Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí

Libro: 48– / Registro: 85

Autos: “L., J. M. S/ INCIDENTE DE APELACIÓN ART. 250 DEL C.P.C. EN AUTOS “M., E. C/ L., J. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA DE ALIMENTOS – EXPTE. 8389-2016””

Expte.: -90248-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “L., J. M. S/ INCIDENTE DE APELACIÓN ART. 250 DEL C.P.C. EN AUTOS “M., E. C/ L., J. M. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA DE ALIMENTOS – EXPTE. 8389-2016″” (expte. nro. -90248-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 61, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación de f. 30 contra la resolución de fs. 27/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

El 31/8/2006, cuando según la actora se homologó un primer acuerdo alimentario de $ 250 al mes, el salario mínimo, vital y móvil era de $ 760 (Res. Nº 2/06 del CNEPYSMVYM, B.O. 31/07/06), o sea que la cuota acordada representaba casi el 33% de ese salario.

Pero  cuando se renegoció ese convenio, en marzo de 2014 según el demandado, los $ 400 pactados equivalían al 11,11% de ese salario, por entonces de $ 3.600 (Res. Nº 04/13  del CNEPYSMVYM, B.O. 25/07/13; f. 13 párrafo 5). Prefiero a esta altura tomar marzo de 2014 y no de 2015, porque si no, en perjuicio de la actora, los $ 400 renegociados habrían significado un 8,48% de ese salario, ya que en marzo de 2015 llegaba a $ 4.716 (Res. Nº 03/14  del CNEPYSMVYM, B.O. 02/09/14; ver f. 2 párrafo 3).

Ese cambio de porcentaje (del 33% al 11,11%), hasta aquí parece ser  prima facie consistente con la versión del accionado, según la cual cambió su actividad laboral entre ambas fechas (ver f. 13).

Así, en la medida en que no se acrediten los extremos necesarios para justificar o no el aumento requerido en demanda (art. 710 CCyC), por el momento, tratándose de una cuota alimentaria provisoria, parece ajustado a los antecedentes del caso, equitativo y razonable fijar una mensualidad equivalente al 11,11% del salario mínimo, vital y móvil, que no es más que una continuidad adecuada del último monto pactado en marzo de 2014  (art. 3 CCyC; arg. arts. 2 CCyC y arts.  641 y 165 párrafo 3° cód. proc.). Máxime que ni al pedir la cuota provisoria ni al contestar la expresión de agravios indica la accionante, ni al fundar su apelación señala el accionado,  por qué razones habría que dejar de lado absolutamente la cuota acordada en marzo de 2014 y no en vez  provisoriamente continuar  con ella,  no sin una adecuación monetaria en función de un parámetro matemático meramente referencial -como el salario mínimo, vital y móvil-,  a falta a esta altura de mejores elementos de juicio (ver fs. 26 y 37/vta.; art. 960 CCyC; arg. arts. 2 CCyC y arts.  641 y 165 párrafo 3° cód. proc.).

Por fin, los alimentos provisorios  -típica tutela anticipatoria, cfme. esta cámara:  “C.,S.B. c/ S., O.P. s/ Alimentos”  3/7/2007  lib. 38 reg. 213; “A., D.S. c/ A., J.R. s/ Alimentos” 5/4/2011 lib. 42 reg. 63; etc.- a pedido de parte pueden ser asignados en cualquier momento del proceso (arts. 16 y 544 CCyC), incumbiendo al juez la fijación de un importe que estime equitativo y razonable según las circunstancias y constancias del caso (arg. art. 2 CCyC y arts.  641 y 165 párrafo 3° cód. proc.). No hace falta una particular demostración del peligro en la demora que, por lo demás, parece ser bastante obvio atenta las finalidades de la prestación de alimentos de padres a hijos (art. 658 CCyC).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde hacer lugar parcialmente a la apelación de f. 30 contra la resolución de fs. 27/vta., estableciendo por el momento la cuota alimentaria provisoria en la suma de pesos equivalente al 11,11% del salario mínimo, vital y móvil. Con costas a cargo del apelante pese a su éxito parcial, para no mermar indebidamente el poder adquisitivo de la cuota alimentaria (arg. art. 930.a CCyC), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente a la apelación de f. 30 contra la resolución de fs. 27/vta., estableciendo por el momento la cuota alimentaria provisoria en la suma de pesos equivalente al 11,11% del salario mínimo, vital y móvil. Con costas a cargo del apelante pese a su éxito parcial, para no mermar indebidamente el poder adquisitivo de la cuota alimentaria, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 48– / Registro: 84

Autos: “ALASIA RUBEN ROBERTO Y OTRO/A  C/ LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. S/HOMOLOGACION DE CONVENIO”

Expte.: -90243-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “ALASIA RUBEN ROBERTO Y OTRO/A  C/ LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. S/HOMOLOGACION DE CONVENIO” (expte. nro. -90243-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 154, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es fundada la apelación de f. 140 contra la resolución de fs. 131/132?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

1- Los apoyos de José Horacio Alasia (f. 120 vta. IV) solicitaron autorización  para realizar gastos, cuyo importe pidieron fuera transferido desde la cuenta de autos a una caja de ahorro a nombre de ellos; y, para el caso de autorización parcial, solicitaron esa misma transferencia pero paralelamente también parcial (f. 122 vta. ap. 4.-).

