Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “R. V. M. C/ T. M. A. S/ TUTELA”
Expte.: -94716-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 13/5/24 contra la resolución regulatoria del 8/11/23 (punto 4).
CONSIDERANDO.
La abog. S., como representante del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, cuestiona la regulación de honorarios de fecha 8 de noviembre de 2023, mediante escrito electrónico del 13/5/24, con la fundamentación que faculta el art. 57 ley 14.967.
La apelante considera que la regulación efectuada a favor de la abog. F., equivalente a 30 jus, resulta elevada en relación a las tareas efectivamente realizadas y a la nula complejidad de su intervención (v. escrito del 13/5/24).
Abordando la labor de la profesional, de los antecedentes de la causa y hasta la sentencia del 8/11/23, resulta que la profesional contabiliza los trámites del 30/5/23 donde aceptó el cargo y solicitó autorización para la mev; 31/5/23 rectificó la hora de la audiencia; 8/6/23 la menor se presentó y prestó el consentimiento para la representación de F.; 28/6/23 asistió a la audiencia de escucha de la menor; 16/8/23 solicitó sentencia y alimentos provisorios (arts. 15.c. y 16 de la ley 14967).
En línea con lo descripto, corresponde ahora computar ese desempeño en los términos del artículo 16 de la ley 14.967 para determinar la regulación acorde.
Al respecto, para tener un marco, puede considerarse que estas actuaciones de abrigo están comprendidas en el artículo 9, I, 1, e y w de la ley 14.967 que prevé 20 jus por todo el proceso. Así como que el antepenúltimo párrafo del artículo 16, indica un promedio que da por satisfechos aunque sea mínimamente los extremos de aquella norma, al que cabe acudir por analogía para este supuesto (art. 2 del Código Civil y Comercial; arg. art. 55, primer párrafo, segunda parte, de la misma ley).
Entonces resulta más adecuado fijar una retribución de 15 jus, en tanto más proporcional al desempeño llevado a cabo por la letrada F. en la asistencia y representación de la menor de autos (arts. 15.c, 16, 22 y concs. de la ley 14.967).
En suma, el recurso del 13/5/24 debe ser estimado fijando los honorarios de la abog. F. en la suma de 15 jus.
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 13/5/24 y, en consecuencia, fijar los honorarios de la abog. F. en la suma de 15 jus.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:46:24 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:59:05 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 13:10:23 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7TèmH#USzqŠ
235200774003535190
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

Autos: “BALBI STELLA MARIS S/ SUCESION AB-INTESTATO”
Expte.: -94720-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto, para dictar sentencia en los autos “BALBI STELLA MARIS S/ SUCESION AB-INTESTATO” (expte. nro. -94720-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 2/7/2024, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: el recurso de apelación y el pedido de nulidad de fechas 9/5/24 contra la resolución regulatoria del 30/4/24.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
El abog. Sain Ajá solicita la nulidad e interpone recurso de apelación contra la resolución regulatoria del 30/4/24, al considerar que la misma ha sido dictada de manera unilateral sin mantener los principios de igualdad a las partes por cuanto no se le ha dado traslado de la base regulatoria aprobada en autos (v. escritos del 9/5/24).
Ahora: el recurso de apelación contra la regulación de honorarios comprende al de nulidad (art. 253 del cód. proc.), los planteos de ambos fueron fundados en el mismo acto de interposición y concedidos en relación mediante la providencia del 14/5/24 autonotificada (v. trámites del sistema Augusta); entonces como la contraparte tomó conocimiento y solicitó su elevación en el escrito del 9/6/24 sin manifestación alguna, no se ha vulnerado el ejercicio del derecho de defensa en juicio y la causa se encuentra en condiciones de resolver (arts. 34.5.a y e del cód. proc.; 15 Const. Pcia. y 18 Cons. Nac.).
Aclarado lo anterior cabe señalar que siguiendo a la Suprema Corte de Justicia provincial, la estimación de la base regulatoria debe ser notificada personalmente o por cédula en el domicilio real del obligado, como lo establecen los arts. 54 y 57 del dec. ley 8904, hoy 14967 de similar redacción (SCBA, Ac.65249, 29/12/98, “Adaro de Manente, Graciela c/ Manente, Germán Tomás s/ Separación de bienes”).
En caso de establecerse los honorarios de los profesionales intervinientes en un proceso, sin haberse sustanciado con todos los interesados la base regulatoria tenida en cuenta, corresponde dejar sin efecto la resolución que fija los estipendios (v. 1/4/04, “HUALA, EDUARDO GUILLERMO c/ TOMAS HNOS Y CIA. s/ Incidente de Levantamiento de Embargo sin Tercería” L. 33, Reg. 76; 30/12/14 “ECHEGARAY GENARO S/ SUCESION AB-INTESTATO” Libro: 45- / Registro: 421, entre otros).
Tal es la decisión que corresponde tomar en este caso, ya que el abog. Sain Ajá no fue partícipe de la sustanciación de la base regulatoria, para que la regulación de honorarios correspondiente se practique una vez estimada y sustanciada la que fue propuesta, con intervención de todos los interesados, previa notificación de acuerdo con el modo previsto en la ley arancelaria (arts. 35, 54 y 57 de la ley 14967; arts. 34.4., arg. art. 169 párr. 2do. y a símili art. 174 del cód. proc.).
En consonancia se deja sin efecto la regulación de honorarios de fecha 30/4/24.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios del 30/4/24.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Dejar sin efecto la regulación de honorarios del 30/4/24.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:45:34 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:58:29 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 13:08:59 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8BèmH#UC~YŠ
243400774003533594
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/07/2024 13:09:10 hs. bajo el número RR-427-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

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Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Tres Lomas
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Autos: “G., M. E. Y OTRO C/ G., C. A. S/INCIDENTE DE AUMENTO DE ALIMENTOS”
Expte.: -94341-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la sentencia del 15/3/2024 y la apelación del 26/3/2024.
CONSIDERANDO.
1. El juzgado inicial -en lo que aquí interesa-, con fecha 15/3/2023 decidió hacer lugar al incidente de aumento de cuota alimentaria promovido por M. E. G. contra su progenitor, conforme al allanamiento de éste, y fijar la cuota de alimentos mensual en el equivalente a 4 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (en adelante SMVyM), más la prepaga OSDE, con efectos desde diciembre de 2022. Además, reguló los honorarios devengados por la actuación profesional de la letrada M. E. A. P., patrocinante de la parte actora.
El accionado apeló la sentencia el 26/3/2024; presentó su memorial el 12/4/2024, en que sus agravios -en síntesis- versan sobre que la suma fijada en concepto de alimentos es excesiva, irrazonable e incongruente para una joven de la edad de Emilia, y se aleja de lo peticionado por la actora.
Agrega que al establecer la cuota en 4 SMVYM se viola el principio de congruencia ya que no se peticionó ello, sino que el objeto de demanda consistía en la suma de $250.000 más el pago de la obra social OSDE, sujeta a algún parámetro de actualización de dicha cuota, pero que de ningún modo solicitó los 4 SMVYM por lo que -a su entender- la sentencia es extra petita. Pretende que se fije cuota suplementaria por los alimentos atrasados en base a la suma que postula (v. memorial del 12/4/2024).
También pretende se fije la cuota alimentaria en cabeza de ambos progenitores, la cual deben ser los $250.000 que reclamó la actora actualizada por el SMVYM.
Cuestiona, por otra parte, las costas a su cargo y pide que sea en el orden causado debido a su allanamiento.
Por fin, dice que la regulación de honorarios es nula porque la base no fue sustanciada.
El memorial fue contestado el 25/4/2024.
La causa, entonces, se halla en condiciones de ser resuelta (art. 263 cód. proc.).
