Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

Autos:“ARENILLAS, ALBERTO S/ SUCESION TESTAMENTARIA”
Expte. 92236

TRENQUE LAUQUEN,
AUTOS Y VISTOS: El informe de Secretaría del 20/8/24 y los diferimientos del 1/3/21 y 19/11/21.
CONSIDERANDO.
Atento lo resuelto por el juzgado con fecha 8/8/24 que fue autonotificado y que ha llegado firme a esta instancia, en función de lo dispuesto en el art. 31 ley 14.967 y el principio de proporcionalidad (esta cám. sent. del 9/12/2020, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar” L. 51 Reg. 651, entre otros), valuando la labor desarrollada ante la alzada por los letrados Garrote y Pisauri (v. trámites del 1/12/20, 14/12/20, 13/9/21 y 27/9/21; arts. 15.c.y 16) y la imposición de costas decidida en las decisiones de fechas 1/3/21 y 19/11/21(art. 69 del cód. proc.; 26 de la ley 14967), cabe retribuir la labor ante esta Cámara.
Para ello, cabe tomar como marco referencial los honorarios regulados en primera instancia correspondiente a la primera y segunda etapa del sucesorio en tanto las incidencias se promovieron dentro de esas etapas (art. 34.4. del cód. proc.).
Así sobre el de primera instancia regulado con fecha 12/5/23 (revisado por este Tribunal el 10/8/23), es dable aplicar una alícuota del 25% para Garrote, en tanto su parte cargó con el mayor peso de las costas por las dos decisiones y un 27% para la abog. Pisauri, resultando así una retribución por la labor ante esta Cámara de 41,54 jus (hon. prim. inst. por primera y segunda etapa -166,16 jus- x 25%) y 8,98 jus (hon. prim. inst por segunda etapa – 33,23 jus- x 27 %), respectivamente (arts. 15.c, 16, 31 concs. de la ley cit.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
1. Regular honorarios a favor del abog. Garrote en la suma de 41,54 jus.
2. Regular honorarios a favor de la abog. Pisauri en la suma de 8,98 jus.

Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:20:41 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:30:50 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:36:29 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8lèmH#YVG@Š
247600774003575439
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/08/2024 13:36:38 hs. bajo el número RR-616-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 29/08/2024 13:36:46 hs. bajo el número RH-92-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares
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Autos: “MARTIN, NORBERTO HUGO C/ PINIELLA, GRACIELA NOEMI S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) (INFOREC 922)”
Expte.: -94757-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 10/6/2024 contra la resolución del 31/5/2024.
CONSIDERANDO:
La parte demandada interpone recurso de apelación contra lo resuelto el 31/5/2024, donde se decide no hacer lugar al pedido de ‘retrotraimiento’ solicitado a los fines de contestar demanda, con fundamento en el principio de preclusión de los plazos procesales que involucra la garantía constitucional del debido proceso (18/06/2024).
En principio cabe señalar que ya el 21/2/2024 la jueza había dicho que estaba agotado el plazo conferido para contestar demanda sin que se hubieran presentado los demandados, pese a la designación de Defensora Oficial en los respectivos expedientes y debidamente notificada la misma; por ello resuelve tener por perdida la facultad de hacerlo.
Esa resolución fue anoticiada a Pinella y Pendas en sus domicilios reales (v. cédula agrada al tramite del 8/04/2024).
Ante la aceptación de la renuncia presentada por la defensora Zaragoza en el expediente de beneficio de litigar sin gastos, allí se designa en su reemplazo al letrado Mora quien se presenta en estos autos el 10/4/2024 manifestando que ha sido designado el 8/4/2024 y requiere se disponga la suspensión de términos en los presentes a los fines de garantizar el debido proceso y no lesionar el derecho de defensa de su defendida Pinella Graciela.
Al proveer dicha presentación la magistrada lo tiene presentado como gestor procesal y le hace saber que su desinsaculación en el referido expediente, de estrecha conexidad con el presente, y sin perjuicio de la asistencia profesional a la solicitante, no retrotrae en modo alguno lo tramitado en estos autos, debiendo estarse al vencimiento de plazos decretados con fecha 21/2/2024 (res. del 16/4/2024).
Ante ello la demandada, el 18/04/2024, se presenta con el patrocinio letrado de Mora y ratifica todo lo actuado por el letrado, sin realizar cuestionamiento alguno respecto del vencimiento de plazos decidido el 21/2/2024 y reiterado el 16/4/2024.
El 3/5/2024 el letrado Mora realiza una nueva presentación patrocinando a la demandada Pinella, y también al restante codemandado Pendas, donde realizan un resumen de las actuaciones de estos autos y las obrantes en el beneficio de litigar sin gastos, para concluir que por la completa inacción de la letrada designada como defensora ad-hoc se les da por perdida la posibilidad de contestar demanda en estos actuados, por ello concluyen que se les ha vulnerado, hasta aquí, su derecho constitucional de defensa en juicio y solicitan que se enmiende el efecto jurídico de su indefensión, otorgándoles excepcionalmente la posibilidad de ser oídos, contestar demanda, negar los dichos de la contraparte, controlar y ofrecer nuestra prueba.
En síntesis, en esta nueva presentación insisten en que se le conceda la posibilidad de contestar demanda en autos, pero sin deducir recurso contra la resoluciones anteriores del 21/2/2024 donde quedó decidido el vencimiento del plazo, ni la reiteratoria del 16/4/2024 donde se vuelve a dejar en claro que se encuentra vencido el plazo para contestar la demanda.
