Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 46– / Registro: 55

Autos: “ADOBATTO ALEJANDRO C/ DANDLEN HECTOR CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -89347-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Carlos A. Lettieri  y Toribio E. Sosa, para  dictar  sentencia  en  los autos “ADOBATTO ALEJANDRO C/ DANDLEN HECTOR CARLOS S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -89347-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 56, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Se ajusta a derecho la resolución de f. 45 apelada en subsidio a fs. 46/47?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- La misma situación sometida a decisión fue analizada por esta cámara en “BANCO DE  LA PAMPA c/ ZARA, CLAUDIA GABRIELA Y OT. s/ Ejecutivo” (sent. del 28/6/2007, lib. 38 reg. 202), de modo que la solución que he de proponer no será diferente.

2- Para empezar, algunas distinciones:

a- una cosa es correr traslado de un escrito y otra diferente es correr traslado de la documentación anexada al escrito; v.gr. de la contestación de demanda el rito no prevé hoy que se deba correr traslado, pero sí de la documentación anexada a ella por el demandado (art. 135.1 cód. proc.);

b- correr traslado, hoy, es emitir la providencia simple respectiva; diferente y posterior es la notificación de esa providencia, es decir, la notificación del traslado corrido, cualquiera sea el medio de notificación que  corresponda a tal fin.

3- Yendo al caso, resulta que el juzgado:

a-   corrió traslado de las excepciones pero  no ordenó notificarlo  por cédula (ver f.  40),  ni correspondía que lo hubiera ordenado porque ninguna de ellas fue la de prescripción (art. 135.9. cód. proc.; arts. 545 párrafo 2°, 133 y 34.4 cód. proc.);

b-  omitió  correr traslado de la documentación acompañada por el excepcionante y, por supuesto, no pudo disponer que se notificara  de ninguna forma un traslado -repito, el de la documentación- que simplemente no corrió.

Así, notificado ministerio legis del traslado de las excepciones y advertida la falta de traslado de la documentación, el ejecutante pudo  requerir al juzgado que la sustanciara y que en todo caso suspendiera el curso del plazo para contestar las excepciones hasta hacerlo coincidir con el vencimiento del traslado de la documentación (arts. 34.5.a, 34.5.b y 157 cód. proc.), ya que, para contestar el traslado de las excepciones,  podía pretextarse necesario un coetáneo traslado de la documentación que pudiera respaldarlas. Y más simple que eso, sin necesidad de ningún traslado de la documentación,  pudo el ejecutante retirar las copias de ella  -que habían sido acompañadas por el ejecutado, ver f. 39 vta. in fine– al notificarse o luego de notificarse automáticamente el traslado de f. 40,  para luego contestarlo tempestivamente.

Pero el ejecutante no hizo nada de eso dentro del plazo para contestar el traslado de las excepciones -con lo cual, dicho sea de paso,  consintió la falta de sustanciación de la documentación, arg. art. 170 párrafo 2° cód. proc.-, sino que a f. 43, ya vencido el plazo para contestarlo, solicitó que se lo volviera a  notificar, ahora por cédula,  so pretexto de la documentación acompañada en sostén de esas excepciones. Ese pedido  del ejecutante puede interpretarse como un intento de resucitar un plazo procesal ya vencido, de modo que hizo mal el juzgado al cambiar a f. 45 el modo de notificar el traslado de f. 40 una vez vencido el plazo para contestarlo  desde notificado automáticamente de acuerdo a derecho (arts. cits. supra  y 34.5.d cód. proc.).

Obiter dictum,  no es inconcuso que debiera  notificarse por cédula el traslado de la  documentación  anexada  al escrito en el que se entablan excepciones en el juicio ejecutivo, puesto que en este tipo procesal no  existe “traslado  de  demanda” ni chance de “contestar la demanda”  sino  “intimación de pago” y sólo la chance de “oponer excepciones” a tramitarse según lo específicamente reglado en el art. 545 y siguientes del  ritual, normativa que no incluye ningún precepto igual al  del art. 135.1. CPCC.

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde revocar la resolución de f. 45, con costas al ejecutante apelado vencido (arts. 69 y 556 cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Revocar la resolución de f. 45, con costas al ejecutante apelado vencido, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia por motivos de salud.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 46– / Registro: 54

Autos: “EGUREN IGNACIO LAUTARO  C/ LEPORATI Y CIA S.A. S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO”

Expte.: -89344-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa, para  dictar  sentencia  en  los autos “EGUREN IGNACIO LAUTARO  C/ LEPORATI Y CIA S.A. S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO” (expte. nro. -89344-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 666, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  fojas 590/591 contra la resolución de fojas 500/501?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1. Frente a la resolución de fojas 500/501 que ordenó el embargo preventivo sobre los fondos que la sociedad demandada tuviera depositados en los bancos denunciados en demanda y sobre un bien inmueble propiedad de ésta, hasta cubrir la suma de $339.309,74 (capital reclamado), con más la de $169.654,87 (cantidad presupuestada para cubrir intereses y costas), la entidad se presentó a fojas 590/591 y planteó: (a) el levantamiento de todas las anotaciones realizadas; (b) en subsidio recurso de apelación; y (c) sustitución del inmueble embargado.