2. La actora al demandar peticionó “… un aumento de la cuota alimentaria en la suma de $ 250.000 mensuales, más el pago de la obra social OSDE. Asimismo, solicitó se establezca algún parámetro de actualización de la cuota alimentaria que se fije, ya sea traducir la misma en Salarios Mínimos Vital y Móvil o fijar la actualización de acuerdo al índice establecido por la ley de alquileres publicado por el Banco Central de la República Argentina …” (v. pto. IV, c del escrito de demanda del 26/12/2022).
Va de suyo, a cargo del progenitor demandado (v. escrito de demanda citado, p. II).
Frente a esta pretensión, luego de contestar la demanda con fecha 28/2/2023, el demandado resolvió allanarse a lo pedido y expresamente dijo: “.Que vengo a allanarme a la pretensión de la demanda, de forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva.- (v. escrito de fecha 3178/2023).
Es decir, y a tenor de los párrafos traídos, el alimentante se allanó a que se aumentara la cuota de alimentos por entonces vigente, que ésta fuera fijada en la suma de $250,000, que esos $250.000 no quedaran cristalizados y se tradujeran en la cantidad de pesos equivalentes a los SMVyM que correspondieran, o se utilizara el ICL (lo que quedó sujeto a la apreciación judicial por voluntad de la actora al proponerlo y del demandado al allanarse), y que quien debía afrontar la cuota fuera él (art. 307 cód. proc.).
Así las cosas, de ningún modo la sentencia apelada resulta incongruente, pues en función de ese allanamiento se hizo lugar al aumento de cuota, y ya en decisión sobre el método de readecuación, se optó por el primero de los métodos propuestos: transformar los $250,000 peticionados en la cantidad de SMVyM vigentes al momento de la interposición del incidente (arts. 34.4 y 163.6 cód. proc.).
En fin; la sentencia es congruente por decidir de acuerdo a las posturas asumidas por las partes; solución ésta que, por lo demás, deriva en que este tribunal no deba ingresar al examen de los demás argumentos relativos a la reducción de la cuota fijada por excesiva si se consideran las necesidades de quien percibirá los alimentos, al igual que la cuestión introducida sobre que los alimentos deben ser satisfechos tanto por la madre como por el apelantes, porque -se repite- el allanamiento formulado incluye, al ser total, la pretensión de demanda de que la cuota propuesta.
Todo lo anterior, sin perjuicio de la chance de acudir por la vía del art. 647 del cód. proc., si así se lo estimare corresponder.
Sobre las costas, han de mantenerse a cargo del apelante; no solo por ser el principio general sostenido en materia de alimentos a fin de no mermar el poder adquisitivo de la cuota (esta cámara, expte. 94349, sent. del 23/04/2024, RR-260-2024), sino porque el allanamiento del demandado no puede decirse que fue oportuno, en la medida que previo a él contestó la demanda incidental, con oposición a lo pretendido en ella, dejando así pasar la primera oportunidad útil en la que tuvo chance de formular su allanamiento (v. escritos de fechas , respectivamente; arg. art. 70 último párrafo cód. proc., y cfrme. Sosa, Toribio E., “Código Procesal…”, t. I, pág. 288, ed. Librería Editora Platense, año 2021).
Por último, sobre los honorarios, en ese aspecto sí cabe razón al apelante desde que la sentencia del 15/3/2024 decidió oficiosamente sobre la base regulatoria del presente incidente y en el mismo acto reguló los honorarios de la abogada P..
Con tal panorama, la resolución es prematura y debe ser dejada sin efecto en tanto, cuando se trata de establecer los honorarios de los profesionales intervinientes en un proceso, debe previamente haberse sustanciado la base con todos quienes sean interesados (arg. arts. 34.4 y 34.5.b cód. proc., y esta cámara expte. 94574, sent. del 4/6/2024, RR-313-2024, entre otros).
Por todo lo anterior, la Cámara RESUELVE:
a) Desestimar la apelación del 26/3/2024 contra la sentencia del 15/3/2024, salvo en lo que se refiere a la base regulatoria y los honorarios de la abogada P. que se dejan sin efecto.
b) Cargar las costas a la parte apelada sustancialmente vencida (art. 68 cód. proc.), con diferimiento de la resolución sobre los honorarios ahora (arts. 31 y 51 ley 14967).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Tres Lomas.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:43:56 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:57:06 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 13:07:44 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7ièmH#US
237300774003535128
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/07/2024 13:07:55 hs. bajo el número RR-426-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

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Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz de General Villegas
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Autos: “G. L. F. C/ C. R. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Expte.: -94517-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación subsidiaria del 28/2/2024 contra la resolución del 23/2/2024.
CONSIDERANDO:
1. Sobre los antecedentes y la resolución recurrida
1.1 Según arroja la compulsa electrónica de la causa, frente al pedido de audiencias de escucha para los niños y conciliación con el denunciado promovido por la causante el 19/2/2024, la instancia de grado resolvió: “1) en fecha 25/09/2023 se dictaron medidas cautelares, y en la última parte del punto 1 del resuelvo se instó a las partes al diálogo debiendo resolver por la vía procesal pertinente lo atinente al régimen comunicacional y 2) del informe del SLPPDN de fecha 03/01/2024 surge que los niños fueron entrevistados por dicho organismo y la denunciante manifestó que tramitará por la vía que corresponde el régimen comunicacional. Por todo ello, en relación a lo peticionado por la denunciante, no ha lugar, debiendo dirimirse lo atinente al régimen comunicacional en un adecuado marco de debate y prueba, por la vía procesal adecuada e idónea para ello, no siendo en el marco de las presentes actuaciones” (v. resolución cit.).
1.2 Ello motivó que la denunciante dedujera revocatoria con apelación en subsidio; para lo que centró los aspectos seguidamente reseñados:
(a) las audiencias denegadas fueron fundadas en ley y encuentran su razón de ser en la urgencia que amerita la resolución del caso y la necesidad de ordenar la vida de los niños, quienes -lamentablemente- se hallan involucrados en las decisiones de los adultos. En ese sentido, conforme propone, las medidas hasta el momento dictadas a las que alude la judicante en la resolución recurrida, no ponen a resguardo la seguridad personal, ni el bienestar moral y psicológico de los niños ni de su persona por resultar insuficientes para el cuadro de situación imperante;
(b) de los informes hasta ahora colectados, se extrae que el denunciado es una persona con características violentas, por lo que no se debe permitir que aquél continúe manipulando la voluntad de los pequeños a su antojo, siendo que éstos siempre han estado bajo su exclusivo cuidado habiendo gozado de una crianza feliz; y
(c) la denegatoria de las audiencias peticionadas con base en los fundamentos brindados, se aferra a un rigorismo formal que atenta contra los derechos básicos y esenciales de los niños que se hallan constitucionalmente tutelados.
Así, aduce que -en el marco de estos mismos actuados- se termina por resolver sin inconvenientes sobre el cuidado personal en favor del padre (alude a la orden de restitución de los objetos personales de los niños dispuesta el 27/2/2024), pero -en idéntico contexto- se la manda a entablar las vías procesales pertinentes para peticionar las audiencias que persiguen las finalidades consignadas en el primero de los apartados de esta pieza.
Pide, en suma, se revoque la resolución apelada (v. memorial del 28/2/2024).
1.3 Sustanciado el recurso con el progenitor denunciado, el planteo no mereció contestación de su parte; pese a las gestiones intentadas (v. providencia de cámara del 26/3/2024, cédula electrónica del 27/3/2024 y constancia de diligenciamiento agregada el 5/4/2024).
1.4 De su lado, el asesor interviniente advierte -desde su cosmovisión del asunto- que los niños de autos están siendo manipulados por su progenitor en castigo a la denunciante, quien -como se desprende de las constancias agregadas a la causa- instó las presentes a los efectos de traer a conocimiento jurisdiccional un grave hecho de violencia.
En ese trance, el representante del Ministerio Público pone de resalto que, en casos como éste, el antedicho castigo se concreta en la intención de privar (generalmente a la progenitora, asevera) no sólo del contacto con sus hijos, sino de que perciba cualquier asignación que los tenga como destinatarios (refiere al pedido de entrega de documentación de los niños, oportunamente promovido por el denunciado).
