Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 46– / Registro: 311

Autos: “PARDO RICARDO JUAN C/ BRISA ROBERTO OSCAR S/ EJECUCION PRENDARIA”

Expte.: -89598-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los treinta días del mes de septiembre de dos mil quince, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “PARDO RICARDO JUAN C/ BRISA ROBERTO OSCAR S/ EJECUCION PRENDARIA” (expte. nro. -89598-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 145, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es procedente la apelación de f. 133 contra la resolución de fs. 130/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1. Con sustento en el contrato de prenda con registro formalizado el 19 de octubre de 2012, que gravaba el automotor Fiat, tipo camión que se identifica, el acreedor prendario Ricardo Juan Pardo, promovió juicio de ejecución prendaria (fs. 5/7vta.).

Luego, antes de concretar la diligencia de mandamiento, manifestó haber tomado conocimiento del robo del bien prendado (fs. 21) e Informó que el camión estaba asegurado en ‘La Perseverancia Seguros S.A.’, requiriendo que se hiciera saber a la aseguradora la existencia del pleito (fs. 23 y 33vta.).

Interín siguió el trámite de la ejecución. El abogado Emilio Alberto Ferrario, como gestor procesal del deudor, opuso excepción de pago parcial, resistida por el acreedor prendario y se dictó sentencia rechazando la defensa y llevando adelante la ejecución (fs. 56/57). Hubo intercambio de cartas documento entre el acreedor prendario y la aseguradora (fs. 64/67). Y un pedido de aquél, para que la aseguradora depositara el monto de la indemnización, haciéndole saber que acreditado el depósito, cancelaría la prenda y levantaría el embargo (fs. 69/vta.).

Al fin, salió esa intimación. La aseguradora respondió haciendo saber -en lo que interesa destacar- que el vehículo estaba asegurado mediante póliza 4812866/3, con un endoso a favor del acreedor prendario; que el asegurado no había cumplido los recaudos previos a la percepción de la indemnización; que la cesión de los derechos a favor del acreedor prendario no lo colocaba en mejor situación que el cedente; que el pago no resultaba exigible por lo dicho (fs. 88).

Salteando otros pasos intermedios, sin dejar de mencionar la intimación al asegurado para que cumpliera con aquellos recaudos que reclamaba la aseguradora, sin éxito (fs. 108, 113/114), se dicta sentencia a fojas 130/vta.

2. El fallo dispuso requerir a la aseguradora depositara en autos los montos indicados a fojas 15.2, hasta la concurrencia de lo que se deba percibir el demandado en razón de la indemnización convenida en la póliza. Y que cumplido con ello se resolverá respecto del modo en que se cumplimentarán las obligaciones emergentes del seguro, en razón de la actitud asumida por el demandado (fs. 130). Fundó la decisión en lo normado en el artículo 84 del decreto ley 17.418/67, que regula el modo de ejercer su privilegio por parte del acreedor prendario. Pero también sostuvo, en sus fundamentos, que los requerimientos de la aseguradora eran de imposible cumplimiento para el acreedor prendario y que ello sumado a la actitud del demandado, motivaron la reticencia al pago por la seguradora en perjuicio del actor.

En su apelación, la compañía alegó: el acreedor prendario goza por lo normado en el artículo 84 del decreto ley 17.418 y de la cesión del derecho al cobro de la indemnización realizada por el asegurado, del derecho a la percepción de ésta siempre en la medida de la cesión, pero no puede reclamar al asegurador el cumplimiento del contrato sino limitarse a invocar su derecho, en la acción seguida por el asegurado; el cesionario ocupa el lugar del cedente, porque la situación del asegurador no puede ser empeorada por el endoso de la póliza, esto no lo impide ejercer las defensas que tenía contra el asegurado; también alude a la vía elegida para exigir el pago de la indemnización y corona diciendo que la resolución no satisface los derechos de la aseguradora y no soluciona las violaciones a los derechos de fondo; en todo caso debió ordenar que los fondos quedaran indisponible (fs. 135/136/vta.).

3. Pues bien, es firme que el siniestro ocurrió y fue aceptado por la aseguradora, pues no medió de su parte rechazo inmediato y enérgico del mismo, en los términos del artículo 56 del decreto ley 17.418/67 (arg. art. 5 de la ley 26.994).

Como es sabido el asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro, pues si no se pronuncia por el rechazo, en función de las previsiones contenidas en los arts. 46, ap. 1) y 47 del decreto ley mencionado,  su omisión importa aceptación en los términos del art. 56 y, en especial, cuando se halla formalizado el contrato de seguro referido al riesgo cuya realización (siniestro) se denuncia y éste es inherente al riesgo objeto del contrato celebrado.

Esto es claro.

Otro punto a esclarecer es que, la póliza fue librada nominativamente, por lo cual no le estaba autorizada la cesión por endoso (arg. art. 13 del decreto ley 17.418/67). Tampoco se distingue en el contenido de la póliza un endoso, al menos con los efectos que éste tiene cuando se trata de documentos emitidos a la orden.

Quizás es apropiado evocar que en la práctica de nuestro país, todos aquellos cambios o modificaciones del contrato de seguro que se insertan en la póliza, se suelen denominar ‘endosos’. Así se lee en el ejemplar que se agregó a fojas 122/126, especialmente a 125, justamente donde aparece aludido el acreedor prendario, la palabra ‘endoso’ y al lado el número 38038/2 (Halperín-Barbato, ‘Seguros’, pág. 376.47). Está indicando pues una modificación pero no una transmisión de derechos.

De todos modos, no debe interpretarse cuanto ha sido dicho, en el sentido que el seguro no es transferible o que lo es sólo en los supuestos de pólizas emitidas al portador o a la orden (arg. art. 13 del decreto ley 17.418767). Al contrario, en materia de seguro de intereses el artículo 82 del mismo decreto ley, admite el cambio de titular del interés asegurable. Pero no se ha indicado ni aparece manifiesto tampoco, que ese cambio se hubiera concretado respecto de la persona del acreedor prendario.

En suma, sucede que no se encuentra ningún dato preciso acerca de que haya mediado una cesión del contrato de seguro a favor del acreedor prendario. En la póliza sólo se menciona la existencia de acreedor prendario, Y esa referencia simple, unilateral, entonces, no observa cómo podría operar como una cesión (eventual) del contrato de seguro o cambio del titular del interés (arg. arts. 1454, 1455, 1456 y concs. del Código Civil; arts. 1615, 1616, 1618 y concs. del Código Civil y Comercial). Acaso esa manifestación del asegurador que la incluyó en el texto del contrato, podrá hacer la veces de notificación de la existencia de la prenda en los términos del artículo 84 del decreto ley citado.

Justamente, es en el procedimiento que se implementa  en esa norma, en donde debe encuadrarse la petición del acreedor prendario de hacer valer el privilegio reconocido por el artículo por el artículo 3 de la ley 12.962. Para lo cual, no es legalmente impuesto recurrir a un juicio sumario por cobro de pesos contra la aseguradora. Sino que bien puede ejercerse dentro del juicio de ejecución prendaria, como se hizo aquí; al menos si no se planteó a su tiempo, por la aseguradora que se presentó en autos postulando lo que hacía a su derecho, la inadmisibilidad del reclamo por esa objeción de forma (fs. 88, 103; arg. art. 170 del Cód. Proc.).

En ese marco, el acreedor prendario  no es deudor de ninguna de las obligaciones o cargas del asegurado. Tanto menos, si en lo que atañe a la cesión de los derechos sobre el automotor siniestrado -en que pone el acento la compañía (fs. 136, 2.3)- es una condición de cumplimiento jurídicamente imposible para quien sólo es titular de un derecho real de prenda sobre el mismo, pero no titular de dominio (arg. arts. 530, 888, 3270 del Código civil; arg. art.344, 399 y  955, del Código Civil y Comercial).

