Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “DEMARCO DIEGO ALFONSO C/ GARCIA MARIA CECILIA Y OTRO/A S/ MATERIA DE OTRO FUERO”
Expte.: -93709-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación subsidiaria del 8/2/2024 contra la resolución del 1/272024.
CONSIDERANDO
Con fecha 9/1172023 se dicta la siguiente providencia en la instancia inicial: “Proveyendo al escrito de Roberto Esteban Bigliani, letrado apoderado de Pablo Mendaña, de fecha 7/11/2023: Con los efectos y alcance del art. 57 de la ley Ley 14967, concédese el recurso de apelación interpuesto en fecha 7/11/2023 contra las resoluciones de fechas 23.10.2023, 25.10.2023 02.11.2023 para ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, órgano al que se elevará la causa haciendo las veces la presente de muy atenta nota de estilo.” Es decir, se admitió la calidad de apoderado del abogado Bigliani en su presentación de fecha 7/1172023.
Y esa decisión mereció -cuanto más- por parte del abogado Demarco, la indicación de haberse cometido un error al tener al letrado Bigliani como apoderado de Mendaña, en lo que puede considerarse una reposición en los términos del art. 240 del cód. proc., que fue resuelta posteriormente en la providencia de fecha 28/11/2023, con rechazo de la pretensión de Demarco, con remisión al escrito del día 4/9/2023, en que el abogado Bigliani había invocado estar nuevamente apoderado por su cliente.
Como se dijo, se rechazó esa reposición; que al no estar acompañada de apelación en subsidio, hizo ejecutoria, como lo dispone el art. 241 del cód. proc., y quedó firme la resolución del 9/11/2023 que admitió que Bigliani podía actuar por Mendaña como apoderado; y que no puede ser conmovida por apelaciones posteriores como la de fecha 8/2/2024. Más que la resolución del 1/2/2024 no hace más que reafirmar aquella postura del 9/11/2023.
Por lo anterior, la cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación subsidiaria del 8/2/2024 contra la resolución del 1/272024;
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 04/06/2024 09:42:15 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 12:54:26 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 13:34:09 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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247900774003518099
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “CARUEZO OMAR JAIME Y OTRO/A C/ NICOLA MARTIN Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)”
Expte.: -93602-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el diferimiento del 27/3/2023
CONSIDERANDO.
Habiendo quedado determinados los honorarios de la instancia inicial, en función de lo dispuesto en el art. 31 de la ley 14.967 y el principio de proporcionalidad (sent. del 9/12/2020, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar”, L. 51 Reg. 651, entre otros), evaluando además la labor desarrollada ante la alzada por los letrados Daniel Enrique Torrallardona y Gladys Araceli Amengual (v. trámites del 3/20/2023 y 13/2/2023; arts. 15.c.y 16 de la ley cit.) y la imposición de costas decidida (v. sent. del 27/3/2023; art. 68 del cód. proc. y 26 segunda parte de la ley 14967), es dable aplicar sobre el honorario de primera instancia una alícuota del 30% para la abog. Amengual y una del 25% para el abog. Torrallardona (arts. y ley cits.).
De ello resultan 12,03 jus para la abog. Amengual (hon. prim. inst. -40,1 jus- x 30%) y 7,025 jus para el abog. Torrallardona (hon. prim. inst. -28,1 jus – x 25%; arts. y ley cits.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Regular honorarios de la abog. Amengual y el abog. Torrallardona en las sumas de 12,03 jus y 7,025 jus, respectivamente.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2 y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii anexo de RC 655/20).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 04/06/2024 09:41:48 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 12:53:46 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 13:32:36 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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242500774003518077
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “JUAN MIGUEL OMAR C/ OLIVERA RICARDO JULIAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
Expte.: -93467-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 18/4/24 contra la resolución del 17/4/24.
CONSIDERANDO.
La resolución apelada autorizó al perito ingeniero Varela a requerirle a la parte actora la diferencia existente entre el monto de los honorarios regulados el 14/7/23 y el prorrateo presentado por la citada en garantía aprobada el 15/2/24.
Esta decisión motivó el recurso del 18/4/24 por parte del actor centrando sus agravios en que el actor cuenta con beneficio de litigar sin gastos definitivo y que mediante sentencia firme se condenó al pago de las costas del proceso a la parte demandada (v. escrito del 24/4/24). Agravios que fueron replicados por el auxiliar de justicia mediante el escrito del 1/5/24.
En lo que atañe al beneficio de litigar sin gastos, primeramente, cabe decir que el otorgamiento de tal franquicia -más allá del alcance que pueda tener en este caso- no es impedimento ni para resolver la imposición de costas, ni para que se practiquen las consiguientes regulaciones de honorarios, pues el efecto que pudiera tener -según su alcance- no sería sino el de eximir al beneficiario del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejor de fortuna (doct. arts. 84 y 85 del Cód. Proc.).
Por otro lado, de la lectura del art. 476 del cód. proc., se extrae que el perito puede cobrar sus honorarios a cualquiera de las partes intervinientes en el juicio, ello por cuanto si alguna de las partes no tuviere interés en la prueba puede hacerlo conocer al juzgado. De abstenerse de participar en ella, sea en la proposición de puntos o bien concretamente en ofrecer la prueba como común, podrá ser exceptuado de responder de los gastos y honorarios de los peritos excepto cuando aquélla hubiese sido necesaria para la solución del pleito (v. Fenochietto, C. E. “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires” Ed. Astrea 2da edición 2003, comentario al art. 476 del cpcc.).
En autos, la parte actora ofreció la prueba pericial mecánica (v. punto 5 del escrito de demanda en el trámite de fecha 25/9/19), y en la sentencia de mérito del 14/10/22 la pericia llevada a cabo por Varela fue determinante en la resolución del caso que llevó a condenar a la parte demandada (v. considerandos de la sentencia; arts. 34.4., 384, 474 del cód. proc.).
También la citada en garantía en su contestación de demanda ofreció la prueba pericial mecánica -accidentológica- (v. punto 4) de la presentación del 24/10/19).
Entonces, la prueba pericial mecánica fue necesaria para la resolución del caso por lo que el actor no queda eximido de la posibilidad del reclamo del pago de la diferencia del los honorarios del perito, en todo caso estará supeditado al momento en que el actor mejore de fortuna (arts. 83 y 84 del cód. proc.).
