Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Libro: 52– / Registro: 59

Autos: “A., L. A. C/ B., A. A. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”

Expte.: -92221-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Luis Martin Poehls

20310318206@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Renata Lombardo

27278540443@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “A., L. A. C/ B., A. A. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR” (expte. nro. -92221-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 4/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundado el recurso del 4 de diciembre de 2020, contra la resolución del 30 de noviembre del mismo año?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

La ley 12569, en los artículos 3, 4, 6, 6 bis, habla de denuncia y en el artículo 7 impone al juez o jueza interviniente el deber de resolver de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta el tipo de violencia y con el fin de evitar su repetición, las medidas que luego dispone, entre las que se encuentra  la prohibición de acercamiento (art. 7.b de la ley citada).

Es decir, la norma privilegia la urgencia, la necesidad de actuar preventivamente, aún a costa de hacerlo sin toda la información que luego podrá recabar para mantener o no lo dispuesto, variarlo en algún sentido o tomar derechamente otras previsiones (arg. arts. 8, 8 bis y concs de la ley 12569).

Frente a la opción de proveer medidas para comprobar hechos y completar la verosilimitud del derecho alegado, con el riesgo que en el intervalo se concreten acontecimientos que se pudieron evitar, o actuar de inmediato para conjurar que la situación escale, se desprende de la norma que se ha elegido lo segundo.

Esto así, al margen de que se adopten, durante el curso del trámite, lo que se estime propio y adecuado para afinar el conocimiento y ajustar lo dispuesto a la información que se vaya allegando.

En este marco, la prohibición de que trata, antes que una medida arbitraria se presenta como una precautelar. Pues en materia de protección contra la violencia familiar las otras medidas, las que luego de la correspondiente investigación mejor correspondan, serán siempre de índole cautelar (arg. art. 13 ley 12569). Hasta se ha dicho con respecto a la ley 24417 (igual vale para la jurisdicción local): “Vale destacar, una vez más, que el objeto de la ley es la protección familiar y que, por ende, no hay cautelares a dictar, toda vez que el proceso mismo es una cautela. Por ello entendemos que -conceptualmente- es desacertado señalar, como lo hace la ley en el art. 4, que el juez puede adoptar medidas cautelares pues, a diferencia de los restantes procesos de conocimiento, no existe una pretensión principal que deba ser garantizada a través de una cautelar, sino que por el contrario en esos procesos existe una única pretensión: la cautelar. Por tal razón, cuando un juez “ordena la exclusión del autor” (art. 4 inc. a), “prohibe su acceso” (art. 4 inc. b), “ordena el reintegro al domicilio de quien ha debido salir del mismo” (art. 4 inc. c), en realidad lo que está haciendo es atender al único pedido que motivó el inicio del proceso” (Peyrano, Jorge W.  “Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia. Medidas autosatisfactivas”, J.A. 1997-II pág. 934; Sosa, Toribio E. “Medidas pre o subcautelares en materia de violencia familiar”, ejemplar de Rev. La Ley, 25-4-2005; esta cámara sent. del 29/3/2005 en autos “F. M. A. c/  M. E. M. s/  Violencia Familiar. Incidente Recurso Apelación” L. 34. R. 51.).

En todo caso, cabe apreciar que la restricción dispuesta, ha venido auspiciada, de alguna manera, por la licenciada en psicología P. H.,, que -luego de entrevistar a la denunciante-, aconsejó que se tomaran las medidas pertinentes (v. archivo adjunto al registro informático del 5 de diciembre de 2020). Y por lo dictaminado por la asesora de menores designada en esta causa, R. L., (escrito electrónico del 28 de diciembre de 2020).

De todas maneras, se recomienda a la jueza prescribir las medidas necesarias y suficientes para que, aprovechando el espacio que brinda la restricción, ahonde en el conocimiento de la situación a fin de proveer a la superación del trance, evitando la prolongación del impedimento establecido (arg. arts. 8, 8 bis, 9, 11 y concs de la ley 12569). Sin perjuicio de las propuestas por el apelante, que deberán tratarse, en su caso, en la instancia precedente (escrito electrónico del 4 de diciembre de 2020, IV y V; art. 266 cód.proc.).

En suma, el recurso se desestima.

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Con arreglo al resultado obtenido al tratarse la cuestión anterior, corresponde desestimar el recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2020  contra la resolución del 30 de noviembre del mismo año.

