Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1
Libro: 43– / Registro: 30
Autos: “TRONCONI ENRIQUE C/ HAUWAGEN PILAR S.A Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (SIN RESP. ESTADO)”
Expte.: -88872-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los once días del mes de junio de dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa, para dictar sentencia en los autos “TRONCONI ENRIQUE C/ HAUWAGEN PILAR S.A Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (SIN RESP. ESTADO)” (expte. nro. -88872-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de f. 430, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Son fundadas las apelaciones de fs. 386, 387 y 388 contra la sentencia de fs. 376/379?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
1- Hay una serie de datos que llegan netos a esta instancia y que, como antesala, es útil reseñar:
a- el demandante no compró su automóvil Volkswagen a la co-demandada Voragini S.A. y desistió de la acción contra la empresa que se lo habría vendido (f. 33 vta. III 1 párrafo 1°; f. 135; art. 304 cód. proc.);
b- el motor del automotor experimentó diversos deterioros como consecuencia de la rotura de la correa dentada para accionamiento del árbol de levas (* contestación de demanda de Volkswagen Argentina S.A.: f. 111 vta.; * fs. 6/vta. y 11 del expte. administrativo de la Oficina de Defensa al Consumidor a fs. 170/vta. y 175, inobjetado ante el decreto de f. 202; * mail enviado por Voragini S.A. a Volkswagen Argentina S.A. a f. 220 y mail en dirección inversa a f. 224, que ésta última no objetó pese a conocer las actuaciones luego de producida toda la prueba -f. 372- y a haber tenido la chance -f. 366-; * estudio de laboratorio hecho por Volkswagen Argentina S.A. -ver fs. 107, 317/320 y 332/333-; * atestaciones de Miranda -f. 351- y de Barba -fs. 352/353-; arts. 354.2, 374, 384, 394, 401 y 456 cód. proc.);
c- el motor fue desarmado por Voragini S.A. y por indicación de Volkswagen Argentina S.A. le fue remitida la correa rota para su análisis, lo que permitió el informe de fs. 107, 317/320 y 332/333 (* contestación de demanda a fs. 111 in fine y 111 vta.; * intercambio de mails entre las demandadas a fs. 220/225 y 251, que Volkswagen Argentina S.A. no objetó pese a conocer las actuaciones luego de producida toda la prueba -f. 372- y a haber tenido la chance -f. 366-; arts. 354.2, 384 y 456 cód. proc.);
d- Voragini S.A., como concesionario de Volkswagen Argentina S.A. y por delegación de la empresa vendedora del automóvil, le había hecho los servicios de mantenimiento, incluso el de los 30.000 kms (* admisión de Voragini S.A. en el indesglosado escrito de contestación de demanda cuyo contenido comoquiera que fuese ratificó -fs. 84 vta., 85 vta., 88 vta., 136/vta. y 139-; * planillas de cartón amarillo a fs. 208/210 vta. y mail enviado por Voragini S.A. a Volkswagen Argentina S.A. a f. 220, nada de lo cual esta última objetó pese a conocer las actuaciones luego de producida toda la prueba -f. 372- y a haber tenido la chance -f. 366-; * cuadernillo 1.1. “Plan de Asistencia Técnica – Garantía” págs. 22 a 25; * fs. 2 y 4 del expte. administrativo de la Oficina de Defensa al Consumidor a fs. 166 y 168, inobjetado ante el decreto de f. 202; arts. 354.2, 384, 385, 394 y 401 cód. proc.).
2- ¿Por qué se rompió la correa?
Para empezar, hay que descartar el desgaste natural debido al kilometraje recorrido por el automotor, porque según el “Plan de Asistencia Técnica – Garantía” recién a los 90.000 km tendría que haber sido reemplazada la correa dentada para accionamiento del árbol de levas (ver pág. 21 del cuadernillo 1.1.), en tanto que el automóvil del demandante sólo había transitado 32.671 km al romperse (* informe de laboratorio de Volkswagen Argentina S.A. a fs. 107, 317 y 332/333; * mail enviado por Voragini S.A. a Volkswagen Argentina S.A. a f. 220, que esta última no objetó pese a conocer las actuaciones luego de producida toda la prueba -f. 372- y a haber tenido la chance -f. 366-; * f. 6 del expte. administrativo de la Oficina de Defensa al Consumidor a f. 170, inobjetado ante el decreto de f. 202; arg. arts. 354.2, 394, 401 y 423 cód. proc.). Es decir, la rotura de la correa no pudo deberse al desgaste producido por su solo uso, ya que apenas se había superado un tercio de su vida útil (art. 384 cód. proc.).
