Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

Autos: “LAALE, DAIANA C/ MINISTERIO PUBLICO DEL PODER JUDICIAL DE LA PCIA DE BSAS S/EJECUCION HONORARIOS (INFOREC 930)”
Expte.: -95721-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “LAALE, DAIANA C/ MINISTERIO PUBLICO DEL PODER JUDICIAL DE LA PCIA DE BSAS S/EJECUCION HONORARIOS (INFOREC 930)” (expte. nro. -95721-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 29/8/2025 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Es procedente la apelación del 17/6/2025 contra la resolución del 12/6/2025?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
La resolución que como en el caso admite la intervención de terceros, es, por principio, inapelable (art. 96 párrafo 2° cód. proc.; v. esta cám. en sent. del 12/10/2021 en los autos “ASTENGO, OFELIA LILIANA C/ MULLER, ROBERTO JOAQUIN S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)”, expte. nro. 92655,RR-162-2021).
Teniendo en cuenta que lo que se pretende en el memorial de fecha 29/6/2025 es -en definitiva- que se revoque la intervención como tercero de Fiscalía de Estado, el recurso es inadmisible y así debe ser declarado (arg. arts. 96 2° párr. y 242 cód. proc.).
Ya respecto de la petición de que esta Cámara se pronuncie si corresponde notificar al Fisco con transcripción del art. 54 de la ley 14.967 las regulaciones de honorarios de Defensores y Asesores ad hoc -a los fines de esclarecer dicha situación para lo sucesivo-, se trata de cuestión que excede la instancia revisora de esta alzada por no haber sido planteado a la instancia inicial (arg. arts. 31 ley 5827 y 272 cód. proc.).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Corresponde declarar inadmisible el recurso de apelacióndel 17/6/2025, con costas a la apelante vencida y diferimiento de la regulación de honorarios (arts. 69 cód. proc., 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Declarar inadmisible el recurso de apelación del 17/6/2025, con costas a la apelante vencida y diferimiento de la regulación de honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 12/09/2025 09:31:28 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2025 11:37:47 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2025 11:50:53 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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245900774003876345
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 12/09/2025 11:51:04 hs. bajo el número RR-790-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial N° 1

Autos: “ANTONIO MARIA LILIANA Y OTROS C/ GENOVA ADRIANA BEATRIZ Y OTROS S/ EJECUCION DE SENTENCIA”
Expte.: -93429-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “ANTONIO MARIA LILIANA Y OTROS C/ GENOVA ADRIANA BEATRIZ Y OTROS S/ EJECUCION DE SENTENCIA” (expte. nro. -93429-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 12/8/2025 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿ es procedente la apelación del 18/3/2025 contra la resolución del 12/3/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
1. Con fecha 8/3/2019 y en el proceso principal “Boses Carlos Alberto y otros c/ Genova Joaquín y otros s/ Daños y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)” (n° 95.380), se dictó sentencia admitiendo el reclamo, con los ajustes allí efectuados, estableciendo -en lo que importa ahora- que se fijaban montos resarcitarios a valores actuales, con empleo como variable de cálculo el valor del SMVM a la fecha de ese fallo.
A su vez, se determinaron intereses a la tasa pura del 6% anual desde la fecha del acto antijurídico hasta su efectivo pago, si éste se cumplía dentro del plazo establecido para el cumplimiento de la sentencia, mientras que para el caso de mora en el cumplimiento de la sentencia, deberían computarse intereses a la tasa pasiva desde dicha mora y hasta el efectivo pago.
Esa sentencia no mereció cambios en la dictada por esta cámara con fecha 17/7/2019.
2. Ya transitando esta etapa de ejecución de sentencia (incluso con liquidación aprobada), el 10/5/2024, se presentó la ejecutante para, con alegación del denominado fallo “Barrios” de la SCBA, pedir que se actualizara el monto de condena, planteando la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.298.
Específicamente dijo que dicho fallo declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23928, lo que “obliga” a recalcular el monto adeudado en esta causa porque ha sido fijado a valores históricos, o sea, sin aplicar índice alguno que permita actualizar el monto por capital adeudado. Y que precisamente para hipótesis como éstas, en que median cálculos a valores históricos, es cuando adquiere virtualidad la doctrina legal emergente de la sentencia mencionada que declara dicha inconstitucionalidad.
A cuyo fin -continúa diciendo- deben seguirse las siguientes directrices:
Debe probarse que no resulta posible solucionar el problema mediante la aplicación de nomas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital”. Lo que estima es palmario en el caso.
Para demostrar lo anterior, efectúa el cálculo por capital e intereses a la tasa pasiva (plazo fijo digital a 30 días) desde el 22/8/2019 al 22/5/2023, lo que arroja un total de capital más intereses de $ 27.108.023,91. Mientras que hecho el cálculo utilizando la fluctuación del Salario Mínimo Vital y Móvil, esto es considerando que la suma por capital adeudada era equivalente a 701,64  SMVM tomando su valor vigente al 22/8/2019, al día 22/5/2023, esos mismos SMVYM eran equivalentes $  59.296.999,68 que con más la tasa pura del 6% anual propiciada por el juez Soria, que votó en “Barrios”, lleva a una suma de $72.631.513,19. Se aclara que cotizó los valores del SMVYM en la fecha de inicio y en la fecha de finalización indicadas en ese escrito.
Concluye que con esos cálculos, se advierte que se hace evidente lo señalado por la Suprema Corte de Justicia en aquel precedente, que es el menoscabo a los derechos tutelados por el ordenamiento jurídico y que es acarreado por la prohibición del art. 7 de la Ley 23928; arribándose, en fin, a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio.
Es así que -alega- siguiendo la nueva doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia, debe declararse la inconstitucionalidad del art. 7 de la 23928 a fin de posibilitar la actualización monetaria, indexación o repotenciación del crédito dinerario.
Para una vez declarada esa inconstitucionalidad, y de acuerdo al considerando V.17.c. del fallo mencionado, establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso; sugiriendo la parte peticionaria -sin perjuicio de que la decisión es judicial-, la actualización a través del SMVM vigente a la fecha de la declaración de inconstitucionalidad, adicionando una tasa de interés del 6% anual.
Finalmente, dice que si bien existe liquidación aprobada en autos con fecha 23/8/2023, las liquidaciones judiciales se aprueban “en cuanto hubiere lugar por derecho”,  lo que quiere significar que se las conforma en tanto y en cuanto se ajusten al derecho declarado y reconocido en la sentencia. Por lo que en esta materia, los jueces cuentan con amplias facultades para revisar las cuentas realizadas por las partes y que estas se ajusten a la sentencia que la justifica (cita jurisprudencia). A lo que adiciona que al momento de ser practicada dicha liquidación era derecho vigente el art. 7 de la Ley 23928, norma que a la postre ha sido declarada inconstitucional.
Y vinculado con lo anterior, señala que respecto a la incorporación de la actualización monetaria en la etapa de ejecución, existe inveterada doctrina legal de la Suprema Corte provincial que habilita tal proceder, puesto que se ha dicho que el reajuste del monto del crédito a tenor de la depreciación monetaria posterior a la sentencia, no significa en sí mismo aumento sino mantenimiento del valor real de ese monto, es decir que no agrava la obligación del deudor ni mejora el crédito del acreedor, sino que tiende a conservar incólumes los valores económicos de la obligación y del crédito, sin perjuicio ni beneficio efectivos para las partes, en tanto las pautas utilizadas atienden a la depreciación realmente producida.
En definitiva, pide que -previo traslado a la contraria- se declare la inconstitucionalidad del 7 de la ley 23928 y se autorice a actualizar lo adeudado de acuerdo al SMVM vigente a la fecha de aquella declaración con más un 6% anual.
El pedido se sustanció mediante providencia del 3/7/2024 primer apartado.
