Juzgado de Garantías N°1 – Dpto. Judicial de Lomas de Zamora

La Suprema Corte de Justicia dispuso, mediante Resolución SC Nº 2230/21 asueto judicial con suspensión de términos procesales en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, los días 24 y 31 de diciembre del corriente año, sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan.

Los organismos de turno atienden tanto presencial como virtual.

A través del Acuerdo Nº 4046 , la Suprema Corte de Justicia emitió una declaración alusiva a los 200 años de historia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que se conmemoran el 24 de diciembre del corriente año.

Considerando propicia la oportunidad para reflexionar sobre el estado del sistema de justicia en la Provincia, allí se afirma que “cerca de completar el cuarto decenio desde la recuperación del orden constitucional, el poder judicial renueva su compromiso irrevocable como custodio de la juridicidad, el Estado de Derecho, los ideales democráticos y la tutela de los derechos de las personas”.

Asimismo, se añade, “la realización de tan elevados principios requiere del pleno reconocimiento de la independencia de la Justicia, atributo que, en sus diversas proyecciones, modela el diseño de la separación de poderes y vertebra la arquitectura institucional”.

A su vez, se señala que “una judicatura idónea requiere de permanente capacitación para legitimarse en el inexcusable plano técnico”, tanto cuando decide sobre cuestiones complejas, como cuando resuelve causas de vecindad, de violencia familiar o hechos criminales como los que a diario aquejan a los bonaerenses.

Por otro lado se asevera que, a la par, “debe legitimarse en su desempeño como organización, optimizando en forma continua sus procesos de trabajo, merced a una gestión actualizada tecnológicamente, cada vez más transparente, comprensible, participativa y eficaz”.

Así las cosas, se puntualiza, “se impone la apertura de nuevos cauces para la implicación de la comunidad jurídica y la participación ciudadana en el quehacer judicial, al mismo tiempo que, en el plano de su configuración interna, es menester profundizar el diseño de unidades profesionalizadas, horizontales y colaborativas, potenciando el rol de los funcionarios letrados, verdaderas piezas clave del sistema”.

Entre otras consideraciones también se destaca: “en ese vasto campo de actividad, el poder judicial ha de templar su función. Todos los días, sin estridencias, con austeridad y profesionalismo, al decidir miles de causas, está en condiciones de afirmar su credibilidad a partir de la corrección jurídica de sus pronunciamientos. Con respuestas que reflejen un obrar imparcial, a resguardo de influencias, intereses y presiones de los poderes, jurídicos o fácticos, expresado al cabo de un proceso eficaz, e inmune a los prejuicios, a las inclinaciones demagógicas y a las modas de todo calibre. De esa forma realza la fiabilidad de su desempeño y valoriza su rol institucional; porque es portavoz de la ley y el derecho”.

En ese orden, “se insta a revertir el cuadro de emergencia producto de la cantidad inédita de vacantes de magistrados; crear y poner en funciones nuevos órganos en aquellos fueros que experimentan un crecimiento muy significativo de la litigiosidad (como los de familia, de paz, contencioso administrativo y algunos órganos en materia penal); atender las inveteradas necesidades en materia de infraestructura edilicia y, desde otra perspectiva, actualizar la legislación procesal recogiendo la experiencia que esta Corte ha acumulado en la ordenación de la gestión digital, potenciada durante la pandemia; modernizar el régimen de selección de titulares de órganos judiciales y su capacitación; juridizar el sistema de enjuiciamiento de magistrados adecuándolo al texto constitucional y evitando que se sancione a jueces sólo por el contenido de sus sentencias; proveer lo necesario para poner en funcionamiento la policía judicial y el sistema de la defensa pública autónoma; definir el tipo de implementación de la justicia laboral y, finalmente; iniciar un diálogo serio sobre la recuperación del pronunciado retraso salarial de todo el personal”.

En tal sentido, se expresa que “buena parte de estos temas integran la propuesta de autarquía económica financiera y autonomía presupuestaria que, junto con el régimen de paritarias, desde hace ocho años viene planteando esta Corte”.

La declaración concluye sosteniendo: “las reflexiones expuestas apenas dan cuenta de unas líneas generales que han de informar el diseño de los programas de gestión judicial de aquí en adelante. Pero deben ser ampliadas, enriquecidas y profundizadas. Con tal propósito, en el año que se avecina se formulará una amplia convocatoria, para debatir y proponer alternativas de mejora al sistema de justicia. Acaso sea una buena manera de conmemorar el bicentenario”.