Eso es exactamente lo que hizo el juez: sólo autorizó uno de los gastos (prendas y calzados) y, hasta su importe, dispuso la transferencia solicitada (f. 131 vta. 3-).

Es infundado, así, el primer agravio (ver fs. 145 párrafo 3° y 150.1; art. 34.4 cód. proc.).

2- El abogado Ricardo Daniel Domínguez,  como protagonista y no sólo como asistente jurídico, participó de la celebración del convenio del 7/1/2016 obrante a fs. 96/98 vta., homologado a f. 102, de manera que no pudo sino quedar sujeto a sus términos (arts. 9, 959, 1021 y 1022  CCyC).

Y bien, allí se lee que la aseguradora le reconoció un honorario de $ 114.000 y que él renunció “…a percibir cualquier otro monto por cualquier concepto y a cualquier regulación judicial como consecuencia del presente arreglo y/o su homologación judicial.” (f. 97 vta. anteúltimo párrafo).

Complementariamente, también puede verse que se dejó constancia que “…cualquier  erogación que pudiera resultar del presente pleito en concepto de costas procesales ajenas a las asumidas por la Compañía, serán asumidas exclusivamente por los progenitores del incapaz.” (f. 98.II párrafo 2°; la cursiva no es del original).

De lo antes transcripto se extrae, o bien la renuncia de Domínguez a los honorarios pactados en cuota litis antes del convenio de fs. 96/98 vta. (ver fs. 117/vta.), o bien que estos últimos honorarios fueron asumidos sólo por los progenitores de José Horacio Alasia, de manera que, de un modo u otro, en función del convenio de fs. 96/98 vta. José Horacio Alasia no debe a Domínguez los honorarios resultantes del pacto de cuota litis, ni con la indemnización abonada por la aseguradora ni con ningún otro bien suyo (arts. 242, 743,  726, 944, 1633 y 1634 CCyC).

3- En virtud de lo normado en el  art. 628 CPCC, puede ser injusto que los honorarios devengados en el juicio de restricción de capacidad de José Horacio Alasia no estén a cargo de éste y sí, en cambio, de los peticionantes de la declaración de restricción.

Pero en la sentencia respectiva se observa que las costas fueron impuestas a los peticionantes con base en lo normado en el art. 68 CPCC (f. 120 vta. VII).

Por otro lado, de esa misma sentencia emerge que los peticionantes actuaron por derecho propio y no en representación de su hijo (ver 118.I).

Por lo tanto, si no hay condena en costas a cargo de José Horacio Alasia y si el abogado trabajó asistiendo a los peticionantes que no dijeron actuar por José Horacio Alasia sino por su propio derecho, carecería de causa la obligación que se quisiera imponer a éste para pagar los honorarios del abogado Domínguez en el proceso de restricción de capacidad (art. 726 CCyC; art. 58 d.ley 8904/77).

4- Por fin, en cuanto a la compra de un automóvil, recalo en los términos de la sentencia se restringió la capacidad de José Horacio Alasia:  éste mantiene su capacidad para realizar actos de disposición y administración de dinero, aunque con el acompañamiento de sus apoyos -cuya renovación, dicho sea de paso, no se ha evidenciado- (f. 120 aps. II y III).

Desde esa plataforma, si ahora es José Horacio Alasia -no ya sólo sus apoyos-  quien considera necesario con su dinero comprar un auto a su nombre (ver suscripción del memorial, fs. 143/147, art. 163.6 párrafo 2° cód. proc.) y si sus apoyos y el ministerio público lo acompañan (ver fs. 143/147, 128.II.1 y 150 vta./151), si fuera necesaria actualmente autorización judicial no habría  forma de negarla (arts. 23, 24.c, 31, 32, 103.a, 121 a y f, 138, 1000 y concs.  CCyC), máxime que el uso del automotor puede facilitar el acceso del nombrado Alasia a los tratamientos y terapias indicadas en pos de su rehabilitación (ver fs. 150 vta./151).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 140 contra la resolución de fs. 131/132, salvo en cuanto a la adquisición del automotor, la cual podrá realizarse  en los términos indicados a fs. 122.1, 128.II.1 y 151 párrafo 2°.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de f. 140 contra la resolución de fs. 131/132, salvo en cuanto a la adquisición del automotor, la cual podrá realizarse  en los términos indicados a fs. 122.1, 128.II.1 y 151 párrafo 2°.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia 1

Libro: 48– / Registro: 83

Autos: “D., N. O. R.  C/ C., C. C. S/ CUIDADO PERSONAL DE HIJOS”

Expte.: -90224-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “D., N., O. R.  C/ C., C. C. S/ CUIDADO PERSONAL DE HIJOS” (expte. nro. -90224-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 117, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es procedente la apelación de f. 20 contra la resolución de fs.  8/9?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

El juzgado dispuso la inmediata restitución de la niña a Trenque Lauquen e integración al ciclo escolar, así también no innovar en cuanto a su centro de vida sito en esa ciudad.