Por ello, frente al privilegio del acreedor prendario que se concreta en una preferencia sobre el dinero en que se convierte la cosa, por expropiación forzada, por venta voluntaria o por el resarcimiento a cargo del asegurador (arg. art. 3 de la ley 12.962), no puede oponerle la aseguradora el cumplimiento de recaudos como los de la cláusula  CG-CO 3.1, claramente concebidos para ser consumados por el asegurado, titular del interés asegurable, que en este caso engloba una relación de dominio de aquel con la cosa asegurada.

Sin perjuicio que la compañía reclame, por la vía que entienda corresponder, el cumplimiento de esas obligaciones asumidas por su asegurado conforme el contrato de seguro; entre ellas la de realizar los trámites administrativos y los que fueran menester, para que se concrete la entrega en propiedad al asegurador que pagó la indemnización, si apareciera.

Por consecuencia, por estos fundamentos y en estos términos, el fallo debe mantenerse y el asegurador depositar la suma como allí se indica, sin otro recaudo que el contemplado en el artículo 84 del decreto ley 17.418/67, que la compañía podrá hacer valer si considera que se da el supuesto contemplado en la segunda parte de esa norma y para que acreedor y deudor diriman luego lo suyo.

El recurso debe desestimarse. Con costas a la recurrente vencida.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 133 contra la resolución de fs. 130/vta., con  costas al apelante vencido (art. 69 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de f. 133 contra la resolución de fs. 130/vta., con  costas al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia 1

Libro: 44– / Registro: 63

Autos: “L., A. M. S/GUARDA CON FINES DE ADOPCION”

Expte.: -89596-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintitrés  días del mes de septiembre de dos mil quince, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “L., A. M. S/GUARDA CON FINES DE ADOPCION” (expte. nro. -89596-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 72, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿se ajusta a derecho la resolución de fs. 50/52 vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- La resolución apelada es nula, al menos sintéticamente por dos motivos convergentes: parcialidad y  prematuridad (art. 3 CCyC; art. 34.4 cód. proc.).

2- Luego de solicitada la guarda con fines de adopción (fs. 31/33 vta.)  y antes de escuchar a la Asesoría de Incapaces,  la juez precozmente dio a entender a fs. 34/vta. que no iba a hacer lugar a esa solicitud; ergo, luego de oído ese ministerio (ver fs. 43/49 vta.), en vez de resolver  la jueza debió excusarse de hacerlo (art. 17.7 cód. proc.).

La jueza a fs. 34/vta. exhibió  predisposición o prejuicio como una inclinación hacia un resultado adverso para la solicitud de fs. 31/33 vta.,  que  no dejó  su mente plenamente abierta al convencimiento posterior en otro sentido. La predisposición es una condición o una disposición mental, una actitud o punto de vista que nubla o tiñe el juicio e incapacita al juez para el ejercicio de sus funciones de manera imparcial en una causa determinada (ver “Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial”,  ONU, Nueva York, 2013, n° 57, en  https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1380121-SPAN_eBook.pdf) .

Como manifestación de esa predisposición destaco, además, la falta de toda respuesta –oídos sordos, lo que equivale a rechazo infundado- de algunos de los esenciales pedidos efectuados por el asesor de incapaces, como  la escucha de la niña inclusive con la participación de determinadas psicólogas y la recepción de declaración de algunas éstas (ver f. 49 III aps. 3 y 4). Con esa actitud injustificadamente precipitada,  no hizo más que permitir,  en la mente de un observador  razonable, la creación de una impresión de falta de imparcialidad (ver  “Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial”,  cit., n° 61). Idem, la falta de  designación y participación de un abogado de y para la niña (ley 14568 y decreto reglamentario n° 62/2015).

Concretamente, entonces, la perceptible manifiesta falta de parcialidad antes de ser emitida la prematura resolución apelada la nulifica, por resultar impropia de un debido proceso, que incluye, entre otras notas, el derecho a la intervención de un juez imparcial que se expida a través de resolución oportuna y razonablemente fundada  (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10;  “Pacto de San José de Costa Rica”, art. 8.1;    Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1;  arts. 3 y  613.3 CCyC; art. 27 ley 26061; art 15 Const.Pcia.Bs.As.;  arts. 34.4 y 253 cód. proc.;  ver de mi autoría “Derecho al debido proceso, ¿qué incluye?, en El Derecho del 13/6/2015).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde:

a- declarar nula la resolución de fs. 50/52 vta.;

b- encomendar la emisión de una nueva resolución por intermedio de juez(a) habilitado(a) con arreglo a lo señalado en el considerando 2-.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a- Declarar nula la resolución de fs. 50/52 vta.;

b- Encomendar la emisión de una nueva resolución por intermedio de juez(a) habilitado(a) con arreglo a lo señalado en el considerando 2-.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC) y al asesor de menores e incapaces en su despacho (art. 135 últ. párr., cód. citado). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial nº 2

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Libro: 46–  / Registro: 310

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Autos: “PAGELLA, MARIO MIGUEL C/ ARGAÑIN, RAUL S/ DIVISION DE CONDOMINIO”

Expte.: -89108-

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TRENQUE LAUQUEN, 25 de septiembre de 2015.

VISTOS Y CONSIDERANDO:  la cuestión en debate y  lo pedido a f. 618, para mejor proveer (art. 36.2. cód. proc.), la Cámara RESUELVE:

a- requerir a ARBA  que informe sobre las circunstancias indicadas a f. 618 puntos 1- y 2-, a cuyo fin se oficiará con los recaudos de los arts. 381, 396 y concs. CPCC;

b- encomendar a cualquiera de las partes la confección, el diligenciamiento y el control sobre la oportuna respuesta del oficio,  advirtiendo que, a  que la falta de impulso adecuado, se reanudará el plazo para resolver sin esa prueba.

c- mantener la suspensión del plazo para resolver  (art. 157 últ. párrafo cód. proc.).

Regístrese. Notifíquese (art. 135.4 cód. proc.). Hecho, sigan los autos según su estado.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 46– / Registro: 308

Autos: “ESTEBAN MIGUEL ANGEL  C/ BARROSO ROBERTO SILVERIO S/INCIDENTE DE REVISION”

Expte.: -89553-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintitrés  días del mes de septiembre de dos mil quince, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “ESTEBAN MIGUEL ANGEL  C/ BARROSO ROBERTO SILVERIO S/INCIDENTE DE REVISION” (expte. nro. -89553-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 142, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  foja 123 contra la resolución de fojas 117/118?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1. Si bien en la llamada ‘fase necesaria de verificación’ al acreedor concursal que procura mutar en concurrente, le basta indicar la causa de su crédito y será el síndico quien en una labor de investigación analice, coteje libros y papeles de comercio (arg. arts. 33 y 275 de la ley 24.522), pues nada más le piden los artículos  32 y 200 de la mencionada norma ni contaría con un espacio para producir más prueba que la documental, en el ámbito de los incidentes de revisión y verificación tardía, indicar la causa equivale a la carga de demostrar la afirmación consiguiente (arg. art. 273 inc. 9, primer párrafo, de la ley 24.522).

En algunos supuestos, la causa surgirá de los propios títulos justificativos acompañados (remitos, facturas); pero en otros no aparecerá en ellos como normalmente sucede en los pagarés o en los cheques.

A partir de esas ideas, toda una corriente jurisprudencial fue acentuando que tratándose de créditos documentados en pagarés o en cheques, no obstante tratarse de títulos abstractos, desconectados de la fuente de su creación o transmisión, el peticionante debía probar la causa. Esta doctrina fue recogida en dos plenarios de la Cámara Nacional de Comercio: uno dictado el 26-12-79, referido a los pagarés (‘Translinea c/ Electrodine’, L.L. t.1980-A pág. 332) y el otro el 19-6-80, atinente a los cheques (‘Difry S.R.L.’, L.L. t. 1980-C pág. 78).

El argumento basilar en torno al cual se consolidó la doctrina, fue que la verificación solicitada en un concurso, no era un juicio de acreedor contra deudor, supuesto en que quedan fuera las defensas causales y cobra todo su vigor la abstracción de los documentos cartulares. Por el contrario, la pretensión de ingreso a la masa pasiva distaba mucho de una ejecución individual.

