Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares
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Autos: “B. S. M. D. C/ A. E. N. Y OTROS S/ ALIMENTOS”
Expte.: -94302-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: para resolver la apelación del 3/7/2023 contra la resolución del 26/6/2023
CONSIDERANDO:
En la resolución del 26/6/2023 la jueza dispuso “…tengo por acreditado el pago del capital de la deuda reclamada según resolutorio del 21/04/2023, establecido en la suma de $ 191.664 en concepto de alimentos atrasados según liquidación presentada el 1/11/2022 y por los períodos de enero 2020 a octubre 2022…”.
La parte actora solicita el 3/7/2023 se revoque dicha resolución en cuanto imputa la suma depositada por el demandado a capital y no a intereses debidos como corresponde según el art. 903 y ss. y ccdtes. del CCyC.
Veamos.
La sentencia del 21/4/2023 mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto E. N. A. abonase íntegramente la deuda por alimentos atrasados por $191.664, con más los intereses de ley calculados desde el vencimiento de cada una de las cuotas reclamadas y hasta su efectivo pago esos intereses fueron anunciados en la pretensión de fecha 1/11/2022.
Por manera que en tanto el pago de fecha 23/6/2023 solo lo fue por la suma de $191.664 , es decir, sin computar intereses, asiste razón a la recurrente, en la medida que -como se ha dicho-, en lo que atañe a la imputación al pago, que cuando el alimentante debe capital e intereses, el pago debe imputarse primero a los intereses, a no ser que el acreedor diese recibo por cuenta de capital (arts. 900 y 903 CCyC; cfrme. Otero, Mariano C. ” Juicio de Alimentos”, pág. 268, Ed. Hammurabi, 2017).
En el mismo sentido, esta cámara dijo que dispone el art. 900 que el deudor que debe capital más intereses, no puede imputar el pago primero al capital, sin consentimiento del acreedor, consentimiento que ha de ser concreto e inequívoco, lo que justamente no sucede en la especie, en que la actora se opone la imputación a capital realizada por la juez (sent. del 18/12/2019, expte. 91557, L.: 50, Reg.: 591).
Se aclara que a fin de satisfacer la totalidad de la acreencia, conforme a la sentencia de ejecución del 21/4/2023, bien pudo el ejecutado efectuar la cuenta con cómputo de los intereses (arg. art. 501 cód. proc.).
Por lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Estimar la apelación del 3/7/2023 contra la resolución del 26/6/2023 la que se revoca en cuanto ha sido materia de agravios, con costas al alimentante vencido (arg. art. 69 cód. proc.) y diferimiento ahora de la resolución sobre los honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).
Regístrese.. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:03:19 – PAITA Rafael Hector – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:35:56 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:44:01 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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236700774003436362
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/03/2024 12:44:11 hs. bajo el número RR-118-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “L. M. A. S/ ABRIGO”
Expte.: -93597-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 14/2/24 contra la resolución regulatoria del 2/2/24.
CONSIDERANDO.
La retribución efectuada por una medida de abrigo para la cual fue designada la abog. Trombotto, como Abogada del Niño, que desempeñó las tareas detenidamente detalladas en la resolución apelada es recurrida con fecha 14/2/24 (arts. 15.c, 16 y 57 ley 14.067).
El representante del Fisco de la Provincia, apeló la regulación de honorarios a favor de la Abogado del Niño y fijada en 8 jus, por considerarla elevada y argumentó en su presentación los motivos de sus agravios (art. 57 de la ley 14967).
Como ese recurso fue concedido dentro del marco del art. 57 de la ley 14967 (v. providencia del 14/2/24), la fundamentación traída el día 15/2/24 resulta inadmisible por cuanto la normativa arancelaria contempla un mecanismo distinto al establecido por el código procesal civil y comercial (arts.34.5.b., 246, 260 y 261 del cód. cit.).
Aclarado lo anterior y yendo al análisis del recurso, debe considerarse como marco referencial que estas actuaciones de abrigo están comprendidas en el artículo 9, I, 1, e y w de la ley 14.967 que prevé un mínimo de 20 jus por todo el proceso. Así como que el antepenúltimo párrafo del artículo 16, indica un promedio que da por satisfechos aunque sea mínimamente los extremos de aquella norma, al que cabe acudir por analogía para este supuesto (art. 2 del Código Civil y Comercial; arg. art. 55, primer párrafo, segunda parte, de la misma ley).