VOTO POR LA NEGATIVA         

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar el recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2020  contra la resolución del 30 de noviembre del mismo año.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845) Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó. La jueza Silvia E. Scelzo no participa de la presente por encontrarse en uso de licencia.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:22:42 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:25:43 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:34:37 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 27278540443@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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229700774002630604

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

Libro: 52– / Registro: 58

Autos: “M., M. S. C/ C., J. D. D. Y OTRA S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”

Expte.: -92218-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Leonela Burzio

27358038811@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Gustavo Javier Aguirre

20132871389@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Gustavo Marcelo Montiel

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En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “M., M. S. C/ C., J. D. D. Y OTRA S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS” (expte. nro. -92218-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 8/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 20/10/2020 contra la sentencia del 13/10/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- La sentencia, que utiliza más la descripción y la narración que la argumentación (ver Cucatto, M. y Sosa, T.E. “Actos procesales, tipos textuales y modalidades del lenguaje”, en La Ley 7/11/2019),  parece incurrir en un doble defecto lógico:

a- aumenta la cuota alimentaria oportunamente establecida a cargo del padre de los alimentistas, pero, así aumentada, la carga también respecto de la abuela paterna quien antes del incidente no había sido condenada a pagar cuota alimentaria alguna;

b- aumenta la cuota alimentaria oportunamente establecida a cargo del padre de los alimentistas, pero teniendo en cuenta los supuestos recursos económicos de la abuela paterna.

Ciertamente pueden cargarse alimentos a la abuela, pero no usando como plataforma la cuota a cargo del padre, toda vez que no sólo su situación económica puede ser distinta, sino que también lo es el alcance de sendas obligaciones (art. 541 CCyC vs art. 659 CCyC). Y ciertamente pueden aumentarse los alimentos a cargo del padre, pero no sobre la base de la situación económica de la abuela paterna.

2- En la sentencia apelada se sostiene (ver allí considerando III) que no se han probado mayores gastos de los alimentistas y   que la mayor cantidad de años de los alimentistas es la variable fundamental que se ha modificado desde la homologación del convenio de alimentos el 15/6/2018. Otro factor que se modificó, mencionado al pasar por el juzgado al final del considerando III,  fue la variación del poder adquisitivo de la moneda en clave del hecho notorio de la inflación (art. 384 cód. proc.).

Precisamente, dentro de los límites de la congruencia (ver para eso los términos de la demanda incidental), lo que corresponde es acomodar la antigua cuota convenida en función de la inflación y de la variación de la edad de los alimentistas, como lo ha venido haciendo esta cámara conforme detalladas pautas y lineamientos en numerosos precedentes (“Clérici c/ Bustos” expte. 88959 15/4/2014 lib. 45 reg. 89; “Negre c/ Vallejo” expte. 89111 20/8/2014 lib. 45 reg. 248; “Hekel c/ Islas” expte. 89101 1/10/2014 lib. 45 reg. 293; “Bekerman c/ Rau” expte. 89246 19/11/2014 lib. 45 reg. 382; “Possamai c/ Ruiz” expte. 89420 26/5/2015 lib. 46 reg. 151; e.o.).

Es así que corresponde, claro,  hacer lugar al incidente de aumento de cuota a cargo del padre, aunque defiriendo al juzgado su cuantificación en función de las pautas y lineamientos contenidos en la jurisprudencia recién citada de la cámara (art. 2 CCyC y arg. a simili art. 165 párrafo 1° cód. proc.; art. 8.2.h ?Pacto San José de Costa Rica?).

3- Respecto de la abuela, corresponde dejar sin efecto la sentencia vertida en su contra en este mero incidente de aumento de la cuota convenida oportunamente por el padre, para que la cuota a su cargo pueda volver a establecerse, esta vez sobre la base de parámetros autónomos, no necesariamente los mismos tenidos en cuenta para cuantificar los alimentos a cargo del padre. Podrá accionarse contra ella en nuevo juicio de alimentos, al que podrá válidamente trasladarse la prueba adquirida aquí y en el que incluso podrán determinarse y llegado el caso efectivizarse alimentos provisorios a su cargo  (arts. 544 y 668 CCyC).

4- Imponer costas a los alimentistas significaría responsabilizarlos por los gastos causídicos devengados por la madre representándolos. Y eso sin duda perjudicaría la aptitud satisfactiva de la prestación alimentaria mermándola  con los gastos causídicos, esto es, desvirtuaría  la naturaleza de la prestación alimentaria cuya percepción íntegra se presume necesaria para la  subsistencia de los alimentados. Por eso, bajo las singulares particularidades del caso, no me parece inequitativo cargas las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 párrafo 2° cód. proc.).

ASÍ LO VOTO (el 8/2/2021, art. 58 Código Iberoamericano de Ética Judicial).