Como corolario, le fue exigido a quien promovía verificación tardía o promovía revisión, en su caso, probar en razón de qué tenía en su poder al pagaré o el cheque o endosado por el concursado.

2. No obstante, la jurisprudencia -en tanto enfrentada a ciertos supuestos puntuales- comenzó a ingeniarse para no aplicar aquella concepción rigurosamente para todo el universo de casos posibles. Se fueron abriendo brechas en la postura original, dando cabida a situaciones de excepción. Por ejemplo, cuando la aplicación estricta de la exigencia de la prueba de la causa podía conducir a liberar al concursado o fallido de gran parte de los créditos en su contra. Lo que se hizo evidente en tiempos de la operatoria de las llamadas ‘mesas de dinero’ y que tuvo su punto crítico en el fallo de la Cámara Nacional en lo Comercial, sala E, del 22-8-86, en el caso ‘Lajst, Julio V. quiebra s/ incidente de impugnación de crédito por López Yañez, Juan’ (L.L. t. 1986-E pág. 67).

Justamente, en ese precedente el fallido había formado su pasivo en una actividad que, de cara al deudor, se resolvía  en la entrega de cantidades de dinero contra cheques emitidos por aquel, frente a lo cual la cámara formó su convicción acerca de la existencia de una verídica y legítima operación en función de la cual el verificante resultaba tenedor del papel, tomando como base la comprobación de aquella actividad del deudor, partiendo del principio de prueba por escrito que implicaba aquel valor, sumando a todo ello que la observación formulada al crédito se limitaba al formal incumplimiento de la carga probatoria impuesta por la doctrina plenaria referida, sin nada predicar acerca de la posible configuración de un concilio fraudulento, que había constituido el sostén relevante de aquella jurisprudencia.

Siguiendo ese derrotero más dócil, desde el ámbito del pagaré, llegó a decir la Cámara Nacional en lo Comercial, sala D, que la tesis del plenario no había sido exigir una prueba acabada y contundente de la relación fundante del título de crédito, pues requerir esto esterilizaría prácticamente toda pretensión verificatoria de títulos abstractos. Lo querido fue evitar un acuerdo fraudulento entre el presunto acreedor y el concursado o fallido en pos de obtener mayorías complacientes y para ello basta con demostrar una adecuada justificación del crédito (causa ‘M. Mance Grúas S.R.L. s/ concurso preventivo, incidente de revisión por Bello, Angel D, en L.L. del 9-6-87).

Por aquellos años, llegó a postularse: ‘Resulta suficiente título para admitir su verificación….la certificación judicial según la cual consta la sentencia ejecutiva dictada contra el deudor, quien conforme ese instrumento no opuso excepciones, expresando al ser citado que se vio privado de ello en razón de que esas defensas eran de orden causal, pero sin alegar siquiera haber promovido con posterioridad el juicio de conocimiento’ ( Cam. Nac. Com., sala E, ‘Dercarlini’, L.L. del 23-11-88).

En la actualidad sigue teniendo espacio similar postura. Así se ha sostenido: ‘La obligación de probar la causa de la adquisición de los títulos abstractos -cheque o pagaré-, no debe ser entendida como exigiendo una prueba concluyente de negocio jurídico celebrado; imponer ese requisito importaría la directa desestimación de toda insinuación fundada en aquellos instrumentos y por ende, la desnaturalización del régimen cambiario…Tal doctrina, sustancialmente destinada a evitar el “concilium fraudes” entre acreedor y deudor, no exige una prueba acabada y contundente de la susodicha causa; mas sí pide un relato plausible de las circunstancias en que se desarrolló la adquisición del título y el aporte de elementos indiciarios que sustenten la versión de los hechos ’ (Cam. Civ. y Com. de Lomas de Zamora, sent. del  27/08/2009, ‘ Asociación Médica de Lomas de Zamora S.A. s/Concurso preventivo s/ inc. de rev. por Droguería Eko SRL.’. en Juba sumario B3750225).

En el mismo sentido, se indicó: ‘La “ratio legis” de la prueba de la causa de la obligación de los títulos cambiarios en la verificación concursal atiende a la finalidad de evitar el “concilium fraudis” entre el presunto acreedor y el concursado y para ello sólo es menester una adecuada justificación del crédito’ (Cam. Civ. y Com. de Azul, sent. del 06/11/2007, ‘Castellani, José Alejandro s/Incidente de revisión en “Castellani, José Luís’, en Juba sumario B3101406).

Evocándose que: ‘En la actualidad hay prácticamente unanimidad en que la solución expresada en el plenario Translínea S.A. tuvo por finalidad esencial evitar la integración del pasivo con débitos que sólo son consecuencias de un concierto fraudulento con el deudor, por lo que con el transcurrir del tiempo y la dinámica negocial se ha interpretado que no debe exigirse una prueba acabada y contundente de la causa sino una relación plausible de las circunstancias en que se desarrolló la operación y el aporte de elementos indiciarios que sustenten la versión de los hechos y permitan desvirtuar la existencia de conciertos fraudulentos. En definitiva será necesario tener en especial consideración las circunstancias de cada caso, alejándose de soluciones excesivamente rígidas, debiendo valorarse cuidadosamente las pruebas aportadas por las partes’ (Cam. Civ. y Com, de San Nicolás, sent. del 27/02/2007, ‘Trubbo Lilia Delfina s/Concurso preventivo. Incidente de revisión promovido por la concursada al crédito del Sr. Juan Carlos Puchi’, en Juba sumario B857766).

Dentro del cuadrante explorado puede incluirse lo que ha consignado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cuanto a que la exigencia del artículo 32 de la ley 24.522 concierne a la indicación de la causa del crédito, lo que importa la necesidad de que se explique su origen, aportando los elementos de que se disponga, sin crear dificultades probatorias insuperables (S.C.B.A., Ac. 74621, sent. del 13-11-2002, ‘“Iwan, Carlos y otros c/ Botter, Juan Carlos s/ Incidente de verificación”, en Juba sumario B26542; el resaltado no es del original).

3. Pues bien, en el marco de estos principios, la pregunta que se viene en la especie es: ¿qué elementos de los que se brindan, permiten decidir la cuestión de la causa del crédito declarado inadmisible y pendiente de esta revisión?.

(a) por lo pronto, es claro que el incidentista explicó la causa del libramiento de los cheques: mutuos de dinero celebrados verbalmente, con la sola entrega de los valores. Es decir que explicó cual fue la relación fundamental que dio motivo al libramiento de los cheques (fs. 4.II). No puede afirmarse, entonces que nada haya dicho sobre el negocio jurídico que determinó la creación de aquellos (fs. 105/vta., quinto párrafo). No debe olvidarse que probar la causa, en casos como estos, implica demostrar en razón de qué tenía en su poder los cheques librados por el concursado, pero no necesariamente cual era el destino del dinero o el porqué se hacían los préstamos bajo esa modalidad (fs. 117/vta., tercer párrafo).

(b) desde ya que el juicio ejecutivo, por principio, no es elemento de relieve para comprobar la causa de la obligación, ni la adecuada verosilimitud del crédito. Ya se ha  predicado en otra ocasión que la sola promoción de juicios ejecutivos con apoyo en  documentos comerciales abstractos, como pagaré o cheque,  poco o nada aporta en materia de la acreditación de la causa en un incidente de revisión, desde que  en tales procesos justamente está  vedada  la  indagación acerca de la etiología de aquellos valores (arg. arts. 542 inc. 4 del Cód. Proc.). En cambio, podrían ser datos útiles para convencer sobre la legitimidad del título, si en ese proceso el deudor hubiera mostrado una actitud resistente al progreso de los  reclamos.  Porque una actitud de ese cariz podría estar descubriendo un comportamiento incompatible con  un posible  consilius  fraudis, armado con el proyecto de incorporar a la quiebra pasivos irreales. Pero  en  la especie no fue así, como surge de la lectura del expediente que fue agregado por cuenta (fs. 26/28,  y 30/vta.). de los autos ‘Esteban, Miguel Angel c/ Barroso, Roberto Silverio s/ cobro ejecutivo’ ). En este marco, no ayuda a presumir la  verosilimitud de los créditos, que el deudor no haya  impugnado  la firma de los pagaré. Difícilmente un crédito simulado se asiente en documentos con  firmas  falsas. Por  el  contrario,  el  acto  aparente  siempre suele mostrar costados persuasivos. En fin, poco o nada adelanta con que no las impugnara. Quizás  -como fue dicho- la  actitud contraria hubiera sido de mayor provecho; marcaría resistencia y alejaría el concierto. En otro orden, supuesto que la firma fuera falsa y  el deudor no  la  hubiera  desconocido, ello tampoco habla a favor de la verosilimitud del crédito, pues esa actitud bien podría considerarse un síntoma  claro  del designio de inscribir en el pasivo concursal  créditos inexistentes (esta alzada, causa 17601, sent. del 19-11-2010, ‘Tallarico, Walter Pedro s/ incidente de revisión’, L. 41, Reg. 406).