Es decir el beneficio de litigar sin gastos sólo difiere el pago de las costas para cuando el obligado mejore de fortuna (art. 84 cód. proc.).
Es que se ha dicho que “El beneficio de litigar sin gastos no libera del pago de las costas ni -menos- determina la inexistencia de la obligación de pagarlas, sólo priva a esta obligación de la plenitud de sus efectos, pues difiere su exigibilidad respecto del beneficiario y hasta el acaecimiento de un hecho futuro y contingente: su mejora de fortuna.
Mientras no se demuestre la existencia del hecho condicionante -la mejora de fortuna-, la obligación de pagar las costas no será plenamente eficaz, porque no será exigible respecto del beneficiario; probado el hecho condicionante, se activará consecuentemente su exigibilidad y cobrará así, esa obligación, parte de la efectividad de la que carecía. La mejora de fortuna es una condición suspensiva (buscar jurisprudencia bonaerense en JUBA online, con las voces condición suspensiva mejoramiento fortuna) que no opera sobre la existencia de la obligación de pagar las costas, sino tan sólo sobre su exigibilidad y, desde luego, a favor de quien ha obtenido el beneficio de litigar sin gastos” (del voto del juez Sosa en Autos: “Nieto, José Luis c/ Castro, Telma Mabel s/incidente de alimentos (disminución de cuota alimentaria)”; 27/05/2021 92094 sent. del 14/12/2020, L. 52 Reg. 289, entre otros).
En suma el recurso del 18/4/24 debe ser desestimado, con costas al apelante vencido (art. 68 del cód. proc.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 18/4/24, con costas a cargo del apelante vencido.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2 y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii anexo de RC 655/20).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 04/06/2024 09:41:19 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 12:53:07 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 13:30:58 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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244000774003518069
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 04/06/2024 13:31:09 hs. bajo el número RR-315-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
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Autos: “BERNOLDI GUILLERMO C/ SOROBEO ALVARO MARCELO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)”
Expte.: -92988-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el pedido de apertura a prueba en cámara formulado en el punto II.b del escrito de fecha 8/4/2024.
CONSIDERANDO.
La citada en garantía pretende presentar prueba ante esta instancia para demostrar que el parámetro de readecuación de los montos establecido en la sentencia es desproporcionado y elevado, y que no se condice con los daños acaecidos y efectivamente probados. Agrega que no ha tenido oportunidad previa de manifestar otros modos de actualización más adecuados (v. expresión de agravios del 8/4/2024).
Respecto a la apertura de prueba, la misma reviste carácter excepcional, pues las situaciones que autorizan a proceder de tal forma son señaladas en la ley de modo limitativo y, dentro de las hipótesis planteadas; la viabilidad de la medida debe decidirse con criterio estricto para no producir dilaciones en el proceso, ni desequilibrar la igualdad de las partes o reabrir cuestiones sobre procedimientos precluídos (sent. del 19/9/2023, RR-721-2023, expte. 94021; sent. del 1/11/2023, RS-84-2023, expte. 94109, entre otros), por lo que no es viable el replanteo de la prueba ofrecida (art. 255.2 cód. proc.).
En ese camino, es de considerar que cuando se pretende replantear prueba en cámara, la parte debe indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia (arg. art. 255.2 cód. proc.). Y a su vez, que ese pedido no funciona automáticamente; es decir, no basta con solo pedir la producción de prueba que ha sido frustrada en primera instancia, sino que debe fundarse y se debe poner en evidencia que el juzgado se equivocó al denegar la producción de la prueba o cuando declaró la negligencia en su producción (v. “Código Procesal…”, Toribio Enrique Sosa, Ed. Platense, año 2021, t. II, pág. 358).
Lo que no sucedió en el caso; ya que la prueba ofrecida ahora no fue denegada ni declarada negligente en primera instancia, pretendiendo hacerla valer recién ahora para intentar modificar los criterios de readecuación decididos.
Cuestión que a todo evento -y de corresponder- será considerada al tratar el fondo de la cuestión conforme el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva (arg. art. 254 y 267 cód. proc.).
Por ello la Cámara RESUELVE:
No hacer lugar al pedido de apertura a prueba en cámara formulado en el punto II.b del escrito de fecha 8/4/2024.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, sigan los autos según su estado.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 04/06/2024 09:40:51 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 12:52:16 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 13:27:34 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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239900774003518057
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 04/06/2024 13:29:31 hs. bajo el número RR-314-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Alsina

Autos: “FISCH ISAAC Y MILSTEIN, FANNY S/INCIDENTE DE NULIDAD”
Expte.: -94574-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto, para dictar sentencia en los autos “FISCH ISAAC Y MILSTEIN, FANNY S/INCIDENTE DE NULIDAD” (expte. nro. -94574-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 30/5/2024, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Son procedentes los recursos del 9/11/23 y 13/11/23 contra la resolución del 2/11/23 con su aclaratoria 3/11/23?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Los recursos del 9/11/23 y 13/11/23 contra la resolución del 2/11/23 con su aclaratoria 3/11/23.
La resolución del 2/11/23 que declaró la nulidad de la regulación de honorarios del 22/8/23 con su aclaratoria del 3/11/23, es cuestionada por la abog. Monteiro mediante el escrito del 9/11/23; a su vez el abog. Maugeri deduce aclaratoria contra esa misma resolución mediante el escrito del 3/11/23, presentaciones que fueron contestadas en la providencia del 6/3/24.
Ahora bien, a fin de resolver las apelaciones he de señalar que corresponde aclarar el procedimiento: con fecha 24/8/23 Maugeri solicita nulidad de las regulaciones de honorarios del 22/8/23 y 30/9/23 y en caso de no prosperar apeló en subsidio; el juzgado la tramitó como incidente de nulidad, y el 2/11/23 sólo declaró la nulidad de la decisión del 22/8/23 no expidiéndose sobre la del 30/9/23, esto motivó la aclaratoria del 3/11/23 (v. trámites citados).
Posteriormente el 6/3/24 no se hace lugar a la aclaratoria y en vez se concede la apelación del 24/8/23, pero sin indicar cómo fue concedido ese recurso.