Esa restitución sea como fuera se cumplió (fs. 11, 36, etc.).

Por otro lado, no hay evidencia que avale el peligro de mudanza a otra ciudad alterando el centro de vida de la niña y en perjuicio de su interés;  antes bien, la madre expresa que no tiene intención de mudarse (fs. 30/329 y la niña -con la madurez propia de una casi adolescente, f. 25- ha expresado con su abogada que el motivo aducido por su padre en aval de ese peligro no existió pues viajó a Bahía Blanca por razones de salud de su madre  (ver fs. 100/vta. y 115; arts. 24.b, 26 párrafo 2° 1ª parte, 639.c, 707 y concs. CCyC).

Así que:

a- en cuanto la restitución la decisión judicial se agotó;

b- con relación a la alteración del centro de vida, la orden de no innovar no contó con suficiente asidero en base a las circunstancias denunciadas por el padre a fs. 6/7 vta. o, en todo caso, esas circunstancias desaparecieron; sin perjuicio de lo que hubiera que decidir en caso de variar las circunstancias (arts. 34.4, 230, 203 y concs. cód. proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde sólo dejar sin efecto la decisión cautelar de no alterar el centro de vida de M. N. D., en tanto adoptada en base a las circunstancias denunciadas por el padre a fs. 6/7 vta..

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Dejar sin efecto la decisión cautelar de no alterar el centro de vida de M. N. D., en tanto adoptada en base a las circunstancias denunciadas por el padre a fs. 6/7 vta..

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 48 / Registro: 82

Autos: “YUDIS SANDRA FABIANA C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -90156-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “YUDIS SANDRA FABIANA C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (expte. nro. -90156-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 154, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación de fs. 137/139 contra la regulación de honorarios de f. 136?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Es cierto que el proceso fue abierto a prueba, pero no lo es menos que el abogado de la parte demandada no realizó ninguna labor propia de la segunda etapa  (ver fs. 113 en adelante; art. 28.b d.ley 8904/77).

En todo caso, el pedido de caducidad de instancia anterior a la apertura a prueba resultó infructuoso (fs. 106/108 a 113; art. 30 d.ley 8904/77; art. 77 párrafo 2° cód. proc.) y sólo el efectuado luego -que sí se coronó exitosamente- puede ser encuadrado en el último párrafo del art. 28 de la ley arancelaria (ver fs. 119/121 y 122).

Así es que, arrancando del 16% para todo el proceso, en tanto  alícuota relativamente equidistante entre la mínima y la máxima del art. 21 d.ley 8904/77, pueden adjudicarse al abogado de la demandada: a- un 8% por la primera etapa (contestación de demanda, fs. 84/89 vta.; art. 28.b.1 d.ley cit.); b- un 16,25% del 8% asignable a la segunda etapa,  por la labor complementaria que desembocó en la declaración de perención, o sea un 1,3%. Total: 9,3%.

La alícuota total del 9,3%, que propongo en reemplazo del “8%/2” postulado en 1ª instancia consulta mejor el éxito obtenido y la colaboración prestada para la terminación del proceso, sin computar -en cambio-  la tarea desplegada para cuantificar la base regulatoria en tanto  imperativo del propio interés del abogado (art. 16 incs. e y f d.ley cit.).

En síntesis, es dable estimar la apelación e incrementar los honorarios del abogado Medina a la suma de $ 36.921 (art. 34.4 cód. proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde estimar la apelación de fs. 137/139 e incrementar los honorarios del abogado Medina a la suma de $ 36.921.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación de fs. 137/139 e incrementar los honorarios del abogado Medina a la suma de $ 36.921.

Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en el instancia inicial (arts. 54 y 57 d-ley 8904/77).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

Libro: 48– / Registro: 81

Autos: “R., M. R. C/ B., O. U. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -90250-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “R., M. R. C/ B., O. U. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -90250-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 43, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación de f. 25 contra la resolución de f. 22?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

1- Durante el tiempo en que la parte alimentista esté produciendo su prueba no hay inconveniente para que, simultáneamente, la parte alimentante produzca la suya más allá de los límites del art. 640 CPCC (ver art. 403.1 cód. proc.). Eso sí: cuando la parte actora termine de producir su prueba, corresponderá al juez sentenciar sin aguardar que la parte demandada finalice de producir la suya (art. 641 párrafo 1° cód. proc.), la que, en todo caso, quedará expedita para un proceso posterior según el art. 647 CPCC.

Es la solución que se impone a partir de los principios de flexibilidad y amplitud probatorias, máxime si más tarde en la sentencia se fuera a aplicar la regla técnica de las cargas probatorias dinámicas: mal se le puede exigir al alimentante la carga de probar pero sin dejarlo ritualmente probar (art. 710 CCyC).