El recurso subsidiariamente interpuesto fue concedido en relación y con efecto devolutivo y, considerándolo ya fundado, de los fundamentos expuestos se dio traslado al apelado por cinco días (fs. 592).

A fojas 624/627 se encuentra la contestación. Pero la elevación a esta alzada fue suspendida (fs. 628/vta.). Más adelante se decidió cumplir con la elevación (fs. 663).

Todo este trámite fue consentido por las partes, por lo que arriba a esta alzada sin objeciones.

2. Como quedó dicho, en el escrito de fojas 590/591, se pidió por principio, el levantamiento de la medida decretada, considerándola notoriamente arbitraria. En ese rumbo, fue objetada la existencia de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, así como que se haya solamente exigido caución personal. También planteó la sustitución del embargo sobre la matrícula 12754 por cuanto debido a una reorganización societaria no es más de la titularidad de la sociedad demandada, ofreciendo en su lugar un departamento ubicado en la localidad de Gral. Villegas. Indicó, asimismo,  el perjuicio que le causaba a su actividad la inmovilidad de los fondos que se encuentraban depositados y el bloqueo de todas las cuentas bancarias que pertenecían a la entidad.

Pues bien; el juez hizo lugar a la sustitución a fojas 628/629, ordenó la liberación de los fondos depositados, quedando así latente -ahora- el embargo sobre el inmueble matrícula (050) 3521/1 del partido de Gral. Villegas. Ya no sobre los fondos depositados en las cuentas corrientes bancarias ni sobre el bien denunciado al pedirse el embargo.

3. Cuadra, entonces, analizar si es procedente el embargo sobre el inmueble que ha quedado en pie, a tenor de los fundamentos que se consideraron expuestos en el escrito de fojas 590/591.

a) Por lo pronto, es oportuno señalar, que sin perjuicio de los supuestos enunciados en el artículo 209 del Cód. Proc., el embargo preventivo procede siempre que concurran los presupuestos genéricos de toda medida precautoria, a saber: verosilimitud del derecho y peligro en la demora. La contracautela es un recaudo que atañe a la ejecutividad de la cautela y no a su procedencia (arg. arts. 195, 198 y concs. del Cód. Proc.).

En la especie, obra agregada a fojas 27/28  certificación extendida por contador público nacional, cuya firma aparece certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la que se detallan las facturas confeccionadas a la firma demandada y se consigna lo que se ha constatado la concordancia de los débitros y créditos informados con la documentación respaldatoria, teniendo en cuenta las anotaciones en el libro de IVA Ventas de Ignacio Lautaro Eguren y los duplicados de facturas de venta que se indican. Aclarándose por el profesional que toda la documentación y registros verificados han sido llevados en legal forma de acuerdo a las prescripciones de los organismos nacionales y provinciales de contralor sobre la materia.

Asimismo, del intercambio de cartas documentos entre el actor y la firma demandada, se infiere antes que un desconocimiento terminante, la existencia de una relación profesional entre las partes, desavenencias por cuentas pendientes de arreglar, pagos realizados a cuenta de la factura 06, inexistencia de demora injustificada, recepción de facturas por asesoramiento que no se pagaban sino que se hacían entregas a cuenta, mientras se pedía rendición del rinde de maní al existir demora injustificada (fs. 475/478).

Es decir que, prima facie, con el rango de verosilimitud que debe reunirse para acordar este tipo de cautelares, puede apreciarse la documental a que se hace referencia en el párrafo anterior, se encuentra suficientemente demostrada la verosimilitud del derecho invocado por la peticionante de la medida precautoria (arts. 195, 209 inc. 4to. y concs. Cód. Proc.).

b) Tocante al agravio referido a la falta de acreditación del requisito de admisibilidad de ‘peligro en la demora’, como sostiene la parte actora, se encuentran agregados a la causa elementos indicativos de la posibilidad de ese riesgo.

En ese camino, cuadra computar que para la época en que el conflicto se exterioriza con las cartas documento de fojas 473/478 -junio y julio de 2013- se concreta la escisión-fusión de la entidad escindente ‘Leporatti y Compañía S.A. y la escisión-fusión de la entidad escisionaria-absorbente ‘El Trapal S.A.’, por el cual se ordena la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, a nombre de la entidad escisionaria ‘El Trapal S.A.’, de los bienes consignados en el estado de situación patrimonial, inventario de bienes registrables. No hay certeza que los bienes enunciados en la cláusula novena del acuerdo definitivode escisión se hayan transferido a ‘El Trapal S.A.’, pero al menos, se sabe que por una reorganización societaria -que es la fusión de sociedad- desapareció del patrimonio de la demanda el inmueble correspondiente a la matrícula 12754 (fs. 547/549, 552, 554/vta., 590/vta.V, 619/620).

Además, se estarían reclamando facturas aparentemente vencidas, por montos sustanciales (v. fs. 17/25), como así también se habrían realizado gestiones extrajudiciales para obtener el cobro de las acreencias requeridas, sin éxito (ver fs. 473, 474, 475 y 477).

