda incluida dentro del daño moral. Y la incapacidad psicológica tiene tratamiento independiente  (arts. 34.4., 384 y 474, cód. proc.).

Téngase en cuenta que si bien el informe del perito médico Tanoni indica que las lesiones sufridas por la actora llegaron a ser algunas profundas y del tipo B (ver pericia del 16/9/2019, resp. 2 a puntos periciales de la parte actora); también explicó que ese tipo de lesiones pueden causar trastornos funcionales y laborales permanentes (ver en pericia pto. -III- “Consideraciones Médicos Legales”, donde se describen los distintos tipos de quemaduras y sus consecuencias); pero evidentemente esa posibilidad, para beneficio de la actora, no se dio en el caso <ver resp. 3) a puntos periciales de la parte actora y resp. c) a ptos. de pericia de la demandada; arts. 384 y 474, cód. proc.).

Siendo así, los recurso de Iturri, Clínica del Oeste SA y citada en garantía se receptan en este segmento.

3.2. Daño moral.

A los efectos de determinar el quantum de las afecciones espirituales ocasionadas, la sentencia tuvo presente: las circunstancias en las que se produjo el evento dañoso, totalmente asimétricas para la actora, en su calidad de paciente y consumidora respecto de los demandados; lo que normalmente representan las secuelas estéticas en las piernas para una mujer; las diversas aflicciones y angustias descriptas en el peritaje psicológico.

Por ello, y por las facultades que le confiere el art. 165 párr. 3° del ritual, y teniendo en cuenta que se subordinó el reclamo a la consigna “lo que en más o en menos” (fs. 20vta), el presente rubro se estimó en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000).

Apelan Iturri, la Clínica y la citada en garantía.

En expresiones de agravios -s.e.u o.- idénticas estiman la suma otorgada  excesiva y ajena a los hechos que se alegan probados, en cuanto se soslaya el carácter de imprevisible e inevitable del accidente ocurrido. Incluso desproporcionada a las secuelas físicas sufridas.

Agregan además que al acordarse paralelamente una reparación por el daño psicológico ($ 223.079,06), se está consagrando una doble indemnización para la misma pérdida o secuela, ambas de base fáctica fácilmente intercambiable o trasladable. Al respecto el tema se tratará al abordar el  “Daño psicológico” .

No basta para agraviarse del monto sostener que es excesivo, elevado, ajeno a los hechos que se alegan probados o que se soslaya su naturaleza de accidente de carácter fortuito, imprevisible  e inevitable sin desarrollar una crítica concreta y razonada que denote el porqué de esas calificaciones, sobretodo cuando el juzgador manifiesta que se trata de un daño in re ipsa, que surge notorio de los propios hechos, las circunstancias en que se produjo el evento dañoso, totalmente asimétricas para la actora, en su calidad de paciente y consumidora, lo que representan las secuelas estéticas en las piernas de una mujer; además de las aflicciones y angustias descriptas en el peritaje psicológico. A lo que deben sumarse las fotografías de fs. 15/19 que ponen en evidencia la entidad de las lesiones, el daño sufrido y las secuelas que acompañarán a la actora de por vida (arts. 384 y 474, cód. proc.) (arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.).

Por otra parte agrego que lo sucedido era perfectamente evitable obrando con cuidado y previsión; y no del modo imprudente y negligente en que lo hizo la co-demandada Iturri (arts. 1725 y 1727, CCyC).

Consolidada la existencia del daño, frente a la atribución jurisdiccional para mensurarlo adecuadamente (art. 165 Cód. Proc.), pesaba sobre los accionados la carga de argumentar crítica y concretamente de qué elementos de convicción  adquiridos por el proceso pudiera resultar una cifra menor, lo que no hicieron tornando insuficiente la apelación en este segmento (arts. 260, 261 y 375 del Cód. Proc.).

Pues aun cuando el juzgador no hubiera explicado el procedimiento para arribar a tal monto o el juzgador no hubiera realizado cálculo alguno, lo cierto es que tampoco los apelantes lo hicieron. Con la diferencia que al sentenciante lo ampara lo normado en el artículo 165 del Cód. Proc., mientras que a los recurrentes les incumbe la carga del artículo 260 del mismo cuerpo legal <conf. esta cámara entre otros Autos: “SUAREZ PRISCILA DAIANA  C/ TARTARA JOSE MARIA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”  Expte.: 91743 Libro: 49 – / Registro: 56, sent. del 28/8/2020>.

A tenor de lo expuesto, en esta parcela el recurso también se desestima.

 

3.3. Daño psicológico

3.3.1. La sentencia indicó que se reclama la suma de $55.000 por este rubro, más los costos necesarios para realizar una terapia (fs. 30/31).

Según el peritaje realizado por la Lic. Moreira (escrito electrónico 27/08/2019), indicó el sentenciante que a la actora se le ocasionó un daño a la psique de carácter permanente, cuyo diagnóstico es el de neurosis de angustia. Para determinar el grado de incapacidad, la perito remite al Decreto n°659/96, reglamentario de la Ley 24.557, cuyo apartado reacciones vivenciales anormales neuróticas de grado II establece una incapacidad del 10%. Y aunque el peritaje fue impugnado por las partes, los argumentos vertidos no alcanzan para conmover sus conclusiones, a las que se arribó mediante el empleo de numerosas técnicas proyectivas y entrevistas por parte de la experta, razón por la cual, ante la falta de elementos de prueba que lo desvirtúen, no encontró el sentenciante motivos razonables para apartarse del dictamen (art. 384 y 474 Cód. Proc.).

Para determinar el quantum respecto de este rubro, se acudió a la misma fórmula utilizada para cuantificar la incapacidad por las lesiones físicas, manteniendo los mismos valores, excepto por A, que se calculó con una incapacidad del 10%.

Se arriba así a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS CENTAVOS ($223.079,06) a valores de demanda, y por esta suma se estima que ha de prosperar el rubro (art. 163 inc. 6, 165 párr. 3° Cód. Proc).

A ello hay que agregarle los costos de terapia, que según la perito se recomienda realizar por un período no menor a un año, en encuentros semanales. Teniendo presente que el costo promedio de un profesional, según la perito, es de $800, entonces: $800 x 4 (semanas al mes) x 12 (meses del año)= $38.400. Y en esta suma cuantifica el rubro.

