Fecha del Acuerdo: 12-9-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 46- / Registro: 68

                                                                                 

Autos: “EPE, PEDRO OMAR C/ LOPEZ, ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.(SIN RESP.EST.)”

Expte.: -90392-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “EPE, PEDRO OMAR C/ LOPEZ, ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.(SIN RESP.EST.)” (expte. nro. -90392-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 365, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es fundada la apelación de f. 348 contra la sentencia de fs. 336/342 vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

1- El demandante afirmó:

a-  ser molinero con una experiencia de 40 años (f. 11 ap. II.a):

b- que, a los fines de reparar el molino de los demandados, adoptó todas las precauciones del caso propias del oficio (f. 11 vta.);

c- que, estando arriba y casi terminando la labor, una ráfaga de viento lo envolvió e hizo que su cabeza fuera atrapada por  la rueda del molino que estaba girando, arrojándolo y haciéndole padecer consecuentemente diversos daños (f. 11 vta.).

El juzgado respondió:

a- que trabar la rueda del molino era una de  las precauciones que, como operador experimentado,  tuvo que adoptar y no adoptó el demandante, y que la falta de traba no fue imputable a los demandados (fs. 339 ap. 2.1. y 341 párrafo 3°);

b- que el demandante no especificó en su relato que precauciones adoptó (f. 339 vta. párrafo 2°)  y que si realmente se hubiera munido de alguna de ellas (v.gr. la colocación de un arnés, fs. 339 vta. párrafo 2° y 341 párrafo 3°), la ráfaga de viento –no imprevisible para alguien con experiencia de molinos, f. 339 vta. párrafos 4° y 5°-  no lo habría podido sorprender  (f. 339 vta. párrafo 2°).

En síntesis, juzgada a tenor del Código Civil por cuanto el hecho sucedió en febrero de 2009 (art. 7 CCyC), la demanda fue desestimada sobre la base de la culpa exclusiva y excluyente de la víctima.

 

2- Vamos a examinar la expresión de agravios, no si rememorar, al pasar,  que el sub examine guarda similitud con la situación decidida por esta cámara en “Morales c/ Galán” (16/10/2012 lib. 41 reg. 56).

El mero repaso de lo afirmado por las partes en sus escritos postulatorios (fs. 354 a 356 vta.) y de los fundamentos de la sentencia (fs. 356 vta. a 360) no configura ni por asomo una crítica concreta y razonada (arts. 260 y 261 cód. proc).

Cierto atisbo de expresión de agravios –de cualquier forma insuficiente,  como se verá,  a la luz de los preceptos recién mencionados -  recién puede hallarse cuando se empieza a utilizar la letra negrita (ver fs. 360/362).

Que el oficio de molinero sea riesgoso, incluso por la natural acción del viento que precisamente hace andar a los molinos  (fs. 360 in fine,   360 vta. caput y 360 vta. aps. a, b y c),  es circunstancia de la cual debió hacerse cargo el propio molinero, adoptando todos los recaudos  del oficio, que él mejor que nadie debía conocer, máxime con 40 años de experiencia (arts. 512 y 902 CC).

Hacia dónde y cómo hubiera caído el demandante no son aspectos  que, sin una adecuada explicación,   se advierta que pudieran corroer  la conclusión de que la caída se produjo por su culpa (f. 360 vta. ap. e).

No hay evidencia que sostenga que la ráfaga de viento que hubiera hecho mover la rueda del molino (por otro lado, negada: ver f. 35) hubiera sido súbita y violenta al punto de configurar caso fortuito (art. 375 cód. proc.); pero si así hubiera sido, el caso fortuito también habría eximido de responsabilidad a los demandados (fs. 360 vta. d., 361.g y 361.h;  arts. 513 y 514 CC).

Es insuficiente reputar que la eventual culpa del demandante es concurrente con la de los demandados, pero sin especificar qué comportamiento concreto de éstos imperito, negligente o imprudente hubiera provocado que la rueda del molino girara haciendo caer al accionante (f. 360 vta. f).

Frente a la contingencia de un accidente posible para quien ejerce un oficio relativamente riesgoso por cuenta propia, las consecuencias dañosas no pueden ser atribuidas sin fundamento bastante al contratante confundiendo responsabilidad civil con seguridad social (f. 361 vta. i).

Por fin, nunca se adujo en demanda ninguna situación de dependencia jurídica ni técnica en orden a la realización de la reparación del molino, sino tan solo una contratación (f. 10 vta.), motivo por el cual devienen no atingentes las citas jurisprudenciales de f. 361 vta. j.

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION   LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 348 contra la sentencia de fs. 336/342 vta., con costas al apelante infructuoso (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.), difiriendo la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de f. 348 contra la sentencia de fs. 336/342 vta., con costas al apelante infructuoso, difiriendo la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

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Fecha del Acuerdo: 11-9-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 46- / Registro: 67

                                                                                 

Autos: “HERNANDEZ, JORGE GUSTAVO Y OTRO C/ GIELIS, JORGE LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

Expte.: -90169-

                                                                                  

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los once  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “HERNANDEZ, JORGE GUSTAVO Y OTRO C/ GIELIS, JORGE LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (expte. nro. -90169-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 555, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es fundado el recurso de apelación de foja 518?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Plantea la parte recurrente en su expresión de agravios de fojas 545/548, que fue equivocado el razonamiento desarrollado por el juez para extender a la especie lo normado en los puntos 4.1 y 4.2 -de la cláusula 30-, del contrato de seguro, como fundamento suficiente y exclusivo para desestimar la defensa articulada por la aseguradora, basada en que el vehículo era conducido por el hijo del asegurado, menor de quince años, carente de habilitación para ello (fs. 508, 546/548).

En ese rumbo, la queja transita por diversos argumentos que acuden en el único cometido de sostener, por esa causa, la exclusión de la cobertura (arts. 260 y concs. del Cód. Proc.).

Ahora bien, si asistiera razón al planteo de la aseguradora, ¿bastaría para liberarla de toda obligación derivada del seguro?.

Ciertamente que no. Pues el actor –damnificado en el hecho– frente a la resistencia de la compañía para admitir la cobertura, no sólo esgrimió lo que resultaba a su criterio de las previsiones de la cláusula 30, 4.1.i y 4.2 del contrato, sino también –como primera defensa- que el pronunciamiento del asegurador rechazando el derecho del asegurado había sido extemporáneo, lo cual importaba aceptación (art. 56 de la ley 17.418; fs. 109/110vta.).

Y por el principio de la apelación adhesiva, desactivada aquella excepción tratada en el fallo que el accionante no pudo recurrir por no causarle agravio en su parte dispositiva, la restante defensa planteada por aquél quedó sometida a la cámara, debiendo ser tratada inexcusablemente, como si hubiera habido ‘adhesión’  de quien resultó ganancioso, a la apelación de la contraria (S.C.B.A., A70364, sent.  21/09/2016, ‘Asociación Civil en defensa de la calidad de Vida c/ E.I.R. S.A.y otros s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley’, en Juba sumario  B4005545). Sobre todo, al haber sido expresamente replanteada al responder los agravios (fs. 537, 2.1, 551/553).

En definitiva, es con arreglo a ese marco que cobra relevancia  y se torna cuestión esencial de la que cabe conocer, lo concerniente a si aun siendo valedera la concurrencia del factor determinante de un siniestro no indemnizable alegado por la aseguradora, esta cumplió o no con su deber de pronunciarse sobre la aceptación o rechazo del derecho del asegurado, en el plazo que indica el artículo 56 de la ley 17.418. Ya que, si resultara que no lo hizo, entonces podría quedar activada la consecuencia legal de considerarlo aceptado.

Para despejar esa cuestión, lo primero que puede notarse es que, con sustento en la documentación acompañada por la propia compañía, ésta recibió la denuncia del accidente el  7 de octubre de 2008. Y de los datos allí manifiestos pudo saber –desde esa misma fecha– que el conductor del automotor participante del hecho había sido el hijo del asegurado, de quince años de edad (f. 88).

Ninguna mención indica que tuviera registro, pues el espacio de la fórmula destinada a contener el número, vencimiento y autoridad otorgante del mismo, fueron dejados en blanco. Tampoco hay constancias computables de que la aseguradora hubiera solicitado alguna información complementaria (arg. art. 46, primero y segundo párrafos, de la ley 17.418).