En atención a los informes citados en la resolución recurrida, califica el elaborado por el Servicio Local como precario e insuficiente, en tanto fue el denunciado quien los acercó a las instalaciones del ente a los efectos de que fueran escuchados; motivo por el cual pone en tela de juicio la autonomía de la voluntad desplegada en aquél encuentro por los pequeños, que sólo cuentan con 4 y 6 años de edad.
Al respecto, el asesor pone de manifiesto su oposición a lo que describe como la apropiación de los niños por parte del denunciado y alerta que las heridas que pudieran surgir del escenario actual, podrían tardar años en ser restañadas.
Sin perjuicio de lo expuesto, entiende que el fondo del asunto deberá ser dilucidado mediante la pretensión pertinente; pues el objeto de la providencia en crisis es otro, a tenor de lo cual expresa que -desde un visaje netamente procesal- no aprecia gravamen irreparable (v. dictamen del 4/3/2024).
1.5 A su turno, la judicatura rechazó la revocatoria intentada, destacando -para ello- que los juicios de violencia familiar son un proceso cautelar autosatisfactivo de carácter urgente que tiene por finalidad proteger a la víctima, garantizando su seguridad e integridad física o psicológica, bastando la mera similitud para el decreto de las medidas pertinentes.
Y, en el caso, valoradas las particularidades del caso para el establecimiento de un régimen comunicacional, se advierte que una nueva escucha implicaría revictimizar a los niños de autos; a la par de que no existen elementos de prueba que permitan resolver el cuidado personal y/o régimen comunicacional, lo que deberá debatirse conforme a derecho en el marco del debido proceso y con el debido resguardo de las garantías constitucionales de las partes y de los niños.
Así las cosas, se resolverá en cuanto sigue la apelación subsidiaria concedida (v. resolución del 12/3/2024).

2. Sobre la solución
2.1 Para principiar, resulta prudente memorar que -conforme los especiales lineamientos establecidos por el código fondal que traduce las directrices plasmadas en el bloque convencional constitucionalizado- los procesos que versan sobre cuestiones de familia, deben respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación y oficiosidad; habiéndose especificado que “la decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas” (v. art. 706.c del CCyC).
Y, en punto a la ponderación de tal noción, este tribunal tiene dicho que -conforme se desprende de un estudio asertivo de la Convención de los Derechos del Niño y normativa afín- “ese interés está primero en el orden de jerarquía, es decir antes que el interés de los padres biológicos, antes del interés de los hermanos, antes del interés de los guardadores, antes del interés de los tutores, antes de todo otro interés… Y, no sólo es un interés superior en referencia a otros intereses en juego, sino que, además, se trata del mejor interés del niño, niña o adolescente” (v. esta cámara, expte. 91387, sent. de fecha 15/2/2024, registrada bajo el número RR-47-2024, con cita de Fernández, Silvia Eugenia en ‘Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes’, Tomo I -págs. 33/62, Ed. Abeledo-Perrot, 2017).
Dicho lo anterior, se advierte -entonces- que, frente a escenarios como el que aquí se estudia, el decisorio que se circunscriba al mero análisis de la normativa tradicional sin explorar el interés superior de los niños involucrados -supuesto que aquí se verifica- no rinde en grado suficiente respecto del prisma de fundamentación específicamente estatuido a tales fines (v. args. arts. 3 de la Convención de los Derechos del Niño, 75 inc. 22 de la Const. Nac.; 2° y 3° del CCyC; 15 de la Const. Pcial. y 34.4 del cód. proc.).
De otra parte, los argumentos arrimados para fundar el rechazo de la revocatoria articulada, tampoco logran robustecer la postura adoptada por la instancia inicial. Ello así desde que, por un lado, se interpreta que la audiencias peticionadas por la actora estarían dirigidas a que se resuelva sobre el cuidado personal y/o régimen comunicacional de los niños, para lo que se aduce que no obran elementos; entretanto, respecto de la audiencia de escucha requerida, tampoco se consigna bajo qué parámetros el encuentro mantenido en sede administrativa podría tornar innecesario la entrevista a cargo del Equipo Interdisciplinario del Juzgado, de qué modo podría configurarse aquella revictimización a la que se alude, o -por de pronto- cómo vulneraría el interés superior de aquéllos la fijación de una audiencia de tales características (arg. art. 34.4 cód. proc.).
De consiguiente, con anclaje en las constancias agregadas a la causa que dan cuenta de la urgencia que la circunda, las alertas formuladas por el asesor interviniente en punto al trasfondo de la situación que aquí se ventila y las amplias prerrogativas que la ley 12569 confiere al juzgador para impedir la continuidad de los episodios violentos y/o conjurar su repetición mediante el dictado de las medidas que se estimen pertinentes -a más de que la escucha formulada en sede administrativa no abarcó la totalidad de los puntos oportunamente fijados ni tampoco queda claro el grado de participación que pudo haber tenido en la entrevista el progenitor denunciado ni de qué modo su presencia pudo haber inferido en la entrevista-; este tribunal entiende pertinente estimar la apelación deducida y remitir los actuados en forma urgente a la instancia de origen a los efectos de que se fijen -con la diligencia que el caso aconseja- las audiencias requeridas y la producción de todo otro elemento probatorio (v.gr. evaluaciones psicológicas de todo el grupo familiar e informes socio-ambientales de sendos hogares parentales) que resulte de utilidad para echar luz sobre la verdadera pretensión de los actuados que está dada por el pedido de restitución de los niños al hogar materno [v. medida instructoria del 22/12/2023 en contrapunto con el informe del 5/2/2024; visto en diálogo con los args. arts. 3 y 12 CDN; 706 inc. c) del CCyC; 7 de la ley 12569 y 34.5 del cód. proc.].
Por lo demás, tocante a la fijación de la audiencia a los fines conciliatorios -es del caso aclarar, en cuanto concierne al cuidado provisional de los niños hasta tanto ello se elucide en forma definitiva por la vía pertinente-, se encomienda especialmente a la instancia inicial la instrumentalización de la misma en la modalidad que mejor salvaguarde la integridad psicofísica de la denunciante, en atención a los antecedentes que motivaron la presente y la subsistencia del conflicto que los provocara (arts. 11 de la ley 12569 y 34.5 cód. proc.).
Siendo así, el recurso prospera.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
1. Estimar la apelación subsidiaria del 28/2/2024 y revocar la resolución del 23/2/2024 en cuanto fue motivo de agravios (art. 34.4 cód. proc.);
2. Remitir los actuados en forma urgente a la instancia de origen a los efectos de que se fijen -con la diligencia que el caso- las audiencias requeridas y la producción de todo otro elemento probatorio (v.gr. evaluaciones psicológicas de todo el grupo familiar e informes socio-ambientales de los hogares parentales) que resulte de utilidad para echar luz sobre la verdadera pretensión de los actuados que está dada por el pedido de restitución de los niños al hogar materno [args. arts. 3 y 12 CDN; 706 inc. c) del CCyC; 7 de la ley 12569 y 34.5 del cód. proc.]; y
3. Encomendar a la instancia inicial la instrumentalización de la audiencia que se fije a efectos conciliatorios, en la modalidad que mejor salvaguarde la integridad psicofísica de la denunciante; ello, en atención a los antecedentes que motivaron la presente y la subsistencia del conflicto que los provocara (arts. 11 de la ley 12569 y 34.5 cód. proc.).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz de General Villegas.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:37:37 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:54:23 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 13:03:07 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰9DèmH#UQx1Š
253600774003534988
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló
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Autos: “RETORTO, HOVER NARCISO S/SUCESION AB INTESTATO”
Expte.: -94730-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 30/5/24 contra la resolución regulatoria del 27/5/24.
CONSIDERANDO.
Los obligados al pago cuestionan la resolución regulatoria del 27/5/24, por considerar elevados los honorarios allí regulados a favor de los abogs. Errecalde y Luengo, exponiendo en ese mismo acto los motivos de su agravio (art. 57 de la ley 14967).