3.3.2. Nuevamente se agravian Iturri, la Clínica y la citada en garantía.

Encuentran un contrasentido considerar necesaria una terapia de un año, condenando a su pago, y paralelamente reparar un daño psíquico permanente; aducen que si –como sostiene la psicóloga- la actora padece de “neurosis de angustia”, y recomienda el tratamiento para “aliviar el nivel de angustia”, no se advierte cual sería el “daño psíquico” tipificado como “permanente”, cuando además –paralelamente- se manda reparar el daño moral.

También se agravian de la consideración del daño psicológico como daño conceptualmente autónomo, al haberse concedido reparación del daño material, bajo la figura de incapacidad sobreviniente por lesiones físicas, razón por la cual corresponde se revoque el fallo.

3.3.3. Veamos: reiteradamente ha dicho esta cámara que cabe distinguir entre el  daño moral y el  daño psicológico (esta cámara en “MARINELLI, SILVINA ANA C/ SANCHEZ WRBA, DIEGO OSVALDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”,  4/12/2012, lib. 41 reg. 69; art. 384 cód. proc.). En efecto, una cosa son las aflicciones,  mortificaciones, preocupaciones, sinsabores, fastidios,  molestias, zozobras, incertidumbres, etc. causados por un hecho ilícito y sus consecuencias (internaciones, operaciones, tratamientos, etc.) y otra cosa es el “surco neural”  que el hecho ilícito pueda dejar en la persona de modo tal que se altere patológicamente  su modo de relacionarse consigo misma, con los demás, con el mundo y con el futuro: lo primero es daño moral; lo segundo es un daño psíquico,  una suerte de daño físico sofisticado, un daño  neural (la psiquis no es el cerebro, pero ahí “se aloja”). A su vez, dentro del daño psicológico ha de distinguirse entre: a- el que es susceptible de ser remitido a través del respectivo tratamiento; b- el que, pese al tratamiento, va a permanecer  indeleble. El referido primer tramo es resarcible a través del reconocimiento del importe del tratamiento; el segundo, en tanto se traduzca en trastorno mental irreversible que restrinja el espacio de posibilidades de acción del sujeto,  es una variante de  incapacidad sobreviniente permanente <del voto del juez Sosa en autos “VARELA JOSE ANTONIO  C/ TODINO JORGE GASTON S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)” Expte. de cámara: -91245-, sent. del 10/9/2019, Libro: 48- / Registro: 74>.

Teniendo presentes las distinciones efectuadas en el párrafo que antecede, no resulta ningún  contrasentido considerar necesaria una terapia de un año, codenando a su pago, y paralelamente reparar un daño psíquico permanente, pues se trata de daños o resarcimientos que merecen reparaciones independientes.

Por otra parte, habiéndose desestimado el rubro “incapacidad sobreviniente por lesiones físicas” el restante agravio queda vacío de contenido en tanto hace centro en que de haberse indemnizado por aquél concepto, no puede hacérselo por éste. De todos modos cabe aclarar que cada perito, indicó en su dictamen, el grado de incapacidad que a su juicio generaron en sus ámbitos de incumbencia profesional, las lesiones provocadas a la actora.

Toda vez que sólo la procedencia del rubro pero no su monto fue objeto de crítica, corresponde desestimar el recurso en este tramo.

4. Readecuación.

Este tema ha debido ser abordado por esta cámara en más de una oportunidad, quizá el fallo más recientemente haya sido -al menos al momento de la elaboración de este voto- de fecha 28/8/2020 en autos Autos: “GIGOUX NILDA INES C/ PEREZ JORGE JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” , Expte. de cámara: -91787-, Libro: 49- / Registro: 52.

Allá, como aquí, la sentencia fijó en un primer momento los montos indemnizatorios a valores de la demanda, para luego readecuarlos  al momento de la sentencia. Ello teniendo en cuenta la realidad inflacionaria, la utilización de un elemento objetivo de ponderación de esa realidad como es el salario mínimo, vital y móvil y considerando que la actora al demandar subordinó la totalidad del reclamo a la fórmula “lo que en más o en menos” en armonía con el criterio de esta cámara, citando para ello los fallos “Portela” del año 2015 y “Erro” de 2019.

Se agravian nuevamente las accionadas y la citada en garantía sosteniendo en cuanto interesa que tal proceder es violatorio de los artículos 7 y 10 de la ley 23.298 y de doctrina legal que cita; razón por la que pide se revoque el fallo.

En este punto resalto por un lado, que el mecanismo utilizado por el sentenciante para fijar la indemnización a valores al momento de la sentencia no mereció agravio de la actora; por otra parte, fijar la condena a valores actuales es método que no conculca la congruencia.

En más de una oportunidad esta cámara ha sido llamada a expedirse al respecto, y en ese sentido se ha dicho al tratar el reproche dirigido a la readecuación del monto de la demanda, en voto del Juez Lettieri que prácticamente transcribiré con las adecuaciones del caso, que lo primero a decir es que la actora, como bien se reconoce, dejó la suma pedida supeditada a lo que “en más o en menos resulte de las probanzas de autos …”,  (ver entre otras partes de la demanda su “OBJETO”; fs. 20/vta.). Y en torno a esa frase la Suprema Corte ha interpretado, no hace mucho, que: ‘El fallo no incurre en demasía decisoria al condenar al pago de una suma mayor a la reclamada en la demanda si el actor exhibió su intención de no inmovilizar su reclamo al monto peticionado. Dicha intención queda demostrada, si al reclamar en la demanda, se lo hizo refiriendo dicho reclamo “a lo que en más o en menos resulte de la prueba” (art. 163 inc. 6º, C.P.C.C.)’ (S.C.B.A., C 122728, sent. del 06/11/2019, ‘Piris, Aniceta c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios’, en Juba sumario  B22425).

Como puede advertirse entonces, la sentencia no se ha apartado de los términos en que quedó trabada la relación procesal.

Por otra parte no cabe confundir la actividad de estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los “valores actuales” (en el caso, teniendo en cuenta el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha del dictado de la sentencia) con la utilización de aquellos mecanismos de ‘actualización’, ‘reajuste’ o ‘indexación’ de montos históricos, cuya aplicación quebrantaría la prohibición expresamente contenida en el art. 7 de la ley 23.928, mantenida aún hoy luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561. Estos últimos suponen una operación matemática, en cambio la primera sólo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo, lo cual  constituye la expresión de la facultad conferida al juzgador por la última parte del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial en punto a la determinación del quantum de la indemnización por los perjuicios causados (S.C.B.A., C 120946, sent. del 08/11/2017, ‘ Andaluz, Ana Noemí contra Izaguirre, Alberto Marcos y otro. Daños y perjuicios’, en Juba B22425; idem.,  C 120192, sent. del 07/09/2016, ‘Scandizzo de Prieto, Julia contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios’, en Juba sumario B4202168).