Por lo que meritúo que en el caso se reúnen una serie de elementos objetivos para cumplimentar el recaudo del ‘peligro en la demora’ que tornan discreto -al menos por el momento- la adopción de una medida cautelar sobre el patrimonio de la demandada (arts. 195 y concs. cód. cit.; cfrme. causa de este Tribunal antes citada).

c) Por ultimo con respecto a la contracautela, opino que en este tramo sí deberá hacerse lugar al recurso y fijarse  caución real, que deberá ofrecer la recurrente y graduarse en la instancia inicial, atento la etapa precoz del pleito, a la importancia del bien en juego y a las circunstancias del caso ya relatadas (arts. 199 y 230, CPCC). Toda vez que debe cumplirse con la exigencia del ‘…otorgamiento de una contracautela, que asegure a la contraparte el resarcimiento de los daños que pudiere ocasionar la medida en caso que hubiera sido pedida sin derecho’ (esta cám., fallo cit.; art. 195 del cód. proc. y su doctr.).

3. Por los fundamentos vertidos estimo que corresponde hacer lugar al recurso deducido únicamente en cuanto a la modificación de la contracautela estableciendose en real, la que el demandado deberá prestar  en la instancia inicial, fijandose de acuerdo a lo expuesto en el punto c). Por lo demás, el recurso se desestima.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde  estimar el recurso de fojas 590/591 únicamente en cuanto a la contracautela, que deberá ser establecida de acuerdo al punto 2 ap. c) del voto que abre el acuerdo.

Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado de acuerdo al éxito parcial de la apeación (art. 69 Cód. Proc.), con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar el recurso de fojas 590/591 únicamente en cuanto a la contracautela, que deberá ser establecida de acuerdo al punto 2 ap. c) del voto que abre el acuerdo.

Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia por motivos de salud.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Tres Lomas

Libro: 30– / Registro: 53

Autos: “MOCCIARO, MIGUEL ANGEL C/LAGRANGE, RAÚL ALBERTO Y OTRA S/ DESALOJO”

Expte.: -89040-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa, para  dictar  sentencia  en  los autos “MOCCIARO, MIGUEL ANGEL C/LAGRANGE, RAÚL ALBERTO Y OTRA S/ DESALOJO” (expte. nro. -89040-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 127, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿Son procedentes las apelaciones de fs. 123 y 124 contra la regulación de honorarios de f. 114?

SEGUNDA: ¿Qué honorarios corresponden por la labor de segunda instancia?

TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Atentas las particularidades del sub lite, el abogado de la parte demandada vencedora estimó sus honorarios en 20 Jus (f. 107).

Si bien el juzgado confundió esa estimación del honorario con la proposición de una “base regulatoria”, lo cierto es que la sustanció  con los obligados al pago -demandante y demandados- a quienes se les hizo llegar copia del escrito de f. 107, sin que se generase objeción pese al apercibimiento de aprobación en caso de silencio (fs. 108, 109/vta., 111/vta. y 112/vta.).

En virtud de esa falta de objeción, el juzgado  el 2/2/2015 reguló honorarios al abogado de la parte demandada vencedora tal y como los había estimado, es decir,  en la suma de $ 5.800, equivalentes a 20 Jus  en razón de $ 290 por cada Jus según el Ac. 3704/14 SCBA.

En tales condiciones la apelación de f. 123 por altos contra los honorarios del abogado de la parte demandada es inadmisible, al menos por dos razones: a- falta de gravamen, toda vez que no se aprecia distancia entre el temperamento adoptado en la decisión recurrida y el que con su silencio el apelante obligado al pago avaló antes de la emisión de esa decisión, silencio que es dable interpretar no habría guardado en caso de no estar de acuerdo con la propuesta formulada a f. 107 por el abogado de la parte accionada (arg. arts. 914, 915, 918 y 919 cód. civ.; arts. 34.5.d, 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.); b- lo edictado en el art. 150 párrafo 2° CPCC.

Obiter dictum,  si bien el valor del Jus desde el 1/1/2015 es de $ 320 (ver Ac. 3740/15 SCBA), no hay apelación por bajos de modo que sería incongruente una decisión de la cámara que incrementara la regulación de que se trata (art. 34.4 cód. proc.).

Pero en cambio  es admisible y además fundada la apelación por altos de f. 123 contra los honorarios del abogado patrocinante del apelante:  apreciando su labor en función de lo normado en los arts. 26 párrafo 2°,  14 in fine  y 16 incs. b y e del d.ley 8904/77,  no está mal retribuida en el mínimo legal equivalente a 4 Jus (art. 22 d.ley cit.). Usando el mismo valor del Jus empleado para los honorarios del abogado de la parte demandada, la remuneración del abogado del demandante asciende entonces a $ 1.160.