Ahora bien, si lo que planteó el abogado Maugeri fue incidente de nulidad, como lo interpretó el juez, no es procedente apelar anticipadamente la interlocutoria que le pondrá fin, de modo que no debió ser acompañado por una apelación subsidiaria. En todo caso la providencia del 2/11/2023 debió ser objeto de apelación directa. Pero el juzgado, ante la petición del abogado de que se concediera el recurso planteado, concedió la apelación pero sin indicar que lo era con carácter subsidiario.
En definitiva ese recurso así concedido el 6/3/2024, fue fundado con el memorial del 12/3/2024, respondido el 31/3/2024, tal como si hubiera sido concedido en relación, al igual que el de la abogada Monteiro, también concedido aquel día. Sin que se formulara objeción alguna. Por manera que al amparo del principio de tutela judicial efectiva y en salvaguarda del derecho de defensa en juicio (arts. 18 de la Const. Nac., 15 de la Const. Pcial. de Buenos Aires), corresponde abocarse a su tratamiento (arts. 34.4. del cód. proc.).
Veamos.
La regulación de honorarios es una consecuencia de hechos sucedidos y consumados en el pasado, es decir el trabajo profesional realizado. Es declarativa del derecho del letrado a cobrar la suma de dinero que por convenio o por la ley le correspondía, por ese preciso y particular trabajo realizado; la regulación sólo hace una traducción a números -cuantificación- del valor de una labor consumada y cerrada en un tiempo anterior.
Ello así, en función de la relación jurídica que unía al cliente con su letrado que se generó y consumó justamente en el pasado, como también el devengamiento del honorario con cada acto que el letrado realizó, de modo que el abog. Maugeri se encuentra totalmente legitimado al reclamo de su retribución por el trabajo llevado a cabo anteriormente en tanto tiene derecho a que se le regulen honorarios por los bienes incorporados a posteriori, toda vez que su labor anterior aprovecha y es necesaria a los efectos de incorporar o inscribir nuevos bienes (arts. 1, 2, 17, 35, 53 y concs. de la normativa arancelaria 14967).
En este contexto este Tribunal como órgano revisor, no puede desconocer que es doctrina legal que la estimación de la base regulatoria debe ser notificada personalmente o por cédula en el domicilio real del obligado, como norman tanto los arts. 54 y 57 del dec. ley 8904 o ley 14967 (SCBA, Ac.65249, 29/12/98, “Adaro de Manente, Graciela c/ Manente, Germán Tomás s/ Separación de bienes”. esta cám. 11/11/21 91959 “Brarda Criado, Brenda Romina c/ Afonso, Jorge Nicolás s/ Alimentos” RR-241-2021, entre otros).
Además en caso de establecerse los honorarios de los profesionales intervinientes en un proceso, sin haberse sustanciado con todos los interesados la base regulatoria tenida en cuenta, corresponde dejar sin efecto la resolución que fija los estipendios (v. 1/4/04, “HUALA, EDUARDO GUILLERMO c/ TOMAS HNOS Y CIA. s/ Incidente de Levantamiento de Embargo sin Tercería” L. 33, Reg. 76; 30/12/14 “ECHEGARAY GENARO S/ SUCESION AB-INTESTATO” Libro: 45- / Registro: 421, entre otros).
También tiene dicho la Suprema Corte de Justicia provincial que “En el ámbito del juicio sucesorio, la clasificación de trabajos resulta indispensable cuando en las etapas del proceso han actuado diferentes profesionales, con el objeto de establecer cuáles son comunes y a cargo de la masa sucesoria y cuáles son particulares y a cargo de los directa e individualmente beneficiados (arts. 3474, Código Civil; 35 penútimo párrafo, dec. ley 8904/77) …” (22/2/2007, Ac. 92237, “Zubiri de Grosso, Alicia s/ Testamentaria”, texto completo en sistema JUBA on line).
Y en ese lineamiento, es de poner de resalto que las clasificaciones de trabajos en las sucesiones en que interviene más de un letrado deben ser notificadas a todos los interesados en sus domicilios reales, a fin de que tomen conocimiento personal dado que, con ello se decide si los honorarios, en todo o en parte, estarán a cargo de la masa o del respectivo interesado, según fueran considerados comunes o particulares, circunstancia que no surge de autos, en tanto no obran las diligencias que acrediten que las obligadas al pago hayan tomado conocimiento de la clasificación de tareas (art. 34.5.b del cód. proc.; 13, 16 y 35 de la ley 14967; esta cám. 17/5/2005, “Holgado. A. s/ Sucesión”, L.36 R.124, entre muchos otros).
Además, es oportuno mencionar que, el carácter común o particular depende de la naturaleza intrínseca de la labor, de su finalidad práctica, del grado de eficiencia respecto del progreso, del impulso y a quién o quiénes aprovechan esas tareas. La clasificación para diferenciar trabajos comunes de aquellos practicados en interés de los herederos resultará de una apreciación de cada caso particular (art. 35 ya citado; Quadri, G. H “Honorarios Profesionales” 2018 Ed. Erreius págs. 216/217).
De manera que, corresponde estimar la apelación del abog. Maugeri debiendo realizarse la clasificación de trabajos y base regulatoria sustanciada por los beneficiarios de los honorarios y los obligados al pago, para luego de quedar firmes se proceda a la retribución profesional (arts. 34.4. del cpod. proc., 35 de la ley 14967).
Y de acuerdo a los fundamentos dados precedentemente, el recurso del 9/11/23 debe ser desestimado, con costas a cargo de la apelante en tanto resultó vencida en su apelación (arts. 68 y concs. del cód. proc.).
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Corresponde declarar la nulidad de las regulaciones de honorarios del 22/8/23 y 30/9/23, debiendo procederse de acuerdo a lo indicado por este Tribunal.
Desestimar el recurso del 9/11/23.
Imponer las costas a la parte apelante vencida.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
a) Estimar la apelación del 24/8/23 y 13/11/23 y declarar la nulidad de las regulaciones de honorarios del 22/8/23 y 30/9/23, debiendo procederse de acuerdo a lo indicado por este Tribunal.
b) Desestimar el recurso del 9/11/23.
c) Imponer las costas a la parte apelante vencida.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Alsina.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 04/06/2024 09:39:32 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 12:51:30 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 13:25:48 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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247500774003516677
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Alsina
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Autos: “S., A. F. C/ H., V. I. S/INCIDENTE DE ALIMENTOS”
Expte.: -94555-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación en subsidio del 19/12/2023 contra la resolución del 7/11/2023.