Otro formulario generado por la compañía, referido al mismo siniestro 718.720, y que aparece fechado el mismo día de la denuncia mencionada, contiene al final una leyenda manuscrita que expresa: ‘Aseg. Responsable. Se rechazará el stro por motivos obvios- Se cargó como tercero no transp. c/lesiones. Se pasa a García Bau’. Hay una firma ilegible y un sello, que en su tramo claro deja ver ‘Provincia’ y ‘Juan Carlos González’ (f. 87).

Se ha agregado también una copia de un instrumento, con el lema ‘Estudio Barattero’, ‘Estudio Asesor para Cías. de Seguros’, que luce una fecha del 31 de octubre de 2008 y contiene una notificación a Jorge Luis Gielis, acerca de que  le está prohibido a su hijo menor la conducción de vehículo automotor (f. 92). A ese estudio Provincia Seguros S.A. le pagó el 2 de diciembre de 2008, las sumas que indica la pericia contable de fojas 437.4, en concepto de reintegro de gatos y honorarios.

Como puede verse, hasta aquí, no hay margen para desconfiar que la aseguradora, desde el 7 de octubre de 2008 contó con los detalles precisos y suficientes a su juicio, para decidir el rechazo de la cobertura. No se localiza una prueba de similar prestigio a los documentos analizados –de cuya autenticidad no es dable dudar en tanto aportados por la misma compañía– que alimente una convicción discordante (arg. arts. 384 y concs. del Cód. Proc.).

Sin embargo, la única notificación que Provincia Seguros S.A. acreditó haber cursado a su asegurado, comunicándole que el siniestro se hallaba excluido de la cobertura porque el conductor del vehículo no estaba habilitado para su manejo, fue la formalizada con la carta documento de fecha 15 de abril de 2009, cuya copia acompañó la empresa a fojas 91. Es decir, enviada pasados poco más de seis meses de aquella denuncia recibida por la aseguradora.

Cabe agregar, que todo ello se da en un contexto en que la aseguradora reconoció que al tiempo del accidente se hallaba formalizado y vigente el contrato de seguro, referido al riesgo cuya realización (siniestro) se denunció y que este era inherente al riesgo objeto del contrato celebrado (S.C.B.A., C 93507, sent.  S 26/08/2009, ‘Macías, Verónica Sara c/Tártaro, Gabriel y otros s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B31582; Roullón, A, ‘Código de Comercio…’, t. II, pág. 89). Extremos que desde ya, no aparecen refutados en la causa y –para mejor– acreditados (fs. 72/90, 57, 415/486, 437.2, 437vta., 438.b; arg. art. 384 y concs. del Cód. Proc.). Asimismo, que había sido impuesta de la producción del evento en el plazo legal (fs. 96vta., primer párrafo, 97, primer párrafo). En cambio, ninguna explicación formuló para justificar el retraso en rechazar el siniestro, desde que lo conoció por la denuncia recibida.

En tales circunstancias, queda manifiesto que al momento de notificar su pronunciamiento negativo sobre el derecho del asegurado, ya habían pasado para la aseguradora los treinta días que otorga a ese fin el artículo 56 de la ley 17.418 y adquirida la consecuencia legal de  tal comunicación extemporánea, cual fue la aceptación.

Al respecto recuerda la Suprema Corte que una vez denunciado el siniestro, la aseguradora debe pronunciarse acerca del derecho que le asiste al asegurado (arts. 46 y 56, de la ley 17.418). Y ese pronunciamiento debe hacerse dentro del plazo de treinta días de recibida la denuncia o la información complementaria. Opinando que el cumplimiento de tal recaudo, procura garantizar los derechos del asegurado, sobre todo por su condición de consumidor y contratante débil (conf. arts. 42, Constitución Nacional; 1, 3 segundo párrafo última parte y 37 segundo párrafo, ley 24.240). O –al menos– es una exigencia derivada del principio de buena fe contractual, que domina el seguro (arg. art. 1198 del Código Civil; args. arts. 9, 961 y concs. del Código Civil y Comercial).

Advierte también el cimero Tribunal,  que la mencionada carga de la aseguradora -art. 56, ley 17.418- constituye una actitud no meramente formal sino sustancial  que -por haber sido impuesta por la ley- posibilita la aplicación del art. 919 del Código Civil, puesto que ante la eventualidad de expedirse acerca del derecho del asegurado, el silencio del asegurador permite otorgarle el sentido de una manifestación de voluntad que importa aceptación (arts. 263 del Código Civil y Comercial).

Y considera que esa imposición rige aún en los casos de exclusión de cobertura. Porque el referido precepto exige al asegurador pronunciarse dentro de los 30 días acerca del ‘derecho’ del asegurado y tal amplitud en el objeto sobre el que recae la carga no permite distinciones apoyadas en la diversa naturaleza del incumplimiento (S.C.B.A., C 93807, sent. del 02/09/2009, ‘Jaime, Angel y otra c/Sucesoras de Osvaldo Rumi s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B31658; idem,  C 116915, sent. del 03/12/2014, ‘Bevilacqua, María Isabel contra Ojeda, Carlos Alberto. Daños y perjuicios’, en Juba sumario  B27762).

Por fin, en punto a la posibilidad del tercero de oponer la ausencia de pronunciamiento de la aseguradora sobre el derecho aludido por el art. 56 de la ley 17.418, la Suprema Corte en casos similares al presente no ha efectuado distingo alguno entre el tercero y el asegurado en el ejercicio de tal derecho (S.C.B.A., Ac. 82765, sent. del 30/03/2005, ‘Osmenia c/Tulián, Héctor s/Daños y perjuicios’, en Juba sumario B27761).

En suma, siguiendo el derrotero de lo expuesto, resulta que si entre la fecha de denuncia del siniestro y la fecha en la cual el asegurador rechazó la cobertura transcurrió el plazo contemplado en el art. 56 de la ley 17.418, sin haberse probado que esta última pidiera alguna información complementaria de las previstas en el art. 46 del mismo ordenamiento, debe concluirse que la omisión de pronunciarse en el plazo legal importó la aceptación del derecho de aquél. Habida cuenta que en los supuestos en que la aseguradora no formula el requerimiento de información complementaria, el plazo de caducidad (art. 56, L.S.) debe computarse a partir de la denuncia del siniestro.

Por ello, regresando a aquella pregunta inicial, aun cuando fuera legítima la objeción que la aseguradora ha formulado a la aplicación que la sentencia hizo de la cláusula 30, 4.1.i y 4.2 del contrato de seguro, como justamente esa consideración tendría la virtualidad de activar la otra defensa fundada en la aceptación del siniestro que produjo su rechazo intempestivo -cuyo tratamiento fue ineludible por el postulado de la adhesión a la apelación-, procedente esta, el efecto de la decisión no cambia y la compañía queda anclada en la condena que recibió en la sentencia que fue objeto de su recurso (fs. 511 vta.).

En consonancia, el recurso termina infundado y debe ser rechazado con costas (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde desestimar el recurso de apelación de  foja 518, con costas al apelante vencido (arg. art. 68 Cód. Proc.)  y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación de  foja 518, con costas al apelante vencido  y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

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Fecha del Acuerdo: 11-9-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 46- / Registro: 66

                                                                                 

Autos: “ROMANI, HORACIO C/ FERNANDEZ VICTORIO, JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.(SIN RESP.EST.)”

Expte.: -90361-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los once  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “ROMANI, HORACIO C/ FERNANDEZ VICTORIO, JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.(SIN RESP.EST.)” (expte. nro. -90361-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 259, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación de f. 240  contra la sentencia de fs. 230/234 vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

1- Para dilucidar qué sucedió es imposible prescindir de la documentación indicada por el juzgado en el encabezamiento de la sentencia a f. 230. En lo esencial, se trata  de tres causas penales.

Sobre su valor probatorio esta cámara –en fallo cit. por Morello y colab., en “Códigos…” Ed. Platense, La Plata, 1991, t. V-A, pág. 258-   ha decidido que es contrario a la sana crítica y comporta el sometimiento a un rigorismo formal inadmisible –que encierra una negativa consciente a la verdad jurídica objetiva- cerrar los ojos a la evidencia que aparece en una causa penal, cuando ésta –traída por quien la trajese-, fue adquirida en la causa civil no a favor ni en contra de las partes en particular, sino para el proceso; máxime tratándose de constancias que obran en instrumentos públicos o de actos cumplidos ante  funcionarios competentes y considerando que a la parte extraña siempre le cupo la posibilidad de producir prueba en contrario en el juicio civil o redargüir de falsedad aquellos instrumentos.