Por fin, es inadmisible la apelación de f. 124 por altos del abogado patrocinante del demandante: a- por falta de gravamen, en tanto dirigida contra los honorarios del abogado de la parte demandada, habida cuenta que este apelante no es obligado al pago de esos honorarios (art. 58 d.ley 8904/77); b- por falta de interés explicitado, en tanto direccionada contra sus propios honorarios, ya que como principio sólo le sería de utilidad pecuniaria el incremento y no la disminución de ellos.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI    DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Para las tareas de segunda instancia (ver fs. 89/90, 96/97 y 100/101), propongo la siguiente remuneración, según los arts. 16 y 31 del d.ley 8904/77:

abog. Pérez: $ 1.566 (hon. 1ª inst. x 27%);

abog. Bigliani: $ 232 (hon. 1ª inst. x 20%).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  TERCERA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde:

a- declarar inadmisible la apelación de f. 123 contra los honorarios del abogado Pérez;

b- estimar la apelación de f. 123 contra los honorarios del abogado Bigliani, los que se reducen a $ 1.160;

c- declarar inadmisible la apelación de f. 124.

d- regular en cámara los siguientes honorarios: abog. Pérez: $ 1.566  y abog. Bigliani: $ 232.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

            TAL MI VOTO.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a- Declarar inadmisible la apelación de f. 123 contra los honorarios del abogado Pérez;

b- Estimar la apelación de f. 123 contra los honorarios del abogado Bigliani, los que se reducen a $ 1.160;

c- Declarar inadmisible la apelación de f. 124.

d- regular en cámara los siguientes honorarios: abog. Pérez: $ 1.566  y abog. Bigliani: $ 232.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia por motivos de salud.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló

Libro: 46– / Registro: 51

Autos: “M., L. H. C/U., H. D. S/ALIMENTOS”

Expte.: -89296-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Carlos A. Lettieri y  Toribio E. Sosa, para  dictar  sentencia  en  los autos “M., L. H. C/U., H. D. S/ALIMENTOS” (expte. nro. -89296-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 102, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación de f. 90.III contra la resolución de fs. 81/83 punto 4-?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- La alimentista reclamó una cuota alimentaria de $ 3.250, denunciando que el alimentante es trabajador rural con un sueldo de $ 8.000 (ver fs. 22 vta. aps. 3.2.c. y 3.2.d); ofreció prueba (f. 23.7); además, pidió una prestación alimentaria provisoria (f. 22 vta. ap. 4) y obtuvo una de $ 880 mensuales (fs. 24 vta./25).

Fracasó la audiencia del art. 636 CPCC (f. 37).

Según el alimentante, él gana $ 4.167 por mes y  cabe una cuota alimentaria definitiva de $ 880 (fs. 43/vta.).

Luego, a fs. 71/78,  con otro patrocinio, la actora contestó un inexistente traslado de la contestación de demanda (ver fs. 44 y 77 vta. XII.1),  modificando su pretensión inicial en cuanto a objeto mediato (cuota alimentaria de $ 4.500),  hechos y   pruebas, al par que requirió una medida cautelar a f. 77.X.

El juzgado a f. 81.1 corrió traslado al alimentante del escrito de f. 71/78 ordenando su notificación por cédula, trámite aún pendiente; empero, desestimó sin más a fs. 81/83 punto 4- la medida cautelar, lo que dio pábulo a la apelación subsidiaria de fs. 90.III.

2- La prueba documental anexada a la demanda fue desconocida a f. 43.II y, comoquiera que fuese, consiste en facturas de pagos de servicios usuales; y la acompañada al escrito de fs. 71/78 aún no ha sido anoticiada al alimentante de modo que no puede ser por el momento contabilizada (art. 18 CN). No hay otra prueba producida.

Y bien, esta cámara ha hecho lugar a medidas cautelares para hacer frente a alimentos futuros, pero en presencia de  circunstancias acreditadas que permitían creer en la posibilidad de una falta de pago próxima (ver “M., L.E. c/ M., R.E. s/ Alimentos”, del 25/2/2015, lib. 46, reg. 16).

No obstante, aquí,  se ha fijado una pensión alimentaria provisoria (fs. 24 vta./25) que el accionado ha aceptado (ver f. 43.III) y que  la actora en su recurso admite está siendo  abastecida (f. 87 vta. ap. 2). No hay elementos de prueba aún que permitan creer en la chance de fijación de una cuota mayor que la provisoria, de modo que pudiera sospecharse que, ante una deuda mayor en ciernes, el alimentante pudiera intentar insolventarse.

Que antes de la fijación judicial de la cuota provisoria el demandado no se hubiera hecho cargo del mantenimiento de su hija  -extremo en todo caso negado por el demandado a f. 43.III y que no  manifiesta la demandante cómo es que resultaría acreditado en autos-, no es alternativa que, aunque se la demostrara,  por sí sola pudiera  permitir la presunción de que el demandado vaya a incumplir en el futuro con el pago de la  cuota alimentaria (arts. 163.5 párrafo 2° y 375 cód. proc.).

Ergo, y bajo las actuales circunstancias, corresponde confirmar la resolución apelada (arts. 209.5, 375, 34.4 y concs. cód. proc.).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación subsidiaria de f. 90.III  contra la resolución de fs. 81/83 punto 4-.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación subsidiaria de f. 90.III  contra la resolución de fs. 81/83 punto 4-.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia médica.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

Libro: 46– / Registro: 50

Autos: “A., V.A. C/ T., H. L. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -89336-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Carlos A. Lettieri y  Toribio E. Sosa, para  dictar  sentencia  en  los autos “A., V. A. C/ T., H. L. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -89336-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 237, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿son procedentes las apelaciones de fs. 222 y 223, fundadas a fs. 225/230 vta., contra la resolución de fs. 208/209 vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1. Lo que se resolvió a fojas 209.II no responde a ninguna pretensión o situación que se hubiera presentado en autos.