Dentro de ese marco, valuando la labor de la letrada dentro del proceso de abrigo que fueron detalladas en la resolución y no cuestionadas por el apelante, no resultan desproporcionados ni elevados los 8 jus fijados por el juzgado en relación a la tarea desempeñada por la profesional (arts. 16, 22, 55 y concs. de la ley 14.967; 1255 CCyC.).
Por todo ello, la Cámara RESUELVE:
a) Declarar inadmisible el memorial del 15/2/24.
b) Desestimar el recurso del 14/2/24.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:02:27 – PAITA Rafael Hector – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:34:21 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:39:58 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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243900774003436349
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/03/2024 12:40:10 hs. bajo el número RR-117-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “A. K. N. S/ ABRIGO”
Expte.: -94404-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso del 14/2/24 contra la resolución regulatoria del 3/2/24.
CONSIDERANDO.
La retribución efectuada por una medida de abrigo para la cual fue designada la abog. Trombotto, como Abogada del Niño, que desempeñó las tareas detenidamente detalladas en la resolución apelada es recurrida con fecha 14/2/24 (arts. 15.c, 16 y 57 ley 14.067).
El representante del Fisco de la Provincia, apeló la regulación de honorarios a favor de la Abogado del Niño y fijada en 8 jus, por considerarla elevada y argumentó en su presentación los motivos de sus agravios (art. 57 de la ley 14967).
Como ese recurso fue concedido dentro del marco del art. 57 de la ley 14967 (v. providencia del 14/2/24), la fundamentación traída el día 15/2/24 resulta inadmisible por cuanto la normativa arancelaria contempla un mecanismo distinto al establecido por el código procesal civil y comercial (arts.34.5.b., 246, 260 y 261 del cód. cit.).
Yendo al análisis del recurso, debe considerarse como marco referencial que estas actuaciones de abrigo están comprendidas en el artículo 9, I, 1, e y w de la ley 14.967 que prevé un mínimo de 20 jus por todo el proceso. Así como que el antepenúltimo párrafo del artículo 16, indica un promedio que da por satisfechos aunque sea mínimamente los extremos de aquella norma, al que cabe acudir por analogía para este supuesto (art. 2 del Código Civil y Comercial; arg. art. 55, primer párrafo, segunda parte, de la misma ley).
Dentro de ese marco, valuando la labor de la letrada dentro del proceso de abrigo que fueron detalladas en la resolución y no cuestionadas no resultan desproporcionados ni elevados los 8 jus fijados por el juzgado en relación a la tarea desempeñada por la profesional (arts. 16, 22, 55 y concs. de la ley 14.967; 1255 CCyC.).
Por todo ello, la Cámara RESUELVE:
a) Declarar inadmisible el memorial del 15/2/24.
b) Desestimar el recurso del 14/2/24.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:01:33 – PAITA Rafael Hector – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:33:43 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:38:52 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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228900774003436302
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/03/2024 12:39:00 hs. bajo el número RR-116-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “FERREYRA KAREN Y OTRO/A C/ LOPEZ GRACIELA ELIZABETH Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
Expte.: -93481-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso del 13/12/23 contra la resolución regulatoria del 5/12/23 y el diferimiento del 3/5/23.
CONSIDERANDO.
El letrado Sebastián deduce recurso de apelación contra la resolución regulatoria del 5/12/23 al considerar elevados los honorarios regulados a favor de los letrados Bigliani, Sazatornil Amadeo, Cantisani, de los peritos intervinientes Nuñez y Pujato, y de la mediadora Miguel (arts. 57 de la ley 14967; 73.a de la ley 5177).
Sin embargo el apelante no argumenta en que consiste el agravio contra la resolución cuestionada, es decir no ataca concretamente ni las alícuotas, ni la reducción de los estipendios, ni el prorrateo entre los profesionales tanto de letrados como de peritos (entre otras variables que componen la regulación), de modo que al no observarse evidente error in iudicando en los parámetros aplicados por el juzgado solo cabe desestimar el recurso (arg. arts. 260 y 261 del cód. proc., 34.4. del mismo código).