En fin, como cierta vez se dijo en viejo fallo -que se pensó no iba a tener que recordarse- el reconocimiento de la depreciación monetaria sobreviniente -en este caso mediante la adecuación de los montos de la demanda- no acuerda una indemnización mayor, sino que sólo procura mantener, en la medida permitida, aquel valor adquisitivo real (C.S., ‘Ameri, Nicolás E. c/ Angela D´Ignacio y otros. Cabot Argentina S.A. c/ Automación Aplicada S.A. Estado Nacional c/ Santa Isabel S.A.’, 1981, Fallos: 303:1665) (ver esta cámara, entre otros Autos: “ERRO HUGO C/BETANZOS HERMANSO S.H. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”  Expte. de cám.: 91529, sent. del 26-12-2019, Libro: 48- / Registro: 120).

En mérito a lo expuesto precedentemente, el recurso se desestima también en este tramo.

 

5. Merced a lo expuesto, corresponde:

a-  receptar el recurso del co-demandado Maggio respecto de su responsabilidad, quedando por ello desplazado el tratamiento de los demás agravios por éste planteados, con costas por su orden en ambas instancias atento que la actora al demandar y sostener su condena también aquí, bien pudo creerse con derecho a ello atento sus lesiones y padecimientos al aparecer éste como cara visible de la situación (arg. arts. 68 párrafo 2do. y 274  cód. proc.);

b- desestimar los recursos introducidos por Iturri, la Clínica del Oeste SA y la citada en garantía, con  costas de 2a instancia a su cargo en tanto vencidos (art. 68, cód. proc.);

c- diferir la decisión sobre honorarios de cámara (arts. 31 y 51 ley 14967).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto de la jueza Scelzo (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde:

a-  Receptar el recurso del co-demandado Maggio respecto de su responsabilidad, quedando por ello desplazado el tratamiento de los demás agravios por éste planteados, con costas por su orden en ambas instancias atento que la actora al demandar y sostener su condena también aquí, bien pudo creerse con derecho a ello atento sus lesiones y padecimientos al aparecer éste como cara visible de la situación (arg. arts. 68 párrafo 2do. y 274  cód. proc.);

b- Desestimar los recursos introducidos por Iturri, la Clínica del Oeste SA y la citada en garantía, con  costas de 2a. instancia a su cargo en tanto vencidos (art. 68, cód. proc.);

c- Diferir la decisión sobre honorarios de cámara (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a-  Receptar el recurso del co-demandado Maggio respecto de su responsabilidad, quedando por ello desplazado el tratamiento de los demás agravios por éste planteados, con costas por su orden en ambas instancias.

b- Desestimar los recursos introducidos por Iturri, la Clínica del Oeste SA y la citada en garantía, con  costas de 2a. instancia a su cargo.

c- Diferir la decisión sobre honorarios de cámara.

Regístrese.  Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de esta sentencia en el domicilio  electrónico constituido por las/os letradas/os intervinientes insertos en la parte superior (arts. 169 3° párr. y 143 CPCC, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial 1 y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). El juez Lettieri no participa por encontrarse en uso de licencia.

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 22/09/2020 15:04:38 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/09/2020 15:28:26 – SOSA Toribio Enrique –

Funcionario Firmante: 22/09/2020 17:08:20 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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235600774002535290

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

                                                                                  

Libro: 49– / Registro: 59

                                                                                  

Autos: “RUESGA HUGO VICENTE C/ DE FRANCO ANTONIO SANTIAGO Y OTROS S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)”

Expte.: -91884-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Estefanía Borzi

27308780851@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Juan Pablo Ripamonti

20278560059@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “RUESGA HUGO VICENTE C/ DE FRANCO ANTONIO SANTIAGO Y OTROS S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)” (expte. nro. -91884-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 20/8/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del  18/6/2020 contra la sentencia del 6/4/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- El juzgado hizo lugar a la excepción de prescripción y, para eso, razonó así:

a-  el plazo de prescripción arrancó el  27/10/2011, en tanto en esa fecha se firmó la escritura de permuta entre los demandados y Alfonso Puente y María Angélica Viscardi Bresse;

b- rige el plazo de prescripción de dos años, según el art. 851 del Código de Comercio;

c- ese plazo debió cumplirse el 27/10/2013; pero como el actor envió a los demandados sendas cartas documento en enero de 2012 y como esas cartas documento suspendieron por un año el plazo de prescripción, entonces se cumplió en octubre de 2014;

d- cuando se inició la mediación prejudicial, en diciembre de 2014, el plazo de prescripción bienal estaba cumplido.

 

2- Contra ese modo de razonar, salió al cruce el demandante apelante, sosteniendo esencialmente que:

a-  el juzgado tomó como fecha de  suspensión del plazo de prescripción las cartas documentos de fs. 41/43 -24/01/2012-,  cuando debió tomar como  referencia la  carta documento enviada al co-deudor solidario Alfonso Puente recibida con fecha 13/03/2012;

b- las misivas no suspendieron, sino que interrumpieron la prescripción.

 

3-  Al contestar el traslado de la excepción de prescripción, en el punto III del escrito del 14/5/2018, el demandante puso detalle y esmero en la consideración de las cartas documento de enero de 2012 enviadas a los co-demandados, atribuyéndoles  eficacia interruptiva.

Si bien mencionó entonces al pasar la carta documento de marzo de 2012, no trajo al ruedo clara y concretamente la cuestión de la solidaridad, esto es, que los efectos de la carta documento de marzo de 2012 podían irradiarse a los co-demandados no destinatarios de ella. Esa cuestión (la eventual eficacia de la carta documento de marzo de 2012 respecto de los co-demandados no destinatarios de ella, en virtud del carácter solidario de la obligación), recién fue presentada en cámara, de modo que evade el alcance del poder revisor de la alzada (arts. 266 y 272 1ª parte cód. proc.). Como sea, si la eficacia de esa misiva dirigida no a los co-demandados sino a Puente fue la suspensión de la prescripción (ver considerando que sigue), entonces, a diferencia de la interrupción (arts. 713 y 3994 CC),  sólo pudo alcanzar a Puente (art. 3981 CC) y no a sus supuestos co-deudores solidarios, los aquí co-demandados (art. 34.4 cód. proc.).