(c) sin embargo, es un dato a tener en cuenta como un síntoma contrario al consilium fraudis, la resistencia del fallido al responder el incidente de revisión, oportunidad en que desplegó profusas negativas, argumento en contra de la acreditación de la causa, ofreciendo prueba al respecto. No es razonable compatible tan firme oposición, con el designio de que finalmente el crédito sea admitido en el pasivo concursal (fs. 25/26 vta.; arg. art. 278 de la ley 24.522; art. 135 inc. 5, segundo párrafo, del Cód. Proc.). Al absolver posiciones, respondió negativamente a todas las que apuntaban a reconocer la etiología de los cheques, más allá de admitir que conocía al incidentista y que los valores habías sido rechazados por falta de fondos suficientes en cuenta (fs. 52 y 53 del juicio ejecutivo, agregado). En las que formuló al ejecutante, ronda también igual designio (fs. 55/56, del mismo expediente).

(d) los testimonios rendidos en este incidente, alientan la versión del sedicente acreedor, en cuanto a que le cambiaba cheques de pago diferido por dinero a Barroso. Sánchez dice que estando en el negocio de Esteban, en la parte de la cocina, ha visto que entraba Barroso con cheques y que aquel le daba dinero en efectivo a cambio de los mismos (fs. 93 vta.). Algo similar dice haber visto Gianoglio (fs. 94/vta.). Y Pinto concuerda con la versión (fs. 95/vta.).

(e) otro elemento computable que suma a la adecuada verosilimitud del crédito,  es el su reducido monto, su incidencia en el pasivo y su repercusión posible en el activo concursales; insignificante, en este caso, para pensar en una connivencia o utilidad a favor del deudor (SCJ de Mendoza, 15/4/02, “Emcomet S.A. en j° 34.119/31.151 Bco. Central de la República Argentina en Emcomet S.A. p/ Inc. Verif. Tardía s/ Cas. ”, Rev. Derecho Privado y Comunitario 2002-3, p. 525 y ss. Jurisprudencia, secc. Concursos). En la especie se trata de un crédito por un capital de $ 16.200, de entre julio y agosto de 2011, intereses hasta el  4 de diciembre de 2012 y gastos, por $ 6.173,73. Total $ 22.373,73 (fs. 4/vta. A, y 5 B a J; fs. 158/161). La composición actualizada y detallada del activo de que da cuenta el síndico en su informe general, resulta que alcanza a la suma de $ 6.400.000. Cuanto al pasivo total, tomando en cuenta los créditos verificados, declarados inadmisibles o no verificados, asciende a $ 149.956,89 (fs. 282/283 del concurso agregado).

(e) asimismo, es de observarse que de los créditos que peticionaron verificación, salvo el del abogado Nelson Raúl Mengoni (por $ 13.301,73), originado en su actuación profesional como patrocinante en juicios ejecutivos contra el concursado (fs. 243/244 del concurso), los restantes -además del incidentista- se sustentaron en cheques librados por Barroso, que no fueron pagados: Carlos Víctor Olivares -fs. 34/37, 169/170vta., 242/244vta., 283 del concurso -; González de Olivares, Amalia Teresa -fs. 41/52vta., 175/178vta., 242/244vta., 283 del concurso-; lo cual denota que la operatoria de obtener préstamos de dinero contra cheques no era extraña al concursado y abarca un período que va desde junio hasta septiembre de 2011. Ninguno de ellos obtuvo verificación (fs. 242/244 vta. del concurso).

(f) en fin, hay que tener en cuenta que la función del síndico es ineludible a la hora de la constatación de la veracidad de los créditos insinuados al pasivo concursal, las amplias facultades de investigación que posee para ese fin lo certifican. Por ello también tiene su parte en la acreditación de la causa de la obligación del crédito impugnado. Acaso explorando registros bancarios, cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo, solicitando al efecto las medidas para las que está facultado, de modo de agotar los medios de investigación idóneos para formarse una opinión cabal y fundada del crédito (arg. arts. 33 y 275 de la ley 24.522). Por manera que si al emitir su dictamen en este incidente, sólo se limitó a la respuesta formal de no haberse indicado la causa de un título abstracto, a señalar que no fueron probados los mutuos verbales o que el incidentista no estaba anotado ante los registros respectivos con la actividad de servicios financieros, sin atender a otras circunstancias computables, pruebas rendidas y elementos que debió colectar para fundar adecuadamente su dictamen, cabe computar esa falta de comprobación del posible carácter ficticio del documento como la ausencia de prueba en contrario a lo que se infiere de los hechos indicadores precedentes.

(g) al final fue decretada la quiebra del concursado por no haber cumplido con el requisito del artículo 45 de la ley 24.522, o sea no acompañço dentro del período de exclusividad, texto de la propuesta con la conformidad de la mayoría absoluta de los acreedores. Cuando contaba con sólo uno verificado. Lo cual denota que la posibilidad de que el crédito en cuestión haya sido ficticio, para crear cierta mayoría complaciente, está totalmente alejada (fs. 323/325/vta.). Por el contrario, el concurso parece haber sido propicio en la licuación del pasivo documentado en cheques, a la postre reducido a la suma de $ 13.302 que el fallido depositó en la cuenta de autos (fs. 381 y vta.).

(h) en fin, tampoco se han encontrado elementos indiciarios que permitan siquiera presumir mala fe en la adquisición de los títulos por el demandante.

Por estos fundamentos, en definitiva, la acreencia en debate debe ser verificada por la suma de $ 16.200, en concepto de capital, y de $ 6.173,73, por intereses hasta el 4 de diciembre de 2012 y gastos. Como quirografario (arg. arts. 32, 33, 36, 37 y concs. de la ley 24.522).

Con costas de ambas instancias al fallido (arg. arts. 69 Cód. Proc., 278 y 287 LCQ), difiriéndose aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 d-ley 8904/77).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde estimar la apelación de foja 123 y verificar como quirografaria la acreencia en debate por la suma de $ 16.200, en concepto de capital, y de $ 6.173,73, por intereses hasta el 4 de diciembre de 2012 y gastos.

Con costas  de ambas instancias al fallido (arg. arts. 69 Cód. Proc.. 278 y 287 LCQ), difiriéndose aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación de foja 123 y verificar como quirografaria la acreencia en debate por la suma de $ 16.200, en concepto de capital, y de $ 6.173,73, por intereses hasta el 4 de diciembre de 2012 y gastos.

Imponer las costas  de ambas instancias al fallido, difiriéndose aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

Libro: 46– / Registro: 307

Autos: “C., M. G. C/ T., G. J. S/ INC.DE AUMENTO DE CUOTA ALIM. Y MOD.DE REG. DE VISITAS”

Expte.: -89601-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintitrés  días del mes de septiembre de dos mil quince, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “C., M. G. C/ T., G. J. S/ INC.DE AUMENTO DE CUOTA ALIM. Y MOD.DE REG. DE VISITAS” (expte. nro. -89601-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 179, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   fundada  la   apelación  de  f. 161 contra la resolución de fs. 156/160 ?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

En este incidente el padre de la niña reclamó la modificación de la cuota alimentaria y la implementación de un régimen de visitas (fs. 4/8 vta.).