Ante ello el juzgado emite la resolución ahora apelada del 31/5/2024, por la que decide no hacer al lugar al reiterado pedido de permitirle contestar la demanda.
2. Pues bien, por lo pronto corresponde señalar que, por efecto del principio de preclusión procesal, se impone en la jurisprudencia el criterio de considerar inapelable la decisión que es reiteración o remite a lo dispuesto en una anterior que se encuentra firme (arg. art. 244 del cód. proc.).
Y, en el mismo sentido, ya tiene dicho este tribunal que es inapelable el decisorio que mantiene, ejecuta o es consecuencia de otro consentido, o simplemente accesorio o complementario de uno anterior que no fuera cuestionado (v. esta cámara, sent. 21/9/2022 en la causa 93267, sent. del 21/9/2022, ‘G., G. E. Y A. E. D. s/ divorcio por presentación conjunta (Inforec 927)’; causa 93267 sent. del 31/10/00, ‘Okner, Marcelo Adrián y Ot. s/ Quiebra”, L. 29, Reg. 246; causa 90544, sent. del 7/2/2018, ‘Fabert S.A. c/ El Corralón S.H. s/ Cobro Ejecutivo’, L 47 Reg. 1).
En la especie, más allá del esfuerzo argumentativo del apelante, las resoluciones primigenias del 21/2/04 y 16/4/2024 -a partir de la cual se derivó en la decisión ahora apelada del 31/5/2024- no merecieron oportunamente objeciones ni crítica puntual alguna por parte del interesado; quienes una vez conocidas las mismas se presentaron a insistir con el pedido de que se le permita contestar la demanda.
Así, en estos términos, la providencia ahora atacada no es sino complementaria o reiteración de otras anteriores que quedaron firmes por no haber sido motivo de cuestionamiento a través de los recursos previstos para ello (arts. 238 y 242, cód. proc.).
De tal guisa, por aplicación del antedicho principio de preclusión, el planteo deviene inadmisible.
3. Sin perjuicio de ello, por si fuera poco, cierto es que ha quedado reconocido por los propios apelantes que el plazo para contestar la demanda venció, por manera que también resulta aplicacable el principio de preclusión respecto de que una vez clausurada una etapa procesal con el consiguiente avance hacia el estadio posterior, queda imposibilitado el regreso hacia la que ha quedado consumada.
En suma, las cuestiones preclusas no pueden renovarse en el proceso como tema litigioso porque la preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad: la facultad procesal no usada se extingue’ (SCBA, L 37376, sent. 18-8-1987, Ac. y Sent. 1987-III-333>, arg. arts. 4, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, 34.4, 36.1, 155, 731 cód. proc., art. 171 Const.Pcia.Bs.As.). Se trata de un instituto que garantiza uno de los principios que debe primar en toda causa judicial, esto es, la seguridad, y consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio (SCBA causas C. 98.405, “Bernal de Grattia”, sent. de 3-IV-2008; C. 117.988, “Duche”, sent. de 15-VII-2015 y C. 110.618, “Cooperativa de Provisión de Servicios Termales de Lago Epecuén”, sent. de 20-IX-2017, entre otros).
Y la circunstancia que se le haya designado una defensora oficial que no ha contestado la demanda en el plazo otorgado, de ninguna manera puede justificar apartarse de la normativa legal para ampliarlo o darle una nueva chance, sino que en todo caso podrá efectuársele a la letrada los reclamos que se consideren pertinentes por esa deficiente actuación alegada.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Declarar inadmisible la apelación del 10/6/2024 contra la resolución del 31/5/2024.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:19:50 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:30:16 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:35:36 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7cèmH#YU7cŠ
236700774003575323
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/08/2024 13:35:44 hs. bajo el número RR-615-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
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Autos: “PIZZICO MARIA ALEJANDRA Y OTRO/A C/ LA SEGUNDA COMPANIA DE SEGUROS DE PERSONAS S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”
Expte.: -94750-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 10/6/2024 contra la resolución del 6/6/2024.
CONSIDERANDO.
1. Opuesta la excepción de prescripción por parte de la compañía aseguradora con sustento en lo normado en el artículo 58 de la ley 17.418, frente a la resistencia del actor, en primera instancia se consideró aplicable al contrato de seguro el plazo genérico de prescripción quinquenal establecido en el art. 2560 del CCyC, en función -según se expone en la resolución- de una interpretación integradora, sistémica y finalista del plexo normativo y los principios que sustentan la protección constitucional de los derechos del consumidor.
En apoyo a esa decisión, se argumentó que el texto del art. 50 de la Ley 24.240 (modificado en el año 2008 por la ley 26.361) exponía que “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario (…)”; y posteriormente en el año 2015 con el dictado del Código Civil y Comercial, la norma en cuestión fue modificada suprimiéndose del texto “las acciones judiciales y las administrativas”; como también la previsión referida a la aplicación del plazo de prescripción más favorable al consumidor frente al supuesto de plazos disimiles normados por leyes generales o especiales.
Y en ese sentido, se explicó que antes de la entrada en vigencia del CCyC no había dudas en cuanto a la aplicación del plazo de prescripción trienal de la norma consumeril a las relaciones derivadas de contrato de seguro y luego de su dictado podría creerse que, en apariencia, la cuestión quedaría subsumida en el plazo de prescripción de un año del art. 58 de la ley 17.418.