 

4- Con respecto a la eficacia suspensiva (y no interruptiva) de las intimaciones extrajudiciales en cuanto a la prescripción, e, incluso,  en cuanto a la extensión de ella a la materia mercantil, hay doctrina legal que me exime de mayor profundización: “La suspensión de la prescripción prevista por el art. 3.986, segunda parte, del Código Civil resulta aplicable en materia comercial (arts. 844, 845, C. Com.)” (SCBA Ac 62382  30/06/1998 ‘Brost, Juan Carlos c/Argibay, Néstor R.F. y otros s/Cobro ejecutivo’;  Ac 47589  27/04/1993 ‘Scopa, José María e hijos c/Corsa S.A. y otro s/Resolución de contrato y daños y perjuicios’ ; Ac 46602  03/11/1992  ‘Cía de Seguros La Franco Argentina c/Abella Nazar, Arturo s/Daños y perjuicios’; art. 279 cód. proc.).

 

5- Por fin, el contenido del apartado III. III de la memoria no es crítica concreta y razonada: por un lado, el juzgado hizo una interpretación adecuada (ni restrictiva ni extensiva) de la ley vigente sobre prescripción con arreglo a las circunstancias de la causa; y, por otro lado, reprochar al juzgado no haberlo decidido así,  antes de abrir la causa a prueba, es, todo lo más, a esta altura, un ejercicio inútil (arts. 260 y 261 cód.proc.).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede (art. 266, cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación del  18/6/2020 contra la sentencia del 6/4/2020, con costas al apelante infructuoso (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación del  18/6/2020 contra la sentencia del 6/4/2020, con costas al apelante infructuoso y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios

Regístrese.  Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (arts. 169 3° párr. y 143, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado Civil y Comercial n°2, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). El juez Lettieri no participa de la presente por encontrarse en uso de licencia.

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:14:02 – SOSA Toribio Enrique –

Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:56:59 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 21/09/2020 13:05:59 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20278560059@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27308780851@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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248100774002534579

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

_____________________________________________________________

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

_____________________________________________________________

Libro:49 – / Registro: 58

_____________________________________________________________

Autos: “ALANIS SILVANA EDITH C/ ULLUA DYLAN ALAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”

Expte.: -91939-

_____________________________________________________________

 

Notificaciones:

Abog. F. González Cobo:

20260220439@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. M. A. Cantisani:

27333045104@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

_____________________________________________________________

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975

            AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: los recursos de apelación de fechas 3/8/2020 y 7/8/2020 contra la sentencia del 3/8/2020 y los escritos electrónicos del abogado Fernando González Cobo (apoderado de la parte actora) de los días 9/9/2020 y 14/9/2020, y de la abog. María A. Cantisani (apoderada de la citada en garantía) del 11/9/2020, respectivamente, la CámaraRESUELVE:

Tener a los apelantes de fechas 3/8/2020 y 7/8/2020 por desistidos de sus recursos (arg. art. 305 cód. proc.).

Regístrese. Notifíquese  por secretaría mediante el depósito de una copia digital de esta resolución en los domicilios electrónicos constituidos por las/os letradas/os intervinientes, insertos en la parte superior (arts. 169 3° párr. y 143 CPCC, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente  y devuélvase al Juzgado Civil y Comercial 1 el expediente en soporte papel,  juntamente con causa 95903/18; 1 sobre blanco n° 96020 conteniendo IPP n°17-01-001507-18/00 y 1 sobre papel madera 96020 conteniendo documentación, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). El juez Carlos A. Lettieri no firma  por encontrarse en uso de licencia.

                                                

                                     

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 17/09/2020 13:07:32 – SOSA Toribio Enrique –

Funcionario Firmante: 17/09/2020 13:47:42 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 17/09/2020 13:52:14 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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232000774002533613

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

                                                                                  

Libro: 49– / Registro: 57

                                                                                  

Autos: “DARRIBAS, NESTOR ANGEL C/ URBICAIN, ADEMAR ANTONIO S/ ··CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

Expte.: -91604-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Ignacio Gortari

20106136131@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Ricardo A. Kurlat

20046982887@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “DARRIBAS, NESTOR ANGEL C/ URBICAIN, ADEMAR ANTONIO S/ ··CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” (expte. nro. -91604-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 23/7/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿son fundadas las apelaciones del 14/11/2019 -presentación electrónica- y 21/11/2019 -presentación en formato papel- contra la sentencia del 12/11/2019?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1. Se reclamó en demanda la condena de Urbicain por los siguientes conceptos: a) a escriturar, libre de embargos y gravámenes, el 50% indiviso del inmueble que actor y demandado compraron; b) la finalización de la obra lista para habitar y restitución de uno de los duplex que se había comprometido el demandado a construir; c) daño por privación de uso del inmueble desde la mora hasta la entrega y escrituración; d) daño moral.

Subsidiariamente, para el caso de incumplimiento, pretende que se condene al accionado a pagar los daños y perjuicios (el valor de un departamento al momento de la sentencia), más privación de uso y daño moral.

 

2. La sentencia condenó al accionado Adhemar Antonio Urbicain:

a) a escriturar, libre de gravámenes en el plazo de 30 días y a nombre de los co-herederos del actor -Mariano y Luisina Darribas, la subparcela 2 del inmueble individualizado catastralmente como Circ. I, Secc. C, Mza 112-a, Parc. 7, Partida n° 15.852, del Partido de Trenque Lauquen (siempre y cuando siga siendo su titular). Condenar asimismo a Urbicain a finalizar la obra y entregar listo para habitar el departamento correspondiente a la subparcela 2, en el plazo de 6 meses.

b) subsidiariamente,  para el caso que el demandado no cumpliese o no pudiere cumplir lo ordenado en el punto anterior, a pagar a los coherederos del actor la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL SESENTA Y SEIS ($1.501.066) en concepto de los daños y perjuicios reclamados en el punto 2.a de la demanda (fs.20vta). El plazo para el pago se fijó en (10) días desde que se venza el plazo de 6 meses del punto anterior.

c) a pagar a los herederos del actor, en el plazo de diez (10) días, la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($378.420) en concepto de daño moral.

d) al pago de intereses según la forma establecida en el considerando IX.

Por otro lado,  desestimó la pretensión de daño por privación de uso del inmueble pretendida por Darribas.

3. Apela la parte actora.

3.1. Sostiene que la sentencia condena a la entrega de la UF2; que ese inmueble existe y se encuentra a nombre del demandado, razón por la cual debe cumplir con esa condena principal.

Se agravia de la sentencia en la parcela que establece la posibilidad del demandado de cancelar su deuda con el pago de $ 1.501.066, en lugar de la entrega del departamento.