Consideran que por el trámite de liquidación de cuotas sociales de la sociedad conyugal, los honorarios del abog. Errecalde deben regularse en el mínimo de la escala legal, teniendo presente lo dispuesto por el art. 45 tercer párrafo de la ley 14967 y con la reducción del sesenta por ciento de la escala del art. 21 por efectuarse la liquidación por convenio con acuerdo de partes en el que solo se solicita la homologación judicial de dicho convenio, y además debe tenerse en cuenta que la incidencia es una sola etapa de las dos que prevé el art. 47 de la ley citada (v. escrito del 30/5/24).
Ahora bien, es necesario señalar que en el caso no es de aplicación lo dispuesto el art. 21 de la normativa arancelaria vigente, pues el mismo está dirigido a los procesos con trámite sumario u ordinario de acuerdo a lo que se desprende de ese mismo artículo en su segundo párrafo (v. art. y ley cit.).
En cambio, en el caso el proceso principal es el sucesorio, por lo que la alícuota principal a aplicar es la correspondiente a la tomada para la retribución profesional de la sucesión -ver resolución regulatoria del 10/12/20- y a partir de ello lo dispuesto por el art. 47 de la ley 14967, es decir, a los efectos regulatorios debe tomarse como una incidencia dentro de la sucesión donde se llevó a cabo la primera de las etapas contempladas por la norma (v. arts. 2 y 3 del CCyC; 34.4. del cód. proc.;15, 16, 28.c, 47 de la ley arancelaria 14967).
Dentro de ese marco, sobre la base aprobada y no cuestionada de $160.373.400, es de aplicación una alícuota del 12% -en tanto abarca las tres etapas sucesorios de acuerdo a los trámites del 10/9/20 y 10/12/20-, y de ahí el 25% -alícuota dentro del rango de las incidencia- reducido en un 50% -por haberse cumplido la primera etapa de la incidencia-, se llega a un honorario de 88,18 jus (base $160.373.400 x 12% x 25% /2 = $2.405.601; 1 jus = $27279 según AC. 4153 de la SCBA).
Entonces, debe estimarse el recurso del 30/5/24 y fijar los honorarios del abog. Errecalde en la suma de 88,18 jus (arts. 34.4 del cód. proc.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 30/5/24 y, en consecuencia, fijar los honorarios del abog. Errecalde en la suma de 88,18 jus.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:36:42 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:53:30 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 13:01:54 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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241500774003534934
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “G. J. C. C/ B. R. M. S/ MEDIDAS ART. 12 CDPD (LEY 26378)”
Expte.: -94731-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 20/5/2024 contra la resolución del 20/5/2024.
CONSIDERANDO:
1. Frente al planteo cautelar promovido el 16/5/2024, la judicatura resolvió: “Atento obra informado por el oficial notificador en expediente vinculado al presente “Autos: B., R. M. c/ G., J.C. s/ Atribución Vivienda Familiar” Expte. N° TL-3129-2023″ en fecha 16.5.24 haciendo saber que se ha desalojado del inmueble sito en calle Chassaing Este Esquina Vieytes Nro. 1692 deviene abstracto resolver la medida de no innovar solicitada, toda vez que ha cambiado la situación respecto de la ocupación del inmueble” (v. resolución recurrida del 20/5/2024).
2. Ello motivó la apelación del peticionante, quien -en muy prieta síntesis- aduce que la medida dictada por la instancia de grado no ponderó la gravosa situación de salud que lo aqueja y profundiza su estado de vulnerabilidad, en tanto adulto mayor y persona con discapacidad.
En ese sentido, brega por los derechos y garantías reconocidos en instrumentos internacionales afines y acompaña placas fotográficas de los eventos acontecidos en la jornada del 16/5/2024, en ocasión de ser desalojado de la vivienda antes individualizada.
Así las cosas, a más de pedir se revoque la resolución recurrida, requiere se proceda a reemplazar la medida de atribución de la vivienda ordenada por el pago de un alquiler a favor de la actora por el término de dos años (v. memorial del 3/6/2024)
3 De su lado, la accionada postula que también se encuentra inmersa en el espectro de vulnerabilidad que se atribuye el recurrente; en tanto, a más de los avatares médico-clínicos que atraviesa, se ha visto imposibilitada de materializar un proyecto económico autónomo en función de la violencia multimodal ejercida por el apelante mientras duró el vínculo de pareja.
En ese orden, defiende las decisiones jurisdiccionales hasta aquí adoptadas y peticiona se rechace el recurso interpuesto (v. contestación del 6/6/2024).
4. Ahora bien. Ha sostenido reiteradamente la SCBA que los tribunales deben expedirse sobre los asuntos que les toca dirimir a tenor de las circunstancias existentes al momento de fallar, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso o petición correspondientes (arg. art. 163.6, segundo párrafo del cód. proc.; conf. Ac. 78.639, sent. del 23-V-2001; Ac. 82.248, sent. del 23-IV-2003, Ac. 85.553, sent. del 31-III-2004)” (del voto del doctor Soria en C. 100.459, sent. del 16-III-2007. En similar sentido, C. 99.500, sent. del 13-II-2008, con cita de la CSJN, Fallos, 308:1489; 310:670 y 2246; 311:870, 1219, 1810 y 2131; 312:579 y 891; 313:701; 314:1834; 315:123; 318:662; 319:1558; 322:1709; 323:1101; entre muchos otros).
De tal modo, la insubsistencia del caso importa la desaparición del poder de juzgar; lo que es congruente con el invariable criterio del cimero Tribunal provincial que establece la inhabilidad de la judicatura para emitir declaraciones generales o pronunciamientos abstractos (conforme fallo citado).
Postura que ha sido la asumida por esta cámara en situaciones análogas, como puede verse en autos ‘M., A. O. Y Otra S/ Protección Contra La Violencia Familiar’ (expte. 92767; res. 22/3/2022) y ‘S., M. C C/ G., G. F. s/ Protección Contra La Violencia Familiar’ (expte. 88945; res. 21/3/2014), entre otros.
De lo dicho, se advierte con claridad que -a la fecha de este voto- la cuestión traída a conocimiento de esta alzada, se ha tornado abstracta en razón de la alteración del cuadro fáctico existente al tiempo de su petición y la mentada exclusión del apelante de la vivienda sobre la que pretendía hacer recaer la tutela requerida; no teniendo esta cámara nada que decidir, habida cuenta que -al ser los pronunciamientos abstractos impropios de las decisiones judiciales- no es función de la judicatura emitirlos (v. presentación del 16/5/2024 a las 10.19hs., en contrapunto con el informe del oficial de justicia del 16/5/2024 a las 10.50hs., agregado el 17/5/2024 y caratulado como “MANDAMIENTO ACOMPAÑA”, en causa vinculada “B., R. M. C/G., J. C. S/ ATRIBUCIÓN VIVIENDA FAMILIAR” (expte. 94391); visto en diálogo con art. 34.4 cód. proc. y SCBA., L 62014, sent. del 21-11-2001, ‘Encina, Daniel D c/ Municipalidad de Berisso s/ Enfermedad accidente’, en Juba sumario B 41825).
Por lo demás, en punto a lo que sería el pedido de sustitución de cautelares que implicaría el reemplazo de la atribución de la vivienda dispuesta en la causa principal por la locación de un inmueble en favor de la actora, se hace saber al interesado que todo ello deberá ser vehiculizado ante la instancia inicial; en función de la previsión del artículo 272 del mismo cuerpo que importa la limitación de este órgano para emitir pronunciamientos sobre capítulos no propuestos ante la judicatura de grado. Siendo así, corresponde declarar abstracta la apelación del 12/9/2023.
