Es una forma de gestión pública que vincula al Poder Judicial y a la población para que, en conjunto, puedan construir un mejor Poder Judicial.
Se basa en tres principios:
- Transparencia: a) La publicidad de los actos del poder judicial genera mayor legitimidad; b) La rendición de cuentas mejora los niveles de confianza y c) La transparencia mejora la calidad de la justicia.
- Colaboración: a) Cuando la ciudadanía es parte de un sistema bidireccional, el funcionamiento de los órganos judiciales se ve favorecido; b) La colaboración de la ciudadanía refuerza el papel de los tribunales para conseguir resolver los problemas de la sociedad.
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Participación: a) Genera mayor proximidad entre personas que ejercen la abogacía, la magistratura y la ciudadanía; b) Mejora la comunicación con otros poderes del Estado; c) Favorece instancias de retroalimentación de la ciudadanía hacia la institución y d) Mejora la confianza en el trabajo de los juzgados, tribunales, cámaras y cortes.
La justicia abierta permite, por ejemplo, tener acceso a información pública, participar en la co-creación de proyectos, aportar ideas y vigilar que los servicios sean accesibles y oportunos.
Su objetivo es garantizar el estado de derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
Con estos objetivos y metas, este juzgado hace públicas sus resoluciones destacadas, sus estadísticas, sus esfuerzos para lograr el acceso a justicia que la ciudadanía merece, el contacto directo con las personas utilizando y dando a conocer los medios de comunicación que posee y las distintas guías para agilizar la realización de trámites o aportar conocimientos en un lenguaje no técnico.
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Veintidós años de trabajo en distintas dependencias del fuero penal en el Departamento Judicial Lomas de Zamora resultaba experiencia suficiente - al momento de asumir como juez, en el mes de octubre de 2012 - para conocer que uno de los mayores problemas que afecta a la administración de justicia es el déficit de eficiencia, eficacia y efectividad, que se traduce en la mora en la tramitación de los expedientes y en lograr un servicio público satisfactorio.
Como ciudadano, uno padece esta cuestión negativa, pero como operador del sistema constituye una prioridad preguntarse qué se debe solucionar y cuál debe ser nuestra premisa para (trabajar en pos de) lograr resultados acordes a los objetivos generales que el servicio de justicia posee, trazados desde la Constitución Nacional.
La inflación del sistema legal punitivo y la distribución desigual de tareas y materias, que recayó en gran medida sobre los Juzgados de Garantías – desfederalización de la tenencia de estupefacientes; amparos; exhortos; hàbeas corpus; tramite de causas residuales del procedimiento penal de la Ley 3589; procedimiento especial de flagrancia, control de las suspensiones de juicio a prueba dictadas en flagrancia, adelantos extraordinarios de prueba, visitas institucionales, resoluciones sobre sanciones disciplinarias impuestas a personas detenidas en el ámbito penitenciario y causas que tramitan bajo el actual procedimiento penal de esta provincia – provoca que se abarquen más temas, lo cual implica un aumento considerable en la cantidad de personas afectadas.
A ello se le suma el reconocimiento de nuevos derechos que crean nuevas obligaciones y con ellos, se multiplican las funciones de la justicia.
Dada la situación actual, corresponde redefinir el papel que nos toca representar, ser algo más que el mero control de legalidad sino también actuar como garantes eficaces de los derechos individuales de todos los ciudadanos.
Pretender cambiar el inmovilismo judicial con esfuerzos fragmentados, marchas y contramarchas, reformas espasmódicas, sin una planificación estratégica concreta que defina objetivos que puedan cumplirse a corto, mediano y largo plazo y que sean medibles, no es sólo una utopía sino una impericia.
Esas razones operaron como disparador para romper con la antinomia basada en el ensanchamiento del sistema jurídico y la demanda de responder a problemas legales más complejos en contradicción con la inercia y la reticencia particular a los cambios, apoyada por la tradición.
Por ello, en un mundo globalizado e interrelacionado, no podemos seguir prescindiendo del aporte de otras ciencias o sistemas, no podemos seguir temiendo a incorporar criterios organizacionales y valores de la nueva gestión pública sostenida en prácticas gerenciales.
Es primordial establecer canales de comunicación eficaces, tanto externos como internos, que provean la información más exacta tanto en la forma de cómo hacer una petición, qué documentación presentar ante un trámite particular, cómo también el criterio, la jurisprudencia y doctrina que se aplicará para un caso en concreto por parte del juzgado.
Este blog es parte de nuestras acciones para que la ciudadanía pueda acceder al servicio de justicia teniendo información valiosa y transparente.
Muchas gracias.
Jorge Walter López.