La madre, por sí y en representación de su hija, contestó a fs. 28/32 vta., ocasión en la que  a su vez reclamó alimentos provisorios y atrasados.

El juzgado rechazó in limine  los pedidos de alimentos provisorios y atrasados y abrió a prueba respecto de las cuestiones planteadas por el padre (fs. 33/35 vta.).

Sin perjuicio de lo anterior, y respecto de las únicas dos cuestiones en pie (alimentos y visitas) las partes acordaron no una vez, sino dos (ver fs. 46/vta. y 111/vta.).

Así las cosas, y sin perjuicio de las vicisitudes propias de una causa de familia como la presente que reclama una tutela judicial efectiva de acompañamiento, de lo que virtualmente trata hoy el proceso es del cumplimiento de lo acordado, motivo por el cual la gestión procesal de ese cumplimiento puede corresponder al juzgado competente territorialmente en el lugar del nuevo domicilio de la niña sito en la localidad de Martínez de Hoz –partido de Lincoln- (art. 3.1 Convención de los Derechos del Niño; arts. 706.a y 716 cód. civ. y com.; art. 499.2 cód. proc.; art. 61.II. b y c ley 5827), lo que por otro lado resulta indiferente para garantizar el acceso del padre a la justicia si vive en España (ver fs. 111, 112 y 115; art. 15 Const.Pcia.Bs.As.).

VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI    DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde revocar la resolución apelada y disponer la remisión de la causa al Juzgado de Paz de Lincoln para la gestión del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en autos.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Revocar la resolución apelada y disponer la remisión de la causa al Juzgado de Paz de Lincoln para la gestión del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en autos.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

Libro: 46– / Registro: 306

Autos: “CURADORA OFICIAL DE ALIENADOS JAQUELINA MARIELA RODRIGUEZ S/INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS”

Expte.: -88518-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil quince, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “CURADORA OFICIAL DE ALIENADOS JAQUELINA MARIELA RODRIGUEZ S/INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS” (expte. nro. -88518-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 176, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿Es  fundada   la  apelación  de  fs. 162/165 contra la resolución de fs. 154/155?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA   DIJO:

1- Para  poder ejercitar sus derechos (arts. 1 párrafo 2° y  12 incs. 1 y 2, ley 26378),  la persona con padecimiento mental tiene que ser informada de manera adecuada y comprensible según las reglas del consentimiento informado (arts. 7.j  y 10 ley 26657; Principio n° 12 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657; art. 31.d cód. civ. y com.).

La persona con padecimiento mental declarada incapaz, con capacidad restringida o inhabilitada  tiene derecho a recibir el tratamiento más conveniente y que menos restrinja sus derechos (arts. 7.d ley 26657; art. 31 incs. b y f cód. civ. y com.), basado en un plan prescrito individualmente, examinado con el paciente, revisado periódicamente, modificado llegado el caso y aplicado por personal profesional calificado (art. 2 del Principio n° 9 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657);  y, en particular en el marco  de ese tratamiento,  dentro de sus posibilidades el paciente en principio  tiene derecho  a concurrir con su voluntad a la designación de sus acompañantes terapéuticos (arts. 7.e y 7.k  ley 26657) o, cuando menos en última instancia, tiene derecho a ser informado de esa designación (art. 9 del Principio n°11 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657; arts. 31.d y 43 cód. civ. y com.).

Por otro lado, el tratamiento y la evolución del paciente internado deben ser registrados a diario en la historia clínica (art. 15 ley  26657; art. 10 del Principio n°11 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657).

Por fin, la función del curador, en tanto apoyo para que la persona con discapacidad mental pueda ejercitar su capacidad jurídica,  no debe ser  desarrollada en forma abusiva ni arbitraria, de modo que, para evitar los posibles desvíos, deben implementarse salvaguardias adecuadas y efectivas, que  lejos están de excluir  la sujeción a un necesario control judicial  (art. 12 incs. 4 y 5, ley 26378).

2-  Y bien, nomás un solo motivo es suficiente para  mantener la decisión apelada:  la curadora que rinde cuentas,  con los comprobantes referidos a f.  80 sólo ha adverado que dispuso de cierto dinero del causante, pero  no ha demostrado que la acompañante terapéutica que unilateralmente designó hubiera cumplido las prestaciones a su cargo (arts.  654,  651 párrafo 2°, 178 y 375 cód. proc.). Nótese que, como lo señala el asesor de incapaces a f.152,  se ha informado que el causante no recibió la visita de ningún acompañante terapéutico (f. 149), resultando insuficiente la impugnación  consignada en el punto 4- de f. 164 toda vez que la supuesta labor de la asistente terapéutica debió ser asentada en la historia clínica (art. 15 ley  26657; art. 10 del Principio n°11 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657).    Que a la curadora, parte en el incidente de rendición de cuentas,  le conste la tarea de la asistente terapéutica ni remotamente revierte el poder de convicción de la prueba informativa de f. 149, pues ésta tiene visos de objetividad más allá de los límites de la mera subjetividad de la incidentista (art. 384 cód. proc.); con el criterio de la curadora  -repito, parte en este incidente-  si fuera superfluo probar todo lo que “le consta” y porque a ella “le consta”,  coherentemente también debería ser   superflua enteramente la misma rendición de cuentas: si a la funcionaria “le constan” las cuentas,  ¿para qué rendirlas entonces?

En fin, la verificación judicial de la causa de la disposición del dinero de la causante es  indispensable: sin causa demostrada, esa disposición no es objetivamente diferenciable de una  privación arbitraria de  bienes (art. 7 cód. civ. y com. y arts. 499 y 1627 cód. civ.;  arts. 12 incs. 4 y 5 ley  26378).

3- Pongo de relieve, además,  que  tampoco la curadora ha probado que la acompañante terapéutica que unilateralmente designó  constituya personal profesional calificado y debidamente acreditado por autoridad competente  (art. 2 del Principio n° 9 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657; art. 8 ley 26657; arts.  654,  651 párrafo 2°, 178 y 375 cód. proc.).

4-  Los incumplimientos referidos en los considerandos  2- y 3-  sostienen la decisión apelada, pero exhiben mayor relieve en tanto insertos en el contexto del aparente incumplimiento también de los principios y  reglas señalados en el considerando 1- arts.  654,  651 párrafo 2°, 178 y 375 cód. proc.).

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de fs. 162/165 contra la resolución de fs. 154/155.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de fs. 162/165 contra la resolución de fs. 154/155.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 46– / Registro: 305

Autos: “GOROSITO ALICIA NELIDA C/ CALVO LUIS MARIA S/ MEDIDAS PRELIMINARES”

Expte.: -89590-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintitrés  días del mes de septiembre de dos mil quince, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “GOROSITO ALICIA NELIDA C/ CALVO LUIS MARIA S/ MEDIDAS PRELIMINARES” (expte. nro. -89590-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 40, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es procedente la apelación subsidiaria de fs. 33/vta. contra la resolución de f. 19?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

En primer lugar, aclaro que la resolución atacada por la apelación subsidiaria, está fundada. Se comprueba por simple lectura y más allá que los argumentos utilizados hayan sido acertados o desacertados. Por ende, cumple con lo normado en el artículo 34 inc. 4 y 163 inc. 1 del Cód. Proc..

Cuanto a lo demás, cierto es que al pedido de fojas 15/vta., el juzgado proveyó disponiendo el libramiento un mandamiento de constatación del estado de ocupación del inmueble, debiendo el oficial notificador requerir a los eventuales ocupantes, datos filiatorios, identidad, carácter en cuya virtud ocuparan, título o documentos en los cuales sustentara la ocupación.

Y de esta providencia tuvo conocimiento la peticionante, pues si pudo observar aquello que el juzgado no había dispuesto, es obvio que conoció lo que sí había ordenado: el mandamiento con las instrucciones ya enunciadas.