2- Hoy el alimentista, aunque por poco, todavía no es adolescente de modo que no tiene capacidad procesal (f. 1 vta. I; art. 677 párrafo 2° CCyC). No se ha puesto de manifiesto que, por contar con la madurez suficiente pese a no haber alcanzado aún los 13 años de edad, puede estar y actuar en el proceso  por sí, tal y como si fuera un adolescente (arts. 24.b, 26 párrafo 2° 1ª parte, 661.b y 679). Entonces ejerce su derecho de defensa en juicio a través de su madre en tanto representante legal  (arts. 26 párrafo 1°, 101.b, 677 párrafo 1° CCyC; art. 403.1 cód. proc.).

Pero, tenga o no tenga capacidad procesal el alimentista, como acreedor alimentario tiene derecho a ser oído si así lo solicita y a que su opinión sea tenida en cuenta según su discernimiento  (art. 707 CCyC; art. 27 incs. a y b ley 26061).

Para permitir que el niño alimentista ejerza ese derecho, se le debe designar abogado (ley 14568) y, una vez asesorado jurídicamente, en audiencia se debe escuchar su decisión de declarar o no declarar y, eventualmente, su declaración, todo con la intervención complementaria del ministerio público (art. 103.a CCyC).

Eso completamente, desde luego, antes de que termine de producir su prueba la parte actora (art. 641 párrafo 1° cód. proc.), ya que el derecho del alimentista a ser oído no puede interferir arbitrariamente su  derecho a obtener sentencia tempestiva (arts. 2 y 3 CCyC).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde estimar parcialmente la apelación de f. 25 contra la resolución de f. 22, con costas por su orden en cámara atenta la naturaleza alimentaria de la causa (arg. arts. 68 párrafo 2° cód. proc. y 930.b CCyC), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar parcialmente la apelación de f. 25 contra la resolución de f. 22, con costas por su orden en cámara atenta la naturaleza alimentaria de la causa, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 48– / Registro: 80

Autos: “LUCAS, ANTONIO ISIDRO S/ SUCESION AB INTESTATO”

Expte.: 90246

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “LUCAS, ANTONIO ISIDRO S/ SUCESION AB INTESTATO” (expte. nro. -90246-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 587, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es  procedente  la apelación subsidiaria de fojas 556/557vta. contra la resolución de fojas 554/555?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1- Si a la presentación de fojas 556/557vta. se le dio valor de apelación subsidiaria, debería encontrarse en élla una crítica concreta y razonada de lo dispuesto en la resolución blanco del recurso.

Sin embargo, en el punto I.a del escrito mencionado, relativo a los inmuebles allí denunciados, antes que cuestionar lo argumentado y decidido por el juez a fojas 554/vta., quien apela solicita ahora sean inscriptos a favor de Manuela Estela Lucas y de Marta Agustina Lucas, lo cual semeja una petición diferente a la de fojas 552/vta, -primero a cuarto párrafos-, que como tal no puede ser tratada como un agravio (arg. art. 260 del Cód. Proc.).

Además, tocante a la partición privada de fojas 496/497, lo que se menciona en la apelación, tampoco invalida la razón expuesta por el juez para considerar lo requerido prematuro. En efecto, nada se dice puntualmente tocante a que los bienes comprendidos en la cesión de derechos hereditarios que Marta Agustina Lucas tenía en las sucesiones de sus padres, cedidos por sus herederos a Martín Leopoldo Guerrero Lucas, no fueron denunciados en el sucesorio de aquélla, lo cual el magistrado consideró necesario para obtener la orden de inscripción de la declaratoria de herederos, de la cesión y de la partición en el referido sucesorio (arg. art. 260 del Cód. Proc.).

Se hace referencia a que la partición hereditaria corresponde al cincuenta por ciento ganancial que pertenecía al causante y que el porcentaje que se parte no tiene vinculación con el distribuido en los autos ‘Robledo, Agustina s/ sucesión’, aunque los bienes son los mismos. Pero ningún enlace se desarrolla entre estos datos y aquella exigencia del juez, para generar una crítica fundada a lo expresado por el juzgador (fs. 556.b).

A mayor abundamiento, agregaré las siguientes consideraciones.

Supongamos que a través de un acto entre vivos Marta Agustina Lucas hubiera adquirido un porcentaje indiviso sobre los inmuebles matrículas 841 y 842. Para disponer de esa parte indivisa también entre vivos ella no habría necesitado ningún servicio judicial y, ende, no habría tenido que afrontar las costas derivadas de ningún servicio judicial (honorarios de abogados, tasa de justicia, sobretasa, etc.).

Pero Marta Agustina Lucas no adquirió su parte indivisa sobre esos inmuebles por actos entre vivos, sino por causa de muerte de sus progenitores Antonio Isidro Lucas y Agustina Robledo. Ergo, para poder disponer de esa porción  indivisa recibida mortis causae necesitaba de un servicio judicial que la colocara en situación de poder disponer: los procesos sucesorios de sus progenitores. Y allí, para poder inscribir la declaratoria, el testamento o las hijuelas, tenía que acreditar el pago de las costas inherentes a ese servicio judicial (art. 21 ley 6716 y art. 341 cód. fiscal).