Sostiene que transforma una obligación de prestación única: la entrega del inmueble, en una obligación facultativa al permitir, ante la decisión del accionado de no cumplir, la posibilidad de la entrega de cierto dinero, violándose el principio de congruencia y el contrato celebrado entre las partes.

En concreto dice: No pactaron las partes ni plantearon en este proceso que el demandado pudiera cumplir entregando, a voluntad, una suma de dinero cualquiera en vez de un inmueble.

Además agrega que de todos modos la condena subsidiaria está equivocada, pues al no encontrar el juzgador probado el valor del inmueble (que sería el valor a indemnizar), condena a restituir, actualizada, la suma aportada por el demandante. De ese modo transforma la pretensión de cumplimiento en una resolutoria.

La solución postulada por el apelante sería tasarlo por ser ese el valor a restituir si la obligación se tornara de imposible cumplimiento. Pues -sostiene- el valor a indemnizar es el del inmueble que se debe entregar y no el de las sumas que recibió el accionado para su construcción.

 

3.2. También se agravia de la desestimación del rubro “privación de uso” porque no se probó el daño ya que el inmueble correspondiente a Darribas no estaba construido.

Sostiene que un departamento urbano, implica, al menos la pérdida de su valor locativo, dada la probabilidad objetiva de arrendarlo.

Y además yerra la sentencia en cuanto considera que al momento de la demanda el departamento que le correspondía a Darribas no estaba construido, por lo que no podría decirse que le causó un perjuicio económico equivalente al de los alquileres.

Respecto de este punto, indica el apelante que el daño por la privación de uso no se produce a partir de la finalización de la obra, sino a partir de que la obra, o el inmueble, en este caso, debió entregarse.  Se intimó la entrega de la parte de Darribas mediante carta documento del 15 de octubre de 1998. Estimando el apelante que, dada la forma en que fue respondida, quedó allí configurada la mora del demandado al vencer el plazo de la intimación; o eventualmente al ser emplazado con la demanda y contestarla en agosto de 2000. Para finalizar que si no se tomaran ninguna de esas dos fechas, el demandado vendió en 2012 una de las subparcelas o unidades funcionales edificadas, es claro que sí, a partir de que se constituyeron las dos subparcelas y el demandado aprovechó económica y exclusivamente una de ellas.

 

3.3. A su hora el accionado responde los agravios (ver escrito electrónico del 20 de julio de 2020).

Respecto de la opción de entrega del inmueble o el dinero recibido actualizado, sostiene que es acorde con la naturaleza de las cosas lo decidido en sentencia; agregando Urbicain que el aporte de Darribas fue muy inferior al costo de la obra, que la obra fue concluida gracias al esfuerzo del demandado que debió solicitar un crédito hipotecario que a la postre canceló con un costo mucho mayor, asumiendo las terminaciones de la obra. Así, con este panorama, sostiene que, los sucesores de Darribas no pueden pretender más que el dinero que Darribas entregó actualizado. La opción de la entrega del dinero o del departamento es correcta.

Atinente a la privación de uso, reitera lo dicho por la sentencia en el sentido que el daño debe ser cierto y actual; y ello no fue así, pues el departamento no se hallaba construido al momento de la demanda.

 

4. Entrega del departamento o del dinero; y en su caso cuál sería el quantum.

La sentencia estimó que la actora cumplió con su parte del contrato, por lo cual tendría derecho a la finalización y entrega de la obra lista para habitar.

Es por ello que debe estimarse la pretensión, y por ende, condenar a Urbicain a dejar lista para habitar la subparcela 2 y entregarla en el plazo de seis meses.

Hasta aquí no hay agravio.

La disconformidad radica en que acto seguido el magistrado indica que si el accionado no cumple o no pudiere cumplir, se hace lugar a la pretensión subsidiaria de daños y perjuicios y como fueron cuantificados tales daños en el valor de mercado de un departamento al momento de la sentencia y ese dato no consta en autos, toma como valor de referencia para cuantificar el daño la suma en dólares entregada por el actor y los convierte a pesos al momento de la sentencia.

Así los agravios fincan primero en que no puede darse al accionado la opción de no cumplir a voluntad con la entrega del departamento; y segundo si la obligación fuera de cumplimiento imposible, el valor a resarcir será el de un departamento y no las sumas entregadas a Urbicain para su construcción.

Entiendo le asiste razón al actor en ambos aspectos.

Pues si según la sentencia Darribas cumplió con su parte y resta a Urbicain honrar la suya, no se libera éste de su obligación restituyendo el dinero recibido, sino entregando la cosa que se había comprometido a hacer por sí o por otros o su valor de mercado en caso de cumplimiento imposible (arts. 625, 628, 630, 631 y concs., CC, vigente a la época del acuerdo).

Y si ese valor de mercado no se encuentra acreditado en autos, pero como se dijo, se halla incontrovertida la obligación de entregar la cosa a la que se había obligado el demandado, dicho valor, deberá determinarse en proceso sumarísimo (art. 165, cód. proc.); pues una cosa es el dinero necesario para construir la cosa y otra la cosa misma ya construida con el valor agregado que ello implica. Esto último es lo que se debe aquí  indemnizar, de corresponder.

Pero, en primer término deberá el demandado cumplir con la obligación de entregar la cosa (el departamento), tal y como fue su compromiso (ver convenio de f. 7) y si ello fuera de cumplimiento imposible, acreditada la imposibilidad, recién en ese caso tendrá ocasión de entregar el valor de mercado de la cosa determinado por el procedimiento indicado en el párrafo precedente (arts. 1197 y 1198, CC, vigente al momento de los hechos).

5. Privación de uso. Procedencia. Cuantificación.

5.1.1.Esta Cámara ya ha dicho  (San Román, Marta S. y otras c/ Flores, Mirta B. s/ División de Condominio”, sent. del 1-11-05, L. 34, R. 110; v. voto juez Sosa; también autos: “Gracia, Dora María S/ INCIDENTE DE ADMINISTRACION DE BIENES” Expte. de cámara: -88801-, sent. del 20/11/2013, Libro: 44- / Registro: 339) que del análisis conjunto de los artículos 2684 y  2691 del Código Civil se extrae que el comunero que exclusivamente  usa  y goza de la cosa común, adeuda a los restantes copropietarios un  precio  locativo,  lo cual  es justo pues a éstos les corresponde un derecho de  uso  y  goce  igual sin que puedan simultáneamente ejercerlo. En  otras  palabras,  cuando  el uso y goce de uno, de hecho excluye a los otros, éstos tienen derecho a una compensación pecuniaria  por  la  privación, compensación que sirve para dejar incólume el imposibilitado derecho de uso y goce de los otros.