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde estimar parcialmente la apelación, en los términos y con el alcance que surge de los considerandos al ser votada la 1ª cuestión, con costas por su orden y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar parcialmente la apelación, en los términos y con el alcance que surge de los considerandos al ser votada la 1ª cuestión, con costas por su orden y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los/as letrados/as intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845) Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1. La jueza Silvia E. Scelzo no participa de la presente por encontrarse en uso de licencia.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:29:40 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:30:28 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:42:37 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20132871389@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27358038811@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

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236100774002630582

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Libro: 52– / Registro: 57

Autos: “VEGA, GERARDO C/ CURTO SERGIO A. S/ INCIDENTE DE REVISION”

Expte.: -88055-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Raúl E. Riccioppo

20220729010@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Francisco P. Villalba

23100765659@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Griselda Elisabet Gayol

27144015881@CCE.NOTIFICACIONES

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En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “VEGA, GERARDO C/ CURTO SERGIO A. S/ INCIDENTE DE REVISION” (expte. nro. -88055-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 11/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación subsidiaria del  28/9/2020 contra la resolución del 24/9/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Hay una cuestión dirimente que, según como se la defina, deja  condicionado el análisis del resto de las cuestiones siguientes. Me refiero a ¿se notificó o no se notificó la resolución del 19/4/2019?.

El juzgado respondió que no y, por eso, no aprobó la liquidación presentada el 23/09/2019 e impugnada por el obligado al pago el 23/10/2019.

Pero resulta que, como lo ha hecho notar el apelante, el obligado al pago se notificó a sí mismo de la resolución del 19/4/2019, en el punto 2- de su escrito del 23/10/2019 (arg. arts. 34.5.d y 149 párrafo 2° cód. proc.). No hay en la resolución apelada, ni en la contestación de los agravios del 8/2/2021, ningún argumento tendiente a persuadir que la notificación de la resolución del 19/4/2019 no se hubiera podido producir para el obligado al pago a través de su expresa mención en el punto 2- del escrito del 23/10/2019  (art. 34.4 cód. proc.).

Removido, así,  el obstáculo que impidió al juzgado abordar todas las demás cuestiones desplazadas en torno a la liquidación presentada el 23/09/2019 e impugnada por el obligado al pago el 23/10/2019, en cualquier caso no habiendo ahora agravios a su respecto (mal podría haberlos si no fueron decididas), corresponde dejar sin efecto la resolución apelada y que el juzgado se expida sobre ellas (art. 8.2.h “Pacto San José de Costa Rica”, arts. 34.4 y 266 cód. proc.; ver Cucatto, M. y Sosa, T.E. “Detección, ordenamiento, omisión y desplazamiento de cuestiones”,  en La Ley 7/1/2016).

VOTO QUE SÍ

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Con el alcance indicado al ser votada la 1ª cuestión, corresponde estimar la apelación subsidiaria del  28/9/2020 contra la resolución del 24/9/2020. Con costas de 2ª instancia por la apelación estimada a cargo de la parte apelada vencida (art. 69 cód. proc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar la apelación subsidiaria del  28/9/2020 contra la resolución del 24/9/2020. Con costas de 2ª instancia por la apelación estimada a cargo de la parte apelada vencida y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los letrados intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845) Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado Civil y Comercial n°1 a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). La jueza Silvia E. Scelzo no participa por encontrarse en uso de licencia.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:26:00 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:28:32 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:39:45 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20220729010@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 23100765659@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Domicilio Electrónico: 27144015881@CCE.NOTIFICACIONES

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233600774002630553

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

Libro: 52– / Registro: 56

Autos: “V., Y. A. Y P., J. E.  C/ B. D. L. P. D. B. A. S/MEDIDAS CAUTELARES (TRABA)”

Expte.: -92250-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Cristian Alejandro Cóceres

20306188519@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Abog. Matías Damián Mitre

20293668591@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “V., Y. A. Y P., J. E.  C/ B. D. L. P. D. B. A. S/MEDIDAS CAUTELARES (TRABA)” (expte. nro. -92250-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 11/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿son fundadas las apelaciones del 20/8/2020 y del 10/11/2020 contra la resolución del 12/8/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- No está en discusión que los requirentes obtuvieron oportunamente del banco un crédito hipotecario de la línea UVA, cuyas cuotas son indexables  (ver escrito del banco del 14/12/2020: ap. HECHOS y ap. 2) Naturaleza jurídica de los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo)  Su nacimiento  Disposiciones del BCRA – Normativa.-).

2- Es hecho notorio la inflación que ha venido azotando al país en los últimos años (art. 384 cód. proc.).

Esa ha sido la razón de ser del art. 4 del decreto 767/2020:

“RELACIÓN ENTRE CUOTA E INGRESO. A partir de la vigencia del presente decreto y hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes comprendidos o aquellas clientas comprendidas en el presente decreto que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de sus ingresos actuales “considerando el/los deudor/es/codeudor/es o la/las deudora/s/codeudora/s y computados en igual forma a lo previsto al momento del otorgamiento de la financiación debiendo contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados o deudoras/codeudoras consideradas en su origen.”

“Las entidades financieras que adopten este tratamiento especial deberán informarlo a sus clientes o clientas y a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.”

Dicho sea de paso, ese decreto ha sido complementado por la Comunicación B 12099/2020 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) del 26/11/2020 y por la Comunicación B 12123/2021 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) del 9/2/2021 (ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ver Vinculos.do?modo =2&id=342554).