Pero al fallecer Marta Agustina Lucas, sus herederos o quien por cesión de éstos ocupó el lugar de ellos, para poder disponer de la porción indivisa recibida sobre esos inmuebles por la muerte de  Marta Agustina Lucas -misma porción que ésta había recibido por muerte de sus progenitores-, necesitan de otro  servicio judicial que los coloque en situación de poder disponer: el proceso sucesorio de Marta Agustina Lucas. Y allí, para poder inscribir la declaratoria, el testamento o las hijuelas, tienen que acreditar el pago de las costas inherentes a ese servicio judicial (art. 21 ley 6716 y art. 341 cód. fiscal).

De manera que no puede ordenarse la inscripción de una partición que incluya bienes con partes indivisas involucradas en procesos sucesorios en los que no se hubieran pagado las costas correspondientes. Así, no puede ordenarse la inscripción de la partición sobre los inmuebles matrícula 841 y 842, sin estar pagas las costas devengadas en los procesos sucesorios en los que estén involucradas partes indivisas sobre esos inmuebles (art. 21 ley 6716 y art. 341 cód. fiscal). En concreto, no puede ordenarse la inscripción de una partición que incluya inmuebles con partes indivisas que llegaron a pertenecer a Marta Agustina Lucas por muerte de sus progenitores, hasta tanto v.gr. en el proceso sucesorio de Marta Agustina Lucas no estén pagas las correspondientes costas procesales computando el valor de esas partes indivisas.

2- En cambio, hay agravio suficiente en lo que atañe a la caducidad de la medida cautelar trabada en estos autos a fojas 150, solicitado a fojas 552 y que, por omisión de tratamiento, debe considerarse desestimado por el juez.

Es que por aplicación de lo normado en el artículo 207 del Cód. Proc. cuyo último párrafo expresamente dispone que los embargos se extinguirán a los cinco años de la fecha de su anotación,  la nota de embargo dispuesta en este expediente el 18 de junio de 1981, está extinguida (fs. 150). Habida cuenta que no se localiza en esta causa constancia alguna que a petición de parte se hubiera reinscripto.

3- Por lo expuesto, el recurso se desestima, salvo en cuanto al embargo de fojas 150 cuya extinción legal resulta comprobada.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde desestimar la apelación subsidiaria de fojas 556/557vta., salvo en cuanto al embargo de fojas 150 cuya extinción legal resulta comprobada.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación subsidiaria de fojas 556/557 vta., salvo en cuanto al embargo de fojas 150 cuya extinción legal resulta comprobada.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 48– / Registro: 79

Autos: “S., M. J. C/ E.  G., A. S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO”

Expte.: -90236-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri, para  dictar  sentencia  en  los autos “S., M. J. C/ E.,  G. A. S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO” (expte. nro. -90236-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 115, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es procedente la apelación de f. 79 contra la resolución de f. 78 p. 5?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1. En abril de 2015, se inicia la presente proceso con el fin de homologar un convenio de tenencia, régimen de visitas y alimentos llevado a cabo en el año 2011 (ver fs. 5/vta.).

El juzgado homologa el convenio a f. 24, el 18 de junio de 2015.

En julio de 2016 la parte actora denuncia incumplimiento, actualiza liquidación y solicita se libre oficio a la empresa empleadora del demandado para que retenga mensualmente el 30% del total de haberes remunerativos que por todo concepto cobre el demandado, de acuerdo al convenio homologado (ver fs. 41/45).

La parte demandada impugna la liquidación y plantea oposición alegando -en lo que interesa destacar- que el convenio homologado oportunamente dice “…30 por ciento de los haberes…”, omitiendo detallar si se trata de haberes netos, brutos o si incluye premios, horas extras, etc., y manifiesta para dar claridad que entiende que ese 30% refiere a los haberes que percibe “de bolsillo”, es decir, que el cálculo responderá al total de haberes remunerativos con los correspondientes descuentos de ley (ver fs. 59/60vta.). Asimismo formula oposición a considerar en la base de cálculo para la cuota alimentaria el rubro BAE y Turismo, que a su juicio no forman parte del haber normal y habitual.

A fs. 62/64vta. la parte actora contesta el traslado y vuelve a solicitar la retención del 30% de haberes remunerativos según el acuerdo homologado.

El juzgado decide a fs. 78 pto. 5 no hacer lugar -por el momento- a lo solicitado por la parte actora respecto a que se oficie al empleador del demandado para que retenga el 30% del salario del mismo, porque de la consulta electrónica de movimientos de la cuenta de autos surge que el demandado está depositando una suma en concepto de alimentos, y que el objeto de la presente incidencia es la determinación de la  cuantía de la cuota.

De este tramo apela la parte actora a f. 79, presentando el memorial a fs. 86/90vta., el que es contestado a fs. 103/105vta..