Otro motivo que carece de andamiento es que la correa se hubiera roto por alguna deficiencia intrínseca, o sea, por vicios o defectos inherentes a ella misma (art. 375 cód. proc.). No hay evidencia que contradiga el informe del laboratorio de Volkswagen Argentina S.A. y la declaración de sus testigos, según los cuales las causas de la rotura de la correa fueron externas, esto es, ajenas a ella en sí misma (* estudio de laboratorio hecho por Volkswagen Argentina S.A. -ver fs.107, 317/320 y 332/333-; * atestaciones de Miranda -f. 351- y de Barba -fs. 352/353-; arts. 384 y 456 cód. proc.).
3- Luego de transitado el considerando 2-, queda entonces que la rotura de la correa se hubiera producido por alguna causa externa, pero ¿cuál?
De acuerdo a los elementos de convicción adquiridos por el proceso, tres tesis podrían dar respuesta a ese interrogante:
a- la influencia de fluidos o sólidos que hubieran interferido su funcionamiento normal;
b- una mala conducción del automóvil (rebaje de marcha, de 6ª a 3ª);
c- un vicio de tensión.
4- Examinemos la cuestión de la influencia de fluidos o sólidos que hubieran interferido su funcionamiento normal.
El perito Díaz pudo examinar la correa el día 6/10/2008 (ver fs. 51 y 60.II), es decir, luego de que fuera desarmado el motor por Voragini S.A., enviada la correa al laboratorio de Volkswagen Argentina S.A. y examinada allí cuidadosamente en setiembre de 2007 (informe a fs. 107, 317/320 y 332/333; atestaciones de Miranda -f. 351- y de Barba -fs. 352/353-; arts. 354.2, 384, 384 y 456 cód. proc.).
Si el desarme del motor, el envío de la correa y el estudio de la correa fue realizado de consuno por las demandadas -cada una aportando lo que estaba a su alcance- sin que se hubiera alegado ni probado ninguna interferencia del demandante, infiero que de haber existido la influencia de algún fluido o sólido sobre la correa tendrían que haberlo detectado las demandadas (al desarmar o al examinar), cosa que de hecho no hicieron. Es lo que ha querido significar el perito Díaz al decir “El examen inmediato, posterior al evento que provocó la rotura catastrófica del motor, podría haber ofrecido algún aporte. La inspección realizada en esta pericia, fue sobre el despiece limpio y ordenado de los componentes posterior al desarme en la concesionaria oficial.” (f. 258 punto 1; art. 474 cód. proc.).
El examen inmediato y posterior a la rotura del motor lo hicieron las demandadas -cada una aportando lo suyo, repito- y fueron ellas quienes no encontraron que las “frescas” piezas desarmadas ofrecieran “algún aporte” más allá del “aporte ofrecido” por la correa enviada y estudiada en el laboratorio de Volkswagen Argentina S.A.:
a- Voragini S.A. dio cuenta minuciosamente de lo que fue encontrando al desarmar el motor y finalmente expresó: “Revisamos todos los elementos desarmados y no encontramos ningún elemento de tierra, agua o cualquier tipo de material en la distribución ni en el filtro de aire, ni en tubería del filtro de aire, ni en tubo de admisión que hallan podido provocar alguna rotura” (sic, mail enviado por Voragini S.A. a Volkswagen Argentina S.A. a f. 220, que esta última no objetó pese a conocer las actuaciones luego de producida toda la prueba -f. 372- y a haber tenido la chance -f. 366-; arg. arts. 384, 385 y 423 cód. proc.);
b- el representante de Voragini S.A. estuvo presente durante el examen pericial (ver f. 60.II) y tampoco puso de manifiesto la posible influencia de fluidos u objeto extraño: “No habiéndose señalado, en autos por medio del Concesionario que intervino en el desarme y diagnóstico, ninguna causa externa, como influencia de fluidos u objeto extraño que interfiera en su funcionamiento normal.” (sic, f. 60 vta. in capite; art. 474 cód. proc.);
c- En cuanto a Volkswagen Argentina S.A., ni el informe del laboratorio de la fábrica ni sus testigos tan siquiera mencionan clara y concretamente la posibilidad de que la correa hubiera resultado deteriorada a causa de la influencia de algún cuerpo extraño o de algún líquido (informe a fs. 107, 317/320 y 332/333; atestaciones de Miranda -f. 351- y de Barba .fs. 352/353-; arts. 384, 385 y 456 cód. proc.).
Desde luego que si las demandadas no encontraron la influencia de un sólido o un líquido habiendo contado con la chance -toda la chance- de analizar a su antojo las piezas del motor al desarmarlo y ni bien desarmado, nunca pudo tener el perito Díaz la mínima chance de encontrar esa influencia si nada más pudo evaluar las piezas del motor -y la correa- en el estado en que fueron dejadas por las demandadas. ¿Cómo dejaron esas piezas las demandadas? Como lo dijo el perito; “limpias y ordenadas” (ver f. 258 punto 1), porque alguna de las demandadas lo hizo y porque no hay vestigio de que la otra hubiera hecho algo -cuanto menos una sugerencia en defensa de su propio interés- para procurar obstarlo (arts. 34.4 y 375 cód. proc.).