Urbicain vendió en el año 2012 al parecer el único departamento construido hasta ese momento; dicho acto de disposición implicó el uso de la cosa en beneficio propio de modo exclusivo, privando a Darribas de hacer algún uso de la cosa (vgr. usarla, alquilarla o venderla). Así, la pretensión por este rubro habrá de prosperar al menos desde el 29/11/2012, oportunidad en que la sentencia apelada tuvo por operada esa venta, por haber agotado Urbicain con la venta cualquier beneficio que la cosa podría haber brindado a las partes, utilizando ese beneficio de forma exclusiva para sí; e impidiendo al actor a partir de esa oportunidad todo acto en beneficio propio proveniente de la cosa.

Es que si la cosa brindó beneficios a Urbicain también debió tenerlos Darribas, pero se vio privado de ellos por el accionar inconsulto del demandado; así el rubro ha de prosperar -reitero, cuanto menos- como se dijo desde la fecha de esa privación de beneficios, aún cuando ello fuere posterior a la interposición de la demanda (arts. 1068, 1069, 1198 y concs., CC y 163.6., párrafo 2do., cód. proc.). La prueba del daño está dada por el hecho aceptado de la venta de una de las unidades funcionales, con los consiguientes beneficios para el accionado y la privación de éstos para el actor (art. 384, cód. proc.).

Y como la fecha de la venta es posterior a la de la exigencia del lucro cesante, ha de prosperar en los términos indicados, toda vez que también se ha concluido que el  derecho  al precio locativo existe  desde la fecha de su exigencia, y esa fecha queda aquí fincada desde el momento de la frustración de ganancias que el demandado generó al actor con la venta del inmueble (arts. 163 inc. 5° párrafo 2° y 384 cód. proc.).

 

5.1.2. Ahora bien, ¿podría esa privación de uso correr desde un tiempo anterior a la venta de la unidad funcional?

Veamos: está firme que Darribas cumplió con su parte del acuerdo y Urbicain no hizo lo propio.

En otras palabras si la obra no se concluyó fue por culpa de Urbicain que no honró su compromiso con el actor.

La mora el actor la ubicó al contestar demanda en primer término en el momento en que la obra debió concluirse al haber aportado su parte de capital. Esto es año 1992.

Si bien Urbicain desconoce esa fecha, no niega la documental de f. 10 a él atribuida junto con la misiva de f. 11, donde surge el detalle de entregas realizado por Darribas, siendo el último aporte de fecha 14/8/1992 (arts. 384, 354.1. y concs. cód. proc.).

Entonces, a falta de negativa puntual quedó acreditado que Darribas concluyó sus aportes en el año 1992.

Pero el apelante en sus agravios  finca la mora en una fecha posterior: el envío de su carta documento de f. 4 de fecha 15 de octubre de 1998, y desde que es la propia parte actora quien fija la mora en esa fecha, cuando ya había entregado totalmente su parte de aportes y la obra en lo que hacía a la conducta de Darribas debía estar construida, resulta razonable tenerla fincada en esa fecha. De tal suerte será desde el vencimiento del plazo allí otorgado que habrá de computarse este rubro y hasta la efectiva entrega de la posesión del inmueble (arg. art. 1187, 1192, 1200 y concs. CCyC).

5.2. Su cuantificación se determinará también por vía incidental (art. 165, cód. proc.).

 

6. Costas.

Tal como ha sido la propuesta al acuerdo, las costas deben imponerse al accionado vencido (art. 68, cód. proc.).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Se desprende de la sentencia de primera instancia, firme para el demandado, que las partes compraron, mediante boleto de compraventa, un terreno individualizado catastralmente como Circ. I, Secc. C, Mza 112-a, Parc. 7, Partida n° 15.852, del Partido de Trenque Lauquen, para la construcción de dos departamentos. La demandada escrituró el ciento por ciento del inmueble a su nombre. Pero atento el reconocimiento de su parte, la pretensión de escrituración del 50% del inmueble a favor de la parte actora, se estimó.

Pero sucede que el inmueble habría sido subdividido en dos unidades funcionales: subparcela 1 y subparcela 2. Y la subparcela uno vendida por Urbicain (fs. 160/161 y 166/167).

En definitiva, el fallo condenó a Urbicain: (a) a escriturar, libre de gravámenes, en el plazo de 30 días y a nombre de los coherederos del actor -Mariano y Luisina Darribas, la subparcela 2 del inmueble individualizado catastralmente como Circ. I, Secc. C, Mza 112-a, Parc. 7, Partida n° 15.852, del Partido de Trenque Lauquen (siempre y cuando siga siendo su titular); (b) a finalizar la obra y entregar listo para habitar el departamento correspondiente a la subparcela 2, en el plazo de 6 meses.

Entonces resulta de ello, diferentes prestaciones. De (a) resulta una condena a escriturar, regulada por el artículo 510 del Cód. Proc., el cual establece: ‘La sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el juez la suscribirá por él y a su costa’.

Se trata de un apercibimiento que, como se desprende del texto, no requiere que haya sido solicitado. Pues es la propia ley la que lo impone (Morello-Sosa-Berizonce, ‘Códigos…’, t. VI-A pág. 155). Y sintoniza con lo que el apelante reclama en sus agravios, afirmando que, el demandado, debe entonces, cumplir esa condena principal. ‘El inmueble existe y se encuentra a nombre del demandado. Ha sido embargado por la demandante y no existen al momento derechos o gravámenes preferentes’.

En este caso, sólo la imposibilidad de cumplimiento, hace que la condena se resuelva en el pago de daños y perjuicios provenientes de la inejecución (arg. art. 511 del Cód. Proc.). Para cuya determinación rige lo que se dice, más adelante.

Cuanto a (b) deriva de allí una condena a hacer (finalizar una obra) y otra de dar (luego entregarla) que regulan los  artículos 511 y 513 del Cód. Proc. (arg. arts. 774 último párrafo y 777 a., del Código Civil y Comercial). Para este tipo de prestación dispone la norma citada en primer lugar, que si la parte no cumpliere con lo que se le ordenó para la ejecución dentro del plazo, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios  provenientes de la inejecución, a elección del acreedor. También se resolverá de esa manera la obligación cuando el cumplimiento no fuera posible.

En este caso, el acreedor ha elegido los daños en la hipótesis de inejecución.