2. Veamos.

La cláusula tercera del acuerdo homologado refiere a los alimentos diciendo: “que las partes ya han establecido una cuota alimentaria consciente en el 30 por ciento de los haberes, pagaderos estos en una caja de ahorro ya abierta en el Banco de la Nación Argentina….” (ver f. 5 vta.).

Sin embargo, el demandado no acordó en el alcance que la actora le dio al cálculo de ese porcentaje. Pues como se ha visto, impugnó la liquidación presentada por S., trayendo a juicio las cuestiones a que se ha hecho referencia en párrafos anteriores.

Para mejor decir, existe una impugnación a la cuenta de la actora que, sustanciada y referida puntualmente al monto de la cuota, la jueza aún no resolvió y debe ser resuelta para poder indicar al empleador del demandado sobre qué monto debe practicar la retención del treinta por ciento (fs. 59/61 y 62/64vta.).

Cierto que el juzgado pudo decidir ese tema, cuando se expidió acerca de las cuestiones tratadas a f. 78. Antes que indicar que la determinación de la cuantía de los alimentos era objeto de la incidencia. Determinando el monto de la cuota, para seguidamente expedirse acerca de la retención solicitada.

Pero no lo hizo y prefirió postergar de hecho lo referido a la impugnación, utilizando la indecisión de ese tema para no hacer lugar a la retención pedida.

No obstante, aun con la observación precedente, lo resuelto a f. 78.5 debe mantenerse, toda vez que para ordenar al empleador del demandado la retención de un porcentaje de sus haberes, hay que tener zanjado el alcance del concepto sobre el cual debe aplicarse.

Por manera que, por tales argumentos, corresponde mantener la decisión de f. 78 pto. 5, encomendando al juzgado resolver cuanto antes, la incidencia planteada, para así poder expedirse sobre la retención solicitada.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Corresponde  mantener la providencia apelada, encomendando al juzgado resolver cuanto antes, la incidencia planteada, para así poder expedirse sobre la retención. Con costas por su orden teniendo en cuenta que la cuestión aquí decidida pudo evitarse de haber procedido el juzgado como se indicó precedentemente (art. 68 cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Mantener la providencia apelada, encomendando al juzgado resolver cuanto antes, la incidencia planteada, para así poder expedirse sobre la retención.

Imponer las costas por su orden, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 48– / Registro: 78

Autos: “BIANCIOTTI MARIA ELINA Y OTRO/A C/ DELTOUR ENRIQUE RENE Y OTRO/A S/AUTORIZACIONES (EXCEPTO ART. 6 LEY 11867)”

Expte.: -89884-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa Y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BIANCIOTTI MARIA ELINA Y OTRO/A C/ DELTOUR ENRIQUE RENE Y OTRO/A S/AUTORIZACIONES (EXCEPTO ART. 6 LEY 11867)” (expte. nro. -89884-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 343, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿son procedentes las apelaciones de fs. 319 y 327/330 vta. contra la resolución de fs. 309/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1- Como dejó dicho esta cámara a fs. 228/229 vta., en la especie, la pretensión principal se orientó a la obtención de autorización para alquilar el inmueble rural individualizado a fs. 66/70 p.I, a la postre obtenida (fs. 197/200 vta. y fs. citadas).

En ese marco, contrariamente a lo que se alentó a fs. 243.3, segundo párrafo, era claro que la contienda tenia contenido económico. El cual, sin embargo, en consonancia con la materia objeto del pleito, no pudo ser sino  el valor locativo del inmueble, contemplado hacia el futuro -pues para ellos se solicitó autorización- y no hacia el pasado, como al parecer lo calculó en un principio, el abogado Pérez (fs. 241, 248).

Ahora bien, aquella pretensión de autorización judicial para alquilar un bien en condominio no halló su cabal correlato en el elenco de situaciones contenidas en el decreto ley 8904/77. Por manera que para fijar base regulatoria, la solución debió componerse por analogía (arg. arts. 1, 2 y 3 Cód. Civ. y Com. y 34.4 in fine Cód. Proc.).

En ese trajín, el juez, sin resignar ambigüedad, sostuvo que la pauta a aplicar debía ser la contenida en el artículo 27 del decreto ley 8904/77, considerando que se trataba del ejercicio de derechos sobre inmuebles (fs. 256/vta.). No indicó el inciso de esa norma, pero con la frase ‘derechos sobre inmuebles’  dejó abierta la posibilidad de relacionar la cita genérica con el inciso (a) de aquel artículo y, en alguna medida, que se tomara no el valor locativo futuro, sino la valuación fiscal incrementada en un veinte por ciento. Dándole al proceso un rendimiento que nunca tuvo.

En esta línea se ubicó la nueva liquidación confeccionada a fs. 281, que generó la resistencia de fs. 296. La cual si bien apuntó a lo inadecuado de la base postulada, centró su postura en insistir con la falta de contenido económico de la disputa.

Al final, con error, la resolución de fs. 309/vta., terminó convalidando aquella cuenta de f. 281, que recurrió a la valuación fiscal actualizada del inmueble. Y con ello, el magistrado, de entre las alternativas que brindaba la invocación genérica al artículo 27 del decreto ley 8904/77 en la providencia de fs. 256/vta., justamente optó por aquella que menos se ajustó al contenido del proceso, según fue definido.