Si con el motor averiado pero todavía virgen de toda manipulación las demandadas no dieron cuenta de la influencia de cuerpos o líquidos extraños, luce desatinado querer descalificar -como se intenta a fs. 410 vta. y 411- el dictamen pericial porque sólo pudo el ingeniero Díaz tomar contacto con las piezas del motor “limpias y ordenadas”, es decir, en el estado en que fueron dejadas por las demandadas. No cabe criticar el dictamen porque el perito no encontró lo que no estuvo en condiciones de encontrar -me refiero a la influencia de sólidos o líquidos sobre la correa-, máxime: a- si en las condiciones propicias para haberlo podido encontrar -al desarmar el motor y al examinar las piezas inmediatamente- nada de eso fue detectado por las propias demandadas -qué más habrían querido que encontrar una causa ajena a su responsabilidad, como un líquido o un sólido extraños-; b- si las condiciones propicias para haberlo podido encontrar fueron alteradas por las demandadas ya que limpiaron y ordenaron las piezas desarmadas. O sea, lo que no encontraron las demandadas contando con las condiciones propicias, no pueden objetar que no lo encontró el perito contando con condiciones desfavorables que ellas mismas generaron (arts. 34.5.d y 384 cód. proc.).
En todo caso, la falta de adecuada colaboración de las demandadas para poder detectar la influencia de un sólido o un líquido en el normal funcionamiento de la correa que se rompió -no aportaron todo lo que debían aportar, sino “piezas limpias y ordenadas”, incluso queriendo quejarse de eso después Volkswagen Argentina S.A. a fs. 410 vta./411-, autoriza a presumir que la rotura no se debió a esa influencia (arg. art. 53 párrafo 3° ley 24240, arg. a simili arts. 386 y 415 cód. proc. y arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.; cfme. Bersten, Horacio L. “La prueba en la defensa del consumidor”, en diario La Ley del 5/11/2013).
5- Observemos ahora el tópico de la mala conducción del automóvil (rebaje de marcha, de 6ª a 3ª).
¿De dónde sale la hipótesis del rebaje de 6ª a 3ª como causa de la rotura de la correa?
Nada más del intercambio de mails entre las demandadas, luego del informe del laboratorio de Volkswagen Argentina S.A. (ver f. 224); más tarde, le fue comunicada por Voragini S.A. a Tronconi (ver f. 175).
Pero el informe del laboratorio de Volkswagen Argentina S.A. sólo expresa que la correa se rompió por causas externas a sus propiedades físico-químicas (fs. 107, 317/320 y 332/333) y no imputa el desperfecto a un rebaje de 6ª a 3ª (arts. 375 y 456 cód. proc.). De hecho, el laboratorio se concentró en las propiedades de la correa para descartar causas intrínsecas de la rotura, pero, descartadas, no avanzó en la consideración de las causas externas (Barba, resp. a pregs. 4, 5, 6 y a amp. 3, fs. 352/353; art. 456 cód. proc.).
Coherentemente, el testigo Miranda -que intervino en el análisis del laboratorio- sólo atribuyó la rotura a “causas externas a su funcionamiento”, pero no a un rebaje de 6ª a 3ª (resp. a preg. 4, f. 351; art. 456 cód. proc.).
El testigo Barba -que también participó en el análisis del laboratorio- todo lo más aventuró la rotura en función de “problemas mecánicos o condiciones de manejo o uso” (resp. a pregs. 3 y 7), pero ni siquiera conjeturó que la indeterminada condición de manejo o uso pudiera haber sido específicamente un rebaje de 6ª a 3ª (f. 352; art. 456 cód. proc.).
Por otro lado, el perito ingeniero Díaz desechó tajantemente la posibilidad de que un rebaje de 6ª a 3ª pudiera provocar un rompimiento como el experimentado por la correa del automóvil del demandante. Dijo “No existe ninguna razón técnica atribuible a este potencial “error” de conducción, que provoque rotura similar a la verificada en la correa de distribución inspeccionada” (fs. 60 vta. in fine y 61; art. 474 cód. proc.). Este aspecto del dictamen pericial no fue materia ni de impugnación ni de pedido de explicación o aclaración por ninguna de las demandadas, pese a que Volkswagen Argentina S.A., al contestar el traslado del dictamen, se detuvo sí en otras observaciones (ver su escrito de fs. 105/106 vta.).
