Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas
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Autos: “RUAX, JORGE ALBERTO C/ CENICERO, SERGIO ROBERTO S/COBRO EJECUTIVO (INFOREC 911)”
Expte.: -94289-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación del 5/6/2024 contra la resolución del 28/5/2024.
CONSIDERANDO:
La resolución del 28/5/2024 que decidió sobre la base regulatoria a tener en cuenta en los presentes autos, fue motivo de apelación mediante los recursos del 5/6/2024, interpuestos por Pablo Alberto Funes, apoderado de la demandada, y por el abogado Federeico Nicoás Leiva, por su propio derecho.
La resolución cuestionada había resuelto: “…I) No hacer lugar al planteo efectuado por las partes en cuento considerar distintas bases regulatorias para los letrados y para la auxiliar de la justicia. II) Hacer lugar al planteo efectuado por la auxiliar de la justicia, teniendo presente la conformidad prestada por todas las partes en cuento al tipo de cambio oficial, ordenando practicar nueva base regulatoria conforme lo expuesto en el considerando III…” (sic).
Los apelante sostienen, concretamente, que debe dejarse sin efecto la resolución apelada, en tanto los interesados han acordado como base para la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, la propuesta oportunamente por éstos; o sea sobre el importe de $ 15.705.900 (pactado en el acuerdo de pago arribado por las partes); que tomando el tipo de cambio a la cotización oficial para compra Banco Nación a la fecha de la sentencia (4/10/2023), da la suma de $ 349,02 por dólar (v. escrito del 19/6/24 y 24/6/24).
Ante esta postura la auxiliar de justicia, perito caligrafío González, se opone argumentando que debe tomarse como base regulatoria el valor del dólar actualizado. Pero también aduce haber hablado con el abogado del demandado, para llegar a un acuerdo, por el escrito presentado por ella el 23/4/2024, al cual dice se arribó luego de un enorme gasto de energía (v. escrito del 3/7/2024).
Ahora bien y en lo que aquí interesa: en autos con fecha 4/10/2023 se dictó sentencia que rechazó las excepciones opuestas de falsedad e inhabilidad de título, y la falta de legitimación pasiva, y mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado Sergio R. Cenicero hiciera al actor Jorge A. Ruax íntegro pago del capital reclamado de U$S 45.000 con más sus intereses conforme por derecho pudiere corresponder (v. sent.).
Posteriormente al momento de determinar el valor económico del juicio, las partes como sus representantes hicieron uso de lo dispuesto por el art. 27.g de la ley 14967 conforme surge de los trámites del 15/4/2024, acordando tomar la cotización del dólar oficial del Banco de la Nación Argentina tipo comprador a la fecha de la sentencia del 4/10/2023, de $ 349, solicitando además que se regulen sus honorarios en el mínimo de la escala a los efectos de los aportes a la Caja de Abogados.
Y habiéndose dado traslado a la Caja de Abogados, como parte interesada, la misma no hizo objeciones al respecto (v. trámite del 23/4/2024).
El 2/5/2024, la perito calígrafo interviniente manifiesta que a los efectos de su retribución se tome la base económica actualizada, lo que merece la réplica de los letrados Funes y Leiva (v. trámites del 2/5/2024 y 6/5/2024).
Sin embargo, posteriomente, con fecha 5/6/2024 la perito González consiente en su totalidad los honorarios abonados por la parte demandada (“1.- Que vengo por el presente a manifestar que he percibido por parte del demandado, la totalidad de los honorarios periciales acordados con el mismo, por el cometido pericial que me cupo en autos, otorgando la presente carta de pago total, consintiendo expresamente la misma por no tener nada más que reclamar.2.- La cual no tiene que hacer ningún tipo de retenciones y/o adiciones que por ley correspondan…”, sic.).
Es más el 6/6/2024 reitera su consentimiento manifestando “….Que encontrándose la resolución de fecha 28/05/2024 en crisis, vengo a aclarar que el convenio de pago de mis honorarios fue celebrado con la demandada tomando como base regulatoria la propuesta por los Dres. Leiva y Funes. Solicitando se tenga presente lo manifestado a fin de evitar mayor dispendio judicial innecesario…” (sic.). Es decir consiente la platafoma económica propuesta anteriormente por los letrados.
Así las cosas, se desprende de estas presentaciones que se pudo alcanzar un acuerdo, al que parece referirse con el escrito del 3/7/2024, en función de lo que se dice en aquellos, respecto de que le habían sido abonados los honorarios pactados con el demandado por la tarea pericial encomendada y llevada a cabo, sin hacer reserva alguna (v. escritos del 5/6/2024 y 6/6/2024 ya citados). Lo cual conlleva, un cambio en la situación que se diera en oportunidad de que efectuara su presentación del 2/5/2024. Hecho que debe ser tomado en cuenta a esta altura (arg.art. 163.6, segundo párrafo, del cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Estimar las apelaciones del 5/6/24 y revocar la resolución impugnada, en cuanto fue motivo de agravios, con costas por su orden, con fundamento en que, la cuestión originaria ya se había neutralizado al momento de resolver los recursos (arg. arts. 68, segundo párrafo, del còd. proc.).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de General Villegas.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:07:23 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:27:24 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:31:22 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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234400774003570740
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “CURUTCHET, JORGE O. Y OTROS C/ BOCCHIO, EDUARDO J. Y OTRA S/ ··ESCRITURACION”
Expte.: CIV2-25318-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 18/6/2024 contra la resolución del 10/6/2024.
CONSIDERANDO
1. La actora pretende que en el marco de este proceso, se autorice al síndico a otorgar la escritura traslativa de dominio de los bienes en cuestión, a los fines de cumplir con la sentencia dictada (escrito 4/6/24).
El juez le responde que como a partir del 12/12/22 la quiebra del demandado pasó a tramitar por ante el juzgado en lo civil y comercial N°1, la petición debía formularse en aquél organismo, poniendo a disposición tanto la presente causa, como el expediente “Matteazzi, Alejandro c/Curutchet, Jorge o. y otros s/ Acción revocatoria concursal”, nro. 29254, el cual según expresa, cuenta con sentencia firme rechazando la demanda.
Ello motiva el descontento del letrado apoderado, quien interpone recurso de apelación, el que fue concedido por el juez, pese a entender que lo resuelto no le causaba gravamen al apelante, en tanto no rechazaba lo peticionado sino que le señalaba donde debía ser requerida la autorización (res. del 24/6/24).