Con costas por su orden en atención al modo en que fue resuelta la cuestión y diferimiento aquí de la cuestión sobre honorarios (arts. 68 segunda parte, del cód. proc.; y 31 y 51 de la ley 14967).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Declarar abstracta la apelación del 20/5/2024. Con costas por su orden en atención al modo en que fue resuelta la cuestión y diferimiento aquí de la cuestión sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Familia Nro. 1 – Sede Trenque Lauquen.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:35:09 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:52:58 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:59:11 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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237400774003534922
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/07/2024 12:59:19 hs. bajo el número RR-423-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

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Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
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Autos: “MENDEZ MABEL ELVIRA C/ MARANTA ANIBAL SILVIO Y OTRO/A S/ INCIDENTE DETERMINACION DE DAÑOS”
Expte.: -94333-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley del 27/3/2024 contra la resolución del 12/3/2024.
CONSIDERANDO.
1. En el caso se advierte que en primera instancia se dictó sentencia en la que se determinó el monto de la responsabilidad atribuida a los demandados con fecha 15/8/2023 y contra la misma se interpusieron recursos de apelación por la parte actora y el co-demandado Maranta, con fechas 24/8/2023 y el 28/8/2023, respectivamente.
Pero ambos fueron declarados extemporáneos por este tribunal el 6/2/2024, por haberse presentado fuera del plazo legal teniendo en cuenta que se trata de un proceso sumarísimo (conforme proveído del 3/11/2020).
Luego, contra dicha resolución los dos recurrentes interpusieron revocatoria in extremis, las que se rechazaron por este tribunal con fecha 12/3/2024.
Y ahora, el co-demandado Maranta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la resolución del 12/3/2024 que rechazó las revocatorias, con fundamento en que se han aplicado erróneamente los artículos 124, 152 y 156 del cód. proc. y el artículo 13 del Acuerdo 4013 SCBA, en el entendimiento de que no existe extemporaneidad en la presentación del recurso (v. punto 5. del escrito recursivo del 27/3/2024; dicho sea de paso, sin hacer mención que el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires dispone en el artículo 496.2 que en el trámite de los procesos sumarísimos, todos los plazos serán de dos días, mientras que el de 3 días -en que hace hincapié en sus recursos- está previsto en otros códigos procesales, como por ejemplo, el Código Procesal Nacional en el artículo 498.3).
De todo lo anterior, se desprende que se trata de recurso contra sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario, ya que se han agotado las vías por las cuales se pueda modificar el pronunciamiento de la instancia inicial; y es doctrina legal que “La nota de “definitividad” se concreta cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo, correspondiendo -además- vincular tal concepto con el efecto de cancelar vías hábiles para lograr la reparación de un derecho lesionado, pues mientras la cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio no hay razón para conceder el recurso extraordinario” (art. 278 cód. proc.; esta cám.: expte. 88379, res. del 26/2/2013, L.44 R.14, con cita Juba SCBA, L 97095 S 3/3/2010, entre muchos otros).
En cuanto a los demás requisitos, el recurso extraordinario se interpuso dentro del plazo legal, se constituyó domicilio en la ciudad de La Plata y -como se mencionó antes- se hizo alusión a las normas que se entienden erróneamente aplicadas (art. 279 y 281 cód. proc.).
Además respecto al valor del agravio, la sentencia de primera instancia determinó el alcance de la responsabilidad de los demandados en la suma de $67.368.222,49. Y al momento de interposición del recurso, el valor del jus era de $25.571 (cfrme. Ac. 4145/24 SCBA), por lo que excede ampliamente la suma equivalente a 500 jus exigidos por la norma (1 jus: $25.571 * 500 = $12.785.500) (art. 280 cód. proc.).
Tocante al depósito previo, se desprende del punto 4. del escrito que se provee, que se intenta promover ante esta cámara el trámite del beneficio de litigar sin gastos del art. 78 y siguientes del cód. proc., lo que resulta inadmisible ante esta instancia, y, en todo caso, debe ocurrirse a la vía procesal correspondiente (arg. art. 38 ley 5827).
Entonces, el pedido de eximición del pago del depósito previo debe ser desestimado, así como ha sido planteado.
Por ello la Cámara RESUELVE:
1) Conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley del 27/3/2024 contra la resolución del 12/3/2024.
2) Intimar a la parte recurrente a efectuar depósito por la suma de $6.736.822, a integrar en el término de cinco días a partir de notificada la apertura de cuenta judicial, bajo expreso apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280 segundo y cuarto párrafo cód. proc.).
3) Requerir al Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Trenque Lauquen, que tenga a bien abrir una cuenta en pesos a la orden del juez Carlos Alberto Lettieri, presidente en ejercicio de esta Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en estos autos, conf. art. 11 AC 3975, a los efectos consignados en el punto 2).
4) Hacer saber a la parte recurrida que le asiste la chance de constituir domicilio en la ciudad de La Plata a sus efectos, lo que podrá hacer ante esta cámara antes de la remisión del expediente (arts. 280 últ. párr., 284 y concs. cód. cit.).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, sigan los autos según su estado.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:33:48 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:52:09 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:58:03 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7‚èmH#UJb{Š
239800774003534266
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/07/2024 12:58:10 hs. bajo el número RR-422-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

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Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Autos: “GOMEZ NESTOR FERNANDO C/ SUCESORES DE BLANCO ELBA MANUELA S/ MATERIA A CATEGORIZAR”
Expte.: -94381-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto, para dictar sentencia en los autos “GOMEZ NESTOR FERNANDO C/ SUCESORES DE BLANCO ELBA MANUELA S/ MATERIA A CATEGORIZAR” (expte. nro. -94381-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 1/7/2024, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundado el recurso de apelación del 4/12/2023, contra la sentencia definitiva del 4/12/2023?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. Tal como ha sido legislada en el artículo 542 del CCyC, la compensación económica descansa en presupuestos formales y materiales. Entre los primeros: (a) la preexistencia de una relación matrimonial o convivencial; (b) el dictado de la sentencia de divorcio o la ruptura de la unión convivencial. Aunque debe señalarse que la procedencia de la compensación económica es completamente ajena a los motivos que provocaron la cesación de la convivencia; como independiente de los motivos por los cuales los roles y responsabilidades asumidos en la pareja provocaron el desequilibrio (Molina de Juan, Mariel F., ‘Compensación económica. Teoría y práctica’, Rubinzal-Culzoni, segunda edición ampliada y actualizada, 2023, pág.38.3; Pellegrini, María Victoria, ‘La compensación económica en la reforma del Código Civil argentino’, visitando la página web.: file:///D:/Descargas/CF140469F1%20(2).PDF); (c) que la acción sea deducida antes del vencimiento del plazo de caducidad previsto en la ley. Entre los segundos: (a) existencia de un desequilibrio económico entre los cónyuges o convivientes; (b) que ese desequilibrio se presente al fin del matrimonio o de la unión convivencial; (c) que sea manifiesto, comporte un empobrecimiento para la parte que lo padece y que tenga por causa adecuada la relación matrimonial o convivencial y su ruptura (arg. art. 524 del CCyC).
Cubiertos los extremos señalados, la etapa final será su cuantificación.
2. Ahora bien, como en la especie no están en tela de juicio los recaudos formales, se puede avanzar sobre la concurrencia o no de los materiales (art. 525, primer párrafo del CCyC). Fundamentalmente el desequilibrio y su causa adecuada.
Para pronunciarse acerca de ello, es preciso efectuar un razonamiento que exige una comparación interna de la pareja, evaluando la situación económica de cada parte frente a la otra y, si fuera posible, los activos intangibles, como las potencialidades de cada una, al inicio de la relación, en su devenir y al momento de la ruptura (v. ‘Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial, Proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación, redactado por la comisión de Reforma designada por decreto 191/2011’).