3- El tope  del 35% de los ingresos familiares computables, para la cuota del crédito,  ha sido aceptado por los solicitantes en el memorial (ver ap. II párrafo 8°, escrito 4/9/2020), pese a que en el pedido inicial habían abogado por uno del 30%.

Eso significa que la normativa mencionada en el considerando 1- (ni siquiera mencionada por el banco accionado en su asaz extenso escrito del 14/12/2020; ver art. 34.5.d cód. proc., art. 58.1 ley 5177 y arts. 3 y 96 ley 5827) otorga a los solicitantes lo que básicamente han pedido y de lo que no cabe que sean privados (art. 19 Const.Nac.), lo cual de alguna manera no hace más que convertir en fundada la pretensión cautelar (arts. 195 párrafo 2°, 230, 232 y concs. cód. proc.).

Lo anterior es sin perjuicio que quede definir en concreto a cuánto ascienden los ingresos familiares sobre los cuales computar el 35% y eventualmente debatir con amplitud y profundidad todos los demás aspectos de la relación sustancial entre las partes a fin de su razonable readecuación si fuera procedente y eventualmente en la medida que lo fuese (art. 34.4 cód. proc.).

Precisamente, esa diferencia de análisis (superficial aquí; amplio y profundo en proceso posterior) es lo que determina el deber de resolver sobre una pretensión cautelar pese a que su objeto pueda coincidir con el objeto de la pretensión principal. El banco cita la sentencia de la cámara nacional civil en “Camacho Acosta”, pero olvida que, a renglón seguido, la Corte Suprema de la Nación revocó esa sentencia sosteniendo en lo pertinente que “…la alzada no podía desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento, pues en ciertas ocasiones -como ocurre en la medida de no innovar y en la medida cautelar  innovativa existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada,…” (ver considerando 9- de la sentencia de la CSN de fecha 7/8/1997; ver de mi autoría “El activismo procesal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: tutela anticipatoria en el caso ‘Pardo’”, en Revista La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguros  2012-III, 168).

Por fin, atinente a la contracautela, no ha justificado suficientemente el banco por qué el beneficio consumeril tuviera que ser diferenciado del beneficio de litigar sin gastos a los fines de la exención de contracautela (arg. art. 2 CCyC y art. 200.2 cód. proc.), en un contexto dentro del cual ambos beneficios guardan algunas similitudes (ver de mi autoría, junto con B.,, F. “Beneficio de gratuidad al consumidor: comparación con el beneficio de litigar sin gastos civil y comercial y con el beneficio de gratuidad laboral”, en Cuadernos de Doctrina Judicial de la Provincia de La Pampa”, Volumen VII, n° 2, diciembre 2015, pág.221/238). Claro que el banco tiene la chance de alegar y acreditar la solvencia de los peticionantes, para así procurar otra contracautela superior a la -inocua, arg. art. 208 cód. proc.- juratoria dispuesta por el juzgado (art. 53 ley 24240 y art. 201 cód. proc.)

4- En resumen, corresponde:

a- estimar la apelación de V., y P., de fecha 20/8/2020, modificar la resolución apelada y, consecuentemente,  ordenar al Banco de la Provincia de Buenos Aires liquidar las cuotas del mutuo que lo vincula a los actores, en un valor máximo del treinta por ciento (35%) de sus ingresos computables;

b-  desestimar la apelación del Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 10/11/2020;

c- imponer las costas de esta 2ª instancia al Banco de la Provincia de Buenos Aires, vencido (art. 69 cód. proc.);

d- diferir aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde:

a- estimar la apelación de V., y P., de fecha 20/8/2020, modificar la resolución apelada y, consecuentemente,  ordenar al B. d. l. P. d. B. A liquidar las cuotas del mutuo que lo vincula a los actores, en un valor máximo del treinta por ciento (35%) de sus ingresos computables;

b-  desestimar la apelación del B. d. l. P., d B. A. de fecha 10/11/2020;

c- imponer las costas de esta 2ª instancia al B. d. l. P. d. B. A., vencido (art. 69 cód. proc.);

d- diferir aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

a- estimar la apelación de V., y P., de fecha 20/8/2020, modificar la resolución apelada y, consecuentemente,  ordenar al B. d. l. P. d. B. A. liquidar las cuotas del mutuo que lo vincula a los actores, en un valor máximo del treinta por ciento (35%) de sus ingresos computables;

b-  desestimar la apelación del B. d. l. P. d. B. A. de fecha 10/11/2020;

c- imponer las costas de esta 2ª instancia al B. d. l. P. d. B. A., vencido;

d- diferir aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los letrados intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845) Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares. La jueza Silvia E. Scelzo no participa por encontrarse en uso de licencia.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:25:06 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:27:56 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:38:52 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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235300774002630527

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

Libro: 52– / Registro: 55

Autos: “GOROSITO, MALVINA MILAGROS S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (FAMILIA)”

Expte.: -92235-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “GOROSITO, MALVINA MILAGROS S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (FAMILIA)” (expte. nro. -92235-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 8/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es  fundada la apelación del 9/9/2020 contra la regulación de regulación de honorarios del 4/9/2020?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

La resolución de fecha 4/9/2020 reguló los honorarios de la abog. Tejerina por su desempeño como defensora oficial.