No obstante, desde la perspectiva del juzgador, la aplicación mecánica del plazo anual implicaría desmerecer los principios emergentes del derecho convencional y un evidente retroceso en los derechos de los consumidores, ya que de aplicar un plazo de prescripción de un año, aún encontrándose éste contemplado en una ley especial, se conculcaría directamente contra la progresividad de los derechos adquiridos de los consumidores, quienes gozan de una enorme protección en la legislación positiva actual, y por esos motivos entendió aplicable al caso el plazo quinquenal de prescripción del art. 2560 del CCyC.
Por esos argumentos, sin haber transcurrido ese plazo de cinco años desde el fallecimiento hasta la fecha de promoción de la demanda, se rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada (v. resolución del 6/6/2024).
2. Apelado el pronunciamiento por la aseguradora, expuso como fundamento de su recurso que no resulta aplicable el principio de no regresividad, ya que -a su entender- no existen dudas en que debe aplicarse el artículo 58 de la ley 17.418 sin que ello dependa de realizar ninguna interpretación de los distintos plazos que establecen las normas vigentes, y cita jurisprudencia en sustento de su tesis, por lo que solicitó que se declare prescripta la acción, en tanto desde la fecha del hecho y hasta la mediación como el primer acto interruptivo de la prescripción, transcurrió un año (v. escrito del 10/6/2024).
3. Ahora bien, se advierte aquí el seguro de vida fue tomado por el empleador del fallecido sin haberse determinado beneficiarios; asignándosele tal carácter a los ahora reclamantes -progenitores del asegurado- por ser herederos (v. art. 8 del 1567/74 adjunto a la contestación de demanda y declaratoria de herederos del 22/6/2022 visible en el expediente “Medica Kevin Adrián s/ Sucesión Ab Intestato” – 7958 – 2021 en trámite por ante el Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló).
Y en relación a los beneficiarios de los seguros de vida, el artículo 58 de la ley 17.418 establece que el plazo de prescripción se computa desde que conoce la existencia del beneficio, que en ningún caso excederá de tres años desde el siniestro.
En ese sentido, y dentro del estricto marco que marca el art. 272 del cód. proc., no asiste razón a la apelante de que en casos como estos el plazo de prescripción comience desde que se produce el hecho, sino como se dijo desde que se conoce por los beneficiarios la existencia del beneficio; y sin perjuicio de que la defunción ocurrió el día 24/3/2021, tanto la mediación del 10/4/2023 como la demanda de fecha 2/2/2024 (v. acta de defunción y de mediación adjuntas a la demanda) fueron llevados a cabo antes de cumplidos aquellos tres años.
Sin que la aseguradora nada haya alegado en lo que respecta al conocimiento del beneficio por parte de los progenitores (arg. arts. 375 y 384 cód. proc.); más si se considera que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y a favor de la supervivencia de la acción (v. por ejemplo: “Seguros”, Sammartino y Schiavo, Ed. Lexis Nexis, año 2007, pág. 283 y “Derecho de Seguros”, Stiglitz, tomo II, Ed. Abeledo Perrot, 1998, pág. 510). En consecuencia de ello, el recurso no prospera.
Por ello la Cámara RESUELVE:
Rechazar el recurso de apelación, en cuanto fue materia de agravios, en base a los fundamentos antes expuestos. Con costas a la parte apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre regulación de honorarios (arts. 68 cód. proc. y 31 y 51 ley 14967).

Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:18:51 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:29:47 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:34:41 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7YèmH#YJAQŠ
235700774003574233
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/08/2024 13:34:48 hs. bajo el número RR-614-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen.

Autos: “R. M. J. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA”
Expte. -94637-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación de fecha 2/5/2024 contra la regulación de fecha 19/3/2024.
CONSIDERANDO.
La resolución del 19/3/24 es apelada por el heredero forzoso de la causante -fallecida- de autos, con el patrocinio de la Defensora Oficial, abog. E., pues considera elevados los honorarios regulados a favor de la Curadora y de la Asesora en la suma de 7 jus a cada una de ellas y en pos de que se reduzcan cita un antecedente de este Tribunal (v. escrito del 10/6/2024).
Estos argumentos son replicados por la Curadora Oficial mediante el escrito del 26/6/2024.
Para lograr una composición adecuada de los intereses en juego, a tenor de las posturas adoptadas por las partes interesadas, es discreto tener en cuenta los lineamientos establecidos por esta cámara -que aunque bajo el decreto 8904/77 es aplicable igualmente a la nueva ley 14.967- al expedirse en la causa ‘Guerediaga, Adela s/ Insania y Curatela’ (sent. del 22/4/2010, lib. 41 reg. 103).
Se apreció entonces, que en camino a la determinación de la capacidad civil de una personas humana, suelen aparecer tareas que poco y nada tienen que ver con la importancia del patrimonio, como son el trámite procesal orientado a la sentencia de incapacidad y el cuidado de la persona causante, las que en definitiva hubieran tenido que ser hechas con prescindencia de la situación económica de ella.
Otras, en cambio, sí conectan de alguna forma con la importancia de los bienes, y pueden desembocar en los honorarios que razonablemente correspondan de acuerdo a la ley, sin que signifique necesariamente la aplicación de un porcentaje, sobre el valor de aquellos (doct. arts. 7, 1251 y 1255 CCyC, 451, 475 y 1627 CC; art. 32 d.ley 8904/77; art. 13 ley 24432 y art. 3 ley 24432).
En suma, aunque para regular honorarios por el trámite de la determinación de la capacidad pudiera corresponder tomar en consideración la situación patrimonial de la causante, ello no sería como base regulatoria sino como pauta referencial, entre otras, a la hora de fijar el monto de las retribuciones (art. 16 incs. a y k, y restantes incisos, de la ley 14.967). Otro temperamento podría conducir a un honorario desproporcionado meritando la importancia de la labor profesional, si ninguna fuera más allá de la usual desplegada estrictamente por el trámite del juicio en sí mismo (art. 16 incs. b, c, h, i, j y l, de la ley 14.967; art. 1255 del CCyC).