Complementariamente hay que tener presente en el caso que  esas causas –o copias de ellas-  fueron puestas a disposición de las partes ni bien fueron recibidas por el juzgado, sin que nadie hubiera objetado ni requerido nada con respecto a las constancias contenidas allí  (ver fs. 87, 126, 127, 199 y 200; fs. 205, 206, 218 y 219; fs. 225/227; arts. 374, 394, 401, 393, 384 y concs. cód. proc.).

Así que, como contexto y por principio,  para prestar un servicio de justicia efectivo, esos elementos de convicción serán considerados en lo relevante para reconstruir y entender los hechos que vienen al caso (arg. art. 114.6 Const.Nac., art. 15 Const. Bs.As. y art. 36.2 cód. proc).

 

2- El Ford Ecosport patente EGP 243, motor CDJA48534518 y chasis 9BFZE12N548534518,  le fue robado el 7/4/2004 a su dueño Roberto Ariel Durante (causa penal 07-00-504675-04: fs. 1, 3 y 89).  Fue emitida orden de secuestro. El 12/5/2006, durante un operativo de rutina, el puesto caminero de Catriló (La Pampa) detuvo un Ford Ecosport motor CDJA48534518 y chasis 9BFZE12N548534518 (datos iguales a los del robado), pero patente EIN 655. Secuestrado el vehículo, más tarde se comprobó que las chapas identificatorias EIN 655 eran falsas; también  que, como complemento, se había borrado la grabación original de los cristales con algún elemento o sustancia abrasiva y se habría sobregrabado la identificación falsa EIN 655 (causa penal de La Pampa n° 35959: fs. 1, 2, 6/vta. y 37; causa penal 07-00-504675-04: fs. 38, 87 y 135).  A la sazón, la aseguradora de Durante lo había indemnizado por el robo y éste le había cedido a aquélla sus derechos sobre el auto robado. La justicia penal le entregó el auto a la aseguradora y la causa por el robo fue archivada (causa penal 07-00-504675-04: fs. 153/vta. y 188).

Cabe una interrupción en el relato, para hacer constar que el auto verdaderamente dominio EIN 655 también era Ford Ecosport, pero con datos desde luego diferentes   en cuanto a motor y a chasis:  el robado al que se le puso la chapa falsa EIN 655 era motor CDJA48534518 y chasis 9BFZE12N548534518, mientras que el auto con dominio original EIN 655 era motor CDJA48553987 y chasis 9BFZE12N348553987 (ver, en separata unida por cuerda, el  legajo EIN 655, f. 14; destaqué las diferencias).

Pero, ¿qué pasó durante los dos años que transcurrieron entre el robo y el secuestro policial? En cuanto por ahora importa, el auto robado llegó a manos del aquí demandado Javier Francisco Fernández Victorio,  quien más tarde se lo vendió y entregó al demandante Horacio Romani bajo los datos verdaderos de motor CDJA48534518 y de chasis 9BFZE12N548534518, pero con la patente falsa EIN 655 (absol. del demandado a posic. 1, fs. 154 y 155; ver boleto a f. 6 no negado ni desconocido puntual y expresamente, ver f. 23 vta. caput; arts. 421 y 354.1 cód. proc.).

Es que no hay opción: un Ford Ecosport motor CDJA48534518 y  chasis 9BFZE12N548534518 sólo podía ser genuino si llevaba la patente EGP 243, ya que la patente EIN 655 en realidad correspondía a otro Ford Ecosport motor CDJA48553987 y chasis 9BFZE12N348553987.  Un Ford Ecosport motor CDJA48534518 y  chasis 9BFZE12N548534518 estaba a contrapelo con una  patente EIN 655, porque su legítima asociada era la patente EGP 243. Así, Javier Francisco Fernández Victorio no pudo vender a Horacio Romani el Ford Ecosport dominio original EIN 655, porque ese coche tenía que llevar motor CDJA48553987 y chasis 9BFZE12N348553987: si Javier Francisco Fernández Victorio vendió a  Horacio Romani un Ford Ecosport motor CDJA48534518 y chasis 9BFZE12N548534518 eso se explica porque la patente EIN 655 era falsa, porque no era la legítima EGP 243 que tenía que portar; insisto,  el  motor CDJA48534518 y chasis 9BFZE12N548534518 eran consistentes con un auto dominio EGP 243 y no con uno EIN 655.

 

3- La narración y el análisis del considerando 2- dejan en claro que, el mismo auto vendido y entregado por el demandado al demandante,  fue el robado a Durante pero con patente falsa EIN 655, y que ese auto,  diversos trámites mediantes, fue a parar a manos de la aseguradora de Durante por decisión judicial.

Quiere decirse que el dueño del automóvil robado lo recuperó –en realidad, repito,  lo hizo  la aseguradora que lo había indemnizado-   y que desde luego esa recuperación es lógica y fácticamente incompatible con la venta del demandado al demandante: éste (o la persona a quien éste se lo vendió, ver tenor de la posic. 12 y su absol., fs. 100 y 101 vta., atestaciones de los Piñanelli en resp. a preg. 5, fs. 174 vta. y 175; arts. 409 párrafo 2°, 421 y 456 cód. proc.)  sin duda fue desposeído del vehículo, frustrándose la compraventa de  Fernández Victorio a Romani -y la posterior de éste a otra persona- (art. 384 cód. proc.).

Las preguntas son, ¿debe responder Fernández Victorio a Romani por esa frustración?  ¿cómo?

 

4- Antes de responder a las preguntas  recién planteadas, todavía falta esclarecer algunas otras circunstancias.

Evidentemente, para que Fernández Victorio pudiera vender a Romani un Ford Ecosport motor CDJA48534518 y  chasis 9BFZE12N548534518 con identificación falsa EIN 655 es porque alguien debió realizar esa falsificación, incluyente –recordemos-  de la adulteración de la numeración en los cristales.

¿Fernández Victorio hizo esa falsedad? Él dice que no porque él en esas mismas condiciones le había comprado el vehículo a un tal Fernando Gabriel Rodríguez, incluso recibiendo entonces el título del automotor –en el que Rodríguez figura como dueño-, un formulario 08 -firmado por Rodríguez como dueño transmitente- y una verificación policial en formulario 12, todo lo cual no hizo más que más tarde entregárselo a Romani (ver boleto de f. 22, dos primeros párrafos del capítulo III a f. 23 vta. y exposición civil a f. 49; absol. a posic. 8, a fs. 154  y 155; tenor de posic. 7 y 8 y absol., a fs. 100 y 101; IPP 46366: fs. 6/11 vta.; arts. 354.2, 374, 409 párrafo 2°, 421 y 423 cód. proc.).

Dado que jamás existió verdaderamente un Ford Ecosport con la trilogía coherente de datos patente EIN 655, motor CDJA48534518 y  chasis 9BFZE12N548534518, es evidente que Fernando Gabriel Rodríguez no podía ser verdadero dueño de un automóvil portador de esos inconciliables datos y que entonces, por fuerza, era falsa  toda la documentación que pretendía  justificar esa situación injustificable. A la comprobada falsedad de las chapas EIN 655 y de la grabación de esa identificación en los cristales, debemos sumar la falsificación de toda la documentación (título, formulario 08 y formulario 12) que quería hacer pasar a un –fantasmagórico, como se verá en el párrafo siguiente-  Fernando Gabriel Rodríguez como dueño de un automóvil tan irreal (por la inconsistencia de sus datos identificatorios) como v.gr.  un unicornio. Si fuera cierta la historia de Fernández Victorio, antes de que él hubiera comprado ese coche, alguien debió realizar todas las falsificaciones, tal vez ese tal Rodríguez.; recordemos que se trataba de un coche robado,  así que,  a partir de los nunca descubiertos ladrones hasta llegar a ese tal Rodríguez, “cualquiera” habría podido concretar las falsificaciones.

¿Es cierta la historia de Fernández Victorio? No lo sabemos, porque Romani desconoció la autenticidad del boleto de f. 22 (ver f. 32.II) y porque Fernando Gabriel Rodríguez en estos autos  fue ofrecido como testigo pero no declaró porque no pudo ser hallado para notificarlo (ver aquí fs. 28 vta. in fine, 76/85, 163/165, 166/168 y 181/183). Tampoco Fernando Gabriel Rodríguez declaró ni fue imputado en ninguna de las 3 causas penales que rodean a este proceso civil que  nos ocupa.