Porque la finalidad específica de este instituto es restablecer el equilibrio patrimonial entre quienes llevaron adelante un proyecto de vida en común, cuando a su disolución resulta posicionada en peor situación una de las partes de la relación respecto de la otra, a causa justamente del estilo de vida familiar que se llevó adelante, de modo que la unión convivencial no resulte para alguna de ellas fuente de enriquecimiento, a costa de la otra (v. Pellegrini, M. V., ‘Compensaciones económicas: formas de cumplimiento, cuestiones posteriores a su fijación y posible superposición en los casos de uniones que cesan por el matrimonio’, Revista de Derecho de Familia número 78, marzo de 1917, Abeledo-Perrot, pág. 7). De lo que se desprende, cabe anticipar, que la figura no procede necesariamente en todos los casos en que se produjo el cese de la convivencia. Pues deberá acreditarse su configuración, según quedó expresado (Cam. Apel, Civ. y Com., Mar del Plata, sala III, sent. del 4/3/2022, ‘L., J. A., c/ C., D. A.. s/ acción compensación económica’, voto del juez Zampini).
En ese trajín, desde ya se advierte la disparidad presente al comienzo de la relación. Elba, cuyo fallecimiento selló el cese de la convivencia, tenía por entonces 218 hectáreas de campo en el partido de Tres Lomas (próximas a la localidad de Quenumá, partido de Salliqueló), que fueron el soporte basal de la relación, según se expresa en la demanda (v. escrito del 19/8/2020, III, segundo párrafo). Por entonces, el estado patrimonial de Néstor, a tenor de sus palabras, era nulo (v. mismo escrito, IV, tercer párrafo; art. 525.a, del CCyC).
No se proporcionan en la demanda datos fidedignos acerca de la formación que éste portaba en aquel tiempo. Tampoco del desempeño en alguna actividad remunerada. De Elba, es razonable suponer, explotaba su fracción de campo (art. 525.d. del CCyC).
Se desconoce que, durante el curso de la unión, hubieran ingresado o egresado inmuebles del patrimonio de aquella. En cambio, como evoca la sentencia, sí resulta de la prueba informativa dirigida a la DNRPA, que Elba adquiere el 29/1/2008 un Renault 12 modelo 1988 y el 29/4/2011 una Chevrolet Captiva modelo 2011. En cuanto a Néstor, en lo relevante, adquiere el 19/11/2012 el 50% de un Chevrolet Spirit modelo 2012 (el 16/11/1984 había adquirido un automotor modelo 1984 del que no surgen otra información: v. PDF adjunto a la presentación electrónica del 30/9/2021; v. el pronunciamiento de origen, no controvertido en ese aspecto, art. 260 del cód. proc; art. 525.a del CCyC).
Mientras duró la convivencia, Néstor pudo haber intervenido en la actividad agropecuaria desplegada en torno al inmueble rural propiedad de Elba.
Los testigos que se nombran en el fallo, Eduardo Daniel Magnani González, contador de aquella entre 1996/1997, aproximadamente (aportado por la parte actora), y Carlos Roberto Mayorga, quien fuera arrendatario del campo desde el 1999/2000 por 3 ó 4 años, y luego desde el 2003 al 2017, sobre el papel que desempeñaba Néstor, transmiten que quien llevaba las cosas era Elba, situándola al frente de las decisiones; las negociaciones se realizaban con Blanco, ella decidía, Gómez estaba presente pero no decía nada (arts. 384 y 456 del cód. proc.).
Al respecto, lo que llega a decir el actor en sus agravios, es que la audiencia de vista de causa muestra a los testigos Magnani, González, Bisquerra, Hermua y Mayorga, consolidados en la idea que la pareja conformaba un ‘tamdem’, en la administración de los bienes de ésta, y que, si bien la decisión final le podía pertenecer a Blanco, la presencia de Gómez en el contexto era indisimulable.
En suma, sin perjuicio de la ‘presencia’ de Néstor, tocante a la explotación del inmueble rural, la decisión era de Elba. Es obvio, dice aquel, porque era la dueña. Por más que se atribuye un rol más protagónico (v. escrito del 20/2/2024).
No obstante, descontado el acompañamiento que aquella debió tener de su conviviente en los distintos momentos que le tocó vivir, lo dirimente es que no queda de relieve ni se desprende de la versión de Néstor, que él haya padecido algún empobrecimiento derivado de ese reparto de roles decidido por la pareja, acaso por haber perdido otras oportunidades laborales, haber resignado el régimen de vida autónomo y autosuficiente que hubiera venido desarrollando antes de la unión. etc. Tampoco que de aquello haya redundado beneficios sólo en favor de Elba (arts. 524, primer párrafo y 525.c del CCyC.; arts. 34.4 y 163.6 del cód. proc.). Dice en su escrito inicial:’ Si bien mi estado patrimonial era nulo al momento de iniciar la convivencia, hoy en nada ha variado, porque en la profunda relación de confianza que teníamos nunca tomamos la precaución de asegurarme el sustento` (v. presentación del 19/8/2020, IV, tercer párrafo).
Lo que no es tanto así. Desde que, si su estado patrimonial precedente a la convivencia fue nulo, tomando la proyección temporal que exige la valoración del desajuste manifiesto, lo que se obtiene es que, al final, el actor no solo no aparece igual a esa condición inicial y menos empeorado -si eso fuera posible-, sino que, resulta incorporando a su patrimonio parte de un automotor y un beneficio previsional, con origen en la jubilación de la que era titular Elba, que -en alguna medida- le proveé un apoyo, el cual ni puede asegurarse hubiera obtenido por sí mismo (v. escrito inicial y del 20/2/2024). Sin perjuicio de permanecer en la vivienda, que fuera sede de la unión, desde el fallecimiento de Elba, ocurrido el 17/11/2017, hasta su propio deceso el 23/12/2023 (v. escrito del 19/8/2020, V; v. archivo de la misma fecha; v. expresión de agravios del 20/2/2024, II).
Lo que sucede es que, en la tesis de Néstor, en contrapunto con lo normado en el artículo 524 del CCyC, la causa adecuada del desequilibrio y de su empeoramiento económico, se concentra no en la mirada global del desarrollo de la convivencia, sino en el punto único y estático del fallecimiento de su compañera, a raíz de lo cual se quedó sin la fuente de ingresos por excelencia que era el predio rural. Lo repite: ‘GOMEZ se quedó sin recursos económicos porque la propiedad rural -de manera inmediata al deceso de su concubina- mutó la administración a los herederos de aquella’ (v. expresión de agravios del 20/2/2024, IV, tercer y quinto párrafos).
Y en ello radica su falla. Debido a que, para activar esta compensación, no basta, el haberse producido aquel desajuste por la mera circunstancia del cese de la relación (Solari, Néstor Eliseo, ediciones dyd, 2023, pág. 245). Desde que, como se viene diciendo, el desequilibrio, elemento basilar de la figura, debe significar correlativamente un deterioro de la situación del reclamante y tener su causa adecuada en la convivencia; que se haya consolidado durante la misma, con motivo del diseño del proyecto de vida en común llevado a cabo en el transcurso de la unión convivencial. En el pasado debe estar el germen que arrastra en el tiempo empobreciendo a uno; en el presente la razón que la hace aflorar (v. esta alzada, causa 90939, sent. del 17/11/2018, A., M.C. c/ N., A. E. y otros/ compensación económica’, L. 47, Reg. 133; Pellegrini, María Victoria; “Dos preguntas inquietantes sobre la compensación económica”, en R.C.C. y C., año III, n° 2, marzo de 2017, pág. 29, AR/DOC/356/2017; Solari, Néstor; “Algunas cuestiones sobre la compensación económica”, en R.C.C. y C., año III, n° 2, marzo de 2017, pág. 57; SCBA, causa C 124589, sent. del 21/3/2022,’M. L. F. c/ C. M. E. s/ Acción de Compensación Económica’, fallo completo en Juba).