A todo evento, aún cuando no está probado que un rebaje de 6ª a 3ª hubiera sido o tan siquiera hubiera podido ser la causa de una rotura como la verificada en la correa del coche del accionante, lo cierto es que se ha adverado que en ninguno de los 7 manuales del fabricante aportados a este proceso se indica un cuidado específico o advertencia preventiva en torno a la potencialidad dañosa -para la correa en cuestión o para cualquier otra pieza del motor- de un rebaje de 6ª a 3ª. Eso resulta del punto 6 del dictamen pericial (fs. 61/vta.), que tampoco en este cuadrante fue objeto de impugnación ni de pedido de explicación o aclaración por ninguna de las demandadas, pese a que Volkswagen Argentina S.A., al contestar el traslado del dictamen, se detuvo sí en otras observaciones (ver su escrito de fs. 105/106 vta.). Esto quiere decir que, aunque se hubiera probado -que no lo fue- que un rebaje de 6ª a 3ª fue la causa de la rotura de la correa, ello sería responsabilidad de las demandadas por no haber proporcionado al accionante, cuando compró el vehículo, toda la información necesaria para su correcto uso en forma cierta, clara y detallada (arts. 2, 4 y 6 párrafo 2° ley 24240; art. 1198 párrafo 1° cód. civ.).
Por fin, y una vez más, la falta de acabada colaboración de las demandadas para reunir elementos de convicción en pos de corroborar que la correa se rompió -o al menos que pudo romperse- por un rebaje de 6ª a 3ª, autoriza a presumir que la rotura no se debió a ese imaginario rebaje (arg. art. 53 párrafo 3° ley 24240, arg. a simili arts. 386 y 415 cód. proc. y arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.; cfme. Bersten, Horacio L. “La prueba en la defensa del consumidor”, en diario La Ley del 5/11/2013).
6- Centrémonos ahora en el pretenso vicio de tensión de la correa.
De inicio se nota que es una irregularidad compatible con el informe del laboratorio de Volkswagen Argentina S.A. y con los relatos de sus testigos Miranda y Barba, porque de suyo la tensión -por exceso o por defecto- es un problema ajeno a las propiedades físico-mecánicas de la correa en sí misma.
Según el perito Díaz, es una causa teórica posible de rotura de la correa (punto 1, f. 60; art. 474 cód. proc.). Lo cual no es para nada descabellado, sino antes bien resulta bastante creíble: siendo así es que se explica que en el servicio de inspección de los 30.000 km debe: a- comprobarse el estado y la tensión de la correa dentada para accionamiento del árbol de levas; b- de ser necesario, ajustarse la correa (ver manual 1.1. “Plan de Asistencia Técnica – Garantía”, pág. 21). Si la tensión de la correa no fuera algo relevante, el ítem no estaría incluido como de debida inspección a los 30.000 km (art. 384 cód. proc.).
Pero el perito superó el plano de la mera teoría: encontró un indicio de excesiva tensión en el montaje de la correa.
Efectivamente, dijo: “La verificación del engranaje de impulsión, sobre el cigüeñal y el perteneciente a la bomba de agua registran desgaste excesivo en la cabeza del diente, considerando el reducido kilometraje del motor. El valor medido es de 0,37 milímetros. Circunstancia que indica un probable exceso de tensión aplicado a la correa.” (sic, punto 1, f. 60 vta.; art. 474 cód. proc.).
Voragini S.A. no cuestionó el dictamen. Y Volkswagen Argentina S.A. tampoco puso en tela de juicio ese “desgaste excesivo en la cabeza del diente”, sino que sugirió que ese desgaste pudiera haberse debido no a una excesiva tensión sino en cambio a una floja tensión (punto b, fs. 105 vta./106). Adviértase que, entre el perito y la fabricante, no hay discrepancias ni sobre el hecho del desgaste de la pieza ni sobre una falla de tensión en la causación de ese desgaste: sólo no coinciden en si la falla de tensión fue por exceso -perito- o por defecto -fabricante-. Agrego que el perito desestimó por improbable -no por imposible- que la falla en la tensión pudiera haber sido por defecto -floja tensión- (ver f. 121.II párrafo 4°) y que esta explicación no mereció oportuna observación de las demandadas ante el proveído de f. 122.
Quiere decirse que alguna falla de tensión debe admitirse que hubo (por exceso, según el perito; por defecto, según la fabricante), para poder explicar, desde allí, el “desgaste excesivo en la cabeza del diente” (art. 384 cód. proc.). No se ha tan siquiera postulado, ni menos comprobado, otra causa posible para un “desgaste excesivo en la cabeza del diente” (arts. 34.4 y 375 cód. proc.).
La pregunta es, ¿por qué no fue detectada esa falla de tensión en el servicio de mantenimiento de los 30.000 km, que hizo Voragini S.A.?
Se me ocurren dos explicaciones:
a- si la falla de tensión hubiera sido preexistente al servicio de los 30.000 km, porque el control de tensión no se hizo o no se hizo bien, de modo que entonces la falla pasó desapercibida;
b- si la falla de tensión no hubiera sido preexistente no pudo ser -desde luego- detectada por el servicio de los 30.000 km, sino, peor, debió ser provocada de alguna manera por ese servicio.