Traslado que fue respondido el 8/7/2024 por la parte deudora, que sostuvo que debía rechazarse; en primer lugar, por ser extemporáneo el pedido, ya que se dejó pasar la primera oportunidad procesal que tenían para pedir esa declaración de inconstitucionalidad, toda vez que nunca introdujeron planteo alguno, y, es más, se practicó liquidación del crédito conforme parámetros de sentencia firme, que ya había re-potenciado el crédito conforme SMVYM, y en ese momento no se alegó la inconstitucionalidad de la ley 23.928 ni que tal liquidación trajera conculcación constitucional en sus derechos; así, se dijo, difiere del caso “Barrios”, donde en todas las instancias procesales (desde la demanda en adelante) el actor planteo la inconstitucionalidad de la Ley 23.928 por considerarla transgresora de sus derechos a los arts. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Se sigue insistiendo en que los actores practicaron liquidación el 22/05/2023 conforme parámetros de sentencia firme, sin mencionar que dichas pautas fijadas en la sentencia, le causaban agravio alguno a sus derechos constitucionales, sumado a que nunca antes plantearon inconstitucionalidad.
Se remitió para ilustrar sobre esa falta de planteo oportuno hasta la sentencia de los autos principales, en la que se re-potenció el crédito de los actores, circunstancia que no ocurrió en el precedente jurisprudencial “Barrios”; se alegó que a diferencia de este precedente, no se arribó a un monto de condena nominal sino que se arribó a un monto actualizado de condena, con más la aplicación de dos tasas de interés. En fin, se dijo, lejos está de asimilarse  a “Barrios” donde el actor llegó a la SCBA sin que previo se utilizara ningún mecanismo de re-potenciación ni preservación del crédito, y de aplicarse a este caso, se aplicaría una doble repotenciación.
Se dictó resolución el 12/3/2025, en que se hizo lugar a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad. Para ello, se dijo al decidir que al dictarse sentencia en el expediente principal, con fecha 8/3/2019, el monto de condena fue el resultado de establecer como variable de cálculo -con el propósito de preservar el poder adquisitivo de la moneda a esa fecha- estimando el valor del SMVM a esa fecha, con más una tasa de interés del 6% anual desde la fecha del acto antijurídico hasta su efectivo pago si se cumple dentro del plazo establecido para el cumplimiento de la sentencia y, en caso de mora en el cumplimiento de la sentencia, calculando además intereses a la tasa pasiva bip.
Y en ceñimiento de la doctrina legal emanada del fallo “Barrios”, en sus acápites V.16.a, b; V.17.f, una vez cuantificado el capital de condena a la época de la sentencia y en atención a las pautas citadas, la obligación de valor pasó a convertirse en obligación de dar dinero (conf. art. 772 del CCYC), y es partir de allí que se debe actualizar, a fin de mantener inalterado el valor del crédito hasta el efectivo pago. Por lo que se estima ajustado a derecho hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 articulado por la actora y posibilitar la actualización monetaria del crédito que aquí se reclama; porque de no ser permitiso -se dice- se vería beneficiado el deudor-incumplidor por cuanto la suma del capital de condena con más intereses arrojaría un resultado sensiblemente menor al que se obtendría realizando el cálculo con la variable de ajuste oportunamente utilizada, cual fue el SMVM, teniendo en cuenta el escenario económico público y notorio de que la inflación impacta negativamente en quienes reclaman o tienen reconocido un crédito en un proceso judicial, pues el paso del tiempo puede derivar en la licuación de esa acreencia, contexto en el que la adopción de mecanismos de actualización monetaria encontraría su valladar en el dispositivo del art. 7 de la Ley 23.928 (prohibición de indexación por precios, repotenciación de deudas y actualización monetaria), lo que queda evidenciado en el caso a raíz de los cálculos del peticionante.
Así, como se anticipó, declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928; y estableció las pautas de actualización, que consistirán en aplicar al capital el valor actualizado del SMVM vigente a la fecha de la presente resolución mas una tasa del 6% anual retroactiva a la fecha del hecho antijurídico (12/11/2017), además de seguirse el mismo procedimiento con el pago efectuado por la aseguradora, para descontarlos del monto restante del capital, para luego adicionarle la tasa de interés indicada.
Con costas a cargo de los demandados.
3. El decisorio motivó la apelación de los ejecutados del día 18/3/2025; concedido el recurso en relación mediante providencia del 14/4/2025, se trajo el respectivo memorial el 23/4/2025, respondido el 19/5/2025.
Los agravios -en síntesis- consisten en que  se quebrantó el principio de cosa juzgada, preclusión procesal y congruencia, insistiendo en la extemporaneidad del planteo de inconstitucionalidad, ya que los actores recién lo traen el 10/5/2024, aunque antes se habían ajustado a las pautas de la sentencia dictada en el expediente principal; se insiste con que se vulnerarían los principios de congruencia y preclusión, ya que está otorgando a los actores una re-potenciación del crédito en virtud de la inconstitucionalidad de una ley por períodos en que los propios actores consintieron expresamente la aplicación de la ley 23.928, no quejándose en dicho lapso de ninguna depreciación monetaria de su crédito.
En todo caso, postulan que si se quiere aplicar ahora la doctrina legal del caso “Barrios” lo fuera por los períodos sobrevinientes y que corren con posterioridad a su invocación (en el caso 10/05/2024). Cita fallos de la SCB y de otros tribunales.
En fin, se dice que frente a una sentencia que quedó firme y consentida, el juez está imposibilitado de evaluar, a fin de no quebrantar los principios de congruencia, cosa juzgada y preclusión, la constitucionalidad y métodos de actualización e indexación con anterioridad a su petición sin menoscabar aquellos principios.
Luego, en forma subsidiaria, deja planteado como alternativa -teniendo en cuenta el grado de avance de esta ejecución- que se aplique la doctrina emanada del caso Barrios solo desde su invocación, lo que permitiría el resguardo de los principios procesales básicos de congruencia, preclusión, y de seguridad jurídica, principios que dice no fueron quebrantados en Barrios, porque la actora pidió la actualización de su crédito y mantuvo su pretensión hasta llegar a la SCBA. Es decir, se pretende que la declaración de inconstitucionalidad solo tenga efecto desde que se planteó en el caso aquélla el 10/5/2024, manteniendo las pautas de actualización establecidos en la sentencia definitiva, hasta el momento en que se sintieron perjudicados por la misma.
Finalmente, se señala que más allá de que la sentencia utiliza la variable de ajuste del SMVyM no realiza en concreto un análisis de la solución aplicada al caso concreto, desoyendo el precedente “Barrios” que indica que también deben analizarse la aplicación a cada caso de la interdicción del enriquecimiento sin causa, de conductas que imponen un abuso de derecho, así como la buena fe, la equidad, la equivalencia de las prestaciones, la morigeración de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualización, variaciones de precios o costos, indexación o repotenciación cuando sobrepasen el valor actual del daño o la prestación debida y si correspondiere, el esfuerzo compartido.
A esos fines, observa que la suma pretendida por los propios actores al 22/05/2023 era un importe total de capital e intereses de $ 27.108.023,91 realizada por ellos conforme pautas de sentencia firme, y al plantear la inconstitucionalidad pretenden una suma en concepto de capital e intereses de  $ 72.631.513,19; mientras que si se siguen las pautas de la resolución atacada, se estaría adeudando una suma de $ 291.824.149,32. Efectúa sus cálculos de acuerdo a la propuesta anterior.
Por fin, pide la modificación de la carga de las costas.
4. Efectuado el resumen de las circunstancias de la especie -extensas, pero imprescindibles para establecer la cuestión a desentrañar-, es de verse que lo primero que salta a la vista es que no resultaba necesario en el caso concreto avanzar sobre la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23928, aspecto en que, entonces, asiste razón a la apelante, aunque -como se verá- no con el alcance que pretende.
Del examen del precedente “Barios” de la SCBA que -al fin y al cabo- es el nudo de lo debatido, emerge que dicha declaración de inconstitucionalidad queda reservada para especiales situaciones, en que no puede ser conjurada la afectación del crédito del acreedor por la depreciación de la moneda más que con la aplicación de índices oficiales, como los que emanan del Banco Central de la República Argentina, el Indec, etc.).