De otro modo, de contemplarse sólo ese extremo que postula el actor, sin que concurra la causalidad restante, conformada en el devenir de la pareja, es posible vislumbrar que tal compensación concurría sino habitualmente en todos los casos, al menos ocasionalmente en casi todos, desvirtuándose así el destino de la herramienta (Medina de Juan, Mariel F., ‘Compensación económica. Teoría y práctica.’, Rubilzal-Culzoni, 2023, pág. 192 y comentario a fallo, citado en nota 14). Pues cada cese de convivencia posiblemente conlleve en la práctica un declive de la situación económica respecto de alguno de los miembros, sobre todo cuando se parte de niveles económicos dispares. Lo cual realza la idea que, como presupuesto de la compensación económica, tal como aparece regulada en el artículo 524 del CCyC., ese empeoramiento no debe ser el que proviene, corrientemente, del mero impacto que produce en la economía de la pareja el hecho del cese mismo de la convivencia (v. Solari, Néstor Eliseo, ‘Compensación económica’, ediciones dyd, 2023, pág. 243).
Además, si -como señala en su demanda- (v. escrito del 19/8/2022, IV, segundo párrafo, sobre el final: art. 34.4 y 163.6 del cód. proc.) el objeto mediato de la pretensión es lo que necesita para mantener el tipo de vida que llevó durante la convivencia, es oportuno evocar que:
(a) la compensación económica, tiende a compensar, esto es a corregir un desajuste patrimonial manifiesto, originado durante la vida en común y su fin, por tanto no a igualar patrimonios, a restituir lo eventualmente perdido, ni a garantizar el nivel de vida que se tuvo durante la vida en común (CC0100 SN 3707 S 12/4/2022, ‘Campora Andrea Verónica c/ Ezquerra Germán José s/ Acción compensación económica’, en Juba sumario B862131). Justamente, se preocupa Molina de Juan, por ahuyentar cualquier riesgo de asimilar el fin de la compensación, con el mantenimiento del nivel de vida de la unión (Molina de Juan, Mariel F., ‘Compensación económica. Teoría y práctica’, Rubinzal-Cullzoni, segunda edición ampliada y actualizada2023, pág. 210, viene de nota 55);
(b) su función no es venir en auxilio de las necesidades de quien reclama, ni apunta a su subsistencia; tampoco aplicar los principios del enriquecimiento sin causa o indemnizar un daño, reparando las consecuencias extrapatrimoniales de la ruptura, sino recomponer un desnivel evidente, que subsiste al fin de la convivencia (CC0100 SN 6268 S 8/2/2022, ‘Mansilla Guadalupe Martina c/ Piergentili Oscar Alberto s/ Acción compensación económica’, en Juba sumario B862112; Medina, Graciela, ‘Compensación Económica en el Proyecto del Código’, LL 2013-A, 472. 2; Blanchard, Victoria, ‘Compensación Económica. Riesgos de una inadecuada interpretación’, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Buenos Aires, La Ley, Año VIII, Nº 3, Abril 2016, pág. 3; Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa, ‘El divorcio sin expresión de causa y los deberes y derechos matrimoniales en el nuevo Código’, La Ley t. 2015 C, pág.1280; Solari, Néstor Eliseo, ‘Compensación económica’, Ediciones dyd, 2023, pág. 76);
(c) tampoco es la vía para subsanar la pérdida de una chance, ni en la determinación de su extensión se busca una reparación integral (Pellegrini, María Victoria, ‘Cuantificación y modalidad de pago de la compensación económica: ¿intereses?’, en La Ley, 28/4/2021, cita on line: AR/DOC/1183/2021).
Finalmente, ya es sabido que ser conviviente no implica, forzosamente, posicionarse como socio de la pareja, ni un régimen de partición de ganancias (SCBA LP Ac 84913 S 14/3/2007, ‘C. ,B. c/L. ,H. s/Disolución sociedad de hecho’, en Juba sumario B28866; Suárez, Vanina Adriana, ‘Rechazo de demanda de compensación económica en el marco de las uniones convivenciales’, publicado en DFyP 2022 (Octubre), 31, cita TR LALEYAR/2031/2022). Y va de suyo que la compensación económica del artículo 524, no puede operar, por su condiciones de aplicación, como un sucedáneo de la indemnización prevista en el artículo 249 de la ley 20744 (t.o. por decreto 390//1976).
VOTO POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde desestimar el recurso de apelación del 4/12/2023, contra la sentencia definitiva del 4/12/2023.Con costas al apelante vencido y diferimiento de la resolución sobre honorarios (arts. 68, 274 cód. proc.; 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
a) Desestimar el recurso de apelación del 4/12/2023, contra la sentencia definitiva del 4/12/2023.
b) Imponer las costas al apelante vencido y diferimiento de la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:31:55 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:51:31 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:55:43 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7!èmH#UJR^Š
230100774003534250
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-

Autos: “V. M. B. C/ F. D. A. S/ ACCION COMPENSACION ECONOMICA”
Expte.: -94423-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto, para dictar sentencia en los autos “V. M. B. C/ F. D. A. S/ ACCION COMPENSACION ECONOMICA” (expte. nro. -94423-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 1/7/2024, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundado el recurso del 17/9/2023, contra la sentencia del 12/9/2023?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. Arriba firme a esta alzada la admisibilidad de la compensación económica pedida por la actora, ubicándose el extremo a resolver en esta instancia en la faz de cuantificación, en donde el monto debe ser adecuado a la finalidad cuya realización procura, en atención al principio de razonabilidad (C.S., D. 394. XLVIII. RHE11/02/2014,’Diario Perfil S.A. c/ AFIP – DGI s/dirección general impositiva’, Fallos: 337:62).
En este caso, ese fin sería remediar un desequilibrio reconocido como manifiesto al fin de la convivencia, que ha significado para la actora un empeoramiento de su situación económica, el cual halla su razón de ser en el pasado de la relación convivencial y se proyecta más bien hacia el futuro (Molina de Juan, Mariel F., ‘Compensación económica. Teoría y práctica’, Rubinzal-.Culzoni Editores, segunda edición ampliada y actualizada, pág. 315; v. esta cámara causa 92262, sent. del 16/4/2024, ‘A., J. M. M. c/ R., P. M. s/ acción compensación económica’).
2. La jueza, en su sentencia, en seguida de entender acreditado ese desajuste, dijo disponer la compensación económica, ‘fijando la misma en la suma requerida en la demanda, $ 2.689.200`.
Esa decisión generó la queja de V.. Reprocha que no se ponderó la variación que ha venido operando el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijando un pago único de compensación económica en la suma de $ 2.689.200, tomando como valor indemnizatorio el histórico del año 2020, cuando el valor del SMVM era de $ 16.875.
Consideró que debía ser actualizada a valores actuales tomando como punto de referencia el importe actual del SMVM, publicado por resolución 10/23, correspondiente al mes de septiembre del año 2023, consistente en $ 118.000, lo que arrojaba como resultado final la suma de: $ 16.992.000 – ($118.000 (SMVM) X 12 (cantidad de años) x 12 (meses)(v. expresión de agravios del 4/10/2023).
Para el apelado, la cantidad otorgada es lo que se pidió en la demanda, pues si bien primero, al determinar el monto indemnizatorio reclamado, lo vinculó al salario mínimo vital y móvil vigente en ese momento, interpreta que fue con el único objetivo de explicar cómo llegaba a dicha suma, la equivalente a 1 SMVM, por 12 meses, por 12 años que se mantuvo la relación.
En ningún momento peticionó que, en el caso de dictar sentencia favorable, se debía determinar el monto de la compensación reverenciándose en el SMVM vigente en tal oportunidad. Así entonces, la jueza, al fijar la compensación económica se sujetó claramente a las circunstancias de hecho y derecho debatidas y probadas en autos, y teniendo a la vista las previsiones de los arts. 524 y 525 del Cód. Civil.
Pidió se tuviera presente se dispuso que la compensación económica fijada fuera abonada en un pago único, ello teniendo en cuenta las probanzas de autos, fundamentalmente la capacidad de pago del obligado. Sería imposible que el mismo pueda abonar en un pago único una suma de la magnitud de la que pretende la actora, de $ 16.992.000.
A su criterio, se dictó sentencia en un monto que resulta razonable, en un pago único de acuerdo a lo peticionado, y según las constancias que se debatieron y acreditaron en autos, razón por la cual es de toda justicia que dicha sentencia sea confirmada (v. expresión de agravios del 17/10/2023).