El apelante expresa en el memorial, que el juez ha declinado su competencia siendo quien tiene a su cargo la conclusión de este juicio. A lo que agrega que nada tiene que pedir en la quiebra toda vez que este proceso es ajeno al falencial, ya que se trata de una obligación de hacer del fallido y su esposa no quebrada, y lo pedido debe resolverse en el marco de este litigio
2. En la sentencia de primera instancia de fecha 19/11/1997, condenó a escriturar incluso contra Bocchio pese a su condición de concursado (hoy fallido) en autos ‘Bocchio, Eduardo José s/ Concurso Preventivo’, por reunirse los recaudos del art. 146 de la Ley 24522 (precepto a símili aplicable; art. 171 Const.Pcia.Bs.As.; art. 17 últ. párrafo de la ley 24.522).  Esta sentencia fue confirmada por la mayoría de esta Cámara en el pronunciamiento del 12/5/1998 (ver copia en adjunto al trámite de fecha 15/2/24).
En los autos ‘Matteazzi, Alejandro c/Curutchet, Jorge o. y otros s/ Acción revocatoria concursal´, la demanda fue desestimada en primera instancia y confirmada por esta alzada (ver sentencia de primera instancia del 4/3/20 y de Cámara de fecha 26/8/2020 L. 49 Reg. 51).
Para el apelante, con esas constancias bastaría para que el juez derechamente ordene la escritura que sería suscripta por el síndico, ello en tanto entiende que este proceso es ajeno al proceso falencial, ya que se trata de una obligación de hacer del fallido.
Más no le asiste la razón.
3. Por lo pronto, compulsada por la mev, la causa ‘Bocchio, Eduardo Jósé s/ quiebra’, surge que ha sido clausurada por falta de activo con fecha 20/10/2022. Si bien el fallido ha solicitado la reapertura del procedimiento, ello fue denegado en primera instancia, y apelada la resolución, dejada sin efecto por prematura (v. resolución del 17/2/2023 y sentencia de esta alzada del 11/5/2023). De modo que, hasta el momento, se encuentra pendiente de resolución el pedido de reapertura.
En suma, la quiebra no está concluida, tal que ese estado se alcanza cuando, en las circunstancias del artículo 231 segundo párrafo, de la ley 24.522, el juez lo dispone (arg. art. 230, segundo párrafo, de la misma ley).
Así parece haberlo entendido quien apela, ya que ha solicitado en su escrito del 4/6/2024, se autorice a la sindicatura -órgano de la quiebra- a suscribir la escritura, considerando que el accionado ha sido desapoderado de los bienes por la sentencia que decretó su falencia.
En ese marco, que la obligación de escriturar califique como una obligación de hacer, no es un argumento dirimente en favor de lo que pretende.
Pues las obligaciones de hacer, igualmente están sometidas al concurso o quiebra si son concursales, o sea de causa o titulo anterior a la presentación en concurso o a la declaración de la quiebra. Sin perjuicio que con la modificación introducida por la ley 26.085 al artículo 21 de la ley 24.522, los titulares de esas obligaciones pueden continuar el juicio de conocimiento que hubieran iniciado para obtener su cumplimiento, o acaso iniciarlo, aun después de abierto el concurso o declarada la quiebra, sin que les alcance efecto alguno de suspensión concursal.
En estos casos, la sentencia emitida en estos juicios, en los cuales ha participado necesariamente el síndico, la sentencia favorable constituye ‘título verificatorio en el concurso´.
Lo que no quiere significar que valga como un pronunciamiento verificatorio. Por lo que su cumplimiento debe procurarse a través de la verificación de su crédito, por más que se trate de una obligación de hacer (escrituración) (arts. 21, 32 y 146 de la ley 24.522; v. Rouillón, Adolfo, A.N., ‘Código de comercio…’, La Ley, 2007, t. IV-A pág. 323, 17; C0201 LP 120333 RSD 153/16 S 30/6/2016, ‘Merlano Hugo Evaristo y otra c/ M&K Srl. s/ escrituración’, en Juba, fallo completo).
En este caso, claro que no para obtener la inscripción de un crédito dinerario en el pasivo del concurso, sino para que se sustraiga del activo un bien inmueble y le sea entregado en propiedad al acreedor, quedando de ese modo separado del concurso y de la fortuna que pudieran experimentar otros posibles acreedores concursales (Maffía, O. J., ‘Verificación de créditos’ págs.446 y stes.; esta cámara, causa 16.572, sent. del 15/11/2007, ‘Campodónico, Carlos Oscar s/ incidente de verificación tardía de crédito’ en autos ‘Volonté, Carlos Arturo s/ quiebra’, L, 38, Reg. 403; v. escrito del 9 de abril de 2021, punto III, sexto párrafo); esta Cámara, causa 92631, sent. del 12/10/2021, RR-155-2021).
Entendido que el comprador del inmueble que se encuentra amparado por una sentencia por la que se condenó al vendedor a efectuar la transmisión del dominio, lo que opone a la falencia no es un boleto de compraventa, sino la norma especial que es la sentencia, que puso fin al proceso de conocimiento aludido (doctr. SCBA LP C 114568 S 8/4/2015, ‘Gabriele, Francisco José. Incidente de revisión en autos: “Sánchez, Norman Eloy. Concurso preventivo’, en Juba, fallo completo)
Por ello, corresponde rechazar el recurso articulado.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso de apelación deducido, sin costas por tratarse de una cuestión entre el apelante y el juez.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial nro. 2.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:02:36 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:26:41 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:30:19 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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239800774003570681
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/08/2024 13:30:27 hs. bajo el número RR-610-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado en lo Contencioso Administrativo
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Autos: “ZURRO PABLO JAVIER C/ MILEO PATRICIA SUSANA S/ INCIDENTE DE REDARGUCION DE FALSEDAD”
Expte.: -94164-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: el escrito del 12/8/2024 mediante el cual se desiste en esta instancia de la redargución de falsedad planteada oportunamente, la Cámara RESUELVE:
Tener por desistido a Pablo Javier Zurro del incidente de redargución de falsedad iniciado con fecha 22/9/2023 (arg. art. 305 Cód. Proc.).