Y se machaca: solo en esa particular y excepcional situación podría avanzarse hacia la declaración de inconstitucionalidad de la norma; como no podría ser de otra manera, desde que como se ha dicho repetidamente, la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, y de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas, puesto que para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (ver esta cámara, sentencia del 05/11/2024, expte. 92837, RR-867-2024, con cita de la SCBA LP L. 122160 S 14/3/2024, “Reggiani, Rubén Daniel contra La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro. Cobro de seguro”, en Juba sumario B5090186).
Justamente, como consecuencia de dicho principio restrictivo, se señala expresamente en el acápite V.17.a del precedente “Barrios”, que de no ser posible la solución del entuerto mediante la aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital, el acogimiento de la petición o del agravio respectivo, es que ha de completarse con la declaración de inconstitucionalidad al caso del art. 7 de la ley 23.298, según ley 25.561, a fin de posibilitar la actualización monetaria, indexación o repotenciación del crédito dinerario.
Emerge patente -así- que solo y únicamente en tales casos, evaluados con estrictez, habrá de estarse por la declaración de no constitucionalidad de la norma en cuestión.
Pero en este caso, no fue el camino seguido por el acreedor en su presentación del 10/5/2024 al pedir la re-adecuación del capital de condena (fijado a la fecha de la sentencia del 8/3/2019), puesto que lo que pretende allí -debe recordarse- es la aplicación al caso del mismo método o parámetro de ponderación utilizado en la sentencia en cuestión, cual es tener en cuenta valores actuales del Salario Mínimo Vital y Móvil (v. escrito de mención). Sin pretender, entonces, la actualización mediante la aplicación al caso de índices oficiales como los estipulados en el mencionado acápite, en cuyo caso -y solo en dicho caso- hubiera sido menester la declaración de inconstitucionalidad de mención.
Restando señalar, para consolidar lo dicho, que la adecuación a valores actuales mediante parámetros como el propuesto del Salario Mínimo Vital y Móvil, ha sido considerando desde largo tiempo atrás como diversa a la situación prevista por el art. 7 de la ley 23.298; como se ha dicho: “aún apontocados en la existencia de la prohibición de indexar del art. 7 de la ley 23928, sin cortapisas, antes de ahora se venía sosteniendo que debe evitarse confundir la actividad de estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los “valores actuales” con la utilización de mecanismos de “actualización”, “reajuste” o “indexación” de montos históricos, cuya aplicación quebrantaría la prohibición de la norma en cuestión; ello porque los últimos suponen una operación matemática y, en cambio, la primera sólo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo, consultando ese método de recomposición elementos objetivos de ponderación de la realidad, dando lugar a resultados razonables y sostenibles, sin caer en meras fórmulas matemáticas de actualización, repotenciación o indexación fulminadas por el art. 10 de la ley 23982″ (ver esta cámara en numeros precedentes, como, por ejemplo, esta cámara, sentencia del 31/10/2024, expte. 94664, RS-41-2024; ídem, sentencia del 17/7/2019, L.48 R.55; ambos casos con cita de la CSN, considerando 11 de “Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación”, sentencia del 16/9/2014).
Admitiéndose, entre otros posibles, como método de ponderación, el SMVyM, como se ha hecho en la especie (v. precedente citado).
Se dijo en esos precedentes también que “… en todo caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el art. 10 de la ley 23982 sólo fulmina las fórmulas matemáticas para actualizar, repotenciar o indexar, pero no otros métodos que consulten elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible (v. considerando 11 del caso “Einaudi” citado), destacando -por lo demás- que el sentenciante merced a lo edictado en el artículo 165 párrafo 3ro. del código procesal, tiene atribuciones para estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar valores actuales (mismas causas citadas).
Criterio sostenido incluso por el precedente “Barrios” de que aquí se trata, en la medida que extiende la posibilidad de acudir a dichos parámetros de ponderación, a fin de estimar la re-adecuación del capital más allá de la sentencia de condena pero con dichos parámetros de ponderación, como emerge del mentado acápite V.17.a., y, especialmente, del acápite V.12, en cuanto establece que la doctrina legal de ese Alto tribunal “ha devenido inadecuada” en cuanto mantenía como única respuesta frente a las condiciones inflacionarias que impactan negativamente el reclamante de un crédito, el reconocimiento de intereses a la tasa pasiva sobre el capital de origen; doctrina que -advierte- debe ser revisada, juntamente con la revisión de la aplicabilidad a ultranza de la regla del nominalismo (v. este acápite en conjunción con el enumerado como V.10.b).
En fin; la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.298 según ley 25.561, no se aprecia que sea necesaria en la especie, desde que -como quedó establecido- no se ha solicitado la indexación del capital de condena más allá de la sentencia de marzo de 2019 en función de índices oficiales, sino que se ha acudido a la re-adecuación del capital a través del mismo parámetro objetivo de ponderación prevista en dicha sentencia del expediente principal.
De suerte que debe ser revocada la declaración de inconstitucionalidad decidida en la resolución apelada del 12/3/2025, por no ser atinegente al caso en función de la propuesta efectuada por el acreedor.
Dicho lo anterior, va de suyo que queda sin entidad el agravio referido a la oportunidad del planteo de declaración de inconstitucionalidad: si no hay declaración de inconstitucionalidad en el caso, no debe examinarse si un planteo al respecto ha sido o no oportuno (arg. arts. 2 y 3 CCyC, 242 y 260 cód. proc.).
Por lo demás, no puede predicarse que la re-adecuación del capital del modo propuesto por el acreedor, pueda producir afectación de los principios de cosa juzgada y de preclusión procesal, ni tampoco el de congruencia.
Sobre la cosa juzgada traída en oposición a la re-composición del capital, incluso en etapa de ejecución de sentencia -como es el caso- se ha venido sosteniendo reiteradamente que es, justamente, su no aplicación la que viola la cosa juzgada y menoscaba las garantías que la Constitución Nacional confiere a la propiedad privada y a la defensa en juicio en los arts. 14 y 18, puesto que esa re-adecuación solo busca preservar, tal como se ha expresado en el conocido fallo “Camusso” de la CSJN y otros posteriores, “el resarcimiento íntegro del crédito del acreedor y su inmutabilidad a través de todo el proceso judicial”, en tanto es sabido .que en la obligación de valor, de lo que se trata es de preservar el crédito, y con su “actualización” el crédito no cambia. Estrictamente, si no hay una actualización se produce un cambio en el crédito, en desmedro del acreedor, y, en sí, se trata de mantener inalterado el valor del crédito hasta el efectivo pago, de esto justamente se ha ocupado ese antiguo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cual es “Camusso Vda. de Marino, Amalia c/ Perkins S.A. s /demanda” (C.S, 21/05/1976; v. también, C.S., G. 61. XXIV.01/09/1992, “Galvalisi, Ricardo Ramón c/ Mercorelli, Elio Javier”, Fallos: 315:1845; CC0001 SI 56931 RSI-793-91 I 29/11/1991, “E.N. c/ G.F. s/Filiación – Daños y perjuicios”, en Juba, sumario B1700234; todos citados por este tribunal incluso recientemente: sentencia del 11/03/2025, expte. 95205, RR-169-2025, entre varios otros).
En todo caso -se dijo en la misma oportunidad-, el derecho de propiedad afectado no sería el del deudor sino, por el contrario, el del acreedor a quien se le pagaría -si no se aplicara la actualización- con una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería inferior al que tenía cuando nació el crédito.