CONSIDERANDO.
El presente incidente fue promovido por el progenitor de la adolescente I. con la finalidad de obtener el cese de la cuota alimentaria que le abona.
Su petición se fundó en el hecho de que al modificarse el cuidado personal de I., siendo ahora de modalidad compartido indistinto con residencia principal junto a él, y estando a su cargo -además de su cuidado- los gastos de la misma, deviene improcedente la cuota pactada, configurándose a su entender con el pago de la misma un enriquecimiento sin causa y/o cobro indebido a favor de la progenitora (v. escrito de demanda del 24/10/2023).
En ese contexto, solicitó como medida cautelar que se ordene la indisponibilidad en la cuenta de autos de los fondos obtenidos a través de la retención de su sueldo, mientras dure la tramitación del incidente, para que de forma posterior pueda ordenarse su restitución. Basa su pedido en que, por el carácter irrepetible de los alimentos, no adoptar la medida solicitada provocaría que los alimentos que abone durante el proceso de cese de la cuota -de ser acogida la pretensión favorablemente-, no puedan ser repetidos, causándole un perjuicio irreparable.
Y consideró para el curso favorable de tal petición, que quedaba acreditado el extremo de la verosimilitud en el derecho con la sentencia recaída en los autos “S.A.F. c/ H.V.I. s/ incidente de cuidado personal” que modificó la modalidad del cuidado de la adolescente en su favor, y el peligro en la demora por el carácter irrepetible de los alimentos (v. mismo escrito cit.).
La resolución del 7/11/2023 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el actor y ordenó la indisponibilidad y/o inmovilización de los fondos que mensualmente en carácter de cuota alimentaria se le retenían, dando por acreditado el requisito de la verosimilitud en el derecho, y el peligro en la demora por los fundamentos que el incidentista argumentó en su presentación (v. resolución del 7/11/2023).
La misma resultó apelada por la incidentada, que se agravió de la inexistencia del peligro en la demora y la falta de perjuicio inminente o daño grave irreparable; sumado a que -según sus dichos- es quien se hace cargo de la vida social y gastos de la adolescente y que de todos modos pasa la mitad del tiempo con cada uno (v. fundamentos del recurso, escrito del 19/12/2023).
Ahora, para resolver, es preciso considerar que por la finalidad que se persigue con la solicitud de la medida, mas que cautelar tiene naturaleza anticipatoria, porque lo que pretende el incidentista es que de hacerse lugar a su petición principal del cese de la cuota, puedan reintegrarse todas las sumas que se le retienen en concepto de cuota desde que se inició este incidente hasta el dictado de la sentencia, garantizando su no cobro a través de la no disponibilidad de los fondos.
Y en el mecanismo anticipatorio de tutela -o, derechamente, tutela anticipatoria-, que tiene por objeto el adelanto de los efectos que pudiera surtir una eventual sentencia favorable sobre el reclamo de fondo; se requiere para lograr tal virtualidad satisfactiva la demostración del daño irreparable que pudiera surgir de la dilación de su despacho previo a adentrarse en la valoración de otros extremos fácticos y/o jurídicos (v. esta cámara, expte. 93968, res. del 6/2/2024, RR-7-2024, expte. 94391, res. del 19/3/2024, RR-157-2024 y “Medidas cautelares: teoría y práctica”, Quadri, Gabriel H. y Boedo, Marcelo F., Ed. Erreius, año 2020, págs. 43/52).
Es decir, tratándose de una medida anticipatoria o de tutela material y no de una medida cautelar, la concurrencia de los recaudos se agrava: la verosimilitud del derecho invocado debería ser mayor, al punto de constituir fuerte probabilidad (Berizonce, Roberto O. ‘Tutela anticipada y definitoria’, JA 1996-IV-748; Morello, Augusto M. ‘Anticipación de la tutela’, Platense, La Plata, 1996; Peyrano, Jorge W. ‘La tutela de urgencia en general y la tutela anticipatoria en particular’, ED 163-788).
Así lo tiene expresando la Suprema Corte provincial: “…no se aceptará ya la sola verosilimitud del derecho del requirente para el otorgamiento de la medida reclamada, sino que quien la solicita deberá poner de manifiesto la fuerte probabilidad de que su pretensión sea jurídicamente aceptable, colocándonos en los aledaños de la certeza. Aquel ‘bonus fumus iuris’, tradicionalmente reclamado para las medidas cautelares, se ve repotenciado en este nuevo instituto, resultando ahora insuficiente exhibir para su obtención, la mera apariencia que supera la conjetura posible, debiendo presentarse en cambio, una perspectiva o probabilidad cierta”. Agregando: “…deberá formularse un pronóstico de las defensas que pudieran oponerse y estimar si las mismas han de resultar tan difíciles de articular, o tan artificiosas como para resultar insuficiente resistencia a la demanda de fondo. Y solo en el caso de advertirse, a la luz de la experiencia, como fácilmente salvables o como incapaces de enervar la fuerza del reclamo, la cautelar reclamada debe progresar” (S.C.B.A., L.P., Ac.98260, S, 17/7/2006, ‘L. R. H., c/ A. B., A. s/ medidas cautelares’, en juba sumario B30250); v. también esta cámara expte. 94039, res. del 7/9/2023, RR-694-2023).
Por de pronto, siguiendo esos lineamientos no queda cumplimentado el requisito de la verosimilitud en el derecho para hacer lugar a la medida, máxime que cuando la incidentada se presenta a contestar y plantear el recurso interpuesto, negó que la adolescente se encuentre a cargo y cuidado del actor, aduciendo que solo reside con él un fin de semana por medio, y de lunes a viernes vive en la escuela de la cual es residente, pasando el resto del tiempo mitad con cada uno de sus progenitores y que el progenitor se encuentre solventado sus gastos; además de negar que la solicitud de cese de la cuota alimentaria sea de carácter urgente, sin que haya acompañando prueba que amerite dicha urgencia (v. punto III. del escrito del 19/12/2023).