Esa regulación motivó el recurso del 9/9/2020  en tanto cuestionó por bajos los honorarios fijados a su favor en dos jus.

En su argumentación -en lo que interesa destacar- detalla una la labor cumplida previamente a la actuación judicial, el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias que tomó, como también las consecuencias jurídicas  a  la que se encontraba expuesta de no cumplir con su función, además cita antecedente de este Tribunal  (art. 57 de la ley 14.967).

Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de la obtención de un beneficio de litigar sin gastos y yendo a la labor desempeñada por la profesional se observa que cumplimentó la primera etapa del incidente y parte de la segunda, pues no sólo presentó la demanda y ofreció la prueba, sino que la produjo, acompañando los testimonios ya rendidos extrajudicialmente por tres testigos, sobre cuya base se otorgó el beneficio (v. sentencia del 4 de septiembre de 2020 (puntos 4 y 5; arg. art. 79, 81 y concs. del Cód. Proc., art. 47.a de la ley 14.967).

En este sentido, se puede observar que luego de eso, sólo restó la notificación cumplimentada por el oficial de justicia, vía WhatsApp. y a continuación la sentencia. Actuando en ese trámite otra profesional, ya que la peticionante fue reemplazada a pedido de la parte (v. audiencia del 13/7/2020, providencia del 15/7/2020, aceptación de la abog. Maranzana, registros informáticos del 12, 21 de agosto y 1 de septiembre de 2020).

En consonancia, para una retribución equilibrada, dentro de una escala de entre 2  y 8  jus,  corresponde asignar a la abog. Tejerina la cantidad de 4 jus (arts. 15,  16  y concs.  ley 14967;  ACS  2341 y 3912  de la Suprema Corte en función del art. 91 de la ley 5827; ver esta cám  sent. de 20/10/2020  92030 “B., M. C. -J., C. H. s/ Beneficio de Litigar sin gastos” L. 51 Reg. 526).

Con ese alcance, corresponde estimar el recurso del 9/9/2020.

TAL MI VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde estimar el recurso del 9/9/2020 y asignar como honorario a la abog. Tejerina la cantidad de 4 jus (arts. 15,  16  y concs.  ley 14967;  ACS  2341 y 3912  de la Suprema Corte en función del art. 91 de la ley 5827).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar stimar al recurso del 9/9/2020 y asignar como honorario a la abog. Tejerina la cantidad de 4 jus.

Regístrese. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Daireaux. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). La jueza Silvia E. Scelzo no participa por encontrarse en uso de licencia.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:24:08 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:27:20 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:37:44 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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236200774002630492

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Libro: 52– / Registro: 54

Libro: 36– / Registro: 14

Autos: “GUERRA HECTOR ANTONIO  C/ ABUD MARCELA ALEJANDRA S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)”

Expte.: -91533-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “GUERRA HECTOR ANTONIO  C/ ABUD MARCELA ALEJANDRA S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)” (expte. nro. -91533-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 11/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿qué honorarios corresponde regular en esta instancia?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

En función del informe de fecha 10/2/2021  y lo dispuesto por el art. 31 de la ley 14.967,  cabe tener en cuenta que la decisión del 4/2/2020 desestimó la apelación articulada por el actor/reconvenido y le impuso las costas (arts. 68 cpcc.,  15 y 26 segunda parte de la ley 14.967).

Así, merituando que los honorarios regulados en el juzgado de origen con fecha 24/11/2020,  correspondientes a la acción de reconvención entablada por la demandada/reconviniente,  llegaron incuestionados a esta instancia,  en virtud del principio de proporcionalidad (esta cám. sent. del 9/12/20, 91679 “S., V. s/  Protección contra la violencia familiar ” L. 51 Reg. 651) es dable aplicar  para el abog. Bigliani  (por su escrito de fecha 27/11/2019) una alícuota del 25% sobre el estipendio fijado en 7,78 jus (arts. 16, 21 y concs. de la ley cit.).

Entonces resultan 1,94 jus para el abog. B. (hon. de prim.inst. -7,78 jus- x 25%; arts. y ley cits.;  arts. 3 y 1255 CCyC.).

TAL MI VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde regular 1,94 jus para el abog. B. por el escrito de fecha 27/11/2019.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Regular 1,94 jus para el abog. B. por el escrito de fecha 27/11/2019.