Registrese. Notificación automatizada a la parte, con conocimiento de los titulares de los Juzgados de Familia 1 sede Pehuajó y Contencioso Administrativo 1 departamental (arts. 10 y 15 AC 4013 t.o. AC 4039 de la SCBA). Hecho, archívese.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:01:44 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:25:59 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:28:46 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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242600774003568542
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/08/2024 13:29:27 hs. bajo el número RR-609-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial nº1

Autos:“CARGIL SACI C/ FUMIATTI ANDRES PEDRO S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CREDITO”
Expte. -94371-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación de fechas 26/3/24 y 3/4/24 contra la resolución regulatoria del 22/3/24.
CONSIDERANDO.
El síndico Razetto y el abog. Hernández, como abog. del incidentista, cuestionan la resolución regulatoria del 22/3/24, exponiendo en esos actos los motivos de sus agravios (art. 57 de la ley 14967. Se aclara, el primero apeló por bajos sus honorarios, mientas que el segundo estimó elevados los estipendios.
Veamos. Cabe señalar que el artículo 287 de la ley 24.522 -aplicable al caso- remite a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales; y tratándose de un incidente de revisión, con etapas postulatoria y probatoria, debe aplicarse la escala del art. 21 de la ley 14967 en función de lo dispuesto por el art. 36.c ley 14967.
Y en cuanto a la alícuota, la usual consiste en un promedio del 17,5% (que supone cubiertos al menos en medida suficiente los indicadores del art. 16, arg. art. 55 primer párrafo, segunda parte de la ley 14967), sin la reducción dispuesta del art. 47 de la misma ley, tal como se ha decidido en autos “Banco de la Pampa s/ Incidente de verificación de crédito” L. 52 Reg. 180, sent. del 16/4/21 expte. nro. 92342).
En ese lineamiento, hasta la sentencia del 15/3/23 que hizo lugar al incidente, para el abog. Hernández, habiéndose transitado solo la primera etapa del juicio (v. resolución del 26/12/22) ha de reducirse la alícuota principal del 17,5% al 50% sobre la base aprobada, resultando de ello un honorario de 196,78 jus (base -$57.506.922- x 17,5% x 50%= $ 5.031.855,68; 1 jus equivale a $25.571 según AC. 4145 de la SCBA., vigente al momento de la regulación).
De su lado, para el síndico Razetto, el juzgado aplicó el mínimo del 4% fijado por el art. 207 de la ley 10.620, por la tarea llevada acabo por el profesional ( v. 19/8/22); sin embargo, dentro de este marco, parece más adecuado utilizar un promedio entre el mínimo y el máximo de la escala del art. 207 (arg. art. 16 antepenúltimo párrafo y 55 párrafo 1° parte 2ª ley 14967; 175 de la ley 10620; v. 26/4/21 92299 “Palaversich y Cia, SA. c/ Semillas del Oeste SRL s/ Incidente de revisión”, L. 52 Reg. 202).
De lo que resulta un honorario de 157,42 jus (base -$57.506.922- x 7% = $4.025.484,54 (arts. 16 antep. párrafo, 36.c., 55 primer párr. segunda parte de la ley 14.967; 175, 207 de la ley 10.620; 1 jus = $25571 según AC. 4145 de la SCBA vigente al momento de la regulación).
En suma, corresponde estimar parcialmente el recurso del 3/4/24 y fijar los honorarios del abog. Hernandez en la suma de 196,78 jus.
Estimar el recurso del 26/3/24 y fijar los honorarios del síndico Razetto en la suma de 157,42 jus.
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
1. Estimar parcialmente el recurso del 3/4/24 y fijar los honorarios del abog. Hernández en la suma de 196,78 jus.
2. Estimar el recurso del 26/3/24 y fijar los honorarios del síndico Razetto en la suma de 157,42 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/08/2024 08:54:30 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:40:53 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:47:25 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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245600774003568526
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/08/2024 12:47:33 hs. bajo el número RR-608-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 28/08/2024 12:47:41 hs. bajo el número RH-91-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “H. A. L. C/ L. C. L. Y OTRO/A S/ ACCIONES DE IMPUGNACION DE FILIACION”
Expte.: -94828-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 3/7/24 contra la resolución regulatoria del 9/6/24.
CONSIDERANDO.
La representante del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, abogada Scala, cuestiona los honorarios regulados por altos a favor de la Abogada del Niño, L. G., fijados en 80 jus y expone en ese acto los motivos de su agravio (art. 57 de la ley 14967).
Dentro de sus consideraciones, alega que la resolución recurrida no ha consignado las tareas llevadas a cabo por la letrada que llevaron a fijarle la retribución de 80 jus, por lo que debe declararse su nulidad conforme lo dispuesto por el art. 15 incs. b. y c., de la normativa arancelaria vigente, o en su defecto se reduzcan esos honorarios (v. puntos III y IV del escrito del 3/7/24); también manifiesta que, de todos modos, sólo está obligada al pago del 50% de los estipendios pues no se ha notificada acerca de la existencia del otorgamiento de beneficio de litigar sin gastos a favor del menor y solicita se informe a esa delegación, si existe beneficio de litigar sin gastos o se encuentra acreditada la situación de pobreza del menor (conf. art. 16 Conv. entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el COLPROBA de fecha 11/5/2016 y la Circular 6273/16 (Resolución 122/16) del COLPROBA (Reglamento Único de Funcionamiento del Registro de Abogados del Niño; v. escrito citado).
Ahora bien; la regulación recurrida consignó las tareas de la letrada, que llevó a fijar la retribución hoy atacada, a saber: contestación de demanda, contestación de excepción de prescripción, asistencia al momento de las extracciones de muestras para análisis de ADN, confección de cédulas, solicitud y audiencia de escucha de la menor, petición de sentencia, solicitud de oficio al Registro de las Personas (arts. 15.c. y 16 de la ley 14967).
De modo que en este aspecto no le asiste razón a la apelante.
Así, solo cabe revisar si los honorarios fijados a favor de la abog. G. resultan elevados en relación a la tarea efectivamente desempeñada que conducen al avance del proceso que tramitó como sumario (v. providencia 30/12/21; art. 28.b e i. de la ley cit.). Y según se desprende de constancias de la causa, luego de la designación de fecha 7/3/22, s.e. u o. acreditó las siguientes tareas: aceptación del cargo (14/3/22), contestación de demanda y excepción (4/4/22), confección de cédulas y oficios (9/10/23, 2/4/24), solicitó audiencia (15/12/23), solicitó sentencia (26/10/23, 14/2/24, 5/3/24), solicitud de librar oficio (11/5/24), s; arts. 15 y 16 ya cits.), sin que concurriera a la audiencia de escucha del menor conforme surge del acta de fecha 19/12/23 (arts. 15 y 16 ya cits., 384 del cód. proc.).