Tampoco se advierte la afectación de los principios procesales de congruencia ni de preclusión procesal, desde que ya en la demanda que está a fs. 34/43 soporte papel del expediente principal, la parte actora incluyó no solo la fórmula “y.o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos” (v. específicamente f. 34 vta. p.I. y f. 42 p.C.), lo que -como tiene dicho esta cámara, hace que impida verificarse la afectación al principio de congruencia (cfrme. sentencia del 26/9/2023, expte. 92004, RS-71-2023, entre varias otras; art. 163.6 cód. proc.), sino que expresamente también se dejó sentada la pretensión de actualización monetaria que estimare pertinente el órgano judicial (v. mismas fojas y mismos apartados), lo que permite señalar que tampoco media infracción a la preclusión procesal, desde que no se trata de una cuestión novedosa recién introducida con el escrito de fecha 1075/2024, sino -a todo evento- de traerla nuevamente al ruedo en función de la posibilidad introducida al respecto por la Suprema Corte de Justicia provincial, a través del precedente “Barrios”.
En definitiva, la aplicación del parámetro del Salario Mínimo Vital y Móvil como método de comparación para la re-adecuación del capital de condena, no produce en la especie afectación de los principios de cosa juzgada, de preclusión procesal y congruencia, por los motivos expuestos en los apartados previos (arg. arts. 2 y 3 CCyC, 24.4 y 163.6 cód. proc., entre otros), por lo que es confirmada la sentencia apelada en cuanto establece ese mecanismo para lograr la pretendida re-composición del capital de condena de la sentencia del 8/3/2019.
Decidido lo anterior, queda en pie el tratamiento de la propuesta subsidiaria de los agravios de tener en cuenta como fecha de inicio de la re-composición del crédito la del escrito de fecha 10/5/2024, por haber sido la oportunidad en que fue planteado por la parte acreedora.
Pero se trata de un agravio que tampoco habrá de ser estimado, desde que se funda en que sería novedosa la cuestión referida a la constitucionalidad del art. 7 de la ley 23298 y, como se resolvió en este voto, no se trata el caso de esa cuestión; más allá -se agrega- de que también se dejó sentado en párrafos precedentes que la actualización del capital, de la manera que fuere decidida pertinente por el órgano judicial, fue postulada ya desde la demanda del expediente principal.
Por último, el agravio referido a que no se consideraron otros parámetros que el mismo precedente “Barrios” enuncia, cabe razón al apelante; ello así, desde que se omitió en la resolución apelada la consideración en el caso concreto de que la re-composición del capital pudiera derivar en un menoscabo a otros derechos tutelados por el ordenamiento jurídico, como son los enunciados en el acápite V.17.d (a modo de ejemplo, se recuerdan la interdicción del enriquecimiento ilícito, la buena fe, la equidad, la equivalencia de prestaciones, etc.).
De tal suerte que se propone al acuerdo la confirmación de la resolución apelada en cuanto a que el capital de condena debe ser re-ajustado más allá de la fecha de la sentencia de primera instancia del expediente principal, es decir, más allá del 8/3/2019, utilizando como parámetro el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, aunque dejando también establecido que debe emitirse resolución fijando la cuantía de ese capital, teniendo en consideración todas las pautas establecidas en el acápite V.17.d. del precedente “Barrios”, a cuyo efecto deberán las partes interesadas proponer las alternativas que estimen conducentes, con la debida bilateralización (arts. 2, 3 y concs. CCyC, 278 y concs. cód. proc.).
En función de todo lo anterior, en consideración al éxito parcial del recurso y al modo como ha sido decidida la cuestión puesta a tratamiento de esta cámara, las costas de ambas instancias por esta incidencia serán cargadas en el orden causado (art. 71 cód. proc.) y diferimiento de la resolución sobre honorarios (arts. 69 cód. proc.; y 31 y 51 ley 14937).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Corresponde admitir solo parcialmente el recurso de apelación 18/3/2025 y, en consecuencia:
1. Revocar la resolución del 12/3/2025 en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad decidida, por no ser atinegente al caso en función de la propuesta efectuada por el acreedor.
2. Confirmar la resolución apelada en cuanto a que el capital de condena debe ser re-ajustado más allá de la fecha de la sentencia de primera instancia del expediente principal, es decir, desde el 8/3/2019, utilizando como parámetro el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, aunque dejando también establecido que debe emitirse resolución fijando la cuantía de ese capital, teniendo en consideración todas las pautas establecidas en el acápite V.17.d. del precedente “Barrios”, a cuyo efecto deberán las partes interesadas proponer las alternativas que estimen conducentes, con la debida bilateralización (arts. 2, 3 y concs. CCyC, 278 y concs. cód. proc.).
3. Imponer las costas de ambas instancias por esta incidencia serán cargadas en el orden causado (art. 71 cód. proc.).
4. Diferir la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14937).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
1. Revocar la resolución del 12/3/2025 en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad decidida, por no ser atinegente al caso en función de la propuesta efectuada por el acreedor.
2. Confirmar la resolución apelada en cuanto a que el capital de condena debe ser re-ajustado más allá de la fecha de la sentencia de primera instancia del expediente principal, es decir, desde el 8/3/2019, utilizando como parámetro el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, aunque dejando también establecido que debe emitirse resolución fijando la cuantía de ese capital, teniendo en consideración todas las pautas establecidas en el acápite V.17.d. del precedente “Barrios”, a cuyo efecto deberán las partes interesadas proponer las alternativas que estimen conducentes, con la debida bilateralización.
3. Imponer las costas de ambas instancias por esta incidencia serán cargadas en el orden causado.
4. Diferir la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado Civil y Comercial N° 1.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 12/09/2025 09:30:43 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2025 11:36:52 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2025 11:48:59 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

Autos: “N.N. (VICTIMA G., E. J.) C/ G., E. J. A. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Expte. 95513

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 12/8/25 contra la resolución regulatoria del 11/8/25.
CONSIDERANDO.
La resolución regulatoria del 11/8/25 reguló honorarios a favor de la abog.M. C. G.,, como Defensora ad hoc, en la suma de 2 jus, meritando su tarea de fecha 8/7/25; lo que motivó el recurso del 12/8/25 por parte de su beneficiaria (art. 57 de la ley 14967).
La apelante consideran exiguos los honorarios regulados y en ese mismo acto expone que realizó las “…presentaciones de fechas 16/04/2025, 07/05/2025, 15/05/2025,06/06/2025 y 08/07/2025, así como la enorme cantidad de gestiones extrajudiciales realizadas, habiendo mantenido contacto diario con la familia del Sr. García, así como también con el Hospital, desde la designación y hasta la efectiva radicación de mi defendido en el geriátrico de la localidad de Cañada Seca… ” (v. presentación citada; art. 57 de la ley 14967).
Revisando el desarrollo del proceso se advierte que con fecha 26/5/25 este Tribunal revisó la regulación de honorarios inicial y teniendo en cuenta las tareas informadas (entre ellas las de fechas 16/4/25, 7/5/25, 15/5/25 consignadas en el escrito de apelación), se elevaron los honorarios de la letrada a 4 jus, de manera que en esta oportunidad restaría adicionar como tareas las obrantes el 6/6/25 y 8/7/24 (arts. 15.c. y 16 de la ley 14967).
De manera que valuando la tarea mencionada anteriormente útil para el desarrollo del proceso, y en su carácter de Defensora Oficial del demandado, dentro del marco que contemplan los AC 2341 y 3912 de la SCBA, resulta más adecuado y proporcional fijar la suma de 3 jus, totalizando una retribución total por todo el proceso de 7 jus (art. 91 de la ley 5177; ACS. cits. de la SCBA).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 12/8/25 y fijar los honorarios de la abog. M.C. G.,, en su carácter de Defensora Oficial en la suma de 3 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de General Villegas.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 11/09/2025 08:24:15 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:17:22 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:24:12 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-

Autos: “O., C. M. C/ O., A. S/ ALIMENTOS”
Expte.: -95711-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “O., C. M. C/ O., A. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -95711-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 8/9/2025 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Es procedente la apelación del 21/4/2025 contra la resolución del 14/4/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. En demanda, la actora solicita se fije una cuota alimentaria equivalente a 2 (dos) Salarios Mínimos Vitales y Móviles más la atribución de la vivienda sito en calle Ameghino N°459 de la ciudad de Pellegrini -que se encontraría habitada por la niña y su progenitora-; y el demandado al contestar, pide se rechace la pretensión de atribución de vivienda y se fije cuota alimentos de acuerdo a derecho (v. escritos del 20/2/2024 y 28/4/2024).