Por fin, en cuanto al lo establecido en el artículo 628 del cód. proc., debe precisare que el régimen de costas allí previsto es de aplicación en el caso en que el proceso se ha desarrollado normalmente, es decir, concluido con la determinación de la capacidad o con el rechazo de la pretensión inicial. De modo que habiéndose producido el fallecimiento de la causante antes de la finalización del juicio, no se activa esa norma, pues se encuentran rebasadas las pautas que la misma impone (v. Morello, Sosa, Berizonce, Tessone, ‘Códigos…’, Abeledo Perrot, 2015, t. VII, págs. 747 y 748, fallos citados en a).
En todo caso, se ha considerado procedente -o al menos no cuestionable- el apartamiento del umbral arancelario en la regulación de los honorarios -como el previsto en el artículo 9.I.1. n y y o, de la ley 14.967- para atender al imperativo racional que procura una adecuada proporción entre la cuantía de tales accesorios, el monto del juicio y los trabajos realizados (C.S., Fallos: 239:123; 244:299; 251:516; 256:232; 305:1897, e.o.).
Indicando la Suprema Corte, que : ‘i] justipreciar los honorarios es una labor inherente a la jurisdicción que exige valorar las constancias de cada casa; ii] en ese empeño el juez por principio debe ceñirse a los parámetros que consagra el arancel; iii] mas, como excepción y por motivos serios, puede discernir una regulación inferior a la que arrojaría la mecánica adopción de tales parámetros o de sus pisos mínimos, si el resultado de aplicarlos fuese irrazonable; iv] la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la pertinencia de dicha potestad para salvaguardar la vigencia del principio de razonabilidad (art. 28 en conc. arts. 14 y 33, Const. nac.); v] en el respeto a esa actividad jurisdiccional se halla comprometida la independencia del Poder Judicial (arts. 1, 5, 109 y concs., Const. nac.; 1, 3, 57 y concs., Const. prov.;…’ (SCBA LP P 133318 S 24/9/2020, ‘Colegio De Abogados de la Provincia De Buenos Aires s/ Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad En Expte. N° 491/18 Seguida A López Muro, Jaime Oscar Y Sosa Aubone, Ricardo Daniel’, en Juba, fallo completo; v. expte. 94624).
En consonancia con las pautas indicadas, yendo a los trabajos, puede observarse que la Asesora de Incapaces presentó la demanda, adjuntando informes médicos, copia de una denuncia formulada por su hijo, el apelante, relacionada con una estafa de la cual habría sido víctima la causante y de la audiencia mantenida con el mismo (v. trámite del 27/9/2022). Solicitando, por las razones invocadas, la designación como apoyo provisorio a la Curadora Oficial departamental. Quien asumió su cargo el 14/10/2022.
A partir de entonces, pueden contarse como tareas realizadas por la Asesora en sentido de obtener la determinación de la capacidad, la contestación de la vista el 1/2/2023, la concurrencia a la audiencia del 3/3/2023, contestación de la vista conferida el 26/12/2023. Como trabajos, pero ya luego de denunciado el fallecimiento de la causante, que tienen que ver con lo patrimonial, se cuentan el pedido de colocación de fondos a plazo fijo el 4/3/2024, contestación de la vista del 13/3/2024.
En punto a la Curadora Oficial, se computan el dictamen del 8/11/2022, el informe del 27/12/2022, el informe de gestiones ante el Anses del 1/2/2023, el dictamen del 137472023, el informe del 19/9/2023, la vista contestada en 28/11/2023, el informe del 29/1/2024, la denuncia del fallecimiento de la causante del 27/2/2024 y la contestación de la vista del 14/3/2024 (art. 15 inc. c y 16 inc. b de la ley 114.397).
Todo ello en el marco de un proceso que inició el 17/9/2022 y que quedó trunco por el fallecimiento de la causante el 27/2/2024. Y teniendo en cuenta una plataforma pecuniaria de $ 373.113.09.
Con esta realidad y una labor profesional que no ha ofrecido complejidad alguna, cabe partir de la pauta del cincuenta por ciento de los 30 Jus, indicados en el artículo 9.I.a. n y h de la ley 14.967, resultando así razonables los honorarios reglados a la abogada Aragón, por su desempeño como Curadora Oficial y los de la abogada López, por su desempeño como Asesora de Incapaces, en 7 Jus a cada una, en orden a lo dispuesto en el artículo 9, segundo párrafo de la ley 14.442, que prevé la determinación de los honorarios por la actividad de los miembros del Ministerio Público. Sin perjuicio de lo que pueda decidirse en su ámbito, en torno a su ejecución. (art. 9, segundo párrafo de la misma ley; art. 22 de la ley 14.967).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 2/5/2024.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:12:10 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:28:22 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:33:35 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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232900774003573421
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/08/2024 13:33:44 hs. bajo el número RR-613-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

Autos: “MORGANTINI, BLANCA MABEL S/ SUCESION AB-INTESTATO (INFOREC 970)”
Expte. :93978

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTO: la solicitud de regulación de honorarios
CONSIDERANDO.
El letrado Diez solicita regulación de honorarios ante esta alzada teniendo en cuenta la labor que llevó a las decisiones de fechas 6/7/23, 16/9/23 y 6/6/24 donde no se impusieron costas (v. trámites de fechas 22/2/24, y 16/3/24;art. 31 y 51 de la ley 14967).