Con esos antecedentes, con evaluación de la actuación de la letrada y sin desmerecer la labor para la cual fue requerida su intervención, a la vez que se tiene en cuenta que la ley arancelaria en su art. 9.I.1.f. fija un mínimo de 80 jus, y que además debe guardar relación con la retribución de los demás letrados que llevaron adelante el proceso, es de considerarse más adecuado en relación a la labor cumplida por la letrada G. fijar los honorarios en 43 jus (arts. de la ley 14.967; 2 y 1255 del CCy C.).
Por último en lo que refiere al escrito de fecha 12/8/24 de la abog. G., el mismo es inadmisible no solo por cuanto la ley arancelaria local no contempla la sustanciación del recurso contra la regulación de honorarios, sino además porque hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la providencia del 10/7/24 respecto que se informe si media el beneficio de pobreza o el estado en que se encuentra el menor (art. 57 de la ley 14967; art. 34.4. y 34.5.b. del cód. proc.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 3/7/24 y, en consecuencia, fijar los honorarios de la abog. G. en la suma de 43 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 Ac 4013 de la SCBA t.o. por Ac 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.

ARTÍCULO 54.- Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/08/2024 08:53:47 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:39:57 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:46:05 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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241500774003568433
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/08/2024 12:46:14 hs. bajo el número RR-607-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “PASCUAL ARTURO S/ SUCESION AB-INTESTATO”
Expte.: -94722-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 26/4/2024 contra la resolución del 22/4/2024.
CONSIDERANDO.
1- Con fecha 15/3/2024 se presenta el heredero Barceló, mediante letrado apoderado, y solicita se trabe medida cautelar de anotación de litis sobre los lotes rurales que identifica en el punto II, por los motivos que allí expone.
Emite su decisión el juez inicial el 22/4/2024, en que lacónicamente dice: “De conformidad con lo pedido y lo que surge de las constancias de autos, anótese medida de no innovar sobre los inmuebles en cuestión (arts. 196 y 230 CPCC)…”.
Esa resolución motivó la apelación de otra de las herederas, María Agustina Pascual. con patrocinio letrado, quien una vez concedido el recurso en relación el 3/5/2024, trae su memorial el día 8/4/2024, en que -sintéticamente explicado- plantea que en aquélla es:
– incongruente: pues se pidió anotación de litis y se otorgó la más gravosa prohibición de innovar.
– infundada: pues se refiere a “las constancias de autos”, y sólo dice eso, aunque se aclara que de las constancias no surgirían lo requisitos exigibles para otorgar la medida, no se han valorado dichos requisitos, dice..
– dictada por un juez carente de competencia para hacerlo, pues se trata de bienes que no son del sucesorio.
2- Se adelanta que asiste razón a la apelante en cuanto a que la sentencia dictada es incongruente (arts. 34.4 y 163.6 cód. proc.).
Es que del resumen efectuado en el considerando anterior, surge claro que el peticionario pretendía la traba de una medida cautelar de anotación de litis, mientras que el juez inicial otorgó la de prohibición de innovar, lo que la torna, efectivamente, incongruente (arts, citados antes).
Es del caso recordar que según palabras del juez Soria en la causa resuelta por la SCBA, A 74.952, “ARBA c/ Toledo, Alejandra y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, del 14/12/2022 (cuyo texto completo está en el sistema Juba en línea), al dirimir los conflictos según el derecho vigente, el juez califica la realidad fáctica subsumiéndola en la norma que la aprehende, sin sujeción a los argumentos o fundamentos jurídicos invocados por las partes (cita aquí ese magistrado fallos de la Corte Nacional: 322:1100; 324:1590; 324:2946; 326:3050; 333:828; 334:53 y 344:5); pero haciendo hincapié que le está vedado desconocer o cambiar la naturaleza y objeto de la pretensión promovida, o suplir una actuación que, según el principio dispositivo, es arbitrio de quien peticiona ante el poder judicial (vuelve a citar a la CSJN).
En definitiva, la resolución impugnada se ve descalificada por haber alterado el principio de congruencia de los arts. 34.4 y 163.6 del cód. proc., lo que determina su nulidad, que debe ser declarada (art. 253 cód. proc.); y las actuaciones deben remitirse a la instancia inicial para que se dicte nuevo pronunciamiento de acuerdo a la propuesta efectuada por el peticionario.
A la vez que para ello, deberá efectuarse un análisis de los presupuestos fácticos y normativos de la causa, sin acudir sin más y escuetamente “a las constancias de la causa”. Como ya se ha dicho, en seguimiento de la SCBA también-: “…Toda sentencia constituye una unidad lógico jurídica, cuya parte dispositiva no es sino la conclusión final y necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos tenidos en cuenta en su fundamentación” (ver sentencia del 21/12/2021, expte. 92204, RR-352-2021, con cita de la SCBA, B 62459, 4/11/2009, “Coll Azurmendi, Jaime Bernardo c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa”, sumario de sistema juba B4004149). Como se ha señalado, ampliando el anterior concepto: “… No es, pues, sólo el imperio del juez lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, y estos aspectos dependen de las motivaciones que sirven de base a la decisión. Esto indica que toda sentencia debe ser motivada a través de argumentos fácticos y jurídicos que sea la consecuencia lógica de la decisión arribada” (esta cám., expte. 90324, 3/7/2023, RS-47-2023, con cita además de Cám. Civ. y Com. San martín, sala 2, 73867, RSD-147/19, 16/5/2019, “Alonso Alberto Andrés s/ Sucesión Ab Intestato y Testamentaria c/ Angeli Susana Inés s/ Nulidad De Testamento”, también sistema Juba).