No se sabe si es cierta la historia de Fernández Victorio, pero por supuesto no hay forma de considerar que no sea cierta para él mismo. Y, desde su propia versión, si Fernández Victorio hubiera comprado el auto a Fernando Gabriel Rodríguez habría actuado de mala fe, por dos motivos:

a- si hubiera atinado a consultar las constancias registrales, como debía (art. 16 d.ley 6582/58; ver ahora art. 1902 último párrafo CCyC), se habría podido dar cuenta que no existía verdaderamente un Ford Ecosport con la trilogía coherente de datos patente EIN 655, motor CDJA48534518 y  chasis 9BFZE12N548534518, se habría podido dar cuenta entonces que Rodríguez le quería vender “un buzón”;

b- no ha explicado cómo es que viviendo él en Pehuajó llegó a conocer a ese  tal Rodríguez domiciliado en Monte Grande,  o cómo es que se enteró de la posibilidad de comprar el auto de que se trata, o cómo es que, sin conocerlo, pudo confiar en él al punto de no consultar las constancias registrales; lo cierto es que habría terminado comprando una cosa robada y con papeles falsos a un tal Rodríguez respecto de quien Fernández Victorio no ha dicho que le constara que “acostumbraba a vender cosas semejantes” (art. 2771 CC; art. 34.5.d cód. proc.).

Pero, ¿Fernández Victorio hizo las falsificaciones o al menos las conocía efectivamente? ¿Era consciente  él de que se trataba de un coche robado? Tampoco se sabe. El hecho de que él mismo usara el auto un par de años antes de venderlo a Romani (f. 23 vta. ap. III párrafo 3°; absol. de Romani a posic. 6, fs. 100 y 101; resp. de  Jorge H. Piñanelli a preg. 3 a f. 174) no permite inferir que él hubiera sido o no hubiera sido  el autor de las falsificaciones, o que él las hubiera conocido o no las hubiera conocido, o que él hubiera sabido o no sabido que era robado : pudo ser él el autor (o alguien por cuenta y orden de él) o pudo conocer las falsificaciones y él circular “tranquilo” confiando en la “excelencia” de las falsificaciones, o pudo ser otro el autor antes que él y él circular tranquilo ignorando la falsificación  -aunque de mala fe atenta la falta de consulta de las constancias registrales- (arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.). En todo caso, Fernández Victorio no fue imputado  en la causa por robo que terminó archivada (ver causa penal 07-00-504675-04) y es imputado en la causa penal pampeana donde se investigan las falsificaciones y ha sido convocado a declaración indagatoria, que no llegó a realizarse por no haber sido todavía notificado (causa penal 35959: fs. 87/99, 174 y 212 vta.).

 

5- Sigo con el esclarecimiento de  algunas otras circunstancias antes de abordar la respuesta a los interrogantes sembrados en el último párrafo del considerando 3-.

Si juzgado desde su propia historia acerca de cómo llegó a sus manos el auto robado, es indudable la mala fe del aquí demandado Fernández Victorio, cuadra inquirir sobre la buena o mala fe del demandante Romani cuando le compró ese mismo auto a Fernández Victorio.

Sin duda también actuó de mala fe, porque sabía que estaba comprando a Fernández Victorio una cosa que aparentemente –según documentación que se le entregaba- pertenecía a un tal Rodríguez y porque –otra vez, pero Romani  con más razón, atenta su ocupación de revendedor de autos, art. 902 CC-  si hubiera atinado a consultar las constancias registrales, como debía (art. 16 d.ley 6582/58; ver ahora art. 1902 último párrafo CCyC), se habría podido dar cuenta que no existía verdaderamente un Ford Ecosport perteneciente a ningún Rodríguez  con patente EIN 655, motor CDJA48534518 y  chasis 9BFZE12N548534518; la buena fe no se sostiene en haber confiado en  lo   intachable Fernández Victorio ¡como oftalmólogo! ni en la intervención en el negocio de sus  “reventas” colegas Piñanelli (atestaciones a pregs. 3, a f. 174 y 175; absol. de Romani a posic. 1 a 11, fs. 100 y 101/vta.; absol. de Fernández Victorio a posic. 3, a fs. 154 y 155; arts. 409 párrafo 2°, 421 y 456  cód. proc.).

 

6- Como resumen de los considerandos 2-, 3-, 4- y 5- tenemos que:

a- Fernández Victorio vendió y entregó a Romani un auto robado, con chapas EIN 655 falsas, con esa identificación también falsa en sus cristales y con documentación –título, formulario 08 y formulario 12- también falsa;

b- ambos actuaron a su modo de mala fe;

c- ese auto fue recuperado por la policía y entregado por la justicia penal a la aseguradora de su dueño porque ya lo había indemnizado por el robo; así, quedó frustrada –por la desposesión del auto-  la venta recién abalizada con la letra a- y de suyo la consiguiente venta que hizo Romani a otra persona.

 

7- Y bien, con ese panorama despejado, vemos que en demanda Romani imputa a Fernández Victorio haberlo estafado y le reclama una indemnización integral inclusiva del precio de la frustrada compraventa, de una compensación por daño moral y de intereses.

¿En qué consistió la estafa según Romani?

En haberle vendido una automotor robado, en haber conseguido así de él  el desembolso de una suma de dinero y en haberlo  perjudicado  en definitiva atento el  posterior e irreversible secuestro policial y judicial del vehículo (causa civil: aps. II y V, fs. 7 vta./8 vta. y 10; IPP 46366, fs. 1/2 vta.).

Para la configuración de la estafa tenía que haberse demostrado el elemento subjetivo consistente en que Fernández Victorio supiera efectivamente que se trataba de un automóvil robado que vendía a Romani en medio de diversas irregularidades. Ese conocimiento efectivo de Fernández Victorio, como hemos visto en el considerando 4-, no se demostró. Sí su mala fe, no su malicia. Tanto así que, justo por esa razón, la causa penal por estafa fue archivada (IPP 46366: fs. 59/61 vta. y 85), sin que el denunciante Romani –demandante en este proceso civil- hubiera instado su revisión ante el Fiscal General (arts. 268, 56 bis y 83.8 CPP) y sin que tampoco hubiera aportado luego más elementos de prueba en pos de la demostración de ese conocimiento efectivo por parte de Fernández Victorio.

Si bien el elemento subjetivo de la estafa no logró demostrarse, encuentro que en cambio sí quedó adverado su elemento objetivo, porque aún sin conocimiento efectivo de Fernández Victorio, éste de hecho  terminó vendiendo a Romani un automóvil robado en medio de diversas irregularidades, del cual Romani –o la persona a quién él a su vez lo vendió- resultó finalmente desposeído por decisión de la justicia penal que lo entregó a la aseguradora de su legítimo dueño.

Así como no viola el art.34.4 CPCC  ni quebranta el principio de congruencia el fallo que considera legitimado para demandar la reparación del perjuicio a quien invocó la calidad de propietario del automotor dañado al entender que, pese a no haber probado la calidad invocada, se encuentra en situación asimilable a la de propietario al haber demostrado su carácter de poseedor animus domini y de usuario (fallos de la SCBA cits. en juba online al 31/8/2017 con las voces propietario poseedor congruencia; art. 279 cód. proc.), tampoco debería considerarse violado el art. 34.4 CPCC ni el principio de congruencia si se otorga a quien alega estafa sólo la consecuencia jurídica que corresponda nada más respecto del elemento objetivo de la estafa en razón de no haberse demostrado su elemento subjetivo. Quien alega lo más  (estafa, con sus elementos objetivo y subjetivo) alega lo menos (el elemento objetivo de la estafa)  y si no puede merecer la consecuencia jurídica de lo más sí en cambio puede merecer la consecuencia jurídica de lo menos, sin quedar afectado así el principio de congruencia (art. 34.4 cód. proc.). Se trata de una congruencia flexible en aras de la más justa posible composición del conflicto (ver Peyrano, Jorge W. “La flexibilización de la congruencia”, en La Ley del 5/9/2013, en tomo 2013-E).