Regístrese. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1. La jueza Silvia E. Scelzo no participa por encontrarse en uso de licencia. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:23:27 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:26:35 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:36:42 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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236400774002630474

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

Libro: 52– / Registro: 53

Libro: 36– / Registro: 13

Autos: “FERNANDEZ NORA ELISABET  C/ ALONSO MARCOS EDUARDO S/RENDICION DE CUENTAS (TRAM. SUMARIO)”

Expte.: -92237-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “FERNANDEZ NORA ELISABET  C/ ALONSO MARCOS EDUARDO S/RENDICION DE CUENTAS (TRAM. SUMARIO)” (expte. nro. -92237-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 8/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundado el recurso de apelación interpuesto el   5 de noviembre de 2020, contra la resolución del 2 de noviembre del mismo año?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

El apelante, cuestiona la base regulatoria fijada por el juez para la determinación de sus honorarios como mediador prejudicial, porque la sentencia sólo consideró el pasivo equivalente a la suma de $360.000 -que correspondería a una deuda-, y omitió ponderar el activo equivalente a u$s 120.000, que correspondería al valor de dos tractores.

Ahora bien, con relación al proceso de rendición de cuentas, el 13 de septiembre de 2016 las partes acordaron –palabras más, palabras menos-, disolver y liquidar la sociedad Eral Agropecuaria S.H., manifestando que la única deuda que tenía tal sociedad era la que se encontraba en juicio en juicio por ante el Juzgado Civil y Comercial número uno, la cual cancelarían por partes iguales. Como activo de la sociedad se denunciaron dos tractores Ajco Allis 175 y  Massey Ferguson 297 año 2007 con un valor aproximado de u$s 120.000, los dos, que estuvieron de acuerdo en no vender hasta la cancelación de la deuda mencionada, quedando a cargo de M. A., cualquier otro pasivo de la sociedad.

En la misma audiencia, acordaron otros temas: (a) lo relacionado con un proceso sobre medidas cautelares, aparentemente relacionado con un contrato de aparcería rural extinguido y la celebración de uno nuevo con ‘El Principio de Bolívar S.R.L.’; (b) lo concerniente a una acción posesoria, en trámite ante al juzgado en lo civil y comercial número uno, y un juicio de reivindicación que se encontraría en trámite de mediación, el cual se desiste.

Este acuerdo fue homologado el 14 de septiembre de 2016.

En la audiencia del 19 de mayo de 2017, respecto de aquella deuda de Eral Agropecuaria S.H., el demandado ofreció y la actora aceptó, le abonara el cincuenta por ciento -$ 180.000-, que se concilió con Tomas Hnos., lo que se haría efectivo por parte de Alonso el 24 de mayo en el domicilio de F.,. Aclarándose que en cuanto al tractor que le correspondía, se encontraba en un taller de Carlos Casares.

Sobre el final, se dijo: ‘Abonando la suma antes detallada y entregado el tractor (por parte del mecánico) la actora nada más tendrá que reclamar al demandado en virtud del objeto del presente proceso’.

En suma, lo que se desprende de este párrafo es que -más allá de otras cuestiones- son esos dos valores lo que permitieron conciliar el objeto del juicio. Y por tanto, son los valores a tomar como base regulatoria, en los términos del artículo 31 de la ley 13.951 y 31, primer párrafo, del decreto 43 de 2019.

Por un lado, los $ 180.000 correspondiente al cincuenta por ciento de aquella deuda de $ 360.000. Por el otro U$s. 60.000, equivalente al valor de uno de los tractores, considerando que los dos aparecen cotizados en la suma de U$s. 120.000, sin discriminación alguna entre ellos que aliente consignar un costo diferenciado para cada uno. Monto que traducido a pesos según la cotización que utiliza el peticionante -no controvertida- significa la suma de $ 912.000 ($ 1.824.000 dividido dos; v. escrito del 19 de agosto de 2020, 2.a; v. escrito del 7 de septiembre de 2020, 5, tercer párrafo). Total $ 1.092.000.

Claro que sobre esa base no corresponde aplicar la escala que propuso inicialmente el mediador, apoyándose en el decreto 2350 de 2010, que estaba derogado por el decreto 43 de 2019, cuando solicitó la regulación de los honorarios el 19 de agosto de 2020. Sino siguiendo las sumas fijas establecidas por éste último, readecuadas por la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos número 292 de 2020. Tal como lo ha hecho el juez, sin agravios puntuales del apelante, quien se dedicó en su memorial a cuestionar la base regulatoria, dejando firme el pronunciamiento en cuanto a aquel aspecto (arg. art. 5 y 7 del Código Civil y Comercial; arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.; Sosa, Toribio E. ‘Honorarios de abogados ley 14.967’, págs. 28 y 29).