En cualquiera de las dos variantes, es patente la mala praxis del taller de la concesionaria, por dejar pasar o crear una falla que bien pudo causar la rotura de la correa y que, a falta de demostración de toda otra causa que también hubiera podido causarla, bien puede creerse que efectivamente la tuvo que causar (art. 40 ley 24240; arg. arts. 512, 519 y sgtes., 901 y 906 cód. civ.).
Y otra vez, la falta de mayor colaboración de las demandadas para reunir elementos de convicción en pos de desdeñar que una falla de tensión de la correa hubiera podido romperla, autoriza a presumir que la rotura se debió a esa falla de tensión, inferible además a partir del referido “desgaste excesivo en la cabeza del diente” hallado por el perito Díaz (arg. art. 53 párrafo 3° ley 24240, arg. a simili arts. 386 y 415 cód. proc. y arts. 163.5 párrafo 2°, 384 y 474 cód. proc.; cfme. Bersten, Horacio L. “La prueba en la defensa del consumidor”, en diario La Ley del 5/11/2013). En todo caso, no puede exigirse probatoriamente demasiado del usuario de un automóvil comprado como 0 km y con poco más de 30.000 km, enfrentado en situación desigual y difícil contra profesionales -concesionario y fabricante- que contaron antes y durante el juicio seguramente con mejores posibilidades para probar lo que hubieran tenido que probar en su propio beneficio: si no lo hicieron convincentemente, ha de ser, entonces, por su sinrazón (ver Peyrano, Jorge W. “La prueba difícil”, en “Problemas y soluciones procesales”, Ed. Juris, Rosario, 2008, pág. 322; art. 384 cód. proc.).
7- Todavía no hay que abandonar el tratamiento de la tensión de la correa comenzado en el considerando 6-, atenta la necesidad de hacerse cargo de ciertas cuestiones y argumentos propuestos por las demandadas.
Es verdad que según el manual 1.1. “Plan de Asistencia Técnica – Garantía” en el servicio de mantenimiento de los 30.000 km debió a- comprobarse el estado y la tensión de la correa dentada para accionamiento del árbol de levas; b- de ser necesario, ajustarse la correa. Pero no es lógico creer que, porque algo debió ser hecho, inexorablemente sí fue hecho o que, si fue hecho, tuvo que ser hecho bien.
Que se hubiera diagnosticado la unidad (según factura aludida a f. 413 in fine) o que no se hubiera cambiado la correa (manual 1.1. “Plan de Asistencia Técnica – Garantía”, pág. 25) no quiere decir que indefectible y puntualmente se la hubiera controlado en su estado o tensión, ni que se la hubiera controlado o en su caso ajustado bien: se la pudo no cambiar y punto, sin ningún control previo ni ninguna otra tarea a su respecto como no fuera “no cambiarla”. Puede creerse que la correa no fue cambiada (es decir, lo que no se hizo con la correa), pero nada dice el manual en la página 25, ni en ningún otro lado, acerca de qué sí se hizo con la correa, ni bien ni mal hecho pero hecho (ver perito Díaz: explicaciones a f. 121 último párrafo y resp. a punto. 4 a fs 258/vta.; agravios a f. 413 vta.): ¿se midió su tensión?, si era baja o alta la tensión, ¿se la ajustó? No lo sabemos, no hay en el manual un rubro “control de tensión” sí o no, o “ajuste de tensión” sí o no; sólo hay “cambio de correa dentada “ sí o no (ver manual referido en pág 25; arts. 34.4 y 375 cód. proc.).
Incluso los sistemas computarizados de diagnóstico pueden fallar o pueden no estar programados para detectar ciertas fallas, o pudieran ser simplemente mal usados (ver agravio a f. 413 vta.). Como sea, Volkswagen S.A. no planteó en primera instancia que el uso de equipos computarizados por Voragini S.A. no hubiera podido dejar pasar una falla en la tensión de la correa, de tal forma que la cuestión va más allá ahora de los límites de la competencia de la alzada (arts. 34.4 y 266 cód. proc.). Aunque a mayor abundamiento no hay evidencia colectada que permita seguridad acerca de que los sistemas computarizados de Voragini S.A. no hubieran podido dejar pasar una falla de tensión o de que se hubieran usado correctamente (arts. 34.4, 375 y 384 cód. proc.).
Hay un déficit marcado en el manual en tanto control de actividades de mantenimiento o inspección, si por un lado en la pág. 21 establece que a los 30.000 km es obligatorio controlar la tensión de la correa y en su caso ajustarla, pero por otro lado en la pág. 25 cuando llega ese control no contiene expresamente ninguna indicación que permita asentar si se hizo o no se hizo. Es cierto que la falta de mención en el manual no implica que no se hubiera controlado la tensión de la correa o que no se la hubiera ajustado (ver agravios a f. 404), pero no lo es menos que la falta de esa mención mucho menos implica que sí se hubiese controlado o ajustado y que, en todo caso, esa falta de mención conspira contra la concesionaria pues mal puede creerse que sí se hizo lo que ella misma no dejó oportuna constancia de haber sido hecho, habiendo dispuesto de toda las chances posibles para dejar esa constancia en algún lado (arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.).