Por tratarse de un auto robado finalmente recuperado para su dueño (rectius, para la aseguradora que lo había indemnizado) por la justicia penal, lo cierto es que quedó frustrada la venta de Fernández Victorio a Romani y privado éste del derecho que había adquirido, así como quedó frustrada la venta de Romani a la persona que se lo compró y también privada esta persona del derecho que hubo adquirido de Romani. De manera que, en síntesis, cabe, en virtud de una congruencia flexible, en principio el encuadre jurídico que hizo el juzgado, máxime si Fernández Victorio en el boleto se responsabilizó expresamente “por cualquier inconveniente –en lugar de inconveniente léase evicción-  que impidiera disponer libremente” del rodado que vendía  (f. 6; art. 2091 CC).

Hago notar que:

a- atendiendo al tenor de la demanda y para la eventualidad de su éxito, de cara a una futura acción de regreso bien pudo Fernández Victorio citar como tercero a su supuesto vendedor  Fernando Gabriel Rodríguez en los términos del art. 94 CPCC; en definitiva, la citación de evicción del art. 105 CPCC no es más que una especie del género denuncia de litis del art. 94 CPCC cuya regulación normativa específica se debe primordialmente a razones históricas más que técnicas (lamento ser autorreferencial, pero lo explico en más detalle en mi libro “Terceros en el proceso civil”, Ed. La Ley, Bs.As., 2011, a donde por brevedad remito); claro que esa citación no le habría sido fácil, si no pudo notificarlo aquí para que declarara como testigo (ver considerando 4-);

b- es irrelevante si Romani  devolvió de alguna manera o si no devolvió el precio a quien él luego  vendió el auto de que se trata, porque, si no lo hubiera devuelto,  el crédito de ese tercero pesaría aún en el patrimonio de Romani  por lo menos con la misma fuerza jurídica con la que pesa el –en el caso reclamado-  crédito de Romani en el patrimonio de Fernández Victorio, con lo cual la devolución del precio de Fernández Victorio a Romani no lo enriquecería sino que lo equilibraría patrimonialmente considerando –insisto- la devolución del precio debida por Romani al tercero que le compró el coche;  de todas formas, Romani arguye que sí hizo la devolución de ese precio mediante la entrega de otro rodado y hay algunas evidencias que permiten creer que eso fue así, incluso porque no se ha tenido conocimiento de ningún reclamo del tercero respecto de Romani pese a haber sido  in fraganti desposeído por secuestro policial del auto robado  (causa civil: absol. a posic. 12, fs. 100 y 101 vta.;  IPP 46366: f. 4; causa penal 07-00-504675-04: fs. 54; causa penal 35959: declaraciones de Arce y de Romani, a fs. 143/145 y  143/148 vta.);

c- la mala fe de Romani al comprar el auto a Fernández Victorio (ver considerando 5-) no neutraliza la viabilidad  de su reclamo resarcitorio, porque no se ha evidenciado que hubiera renunciado de ninguna forma a la garantía de evicción (ver boleto a f. 6; arts. 874,  2106 y 2101.3 CC).

 

8- Habiendo surgido un “inconveniente” (evicción) que, más que impedir libremente disponer del coche vendido, determinó la privación total de los derechos transmitidos por Fernández Victorio a Romani sobre el coche vendido (ver, otra vez, compromiso asumido por Fernández Victorio en el boleto de f. 6), aquél debe devolver a éste el precio (art. 2118 CC).

Lo dicho requiere algunas precisiones para responder a los agravios.

Para empezar, no es cierto que en demanda no se haya reclamado la repotenciación o la actualización del capital como se critica a fs. 248 vta. y 250, porque lo contrario se puede leer a fs.  9 vta y 12 vta..

Por otro lado, siendo la inflación un hecho notorio sobreviniente, cabe su consideración a los fines de la cuantificación del crédito a valores actuales al momento del decisorio, máxime si en la demanda se usó la expresión “y/o lo que en más o en menos…” (f. 7 ap. I y 9 vta.; arts. 34.4,  163.6 párrafo 2° y 165 párrafo 3° cód. proc.).

Además, según la Corte Suprema de la Nación, el art. 10 de la ley 23982 sólo fulmina las fórmulas matemáticas para actualizar, repotenciar o indexar,  pero no otros métodos que consulten elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible (ver considerando 11 de  “Einaudi, Sergio /c Dirección General Impositiva /s nueva reglamentación”, sent. del 16/9/2014;  complementaria y necesariamente ver también  el considerando 2 del Ac. 28/2014 a través del cual incrementó el monto del art. 24.6.a del d.ley 1285/58). Pasar a jus el crédito reclamado en demanda  no se advierte por qué no pueda ser un método  que consulta elementos objetivos de ponderación de la realidad y que da lugar a un resultado razonable y sostenible, sin infracción al art. 10 de la ley 23982. Método hasta conveniente para el demandado: si atenta la derogación en 2010 del 141 de la ley 24013 (ver ley 26598)  podría interpretarse que la ley autoriza el uso del salario mínimo, vital y móvil como índice o base para la determinación cuantitativa de otros institutos legales (v.gr. de los créditos reclamados en juicio, usando la  atribución del art. 165 párrafo 3° cód. proc.), resulta que si los $ 32000 se convirtieran en esos salarios según su monto ($ 960)  en octubre de 2007 (f. 12 vta.) serían 33,33, los cuales multiplicados por su valor al tiempo de la sentencia apelada ($ 8060), habrían resultado ser $ 268.666,66, una cantidad todavía más onerosa para el demandado.

 

9- Los que no proceden merced al art. 2118 CC son los  intereses compensatorios, pero sí los moratorios a partir del momento del retardo imputable que se determine en 1ª instancia al tiempo de la condigna liquidación (arts. 509, 511, 519 y concs. CC; art. 501 cód. proc.).

Por fin, respecto de las tasas de interés otorgadas en 1ª instancia no concurre crítica concreta y razonada, porque es insuficiente sólo “impugnarlas” sin precisar por qué serían erróneas y porque de ningún modo difieren de las reclamadas en demanda ya que en todo caso el demandante no las especificó (fs. 7 in fine, 9 párrafo 3°y 12 vta.; arts. 34.4, 260 y 261 cód. proc.).

 

10- Merituando la complejidad de las cuestiones fácticas y jurídicas involucradas en el caso y que en definitiva la demanda prospera parcialmente incluso con un encuadre normativo diferente, voy a postular que las costas de ambas instancias sean soportadas en el orden causado (art. 68 párrafo 2° cód. proc.), lo cual puede hacerse respecto de las de primera instancia porque si el demandado pidió lo más (la anulación lisa y llana de la sentencia apelada) es posible excepcionalmente adjudicarle como bálsamo  lo menos (una modificación en cuanto a costas; art. 34.4 cód. proc.).

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 240  contra la sentencia de fs. 230/234 vta., salvo en cuanto al dies a quo de los intereses y a las costas de 1ª instancia, aspectos en los que se la modifica en los términos de los considerandos 9- y 10-. Con costas en cámara por su orden (ver también considerando 10-) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de f. 240  contra la sentencia de fs. 230/234 vta., salvo en cuanto al dies a quo de los intereses y a las costas de 1ª instancia, aspectos en los que se la modifica en los términos de los considerandos 9- y 10-. Con costas en cámara por su orden (ver también considerando 10-) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

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Fecha del Acuerdo: 12-9-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ADOLFO ALSINA

                                                                                 

Libro: 48- / Registro: 299

                                                                                 

Autos: “KRIGER CARMEN ESTER C/ KRIEGER Y GRAFF MARIA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION”

Expte.: -90445-

                                                                                 

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “KRIGER CARMEN ESTER C/ KRIEGER Y GRAFF MARIA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION” (expte. nro. -90445-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 160, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es procedente la apelación subsidiaria de foja 153/154 vta. contra la resolución de foja 152?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

Las cuestión que se relata en la presentación de fojas 151vta., en tanto alude a un error en la identificación numérica o catastral del lote como objeto de la demanda, de ser exactas, deja quizás un margen para que sea comprendida en alguna de las salvedades en que se admite la actuación del juez posterior a la sentencia, como es el caso de la indicada en el inciso uno de esa norma.

Asimismo, el artículo 509 del Cód. Proc., prevé la posibilidad que, a pedido de parte, el juez establezca las modalidades de la ejecución, amplie o adecue las que contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.

Por manera que si es posible que la situación planteada se acomode a alguna de aquellas situaciones legalmente contempladas, lo discreto es conferir traslado de lo solicitado a fojas 151 a la contraparte y luego resolver acerca de si lo pretendido consulta alguna de aquellas o no. Antes que cerrar desde ya la potencialidad de ese curso.