Así, habiendo quedado determinados los honorarios de la instancia inicial corresponde ahora retribuir la labor por los trabajos llevados a cabo ante la alzada (arts. 34.4. y 34.5. del cpod. proc.).
Por ello en función de lo dispuesto en el art. 31 ley 14.967 y el principio de proporcionalidad (esta cám. sent. del 9/12/2020, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar” L. 51 Reg. 651, entre otros), valuando la labor desarrollada ante la alzada por los letrados Cantisani y Bigliani (v. trámites del 15/11/22 y 16/11/22; arts. 15.c.y 16), el resultado de los recursos deducidos el 31/10/22 y 28/10/22 como la imposición de costas decidida 3/5/23 (arts. 68 del cód. proc., 26 segunda parte de la ley cit.), sobre los honorarios de primera instancia regulados cabe aplicar una alícuota del 40% para Bigliani y el 30% para Cantisani (arts. 16, 31 primer y tercer párrafo de la ley cit.).
Así, resulta una retribución de 14,25 jus para la abog. Cantisani (hon. prim. inst. -47,5 jus x 30%) y 15,2 jus para el abog. Bigliani (hon. prim. inst. -38 jus- x 40%; arts. y ley cits.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
a) Desestimar el recurso del 13/12/23.
b) Regular honorarios a favor de los abogs. Antonela Cantisani y Juan Pablo Bigliani en las sumas de 14,25 jus y 15,2 jus, respectivamente.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 05/03/2024 11:59:20 – PAITA Rafael Hector – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:31:40 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:37:42 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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242200774003436294
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/03/2024 12:37:50 hs. bajo el número RR-115-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 05/03/2024 12:37:59 hs. bajo el número RH-15-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “BEE WITCH S.A C/ BANCO BBVA FRANCES S.A S/ CONSIGNACION DE SUMAS DINERO, ALQ., ARRENDAM.”
Expte.: -91121-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: las resoluciones del 21/11/2023 y 19/10/2021, y las apelaciones del 24/11/2023 y 20/10/2021.
CONSIDERANDO
1. Por sentencia de fecha 16/9/21 se rechazó la demanda por consignación de sumas de dinero.
En lo que interesa destacar, a los fines del tratamiento del recurso, en aquella sentencia se argumentó que obstaba a la procedencia de la demanda, la circunstancia que había más de una liquidación presentada por el acreedor, que la misma debía ser revisada a la luz de las pautas que se tuvieron en cuenta al momento de la verificación del crédito de la demandada en el proceso concursal de la actora, las que eran desconocidas para el juez, que podía llegar a requerirse de la intervención de la sindicatura, y también que conforme fuera advertido por el juez concursal a f. 129/vta., el acreedor privilegiado que no fuera incluido en el acuerdo, podía perseguir el pago ejecutando la sentencia verificatoria e incluso pidiendo la quiebra según autoriza la ley 24522 en su art. 57.
Esta sentencia fue consentida por las partes.
Luego de su dictado, la demandada solicitó la desafectación del plazo fijo de las sumas consignadas y la liberación de esos fondos, previa retención del 25% para costas. El pedido fue desestimado sobre la base que la sentencia se encontraba firme, y en la misma resolución, se le indicó al acreedor que el pago del crédito debía perseguirlo por la vía idónea, y que lo depositado en autos en primer término, quedaría afectado al pago de las costas impuestas a la parte actora (ver res. del 19/10/21).
Contra ese despacho, Banco BBVA Francés, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, con fecha 20/10/21.
La revocatoria fue rechazada en tanto arguyó el juez, que lo resuelto se sustentó en la sentencia firme del 16/9/2021 que rechazó la demanda de consignación y por tanto, no hay pago que cumplir a través de los presentes; y concedió así, la apelación subsidiaria (ver despacho 22/10/22).
En fecha 26/10/21 se dio traslado de la fundamentación del recurso a la parte actora, quien no contestó el mismo.
La causa continuó tramitando en lo atinente a base regulatoria, honorarios, y recursos contra los mismos.