Sin embargo, en el escrito de fojas 18, no aparece una mención clara de que esta medida, si bien no la misma solicitada, no cumplía con la finalidad de que Calvo exteriorizara su postura, permitiéndole de tal modo plantear precisa y acabadamente el reclamo que entendiera adecuado; que fue el fundamento con el cual sostuvo la solicitud de las medidas preliminares (fs. 15.2, parte final). Sólo expresó que no se había proveído sobre las medidas solicitadas.

Pero además, al tiempo de promover la reposición con apelación en subsidio, tampoco hizo referencia alguna a lo que, por entonces, ya habría sido incorporado a la causa. Especialmente  a la presentación de Calvo, a la documentación acompañada (contrato, carta documento y certificado de domicilio emitido por Arba), y al mandamiento diligenciados (fs. 27/32). Y no es razonable pensar que se ignorara la existencia de esas constancias agregadas al expediente, pues obrando con cuidado y buena fe va de suyo que pudo advertir esos actos cumplidos antes y que podían estar proporcionando la información pretendida, aunque por  un recurso sucedáneo.

No obstante, tampoco al fundar la impugnación se dijo que no fueran satisfactorios o que aún algo restara para completar los datos considerados necesarios para entablar la acción.

En definitiva, en ese contexto no se observa un interés fundado en la medida preliminar solicitada, teniendo presente lo ya adquirido en la litis. Por lo que en este sentido, la apelación subsidiaria es inadmisible (arg. arts. 241, 242 y concs. del Cód. Proc.).

Acaso si algo faltara y le fuera necesario conocer al actor, siempre tiene la oportunidad de plantearlo, para completar la información obtenida hasta ahora.

Por estos fundamentos, se desestima la apelación cursada en subsidio.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde desestimar la apelación subsidiaria de fs. 33/vta. contra la resolución de f. 19.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación subsidiaria de fs. 33/vta. contra la resolución de f. 19.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

Libro: 46– / Registro: 304

Autos: “VELAZQUEZ, RAYMUNDO NIEVES S/ SUCESION AB-INTESTATO”

Expte.: -89566-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintidós  días del mes de septiembre de dos mil quince, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “VELAZQUEZ, RAYMUNDO NIEVES S/ SUCESION AB-INTESTATO” (expte. nro. -89566-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 80, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿Es   procedente   la   apelación subsidiaria  de  fs. 68/71 contra la resolución de f. 66?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION SCELZO DIJO:

            1- La acreedora -Ana María Ford- promueve el sucesorio de Raymundo Nieves Velazquez con el objeto de transferir a su favor el automotor que le vendiera el causante (ver fs. 20/21).

Tramitado por aquélla el sucesorio, el a quo -en la resolución recurrida- no hace lugar al pedido de dictado de declaratoria de herederos por no haberse éstos presentado pese a haber sido citados; máxime -sostiene en definitiva- que la ley les otorga a los herederos un plazo de veinte años para aceptar o repudiar la herencia.

En cuanto a la posibilidad de disponer aquí la transferencia del vehículo del causante a nombre de Ford como ella requiere, indica el sentenciante que el cumplimiento de la obligación que persigue no puede dirimirse en el sucesorio, debiendo la acreedora entablar las acciones tendientes a obtener el cumplimiento de la obligación por la vía procesal correspondiente.

Ford plantea revocatoria con apelación en subsidio (v. fs. 68/71).

Alega que debe hacerse efectivo el apercibimiento contenido en la resolución de f. 56 notificada a fs. 59/63, por medio de la cual se citó a los herederos para que en el plazo de 30 días acepten o rechacen la herencia del causante, bajo apercimiento de tenerla por aceptada.

Así, se solicita la revocación del auto de f. 66 y se tenga a los citados por aceptantes habilitando la transmisión del automotor a su favor.

2- En cuanto a la primera cuestión, si bien es cierto que de acuerdo al artículo 3313 del Código Civil (en lo que sigue, CC), el derecho a elegir  entre la aceptación y la renuncia a la herencia se perdía por el transcurso de veinte años desde la apertura del sucesorio -plazo que en el caso no se ha cumplido aún- también es veraz que permitía a través del artículo 3314 que los terceros interesados -en el caso la acreedora Ford- exigiera que el heredero acepte o repudie la herencia.

Ahora bien, en el supuesto que el heredero presuntivo guardara silencio ante la intimación, la ley no establecía cuál sería la consecuencia de tal inactividad; y parte de la doctrina entendía que el heredero quedaba como aceptante, si no había habido manifestación expresa en contra por parte del llamado a suceder ya intimado (conf. Bueres-Highton, “Código…”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1ra. edición, 1ra. reimpresión, 2006, t. 6A, pág. 94).

El nuevo artículo 2289 del Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC) que reemplaza al artículo 3314 del CC, soluciona la problemática de esta norma e impone como consecuencia ante el silencio de los herederos frente a una intimación judicial por parte de cualquier interesado, la de tenerlos por aceptantes.

En otras palabras, ahora la norma del CCyC expresamente resuelve la situación en el sentido pretendido por la apelante (ver. art. 2289 CCyC).

Así las cosas, en este caso puntual, donde a f. 56 se intimó claramente a los herederos a aceptar o repudiar la herencia bajo apercibimiento de tenerlos por aceptantes, y encontrándose éstos debidamente notificados de tal resolución judicial, no aprecio impedimento para -ante su silencio- tenerlos por aceptantes y proceder al dictado de declaratoria de herederos a su favor. Ello ya sea en razón del silencio frente al apercibimiento cursado o en virtud de la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial.

Téngase en cuenta además que ya había sido dicho que “los acreedores y todos los que tengan un derecho subordinado a la aceptación de la herencia pueden ejercer la acción subrogatoria para iniciar la sucesión con la finalidad de aceptarla en nombre de su deudor y obtener de ese modo su inclusión en la declaratoria de herederos…” (conf. fallo cit. por Morello-Sosa-Berizonce “Códigos …”, tomo IX-A, pág. 164).

3. En cuanto al segundo planteo, encaminada la cuestión como lo hizo la recurrente, si bien es cierto que a fs. 51/vta. se le indica a la acreedora que deberá acudir por la vía procesal idónea para obtener la inscripción del vehículo a su nombre, ttampoco advierto obstáculo para que su requerimiento tramite aquí como pedido de legítimo abono (art. 34 inc. 5 aps. “a”‘ y “e” cód. proc).

Esta acción, que ahora ha tenido recepción legislativa en los artículos 2357 y 2358 del CCyC, respondía a una estructuración jurisprudencial, ya que no tiene otro fundamento que la economía procesal y tratar de evitar demoras y gastos emergentes de un juicio que podría llegar a evitarse, cuando todos los interesados están de acuerdo en que la deuda debe pagarse por ser cierta (cfrme. Goyena Copello, Héctor Roberto, “Curso de Procedimiento Sucesorio”, Ed. La Ley, 8va. edición ampliada y actualizada, 2005, pág. 252 ).

El pedido de declaración de legítimo abono, como comúnmente se denomina este paso, no es otra cosa que una solicitud o manifestación de deseo de quien se titula acreedor del causante, formulada dentro del propio juicio sucesorio, en el sentido de que se le reconozca su crédito y se le pague de inmediato (obra y pág. cit.; art. 2357 CCyC).

En el caso, el pedido  estaría orientado al cumplimiento de  la obligación del causante, transmitida a los herederos, de transferir el vehículo a favor de la peticionante.

Merced a lo expuesto, soy de opinión que corresponde revocar el decisorio apelado, teniendo a los herederos por aceptantes y en mérito de ello  proceder -de encontrarse los demás recaudos cumplidos- al dictado de declaratoria de herederos; ello sin perjuicio de la posibilidad indicada en lo que hace al pedido de legítimo abono.