Ahora bien, de acuerdo al texto de la ley las apelaciones sobre base regulatoria y honorarios no generan imposición de costas para los letrados (arts. 27.a último párrafo, 31 y 51 de la ley 14967; arts. 2 y 3 del CCy C.).
Es que cuando se trata de recursos interpuesto por un letrado por derecho propio, como la fundamentación de la apelación de los honorarios es potestativa y no susceptible de sustanciación, el trámite no genera imposición de costas alguna pues se trata de tareas voluntarias que no otorgan derecho a regulación (art. 30 de la ley cit.; v. también Rivera, C.E. “Honorarios de Abogados en la Provincia de Buenos Aires”, Ed. La Ley 2020 pág. 616).
Tal es el caso de autos donde el abog. Diez se presentó por derecho propio en las tareas del 22/2/24 y 16/3/24 cuestionando la base regulatoria y los honorarios regulados a su favor (6/7/23) y la variación del valor del Jus y su incidencia en el pago de sus honorarios (6/6/24); de modo que por esos trabajos no corresponde retribución en esta instancia (arg. art. 30 de la ley 14967; 2 y 3 del CC y C., 34.4 del cód. proc.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
No regular honorarios en esta instancia al abog. Diez.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:08:35 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:27:50 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:32:31 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰9fèmH#Y3ƒkŠ
257000774003571999
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas
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Autos: “RUAX, JORGE ALBERTO C/ CENICERO, SERGIO ROBERTO S/COBRO EJECUTIVO (INFOREC 911)”
Expte.: -94289-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación del 5/6/2024 contra la resolución del 28/5/2024.
CONSIDERANDO:
La resolución del 28/5/2024 que decidió sobre la base regulatoria a tener en cuenta en los presentes autos, fue motivo de apelación mediante los recursos del 5/6/2024, interpuestos por Pablo Alberto Funes, apoderado de la demandada, y por el abogado Federeico Nicoás Leiva, por su propio derecho.
La resolución cuestionada había resuelto: “…I) No hacer lugar al planteo efectuado por las partes en cuento considerar distintas bases regulatorias para los letrados y para la auxiliar de la justicia. II) Hacer lugar al planteo efectuado por la auxiliar de la justicia, teniendo presente la conformidad prestada por todas las partes en cuento al tipo de cambio oficial, ordenando practicar nueva base regulatoria conforme lo expuesto en el considerando III…” (sic).
Los apelante sostienen, concretamente, que debe dejarse sin efecto la resolución apelada, en tanto los interesados han acordado como base para la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, la propuesta oportunamente por éstos; o sea sobre el importe de $ 15.705.900 (pactado en el acuerdo de pago arribado por las partes); que tomando el tipo de cambio a la cotización oficial para compra Banco Nación a la fecha de la sentencia (4/10/2023), da la suma de $ 349,02 por dólar (v. escrito del 19/6/24 y 24/6/24).
Ante esta postura la auxiliar de justicia, perito caligrafío González, se opone argumentando que debe tomarse como base regulatoria el valor del dólar actualizado. Pero también aduce haber hablado con el abogado del demandado, para llegar a un acuerdo, por el escrito presentado por ella el 23/4/2024, al cual dice se arribó luego de un enorme gasto de energía (v. escrito del 3/7/2024).
Ahora bien y en lo que aquí interesa: en autos con fecha 4/10/2023 se dictó sentencia que rechazó las excepciones opuestas de falsedad e inhabilidad de título, y la falta de legitimación pasiva, y mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado Sergio R. Cenicero hiciera al actor Jorge A. Ruax íntegro pago del capital reclamado de U$S 45.000 con más sus intereses conforme por derecho pudiere corresponder (v. sent.).
Posteriormente al momento de determinar el valor económico del juicio, las partes como sus representantes hicieron uso de lo dispuesto por el art. 27.g de la ley 14967 conforme surge de los trámites del 15/4/2024, acordando tomar la cotización del dólar oficial del Banco de la Nación Argentina tipo comprador a la fecha de la sentencia del 4/10/2023, de $ 349, solicitando además que se regulen sus honorarios en el mínimo de la escala a los efectos de los aportes a la Caja de Abogados.
Y habiéndose dado traslado a la Caja de Abogados, como parte interesada, la misma no hizo objeciones al respecto (v. trámite del 23/4/2024).
El 2/5/2024, la perito calígrafo interviniente manifiesta que a los efectos de su retribución se tome la base económica actualizada, lo que merece la réplica de los letrados Funes y Leiva (v. trámites del 2/5/2024 y 6/5/2024).
Sin embargo, posteriomente, con fecha 5/6/2024 la perito González consiente en su totalidad los honorarios abonados por la parte demandada (“1.- Que vengo por el presente a manifestar que he percibido por parte del demandado, la totalidad de los honorarios periciales acordados con el mismo, por el cometido pericial que me cupo en autos, otorgando la presente carta de pago total, consintiendo expresamente la misma por no tener nada más que reclamar.2.- La cual no tiene que hacer ningún tipo de retenciones y/o adiciones que por ley correspondan…”, sic.).
Es más el 6/6/2024 reitera su consentimiento manifestando “….Que encontrándose la resolución de fecha 28/05/2024 en crisis, vengo a aclarar que el convenio de pago de mis honorarios fue celebrado con la demandada tomando como base regulatoria la propuesta por los Dres. Leiva y Funes. Solicitando se tenga presente lo manifestado a fin de evitar mayor dispendio judicial innecesario…” (sic.). Es decir consiente la platafoma económica propuesta anteriormente por los letrados.