Por fin, es dable recordar que, por principio, no es factible de suplir en la alzada el examen que debió hacerse en primera instancia sobre tal pretensión, cuando resulta total la omisión de análisis sobre la cuestión debatida y omitida; de otra manera, esta cámara sustituiría prácticamente a la instancia inicial en el pronunciamiento de capítulos respecto de los cuales aquella nada decidió, privando con ello a los justiciables de la garantía de la doble instancia (v. Morello-Sosa-Berizonce, ‘Códigos…’, t. III, pág. 429, d); CC0000, de Dolores, causa 82318 RSD-173-5 S sent. del 6/5/2005, en Juba sumario B950861; esta cámara: expte. 92553, resolución del 16/9/2021, RR-98-2021; cfrme. esta cám., expte. 93561, 1/7/2024 RR-406-2024).
Por ello, la cámara RESUELVE:
Declarar la nulidad de la resolución del 2274/2024; con radicación de la causa en primera instancia para que se decida de acuerdo a lo expresado en los considerandos; con costas a la parte apelada que se opuso en la contestación de memorial a esa solución (arg. art. 69 cód. proc.), con diferimiento de la resolución sobre honorarios ahora (arts. 31 y 51 ley 14967).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2 y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii anexo de RC 655/20).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/08/2024 08:53:06 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:39:21 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:44:49 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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246000774003568409
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/08/2024 12:44:59 hs. bajo el número RR-606-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux
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Autos: “M., A. S. C/ G., C. A. S/INCIDENTE DE ALIMENTOS”
Expte.: -94771-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: las apelaciones del 23/4/2024 y 16/5/2024 contra las resoluciones del 15/4/2024 y 9/5/2024 respectivamente.
CONSIDERANDO:
1. Recurso 1
El juzgado, frente al incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del demandado, decidió adoptar una serie de medidas tendientes no solo a garantizar el pago de lo adeudado, sino además a generar los cambios necesarios en la conducta del deudor alimentario para evitar nuevos incumplimientos. En cuanto aquí interesa -por haber sido estricto motivo de agravios- el secuestro de la licencia de conducir del alimentante y la prohibición de conducir vehículos hasta tanto se regularice la deuda alimentaria y se garantice y/o afiance el pago de los alimentos futuros.
Frente a ello apeló el demandado el 23/4/2024.
Se agravia en tanto sus ingresos con los cuales abona la cuota alimentaria provienen únicamente de los viajes que realiza como chofer de camión; agrega que resulta irrazonable, absurda y arbitraria la medida que dispuso la prohibición de conducir vehículos por la imposibilidad de trabajar y generar ingresos para poder asumir sus obligaciones.
Solicita se revoque la resolución apelada respecto de las medidas de secuestro de licencia de conducir y prohibición de conducir vehículos (v. memorial del 4/5/2024).
2. Para principiar, el interés procesal es requisito de admisibilidad de toda pretensión y, en materia de recursos, el interés procesal se denomina gravamen; por tanto, el gravamen es requisito de admisibilidad de todo recurso, considerándose que lo hay cuando existe diferencia perjudicial entre lo pedido al órgano jurisdiccional y lo obtenido de éste (v. Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Ed. Perrot, Bs.As., 2da. ed., t.I, pág. 411; y Hitters, Juan Carlos “Técnica de los recursos ordinarios” Ed. LEP, La Plata, 2004, pág. 59 y sgtes. y parágrafo 31 pág. 78). Que además debe ser actual y no hipotético, y es la medida del recurso (cfme. Alsina, H., “Tratado…”, Bs.As., Ediar, 1963, t. IV, p. 210, autores allí cits.; Podetti, R. “Tratado de los recursos”, Bs.As., Ediar, 1969, p. 126; Couture, E. “Fundamentos…”, Bs.As., Depalma, 1973, p. 362; autores cits. por Cám.Nac.Comercial, sala B, 18/3/92, en “Unión Carbide Argentina S.A. c/ El Cobre S.A.” pub. en rev. E.D. del 11/8/92).
En suma, sufre un gravamen el justiciable que recibe un perjuicio de la decisión judicial, esto es cuando ha quedado en una situación más desfavorable de la que tenía con anterioridad al fallo [v. esta cámara, sent. del 12/9/2022 en autos ‘Balbiani, Pablo Miguel s/ Queja por Apelación Denegada’ (expte. 93218), registrada bajo el número RR-602-2022, entre muchos otras].
Tocante a la medida del secuestro de la licencia de conducir y la consecuente prohibición de circular, implica impedirle al progenitor deudor efectuar su trabajo diario, tal como surge del acta de solicitud de designación de defensor oficial, donde manifestó que “… su actividad principal es de chofer …”; y tal como reconoce la actora y lo formula el recurrente, la fuente de ingresos de quien debe pagar los alimentos proviene de su labor como chofer de camión en época de cosecha, por lo que si el deudor no puede trabajar, tampoco va a poder asumir sus obligaciones (art. 15 Const. Pcia. Bs. As.; v. respuesta a pregunta 1, acta en trámite del 26/12/2023).
De tal suerte que, asiste razón al recurrente cuando manifiesta que la medida le significaría incurrir en nuevos incumplimientos por no poder desempeñar su labor y terminarían, en puridad, por frustrar la tutela que la misma orden pretende brindar, impidiendo la consecución de recursos económicos de los que pudiera cobrarse la cuota adeudada y profundizando la situación de carencia que motivara el reclamo. Por lo que, visto así el panorama, se aprecia acertado revocar la medida dispuesta, en atención al especial escenario descripto y los fundamentos valorados (arts. 706 del CCyC; 15 de la Const. Pcial. y 34.4 cód. proc.; cfme. esta cám. en sent. del 5/3/2024 en los autos: “B., L. E. C/ P., J. I. S/Incidente de alimentos” expte.: 94203; RR-120-2024).
Todo ello sin perjuicio de las prerrogativas que asisten, tanto a la reclamante como al juez en tanto director del proceso, para compeler al progenitor a los efectos de aportar la información que se estime pertinente para establecer su caudal económico actual a la luz de estas nuevas circunstancias (arg. art. 710 CCyC).
Siendo así, el recurso ha de prosperar en este tramo, circunscribiendo el éxito del mismo a la revocación del secuestro de la licencia de conducir y la prohibición de circular ordenada por la instancia de origen el 15/4/2024.
3. Recurso 2
El juzgado estableció en concepto de alimentos provisorios la suma de $ 435.498,39 mensuales que el demandado C.A.G., deberá abonar en efectivo en favor de sus descendientes D.I.G., y Y.A.G..