Con este alcance se hace lugar a la apelación subsidiaria y se revoca la providencia de fojas 152 en cuanto fue motivo de agravios.

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde hacer lugar a la apelación subsidiaria de fojas 153/154 vta. y en consecuencia  revocar la providencia de foja 152 con el alcance dado al ser votada la primera cuestión.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Hacer lugar a la apelación subsidiaria de fojas 153/154 vta. y en consecuencia  revocar la providencia de foja 152 con el alcance dado al ser votada la primera cuestión.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

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Fecha del Acuerdo: 12-11-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                 

Libro: 48- / Registro: 298

                                                                                 

Autos: “C., G.   ( CONYUGE L. D. M.)  S/ DIVORCIO UNILATERAL”

Expte.: -90449-

                                                                                 

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “C., G.   ( CONYUGE L. D. M.)  S/ DIVORCIO UNILATERAL” (expte. nro. -90449-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 62, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es procedente la apelación de foja 48 contra la resolución de fojas 43/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Al presentar su petición de divorcio, la actora dejó expresado que desde había varios años se encontraban separados, con lo que dio pábulo a que esa separación había ocurrido antes de la petición. Aunque no precisó la fecha, hizo referencia a procesos referidos a la prestación alimentaria (‘C., G. c/ M., L. D. s/ homologación de convenio’, expediente 775/2014 y ‘C., G. c/ M., L. D. s/ incidente de alimentos’, expediente 3201/2015; fs. 7.III y 7/vta. B).

De su parte, M., expresó en el tema que interesa, que había una fecha cierta de la separación de hecho y que los efectos de la sentencia de divorcio debía retrotraerse al 6 de febrero de 2014 (fs. 24vta., primer párrafo).

Y la actora, al responder al traslado que le corriera para que expresara si esa fecha era correcta, antes que formular controversia, dijo que conforme surgía del convenio homologado en los autos ‘C., G. c/ M., L. D. s/ homologación de convenio’ –ofrecido en su presentación inicial (f. 58)– la separación de hecho sin voluntad de unirse se había producido el 6 de febrero de 2014.

En síntesis, no hubo controversia en ese dato ni una actitud de manifiesto ocultamiento por parte de la actora, por lo cual no puede hablarse de la existencia de una parte vencida.

Por manera que, con esta visión, no hay fundamento procesal para que las costas del divorcio sean impuestas a la accionante, como sostiene la parte recurrente (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

De modo que en este aspecto la apelación debe ser desestimada, con costas al apelante vencido, pues medió resistencia de la apelada que resultó exitosa (arg. 68 del Cód. Proc.).

Tocante a la regulación omitida, la falta puede ser salvada en la instancia anterior, canalizándose allí la petición del interesado.

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de foja 48 contra la resolución de fojas 43/vta., con costas al apelante vencido (arg. art. 68 Cód. Proc.)  y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de foja 48 contra la resolución de fojas 43/vta., con costas al apelante vencido   y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

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Fecha del Acuerdo: 12-9-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                 

Libro: 48- / Registro: 297

                                                                                 

Autos: “C., L. P. C/ G., M. O. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”

Expte.: -90439-

                                                                                 

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “C., L. P. C/ G., M. O. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS” (expte. nro. -90439-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 143, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es fundada la apelación de f.  121.I contra la sentencia de fs. 107/111 vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- La inflación es hecho notorio que no requiere demostración,  aunque,  como prueba de ella, téngase en cuenta la adecuación progresiva del salario mínimo, vital y móvil (en adelante, SMVM), la cual da cuenta de la realidad económica consistente en la paulatina pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional en los últimos años  (art. 139 ley 24013; art. 384 cód. proc.).

En agosto de 2014, las partes acordaron una cuota alimentaria de $ 1.500, lo cual importaba un 41,66% del SMVM que, por entonces, ascendía a $ 3.600 (Res. 4/13  del CNEPYSMVYM).

Al tiempo de la sentencia apelada, el SMVM era de $ 8.060 (Res. 2/16 del CNEPYSMVYM) , de modo que ese 41,66% virtualmente acordado por las partes llegaba a $ 3.358,33.

Ese simple análisis que pondera  elementos objetivos de la realidad económica, conduce a una conclusión razonable y sostenible: la cuota fijada por el juzgado (12% del sueldo bruto del accionado = $ 2.776,29) en moneda constante según la variación del SMVM  es inferior a la cuota oportunamente pactada. Cabe recordar que la Corte Suprema de la Nación  ha decidido que el art. 10 de la ley 23982 sólo fulmina las fórmulas matemáticas para actualizar, repotenciar o indexar,  pero no otros métodos que consulten elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible (ver considerando 11 de  “Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación”, sent. del 16/9/2014;  complementaria y necesariamente ver también  el considerando 2 del Ac. 28/2014 a través del cual incrementó el monto del art. 24.6.a del d.ley 1285/58).

Y eso así sin considerar otra variable que cambió desde el acuerdo de 2014 hasta la sentencia apelada: la mayor cantidad de años de la alimentista.

 

2- El argumento anterior es suficiente para confirmar la sentencia apelada, ya que por su peso prácticamente desplaza el examen de otras cuestiones.

No obstante, ¿qué habría cambiado para el alimentante desde el acuerdo de 2014? Porque si algo hubiera cambiado de modo tal que contara con menos recursos, entonces podría justificarse no aumentar la cuota. El nacimiento de una nueva hija –no de los demás-  y la necesidad de alquilar, dijo él oportunamente (ver f. 35 vta.).

No indica  G., cómo sostener que los aumentos recibidos por su trabajo como policía hubieran sido inferiores que la variación del SMVM (f. 127, art. 375 cód. proc.).

No ha comprobado G., que  antes del acuerdo de 2014 no alquilara y que luego sí (ver declaraciones de los testigos que propuso, a  fs.  84/86; art. 710 CCyC; art. 456 cód. proc.).

En cuanto a los mayores gastos derivados del nacimiento de su nueva hija,  sin tener que afectar la cuota alimentaria de autos pueden cubrirse con otras ocupaciones de G., que tampoco probó tener antes del acuerdo de 2014 (art. 710 cit.); me refiero a un negocio de venta de ropas (que con flexibilidad puede ser tenido por adverado con las atestaciones a preg. 7, 8 y 10, fs. 76/77; arts. 710 cit. y 456 cód. proc. ) y a sus clases de fútbol (absol. a posic. 10, fs. 58/5); en cuanto a estas últimas, le incumbía al absolvente demostrar el hecho independiente de no cobrar por ellas  (art. 422.1 cód. proc.).

Por fin, respecto del virtual rechazo del incidente de colaboración –ver f. 35.c; pues su  éxito podría haber conducido a una reducción o al menos a un no aumento de cuota-, los fundamentos centrales tendientes a ese rechazo (ver v.gr. fs. 108 vta./109) no han sido objeto de crítica concreta y razonada (arts. 260 y 261 cód. proc.).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar  la apelación de f.  121.I contra la sentencia de fs. 107/111 vta., con costas al apelante infructuoso (arts. 68 y 77 párrafo 2° cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO   DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar  la apelación de f.  121.I contra la sentencia de fs. 107/111 vta., con costas al apelante infructuoso, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

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Fecha del Acuerdo: 12-9-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                 

Libro: 48- / Registro: 296

                                                                                 

Autos: “S., P. R. C/  G., A. R. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -90438-

                                                                                 

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “S., P. R. C/  G., A. R. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -90438-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 196, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación subsidiaria de fs. 184/186?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            1. En la sentencia apelada, la jueza  de paz, decidió: (1)  que las partes cuantificaron la cuota alimentaria en el 19 % de los ingresos del demandado, una vez deducidos las cargas de ley (fs. 185, segundo párrafo; (2) que no corresponde incluir los rubros identificados como ‘licencias no gozadas’ ‘B Extra Lab.’ y ‘Ret. Esp. 30 años´ (fs. 185vta.3); (3) que respecto de determinación de la pensión a partir de abril de 2014, considerando que en mayo de 2015 el I.P.S. liquidó el beneficio retroactivamente a aquella fecha, promediando lo percibido la parte interesada debía discernir el monto exacto de la contribución alimentaria a abonarse por el lapso abril-agosto de 2014. Fijándose la corriente a partir de septiembre de ese año, sobre la totalidad de los ingresos del demandado en ese período (fs. 185vta.4 y 186 primer párrafo).