Así las cosas, se desprende de estas presentaciones que se pudo alcanzar un acuerdo, al que parece referirse con el escrito del 3/7/2024, en función de lo que se dice en aquellos, respecto de que le habían sido abonados los honorarios pactados con el demandado por la tarea pericial encomendada y llevada a cabo, sin hacer reserva alguna (v. escritos del 5/6/2024 y 6/6/2024 ya citados). Lo cual conlleva, un cambio en la situación que se diera en oportunidad de que efectuara su presentación del 2/5/2024. Hecho que debe ser tomado en cuenta a esta altura (arg.art. 163.6, segundo párrafo, del cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Estimar las apelaciones del 5/6/24 y revocar la resolución impugnada, en cuanto fue motivo de agravios, con costas por su orden, con fundamento en que, la cuestión originaria ya se había neutralizado al momento de resolver los recursos (arg. arts. 68, segundo párrafo, del còd. proc.).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de General Villegas.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:07:23 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:27:24 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:31:22 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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234400774003570740
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “CURUTCHET, JORGE O. Y OTROS C/ BOCCHIO, EDUARDO J. Y OTRA S/ ··ESCRITURACION”
Expte.: 94762
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 18/6/2024 contra la resolución del 10/6/2024.
CONSIDERANDO
1. La actora pretende que en el marco de este proceso, se autorice al síndico a otorgar la escritura traslativa de dominio de los bienes en cuestión, a los fines de cumplir con la sentencia dictada (escrito 4/6/24).
El juez le responde que como a partir del 12/12/22 la quiebra del demandado pasó a tramitar por ante el juzgado en lo civil y comercial N°1, la petición debía formularse en aquél organismo, poniendo a disposición tanto la presente causa, como el expediente “Matteazzi, Alejandro c/Curutchet, Jorge o. y otros s/ Acción revocatoria concursal”, nro. 29254, el cual según expresa, cuenta con sentencia firme rechazando la demanda.
Ello motiva el descontento del letrado apoderado, quien interpone recurso de apelación, el que fue concedido por el juez, pese a entender que lo resuelto no le causaba gravamen al apelante, en tanto no rechazaba lo peticionado sino que le señalaba donde debía ser requerida la autorización (res. del 24/6/24).
El apelante expresa en el memorial, que el juez ha declinado su competencia siendo quien tiene a su cargo la conclusión de este juicio. A lo que agrega que nada tiene que pedir en la quiebra toda vez que este proceso es ajeno al falencial, ya que se trata de una obligación de hacer del fallido y su esposa no quebrada, y lo pedido debe resolverse en el marco de este litigio
2. En la sentencia de primera instancia de fecha 19/11/1997, condenó a escriturar incluso contra Bocchio pese a su condición de concursado (hoy fallido) en autos ‘Bocchio, Eduardo José s/ Concurso Preventivo’, por reunirse los recaudos del art. 146 de la Ley 24522 (precepto a símili aplicable; art. 171 Const.Pcia.Bs.As.; art. 17 últ. párrafo de la ley 24.522).  Esta sentencia fue confirmada por la mayoría de esta Cámara en el pronunciamiento del 12/5/1998 (ver copia en adjunto al trámite de fecha 15/2/24).
En los autos ‘Matteazzi, Alejandro c/Curutchet, Jorge o. y otros s/ Acción revocatoria concursal´, la demanda fue desestimada en primera instancia y confirmada por esta alzada (ver sentencia de primera instancia del 4/3/20 y de Cámara de fecha 26/8/2020 L. 49 Reg. 51).
Para el apelante, con esas constancias bastaría para que el juez derechamente ordene la escritura que sería suscripta por el síndico, ello en tanto entiende que este proceso es ajeno al proceso falencial, ya que se trata de una obligación de hacer del fallido.
Más no le asiste la razón.
3. Por lo pronto, compulsada por la mev, la causa ‘Bocchio, Eduardo Jósé s/ quiebra’, surge que ha sido clausurada por falta de activo con fecha 20/10/2022. Si bien el fallido ha solicitado la reapertura del procedimiento, ello fue denegado en primera instancia, y apelada la resolución, dejada sin efecto por prematura (v. resolución del 17/2/2023 y sentencia de esta alzada del 11/5/2023). De modo que, hasta el momento, se encuentra pendiente de resolución el pedido de reapertura.
En suma, la quiebra no está concluida, tal que ese estado se alcanza cuando, en las circunstancias del artículo 231 segundo párrafo, de la ley 24.522, el juez lo dispone (arg. art. 230, segundo párrafo, de la misma ley).
Así parece haberlo entendido quien apela, ya que ha solicitado en su escrito del 4/6/2024, se autorice a la sindicatura -órgano de la quiebra- a suscribir la escritura, considerando que el accionado ha sido desapoderado de los bienes por la sentencia que decretó su falencia.
En ese marco, que la obligación de escriturar califique como una obligación de hacer, no es un argumento dirimente en favor de lo que pretende.
Pues las obligaciones de hacer, igualmente están sometidas al concurso o quiebra si son concursales, o sea de causa o titulo anterior a la presentación en concurso o a la declaración de la quiebra. Sin perjuicio que con la modificación introducida por la ley 26.085 al artículo 21 de la ley 24.522, los titulares de esas obligaciones pueden continuar el juicio de conocimiento que hubieran iniciado para obtener su cumplimiento, o acaso iniciarlo, aun después de abierto el concurso o declarada la quiebra, sin que les alcance efecto alguno de suspensión concursal.