2. La sentencia del 14/4/2025, por los fundamentos que allí se exponen, fija una cuota alimentaria para M. equivalente al 150% SMVM.
3. Apela el demandado con fecha 21/4/2025 y el 9/4/2025 presenta el memorial.
Allí se agravia en tanto entiende que hubo una errónea valoración de la capacidad contributiva del alimentante; prueba no valorada; e incongruencia entre lo probado y lo resuelto (v. escrito del 9/5/2025).
4. Para responder a esos agravios, es de verse que el apelante menciona que la sentencia le atribuye capacidad económica basándose en un informe del RPI del 20/11/2024, interpretando bienes de una persona homónima, sin verificar el Documento Nacional de Identidad lo que generaría una falsa estimación patrimonial y vulneración de su derecho de defensa; y es cierto que se advierte la discriminación de 26 inmuebles que son titularidad de O., A., y que no todos se corresponden con su DNI, pero de los 26 inmuebles mencionados, 10 son de su titularidad, en tanto el nombre y DNI establecidos en la contestación de demanda coinciden con los datos del titular de aquellos inmuebles, a saber, los mencionados en los puntos 4 y del 8 al 16 (v. informe del RPI adjunto al escrito del 20/11/2024).
Y nada dice respecto a los inmuebles que sí figuran como de su titularidad, y en tanto solo se limita a realizar una negativa de la totalidad de la titularidad de los inmuebles, habiéndose demostrado que es titular de -al menos- 10 de ellos, el agravio se desestima (arg. art. 260 cód. proc.).
Por otra parte, sobre lo alegado respecto a que “es jubilado, no posee actividad comercial, ni bienes registrables a su nombre distintos a los que arroja el indice de titulares cotejado con su documento de identidad, no asi el resto como se indico en apartado anterior”, son circunstancias que, sin perjuicio de encontrarse acreditadas, no demuestran por sí solas que la cuota fijada afecte su capacidad económica, y el apelante no explica de manera concreta y categórica de qué manera se vería mermada la satisfacción de sus necesidades o que perjuicios le ocasionaría hacer frente al pago de la cuota establecida; por lo que ese argumento también queda desestimado (arg. arts. 260, 375 y 384 cód. proc.).
Máxime que según testimonial del 17/10/2024 alquilaría algunas viviendas de su propiedad, lo que permite inferir que tendría otros ingresos además de la jubilación, y además, quedó acreditado en su contestación de demanda que realizó viajes al exterior (Madrid y Londres) y del Informe del RPA surge que es propietario de dos vehículos de alta gama BMW -modelos 2008 y 2018- y un vehículo modelo 1973 (v. informe adjunto al trámite del 8/5/2024).
De lo que se deduce que su capacidad económica es suficiente para hacer frente a una cuota de alimentos, máxime que respecto a esos viajes nada ha dicho, siendo él quien debería probar la insuficiencia de su capacidad económica (arg. arts. 375 y 384 cód. proc., 710 CCyC).
Por último alega incongruencia entre lo valorado y decidido en la sentencia, en tanto se habrían cuantificado inicialmente las necesidades alimentarias de la niña conforme a parámetros razonables del 98% SMVM pero luego se amplió el monto a 150% SMVM consagrándose -a su entender- un monto desproporcionado, incompatible con sus posibilidades.
Pero sobre el punto es de verse que la sentencia establece a partir de determinados parámetros, que a M. le correspondería como mínimo el 98% del SMVM, pero también se entiende que se deben merituar otros elementos más para establecer la cuota, mencionando entre ellos la cuota provisoria anterior, el desenvolvimiento de la economía, la prueba producida (oficios, testimoniales, recibos de haberes ingresos del demandado), etc., y por tales motivos es que decide fijar la cuota en el equivalente al 150% del SMVM.
Así, por lo tanto no se advierte la incongruencia -o más bien inconsistencia- alegada (arts. 2 y 3 CCyC).
Sumado a ello, no se advierte que surja del memorial que contra tales argumentos se haya expresado alguna crítica, deteniéndose en la indicada incongruencia; por lo tanto el agravio debe ser desestimado (arts. 260 y 261 cód. proc.).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde desestimar la apelación del 21/4/2025 contra la resolución del 14/4/2025. Con costas al apelante vencido (art. 68 cód. proc.), y diferimiento de la resolución de honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación del 21/4/2025 contra la resolución del 14/4/2025; con costas al apelante vencido, y diferimiento de la resolución de honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 11/09/2025 08:24:57 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:16:34 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:25:40 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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234400774003875103
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 11/09/2025 13:25:54 hs. bajo el número RR-784-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Autos: “M., S. M. C/ M., R. A. S/ DIVORCIO (ART. 214 INC. 2 C.C)”
Expte.: -95677-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “M., S. M. C/ M., R. A. S/ DIVORCIO (ART. 214 INC. 2 C.C)” (expte. nro. -95677-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 2/9/2025 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 2/6/2025 contra la resolución del 23/5/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. En la resolución apelada del 23/5/2025 se dispuso declarar operada la prescripción de la obligación al pago de los honorarios regulados al abogado P. A. G., en la sentencia del 2/8/2005.
Para así decidir se consideró que la regulación de honorarios efectuada en la sentencia dictada el 2/8/2005, fue notificada a la Sra. M., por cédula diligenciada el 19/9/2005 y al Sr. M., por cédula diligenciada el 19/9/2006 (ver fojas 36 y 38 respectivamente), habiendo trascurrido casi 20 años sin que haya mediado acto alguno suspensivo y/o interruptivo de la prescripción (art. 3986 cód. civil); lo que determinó que se cumpliera íntegramente el plazo prescriptivo de 10 años previsto en el art.4023 del código civil (aplicable conforme art. 2537 del CCCN; ver resol. del 23/5/2025).
2. Frente a esta resolución, el abogado Gatti interpone recurso de con apelación el 2/6/2025, presentando el respectivo memorial el 16/6/2025.
El abogado se agravia por cuanto se  tiene por notificada a obligada al pago en un domicilio real que no es el asiento permanente de la misma, alegando que en las presentaciones de fechas 12/3/25, 20/3/25, 28/3/25 y 2/4/25 consigna que se domicilia en calle Vicente Lopez N° 30 de esta ciudad. También se queja de que la cédula no fue entregada a la actora, sin consignar si vivía allí o no, ni tampoco dando aviso de regresar ante su ausencia tal lo prescribe el código de rito y Ac 3397.
Manifiesta, además, que debió haber planteado la prescripción en su primera presentación el 12/3/25. Y por último, insiste con un mail en el que el que se consulta por los honorarios como una manifestación de voluntad de pago.
3. El recurso no puede prosperar.
No se cuestiona en los agravios que, tratándose de honorarios regulados el 2 de agosto de 2005, corresponde aplicar el Código Civil vigente en aquel momento y -en lo pertinente- el art. 2537 del nuevo CCyC (art. 260 del cód. proc.).
Tampoco, que gobierna el plazo de prescripción de diez años del artículo 4023 del Código Civil, aplicable conforme aquella norma del CCyC (art. 260 del cód. proc.). Sin perjuicio que así lo tiene decidido la Suprema Corte (C 98472 S 05/05/2010, ‘Isabella, Alcides Pedro c/García, Roque y otros s/Reivindicación’, en Juba, fallo completo).
En ese marco, regulados los estipendios en la sentencia que puso fin al pleito, el término indicado comienza a correr desde su fecha, a partir de la cual el acreedor tuvo expedito el camino para exigir el cobro de la acreencia, siendo la notificación al obligado al pago parte de esa gestión de cobro y no punto de partida de la prescripción (CC0002 SM 41884 RSD-176-97 S 29/5/1997, ‘Costa, Cruz s/Sucesión ab-intestato’, en Juba sumario B2000836; arts. 3949 y 3956 del Código Civil).