Con respecto a la entrega (resultado de la actividad del deudor), el artículo 513 del Cód. Proc., prevé para cuando la condena a entregar una cosa no pudiera cumplirse  se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicio a que hubiere lugar. Señalando que la determinación del monto de esos daños, tramitará ante el mismo juez por las normas de los artículos  501 y 502 o por juicio sumario, según aquel lo establezca.

Justamente, el actor pidió que se cuantificara la indemnización, tomando el valor de mercado de un departamento al momento de la sentencia, el cual surgiría de la prueba a producirse en autos. Pero como dicha prueba no se realizó, el juez se valió de otros elementos, concediendo una suma que estimó equivalente a lo aportado por el acreedor.

De eso se queja el apelante. Y le asiste razón.

Pues en definitiva, a falta de prueba de valor de mercado del departamento, debe procederse como lo indican las normas citadas, al señalar que su determinación tramitará ante el mismo juez por las normas de los artículos  501 y 502 o por juicio sumario, según aquel lo establezca.

En suma, en ese aspecto debe corregirse el fallo, dejando la elección del procedimiento a criterio del juez de la instancia anterior.

Tocante al resarcimiento por privación del uso, según queda resumido en el voto de la jueza Scelzo, se agravia el apelante de la desestimación de este rubro, porque no se probó el daño ya que el inmueble correspondiente a Darribas no estaba construido.

Sostiene que un departamento urbano, implica, al menos la pérdida de su valor locativo, dada la probabilidad objetiva de arrendarlo. Y además que se equivoca la sentencia en cuanto considera que al momento de la demanda el departamento que le correspondía a Darribas no estaba construido, por lo que no podría decirse que le causó un perjuicio económico equivalente al de los alquileres.     Respecto de este punto, indica el apelante que el daño por la privación de uso no se produce a partir de la finalización de la obra, sino a partir de que la obra, o el inmueble, en este caso, debió entregarse.  Se intimó la entrega de la parte de Darribas mediante carta documento del 15 de octubre de 1998. Estimando el apelante que, dada la forma en que fue respondida, quedó allí configurada la mora del demandado al vencer el plazo de la intimación; o eventualmente al ser emplazado con la demanda y contestarla en agosto de 2000. Para finalizar que si no se tomaran ninguna de esas dos fechas, el demandado vendió en 2012 una de las subparcelas o unidades funcionales edificadas, es claro que sí, a partir de que se constituyeron las dos subparcelas y el demandado aprovechó económica y exclusivamente una de ellas.

Pues bien, para el criterio de la Suprema Corte, la mera privación del uso del departamento no resulta suficiente per se para acreditar el perjuicio sufrido desde que, por no tratarse de un daño in re ipsa, debe demostrarse su existencia fehacientemente para ser indemnizable.

Como también sostuvo el mismo Tribunal esa sola privación de uso, no supone inexorablemente la existencia de frutos, y por no ser un hecho notorio, depende de la prueba que se haya producido (S.C.B.A., Ac 40095, sent. del 22/08/1989, ‘Cuarto, Olga c/E.C.A.M. S.A.C.I.FI.C. s/Cumplimiento de contrato’, en Juba B15002; v. también ‘Acuerdos y Sentencias’ t. 1966-II pág.143).

Ahora bien, lo que en realidad se pone en tela de juicio con esa postura, es la naturaleza del perjuicio y los límites en que ha de ser indemnizado.

Una situación se plantea si se la caracteriza como un daño emergente (erogaciones que el damnificado ha debido hacer por no contar a tiempo con el inmueble, por ejemplo debiendo alquilar otro para cubrir la necesidad que aquel venía a satisfacer). Y otra, si se la caracteriza como un lucro cesante, que exigiría la demostración fehaciente de que el damnificado dejó de percibir ganancias por el no uso del inmueble (éste sería el supuesto en que se coloca el fallo de la Suprema Corte).

Sin embargo Zannoni, desde hace años, ha planteado otra perspectiva, desde la cual la privación del uso del inmueble puede representar siempre un lucro cesante, a veces presumido y a veces objeto de prueba (v. aut, cit. en ‘Responsabilidad civil en materia de accidentes de automotores’, obra en conjunto con otros autores, 254 número 9 y stes.).

Para este autor -que trata el tema desde el supuesto de los automotores, pero con un razonamiento plenamente trasladable a la hipótesis de los inmuebles- un departamento constituiría para el damnificado un bien de capital del que se ha visto privado, en la especie,  por causa de un incumplimiento contractual. De tal modo, lo que debe indemnizársele es el valor de renta o rentabilidad de un capital equivalente al valor de ese inmueble, durante todo el tiempo en que ese capital quedó indisponible para él, aplicándosele a ese capital los intereses por ese lapso. En este sentido, en general se reconoce que el disfrute de un capital ajeno genera réditos. compensatorios o lucrativos, que constituyen la contraprestación, como fruto civil de ese capital (art. 2424 del Código Civil; arg. art. 233 del Código Civil y Comercial.)

¿Y para qué situación quedaría aplicable la doctrina legal de la Suprema Corte?. Pues para aquellos en que se pretende un lucro cesante mayor que debe ser probado: las ganancias que, en concreto, obtendría el damnificado mediante la explotación comercial, locación, etc.

Esto último es lo que en este juicio no ha sido demostrado. Por el motivo que fuere, no está probado que el inmueble hubiera estado destinado a alquiler y que esas posibilidades reales de alquiler -frutos civiles- efectivamente se hayan visto frustradas.

Pero eso no quita que bajo la denominación de privación de uso, se indemnice por el rendimiento del capital representativo del valor del inmueble, que debió producir renta -directa o indirecta- en manos del deudor, por todo el plazo en que contó con ese valor.

Con este alcance se admite la indemnización solicitada (arg. arts. 519, 520 y concs. del Código Civil; arts. 768, 1738, 1739, 1740 y concs. del Código Civil y Comercial

ASÍ LO VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- La condena a escriturar, finalizar y  entregar la UF 2 está firme.

Si el deudor incumple:

a-  la primera (escriturar), entonces debe escriturar el juez (art. 510 cód. proc.); y,   si no es  posible, es aplicable lo reglado en el art. 511 párrafo 3° CPCC;

b- la segunda (hacer hasta finalizar), rige el art. 511 CPCC;

c- la tercera (entregar una vez finalizada), rige el art. 513 CPCC.

En etapa de ejecución de sentencia, será el curso y la combinación de los hechos los que determinen qué alternativa(s) se torna(n) jurídicamente viable(s)  (arts. 166.7, 509 y concs. cód. proc.).