Además, el hecho de que al modificarse el cuidado personal de I., haya pasado a ser de modalidad compartido indistinto con residencia principal junto a él, no implica necesariamente que no haya que determinar una cuota alimentaria o que ésta debiera ser de un alcance menor a la que se hubiere fijado. Pues nada de eso surge de lo normado en el artículo 666 del CCyC.
El principio general en que reposa la norma es que el hijo goce de un nivel de vida similar en ambos hogares, y para ello, promueve dos caminos: (a) si los progenitores tienen ingresos equivalentes, cada uno cubre las necesidades del hijos mientras conviven, pero si no lo son prevé la fijación de una cuota a cargo de aquel que cuenta con mayores recursos; (b) los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores, pero no necesariamente en igual proporción, sino conforme lo establece el artículo 658, lo que quiere decir cada uno conforme a su condición y fortuna.
Esto indica que es una falacia que la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental esté directamente relacionada con el cuidado personal compartido. Pues aun adoptado ese régimen en cualesquiera de sus dos variantes, alternado o indistinto, puede ser que uno de los progenitores esté obligado a pasar al otro una cuota alimentaria, cuya cuantificación habrá de determinarse en cada caso.
Es por lo expuesto que la Cámara RESUELVE:
Hacer lugar al recurso de apelación subsidiario del 19/12/2023 contra la resolución del 7/11/2023 y disponer el levantamiento de la medida trabada. Con costas al apelado vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 69 cód. proc., 31 y 51 ley 14967).
Regístrese.. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Alsina.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 30/05/2024 13:52:43 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 22:21:29 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 09:13:09 – MATASSA Adriana Alicia – SECRETARIO DE CÁMARA
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247600774003516668
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí
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Autos: “ESPIL, HORACIO ISMAEL S/ SUCESION AB INTESTATO”
Expte.: -94526-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la resolución del 22/3/2024 y la apelación del 25/3/2024.
CONSIDERANDO
1. Se pidió la caducidad de las medidas cautelares trabadas en el presente sucesorio, que se indican fueron ordenadas en: “Banco de la Nación Argentina c/ Espil Horacio I. s/ Ejecución Hipotecaria“ (Expte. 23861) y “Banco de la Nación Argentina c/ Espil Horacio I. s/ Ejecutivo“ (Expte N.º 23863) en tramite por ante el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial N.º 2 de Trenque Lauquen y “Banco de la Nación Argentina c/ Espil Horacio y otra s/ prepara vía Ejecutiva“ (Expte 23861) y “Banco de la Nación Argentina c/ Espil Jorge H s/ Ejecutivo“ (Expte N.º 30075/95) en trámite ante el Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial Nº1 de Trenque Lauquen, y “Demarco, Jose a. y otro c/ Espil, Horacio Ismael s/ Ejecucion de honorarios” (Expte 3074/00) en trámite ante el presente Juzgado de Paz de Guaminí (ver escrito de fecha 21/3/24).
La respuesta a esa pretensión, fue que el juez que las dictó es quien debía resolver al respecto (ver resolución apelada del 22/3/24). Decisorio que motivó la apelación del 25/3/2024, bajo tratamiento.
2. Como se expresa en el escrito del 25/3/2024, ya se ha dicho que cuanto a las cautelares, existen opiniones dispares acerca de la caducidad de aquellas trabadas en los expediente judiciales. Toda vez que mientras un grupo pregona que el plazo de caducidad de cinco años previsto por el último párrafo, del artículo 207 del Cód. Proc., no es aplicable ni por analogía (entre ellos, Kielmanovich, Jorge, ‘Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’ t. I pág. 446), otro grupo considera operativo el instituto de la caducidad de las medidas cautelares, a las trabadas en el expediente (entre ellos, Morello- Sosa- Berizonce, ‘Códigos….’, t. IIC pág. 633,g).
Y en el caso, resulta adecuado inclinarse por la segunda de aquellas posturas (esta cámara, expte. 90246, carátula: “Lucas, Antonio Isidro s/ sucesión ab intestato”, sent. del 4/4/2017, L. 48, Reg. 80), y considerar que los embargos trabados en autos sucesorios como éste se extinguen a los cinco años de su anotación, tal como lo dispone el artículo 207, último párrafo, del cód. proc., para los anotados en los registros públicos, en la medida en que no se localice constancia alguna de que a petición de parte se hubiera reinscripto. Pues no es razonable que las medidas cautelares trabadas mediante anotación en el expediente no caduquen nunca, cuando sí lo hacen aquellas otras, por haber sido anotadas en el registro respectivo (mismo antecedente).
Según las constancias de la causa, los embargos fueron trabados en los años 2001 y 2002 (según resolución de fecha 26/8/2015 constan a fs. 26 vta. , 29 vta., 30 vta., 31vta., 32vta), sin que conste que se hubiera solicitado su reinscripción (ver expte. digitalizado en trámite de fecha 22/8/22 y trámites posteriores).
Con fecha 4/7/23 se deja constancia del levantamiento del embargo en los autos caratulados “KENNY, JOSE A. C/ ESPIL, HORACIO I. S/ EJECUCION DE HONORARIOS” Expte. 28.840, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 y se recibe oficio en el marco del expediente “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ ESPIL, HORACIO ISMAEL Y OTRA S/ EJECUTIVO” Expte. 22.139, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 (oficio del 15/2/24), informando el levantamiento de la medida cautelar.
Por manera que los demás embargos trabados en este sucesorio se extinguieron a los cinco años de su anotación, en tanto no consta que hayan sido reinscriptos, sin necesidad de petición ante el juez que los hubiera decretado.
Por ello, la cámara RESUELVE:
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto el 25/3/2024 contra la resolución del 22/3/2024, en los términos expuestos en los considerandos.
Regístrese.. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Guaminí.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 30/05/2024 13:52:01 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 22:20:52 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 09:05:36 – MATASSA Adriana Alicia – SECRETARIO DE CÁMARA
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234800774003516307
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Guaminí
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Autos: “SALVADOR BARRUECO, VELIA S/SUCESION AB-INTESTATO (INFOREC 970)”
Expte.: -94533-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: para resolver la apelación del 19/2/2024 contra la resolución del 6/2/2024.