Desde esa perspectiva, que acaso las cédulas de notificación de la sentencia el 2/8/2005, hubieran sido mal dirigidas o diligenciadas en su oportunidad –8/9/2005 y 5/9/2006, según el registro informático-, sin que tales falencias fueran observadas por el abogado hasta el 25/4/2025, sólo denota su desdén en cumplimentar idóneamente esas diligencias, tras de ejercer la acción, de cuya prescripción se trata. Elemento crucial del instituto aplicado (art. 3949 del Código Civil).
En punto al correo electrónico, del cual el profesional desprende una renuncia a la prescripción ganada, resulta que el fallo lo dejo de lado, considerando que no tenía la entidad del ‘reconocimiento’ previsto en el artículo 3989 del Código Civil, al no haber emanado aquel de la persona obligada. Restándole aptitud interruptiva. Y este argumento no fue blanco de la crítica concreta y razonada del apelante, por lo que evade la jurisdicción revisora de esta alzada (arts. 260 y 266 del cód. proc.).
Finalmente, en lo que concierne a la oportunidad en que la prescripción se opuso, no fue un capítulo planteado al juez de la instancia de origen, y por tanto, su introducción novedosa en los agravios activa lo prescripto en el artículo 272 del cód. proc.
Por lo expuesto el recurso se desestima. Con costas al apelante vencido (art. 69 del cód. proc.).
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde desestimar el recurso del 2/6/2025 contra la resolución del 23/5/2025, con costas al apelante vencido (arg. art. 68 del cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 2/6/2025 contra la resolución del 23/5/2025, con costas al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado Civil y Comercial n°1.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:13:06 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:27:37 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:31:17 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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239700774003876106
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 11/09/2025 13:31:32 hs. bajo el número RR-787-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí

Autos: “R., L., B. N. S/MEDIDA CAUTELAR LEY 26485”
Expte. 95829

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: los recursos del apelación del 26/8/25 contra la resolución regulatoria de esa misma fecha.
CONSIDERANDO.
Los abogs. R.A. M., y L.M. L.,, en su carácter de Defensor y Asesora ad hoc, respectivamente, cuestionan los honorarios fijados a su favor en la suma de 1 jus (a cada uno de ellos), en tanto los consideran exiguos; exponen en ese acto los motivos de su agravio (v. presentaciones del 26/8/25; art. 57 de la ley 14967).
Ahora bien; para fijar la retribución el juzgado tuvo en cuenta la labor de los profesionales, que según surge del sistema informático Augusta, hasta la conclusión del proceso declarada el 26/8/25, fue: M., aceptó el cargo -2/8/24- y renunció al patrocinio -30/8/24-; y L., por su parte solo aceptó el cargo -8/3/24-, sin contabilizar alguna otra tarea (arts. 15.c. y 16 de la ley 14967).
Así, con arreglo al artículo 1 de la Acordada 3812, para la retribución a percibir por los abogados intervinientes en calidad de Defensores Oficiales y/o Asesores de Incapaces ante la Justicia de Paz Letrada, se ha determinado una escala de dos a ocho Jus, según la importancia y complejidad del trabajo realizado (art. 91 de la ley 5827, texto según la ley 14.365).
La regulación de honorarios dentro de esa escala es la fijación judicial del importe del trabajo realizado por el abogado/a en función de las constancias obrantes en autos, más allá de como prosiguió o concluyó la causa (arts. 1, 2 ley 14967, 384 del cód. proc.).
Entonces, meritando que en autos solo hubo como tarea útil la aceptación del cargo de ambos profesionales, no resultan exiguos los honorarios fijados (art. 16 de la ley 14967; ACS. 2341 y 3912 de la SCBA; 1255 del CCyC; por analogía, esta cámara, 95771 res. del 28/8/2025 RR-719-2025, entre otros).
Entonces, en función de lo expuesto anteriormente y con el alcance dado, corresponde desestimar los recursos de fecha 26/8/25 (arts. y ley cits.).
Por todo ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar los recursos del 26/8/25.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Guaminí.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 11/09/2025 08:26:04 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:12:30 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:27:34 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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243300774003874705
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

Autos: “R., W. R. M. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Expte. 95826

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 18/6/25 contra la resolución regulatoria del 18/6/25.
CONSIDERANDO.
Los honorarios fijado en 4 Jus regulados con fecha 18/6/25 a favor de la Defensora ad hoc, fueron recurridos por su beneficiaria al considerarlos exiguos (art. 57 de la ley 14967; concretamente aduce que no se ha valorado su intervención activa en el expediente, la calidad y cantidad de las actuaciones, la dedicación, compromiso y celeridad de su labor (v. presentación del 18/6/25).
Cabe señalar que tratándose el caso de un régimen de protección contra la violencia familiar corresponde aplicar la normativa arancelaria vigente, que establece para el desarrollo de todo el proceso un mínimo de 20 jus (art. 9.I.1.c) de la ley 14967); ello en concordancia con el antepenúltimo párrafo del artículo 16, que indica un promedio que da por satisfechos aunque sea mínimamente los extremos de aquella norma (art. 34.4. cpcc.).
Desde otro aspecto, a los fines regulatorios, como bien lo apunta la letrada recurrente, el caso se rige por el art. 91 de la ley 5827 -texto según ley 11593-, que regula la situación de los abogados en su desempeño por la designación de oficio como Defensor de Pobres en los supuestos allí previstos; siendo la retribución por esas tareas a cargo del presupuesto del poder judicial en la forma establecida en la reglamentación de la Suprema Corte de Justicia, que con arreglo a tal delegación emitió los Acuerdos 2341 y 3912, con una escala de 2 a 8 jus.
A partir de este encuadre, tratándose de un juicio con trámite con características de sumario (art. 28. b y w; ley cit.), meritando la labor desarrollada la Defensora ad hoc útil para el avance del proceso, que fueron consignadas en la resolución apelada (v. trámites del 26/2/24, 24/4/24, 25/9/24, 30/9/24, 4/10/24, 8/10/24, 27/11/24, 14/2/25, 6/6/25 y 25/4/24), resulta adecuado y más proporcional fijarle una retribución total de 6 jus (arts.1255 del Código Civil y Comercial; arts. 15, 16 y 55, primer párrafo, segunda parte, de la ley cit.; ACS, cits.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 18/6/25 y fijar los honorarios de la abog. C. M., como Defensora ad hoc la suma de 6 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Daireaux.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 11/09/2025 08:26:59 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:11:52 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 13:29:11 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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249600774003874692
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ SACCONE DAIANA ROMINA Y OTROS S/ EJECUCION PRENDARIA”
Expte.: -95348-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 18/12/2024 contra la resolución dictada ese mismo día.
CONSIDERANDO:
1. Al dictar sentencia el juez resuelve no hacer lugar a la excepción de caducidad de inscripción opuesta por la parte demandada, y en consecuencia mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto De La Cruz María Laura, Daiana Romina Saccone y Raúl Damián Dallera, hagan íntegro pago de la suma de Pesos CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 84/100 ($4.182.941,56) a la parte actora.
Esta decisión es apelada por la actora quien en primer lugar, se agravia porque el Juez a quo no se ha pronunciado sobre los intereses punitorios establecidos en la cláusula quinta del contrato prendario; y como segundo agravio plantea que no se ha pronunciado sobre la fijación del capital adeudado en consideración al valor móvil del bien tipo, pese a que ello constituía -en conjunción con otros puntos, materia sometida a su conocimiento e integrante del “thema decidendum”.
2. Cierto es que en demanda se reclamó al deudor prendario las cuotas impagas emergentes del contrato de ahorro previo para la compra de unidades con garantía prendaria, estimando el importe en la suma de $4.182.941,56, y a continuación específicamente se consignó “con más el reajuste pactado en la continuación del contrato prendario, así como también lo que V.S. presupueste para responder provisoriamente a intereses y costas hasta su efectivo pago conforme la tasa convenida” y ademas también se especificó que reclamaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses punitorios pactados y gastos (v. pto. II dda del 14/12/2023).