Para así decidir, tomó en cuenta los mismos parámetros establecidos en la resolución del 29/11/2023, tales como el costo informado por el INDEC, de la Canasta Básica Total por adulto equivalente -en adelante CBT- (v. resolución del 9/5/2024).
Frente a ello, se presentó el accionado y, articuló apelación respecto de la cuota provisoria fijada, y centró sus agravios en que la resolución en crisis es arbitraria y exorbitante, dado que -a su entender- fue fijada sin evidencia probatoria que permita conocer con claridad sus ingresos, ya que -dice- no existe una sola constancia de autos que genere indicios o certezas sobre dicho caudal económico; además de pedir que se fije que la mitad de la cuota provisoria sea establecida en cabeza de la madre atento la igualdad que entre ambos progenitores existe de pagarla. Agrega que el monto fijado supera el Indice de precios al consumidor.
Solicita se revoque el monto de actualización en concepto de alimentos provisorios y se lo fije en $217.800 (v. escrito del 16/5/2024).
3.1. En el ámbito de los agravios traídos en el memorial del 16/5/2024, los que establecen el campo revisor de esta alzada (art. 272 cód. proc.), lo primero que surge es que prima facie ha quedado establecido que los alimentistas residen con la progenitora (v. pto. I del escrito de demanda del 6/11/2023), y el demandado -en oportunidad de ejercer su derecho de defensa- negó dicha circunstancia pero sin que hasta ahora se vea justificado lo contrario, pues a esta altura no se ha acompañando alguna prueba que avalen sus alegaciones respecto a con quien viven sus descendientes (arg. arts. 375 y 384 cód. proc.).
Por lo demás, es dable recordar que si bien es cierto, de acuerdo al art. 658 del CCyC ambos progenitores se encuentran obligados al pago de la cuota, también lo es que según el art. 660 del mismo código, las tareas de cuidado personal tienen u costo económico, y por el art. 666 del código citado, aún cuando se trate de un régimen de cuidado compartido, cuando los ingresos no son equivalentes, quien cuente con mayores ingresos se encontrará obligado en mayor medida.
Lo que evidencia que si bien como regla general ambos progenitores se encuentran obligados, existen circunstancias que permiten efectuar excepciones totales o parciales a dicha regla, lo que dependerá de cada proceso; y cierto es que esta altura de esta causa no pueden ser evaluadas dichas circunstancias (v. traslado contesta del 15/3/2024).
En el mismo camino, al expresar agravios, tal como se señalara, el demandado alega que no puede hacer frente a la cuota fijada.
En principio, es de verse que no cuestiona el derecho alimentario, ni argumenta cómo es que el monto de la cuota no se ajuste a las necesidades de los alimentistas; pero tampoco ha probado -al menos hasta ahora- que no pueda afrontar la cuota provisoria fijada, sobre todo en la medida que se encuentra a su cargo traer las pautas sobre cuáles serían sus ingresos por ser quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo (art. 710 CCyC); es decir, como postula que sus ingresos serían insuficientes para pagar la cuota provisoria, y se queja que no existe prueba sobre sus propios ingresos, el agravio debe ser descartado por cuanto si pretende que ése sea parámetro para reducirla, era él el encargado de traer los elementos probatorios para poder establecerlo.
Es de memorar que el artículo 710 del Código Civil y Comercial impone la carga de la prueba, en los procesos de familia -que, desde luego, incluye el asunto aquí debatido- sobre quien está en mejores condiciones de probar; y en el caso no puede ser otro que el propio demandado, quien -a tenor del principio de buena fe procesal- tenía la carga (y a su vez la chance) de informar diligentemente sobre su situación patrimonial.
Por manera que, sin poder meritar cuáles serían sus ingresos actuales, se considera prudente confirmar la resolución apelada del 9/5/2024 que -en atención a las constancias y eventos valorados- fija la cuota alimentaria de la niña D.I de 11 años y de Y.A de 17 años en el importe señalado por la CBT para la edad de los alimentistas (art. 34.4 cód. proc.).
Máxime que los valores adoptados por el juzgado lo han sido conforme alguno de los parámetros usuales ponderados para fijar cuotas provisorias debidas por los padres a sus hijos, cual es la Canasta Básica Total (por ejemplo, esta cám., expte. 94203, sent. del 5/3/2024, RR-120-2024, entre otras; art. 34.4 cód. proc.).
Esto así, sin perjuicio de tratarse de una cuota provisoria, y de lo que pueda resultar al tiempo de tener que graduarse la cuota definitiva, apreciando la prueba que se haya rendido finalmente en el proceso o incluso la que pudiera colectarse mediante alguna medida de mejor proveer si se considerara necesaria a fin de resolver la cuestión (arg. arts. 646.a, 658, 659, 706, proemio, a. y c., 710 y concs. del CCyC, art. 36.2 y arg. arts. 384 y concs. del cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
1) Estimar la apelación del 23/4/2024 y, en consecuencia, revocar la resolución del 15/4/2024 en cuanto al secuestro de la licencia de conducir y la prohibición de circular.
2) Desestimar la apelación del 16/5/2024 contra la resolución del 9/5/2024.
3) Imponer las costas al alimentante -por fuera del éxito parcial conseguido- a los efectos de no mermar el poder adquisitivo de la cuota provisoria fijada; y diferimiento de la cuestión sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Daireaux.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/08/2024 08:52:26 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:38:48 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:43:41 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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249200774003567079
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/08/2024 12:43:50 hs. bajo el número RR-605-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
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Autos: “IGLESIAS MIGUEL ANGEL C/ SADOBE RUBEN ALFREDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)”
Expte.: -94733-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 15/4/2024 contra la resolución del 9/4/2024.
CONSIDERANDO
1. Al contestar demanda, se solicitó se citara como tercero a Franco Ortiz, sustanciado el pedido, se opone el actor y el juez dirime la cuestión rechazando el pedido de intervención del tercero, tanto por las manifestaciones de la actora, como porque de las constancias obrantes en la causa no apreció el interés procesal en ordenar su citación, reseñando, que, a todo evento, que se lo había ofrecido como testigo (res. apelada del 9/4/2024).
En su apelación sostiene la parte interesada, entre otras razones, que frente a un posible reclamo de reintegro de gastos que pudieran pretender realizar contra Ortiz, este debería ser parte del proceso que se discute actualmente a fin de garantizar el derecho de defensa de todos los posibles responsables.