En estos casos, la sentencia emitida en estos juicios, en los cuales ha participado necesariamente el síndico, la sentencia favorable constituye ‘título verificatorio en el concurso´.
Lo que no quiere significar que valga como un pronunciamiento verificatorio. Por lo que su cumplimiento debe procurarse a través de la verificación de su crédito, por más que se trate de una obligación de hacer (escrituración) (arts. 21, 32 y 146 de la ley 24.522; v. Rouillón, Adolfo, A.N., ‘Código de comercio…’, La Ley, 2007, t. IV-A pág. 323, 17; C0201 LP 120333 RSD 153/16 S 30/6/2016, ‘Merlano Hugo Evaristo y otra c/ M&K Srl. s/ escrituración’, en Juba, fallo completo).
En este caso, claro que no para obtener la inscripción de un crédito dinerario en el pasivo del concurso, sino para que se sustraiga del activo un bien inmueble y le sea entregado en propiedad al acreedor, quedando de ese modo separado del concurso y de la fortuna que pudieran experimentar otros posibles acreedores concursales (Maffía, O. J., ‘Verificación de créditos’ págs.446 y stes.; esta cámara, causa 16.572, sent. del 15/11/2007, ‘Campodónico, Carlos Oscar s/ incidente de verificación tardía de crédito’ en autos ‘Volonté, Carlos Arturo s/ quiebra’, L, 38, Reg. 403; v. escrito del 9 de abril de 2021, punto III, sexto párrafo); esta Cámara, causa 92631, sent. del 12/10/2021, RR-155-2021).
Entendido que el comprador del inmueble que se encuentra amparado por una sentencia por la que se condenó al vendedor a efectuar la transmisión del dominio, lo que opone a la falencia no es un boleto de compraventa, sino la norma especial que es la sentencia, que puso fin al proceso de conocimiento aludido (doctr. SCBA LP C 114568 S 8/4/2015, ‘Gabriele, Francisco José. Incidente de revisión en autos: “Sánchez, Norman Eloy. Concurso preventivo’, en Juba, fallo completo)
Por ello, corresponde rechazar el recurso articulado.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso de apelación deducido, sin costas por tratarse de una cuestión entre el apelante y el juez.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial nro. 2.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:02:36 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:26:41 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:30:19 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7‚èmH#Y&qeŠ
239800774003570681
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/08/2024 13:30:27 hs. bajo el número RR-610-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado en lo Contencioso Administrativo
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Autos: “ZURRO PABLO JAVIER C/ MILEO PATRICIA SUSANA S/ INCIDENTE DE REDARGUCION DE FALSEDAD”
Expte.: -94164-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: el escrito del 12/8/2024 mediante el cual se desiste en esta instancia de la redargución de falsedad planteada oportunamente, la Cámara RESUELVE:
Tener por desistido a Pablo Javier Zurro del incidente de redargución de falsedad iniciado con fecha 22/9/2023 (arg. art. 305 Cód. Proc.).
Registrese. Notificación automatizada a la parte, con conocimiento de los titulares de los Juzgados de Familia 1 sede Pehuajó y Contencioso Administrativo 1 departamental (arts. 10 y 15 AC 4013 t.o. AC 4039 de la SCBA). Hecho, archívese.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:01:44 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:25:59 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 13:28:46 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8:èmH#XuJŠ
242600774003568542
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial nº1

Autos:“CARGIL SACI C/ FUMIATTI ANDRES PEDRO S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CREDITO”
Expte. -94371-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación de fechas 26/3/24 y 3/4/24 contra la resolución regulatoria del 22/3/24.
CONSIDERANDO.
El síndico Razetto y el abog. Hernández, como abog. del incidentista, cuestionan la resolución regulatoria del 22/3/24, exponiendo en esos actos los motivos de sus agravios (art. 57 de la ley 14967. Se aclara, el primero apeló por bajos sus honorarios, mientas que el segundo estimó elevados los estipendios.
Veamos. Cabe señalar que el artículo 287 de la ley 24.522 -aplicable al caso- remite a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales; y tratándose de un incidente de revisión, con etapas postulatoria y probatoria, debe aplicarse la escala del art. 21 de la ley 14967 en función de lo dispuesto por el art. 36.c ley 14967.
Y en cuanto a la alícuota, la usual consiste en un promedio del 17,5% (que supone cubiertos al menos en medida suficiente los indicadores del art. 16, arg. art. 55 primer párrafo, segunda parte de la ley 14967), sin la reducción dispuesta del art. 47 de la misma ley, tal como se ha decidido en autos “Banco de la Pampa s/ Incidente de verificación de crédito” L. 52 Reg. 180, sent. del 16/4/21 expte. nro. 92342).
En ese lineamiento, hasta la sentencia del 15/3/23 que hizo lugar al incidente, para el abog. Hernández, habiéndose transitado solo la primera etapa del juicio (v. resolución del 26/12/22) ha de reducirse la alícuota principal del 17,5% al 50% sobre la base aprobada, resultando de ello un honorario de 196,78 jus (base -$57.506.922- x 17,5% x 50%= $ 5.031.855,68; 1 jus equivale a $25.571 según AC. 4145 de la SCBA., vigente al momento de la regulación).
De su lado, para el síndico Razetto, el juzgado aplicó el mínimo del 4% fijado por el art. 207 de la ley 10.620, por la tarea llevada acabo por el profesional ( v. 19/8/22); sin embargo, dentro de este marco, parece más adecuado utilizar un promedio entre el mínimo y el máximo de la escala del art. 207 (arg. art. 16 antepenúltimo párrafo y 55 párrafo 1° parte 2ª ley 14967; 175 de la ley 10620; v. 26/4/21 92299 “Palaversich y Cia, SA. c/ Semillas del Oeste SRL s/ Incidente de revisión”, L. 52 Reg. 202).