Y si bien en la parte resolutiva de la sentencia no se expide el juez sobre el reajuste e intereses peticionado en demanda, intereses y el IVA, cabe señalar que en los considerandos específicamente se abocó al tema y dijo: “Respecto de lo peticionado por la parte actora, acerca de que se fije capital en base al valor móvil del rodado prendado, entiendo que no corresponde tratar dicha cuestión en este momento, toda vez que en el momento procesal oportuno, dicha parte, podrá practicar liquidación actualizando intereses e incluyendo los rubros que considere, de lo que se dará traslado oportunamente a la contraparte, a sus efectos.”.
Así entonces, el juzgado se expidió al respecto difiriendo tanto el reajuste como los intereses y otros rubros solicitados (IVA) para la etapa liquidatoria (art. 165 del cód. proc.). Pero no obstante lo cual esta última decisión no quedó expresada en la parte resolutiva del fallo.
Al respecto nuestra Suprema Corte de Justicia tiene dicho que “…una sentencia es un todo compuesto de diversas partes consideradas entre sí armónicas y solidarias, de tal manera que lo que se dejara de decir en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del Juez debe suplirse o interpretarse por lo que el mismo juez ha dicho al fundar su resolución…” (Ac. y Sent., 1990-II-310 y ss.).
Por ello corresponde que el pronunciamiento de primera instancia -en éste particular y excepcional supuesto- sea complementado en esta Alzada en el sentido de integrarse la parte resolutiva de la Instancia Inferior, difiriendo tanto el reajuste como los intereses solicitados en demanda para la etapa liquidatoria, incluyendo los rubros que considere, la que ninguna duda queda, se ha dictado en los considerandos de la sentencia (arg. art. 273 del cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Estimar parcialmente la apelación la apelación del 18/12/2024 contra la resolución dictada ese mismo día, disponiendo que el pronunciamiento de primera instancia -en éste particular y excepcional supuesto- sea tenido por complementado en esta Alzada en el sentido de integrarse la parte resolutiva de la Instancia Inferior dejando establecido que tanto el reajuste como los intereses solicitados en demanda, incluyendo los rubros que considere, quedan diferidos para ser tratados en la etapa liquidatoria (art. 165 del cód. proc.).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 16/04/2025 07:59:48 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2025 11:40:16 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2025 12:41:15 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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237900774003773063
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 16/04/2025 12:41:29 hs. bajo el número RR-314-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Autos: “GENONI, ROSA JULIA TERESA S/SUCESION AB-INTESTATO”
Expte.: SIII-9351-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “GENONI, ROSA JULIA TERESA S/SUCESION AB-INTESTATO” (expte. nro. SIII-9351-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 8/9/2025 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 24/4/2025 contra la resolución del 11/4/2025?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
1. El sobrino nieto de la causante apela la declaratoria de herederos dictada con fecha 11/4/2025 mediante la cual se lo excluye como heredero, en tanto se declara en tal carácter a los sobrinos María Esther Genoni, Osvaldo Luis Genoni y Claudia Cristina Genoni.
Explicó en el memorial que encuadra perfectamente en la norma del art. 2439 primer párrafo en cuanto a que reviste el carácter de descendiente de una hermana de la causante (cuarto grado en relación a la misma); en tal calidad, y por aplicación de la excepción allí contenida, es heredero de la misma y así debe ser declarado (recurso y memorial de fechas 24/4/2025 y 6/6/2025).
2. Agustín María Martinelli Jusit (apelante), y sobrino nieto de la causante se presentó invocando el derecho de representación de su progenitor Agustín María Martinelli (sobrino pre-fallecido) y María Esther Genoni, Osvaldo Luis Genoni y Claudia Cristina Genoni por derecho de representación de su progenitor Osvaldo Emilio Vicente Genoni, hermano de la causante.
Corresponde aclarar que los conforme lo normado en el art 2439 del CCyC los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior, excepto el derecho de representación de los descendientes de los hermanos, hasta el cuarto grado en relación al causante. Los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales.
Por ello, en el caso que nos ocupa, Agustín María Martinelli Jusit es desplazado en la sucesión de su tía abuela, por María Esther Genoni, Osvaldo Luis Genoni y Claudia Cristina Genoni (sobrinos de la causante), por encontrarse en un grado superior.
Es que el orden sucesorio lo establecen los arts. 2438 y 2439 del CCyC, sentando el principio de prelación de grados: el pariente más cercano en grado al causante excluye al más remoto, siempre que no resulte de aplicación el derecho de representación. Este último instituto es aquél por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre o madre en la familia del difunto, a fin de suceder juntos en su lugar a la misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habrían sucedido (art. 3562 Código Civil <hoy, 2429 CCyC>). Se trata de un derecho propio del representante reservado a los descendientes directos o colaterales de la primera línea (SCBA, Ac. 104.384, “G., C.E. y M., S. E. Sucesiones”, fallo del 14/9/2011, texto completo en Juba en línea).
Entonces, el apelante -colateral en cuarto grado de consanguinidad con la causante- no puede en el caso invocar derecho de representación para ocupar el grado que podría haber ostentado su padre, sobrino pre-fallecido a lo causante en la herencia de su tía abuela, pues se encuentra en la segunda línea colateral respecto de la causante; entendiéndose por primera línea la que se ubica por debajo de la de la causante y por segunda la que se halla por debajo de ésta.
Es precisamente en esta segunda línea donde se encuentran el sobrino-nieto de la causante, nieto del hermano pre-muerto de ésta; siendo por esa ubicación más remota que queda desplazados.
En suma, su vocación sucesoria -no habiendo en el caso descendientes, ascendientes o viudas- nacería por estar en cuarto grado de la línea colateral (art. 2438 CCyC), empero, por el principio de prelación de grados, resulta el apelante desplazado por los sobrinos de la causante que se encuentran en tercer grado de esa línea sucesoria, en tanto no tiene derecho de representación (art. 2439 CCyC).
Resultado que desplaza el tratamiento de la nulidad del fallo –postulada en la apelación-, desde que admisible o inadmisible, no hubiera eximido de conocer sobre el fondo del litigio. En el primer caso, porque la cámara –en casos de nulidad de una sentencia– no actúa por reenvío. Y en el segundo, por el efecto mismo de la inadmisibilidad (S.C.B.A., Ac 79404, sent. del 8/9/2004, ‘Romero, Lidia Beatriz c/Transporte “La Perlita” S.A. y otra s/Indemnización de daños y perjuicios’, en Juba sumario B27583; arg. art. 253 del Cód. Proc.).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Corresponde desestimar el recurso de apelación deducido contra la declaratoria de herederos dictada el 11/4/2025.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso de apelación deducido contra la declaratoria de herederos dictada el 11/4/2025.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado Civil y Comercial n°1.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 10/09/2025 08:04:20 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2025 10:11:27 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2025 10:16:16 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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250300774003874467
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 10/09/2025 10:16:25 hs. bajo el número RR-776-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Autos: “BERRUTTI MARCELO ARIEL C/ CHEVROLET SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS S/ ACCION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR”
Expte. -93562-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación de fechas 21/8/25 y 22/8/25 contra la resolución regulatoria del 18/8/25; el informe de secretaría del 1/9/25.
CONSIDERANDO.
a- Se trata de revisar los honorarios fijados por la presente acción de defensa del consumidor que tramitó como juicio sumarísimo (v. providencia del 23/8/21), en el que se produjo prueba (v. trámites del 17/12/21, 10/2/22, 24/2/22, 11/3/22, 15/3/22, 30/3/22, 19/5/22, 15/6/22, 24/8/22, 20/9/22) llegándose hasta el dictado de la sentencia (del 17/10/22) en la que se desestimó la demanda con costas a la parte actora, pero que posteriormente revisada por este Tribunal el 21/3/23 decidió hacer lugar a la demanda con costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada, vencida (arts. 15.c., 16, 26 segunda parte, 28 y concs. de la ley 14967; 68 del cód. proc.).