TAL MI VOTO

A LA MISMA CUESTION  LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde estimar la apelación subsidiaria de fs. 68/71 y revocar el decisorio apelado, teniendo a los herederos por aceptantes y en mérito de ello  proceder -de encontrarse los demás recaudos cumplidos- al dictado de declaratoria de herederos.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación subsidiaria de fs. 68/71 y revocar el decisorio apelado, teniendo a los herederos por aceptantes y en mérito de ello  proceder -de encontrarse los demás recaudos cumplidos- al dictado de declaratoria de herederos.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Carlos Tejedor

Libro: 46-  / Registro: 303

Autos: “G., L. F. Y E., R. C. S/ DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA”

Expte.: -89608-

TRENQUE LAUQUEN, 22 de septiembre 2015.

AUTOS Y VISTOS:  el recurso de apelación deducido a fs. 56/vta. contra la regulación de honorarios contenida en  la sentencia de fs. 49/50 (punto IV).

CONSIDERANDO.

El  procedimiento de divorcio  consistió en la presentación conjunta de la demanda (v.fs.  21/23vta.), las audiencias de ley (v.fs. 39 y 43)  y la solicitud de apertura de cuenta (fs. 26).

A fs. 49/50  se dictó sentencia de divorcio  y se regularon honorarios al profesional Garrote,   lo que motivó la  apelación de fs. 56/vta.

Además  -y conforme lo acordado en el escrito inicial- homologó el acuerdo sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas (v.fs.21/23vta. punto V.1-, 2- y 3-).

Entonces a los fines de recompensar la labor llevada a cabo por el letrado patrocinante  corresponde una retribución por el trámite del divorcio y otra por los alimentos, tenencia y régimen de visitas (arts. 16, 9.I.2. y 6. , 39 y concs. de la normativa arancelaria).

Ello por cuanto habiendo acumulación de pretensiones disímiles, corresponde fijar  por separado los estipendios de los letrados, respecto  a la importancia de cada una (arts. 16 y 26 del d-ley 8904/77; v. también Larroza – Taranto “Honorarios de Abogados y Procuradores” Ediciones Jurìdicas 1990 págs. 162/163).

Así:

a- Por el divorcio, a  los fines retributivos, de acuerdo a la labor  contabilizada en el punto a-   cabe una regulación de honorarios  en  los 30 jus fijados como  mínimo legal  para el desarrollo de todo un proceso de divorcio por presentación conjunta (arts. 9.I.2 y 16 del d-ley 8904/77).

Así cabría  fijar los estipendios  del abogado Garrote  por la  labor desarrollada en el juicio de  divorcio por presentación conjunta normado por el art. 215 del anterior código civil    (f. 21/23vta., arts. 9.I.2 y 16  d-ley 8904/77 cits.), en  30  jus  esto es $10950  (1 jus = $365,  según  art. 1 del Ac. 3748/15 de la SCBA).

De esta  manera el recurso deducido por el letrado resulta fundado en este aspecto.

b- La sentencia de fs. 49/50 también  homologó el  acuerdo sobre alimentos,  tenencia y régimen de visitas, pero no se fijaron estipendios por esas pretensiones, de modo que este tribunal no puede  evaluar   el recurso que se refiere a esas cuestiones  sólo  en miras de  lograr el aumento de sus estipendios por el divorcio; en cambio deben remitirse los autos al juzgado de origen a fin de que se estableza la retribución  correspondiente por las cuestiones mencionadas en el  escrito de fs. 56/vta. (punto B)); arts. 34.4.,  34.5.b. y concs.  del cpcc., 9.I.6, 16,   39 y concs. del ordenamiento arancelario local).

De manera que la apelación  en este aspecto resulta prematura.

Por todo ello, la Cámara RESUELVE:

Por el trámite del divorcio:

Estimar el recurso deducido a fs. 56/vta. y elevar los honorarios regulados a favor del abog. Carlos Alberto Garrote, fijándolos en 30 Jus equivalentes a $10.950.

Por los alimentos, tenencia y régimen de visitas:

Encomendar  la regulación de honorarios al juzgado de origen  y desestimar, por prematura, la apelación de fs. 56vta. punto B).

Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 del d-ley 8904/77).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 46– / Registro: 302

Autos: “BLANCO ARMANDO ALBERTO C/ CASTRO SEBASTIAN S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -89574-

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintidós  días del mes de septiembre de dos mil quince, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “BLANCO ARMANDO ALBERTO C/ CASTRO SEBASTIAN S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -89574-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 38, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es procedente la apelación de f. 27 contra la resolución de fs. 20/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

1. Tiene dicho la Suprema Corte, que el vicio de incongruencia asume tres caras distintas, a saber: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne aet iudex citra petita pertium); por extralimitación, cuando otorgue más de lo impetrado por los litigantes (ne aet iudex ultra petita pertium) o por ambas razones, es decir mixta, cuando padezca de los dos efectos a la vez, como cuando el dispositivo sentencial concede algo diferente a lo pretendido (S.C.B.A., L 107414, sent. del  26/09/2012, ‘ S. ,A. R. c/ P. A. S. s/Diferencia indemnización’, en Juba sumario B50518).

Ahora bien, como en nuestro régimen procesal  el artículo 253 da cuenta de la carencia de autonomía funcional -aunque no conceptual- del recurso de nulidad, por regla, de decretarse dicha nulidad por alguno de aquellos tipos de incongruencia de la sentencia, la alzada se encuentra habilitada para resolver sobre el fondo del litigio, al menos si está en condiciones de hacerlo.

No contiene esa norma expresamente tal previsión, a diferencia del artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, se ha venido interpretando, con sustento en el principio de economía procesal por la supresión del recurso de nulidad como medio de impugnación autónomo, así como por la aplicación extensiva del artículo. 273 del Cód. Proc., que, declarada la nulidad de la sentencia recurrida, la alzada debe resolver sobre el fondo del litigio. En este sentido se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el fallo plenario dictado in re “Cruz Gianello e hijos c. Permanente S.R.L.” (sent. de 2-III-1977, LL 1977-B-39; v.. S.C.B.A., C 110634, sent. del  07/08/2013, ‘Chimondeguy, Juan Carlos c/Pucará S.A. s/ Nulidad de Asamblea’, en Juba sumario  B3904014).

Por ello, dentro de esta línea de pensamiento, la Suprema Corte decidió que correspondía declarar la nulidad de oficio de la decisión de la cámara que ordenaba remitir las actuaciones a primera instancia para tratar la cuestión de fondo, porque ese reenvío constituía una afectación directa e inmediata de la garantía del debido proceso legal (art. 18 de la Constitución Nacional) que trasuntaba en la decisión recurrida. Pues, ello significaba la reedición de la decisión definitiva del juicio en una instancia que se encontraba definitivamente superada (S.C.B.A., Ac 79404, sent. del 08/09/2004, ‘Romero, Lidia Beatriz c/ Transporte “La Perlita” S.A. y otra s/ Indemnización de daños y perjuicios’, en Juba sumario B27583).

En definitiva, con incongruencia o sin ella, la alzada debe, en este caso, pronunciarse sobre el fondo. Claro está, siempre atenta a la medida y admisibilidad de los agravios (arg. arts. 260, 261, 272 y concs. del Cód. Proc.).

2. Apegado a estos principios, cabe observar, como paso inicial, que el actor  promovió demanda ejecutiva contra Sebastián Castro por la suma  de $ 33.500, afirmando que ese monto surgía de cuatro pagarés librados a su favor por aquel total. Fundó su derecho en lo normado en el artículo 521 inc. 5 del Cód. Proc. (fs. 8/vta.).

Pero resultó que tales documentos, al no contener el nombre del beneficiario, quedaron privados de la condición jurídica de pagarés y de consiguiente inhábiles para perseguir su cobro contra el librador a través de la acción cambiaria directa que prevén los artículos 60 del decreto ley 5965/63 y 521 inc.5 del Cód. Proc. ( v. art. 1833 del Código Civil y Comercial). Tal fue la defensa central que propuso el ejecutado, frente a lo que el actor postuló con sustento en aquellos documentos propuestos como títulos valores cartulares (arg. arts. 521 inc. 5, 529 primer párrafo, 540, primero a tercer párrafo y concs. del Cód. Proc.).