En efecto. En ese considerando la jueza señala que el límite de la percepción de alimentos para los hijos es que hayan cumplido 21 años, pues llegado ese tiempo la cuota cesa de pleno derecho. Aunque aclara que una postura jurisprudencial admite la continuidad de la cuota por cursar estudios terciarios o universitarios, siempre que el beneficiario lo acredite, aunque otra ha desestimado tal pretensión. Para ésta jurisprudencia, concluye, el pedido debe ser formulado por el propio hijo, acreditando los recaudos del artículo 370 del Código Civil y si esto no ocurre la petición debe ser desestimada.

Pues bien, en la especie no existe ninguna petición de los hijos del alimentante tendiente a extender la obligación alimentaria más allá de obtenida la mayoría de edad.

En la causa, sólo se alcanzó a fijar una cuota provisoria a favor de  F. E. T., J. A. T., y Y. E. T., en la suma de $ 500, a cargo del demandado H. L. T., (fs. 6 y 10/vta.). Y cuando se liquidaron los adeudados desde el 25 de mayo de 2005 hasta el 25 de octubre de 2008, a raíz de la impugnación del alimentante se reajustó el capital haciéndose la cuenta para contemplar los efectos de que el 12 de junio de 2006 y el 19 de septiembre de 2008, F. E. T., y J. A. T., habían alcanzado la mayoría de edad (fs. 55/56 vta., 62/vta.).          Y. E, seguía siendo menor, por entonces,  pero no hubo ningún pedido de continuación o extensión de la cuota alimentaria, quedando el monto de los atrasados en la misma suma de $ 17.521,57, resultante de aquella liquidación que había sido aprobada (fs. 77).

En suma, el planteo de fojas 209.II no tiene correlación ni responde a ninguna situación específica de estos autos. Es incongruente (arg. art. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Cód. Proc.).

2. En punto a lo decidido a fojas 209/vta., III, cabe aclarar que la representación que los padres ejercen de sus hijos, si bien es una representación necesaria, se rige supletoriamente por las normas del mandato (arts. 57 ubc, 1 y 1870 inc. 1, del Código Civil).

Por tanto, si la representación de la madre cesó porque al llegar los hijos a la mayoría de edad eran ellos los que podían reclamar las cuotas adeudadas, el tema resulta ser la falta de personería. O sea se ubica en el supuesto del artículo 345 inc. 2 del Código Proc.: carecer de representación suficiente.

Tal circunstancia pudo habilitar la solución prevista en el artículo 352 inc. 2 del Cód. Proc.: fijar el plazo dentro del cual debían subsanarse el defecto. Al menos si, reparando en la presentación de fojas 204/vta., III, cuarto y quinto párrafo, donde los hijos pedían subsidiariamente idéntica medida a la solicitada por la progenitora, se inclinaba por persistir en la necesidad de corregir aquella insuficiencia de mandato.

Pero de ninguna manera pudo facultarla para proceder inmediatamente sobre medidas ya decretadas y firmes, como la de fojas 109, ordenando el levantamiento de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires. Cuyo mantenimiento, interín se arreglaba aquella carencia de personería, tenía el amparo de lo normado en el artículo 1969 del Código Civil.

3. En suma, con estos argumentos, no cuadra sino revocar la resolución de fojas 209/vta, en cuanto fue motivo de agravios, con costas por su orden, considerando la solución a la que se arriba, tiene fundamentos diversos a los formulados por los apelantes (arg. art. 68, segundo párrafo,  del Cód. Proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde revocar la resolución de fojas 209/vta, en cuanto fue motivo de agravios, con costas por su orden, considerando la solución a la que se arriba, tiene fundamentos diversos a los formulados por los apelantes, con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Revocar la resolución de fojas 209/vta, en cuanto fue motivo de agravios, con costas por su orden y  diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia por motivos de salud.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 46– / Registro: 49

Autos: “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: RUDONI, CLAUDIA CARMEN C/ SENSERRICH, MARIA CRISTINA S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13951 (NUEVA)”

Expte.: -89356-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Carlos A. Lettieri y   Toribio E. Sosa, para  dictar  sentencia  en  los autos “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: RUDONI, CLAUDIA CARMEN C/ SENSERRICH, MARIA CRISTINA S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13951 (NUEVA)” (expte. nro. -89356-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 4, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  fs. 1/3 vta.?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1. A fs. 59/60 del expediente “Rudoni, Claudia Carmen c/ Senserrich, María Cristina s/ Ejecución de honorarios de mediación ley 13.951” n° 200650 en trámite ante el juzgado civil y comercial n°2 departamental y que tengo a la vista por encontrarse unido por cuerda al expe. 89317 de este Tribunal, se dicta la siguiente resolución:

“TRENQUE LAUQUEN, 6 de Febrero de 2015. Proveyendo a los escritos de Claudia Carmen Rudoni, parte actora, a f. 51/52 y 56: 1-No hay constancias en autos, ni en el sitema informático del Juzgado que se haya librado cédula a la presentante del escrito en despacho, por tanto, tiénese de acuerdo a la data del mismo y delescrito que se provee por contestado en término el traslado conferido mediante resolución de fs. 50. 2- Ahora biem, reviendo la causa se advierte que en la causa principal sobre homologación de mediación ley 13951; la Alzada a fs.140/145 resolvió por mayoría dejar sin efecto la homologación resuelta a fojas 99 y vta., por considerar que debé resolverse en primer lugar la nulidad articulada respecto al convenio traído y cuya constancia obra a fs.20/21 de esos actuados y su copia a fs.6/7 de los presentes. Siendo así, corresponde en principio en los presentes dejar sin efecto el punto 4 de fs. 12 y vta. que decreta embargo sobre las cuentas, depósitos y / o fondos bancarios. Ello así toda vez que al haberse dejado sin efecto la homologación del convenio sobre división de condominio de un inmueble rural que incluía en la claúsula OCTAVA los honorarios de la mediadora y actora en los presentes por la suma de $ 25.000 los que serían soportados por mitades , ergo $ 12.500 cada parte y pagados en tres cuotas, también ha caído ya que la Cámara en la resolución abarca en todo a dicho acto que se atacó por vicio en la voluntad de una de las partes – María Cristina Senserrich- y no diferencia claúsulas del mismo. Asimismo y sin perjuicio de los actos ya cumplidos, déjanse sin efecto lo demás actuado en consecuencia y en los presentes, hasta tanto se resuelva en el principal sobre la nulidad articulada ( arts. 857 y 1058 bis código civil ; 34 inc. 5to. ap. “b” y arg. art. 169 cód. proc.). Por tanto, suspéndese el curso del presente proceso (art. 157 3er. párrafo cód. proc.). Proveyendo al escrito de María Fernanda Ripa, secretaria de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, a f. 57: Como se pide, elévense los presentes a la Alzada, en función del recurso de queja allí deducido. Proveyendo al escrito de María Cristina Senserrich, parte accionada, a f. 58: Téngase presente. Estése a lo indicado en la segunda providencia. SEBASTIAN A. MARTIARENA Juez en lo Civil y Comercial” .

            Esta resolución motiva la presente queja, que ahora es objeto de tratamiento.

2. Ahora bien, el recurso de queja sólo tiende a revisar la providencia que ha denegado una apelación, a fin de que la alzada lo conceda o bien modifique el efecto con que hubiera sido concedido en la instancia anterior (arg. art. 275 del Cód. Proc.).

En suma, para deducir queja debe haber mediado interposición de recurso de apelación -y éste haber sido denegado-, o bien concedido con un efecto diferente al requerido.

En el caso, no surge del expte. principal que tengo a la vista, que se haya interpuesto algún tipo de recurso -previo a la queja- frente a la providencia de fs. 59/60.

Así las cosas, el recurso de queja es improcedente (arts. 275, 276 y cons. cód. proc.).

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde desestimar la queja de fs. 1/3 vta..

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la queja de fs. 1/3 vta..

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, archívese. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia médica.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

Libro: 46– / Registro: 48

Autos: “C., I. C. C/ J., G. G. S/ ALIMENTOS, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS”

Expte.: -88937-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Carlos A. Lettieri y   Toribio E. Sosa, para  dictar  sentencia  en  los autos “C., I. C. C/ J., G. G. S/ ALIMENTOS, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS” (expte. nro. -88937-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 97, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación de f. 65 contra la resolución de f. 54?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

El juzgado homologó el acuerdo de f. 44 en materia de alimentos, tenencia y visitas, e impuso “…las costas del presente al alimentante…”.

El demandado no fustiga esa imposición de costas en cuanto a la pretensión de alimentos, pero sí –con razón- en lo concerniente a tenencia y visitas (ver fs. 67/68).

En la demanda acumulativa de tres pretensiones (alimentos, tenencia y visitas, arts. 87 y 88 cód. proc.), la madre reclamó para sí la tenencia de su hija y solicitó el otorgamiento de un régimen amplio de visitas a favor del padre (ver f. 7 vta. ap. VIII). El demandado no sólo se allanó al dar respuesta a la demanda (ver fs. 38/vta. ap. IV y V), sino que, poco después, en audiencia, ambas partes acordaron eso mismo (ver f. 44).

Por lo tanto, ciertamente corresponde que en cuanto a tenencia y visitas las costas sean soportadas por su orden, si no por lo reglado en el art. 70.1 CPCC de todos modos por lo edictado en el art. 73 CPCC (art. 34.4 cód. proc.).

Obiter dictum traigo a colación que, en materia de tenencia, atinente a costas se abre camino el concepto según el cual como regla no  cabe  su  imposición con ajuste al principio objetivo de la  derrota, habida cuenta que es razonable -y  hasta  loable-  que ambos  progenitores procuren ejercer esa función (ver esta cámara:  “B., M. D.c/ M., G. A.s/  Restitución  de  Tenencia”, sent. del 25/10/2005, lib. 36 reg. 350; “C., R.  A.  c/ P., A. G. s/ Tenencia”, sent. del  12/12/2006, lib. 37 reg. 499).

VOTO QUE SI.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde estimar la apelación de f. 65 contra la resolución de f. 54 y dejar impuestas en el orden causado las costas de primera instancia en materia de tenencia y visitas.

     TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación de f. 65 contra la resolución de f. 54 y dejar impuestas en el orden causado las costas de primera instancia en materia de tenencia y visitas.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase. La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia médica.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial nº 2

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Libro: 46– / Registro: 47

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Autos: “AMANTEGUI, ROSA I. C/ PASSINI, ELVIO PATRICIO S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES”

Expte.: -88984-

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TRENQUE LAUQUEN, 10 de marzo de 2015.

            AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación de  fojas 103/vta.   contra la regulación de foja 98.

            CONSIDERANDO.

La apelación de fojas 103/vta. contra la resolución del 18 de febrero de 2014, que en el punto II reguló honorarios, se fundó en dos observaciones: (a) que los estipendios habían sido regulados hasta la sentencia ‘…por encima de los porcentajes que para tal tipo de proceso como el presente así edicta la ley…’; y (b) que la regulación contraviene la doctrina y lo prescripto por el artículo 505 del Código Civil (fs. 103).

Pues bien, tocante a lo primero, aún cuando la regulación acordada pueda estar por encima de lo que es la alícuota usual de esta alzada, lo cierto es que de niguna manera la regulación atacada excede los porcentajes que edicta la ley de aranceles para estos casos.

En efecto, el decreto ley 8904/77 fija una alícuota de entre el 8%  y el 25% con las reducciones  del 10% en caso de  oposición de excepciones o del 30% si no se opusieron excepciones (arts. 21, 34 y concs. del ordenamiento arancelario) y en el auto atacado se tomó un porcentaje de 14,75% (v.f. 98).

Por manera que por este lado el recurso no prospera.

En lo que atañe a lo normado en el artículo 505 del Código Civil, esta alzada tiene dicho que ‘…sin violentar el sentido de esa norma,  puede  establecerse el honorario que corresponda de acuerdo a la normativa vigente y en todo caso recién limitar la responsabilidad del obligado al pago, condenado en costas, al tope del 25%, si correspondiere,  haciendose valer ese límite frente al poder de agresión patrimonial de la acreedora en calidad de costas (esta cámara, sent. del 20-5-2008, ‘Tocha, L. F. y otros c/ Llanos, A. O. y otros s/ Daños y perj. por del. y cuasid.sin uso autom.(sin res.Est.)’, L. 39 Reg. 122; ídem., sent. del 26-8-2008, ‘Alba, Antonia c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ Daños y perjuicios’, L. 39 Reg. 227; ídem., causa 87571, sent. del 11-4-2011, ‘Gette, Enrique Mario c/ García, Guillermo R. s/ desalojo’, L. 42 Reg. 69).

En este rumbo, entonces, tampoco por ese argumento puede el recurso prosperar.

Por todo ello, la  Cámara    RESUELVE:

Desestimar el recurso de fojas 103/vta.

Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 del d-ley 8904/77). La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia médica.

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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial nº 2

Libro: 46– / Registro: 46

Autos: “PARDO S.A. C/ DEL VALLE GRISELDA BEATRIZ Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -88979-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Carlos A. Lettier y Toribio E. Sosa, para  dictar  sentencia  en  los autos “PARDO S.A. C/ DEL VALLE GRISELDA BEATRIZ Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -88979-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 67, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente  el recurso de  apelación  de  f. 61 contra la regulación de honorarios de f. 60?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Se trata de un juicio ejecutivo sin excepción opuesta y, en tales condiciones, esta cámara desde “Mera c/ Gross” (28/10/2014, lib. 45 reg. 346) ha venido proponiendo como pauta usual una alícuota del 11,20% para el abogado de la parte ejecutante, por las razones allí expuestas a las que brevitatis causae remito. No obstante,  resumidamente explico aquí que esa alícuota se extrae del art. 34 del d.ley 8904/77 y resulta de quitar un 30% a un porcentaje básico del 16% relativamente equidistante entre el mínimo y el máximo del art. 21 de esa normativa arancelaria.

Por ende, la apelación por bajos de f. 61 es fundada, correspondiendo incrementar los honorarios de la abogada González Cobo a la suma de $ 2.199.

2- Obiter dictum  me parece oportuno acotar que la apelación de f. 61 como es usual  debió ser concedida con los efectos y alcances del art. 57 del d.ley 8904/77, lo que importa una modalidad sui generis diferente de las formas de concesión previstas en el CPCC.

De todas maneras, la cámara, como juez del recurso, puede modificar la forma de concesión, lo que virtualmente deja hecho aquí al resolver ahora sobre el recurso de f. 61 como si hubiera sido concedido con los efectos y alcances del art. 57 del d.ley 8904/77 (arg. art. 271 cód. proc.), ya que,  de otro modo, si se siguiera la corriente de la concesión en relación, antes de resolver debería disponer la sustanciación de la fundamentación del recurso con los obligados al pago de honorarios (arg. art. 34.5.b y 246 cód. proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde estimar la apelación por bajos de f. 61 e incrementar los honorarios de la abogada Alfonsina González Cobo a la suma de $ 2.199.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación por bajos de f. 61 e incrementar los honorarios de la abogada Alfonsina González Cobo a la suma de $ 2.199.

Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 d-ley 8904/77). La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia médica.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial nº 2

Libro: 46– / Registro: 45

Autos: “LOPEZ, RODOLFO O. C/ COOPERATIVA ELECTRICA DE PEHUAJO S/ ··SUMARISIMO”

Expte.: -89377-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diez  días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Carlos A. Lettieri y  Toribio E. Sosa, para  dictar  sentencia  en  los autos “LOPEZ, RODOLFO O. C/ COOPERATIVA ELECTRICA DE PEHUAJO S/ ··SUMARISIMO” (expte. nro. -89377-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 661, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿son fundadas las apelaciones de fs. 644/vta. y 652 contra la regulación de honorarios de fs. 639/640?

SEGUNDA: ¿qué debe resolverse en cuanto a los honorarios devengados en cámara?

TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Según la SCBA, el actor no ejerció dos pretensiones, sino una sola de incidencia colectiva,  en defensa de su interés particular pero además en defensa  del interés individual homogéneo de otros usuarios más  (ver voto del juez Hitters, f. 566 párrafo 3°); hasta donde se pudo saber, en defensa de 11 usuarios más  (ver voto del juez Soria, f. 581 párrafos 2° y 3°).

Por otro lado, el abogado de la actora y la demandada  parecen estar de acuerdo con el juzgado en la aplicación al caso del art. 49 del d.ley 8904/77 (ver fs. 639 párrafo 1°, 644 vta. y 651/vta.).

Claro que ese precepto prevé un mínimo de 20 Jus y, en el caso, existe mérito bastante para incrementar sustancialmente los honorarios del abogado de la parte actora, teniendo en cuenta  el  valor, motivo y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, el resultado obtenido (aunque la decisión final en cuanto a la expansión subjetiva de la cosa juzgada se vio facilitada por “Halabi” y precedentes siguientes de la CSN, ver puntos 4- y 5- del voto del juez Hitters,  fs. 556/565), la probable transcendencia para casos futuros de la resolución arribada, las actuaciones desarrolladas que alcanzan 4 cuerpos iincluyendo una farragosa reconstrucción-, la trascendencia económica y moral del caso para  las partes y para terceros interesados y el tiempo durante el cual ha tenido que bregar para lograr el resultado apetecido (art. 16 incs. b, c, e, h, i, j y l d.ley cit.). En tales condiciones, no me parece desproporcionada una retribución equivalente al valor de 120 Jus, pues, sopesando, no creo que este caso justifique menos que el doble de los honorarios devengables por un divorcio contencioso según el art. 9.I.1 de la ley arancelaria (art. 1627 cód. civ.).

2- El análisis anterior evidencia que es infundada la apelación por altos de f. 652 contra los honorarios fijados en primera instancia (60 Jus) a favor del abogado de la parte actora.

Pero también resulta infundada esa apelación contra los restantes honorarios regulados a fs. 639/640, habida cuenta que no se advierten de modo manifiesto, ni las señala la apelante que es obviamente la  interesada, razones que pudieran justificar su reducción (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Resta regular los honorarios de segunda instancia, deber oportunamente diferido (ver f. 290).

Y bien, bajo las circunstancias del caso me parecen ecuánimes  los siguientes honorarios, además atento lo reglado en los arts. 26 párrafo 1° y 31 del d.ley 8904/77:

(i) Por la apelación del actor  (finalmente vencedor según sentencia de la SCBA, ver fs. 239/245, 246/248,  287/290 y  546/584): para  González Cobo, la cantidad de pesos equivalente a 32,4 Jus (hon. 1ª inst. x 27%);  y para  Juan C. Weber, la cantidad de pesos equivalente a 5 Jus (hon. 1ª inst. x 20%);

(ii) Por la apelación de la demandada (ver fs. 251/258, 261/264 vta. y 287/290):  para  González Cobo, la cantidad de pesos equivalente a 32,4 Jus (hon. 1ª inst. x 27%);  y para  Juan C. Weber, la cantidad de pesos equivalente a 5 Jus (hon. 1ª inst. x 20%).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  TERCERA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde:

a- desestimar la apelación de f.  652 y estimar la de f. 644/vta., cuantificando los honorarios devengados en primera instancia por el abogado Gonzalo González Cobo, en la suma de pesos equivalente a 120 Jus;

b- regular los siguientes honorarios devengados en cámara: (i) por la apelación del actor:  para  González Cobo, la cantidad de pesos equivalente a 32,4 Jus;  y para  Juan C. Weber, la cantidad de pesos equivalente a 5 Jus; (ii) por la apelación de la demandada:  para  González Cobo, la cantidad de pesos equivalente a 32,4 Jus;  y para  Juan C. Weber, la cantidad de pesos equivalente a 5 Jus.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a- Desestimar la apelación de f.  652 y estimar la de f. 644/vta., cuantificando los honorarios devengados en primera instancia por el abogado Gonzalo González Cobo, en la suma de pesos equivalente a 120 Jus;

b- Regular los siguientes honorarios devengados en cámara: (i) por la apelación del actor:  para  González Cobo, la cantidad de pesos equivalente a 32,4 Jus;  y para  Juan C. Weber, la cantidad de pesos equivalente a 5 Jus; (ii) por la apelación de la demandada:  para  González Cobo, la cantidad de pesos equivalente a 32,4 Jus;  y para  Juan C. Weber, la cantidad de pesos equivalente a 5 Jus.

Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente a la instancia inicial (arts. 54 y 57 d.ley 8904/77). La jueza Silvia E. Scelzo no firma la presente por estar ausente con aviso y gestionando licencia médica.