Con fecha 21/11/23 la demandada, reitera el pedido de transferencia del saldo del dinero depositado en la cuenta judicial, una vez cancelados los honorarios, y retención de los importes para honorarios de la mediadora, por la actuación en esta instancia.
Ese pedido fue desestimado nuevamente por el juez, con argumento en que tal como fuera dicho el 19/10/21, la demanda ha sido rechazada, por tanto, no cabe transferencia alguna en favor de la demandada (ver despacho del 21/11/23).
Contra ello, interpone la entidad bancaria, otro recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el cual advierte que aún no había sido resuelto el recurso interpuesto contra el resolutorio del 19/10/21 y que previamente debía tratarse el mismo.
Con fecha 4/12/23 se rechaza la revocatoria, se concede la apelación subsidiaria y se ordena elevar la causa a los fines de tratar el recurso concedido el 22/10/21.
2. La cuestión se centra entonces, en dilucidar si es factible, como pretende el acreedor, retirar el remanente de las sumas depositadas en consignación, previa cancelación de los honorarios, ello a los fines de imputar las mismas al pago parcial de su crédito verificado en el concurso de Bee Wich S.A., en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nro. 10 de Capital Federal.
Ello en tanto, el Juez de origen, entendió que por el momento no era posible, mientas que el acreedor insiste en su pretensión.
De las constancias de la causa, puede observarse, que previo al dictado de sentencia, y a los fines de evaluar el retiro de las sumas depositadas para ser imputadas como pago parcial, se dio intervención al juez del concurso. Este magistrado dispuso que por encima de cualquier consideración, el art. 16 de la LC prevé que el concursado no puede realizar acto gratuito o que importe alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación y en ese esquema, desde que el BBVA Banco Francés es acreedor en el concurso, habiéndose verificado una acreencia por la suma de $ 275.360,70 con privilegio especial, no corresponde autorizar pago alguno a favor del mismo, pues ello importaría alterar la pars conditio creditorum. Y agregó que recién con la homologación, y si ello llegare acontecer, renacerían las acciones que le caben a aquellos acreedores que no estuviesen alcanzados por los efectos del acuerdo preventivo; no vencido el periodo de exclusividad aparece prematuro lo peticionado por el juez de la instancia de origen (ver oficio de fs. 129/130, de fecha 15 de marzo de 2018).
Es dable resaltar, que posteriormente, se ordenó desafectar del plazo fijo las sumas de dinero necesarias para cancelar los honorarios del letrado de la demandada, pero una vez desafectadas, el juez se rectificó y dispuso que los fondos depositados podrían estar alcanzados por el concurso de Bee Witch S.A., y por ello, previo a ejecutar la transferencia, dispuso poner en conocimiento del juez del concurso la transferencia ordenada y en su caso que sea aquél magistrado, quien autorice el pago con los fondos de autos. También reiteró, que el crédito de la demandada se encuentra alcanzado por el concurso de Bee Wich S.A. y por ello, el juez del proceso universal es quien debe decidir el destino de los fondos, ya que aún si se admitiera la transferencia de los fondos, no podría efectivizarse sin su autorización, ello teniendo en cuenta la respuesta dada a la rogatoria por el juez del concurso que fuera reseñada supra y que se encuentra glosada a fs. 129.
Y siendo que el auto recurrido, remite al del 19/10/21, rechaza la revocatoria y concede la apelación (ver res. del 4/12/23).
2.1. Con relación al recurso del 20/10/21, se agravió el acreedor, porque consideró prematura la denegación del pedido de transferencia, en tanto aún no se sabía si quedaría remanente una vez canceladas las costas del proceso, por lo que pretendía que se revocara lo decidido, se ordenara desafectar el plazo fijo, retener las sumas por honorarios, y transferir el remanente.
Se desafectó del plazo fijo el monto de honorarios regulados al letrado de la demandada, y si bien se ordenó transferir los mismos a los fines de su percepción por el profesional, luego la orden no se comunicó a la entidad bancaria.
Se encuentra pendiente la cuantificación de los honorarios de la mediadora y la regulación de honorarios por la actuación ante este Tribunal, por lo que no es posible conocer si existirá un remanente a imputar a cuenta del crédito de la demandada. Ello, tornaría prematura la discusión en torno a la posibilidad del pago pretendido por el acreedor, pues de no haber remanente, no habría nada que resolver.