Luego, aplicando la escala contenida en el anexo único de la resolución 292 de 2020 sobre la base del monto de $ 1.092.000,  le corresponde como honorarios la suma de $ 58.559 (cuadro anexo a la resolución citada, correspondiente al artículo 31 e del decreto 43 de 2020).

Como esa cifra es algo más que lo determinado por el juez en  la resolución apelada por el mediador, aunque bastante menos que lo postulado por el recurrente, debe aceptarse que su recurso progresa en esa medida. Y ese progreso parcial, habilita imponer las costas por su orden en esta instancia (arg. art. 68, segunda parte, del Cód. Proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Con arreglo al resultado obtenido al tratarse la cuestión precedente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto, y fijar los honorarios del mediador prejudicial en la suma de $ 58.559, a partir de una base regulatoria de $ 1.092.000. Con  costas en esta instancia en el orden causado (arg. art. 68, segundo párrafo, del Cód. Proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).

ASÍ LO VOTO.        

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto, y fijar los honorarios del mediador prejudicial en la suma de $ 58.559, a partir de una base regulatoria de $ 1.092.000.

Imponer las costas en esta instancia en el orden causado, con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios

Regístrese. Hecho, radíquese electrónicamente y devuélvase el expediente en soporte papel al Juzgado Civil y Comercial n°2, a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20). Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). La jueza Silvia E. Scelzo no participa por encontrarse en uso de licencia.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:21:35 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:24:16 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:33:05 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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229600774002630451

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló

Libro: 52 – / Registro: 52

Libro: 36 – / Registro: 12

Autos: “I., W. A. C/ C., S. A. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”

Expte.: -92010-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “I., W. A. C/ C., S. A. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS” (expte. nro. -92010-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 8/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación del 7/9/2020 contra la resolución del 4/9/2020?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

El abogado  C. M. V., actuó por la parte incidentista solo en la presentación inicial del 15/12/2017 y  la abogada A. M., actuó también por la parte incidentista, pero desde el 30/12/2018. Aquél actuó en el inicio del incidente, ésta en su cierre, ambos por la misma parte.

Siendo entonces aplicable el art. 13 párrafo 1° de la ley 14967, resulta que a M. V., le fueron concedidos 2 Jus, mientras que a M., 4 Jus, o sea, en total, 6 Jus. Un Jus menos que el mínimo de 7 Jus.

Si la pretensión de la apelante es que se le otorgue a ella sola el mínimo del art. 22 de la ley 14967, resulta que: a- ese mínimo le corresponde a ambos letrados de consuno; b- eso así, falta 1 Jus para colmar el mínimo.

Pero ese Jus faltante, ¿corresponde a M. V., o a M.,? Como no hay agravio ninguno que justifique su adjudicación total a la abogada que intervino en el cierre del proceso, en vez de al abogado que participó de su apertura, no me parece inequitativo dispensarlo a ambos en segmentos iguales, esto es, 0,5 Jus a cada uno (arts. 260 y 261 cód. proc.; art. 2 CCyC y arg. a simili art. 16 antepenúltimo párrafo ley 14967; arg. art. 3 CCyC). Claro que, como M. V., no apeló (ver informe del 2/2/2021), su retribución no puede ser de oficio incrementada por la cámara (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

Por eso, la apelación de M., por bajos puede ser acogida, pero no en más de 0,5 Jus (art. 34.4 cód. proc.).

ASÍ LO VOTO (el 9/2/2021, art. 58 Código Iberoamericano de Ética Judicial).

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde estimar parcialmente la apelación de la abogada A. M.,, incrementando consiguientemente sus honorarios a la suma de pesos equivalente a 4,5 Jus.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar parcialmente la apelación de la abogada A., M.,, incrementando consiguientemente sus honorarios a la suma de pesos equivalente a 4,5 Jus.

Regístrese. . Hecho, radíquese y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii  anexo de RC 655/20).  Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). La jueza Silvia E. Scelzo no participa por encontrarse en uso de licencia.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 22/02/2021 11:55:00 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/02/2021 12:08:28 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/02/2021 12:13:55 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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234300774002630166

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

Libro: 52– / Registro: 51

Libro: 36– / Registro: 11

Autos: “CHIGNONI LEONOR ANGELICA C/ MARTINEZ MARIA LEONOR S/ DESALOJO”

Expte.: -90885-

                                                                                               En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “CHIGNONI LEONOR ANGELICA C/ MARTINEZ MARIA LEONOR S/ DESALOJO” (expte. nro. -90885-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 11/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿qué honorarios cabe regular en 2ª instancia?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Han llegado incontrovertidos los honorarios regulados en 1ª instancia (ver 4/12/2020), para fijar los de 2ª instancia (ver informe del 8/2/2021). En tales condiciones, propongo los siguientes honorarios (arts. 16 y 31 ley 14967): abog. G.,, la cantidad de pesos equivalente a 5,78 Jus (hon. 1ª inst. * 30%); y abog. Z.,, la cantidad de pesos equivalente a 3,37 Jus (hon. 1ª inst. * 25%).