El juzgado fijó la retribución del letrado González Cobo por su actuación en las etapas del juicio, consignando las tareas llevadas a cabo aplicando la alícuota principal del 17,5% (art. 16 antep. párrafo ley cit.), de acuerdo al criterio de este Tribunal a partir de la nueva ley arancelaria 14967 (arts. 15.c, 16, 21, 28.b.1 y 2 ley 14967; v. esta cám. 18/3/21 91800 “Bravo c/ Manso s/ Nulidad acto jurídico” , L. 52 Reg. 112).
Pues esta alícuota principal se ha considerado adecuada a las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley 14967 en concordancia con el art. 55 párrafo primero, segunda parte y art. 16 antepenúltimo párrafo de la ley citada (esta cám. 9/4/2021, expte. 91811 “Distribuidora c/Jaume s/Daños y perjuicios”, L. 52 Reg. 165 entre otros).
Ahora bien, el letrado González Cobo, cuestiona por exiguos los honorarios regulados a su favor, y concretamente aduce que la alícuota aplicada que cuantifica sus honorarios no refleja la tarea por él llevada a cabo que se aplica prácticamente a todos los casos que no cuentan ni con méritos ni trascendencia como la realizada en este proceso, describe como se traduce en autos los ítems contemplados en el art. 16 y solicita se regulen estipendios en el máximo de la escala (v. 22/8/25; art. 57 ley 14967).
Por su parte el abog. Sampietro, por las partes que representa recurre por elevados los estipendios del abog. González Cobo y del perito contador Bolognesi, y entre sus argumentos específicamente solicita que se aplique lo dispuesto por el art. 23 y se reduzca la significación económica en un 50% y estima los honorarios en base a esa nueva reducción (v. 21/8/25, art. 57 ya cit.).Sin embargo no se ajusta ahora encuadrar la situación del valor del juicio a lo edictado por el art. 23 ya que, conforme lo decidido por este Tribunal el 13/8/25 (v. trámites del 28/5/25 y 13/8/25; art. 34.4. del cód. proc.).
Tampoco encuentra eco el recurso que ataca por bajos los honorarios, en sus fundamentos considera que cumplió con la totalidad de las etapas previstas para el proceso, la sentencia resultó exitosa y la calidad jurídica, complejidad, trascendencia y novedad, el planteo no es frecuente el resultado obtenido: el planteo fue acogido. Y en lo que atañe a la responsabilidad profesional, considera que esta presentación es novedosa (v. 22/8/25; art. 57 ley cit.).
Ahora bien, la alícuota del 17,5% es la alícuota promedio usual de este Tribunal para casos similares donde se transitaron las dos etapas del proceso (art. 28.b.1 y 2 ley 14967) y se llegó a una sentencia exitosa (v. esta cám. 18/3/21 91800 “Bravo c/ Manso s/ Nulidad acto jurídico” , L. 52 Reg. 112, entre otros), de modo que en este aspecto el recurso no prospera (art.34.4. y arg. arts. 260 y 261 del cód. proc.).
Tampoco en la enumeración del art. 16, pues si bien se indicaron las circunstancias concretas de las causas que, en pos de un aumento en los honorarios, llevaría a elevar la alícuota, lo cierto es que en el transcurso ordinario del proceso se cumplió con las dos etapas y el dictado de la sentencia de mérito, pero a los largo del proceso acumuló diversas incidencias que merecen una retribución independiente de la principal y que a la postre aumentarán globalmente los estipendios del letrado (arts. 260 y 261 cód. proc., 57 ley cit.).
Así, la aplicación de la alícuota promedio del 17,5% se ha considerado adecuada a las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley 14967 en concordancia con el art. 55 párrafo primero, segunda parte y art. 16 antepenúltimo párrafo de la ley citada (esta cám. 9/4/2021 91811 “Distribuidora c/ Jaume s/Daños y perjuicios” L. 52 Reg. 165 entre otros). De modo que los honorarios regulados por el juzgado deben ser confirmados (art. 34.4. del cód. proc.)
Ello sin perjuicio que las distintas incidencias originadas a lo largo del desarrollo del proceso merecen una retribución individual de acuerdo a las tareas, las etapas y el valor económico de cada una de ellas, si lo tuviera (art. 34.5.b. del cód. proc.;47 de la ley 14967).
Y en cuanto al recurso dirigido contra la retribución del perito contador Bolognesi, el juzgado aplicó, sobre el valor económico aprobado, una alícuota del 4% en base al criterio de este Tribunal cuando el profesional que ha cumplido su cometido (alícuota mínima del art. 207 de la ley 10620; “Castagno c/ Bianchi” 13/6/2012 lib.43 reg. 193; “Boldrini c/ Luna” 5/11/2012, lib.43 reg. 404; “Ivaldo c/ Tóffolo” 3/7/2013 lib. 44 reg. 200; “Domínguez c/ Magnani” 14/4/2015 lib. 40 reg.103; “Manso c/ Vergara” 11/7/2014 lib. 29 reg. 204; y otros). Y el perito realizó la labor encomendada conforme se desprende de los trámites del 1/4/22, 19/5/22, 15/6/22, 24/8/22, 20/9/22 (arg. arts. 15.c. y 16 ley 14967, aplicada analógicamente -art. 2 del CCyC.-), de modo esa retribución no se configura elevada en relación a su labor y a la de los profesionales que llevan adelante el proceso.
(art. 16 de la ley cit.; v. “Tocha c/ Llanos”, sent. del 20/5/2008, lib. 39 reg. 122, aunque si bien bajo la aplicación del anterior Código Civil y el anterior dec. ley); de modo que el recurso en este aspecto debe ser desestimado.

b- Habiendo quedado determinados los honorarios de la instancia inicial, por el trámite principal, en función de lo dispuesto en el art. 31 ley 14.967 y el principio de proporcionalidad (esta cám.. sent. del 9/12/2020, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar” L. 51 Reg. 651, entre otros), valuando la labor desarrollada ante la alzada por los letrados (v. trámites del 20/10/22, 22/11/22, 24/11/22, 16/2/23; arts. 15.c.y 16) y la imposición de costas decidida el 21/3/23 (arts. 26 segunda parte, 68 del cpcc.), sobre el honorario de primera instancia regulado es dable aplicar una alícuota del 27% para el abog. Sampietro y Diez y una del 32% para el abog. González Cobo (arts. y ley cits.).
Así, resulta una retribución de 87,57 jus para Sampietro, 87,57 jus para Diez (hon. prim. inst. – 324,350 jus- x 27%) y 247,12 jus para González Cobo (hon. prim. inst. -772,26 jus- x 32%,arts. y ley cits.).
Con más las adiciones y/o retenciones que por ley correspondieren (art. 21 de la ley 6716).
En cuanto a los diferimientos de fechas 24/10/23, 21/12/23, 1/7/24,9/12/24, 3/4/25 y 13/8/25, los mismos deben ser mantenidos hasta tanto obren regulados los correspondientes a la instancia inicial (art. 34.5.b. del cód. proc., 31 y 51 de la ley 14967; sent. del 9/12/2020, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar” L. 51 Reg. 651).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Desestimar los recursos del 21/8725 y 22/8/25.
Regular honorarios a favor del abog. Sampietro en la suma de 87,57 jus.
Regular honorarios a favor del abog. Diez en la suma de 87,57 jus.
Regular honorarios a favor del abog. González Cobo en la suma de 247,12 jus.
Con más las retenciones y/adiciones que por ley correspondieren.
Mantener los diferimientos del fechas 24/10/23, 21/12/23, 1/7/24,9/12/24, 3/4/25 y 13/8/25.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 10/09/2025 08:04:59 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2025 10:10:37 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2025 10:24:37 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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244700774003874463
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 10/09/2025 10:24:55 hs. bajo el número RR-777-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 10/09/2025 10:25:05 hs. bajo el número RH-128-2025 por TL\mariadelvalleccivil.