Por eso, es -al menos-  prematura y corresponde dejar sin efecto la cuantificación de los daños hecha en la sentencia para el caso de incumplimiento de la condena (ver allí el considerando V; arts. cits. 34.4 y 266 cód. proc.).

 

2- Los dos votos precedentes se han expedido por la  existencia del daño titulado “privación de uso” y me pliego a ellos (art. 266 cód. proc.).

La cuantificación del menoscabo se ve obstaculizada no sólo por la falta de prueba del monto (como es admitido en los agravios), sino porque el demandante al apelar propone promiscuamente, sin preferir nítidamente ninguna,  tres fechas diferentes para el inicio del estado de mora. Por eso, como lo sugiere el propio actor apelante, para mayor precisión y justicia, debe acudirse para esa empresa a lo reglado en el art. 165 párrafo 2° CPCC (ver anteúltimo párrafo del punto 3.2. de los agravios; arts. 34.4, 34.5.b, 34.5.c, 34.5.d y 266 cód. proc.; arts. 2 y 3 CCyC).

 

3- En fin, en la medida de lo compatible con este voto, adhiero a los precedentes (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, corresponde estimar la apelación del 14/11/2019 contra la sentencia del 20/11/2019 en cuanto ha sido motivo de agravios, con costas de 2ª instancia al demandado vencido (art. 68 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación del 14/11/2019 contra la sentencia del 20/11/2019 en cuanto ha sido motivo de agravios, con costas de 2ª instancia al demandado vencido y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios  electrónicos constituidos por los letrados intervinientes, insertos en la parte superior  (arts. 169 3° párr. y 143, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel, juntamente con las causas 32762; 264; 724/07; 14871; 264/398 y un sobre con documentación al Juzgado Civil y Comercial n°1, y la IPP 2806 a la U.F.I n°1, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20).

 

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 11/09/2020 11:36:20 – SOSA Toribio Enrique –

Funcionario Firmante: 11/09/2020 11:58:08 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/09/2020 12:02:23 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/09/2020 12:34:23 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20046982887@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 20106136131@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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233200774002531075

 

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

                                                                                  

Libro: 51– / Registro: 446

                                                                                  

Autos: “D., S. A. C/ H., J. G. S/ALIMENTOS”

Expte.: -91957-

                                                                                              Notificaciones:

Abog. María José Mattioli

27274419690@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. María Antonela Cantisani

27384038749@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Daniel Wálter Moreno Prat

23172321879@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “D., S. A. C/ H., J. G. S/ALIMENTOS” (expte. nro. -91957-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 10/9/2020, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es arreglada a derecho la resolución el 6/8/2020, apelada ese  mismo día?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Pareciéndome ajustadas, voy a hacer mías, con su consentimiento, las consideraciones del juez del segundo voto emitidas durante el intercambio de opiniones previo al acuerdo.

“1- Vigente una cuota alimentaria de $ 4.000, el 14/4/2020 en representación de sus cuatro hijos la madre planteó incidente de aumento a $ 30.000. Ofreció prueba y, provisoriamente, durante el proceso, pidió una cuota de $ 15.000.  No obstante, el 24/4/2020 el juzgado dio curso formal como juicio especial de alimentos; fijó en $ 10.000 los alimentos provisorios. El accionado fue notificado (ver trámites del 11/5/2020 y del 22/5/2020). El 20/5/2020 el juzgado embargó el sueldo del accionado, para cubrir los alimentos provisorios. El accionado se opuso tanto a los alimentos definitivos reclamados, como a los provisorios judicialmente establecidos, ofreció prueba y propuso pagar en cambio el 25% de su sueldo neto con más la ayuda escolar y/o asignación familiar (ver trámite del 29/5/2020). El 18/6/2020 la accionante resistió la oposición del accionado. En ese contexto recién el juzgado fijó la audiencia del art. 636 CPCC (ver trámite del 22/6/2020) y, antes de su realización fue presentado el convenio extrajudicial homologado el 6/8/2020.

2- Es sospechable de inadecuado el acuerdo extrajudicial de alimentos  alcanzado en medio de medidas de restricción (prohibición de acercamiento)  impuestas en causa de violencia familiar (ver proveído del 24/4/2020), con un embargo dispuesto por falta de pago de los alimentos provisorios,  por un monto inferior al reclamado en demanda ($ 12.500) y al resultante de la canasta básica alimentaria, sin haberse ni siquiera realizado la audiencia del art. 636 CPCC, ni haberse hecho lugar a un pedido de audiencia formulado por la madre antes de la homologación con el objetivo de revisar el acuerdo (ver trámite del 29/7/2020),  ni haberse producido la prueba necesaria (ofrecida por ambas partes)  sobre los extremos que permitirían contornear un monto justo.

Es de orden público el derecho alimentario de los(as)  niños(as) según lo reglado en el art. 2 párrafo 2° de la ley 26061,  correspondía(e) por eso un mayor esmero jurisdiccional allende la sola voluntad de la madre inmersa en el contexto antes explicado y, consecuentemente, resulta viable la apelación del asesor de incapaces ad hoc (arts. 3,  103.b incisos i e ii, 706 proemio, 706.a, 706.c, 707, 709 párrafo 1°, 710, 659 y concs. CCyC; arts. 34.4, 169 párrafo 2°, 242.3, 266 y concs. cód. proc.).

VOTO QUE NO (el 17/9/2020, ver art. 58 Código Iberoamericano de Ética Judicial).”

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto de la jueza Scelzo (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde:

a- estimar la apelación del 6/8/2020 y dejar sin efecto la  resolución homologatoria apelada emitida ese mismo día;

b- imponer las  costas de 2ª instancia al demandado que resistió sin éxito la apelación (ver trámite del 31/8/2020) y, además,  para no resentir la finalidad de las prestaciones alimentarias tal como es regla en este tipo de asuntos (arts. 68 párrafo 2° y 648 cód. proc.);

c- diferir la resolución sobre honorarios en cámara (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a- Estimar la apelación del 6/8/2020 y dejar sin efecto la  resolución homologatoria apelada emitida ese mismo día;

b- Imponer las  costas de 2ª instancia al demandado.

c- Diferir la resolución sobre honorarios en cámara.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (arts. 169 3° párr. y 143, 7 Anexo Único AC 3845 y 6 Anexo Único RC 655/20). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Daireaux. El juez Lettieri no participa de la presente por encontrarse en uso de licencia.

 

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 22/09/2020 15:01:08 – SCELZO Silvia Ethel – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/09/2020 15:25:20 – SOSA Toribio Enrique –

Funcionario Firmante: 22/09/2020 17:04:11 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 27274419690@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27384038749@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

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