Este es el desvío que ha de ser enmendado. Porque no fue del todo desacertado haber conectado en la especie, la base regulatoria con lo normado por el artículo 27 del decreto ley 8904/77. A condición que a esta  norma se la conecte, por analogía, con lo prescripto por el artículo 40, el cual si bien alude a los procesos de desalojo, se enlaza en alguna medida con el valor locativo de los bienes, que como se ha dicho ha estado en juego en el presente caso. Y remite, sobre el final, al mecanismo estimatorio reglado en aquella norma.

En fin, el juicio tiene contenido económico. En eso fue vana la resistencia expresada a fs. 243, mantenida a fs. 296/297, y reiterada en el memorial de fs. 327/vta.e, 329e., segundo párrafo, 329/vta.g.. Pero no debe hallarse ese contenido en la valuación fiscal del inmueble (fs. 281 y 309/vta.). La resolución de fs. 256, cuando alude al artículo 27 del decreto ley 8904/77, tolera la interpretación de fijar el contenido económico del proceso en base al precio de alquileres futuros del bien, más ajustado a la materia de la litis, recurriendo a la aplicación analógica del artículo 40 del arancel en conjunción -en su caso- con el mecanismo estimatorio previsto en el artículo 27.a.

En definitiva, deberá establecerse nueva base regulatoria de acuerdo al valor de los arriendos del inmueble rural sobre el que se pidió, y obtuvo, autorización para alquilar por decisión de la mayoría de los condóminos de acuerdo al art. 40 segundo párrafo del decreto ley arancelario con su remisión al art 27 inc. a) del mismo cuerpo legal (arts. 1, 2 y 3 Cód. Civ. y Com. y 34.4 in fine Cód. Proc).

Con ese alcance, prospera la apelación de fs. 327/330 vta.; con costas de esta instancia en el orden causado teniendo en cuenta que se arriba a una solución equidistante entre las propuestas iniciales de los interesados, de fs. 241 y 243 -esta última, también mantenida, entre otras, en aquella apelación-, y las diversas interpretaciones dadas por el juzgado en las resoluciones de fs. 256/vta. y 309/vta., respectivamente (arg. art. 68 segunda parte Cód. Proc.).

2- Por lo anterior, deberán dejarse sin efecto los honorarios ya regulados, por ser prematura su fijación, los que deberán ser nuevamente establecidos una vez firme o consentida la base regulatoria que se determine conforme las pautas del considerando anterior.

Lo que determina, a su vez, la inadmisibilidad de las apelaciones de fs. 319 y 327/330 vta. en cuanto se cuestionan aquellos honorarios por exiguos y elevados, por sustracción sobrevenida de materia (arg. arts. 34.4,  34.5.a, 163.6 párrafo 2°, 266 y concs. cód. proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde:

a. Estimar la apelación de fs. 327/330 vta., debiendo liquidarse nueva base regulatoria de acuerdo a las pautas dadas al ser votada la cuestión anterior; con costas por su orden y diferimiento ahora de la resolución sobre honorarios (arts. 68 segundo párrafo Cód. Proc., 54 y 57 d-ley 8904/77).

b. Dejar sin efecto los honorarios fijados a fs. 309/vta. y, en consecuencia, declarar inadmisibles las apelaciones de fs. 319 y 327/330 vta. por sustracción sobrevenida de materia.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a. Estimar la apelación de fs. 327/330 vta., debiendo liquidarse nueva base regulatoria de acuerdo a las pautas dadas al ser votada la cuestión anterior; con costas por su orden y diferimiento ahora de la resolución sobre honorarios.

b. Dejar sin efecto los honorarios fijados a fs. 309/vta. y, en consecuencia, declarar inadmisibles las apelaciones de fs. 319 y 327/330 vta. por sustracción sobrevenida de materia.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 48– / Registro: 77

Autos: “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: “GIATYBAT S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)””

Expte.: -90252-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintinueve  días del mes de marzo de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: “GIATYBAT S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)”” (expte. nro. -90252-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 17, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la queja de fojas 12/16?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

La providencia de fojas 8 no se limitó a tener presente lo peticionado, sino que postergó la decisión para una vez resuelta la apelación deducida contra la resolución de fojas 1785/1787. Y esto es lo que agravia al quejoso, que pretende su pedido no se postergue para cuando indica la jueza sino que se resuelva ahora, proporcionando sus razones para ello (fs. 14, párrafo final, y vuelta).