Agregando que el hecho que habría motivado la presente acción, tiene como participes a tres personas –según los dichos del propio actor-, motivo por el cual, la responsabilidad podría caberle a cualquiera de ellos (v. escrito del 15/4/2024).
En su respuesta, la actora hace hincapié en que Ortíz fue propuesto como testigo, sostiene que los responsables son exclusivamente los demandados, y que en la etapa de mediación, jamás citaron o pidieron le intervención de ningún tercero (escrito del 2/7/2024).
2. Si la parte actora dirigió su demanda no sólo contra Rubén Alfredo Sadobe y Lautaro Rubén Sadobe, sino también contra quien resulte responsable del hecho acaecido el 25/7/2022 en la Heladería Liberecco de la calle Rivarola 447, a fin de que se los condene al pago de la suma que reclama, por los daños materiales en su local, surgiendo del relato que sea como fuere, también se vio involucrado en el suceso Franco Ortiz, a quien los demandados postulan citar como tercero, pudiendo –a criterio de ellos- ser responsable en la generación del supuesto daño reclamado, parece razonable su citación como tercero, en los términos solicitados (arg. art. 94 del cód. proc.).
Es que cuando el código contempla la posibilidad de que el demandado pida la citación de un tercero a cuyo respecto considera que la controversia es común, la citación se apoya en obvias razones de economía procesal y de mejor administración de justicia, pues lo que se tiene en mira es que la sentencia que en el proceso se dicte pueda ser opuesta por el citante al tercero en una eventual pretensión de regreso, de forma tal que éste no pueda oponerle la ‘excepción de negligente defensa’ (CC0001 ME 111315 RSD-178-7 S 30/8/2007, ‘Banega de Gambetta, Jorgelina Marcela c/Gambetta, Marcelo Omar y otros s/Nulidad de acto jurídico’, en Juba, fallo completo; CC0001 LM 639 RSI-120- I 27/7/2004, ‘Traut, Jorge Eduardo c/Paez, Claudia Elena s/Redargución de Falsedad’, en Juba, sumario B3350809; CC0100 SN 940278 RSI-232-94 I 07/06/1994, ‘Gómez Blanca Noemí c/Dentone Marcos Luis s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B853947; CC0203 LP 117226 RSD-166-16 S 27/10/2016, ‘Encina, Maria Eva c/ Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de los Santos s/ Daños y perj. del./Cuas. (Exc.uso aut. y Estado)’, en Juba, fallo completo).
Y tales efectos no se logran con la sola participación de Ortíz como testigo, lo cual tampoco empece a su citación, pues no surge de la norma aplicable tal cortapisa (art. 94 del cód. proc.).
Como correlato, el recurso es fundado, de modo que se revoca la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravio. Con costas al apelado vencido (art. 69 del cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Revocar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravio; con costas al apelado vencido (art. 69 del cód. proc.) y diferimiento aquí de la cuestión sobre honorarios (arts. 31 y 51 de la ley 14967).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/08/2024 08:51:37 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:38:00 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:42:36 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8$èmH#XWfaŠ
240400774003565570
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/08/2024 12:42:43 hs. bajo el número RR-604-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “H. F. V. S/ MATERIA DE OTRO FUERO”
Expte.: -94830-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la contienda negativa de competencia entablada entre el Juzgado de Paz Letrado de General Villegas y el Juzgado de Familia 1 de Trenque Lauquen.
CONSIDERANDO.
Se declara incompetente el Juzgado de Paz Letrado de General Villegas en virtud de la existencia del expediente “G., B. s /INTERNACIÓN (LEY 26657)” en trámite por ante el Juzgado de Familia 1 de Trenque Lauquen, en el entendimiento de que debe continuar la intervención de dicho organismo pues la problemática del adolescente no ha encontrado debida solución, y el juzgado de paz letrado no es competente para actuar en el ámbito de la ley 26.657; y en consonancia con el art. 827.o del código procesal, sí lo es el juzgado de familia (v. res. del 5/8/2024).
A su turno el Juzgado de Familia 1 de Trenque Lauquen -sin perjuicio de que previo a asumir o no la competencia tomó medidas en virtud de la materia que se trata- no aceptó la competencia atribuida por el juzgado de paz letrado fundando su declinatoria en los principios de inmediación y proximidad del órgano jurisdiccional con las partes, y por ello, siendo que ambos organismos son competentes para actuar en lo atinente a violencia familiar (cfrme. art. 6 ley 12.569), entiende que debe intervenir el juzgado de paz letrado (v. res. del 6/8/2024).
Así quedó planteada la contienda negativa de competencia que debe resolverse ahora (arts. 9 y 13 cód. proc.).
Cabe destacar que la declaración de incompetencia del juzgado de paz letrado se basó en la existencia del expediente “G., B. s/ INTERNACIÓN (LEY 26657)”, en el entendimiento de que no tiene competencia material para intervenir en el ámbito de la ley 26.657 y que conforme el artículo 827.o del código procesal sí la tiene el juzgado de familia.
Pero surge de la compulsa de aquel expediente, que con fecha 7/8/2024 se dispuso concluir la acción en virtud de que el joven tendría alta médica desde el 8/7/2024 y no habría -a esa fecha- criterio médico de internación en salud mental para aquel, y sin presentaciones visibles posteriores, dicho pronunciamiento quedó consentido (v. prov. del 7/8/2024 en expte. antes citado).
Entonces debido a que del acta de denuncia -adjunta al trámite del 5/8/2024- se advierte que tanto la denunciante como el denunciado tienen domicilio en la ciudad de General Villegas, y teniendo en cuenta que de lo normado en materia de competencia en la ley 12.569 y en la Resolución 238/12 de la Suprema Corte de Justicia se desprende que serán competentes tanto el juzgado de paz letrado como el juzgado de familia del domicilio de la víctima, de acuerdo con la regla de la prevención y mayor cercanía, es prudente que sea el Juzgado de Paz Letrado de General Villegas el que entienda en el trámite del proceso (art. 6, ley 12.569),.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Declarar la competencia del Juzgado de Paz Letrado de General Villegas para entender en este proceso.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de General Villegas.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/08/2024 08:49:48 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:35:18 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:41:19 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/08/2024 12:41:37 hs. bajo el número RR-603-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia Nro. 1 – Sede Pehuajó
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Autos: “GARCIA, CRISTIAN EMMANUEL S/QUEJA POR APELACION DENEGADA”
Expte.: -94906-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la queja interpuesta el 31/8/2024.