No obstante, la discusión principal, concierne en determinar a qué juez le corresponden los fondos depositados en la cuenta de autos, pues será éste quien deberá decidir sobre su destino, tanto para el pago de las costas, como para el eventual pago, aun parcial del crédito del banco.
2.2. El juez de la instancia de origen, no parece estar seguro que sea él quien debe decidir al respecto, y en su caso, de así ser, entiende que debe contar con la autorización del juez concursal.
Es decir, en ese caso, si el juez del concurso autoriza el pago, no habría objeción al pago de las costas y del crédito del acreedor a cuenta.
Y respecto a este paso previo -poner en conocimiento del juez del concurso y obtener su autorización- no hay agravio concreto (ver recurso del 20/10/21 y del 24/11/23).
Por lo que, será recién con la respuesta de aquél magistrado que podrán resolverse las cuestiones pendientes, ya que si autoriza los pagos, no habría agravio.
Ello conlleva a desestimar los recursos de apelación, por ausencia de agravio actual, sin perjuicio, claro está, de lo que pueda surgir en el futuro, una vez que el juez del concurso responda la rogatoria (arg. arts. 34.4 y 242 cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar los recursos de apelación deducidos el 24/11/2023 y 20/10/2021 contra las resoluciones del 21/11/2023 y 19/10/2021.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2 y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii anexo de RC 655/20).
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:01:45 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:30:54 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:36:28 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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237500774003436128
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/03/2024 12:36:37 hs. bajo el número RR-114-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Tres Lomas
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Autos: “PEREZ ELDA NURIS C/ CAMPO SANTIAGO S/COBRO EJECUTIVO”
Expte.: -94413-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 30/8/23 contra la resolución regulatoria del 18/8/23.
CONSIDERANDO.
La retribución efectuada a favor del perito calígrafo fue recurrida por su beneficiario mediante el recurso del 30/8/23 .
Como ese recurso fue concedido dentro del marco del art. 57 de la ley 14967 (v. providencia del 4/9/23), lo que no fue cuestionado, en seguimiento de ese carril procesal la fundamentación traída el día 12/9/23 resulta inadmisible por cuanto la normativa arancelaria contempla un mecanismo distinto al establecido por el código procesal civil y comercial (arts.34.5.b., 246, 260 y 261 del cód. cit.).
Aclarado lo anterior, en lo tocante al cuestionamiento de los honorarios fijados a favor del perito, cabe decir que el apelante no argumenta en qué consiste el agravio, de modo que al no observarse evidente error in iudicando en los parámetros aplicados por el juzgado solo cabe desestimar el recurso (arg. arts. 260 y 261 del cód. proc., 34.4. del mismo código).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
a) Declarar inadmisible el memorial del 12/9/23.
b) Desestimar el recurso del 30/8/23.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Tres Lomas.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:01:21 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:29:25 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:35:15 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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225100774003436101
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/03/2024 12:35:24 hs. bajo el número RR-113-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
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Autos: “RIVERO AMERICO DEL VALLE S/ QUIEBRA (PEQUEÑA)”
Expte.: -94064-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación del 27/11/23 y 30/11/23 contra la resolución regulatoria del 27/11/23.
CONSIDERANDO.
Habiendo concluido la quiebra por avenimiento y la base regulatoria determinada conforme surge de los trámites del 12/10/22 y 29/8/23, el juzgado arrancó sus cálculos desde la plataforma de $9.024.096 y de ese total asignó 80% a la sindicatura y un 20% a los letrados que intervinieron por el fallido en la etapa concursal y en la etapa falencial (v. resolución del 27/11/23).
El apelante del 30/11/23, entre otras consideraciones, aduce la desproporción de la retribución en relación a la tarea llevada a cabo por cada uno de los profesionales intervinientes y en relación a la base regulatoria aprobada, cita jurisprudencia de la SCBA y solicita la reducción de la regulación por aplicación de lo dispuesto por el art. 267 de la LCQ y 730 del CCyC. (art. 57 de la ley 14967).