Así las cosas, la queja procede y denegada la reposición,  debe concederse el recurso de apelación subsidiario, el cual se manda tramitar (art. 276 del Cód. Proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde estimar la queja de fojas 12/16, debiendo concederse la apelación subsidiaria, la cual se manda tramitar.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la queja de fojas 12/16, debiendo concederse la apelación subsidiaria, la cual se manda tramitar.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Ofíciese al Juzgado Civil y Comercial nº 1 con copia certificada de la presente, a sus efectos. Hecho, archívese.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

Libro: 48– / Registro: 76

Autos: “R., J. A. Y M., M. J. S/ DIVORCIO POR PRESENTACIÓN UNILATERAL”

Expte.: -90249-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintinueve  días del mes de marzo de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “R., J. A. Y M., M. J. S/ DIVORCIO POR PRESENTACIÓN UNILATERAL” (expte. nro. -90249-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 104, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es   procedente   la   apelación  de  foja 61 contra la resolución de fojas 59/60?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

1. Decretado el divorcio vincular de J. A. R., y M. J. M., por sentencia del 31 de octubre de 2016 (fs. 50/vta.), la jueza decidió fijar la audiencia prevista en el artículo 438 del Código Civil y Comercial al solo efecto de tratar las cuestiones relativas a la distribución de los bienes de la comunidad, pues a su juicio el niño -hijo de aquéllos- tenía su centro de vida en la ciudad de Victorica, Provincia de La Pampa y en las cuestiones que a él lo involucran era competente el juez de ese lugar (f .60). Inhibiéndose en las acciones conexas planteadas en autos y relativas a C. F. (f. 60.II).

Contra esta decisión apeló el apoderado del actor  R.,(f. 61).

En lo que interesa destacar, sostiene el apelante que el niño ha vivido prácticamente toda su vida en su domicilio de la localidad de González Moreno, Partido de Rivadavia, desde su nacimiento hasta el 17 de enero de 2016 cuando la progenitora decidió marcharse de su domicilio, desarrollando allí su centro de vida (fs. 85/89/vta.).

Cuanto a la apelada, indica que el recurso es insuficiente, que deben desestimarse los hechos nuevos, así como la producción de pruebas y que aparece acreditado que desde el 19 de enero de 2016 reside junto al niño en la localidad de Victorica (fs. 92/94vta.). Por lo cual corresponde intervenir en la acción de alimentos, el Juzgado Regional Letrado de la IV jurisdicción judicial de la mencionada localidad.

2. Ahora bien, del precedente relato lo  primero que salta a la vista es que se trata de un debate sobre la competencia territorial, en el cual la jueza se declaró incompetente de oficio para conocer en las acciones conexas planteadas en estos autos que involucren cuestiones relativas al  hijo de las partes, por entender que el centro de vida del niño estaba en la localidad de Victorica.

Pero el pronunciamiento es prematuro.

Por un principio de continencia de la causa, el artículo 6.3 del Cód. Proc., fija la competencia del juez del juicio de divorcio, mientras durare su tramitación, para todos los asuntos relativos a tenencia de hijos, alimentos, litis expensas.

Ciertamente no es que no pueda alterarse esa directiva. El artículo 716 del Código Civil y Comercial delinea directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes, estableciendo que en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.

Pero para aplicar esta última norma y desmembrar la causa, es menester formar convicción segura acerca de cuál es el centro de vida del niño, que no es equivalente a domicilio.

Justamente la noción de centro de vida de los menores se corresponde con el lugar el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Sin perjuicio que especiales circunstancias -solidez de vínculos familiares, profundidad en las nuevas relaciones adquiridas, continuidad de afectos, etc.- cambien el eje de valoración (S.C.B.A., Rc 120640, sent. del 04/05/2016, ‘M., J. M. c/ S., M. E. s/ Incidente de comunicación de hijos’, en Juba sumario B3901777).

Así, en el supuesto de autos, el niño C. F, nació el 1 de agosto de 2012 en la localidad de General Villegas, donde se casaron los padres (fs. 2 y 3) y aparentemente vivió en la localidad de González Moreno hasta el 18 de enero de 2016, en que la madre toma la decisión de  retirarse del hogar conyugal junto a su hijo hacia la localidad de Victorica. Donde está radicada hasta ahora (fs. 2, 3, 16, 17, 18/vta., 24/vta., 41/43, 76, 95, párrafo final).

En este marco, resulta ligero expedirse acerca de que el centro de vida del niño es la localidad de Victorica, para inhibirse de continuar actuando en relación a las acciones que regula el artículo 716 del Código Civil y Comercial. Sin perjuicio de que la cuestión pueda dilucidarse, con elementos que arrojen mayor certeza sobre el desarrollo de la corta existencia de C. F.

Con este alcance puede admitirse la apelación en relación, que -como es fácil inducir- no padece de insuficiencia, ni habilita la producción de pruebas en esta instancia ni, de su relato de fojas 84.II.a y vta., plantea concretamente hechos nuevos (fs. 92/94).

En consonancia se revoca la decisión de fojas 60.II, en cuanto fue motivo de agravios. Con costas por su orden, en mérito a la medida en que el recurso es receptado (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Corresponde revocar la decisión de fojas 60.II, en cuanto fue motivo de agravios. Con costas por su orden, en mérito a la medida en que el recurso es receptado y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Revocar la decisión de fojas 60.II, en cuanto fue motivo de agravios. Con costas por su orden, en mérito a la medida en que el recurso es receptado  y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.