CONSIDERANDO
1. Llegan los presentes a los fines de resolver la apelación subsidiaria interpuesta contra la resolución de fecha 6/2/2024.
La jueza de grado indicó que previo a ordenar la inscripción de los bienes, debía acompañarse la cédula catastral correspondientes a los inmuebles y actualizarse el monto en concepto de tasa de justicia y s/tasa de justicia en el expediente 9228-2018, el cual al parecer se encuentra relacionado a los presentes.
2. Al resolver la revocatoria, en lo atinente a la tasa de justicia, la magistrada hace lugar a la misma, pero mantiene su postura, en la exigencia de acompañar las cédulas catastrales (ver res. del 19/2/24 y aclaratoria del 9/4/24).
Siendo así, solo se mantiene el recurso de apelación, en tanto se cuestiona la exigencia de cumplir con este último recaudo.
2.1. El artículo 50 de la ley 10.707, normativa en la que la jueza se basa para exigir que se agregue el certificado catastral, es claro y concluyente, al declarar la obligatoriedad para los escribanos de Registros Públicos y para cualquier otro funcionario que autorice actos de transmisión, constitución o modificación de derechos reales sobre inmuebles ubicados en el territorio de la Provincia y sometidos a su jurisdicción de requerir antes del otorgamiento del acto, el certificado catastral correspondiente al inmueble.
Y no cabe duda, que lo que pretende la heredera es obtener orden de inscripción a su favor en relación a los bienes relictos (ver escrito de fecha 28/12/23, punto. VII), por lo que debe confirmarse la resolución apelada en lo que ha sido motivo de agravio.
Por todo lo dicho, la cámara RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en lo que ha sido motivo de agravio.
Regístrese.. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Guaminí.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 30/05/2024 13:51:35 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 22:20:14 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 09:04:20 – MATASSA Adriana Alicia – SECRETARIO DE CÁMARA
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251700774003516599
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 31/05/2024 09:04:35 hs. bajo el número RR-310-2024 por TL\Adriana-CCivil Adriana.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
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Autos: “VILLAFAÑEZ, AMELIA ESTHER S/QUEJA POR APELACION DENEGADA”
Expte.: -94530-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de queja del 27/3/2024.
CONSIDERANDO
1. El juzgado el 21/03/2024 resuelve no hacer lugar el recurso de apelación interpuesto por Ricardo Alberto Mollo el 20/3/2024, y contra esa resolución se deduce la presente queja el 27/3/2024.
Mediante la apelación denegada se cuestiona que la declaratoria de herederos incluye a Jorge Horacio Mollo, (ya fallecido) cuando su hijo Diego Horacio Mollo, no ha comparecido a estos autos lo que implica que no ha manifestado su voluntad de ser declarado heredero.
Puntualmente sostiene que resulta apelable la resolución que contiene la declaratoria de herederos del 14/2/2024 en tanto si la misma no es una providencia simple, es susceptible de ser atacada por el recurso de apelación interpuesto en subsidio interpuesto en tiempo y forma.
Pide que la queja se haga resolutiva y se trate la apelación denegada, haciéndose lugar a la misma para excluir al heredero Jorge Horacio Mollo.
En esa queja reitera -palabras más, palabras menos- el fundamento para que se excluya a Jorge Horacio Mollo, ya fallecido, de la declaratoria de herederos dictada el 14/2/2024: que el hijo de éste, Diego Mollo, fue notificado de la existencia de este sucesorio y aún así no se presentó a hacer valer sus derechos, tal como se habría hecho en el sucesorio del cónyuge de Amelia E. Villafañe (v. escritos de fechas 21/3/2024 y 27/3/2024).
2. En primer lugar, cabe decir que debe hacerse lugar a la queja en la medida que la apelación en subsidio de fecha 20/3/2024, fue desestimada pero derechamente fundada en los motivos de fondo por los que en la instancia de grado se estima no corresponde hacer lugar a lo pedido, ámbito éste reservado a esta alzada en ocasión de ser tratada esa apelación (arg. arts. 275 y concs. cód. proc.; arg. artr. 38, primer párrafo, de la ley 5827). Lo que conduce a conceder el recurso, mal denegado, en los términos de los artículos 241, 248 y 276 segundo párrafo del cod. proc..
Por lo demás, como no existen presentados en autos otros interesados con los que sustanciar aquella apelación, puede la queja hacerse resolutiva y ser tratada ahora la apelación subsidiaria (esta cám., expte. 94010, 29/08/2023, RR-648-2023 p).
Aunque, adelanto, no será admitida, tal como fue fundada..
Es que, si el argumento para no declarar heredero al fallecido Jorge Horacio Mollo en la sucesión de su madre -valedero o no-, es que su hijo fue notificado y no se presentó, es de advertirse que esa notificación fue efectuada a través de carta documento (v. archivos en pdf adjuntos a los trámites de fechas 23/8/2023 y 19/9/2023, respectivamente), como autoriza -dicen quienes recurren- a notificar por ese medio.
Pero lo que se pierde de vista es que si bien el art. 143 admite notificar por carta documento en los casos que se establezca la notificación por cédula (art. 143 proemio e inciso 4°, cód. proc.), también lo es que está expresamente vedado cuando se trata de la citación de personas extrañas al proceso, como dice el artículo citado noveno párrafo. Que es ciertamente, la situación de autos, pues se pretende anoticiar a quien es hijo de un heredero de la causante, de la existencia y trámite del sucesorio.
Entonces, si de momento no surge la debida notificación a quien se alega es el heredero de Jorge Horacio Mollo -argumento que acertado o no es el central de la apelación, como se dijo-, no puede ser admitido el recurso (arts. 34.5.b, 135, 1734.1 y concs., cód. proc.).
Más allá de lo que se hubiera resuelto en otro proceso sucesorio, que no es el de la causante, pues aquí se trata de decidir sobre lo que debe hacerse en el presente trámite (arg. art. 163.6 cód. proc.).
Así, las cosas, la cámara RESUELVE:
Hacer lugar a la queja de fecha 27/3/2024, pero haciéndola resolutiva se desestima la apelación subsidiaria del 21/3/2024.