De lo que resulta un honorario de 157,42 jus (base -$57.506.922- x 7% = $4.025.484,54 (arts. 16 antep. párrafo, 36.c., 55 primer párr. segunda parte de la ley 14.967; 175, 207 de la ley 10.620; 1 jus = $25571 según AC. 4145 de la SCBA vigente al momento de la regulación).
En suma, corresponde estimar parcialmente el recurso del 3/4/24 y fijar los honorarios del abog. Hernandez en la suma de 196,78 jus.
Estimar el recurso del 26/3/24 y fijar los honorarios del síndico Razetto en la suma de 157,42 jus.
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
1. Estimar parcialmente el recurso del 3/4/24 y fijar los honorarios del abog. Hernández en la suma de 196,78 jus.
2. Estimar el recurso del 26/3/24 y fijar los honorarios del síndico Razetto en la suma de 157,42 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/08/2024 08:54:30 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:40:53 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:47:25 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8XèmH#Xu:-Š
245600774003568526
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/08/2024 12:47:33 hs. bajo el número RR-608-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 28/08/2024 12:47:41 hs. bajo el número RH-91-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “H. A. L. C/ L. C. L. Y OTRO/A S/ ACCIONES DE IMPUGNACION DE FILIACION”
Expte.: -94828-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 3/7/24 contra la resolución regulatoria del 9/6/24.
CONSIDERANDO.
La representante del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, abogada S., cuestiona los honorarios regulados por altos a favor de la Abogada del Niño, L. G., fijados en 80 jus y expone en ese acto los motivos de su agravio (art. 57 de la ley 14967).
Dentro de sus consideraciones, alega que la resolución recurrida no ha consignado las tareas llevadas a cabo por la letrada que llevaron a fijarle la retribución de 80 jus, por lo que debe declararse su nulidad conforme lo dispuesto por el art. 15 incs. b. y c., de la normativa arancelaria vigente, o en su defecto se reduzcan esos honorarios (v. puntos III y IV del escrito del 3/7/24); también manifiesta que, de todos modos, sólo está obligada al pago del 50% de los estipendios pues no se ha notificada acerca de la existencia del otorgamiento de beneficio de litigar sin gastos a favor del menor y solicita se informe a esa delegación, si existe beneficio de litigar sin gastos o se encuentra acreditada la situación de pobreza del menor (conf. art. 16 Conv. entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el COLPROBA de fecha 11/5/2016 y la Circular 6273/16 (Resolución 122/16) del COLPROBA (Reglamento Único de Funcionamiento del Registro de Abogados del Niño; v. escrito citado).
Ahora bien; la regulación recurrida consignó las tareas de la letrada, que llevó a fijar la retribución hoy atacada, a saber: contestación de demanda, contestación de excepción de prescripción, asistencia al momento de las extracciones de muestras para análisis de ADN, confección de cédulas, solicitud y audiencia de escucha de la menor, petición de sentencia, solicitud de oficio al Registro de las Personas (arts. 15.c. y 16 de la ley 14967).
De modo que en este aspecto no le asiste razón a la apelante.
Así, solo cabe revisar si los honorarios fijados a favor de la abog. G. resultan elevados en relación a la tarea efectivamente desempeñada que conducen al avance del proceso que tramitó como sumario (v. providencia 30/12/21; art. 28.b e i. de la ley cit.). Y según se desprende de constancias de la causa, luego de la designación de fecha 7/3/22, s.e. u o. acreditó las siguientes tareas: aceptación del cargo (14/3/22), contestación de demanda y excepción (4/4/22), confección de cédulas y oficios (9/10/23, 2/4/24), solicitó audiencia (15/12/23), solicitó sentencia (26/10/23, 14/2/24, 5/3/24), solicitud de librar oficio (11/5/24), s; arts. 15 y 16 ya cits.), sin que concurriera a la audiencia de escucha del menor conforme surge del acta de fecha 19/12/23 (arts. 15 y 16 ya cits., 384 del cód. proc.).
Con esos antecedentes, con evaluación de la actuación de la letrada y sin desmerecer la labor para la cual fue requerida su intervención, a la vez que se tiene en cuenta que la ley arancelaria en su art. 9.I.1.f. fija un mínimo de 80 jus, y que además debe guardar relación con la retribución de los demás letrados que llevaron adelante el proceso, es de considerarse más adecuado en relación a la labor cumplida por la letrada Galocha fijar los honorarios en 43 jus (arts. de la ley 14.967; 2 y 1255 del CCy C.).
Por último en lo que refiere al escrito de fecha 12/8/24 de la abog. G., el mismo es inadmisible no solo por cuanto la ley arancelaria local no contempla la sustanciación del recurso contra la regulación de honorarios, sino además porque hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la providencia del 10/7/24 respecto que se informe si media el beneficio de pobreza o el estado en que se encuentra el menor (art. 57 de la ley 14967; art. 34.4. y 34.5.b. del cód. proc.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar el recurso del 3/7/24 y, en consecuencia, fijar los honorarios de la abog. G. en la suma de 43 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 Ac 4013 de la SCBA t.o. por Ac 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.

ARTÍCULO 54.- Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/08/2024 08:53:47 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:39:57 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:46:05 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/08/2024 12:46:14 hs. bajo el número RR-607-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 28/08/2024 12:46:23 hs. bajo el número RH-90-2024 por TL\mariadelvalleccivil.