En otro orden de ideas, que la correa del automotor del demandante no hubiera podido ser ajustada por Voragini S.A. por ser autoajustable (agravios, f. 404), no es hecho que se hubiera sometido a la consideración del juzgado, escapando entonces al poder revisor de la cámara (arts. 34.4 y 266 cód. proc.); ni en todo caso es dato que se encuentre avalado por alguna probanza que la concesionaria se hubiera tomado el trabajo de señalar al nada más nudamente expresar ese agravio -señal de que no la hay- (ver f. 404; arts. 375 y 163.5 párrafo 2° cód. proc).
Que al momento del servicio de mantenimiento e inspección de los 30.000 km el coche del demandante hubiera recorrido más de 30.000 km no parece relevante a efectos de definir qué pasó con la correa y su tensión: si Voragini aceptó prestar el servicio, debió chequear el estado y tensión de la correa y en su caso ajustarla adecuadamente (manual 11. “Plan de Asistencia Técnica – Garantía”, pág. 21). ¿O qué si no? ¿Por haber ido “tarde” el usuario podía la concesionaria haberse permitido, con desdén o negligencia, no haber hecho bien lo que tenía que hacer o lo que aceptó hacer? Las opciones de la concesionaria eran: o rehusar la labor -si es que podía, ver cláusulas 5 y 8 de su compromiso con el fabricante, fs. 274 vta./275- o no rehusarla y hacerla bien. Por otro lado, no queda claro cuál era el kilometraje excedido al momento del control de los 30.000: al expresar agravios, la concesionaria dice 31.151 km (f. 404), pero de la pág. 25 del -ya muy referido- manual 1.1., emerge que eran nada más que 30.159 km. En todo caso caso, nótese que hay una tolerancia de 1.000 km (ver el manual 1.1., pág. 18; su fotocopia traída por Voragini S.A. a f. 213), dentro de la cual estaban los 30.159 km apuntados por la concesionaria en la página 25 del manual 1.1. o apenas nada más excedidos en 151 km según la tesitura de los 31.151 km.
8- Volkswagen Argentina S.A. debe asegurar, a los usuarios de los vehículos que fabrica, “un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos” (art. 12 ley 24240).
Y, a tal fin, se ha probado que se vale de sus concesionarios, como Voragini S.A. (puntos 5 y 8 del Reglamento para Concesionarios, fs. 274 vta./275 y fs. 284/285; arts. 384, 385, 394 y 401 cód. proc.).
De modo que, si no presta el servicio técnico directamente la fábrica, debe responder la fábrica por las deficiencias del servicio técnico que presta a través de sus concesionarios a quienes ha confiado el servicio técnico que ella debe legalmente.
De no ser así, podría la fábrica permitirse no cumplir con la obligación que le impone el art. 12 de la ley 24240, delegándola graciosa y gratuitamente en sus concesionarios sin ninguna responsabilidad suya, es decir, podría no cumplir con su obligación ni tampoco responder por el incumplimiento o cumplimiento deficiente del concesionario en quien delegó el cumplimiento de su obligación legal.
Si la causa del daño es el servicio técnico debido por el fabricante aunque prestado por el concesionario, éste no es un tercero por el cual aquél no deba responder, o, lo que es lo mismo, el aporte causa del concesionario no es una causa ajena al fabricante (art. 40 ley 24.240).
Eso así, fuera o dentro del plazo o kilometraje de garantía, en tanto los servicios técnicos legalmente debidos por el fabricante no se agotan dentro del plazo o kilometraje de garantía pretextado como eximente por Volkswagen Argentina S.A. (fs. 109 vta./110 ap. II.II.1 y fs. 414/415 vta.).
Como si eso fuera poco, el propio obrar procesal de Volkswagen Argentina S.A. da pábulo para pensar que ella misma cree que el servicio técnico deficiente prestado por su concesionara es hábil para comprometer su responsabilidad solidaria en el caso, allende que contradictoriamente con palabras pretexte en sentido contrario:
a- primero, así lo dijo claramente al contestar la demanda: “En conclusión, encontrándose excluida la garantía y comprobándose que la rotura de la correa dentada para accionamiento del árbol de levas no se debía a un defecto de fábrica ni a una mala prestación de los services postventa, es que no existe fundamento fáctico ni jurídico alguno que permita atribuir a la Fábrica la pretendida responsabilidad.” (sic, f. 111 vta. anteúltimo párrafo). Ergo, según esa postura, comprobándose que la rotura de la correa sí se debió a una mala prestación del servicio postventa, entonces sí existe fundamento fáctico y jurídico que permite atribuir a la fábrica la pretendida responsabilidad (art. 384 cód. proc.);
b- Si no tuviera que responder el fabricante por la incorrecta prestación del servicio de mantenimiento, no habría sentido la necesidad de agraviarse, de modo principal y no subsidiario o lateral, de las conclusiones del fallo según las cuales hubo efectivamente incorrecta prestación del servicio de mantenimiento. En todo caso, debió agraviarse primero y principal argumentando la falta de responsabilidad suya en tanto derivada del servicio incorrecto del concesionario y, sólo ad eventum para el caso de no tener éxito en esa empresa, recién argüir que de todas formas, aunque se lo quisiera responsabilizar por el servicio incorrecto del concesionario, no hubo tal servicio incorrecto. En el caso, el fabricante colocó en un pie de igualdad y hasta invirtió el orden de los agravios segundo y tercero, cuando, en coherencia con su tesis verbal de la no responsabilidad suya por el deficiente servicio de su concesionaria, debió usar como crítica principal el agravio tercero y sólo ad eventum subsidiariamente el agravio segundo. La forma de articulación de las cuestiones también habla de la postura del apelante, no sólo sus palabras (art. 384 cód. proc.).