3. Como según los términos en que se expresaron, tanto la jueza como el demandado, ambos sostienen que el monto en debate se corresponde con el solicitado en la demanda, hay que comenzar por definir lo peticionado allí en concepto de compensación, para construir desde ese dato, la solución del caso (art. 3 del CCyC y arts. 34.4, 163.6 y 266 del cód. proc.).
Y yendo a la fuente, se advierte que en el escrito inicial no se pidió derechamente los $ 2.689.200. Se pidió: ‘…una suma por única vez, la cual se calculará en base a los siguientes parámetros – (Salario Mínimo Vital y Móvil x 12 meses x cantidad de años en convivencia) – $ 18675 x 12 x 12’. De lo que se desprende, que la cantidad solicitada era aquella que resultara del cálculo propuesto. El cual arrojaba en ese entonces los $ 2.689.200. Distinto a solicitar simplemente esa suma.
Es que, interpretado con el sentido apropiado al conjunto de la expresión, el texto no rinde para independizar esa suma final, producto del cálculo aquel realizado con valores al tiempo de la demanda, dejando de lado que aquella y su modo de calcularla configuraron una unidad de significado, que se tergiversa al descomponerla.
No es razonable para demostrar lo que la demandante auspició, el método de aislar las expresiones de su contexto y menos aún prescindir de un tramo de lo enunciado, para sólo hacer hincapié en la cantidad (arg. art. 1064 del CCyC).
En su lugar, por lo expuesto, es discreto concluir que la actora solicitó como compensación económica una suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil por doce meses y por doce años (arg. art. 1061 y 1064 del CCyC; arg. art. 34.4 y 163.6 del cód. proc.). Más allá de haber indicado la cantidad que, fruto de ese procedimiento, se obtenía en tal oportunidad.
De consiguiente, va de suyo que la jueza, al establecer el monto de la compensación al 12/9/2023, en la misma cantidad nominal calculada con valores del 26/11/2020, no fue coherente con su anunciado designio de conceder lo peticionado en la demanda. Pues, por el contrario, concluyó entregándole a la actora, una suma de dinero que desmembrada del cálculo que le había dado origen, significó descontarle a lo pedido en el escrito inicial, lo equivalente a toda la depreciación monetaria experimentada por el peso con motivo de la inflación acumulada durante el lapso de la demanda a la sentencia, calculada, aproximadamente en un 540,67 %, tomando la variación experimentada por el I.P.C., según datos del Indec (https://chequeado.com/inflacionacumulada/). Cayendo así en una solución inatingente, al darle, estimativamente, ese porcentaje en menos (arg. art. 3 del CCyC).
Un argumento del demandado para alentar que se mantuviera la suma fijada en la sentencia, sin ninguna actualización, fue que se dispuso su abono en un solo pago, teniendo en cuenta las probanzas de autos, fundamentalmente la capacidad de pago del obligado, pues sería imposible que pudiera abonar una cantidad de la pretendida por la actora.
Sin embargo, el mismo dijo al responder la demanda que: (a) es ingeniero agrónomo; (b) durante el lapso en el que se desarrolló la convivencia, el sostenimiento económico de la pareja estuvo a su sargo del suscripto, ya que mis posibilidades laborales se lo permitían: (c) es real que desde que comenzó con su actividad profesional experimentó una evolución económica favorable, debido, fundamentalmente, a haber ejercido su profesión con gran dedicación y profesionalismo; (d) de los años de trabajo realizó distintas inversiones de riego vinculadas con la actividad agropecuaria (ej. apostar a llevar adelante una siembra, habiendo obtenido altos rindes de cosecha) que es el medio donde se desempeña y conoce, lo que le permitieron hacer frente a la compra de ciertos bienes que han integrado e integran su patrimonio. Quedando corroborado lo que dimana de tales expresiones, con el elenco de bienes a nombre del demandado que contiene la pericia del 22/11/2021, que no aparece observada por el demandado (v. VI;v. providencia del 17/3/2022; arg. art. 384 y 474 del cód. proc.).
De modo que, frente a estos datos, para solventar su tesis, al menos debió acompañar lo expresado acerca de su situación patrimonial, con referencias concretas a elementos del proceso que la tornaran verosímil. Lo que no hizo, empañando su versión acerca de que haya sido por su situación económica, que se fijó una suma sin ninguna actualización.
Por lo expuesto y dentro de los límites que imponen a esta alzada los términos del recurso, se admite la apelación de V. y, en consonancia, modificando la sentencia apelada, se fija la suma de la admitida compensación económica en la cantidad que resulte de multiplicar el Salario Mínimo vital y Móvil vigente a la fecha del fallo de primera instancia, por doce y por doce, tal como fue lo propuesto en la demanda (arg. arts. 34.4, 163.6, 266 y concs. del cód. proc.).
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde: a) estimar la apelación de Vitores y, en consonancia, modificar la sentencia apelada, estableciendo la suma de la admitida compensación económica en la cantidad que resulte de multiplicar el Salario Mínimo vital y Móvil vigente a la fecha del fallo de primera instancia, por doce y por doce, tal como fue lo propuesto en la demanda (arg. arts. 34.4, 163.6, 266 y concs. del cód. proc.).
b) Imponer las costas a la parte apelada vencida y diferimiento de la resolución sobre honorarios (arts. 69, 274 cód. proc.; 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
a) Estimar la apelación de V. y, en consonancia, modificar la sentencia apelada, estableciendo la suma de la admitida compensación económica en la cantidad que resulte de multiplicar el Salario Mínimo vital y Móvil vigente a la fecha del fallo de primera instancia, por doce y por doce, tal como fue lo propuesto en la demanda.
b) Imponer las costas a la parte apelada vencida y diferimiento de la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:32:42 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:50:07 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:54:29 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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228800774003525330
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/07/2024 12:54:40 hs. bajo el número RS-17-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

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Fecha del Acuerdo: 2/7/2024

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares
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Autos: “PIÑANELLI, VALENTINA C/ CARTASSO, HECTOR DARIO S/EJECUCION HONORARIOS (INFOREC 930)”
Expte.: -94449-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley del 19/4/2024 contra la resolución de cámara del 4/4/2024.
CONSIDERANDO.
Uno de los requisitos de admisibilidad de los recursos extraordinarios es que el valor del agravio exceda la suma equivalente a 500 jus arancelarios (art. 278 primer párrafo, cód. proc.).
En el caso, más allá de la afirmación del recurrente en cuánto al valor indeterminado del litigio, cierto es que lo que se pretende es que el beneficio de litigar sin gastos concedido al recurrente sea oponible a la presente ejecución, y suspenda el cobro de los honorarios que aquí se ejecutan.
Entonces si lo que realmente se pretende es que la oponibilidad del beneficio de litigar sin gastos exima, al menos por ahora, del pago de los honorarios en ejecución, el monto es determinado y es el consignado en la demanda, es decir, la suma de 22,50 jus arancelarios (arg. art. 3 CCyC, v. punto 1. del escrito de demanda).
En virtud de ello, siguiendo la doctrina de la SCBA que establece que para los casos en los que se persigue la ejecución de los honorarios regulados, el valor del litigio es determinado y está representado por el capital correspondiente a los mismos cuya ejecución se manda llevar adelante, al no exceder el mínimo para recurrir exigido por el art. 278 del cód. proc., el recurso de inaplicabilidad resulta inadmisible en tanto no excede el umbral mínimo de los 500 Jus requeridos (arg. art. 278 cód. proc., v. en Juba, sumario B3901619, SCBA LP Rc 120495 I 16/3/2016).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley del 19/4/2024 contra la resolución de cámara del 4/4/2024.
Notificación automatizada (art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 02/07/2024 09:29:21 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:47:35 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2024 12:53:17 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7$èmH#UJ7?Š
230400774003534223
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/07/2024 12:53:26 hs. bajo el número RR-421-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

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