Regístrese.. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 31/05/2024 09:12:00 – MATASSA Adriana Alicia – SECRETARIO DE CÁMARA
‰7YèmH#ShLEŠ
235700774003517244
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “G. C. A. C/ R. M. K. S/ NULIDAD DEL ACTO”
Expte.: -94507-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: las apelaciones del 16/2/2024 y del 20/2/2024 contra la resolución del 8/2/2024.
CONSIDERANDO.
1. Para resolver el recurso interpuesto, es necesario analizar los hechos puntuales que llevaron al planteo de nulidad formulado por el co-demandado CAG.
En principio cabe mencionar que en el expediente principal “R. M. K. c/ R. R. A. y otro/a s/ Acciones de impugnación de filiación”, MKR interpuso demanda de impugnación de reconocimiento filiatorio contra RAR y de emplazamiento contra CAG (v. demanda del 3/11/2021).
El 21/3/2022 se ordenó la apertura a prueba, en la que se dispuso oficiar a la Oficina Pericial Departamental para la producción de un dictamen pericial biológico, indicando que debía efectuar las citaciones necesarias; y el 29/3/2022 la Asesoría Pericial Departamental hizo saber que M. K. R., M. del C. C., C. A. G. y R. A. R. debían concurrir el 9/6/2022 para cumplimentar la extracción de muestras para estudio de ADN, haciendo notar que la toma de muestras hemáticas solamente se realizaría si se encontraban todas las partes involucradas presentes.
Con fecha 23/5/2022, M. K. R. informó que se había dispuesto -conforme a denuncia policial realizada por ella- restricción de acercamiento de G. a su respecto, por lo que solicitó que se oficie a la Asesoría Pericial, a los efectos de que el día y hora de la extracción se autorice que pueda ingresar custodia policial.
Se hizo lugar mediante providencia del 26/5/2022, y su abogada libró oficio a la Asesoría Pericial, que disponía: “tenga a bien PREVER el día y hora de la extracción hemática en los presentes autos, programada para el día 9 de Junio de corriente año, que la custodia policial del lugar pueda ingresar dentro del lugar donde se realizará la extraccíón; a los fines de velar por la integridad de la Srta. R.; ya que se encuentra vigente una restricción de acercamiento del Sr. G., C. A. sobre la misma.-” (sic). Habiéndose notificado el mismo de manera automatizada a la Asesoría Pericial, sin que surja de las constancias del trámite ninguna otra notificación a las partes.
Luego, con fecha 8/6/2024, G. puso en conocimiento que por las medidas que se habían dispuesto en su contra en el expediente de violencia “R.M.K. s/ denuncia por presunta violencia familiar (ley 12.569 y modificatorias” (expte. nro. 9322)”, a fin de evitar inconvenientes, no iba a concurrir a la audiencia del día siguiente en forma conjunta con la contraparte.
Y posteriormente a ello, el día 9/6/2022 -fecha dispuesta para tomar las muestras hemáticas- M. K. R. solicitó al juzgado de familia interviniente que por encontrarse presentes para realizar la toma de muestras ella, su padre reconociente y su madre, se autorizase a realizar la extracción de muestras hemáticas aún ante la inasistencia de G.. Solicitud a la que el juzgado hizo lugar (v. proveído y archivo adjunto del 9/6/2022).
2. Eso lleva al planteo de este incidente, por el cual G. pretende que se declare la nulidad de las extracciones de sangre ordenadas con fecha 9/6/2022, por no guardar -a su entender- las mínimas garantías de defensa en juicio; solicitando a su vez, que una vez vencidas las medidas que recaen sobre él en la causa “R.M.K. s/ Denuncia por presunta violencia familiar (ley 12.569 y modificatorias” (expte. nro. 9322), se ordene una nueva prueba biológica (v. escrito del 21/6/2022).
Corrido el traslado del mismo, la contraparte interpuso excepciones de prescripción y defecto legal (v. escrito del 8/9/2023).
3- La resolución apelada rechaza las excepciones de prescripción y defecto legal interpuestas por la incidentada, y a su vez, el planteo de nulidad interpuesto por el nulidicente; y contra dicha resolución interponen recurso de apelación ambas partes (v. resolución del 8/2/2024).
3.1. En primer lugar será tratado el recurso interpuesto por G..
En su memorial, argumenta que con la autorización del 9/6/2022 a realizar la extracción de muestras hemáticas a las partes presentes aún ante su inasistencia, se vulneró lo dicho por la Asesoría Pericial en cuanto a que era condición indispensable que la toma de muestras hemáticas se realizara solamente si se encontraban todas las partes presentes; y, a todo evento, que esa Asesoría nunca notificó a las partes que efectivamente iba a concurrir personal policial para realizar el control ordenado en el oficio.
Además, que igualmente esa prueba biológica que se llevó a cabo -la realizada entre M. K. y su progenitora y progenitor reconociente- no estaba ordenada en el proceso, si no que solo se habría ordenado que se realice entre M. y él.
Sumado a ello, también cuestionó la cadena de custodia de las muestras por haberse tomado sin su presencia (v. memorial del 4/3/2024).
3.1.1. Bien; para resolver ese recurso, es dable destacar que del escrito de demanda surge que en el punto IX. E) c) se ofreció la prueba genética “de las partes involucradas”; que el auto de apertura a prueba dispuso que la oficina pericial sería la que realice las citaciones necesarias, y que desde esa oficina se citó para la extracción de muestras hemáticas a M. K. R., M. del C. C., C. A. G. y R. A. R. (v. trámites del 3/11/2021, 21/3/2022 y 29/3/2022).
De ese modo, habiéndose ordenado la prueba genética para todas las partes y no solamente entre M. K. R. y G., queda descartado el agravio relativo a que la prueba producida no había sido ordenada, tal como alegó el incidentista (arg. arts. 358, 375, 376, 384 y concs. cód. proc.).
Por lo demás, en lo atinente al restante agravio se debe poner de resalto que la Asesoría Pericial dispuso que “la toma de muestras hemáticas solamente se realizará, si se encuentran todas las partes involucradas presentes” (v. presentación del 29/3/2024), y luego existieron algunas contingencias que llevaron a que de todas maneras se tomen sin la presencia de G..