9- En demanda fue estimado el perjuicio (todo el perjuicio) en $ 35.000 “o lo que en más o en menos resulte de la prueba, (…) “, lo que significa que $ 35.000 no tiene que ser necesariamente el techo del reclamo o, lo que es lo mismo, que una cantidad mayor no tiene por qué infringir necesariamente la congruencia (fs. 32 vta.).
Y bien, el juzgado, a título resarcitorio y sólo por la reparación del motor, hizo lugar a la reclamación por $ 35.000 (fs. 378/vta.), cubriendo con esa cifra los repuestos ($ 21.330, fs. 10 y 378.3 párrafo 1°), el costo por el diagnóstico y desarme del motor ($ 2.200, f. 27 y 378.3 párrafo 1°) y la mano de obra (f. 378 vta. párrafo 4°).
Nótese que los repuestos fueron presupuestados a valores vigentes al 29/8/2007.
Inflación mediante (hecho notorio de algún modo alegado con chance de réplica -ver fs. 401 párrafo 4° y 418- que no necesita ser probado; ver Carlos, Eduardo B. “La inflación y el derecho procesal”, en rev. Jus, 1965-6 pág. 25 y sgtes.), es dable suponer que los $ 21.330 desde el 29/8/2007 debieron en alguna medida incrementarse, cuanto menos hasta el momento en que el juzgado autorizó la reparación del rodado (f. 163) e incluso más hasta el momento de emitirse la sentencia de primera instancia (art. 384 cód. proc.).
El hecho de que $ 35.000 haya sido el importe estimado en demanda para todos los daños no impedía al juzgado incrementar los $ 21.330 -presupuestados sólo para repuestos- “casualmente” hasta $ 35.000 o incluso hasta una cifra mayor, sea por agregar el obvio costo de la mano de obra (los repuestos no se colocan solos), sea por ponderar el manifiesto impacto de la inflación, ambas circunstancias muy notorias y, por tanto, si exentas de prueba entonces asimilables a las resultantes de la prueba producida en autos (art. 384 cód. proc.).
Si en el momento en que el juzgado autorizó la refacción del rodado (f. 163), o incluso al momento de la sentencia de primera instancia, los repuestos y la mano de obra necesarios en el caso no hubieran llegado a $ 35.000, era carga de las demandadas demostrarlo, máxime que -como lo señala al juzgado a f. 378 vta. párrafo 5°- les habría sido fácil hacerlo por contar con un tarifario oficial (arts. 375 y 384 cód. proc.). Probado el daño y su monto, si los demandados consideran que éste es excesivo, deben probar el exceso (esta cámara, entre otros precedentes, en “Rivarola c/ Piniella”, sent. del 22/6/2000, lib. 29 reg. 138); a fortiori si en el caso las demandadas son virtualmente las “dueñas” de la prueba del exceso atentas las tarifas que pueden imponer al mercado, lo que lleva a suponer que, si no hicieron valer lo que estaba tan fácilmente a su alcance, es porque ciertamente no les convenía, o sea, que las tarifas que cobraban o cobran igualaban (igualan) o superaban (superan) a la indemnización acordada por el juzgado (arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.).
En todo caso, el hecho notorio de la inflación posterior a la sentencia de primera instancia –emitida el 20/11/2013, antes de la fuerte devaluación del peso a comienzos del 2014- es dato computable por la cámara (arts. 272 parte 2ª y 163.6 párrafo 2° cód. proc.), sino para incrementar -incurriendo en reformatio in pejus– cuanto menos para no reducir -en desmedro del más justo posible resarcimiento integral- la indemnización fijada en primera instancia (arts.34.4 y 266 cód. proc.).
10- Queda el recurso del demandante.
10.1. Cuando en demanda pidió resarcimiento por privación de uso, en cumplimiento del art. 330.4 CPCC sólo dijo textualmente: “Con motivo de la rotura mi mandante ha sido privado del uso de su vehículo por el tiempo necesario para su reparación, que estimamos en 60 días. Sin perjuicio de lo que resulte de la prueba en más o en menos, este concepto estimos este daño, equivalente al precio de alquilar un automotor de la misma clase por aquel período, en pesos 5.000.”