Por su parte el síndico apela cuestiona por exiguos los estipendios fijados a su favor, haciendo mención de los ítems a tener en cuenta para una retribución que contempla la ley arancelaria 14967, mediante el escrito del 27/11/23 (v. art. 16 de la ley mencionada; 57 de la misma normativa).
Veamos. Sí resulta excesiva la regulación de honorarios global.
Si bien es un promedio entre el mínimo del 4% y el máximo del 12% para una quiebra liquidada (art. 267 párrafo 1° ley 24522), la falta de cumplimiento de la etapa liquidatoria debe reducirla proporcionalmente. Dicho sea de paso, un promedio no es irrazonable para recompensar una correcta prestación profesional (arts. 2 y 3 CCyC y art. 16 antepenúltimo párrafo ley 14967), salvo circunstancias extraordinarias que no han sido puestas dentro del ámbito de revisión posible por la alzada (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).
Al respecto esta cámara, antes de la ley 14967, había decidido que cabía al menos una reducción de un tercio (“Puente”, 8/2/2011, lib.42, reg.6; “El Milagro S.H.”, 18/5/2011, lib.42, reg. 119; “Zurita”, 27/3/2012, lib. 43, reg. 78). Pero ahora, en función de lo normado en el art. 28.f y en el art. 28 anteúltimo párrafo de la ley 14967, no parece irrazonable una reducción a la mitad (art. 267 párrafo 2° ley 24522; arg. arts. 2 y 3 CCyC; art. 34.4 cód. proc.). Si bien no es aplicable la ley local para lo sí previsto en la ley de concursos (arg. art. 271 párrafo 1° ley 24522), sí puede ser tenida en cuenta para lo no previsto y no está previsto en la ley concursal qué porcentaje concreto resta la no realización de la etapa liquidatoria, y no parece evidentemente desproporcionada la división en etapas prevista en el art. 28.f de la ley 14967.
De acuerdo a ello, corresponde estimar el recurso del 30/11/23 y el honorario determinado en primera instancia debe ser reducido a 32,55 jus para el abog. Fernández Quintana y 260,43 jus para el síndico Abraham (arts. 16, 28.f y concs. de la ley 14967).
En cuanto al martillero, en la quiebra, el mismo fue designado para realizar el activo concursal: esta fue la causa de su designación, sin que el mismo se lleve a cabo (arts. 203, 261 y concs. ley 24522).
En ese marco y en esta quiebra la liquidación no alcanzó a realizarse, debido al avenimiento, si ni siquiera alcanzaron a ser publicados los edictos (v. detalle de tareas en la resolución apelada), por lo que si la reducción cabe para el resto de los profesionales también corresponde que se reduzcan proporcionalmente los honorarios del martillero Sanutto a la suma de $45.120,48 (0,5% de la base; art. 1255 del CCy C., art. 34.4 del cód. proc.).
Entonces, dentro de este contexto, y no mediando apelación por altos respecto de los honorarios del abog. Errecalde, los mismos no resultan exiguos (arts. 34.4. del cod. proc.).
Por todo ello, la Cámara RESUELVE:
a) Desestimar el recurso del 27/11/23.
b) Estimar el recurso del 30/11/23 y, en consecuencia, fijar los honorarios del síndico Abraham y del abog. Fernández Quintana en las sumas de 260,43 jus y 32,55 jus, respectivamente.
c) Estimar el recurso del 30/11/23 y fijar los honorarios del martillero Sanutto en la suma de $45.120,48.
d) Confirmar los honorarios del abog. Errecalde.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:01:00 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:28:32 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:34:03 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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245500774003436089
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/03/2024 12:34:12 hs. bajo el número RR-112-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 05/03/2024 12:34:22 hs. bajo el número RH-14-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-
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Autos: “P. P. C. S/ ADOPCION. ACCIONES VINCULADAS”
Expte.: -94402-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 29/12/23 contra la resolución regulatoria del 27/12/23.
CONSIDERANDO.
La retribución efectuada a favor de la abog P. designada como Abogada del Niño, que desempeñó las tareas detalladas en la resolución apelada es recurrida con fecha 29/12/23 por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 15.c, 16 y 57 ley 14.067).