ASÍ LO VOTO (el 12/2/2021, art. 58 Código Iberoamericano de Ética Judicial).

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde regular en 2ª instancia los honorarios indicados al ser votada la 1ª cuestión.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Regular en 2ª instancia los honorarios indicados al ser votada la 1ª cuestión.

Regístrese.  Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de General Villegas. Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). La jueza Silvia E. Scelzo no participa por encontrarse en uso de licencia.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 22/02/2021 11:53:50 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/02/2021 12:07:53 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/02/2021 12:12:22 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                             

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Libro: 52– / Registro: 50

Autos: “GOMEZ ALBERTO OSCAR S SUCESION S/CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO)”

Expte.: -92217-

                                                                                               Notificaciones:

Abog. Roberto E. Bigliani

20206480379@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Roberto Fabián Franco

20081030872@CCE.NOTIFICACIONES

Abog. Sebastián Daniel Gobelli

20310734196@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

___________________________________________________________

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial  Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa para  dictar  sentencia  en  los autos “GOMEZ ALBERTO OSCAR S SUCESION S/CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO)” (expte. nro. -92217-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de fecha 4/2/2021, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundada la apelación del 27/7/2020 contra la resolución del 21/7/2020?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Si el acuerdo fue homologado el 17/11/2015 y si el crédito privilegiado del banco concurrente debió ser pagado a los 30 días (ver resolución homologatoria), en la medida en que los concursados se hubieran retrasado deben intereses por mora con causa en la ley, no en el acuerdo preventivo (arts. 706, 886 y 768 CCyC).

Pero esos intereses debidos por la mora en el cumplimiento del acuerdo preventivo tampoco tienen basamento en el mutuo prendario, porque ha sido novado (art. 55 ley 24522).

En suma, intereses van desde la mora, pero no conforme a las tasas pactadas en el novado mutuo prendario. La tasa correspondiente deberá determinarse mediante interlocutoria en la instancia de origen, dejando a salvo el principio de contradicción (arts. 34.5.b y 161 cód. proc.).

2- En su presentación del 7/7/2020, la sindicatura dictaminó que la entidad bancaria actúa como agente de retención del IVA y que según la normativa vigente el 21% corresponde sea aplicado sobre los intereses de los “préstamos”.  El banco acreedor concurrente también funda el IVA en lo “pactado” en la prenda (ver su escrito del 13/7/2020).

Lo cierto es que los intereses no son debidos en virtud del préstamo prendario en el que halló causa la verificación, porque fue novado por el  acuerdo preventivo  (art. 55 ley 24522); antes bien, esos intereses son debidos en virtud del incumplimiento del acuerdo preventivo (ver considerando 1-).

En tales condiciones, no me animo a decir que no se debe el IVA sobre los intereses devengados a raíz del incumplimiento del acuerdo preventivo (art. 375 cód. proc.), pero sí sostengo que aquí no se trata de intereses devengados por ningún préstamo y que entonces aquí  el IVA no se sustenta aduciendo que cuadra sobre los intereses devengados por préstamos o por el mutuo prendario (art. 34.4 cód. proc.).

Sólo podrá adicionarse el IVA sobre los intereses devengados por el incumplimiento del acuerdo en base a una decisión fundada que sea derivación razonada de la normativa vigente y específica, en función de las circunstancias del caso,  previa salvaguarda del principio de bilateralidad (art. 3 CCyC; art. 34.5.b cód. proc.).

3- Intereses van, pero no los pactados. El IVA no se ha dicho en forma definitiva que no corresponda. Por eso, atendiendo al resultado alcanzado en esas cuestiones, no satisfactorio íntegramente para nadie, propongo cargar las costas por su orden (art. 68 párrafo 2° cód. proc.).

ASI LO VOTO

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Por los mismos fundamentos adhiere al voto del juez Sosa (art. 266 del Cód. Proc.).

A LA  SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Con el alcance indicado en los considerados, corresponde estimar parcialmente la apelación del 27/7/2020 contra la resolución del 21/7/2020, con costas por su orden y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31, 36 y 51 ley 14967).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar parcialmente la apelación del 27/7/2020 contra la resolución del 21/7/2020, con costas por su orden y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese. Notifíquese por secretaría mediante el depósito de una copia digital de la sentencia  en los domicilios electrónicos constituidos por los letrados intervinientes, insertos en la parte superior  (art. 11 Anexo Único AC 3845) Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1. La jueza Silvia E. Scelzo no participa por encontrarse en uso de licencia.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 22/02/2021 11:53:05 – SOSA Toribio Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/02/2021 12:07:21 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ

Funcionario Firmante: 22/02/2021 12:11:31 – RIPA María Fernanda – SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico: 20081030872@CCE.NOTIFICACIONES

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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN

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