CONSIDERANDO:
1. De la denuncia radicada el 12/8/2024, dimanó el resolutorio del 13/8/2024; el cual resultó apelado el 21/8/2024.
Frente a ello, la instancia de origen se declaró incompetente para intervenir.
Mas sin haberse pronunciado respecto del mentado ataque recursivo que gravitó en torno a la falta de adopción de medidas protectorias para la hija menor de edad del denunciante (remisión a las presentaciones citadas).
Sobre esa base, el interesado interpuso el recurso de queja que se estudiará en cuanto sigue.
3. Pues bien. Con justeza, se ha sostenido que “la jurisdicción no implica por sí sola el derecho a la jurisdicción: podría existir la jurisdicción como concesión graciosa y hasta antojadiza de la autoridad de turno. El derecho a la jurisdicción es el derecho subjetivo a que el derecho objetivo sea dicho y, en su caso, actuado en un caso concreto: es el derecho a obtener una respuesta jurisdiccional… El derecho a la jurisdicción tiene, entonces, dos facetas: a) en primer lugar, implica tener derecho a pedir y a obtener una respuesta: el derecho a la jurisdicción no se agota con el pedido sino que, más que eso, conlleva el derecho a obtener una respuesta; b) en segundo lugar, no es un derecho a obtener cualquier respuesta, sino una acorde al ordenamiento jurídico…” [acerca del derecho a la jurisdicción, v. esta cámara, resolución del 9/2/2024 en autos “B., R. M. C/ G., J. C. S/ QUEJA POR APELACION DENEGADA” (expte. 94331), registrada bajo el nro. RR-28-2024; con cita de Sosa, Toribio Enrique en “¿Es la acción un flogisto procesal?”, publicado el 12/9/2014 en “El Derecho” Diario de doctrina y jurisprudencia, Nro. 13566, Año LII, Ed. 259].
Enlazado a lo anterior, en punto al derecho a obtener una respuesta acorde al ordenamiento jurídico, ya ha advertido la SCBA que “el derecho a la tutela judicial efectiva impone al órgano jurisdiccional interviniente que produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo. No alcanza con que se adjudique la razón de cualquier manera. Ha de hacerse mediante desarrollos argumentales precisos que permitan comprender cómo y por qué han sido dados por probados o no demostrados los hechos conducentes y ha sido aplicada la norma que rige el caso. Se requiere la inclusión del mecanismo mismo elaborado sobre la base de la lógica y del derecho, exhibido en sus elementos esenciales, extrovirtiendo el eje, la base, el hilo conductor, aunque se omitan los detalles. Son exigencias estrictamente constitucionales y convencionales (arts. 18 Constitución nacional, 10, 15, 171 Constitución provincial; 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos). No otra cosa impone el art. 3 del nuevo Código Civil y Comercial: el juez debe resolver mediante una decisión razonablemente fundada” (v. esta cámara, sent. del 21/11/2023 en expte. 94159 registrada bajo el número RR-884-2023; con cita de JUBA búsqueda en línea con los términos “jueces – deberes y facultades” y “art. 3 CCyC”, sumario B5040994, sent. del 26/5/2021 en SCBA LP A 75524 RSD-83-21). Y, en ese orden, tampoco se debe obviar que el instituto del recurso ha sido reconocido en nuestro ámbito como un medio para optimizar el rendimiento del derecho -tanto constitucional como convencional- de defensa en juicio (art. 8.h CADH); y que tal garantía debe ser especialmente asegurada en casos donde se verifique el acaecimiento de factores de vulnerabilidad que pudieran socavar los derechos de los sujetos involucrados [v. esta cámara, sent. del 30/8/2023 en autos “A., I. N. S/ PRIVACION/SUSPENSION DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL” (expte. 93944), registrada bajo el nro. RS-63-2023; con cita de “Las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”].
Factores apreciables, en la especie, ante la presencia de la niña a tenor de quien se ha formulado la denuncia y las medidas protectorias peticionadas en su favor; las cuales -como se dijera- no han sido despachadas (art. 34.4 cód. proc.).
Por lo que visto el escenario de autos a través del prisma de valoración antes bosquejado, cabe atender al recurrente cuando advierte que el devenir procesal descripto afecta -en lo urgente y al margen de lo que a futuro pueda resolverse en atención a la inhibitoria planteada- su derecho de defensa; el que, ha dicho, pretender ejercer a los efectos de salvaguardar la integridad bio-psico-física de su hija menor de edad.
Ello, al tiempo que -conforme se observa- el órgano no ha brindado basamento alguno en torno a la falta de proveimiento de la pieza recursiva presentada. De modo tal que tampoco se encuentran abastecidos los especiales estándares de fundamentación contenidos en el artículo 3° del código fondal, que recepta las directrices del bloque trasnacional constitucionalizado (remisión a los arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica).
De tal suerte, entendiéndose el silencio jurisdiccional -en este especial escenario- como una denegatoria al planteo recursivo promovido, se impone la procedencia de la queja impetrada a los particulares efectos perseguidos; la que cabe tornar resolutiva en razón de la materia abordada (arg. art. 34.4 cód. proc.).
Por lo que corresponde, conceder la apelación interpuesta el 21/8/2024 contra la resolución del 13/8/2024 y remitir en forma urgente las actuaciones a la instancia de inicio para su tratamiento (arg. arts. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 18 de la Constitución Nacional; y 34.4 y 276 2do. párr., del cód. proc.). Por ello, la Cámara RESUELVE:
1. Estimar la queja interpuesta el 31/8/2024, tornándola resolutiva en razón de la materia abordada y conceder la apelación interpuesta el 21/8/2024 contra la resolución del 13/8/2024.
2. Remitir en forma urgente las actuaciones a la instancia de inicio para su tratamiento.
Regístrese. Notifíquese al recurrente y al Juzgado de Familia Nro. 1 – Sede Pehuajó- de acuerdo a los arts. 10, 13 y 15 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, póngase en conocimiento del Juzgado de Familia Nro. 1 – Sede Pehuajó.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/09/2024 13:56:28 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2024 14:08:07 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2024 15:25:00 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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246300774003577743
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/09/2024 15:25:29 hs. bajo el número RR-628-2024 por TL\mariadelvalleccivil.