El actor prometió prueba sobre la privación de uso, en más o en menos, pero prueba. No cumplió su promesa, ya que probó “en” nada: ni en más, ni en menos, ni “en” $ 5.000 (art. 375 cód. proc.).
Según la máxima de calidad del principio cooperativo de Grice, no se puede afirmar sin disponer de la prueba respectiva para demostrar la afirmación. El demandante no ha exhibido la prueba que debió tener en su poder o al menos en mente al y para afirmar un menoscabo por privación de uso, de $ 5.000 o de más o de menos. La infracción a esa máxima rectora del diálogo -el proceso es dialógico- por implicatura permite creer en la sinrazón del demandante (art. 384 cód. proc.).
Por otro lado, no cabe recién al expresar agravios entrar en distinciones -no hay una privación de uso, sino dos clases de ella, se sostiene novedosamente en el proceso a fs. 400/vta.- que ni remotamente fueron sometidas al conocimiento y decisión del juzgado. Por lo tanto, en todo caso, carece la cámara de atribuciones como para ex novo ingresar en el análisis de cuestiones no planteadas antes en primera instancia (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).
10.2. Si no hay doctrina legal específica aplicable -como lo admite, aunque con prudencia, a f. 401 vta.-, parece discreto aplicar la doctrina legal genérica en la materia indemnizatoria contractual o extracontractual, criterio que conduce a mantener la tasa de interés pasiva escogida -aunque reprochablemente sin fundamento alguno- en primera instancia (arts. 519 y sgtes. y 622 cód. civ.; arts. 34.4 y 279 cód. proc.; SCBA, C 99805 S 11-5-2011, “Páez, Néstor Argentino y otros c/ Bernardello, Paola y otra s/ Daños y perjuicios”, SCBA, C 107898 S 5-10-2011, “Damonti, Miguel Angel c/ Cane, Oscar Obdulio s/ Daños y perjuicios”; cits. en JUBA online).
VOTO QUE NO.
A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:
Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto del juez Sosa.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Fue dicho desde antes (causa 88916, sent. del 13-5-2014, ‘Garriga; Maximiliano c/ Oriani, Leandro Arturo s/ daños y perjuicios’, L. 43, Reg. 21) que no media infracción reglamentaria aun cuando se otorgue una indemnización mayor a la reclamada en la demanda si en ésta quedó librada a lo que, ‘en más o en menos’, resultara de la prueba (fs. 28/vta.; art. 163 inc. 6, C.P.C.). Y que los montos pueden fijarse de acuerdo a los valores vigentes a la fecha de la sentencia. Pues lo contrario, desvirtuaría el principio según el cual se debe al damnificado una indemnización plena e integral, que proviene del artículo 1083 del Código Civil y reposa en el artículo 165 del Cód. Proc., adaptado a las características de la responsabilidad contractual (arts. 519 y 520 del Código Civil; S.C.B.A., C 107003, sent. del 12-3-2014, ‘Primo de Piotrkowski, Georgina y otro c/ Escobedo, Domingo Alberto s/ Daños y perjuicios’, en Juba sumario B21528; Cám. Civ. y Com. 2 sala 3, de La Plata, causa B 77519, sent. del S 22-3-1993, ‘Ciampiccolo, Miguel c/ Ferrari, Juan Carlos s/ Daños y perjuicios’, en Juba sumario B351975; Cám. Civ. y Com. 2, de San Martín, causa 33601, sent. del 20-4-1993,’Mendez, Luis c/ Transp. Villa Ballester S.A. y ots. s/ Daños y Perjuicios’, en Juba sumario B200037; Salas, A. ‘Código…’, t. I pág. 275.5). Sobre todo, cuando ha transcurrido un dilatado lapso, entre el momento en que la acción fue iniciada y la oportunidad en que las indemnizaciones se concretan.
En razón de ello, no parece irrazonable el valor fijado en la sentencia de $ 35.000, partiendo que la cotización de los repuestos fue al 29-8-2007, considerando también el costo de la mano de obra. En todo caso, como sostiene el juez Sosa, si esos gastos no hubieran llegado a aquella cifra en el momento en que el juzgado autorizó la refacción del rodado o al momento de la sentencia de primera instancia, fue carga de los demandados demostrarlo, máxime si les era fácil hacerlo por contar con un tarifario oficial.
Con esta salvedad al punto nueve, adhiero al voto formulado en primer término.
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
Corresponde desestimar las apelaciones de fs. 386, 387 y 388, con costas a sendos apelantes vencidos (art. 68 cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:
Que adhiere al voto que antecede.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar las apelaciones de fs. 386, 387 y 388, con costas a sendos apelantes vencidos, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese según corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.