El representante del Fisco de la Provincia, apeló la regulación de honorarios efectuada a favor de la Abogado del Niño y fijada en 10 jus, por considerarla elevada y argumentó en su presentación los motivos de su agravio (art. 57 de la ley 14967).
Estas actuaciones de adopción están comprendidas en el artículo 9, I, 1, l de la ley 14.967 que prevé un mínimo de 40 jus por todo el proceso. Así como que el antepenúltimo párrafo del artículo 16, indica un promedio que da por satisfechos aunque sea mínimamente los extremos de aquella norma, al que cabe acudir por analogía para este supuesto (art. 2 del Código Civil y Comercial; arg. art. 55, primer párrafo, segunda parte, de la misma ley).
Dentro de ese contexto, valuando la labor de la letrada (v. trámites del 3/8/23, 7/8/23 y 13/9/23; arts. y ley cits.) detalladas en la resolución apelada y no cuestionadas por el apelante, no resultan desproporcionados los 10 jus fijados en tanto guardan razonable proporcionalidad con la tarea desempeñada y exceden en alguna medida el mínimo de labor de asesoramiento y asistencia de la menor (arts. 16, 22 y concs. de la ley 14.967; 1255 CCyC.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 29/12/23.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:00:26 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:27:18 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 12:32:50 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8.èmH#K\mŠ
241400774003436077
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/03/2024 12:33:00 hs. bajo el número RR-111-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.
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Autos: “F. C. C/ F. P. A. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”
Expte.: -94177-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la resolución de esta cámara del 7/11/2023 y el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora el 8/2/2024.
CONSIDERANDO.
La resolución recurrida se dictó el 7/11/2023 y fue notificada automatizadamente el mismo día en los domicilios electrónicos del abogado Bigliani y de la abogada Casado.
Tal notificación quedó perfeccionada el día viernes 10/11/2023, venciendo -en consecuencia- el plazo para la interposición de recursos extraordinarios el 28/11/2023 o, en el mejor de los casos el 29/11/2023 dentro del plazo de gracia judicial; teniendo en cuenta que el día 16/11/2023 fue jornada no laborable (día del trabajador judicial conf. leyes 12.983/2003 y 26.674/2011) y el día 20/11/2023 fue feriado nacional (conf. art. 1 ley 27339).
En consideración de ese escenario, el recurso interpuesto recién el 8/2/2024 está fuera de plazo (art. 279 cód. proc.); es de considerarse que la suspensión de plazos pedida con fecha 21/11/2023 fue resuelta negativamente por esta cámara el día 1/2/2024, por manera que no surtió el efecto de suspender el plazo para deducir recurso extraordinario (arg. arts. 156 y 157 cód. proc.).
Por lo tanto, la Cámara RESUELVE:
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fecha 8/2/2024 (art. 281.2 cód. proc.).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 29/02/2024 11:49:50 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2024 10:15:49 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2024 10:25:14 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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233200774003435162
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 04/03/2024 10:25:30 hs. bajo el número RR-110-2024 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “LORENZO YANINA VICTORIA S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)”
Expte.: -94261-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: la resolución dictada el 7/11/2023 y la apelación subsidiaria de ese mismo día.
CONSIDERANDO
1. La fallida apela la resolución que denegó el pedido de libramiento de oficios al Ministerio de Seguridad y al Banco de la Provincia de Buenos Aires a los fines que procedan a la suspensión de los descuentos que se realizan sobre sus haberes que percibe como dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en concepto de obligaciones de causa o título anterior al decreto de quiebra.
El juez de grado, denegó el pedido, argumentando que como la fallida mantiene comunicación con sus acreedores, no advertía inconveniente para que sea ella quien, a modo de comunicación adicional al edicto, pusiera en conocimiento de los acreedores la existencia de la quiebra y la voluntad de cesar los pagos, lo propio con el empleador para que tome nota de su decisión en virtud de la quiebra.
La fallida se agravia, ya que entiende que al así decidir, se viola el principio de la pars conditio creditorum y la prohibición de pagos a los acreedores de causa o titulo anterior al decreto de quiebra, por lo que insiste en que deben ser suspendidas todas las retenciones de sus haberes, a excepción de los aportes previsionales y sociales, para evitar que se produzcan actos inoponibles a los acreedores concursales por afectar bienes alcanzados por el desapoderamiento, como lo son los haberes que cobre hasta que sea rehabilitada (ver memorial de fecha 7/11/23).