Apeló la actora. Y en su embate propuso los siguientes agravios: (1) que, por las razones que expone, la cuota debía calcularse sobre la totalidad de los haberes brutos que percibiera el demandado (fs. 187vta., primero a tercer párrafo); (2) que el cálculo habría de hacerse sobre el total de las sumas fueran o no remuneratorias, y en tal sentido los rubros por cese de la relación laboral, habrían de integrar el cómputo de la cuota (fs. 187vta.b y 188).

            2. El demandado opuso a esa queja de la actora, un planteo de deserción del recurso por entender que no constituía una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se estimaron equivocadas, pues se limita a una mera discrepancia subjetiva. Por lo cual pidió la desestimación total del recurso (fs. 190/vta.).

            3. Pues bien, lo primero es manifestar que, contrariamente a lo que el demandado ha opinado, el recurso de la actora cumple con la técnica recursiva que indica el artículo 260 del Cód. Proc.. Y para comprobarlo basta confrontar los puntos de la expresión de agravios que se han resumido, con los contenidos respectivos del fallo.

Además, no debe perderse de vista que aún si alguna duda quedara sobre si el escrito en que se expresan los agravios reúne o no los requisitos para tenerlo por tal, habría que estar por la apertura de la segunda instancia. Se ha dicho que en la sustentación del recurso de apelación, el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia. Por manera que si la apelación cumple en cierta medida las exigencias del Cód. Proc., es discreto estimar que la carga procesal de fundar los agravios se ha satisfecho (CC0201, de La Plata, causa 115681 RSD 33/15, sent. del 31/03/2015, en Juba sumario B257845).

            4. Abordando ahora el primero de los agravios de la actora, puede adelantarse que no le asiste razón.

En efecto, lo  acordado por las partes a fs. 52, no se limitó a fijar la cuota alimentaria en el 19 % de las remuneraciones brutas que percibiere mensualmente el alimentante, sino que acompaño ese enunciado con un ejemplo: que la aplicación de ese porcentaje en la remuneración percibida en junio de 2013, que no podría ser sino la del mes anterior, la cifra debía ser de $ 1.492.

Y haciendo esa traducción numérica de lo expresado sobre la remuneración de este último mes –según la información de fojas 89– resulta que, para llegar a ese monto de 1.492 hay que aplicar el 19 % sólo sobre el sueldo básico, con el 3 % de antigüedad, el 1% de antigüedad y la ‘Bonif. Rem. No Bonif.’. Pues de la suma de esos rubros se obtienen  7.852,38 cuyo 19 % equivale a  1.491,95.

En ese sentido, y como la interpretación de ese acuerdo debe ser guiado por lo que las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión, dando a las palabras la significación que mana del contexto en que se formularon, creo que cabe concluir que no puede sostenerse lo que la apelante sostiene al respecto (arg. art. 1198 y concs. del Código Civil; arg. arts. 1061, 1063 y 1064 del Código Civil y Comercial).

Por ello, debe desestimarse el recurso en ese plano, con el alcance dado.

            5. Despejado ese tema, lo que viene a continuación, es discernir si los rubros contemplados en la sentencia como base del cómputo de los alimentos, inherentes al cese de la relación laboral (identificados como ‘licencias no gozadas’ ‘B Extra Lab.’ y ‘Ret. Esp. 30 años´ (fs. 185vta.3), deben o no ser tenidos en cuenta a esos fines, tal como fue lo pactado por las partes (fs. 187/188.b).

Ciertamente que no, toda vez que si –como se ha dicho antes– lo acordado fue la aplicación de un porcentaje del 19 % sobre las remuneraciones mensuales brutas, no puede comprenderse dentro de lo que las partes entendieron, obrando con cuidado y previsión, aquellos montos que provienen de la desvinculación del alimentante como empleado de la Municipalidad de Pehuajó y que no guardan –por consiguiente– el perfil de remuneración mensual, según el significado que a ello le da el sentido general (arg. art. 1198 del Código Civil; arg. art. 1063 del Código Civil y Comerial).

En suma, en este tramo el recurso no procede.

            6. Así las cosas, el tratamiento de las cuestiones que han sido motivo de agravio conducen a desestimar la apelación de fs. 187/188.

Las costas se imponen a la parte apelada, aunque el éxito del recurso sólo es parcial, a fin de no afectar la integridad de la cuota por alimentos (arg. art. 68, segundo párrafo, del Cód. Proc.; esta cámara, sent. del 07/06/2016, ‘B., O. c/ M., J s/ alimentos, L. 47, Reg. 163).

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde, desestimar la apelación de fs. 187/188.

Las costas se imponen a la parte apelada, aunque el éxito del recurso sólo es parcial, a fin de no afectar la integridad de la cuota por alimentos (arg. art. 68, segundo párrafo, del Cód. Proc.; esta cámara, sent. del 07/06/2016, ‘B., O. c/ M., J s/ alimentos, L. 47, Reg. 163).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA   DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de fs. 187/188, con costas a la parte apelada, aunque el éxito del recurso sólo es parcial, a fin de no afectar la integridad de la cuota por alimentos.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

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Fecha del Acuerdo: 12-9-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Tejedor

                                                                                 

Libro: 48- / Registro: 295

                                                                                 

Autos: “”VAZQUEZ, GABRIELA S/ SUCESION AB INTESTATO”

Expte.: -90446-

                                                                                 

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “”VAZQUEZ, GABRIELA S/ SUCESION AB INTESTATO” (expte. nro. -90446-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 108, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es fundada la apelación subsidiaria de fs. 86/87 vta. contra la resolución de f. 82?.

SEGUNDA:  ¿es fundada la apelación de f. 94 contra la resolución de f. 91

TERCERA:  ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

El mandamiento de posesión ordenado a f. 78 no tiene por finalidad desapoderar el ocupante, sino hacerle saber por cuenta de quiénes ha pasado a tener la cosa luego de fallecido el causante –según la versión expuesta a fs. 77/vta.-, acaso para permitirle saber a quién pagar los alquileres o con quién negociar la devolución de la cosa,  sin necesidad de juicio en ambos casos (art. 1923 CCyC).

VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

A f. 90 el abogado pretende acreditar personería con el instrumento privado de fs. 89/vta., pero el juzgado le exigió escritura pública a f. 91 invocando el art. 47 CPCC.

La cuestión es semejante a la tratada por esta cámara en “Peña c/ Alda” (9/11/2016 lib. 47 reg. 331),  razón por la cual transcribiré parcialmente mi voto vertido allí:

“Según el art. 363 CCyC, el poder debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar.

            Por eso, si el acto procesal no requiere la forma de escritura pública (v.gr. una demanda, un recurso, etc.; art. 118 cód. proc.), el poder para realizarlo en nombre del mandante no requiere la forma de escritura pública.

            Esa es una modificación sustancial respecto del Código Civil, que en su art. 1184.7 determinaba que debían ser redactados en escritura pública los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio.”

            Se dirá que cualquier abogado podría decir que es mandatario sin serlo sólo presentando un instrumento privado con la  supuesta firma del mandante falsificada, pero actualmente también podría decir que es patrocinante sin serlo falsificando también la firma del patrocinado. Si así procediera incurriría en responsabilidad profesional y civil (art. 376 CCyC; art. 25 incs. 6 y 7 ley 5177).

Por otro lado, en ejercicio de sus atribuciones preventivas (arts. 1710 y 1713 CCyC; ;  art. 34.5 incs. b y d cód.proc.)  siempre podría el juez citar al supuesto mandante para que ratifique o rectifique si ha otorgado o no mandato al abogado que invoca ser mandatario en base a un instrumento privado, incluso advirtiéndole que su incomparecencia podría ser interpretada como ratificación tácita (arg. art. 1319 CCyC) .

HALLO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

A LA  TERCERA  CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde revocar las resoluciones de fs. 82 y 91 en cuanto han sido motivo de agravios (art. 34.4 cód. proc.).

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Revocar las resoluciones de fs. 82 y 91 en cuanto han sido motivo de agravios (art. 34.4 cód. proc.).