Esa falta y consiguiente inhabilidad, fue admitida no sólo por el actor  -cuando respondió a la excepción interpuesta por el ejecutado-, sino también por la jueza (fs. 19, tercer párrafo y 20, punto 3).

Sin embargo, en la sentencia, se rechazó la excepción interpuesta recogiendo la pretensión que el ejecutante había incorporado novedosamente al responder la excepción, de considerar que los papeles traídos, inhábiles como pagarés, podrían servir como instrumentos privados si la firma quedara determinada en su autenticidad mediante la pericia caligráfica que dispone realizar. Y esto es lo que para el recurrente significó alterar los términos de la relación procesal, e incurrir en un fallo extra petita,  con grave afectación de su derecho de defensa (fs. 30 ‘in fine’ y vta.). En alguna medida Ruouillón avala este enfoque de quien apela (Rouillón, Adolfo A. N., ‘Código de Comercio comentado y anotado’ t. V pág. 272, tercer párrafo).

Pero no se limitó a señalar sólo eso. Sino que también dijo que, además, se desprendía naturalmente en el presente caso que resultaba corolario natural la falta de legitimación sustancial tanto activa como pasiva, habiendo sido despreciada también por la sentencia ese extremo (fs. 30/vta.).

Esa falta de legitimación activa, había quedado propuesta por el ejecutado cuando, en el escrito en que opuso la excepción de inhabilidad de título frente a los documentos que el actor esgrimía como pagarés, negó ser deudor del ejecutante, y también otras afirmaciones de éste -de algún modo relacionadas-, como que el proceso hubiera estado precedido de reclamo del ‘inhábil ejecutante’, ya sea verbal, telefónico o personal (fs. 16/vta.,2). Habida cuenta que, dentro de aquella excepción, la cual sólo puede fundarse en las formas extrínsecas del título, queda comprendido el supuesto que quien pretenda ejecutarlo no fuera titular del mismo (Morello – Sosa – Berizonce, ‘Códigos…’ t. VI-B pág. 118, I; v. arts.1816 y  1821 inc. d del Código Civil y Comercial).

Y el tema no es menor. Puesto que tener que reparar en tal cuestionamiento, era materia suficiente para no seguir adelante con la ejecución (arg. art. 273 del Cód. Proc.). Ciertamente, si se entendía admisible  trocar en instrumentos privados los pagarés inválidos por no tener designado beneficiario -alteración que el apelante impugnó por incongruente y encontrado a su derecho de defensa- no podía obviarse decir que esa falta también los afectaba, los descalificaba como títulos ejecutivos y -no salvada-  conducía -como fue dicho-  al rechazo de la ejecución, resultara o no auténtica la firma del ejecutado. Toda vez que, como ha predicado la Suprema Corte, no acreditada la legitimación activa, queda carente de sentido analizar la pasiva (S.C.B.A., Ac 43912, sent. del11/06/1991, ‘Fidel, Miguel Angel c/ Arballo de Bersito, Haydée Aracelli s/ Desalojo por res. de comodato’, en Juba sumario  B21538).

En fin,  si -mal que bien- se iban a tomar los pagarés inválidos como instrumentos privados con calidad ejecutiva, era menester asegurarse que reunieran todas las condiciones previstas por el artículo. 518 del Cód. Proc., para quedar dotados de tal condición: en cuanto aquí interesa, la indicación precisa del sujeto activo, además del pasivo y de otros datos (Morello-Sosa-Berizonce, op. cit. t. VI-A pág. 294.E; Palacio Lino E. “Tratado de Derecho Procesal Civil”, t.VII, pág. 31; Bustos Berrondo H. ‘Juicio ejecutivo’ -actualizado por Francisco A Hankovits con la colaboración de Julio C. Hernández- págs. 109.9 y 141 segundo párrafo). Ya que la ausencia de ese elemento integrativo del título -se insiste-, lo hace inhábil; o, lo que es lo mismo, que el reclamo del cobro de ese crédito por esta vía no es admisible.

Y aquí, justamente, venía indeterminado el nombre del acreedor. Aquellos pagarés inválidos devenidos instrumentos privados no designaban quién era el titular. Y esa falta no podía suplirse con la mera invocación de la tenencia  material de los documentos donde constaba la existencia de la deuda pero sin la designación de quien resultaba acreedor, en presencia de la negativa terminante del ejecutado de ser deudor del ejecutante y la ausencia de siquiera una explicación verosímil por parte del actor, que era quien había introducido esa alternativa al responder la excepción, sin que se le concediera siquiera al ejecutado alguna oportunidad de defenderse del distinto encuadre (Gómez Leo, Osvaldo R., ‘Tratado del pagaré cambiario’, págs. 242 y 283.c, primer fallo citado; fs. 16/vta.2.b; arg. arts. 545 y 546 del Cód. Proc.).

Y no se piense que ese requisito faltante podría cubrirse con el recurso de preparar la vía ejecutiva, pues ya desde que el ejecutado se presentó a este juicio, desconoció los documentos con el alcance que lo hizo a fojas 16/vta. 2 (arg. art. 523 del Cód. Proc.).

Como se recuerda en la doctrina, para que un título traiga aparejada ejecución, debe ser suficiente, bastarse a sí mismo, conteniendo todos los elementos que posibiliten el ejercicio de la acción ejecutiva (Morello – Sosa – Berizonce, op. cit. pág. 294). Y en este supuesto, el apelante evoca la falta del que señalara al interponer la excepción (fs. 29/vta. párrafo final; arg. art. 273 del Cód. Proc.).

3. En consonancia con los desarrollos precedentes, la excepción de inhabilidad de título debe prosperar. Ya porque el asiento de la ejecución sean  pagarés sin indicación de beneficiario -tal como lo planteó inicialmente el actor- resultando entonces inválidos como tales o porque,  tornados por libre interpretación en instrumentos privados con calidad ejecutiva, les sigue faltando la designación del titular para poder alcanzar esa condición. Dato que la sentencia no percibió y que el apelante hizo notar en la única oportunidad que tuvo para hacerlo: al apelar de la sentencia que consagró la mutación (art. 273 del Cód. Proc.; arg. art. 18 de la Constitución Nacional).                      Así las cosas, se hace lugar al recurso con costas de ambas instancias al apelado vencido (arg. art. 274 y 556 del Cód. Proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Dejando a salvo lo votado en los autos “Cesari, Mario Hugo c/ Mazzocconi, Ricardo Alberto y otros s/ Daños y perjuicios” (ver sent. del 27-09-2011, L.40 Reg. 37), en este caso particular adhiero a los puntos 2 y 3 del voto que abre el acuerdo.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

En la demanda se expresó que la ejecución se basaba en cuatro pagarés librados a favor del actor –incluso con cita del art. 521.5 cód. proc.-, cuando es dable observar que los documentos de f. 7 no contienen indicación de beneficiario, con lo cual en realidad no son válidos como pagarés (arts. 101 y 102 d.ley 5965/63).

            La demanda no se fundó en que, a falta de indicación de beneficiario, los documentos constituían de todos modos otra clase de título ejecutivo diferente a la de  pagaré, de modo que el ejecutado no pudo defenderse en absoluto en primera instancia respecto de una alegación así (art. 18 CN).

            Por lo tanto, la apelación debe ser acogida y la excepción de inhabilidad de título debe entonces prosperar  a mi ver por una única razón tal y como fue apuntalada en los agravios simplex sigillum veri:   la falta de indicación expresa de beneficiario torna inválidos los invocados pagarés, único aspecto sobre el que pudo defenderse en primera instancia el accionado tal y como había sido articulada la demanda y, por ende, único aspecto sobre el que debió versar la decisión de primera instancia (arts. 34.4 y 253 cód. proc.).

            Así, adhiero de modo parcial pero suficiente al voto emitido en primer término (art. 266 cód. proc.).

            ASI LO VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde estimar la apelación de f. 27 contra la resolución de fs. 20/vta., con costas de ambas instancias al apelado vencido (arg. arts. 274 y 556 Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación de f. 27 contra la resolución de fs. 20/vta., con costas de ambas instancias al apelado vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.