Pero cierto es que de aquellas contingencias y resoluciones, el apelante no tuvo conocimiento oportuno; así, por ejemplo, no surge de las constancias del expediente que se haya puesto en conocimiento a G. que M. K. R. solicitó la custodia policial para el día de la extracción, que se hizo lugar a esa pretensión y y que fue informada a la Asesoría Pericial (escrito del 23/5/2022). Por manera que esa ausencia de conocimiento pudo desalentar su presencia en función de las medidas tomadas en el expediente “R.M.K. s/ Denuncia por presunta violencia familiar (ley 12.569 y modificatorias” (expte. nro. 9322).
Además, tampoco se proveyó la presentación de G. en la que advertía su inasistencia a la toma de muestras en virtud de las medidas de restricción dictadas en su contra (escrito del 8/6/2022).
Ni surge que se haya puesto en su conocimiento que la toma de muestras hemáticas se llevaría a cabo igual -aún ante su inasistencia- ya que el proveído que así lo dispone, emitido el mismo día de la toma de las muestras, solo se notificó a la licenciada Moreira, integrante de la Asesoría Pericial (proveído y archivo adjunto del 9/6/2022).
Es decir, queda convalidado que el nulidicente no tomó conocimiento de que la extracción se llevaría a cabo en presencia de personal policial, y que ese mismo día se autorizó a que se realice aún sin su presencia, alentando, como se dijo, de alguna manera su no concurrencia por la situación descripta además de vulnerar así su derecho a oponerse o realizar otras propuestas sobre tales decisiones, así como efectuar el control que dice podría haber hecho sobre la toma de las muestras, cadena de custodia, etc. (arg. art. 18 CN y 15 Const. Pcia. Bs.As.).
De modo que para salvaguardar el derecho de defensa en juicio, pero por sobre todo para prevenir y desactivar futuros planteos de nulidad, en las circunstancias del caso corresponde hacer lugar al recurso de apelación del 20/2/2024 contra la resolución del 8/2/2024 (arts. 1710 CCyC, 34.5., 169 y sig. cód. proc.),
A la vez, se encomienda al juzgado de origen y la Asesoría Pericial que se determinen de manera clara y precisa las pautas para llevar a cabo la nueva extracción de muestras hemáticas a todas las partes interesadas, con el debido resguardo protocolar y en total conocimiento de las mismas, teniendo en cuenta el riguroso celo puesto de manifiesto por el apelante para la realización de tal acto (arg. arts. 1710 CCyC y 34.5.b cód. proc., ya citados).
4. Por lo demás, respecto al recurso interpuesto por R., de los fundamentos de su memorial se advierte que los agravios están basados en el rechazo de la excepción de prescripción que interpuso en su oportunidad, en la falta de resolución sobre la temeridad y malicia planteada, y en el diferimiento en cuanto a la regulación de honorarios (v. escrito del 1/3/2024).
Del planteo de aquella excepción, surge que lo que pretendía era que se considere que había mediado consentimiento tácito de G. en relación al acto del que pretendía su nulidad, es decir, de la extracción; por haber interpuesto el incidente fuera del plazo legal, entendiendo que esa posibilidad habría prescripto (arg. art. 170 cód. proc.).
Pero lo cierto es que, el proveído del 9/6/2022, se notificó automatizadamente solo a la licenciada Moreira, por lo que G. quedó anoticiado del mismo con la interposición de este incidente. De modo que no puede considerarse que medió consentimiento tácito al haber interpuesto el incidente de nulidad dentro del plazo legal correspondiente de 5 días (arg. art. 170 cód. proc.).
De todas formas de haberse notificado automatizadamente en el domicilio electrónico por él constituido, el planteo de nulidad del 21/6/2022 sería igualmente temporáneo, porque la notificación del 9/6/2022 hubiese quedado perfeccionada el día viernes 10/6/2022, y por haber sido feriado los días 17 y 20 de junio de 2022, el plazo de cinco días hubiese vencido el 21/6/2022, o en el mejor de los casos, el 22/6/2022 dentro del plazo de gracia judicial, por lo que ese agravio no puede prosperar (arg. arts. 10 y 13 AC 4013, t.o. AC 4039 SCBA; 124 y 170 cód. proc.).
Y en lo concerniente al agravio de la aplicación de multas por temeridad y malicia, habiéndose hecho lugar al incidente promovido, va de suyo que no podría prosperar esa sanción (arg. art. 45 cód. proc.).
Por último, en cuanto al agravio que refiere al diferimiento de la regulación de honorarios, es cierto que corresponde la aplicación al caso de la ley 14967 por tratarse de trámite incluso iniciado ya vigente aquella ley (entró en vigor en el año 2017); pero no corresponda fijar honorarios en esta alzada ahora, ni por lo de primera instancia ni por los devengados en la instancia inicial, en tanto tratándose de una incidencia dentro del proceso principal, debe estarse a los términos del art. 47 de la ley arancelaria.
Por esos motivos, la apelación del 16/2/2024 no puede prosperar, salvo en cuanto a la aplicación para los futuros honorarios de la ley 14967.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso del 20/2/2024 contra la resolución del 8/2/2024 y declarar la nulidad de la toma de muestras hemáticas realizadas el 9/6/2024, y encomendar al juzgado de origen y la Asesoría Pericial que se determinen de manera clara y precisa las pautas para llevar a cabo la nueva extracción de muestras hemáticas a todas las partes interesadas, con el debido resguardo protocolar y en total conocimiento de las mismas, teniendo en cuenta el riguroso celo puesto de manifiesto por el apelante para la realización de tal acto.
2. Rechazar el recurso de apelación del 16/2/2024 contra la resolución del 8/2/2024, salvo en cuanto a la aplicación de la ley arancelaria 14967 en vez del d-ley 8904/77.
3. Cargar las costas de todos los recursos, tanto en primera instancia como en ésta, por su orden teniendo en cuenta las particularidades de esta causa (arg. art. 68 2° parte cód. proc.).
Regístrese.. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 30/05/2024 13:50:44 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 22:18:48 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 09:01:14 – MATASSA Adriana Alicia – SECRETARIO DE CÁMARA
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234300774003516271
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 31/05/2024 09:01:27 hs. bajo el número RR-308-2024 por TL\Adriana-CCivil Adriana.