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

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Fecha del Acuerdo: 11-9-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia 1

                                                                                 

Libro: 48- / Registro: 294

                                                                                 

Autos: “A., A. A.  C/ P., A. D. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY12569)”

Expte.: -90423-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “A., A. A.  C/ P., A. D. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY12569)” (expte. nro. -90423-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 94, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  f. 78 contra la resolución de fs. 77/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Ante la denuncia efectuada por la actora el 5 de mayo del corriente la jueza resolvió, entre otras medidas, que  P., por el término de 6 meses, deberá abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación o intimidación contra la víctima en cualquier lugar en que ésta se encuentre y por cualquier medio, incluyéndose la vía telefónica e informática (v. fs. 5/6 pto. 5).

Esa decisión es notificada por oficio policial a la actora y también al demandado en la misma fecha en que fue dispuesta  (v. fs. 15/16). Posteriormente se presenta la actora y denuncia que P., realiza publicaciones en internet, teniendo algunas -a su juicio- contenido ofensivo y amenazante.

Pide que se lo intime a cesar en la publicación de fotos y/o mensajes que directa o indirectamente se refieran a su hijo, persona y/o familia (fs. 76/vta.).

La jueza hace saber que el delito de desobediencia es competencia de la justicia penal pudiendo en su caso la solicitante iniciar las acciones jurisdiccionales pertinentes por la vía procesal correspondiente (v. f. 77).

Esta decisión es apelada por la actora a f. 78, argumentando a fs. 84/86, en síntesis,  que lo solicitado fue una intimación bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal, no la denuncia o pase a la justicia penal.

Aclara que fue así solicitado por considerar menos gravoso una nueva intimación, antes que pedir el pase a la justicia penal.

 

2. Veamos: si la denunciante cree que con las publicaciones se estaría infringiendo la orden judicial de fs. 5/6, tal como dijo la jueza de la instancia inicial, se encuentra en condiciones de hacer la correspondiente denuncia penal. Máxime que es quien cuenta con toda la información para hacerla y dar acabado detalle de ello; por este motivo no encuentro razón para revocar el decisorio en crisis.

De todos modos, sin perjuicio de lo anterior, tratándose la presente de una causa de violencia familiar, siendo que debe primar una justicia de acompañamiento en función del nuevo paradigma sentado por el Código Civil y Comercial, me permito sugerir que desde el juzgado se trabaje la causa a través del equipo interdisciplinario con que el mismo cuenta, a fin intentar poner un manto de calma a las partes y darles la contención necesaria para acordar un compás de espera hasta tanto se efectivice el estudio de ADN que al parecer se estaría gestionando a través de la Asesoría de Menores e Incapaces.

No dejo pasar que cuando la actora realizó manifestación en audiencia ante el juzgado, negó la existencia de hechos de violencia, dijo que P., no era violento ni con ella ni con el niño (ver fs. 8/vta.) y el denominado hostigamiento telefónico denunciado a f. 2vta. para ver a su presunto hijo sin contención -al parecer- de ninguna índole, frente a la negativa a poder verlo y los episodios posteriores, son hechos que bien pudieron y pueden ser trabajados por el equipo técnico del juzgado -al cual no parece que se le hubiera dado intervención- en el marco de la ley de violencia familiar a fin que las tensiones que hoy pudieran existir entre las partes no sobrepasen las propias y razonables de todo conflicto judicial donde está en juego el derecho a la identidad de un menor y el de su alegado padre a saber con certeza si lo es (arg. art. 7 inc. m y 7 bis. c, ley 12569).

Incluso si la ley prevé alimentos provisorios aun sin certeza de la paternidad, por qué no pensar también en visitas provisorias ante las mismas circunstancias, si no se detectara por el equipo interdisciplinario del juzgado riesgo  para el menor (arg. art. 586, CCyC). Pues si el ADN diera positivo, todo este tiempo de ausencia de contacto entre el niño y su progenitor, no sólo perjudica al padre, sino y fundamentalmente al niño (art. 709,, CCyC).

Así, entiendo corresponde mantener el decisorio en crisis, haciéndolo saber al Ministerio Pupilar (art. 103, CCyC).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

A fs. 5 vta./6 se ordenó a Á. D. P., abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación o intimidación contra la víctima por cualquier medio incluso informático.

A fs. 21/74 la víctima acompañó evidencia documental sobre supuestos actos de perturbación por vía informática y pidió que se intime a Pérez a cesar de realizarlos, bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal por el delito de desobediencia.

Los actos de perturbación por vía informática ya fueron prohibidos, de manera que no cabe intimar para que P., cese de hacerlos: intimar así es de alguna forma volver a prohibir lo mismo,  lo ya prohibido (arg. art. 7 bis párrafo 1° ley 12569).

Lo que sí cabe es determinar si P., infringió o no con los denunciados actos de fs. 21/74 esa prohibición de fs. 5 vta./6.

Si para la víctima los de fs. 21/74 fueron actos de perturbación posteriores a los que dieran motivo al inicio de la causa, bien pudo hacer la denuncia v.gr. por el delito de desobediencia. Pero como los especialmente señalados a fs. 85/vta. aps. VI y VII parecen prima facie constituir, al menos, actos de perturbación oportunamente prohibidos judicialmente, corresponde realizar esa denuncia de oficio (art. 71 CP; art. 287.1 CPP), sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar a criterio del juzgado (v.gr. art. 7 caput, art. 7 bis 2ª parte y concs. ley 12569).

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Posean o no idoneidad para comportar actos de perturbación, en el sentido de aquellos que han sido vedados según lo ya resuelto en este proceso, con su presentación de fojas 76/vta, imágenes y textos de fojas 21/74 y la puntual reseña contenida en el memorial (fs. 84/vta.), A., dio a conocer en este juicio, hechos o actos con potencialidad para constituir delitos que den lugar a acción pública.

Con ese proceder, activó el deber que establece el segundo párrafo del artículo 6 de la ley 12.569 (texto según la ley 14.509), para el Juez o Jueza que haya prevenido de imponer de la situación al Juez o Jueza competente y al Ministerio Público, guardando reserva de identidad del denunciante.

Justamente, a ello apunta la misma apelante, con cierto apremio indicativo, en su memorial referido.

Por consiguiente, dentro del marco que se optó darle a la cuestión, se tornó obligatorio cumplir con la comunicación señalada, más allá de toda intimación previa.

Por ello, adhiero el voto en segundo término.

TAL MI VOTO.

A LA  SEGUNDA  CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, desestimar la apelación de f. 78, pero disponer la realización de oficio de denuncia penal sobre la base de los hechos señalados a fs. 85/vta. aps. VI y VII.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION   EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de f. 78, pero disponer la realización de oficio de denuncia penal sobre la base de los hechos señalados a fs. 85/vta. aps. VI y VII.

Regístrese.  Ofíciese a los fines indicados supra, con copias certificadas de la presente y de las piezas procesales pertinentes a la UFI en turno. Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

 

 

 

 

 

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Fecha del Acuerdo: 11-9-2017.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia 1

                                                                                 

Libro: 48- / Registro: 293

                                                                                 

Autos: “R., A. M.  C/ S., M. A. J. S/ DIVORCIO POR PRESENTACION UNILATERAL”

Expte.: -90434-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los once  días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, celebran Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri, Silvia E. Scelzo y Toribio E. Sosa,  para  dictar  sentencia  en  los autos “R., A. M.  C/ S., M. A. J. S/ DIVORCIO POR PRESENTACION UNILATERAL” (expte. nro. -90434-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 24, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿es fundada la apelación de f. 21/vta. contra la resolución de f. 20?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

La notificación dispuesta por el juzgado del pedido de divorcio (f. 12), en sí misma no objetada oportunamente más allá del medio para notificar (art. 155 cód. proc.), excede los límites de la sola cuestión del divorcio  (esta cámara, “Gil c/ Bouissou” 27/10/2015 lib. 46 reg. 354); incluso permite al cónyuge no solicitante advertir que ya hubiera  sido decretado ese divorcio por otro juzgado (ver art. 717 CCyC). Por eso, si ha fracasado la notificación por cédula en el domicilio real denunciado (fs. 13/14) y si no procediese realizarla bajo responsabilidad (fs. 18/vta.), debe(ría) ser efectuada mediante edictos una vez cumplidos los recaudos pertinentes (arts. 341 y 145 cód. proc.).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Corresponde desestimar la apelación de f. 21/vta. contra la resolución de f. 20.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Desestimar la apelación de f. 21/vta. contra la resolución de f. 20.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

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