A su turno, la sindicatura, adhiere a lo resuelto por el juez, y propone el rechazo del recurso interpuesto por la fallida (ver escrito de fecha 27/12/23).
Por su parte, el Fiscal de Cámaras, pese a entender que el caso no se encuentra contemplado en los arts. 233 y 276 de la LCQ que habilitarían su intervención, contesta la vista, considerando que debe prosperar el recurso de la apelante.
2. Ensaña Cámara, que la declaración de falencia tiene repercusión instrumental, con plurales connotaciones en el derecho material -rescisión de contratos, vencimiento anticipado de obligaciones, suspensión del curso de los intereses, etc.- y en el formal -fuero de atracción del tribual de la quiebra, incautación de los bienes del deudor, sometimiento de los acreedores de título o causa anterior al régimen concursal, etc.- que afectan las personas y el patrimonio del deudor, de sus acreedores, de los extraños que tuvieron vinculaciones jurídicas con el concursado, etc. (aut. cit., ‘El concurso preventivo y la quiebra’, Depalma, 1986, t. III, pág. 1922).
En síntesis, a partir de la sentencia de quiebra, nada que se relacione con las personas humanas o jurídicas genéricamente aludidas, sigue siendo igual. Principalmente en lo que tiene que ver son los derechos patrimoniales. Pues se activan los principios que estructuran este juicio,: oficiosidad, universalidad objetiva o patrimonial, universalidad subjetiva o colectividad de acreedores, igualdad de trato. Para cuya viabilidad se elaboraron los diversos institutos concursales: en lo que para este tratamiento importa, el desapoderamiento y la rendición de los acreedores concurrentes, quirografarios, a ejercer sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en la ley (arg. arts. 106 a 109, 125 y concs, de la ley 24.522).
Esto es, mientras no esté concluido el proceso son de aplicación las normas concursales, y sus efectos se proyectan sobre el concursado y sobre todos los créditos que concurran a lograr su satisfacción de la prenda común. Ello con las distintas modalidades previstas en tales normas, es decir, verificación tempestiva, revisión o ejercicio de la verificación tardía. Y tal esquema impide que pueda desnaturalizarse el proceso haciendo prevalecer el interés particular sobre la masa (CC0203 LP 123317 RSD-168-18 S 21/08/2018, ‘Mauro Ramirez Santiago Rodolfo S/Quiebra Indirecta’, en Juba sumario B356841).
En el caso puntual que ocupa, ha arribado firme a esta alzada el dato que la fallida carece de otros bienes que no sea la remuneración que percibe por su empleo. Y tratándose de quien desempeña tareas en relación de dependencia, conserva esa facultad, sin perjuicio de lo normado por los artículos 107 y 108.2 de la ley 24.522.
En función de ello, concretando el desapoderamiento, se dispuso la incautación mediante embargo del 20% de los haberes mensuales que por todo concepto percibe la fallida como miembro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hasta el 31/10/2024 (ley 14.443; v. providencia del 7/11/2023CC0202 LP 130500 RSD 29/22 S 10/3/2022, ‘Zanzi Dante Arturo S/ Quiebra (Pequeña’)’, en Juba sumario B5079808). Debiendo el monto embargado depositarse en la cuenta de autos, pues pasaban a formar parte de la ‘masa activa’ (Martorell, Ernesto E., ‘Tratado…Concursos y quiebras’, La Ley, 2010, t. III, pág. 215).
En punto a los acreedores, siendo de causa o título anterior a la falencia quedan sujetos a las resultas del proceso concursal, salvo excepciones legales, y solo pueden ejercer sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma en que la ley establece, lo que implica el sometimiento a un mismo estatuto -la ley concursal- y, asimismo, el acceso al proceso por el procedimiento que la ley determina. Es decir, cumplido el trámite de verificación, para pasar de concurrentes a concursales (CC0102 MP 106304 RSI-329-98 I 5/5/1998, ‘B.M.J c/R.J.P s/Alimentos y litis expensas, en Juba sumario B1402606; arts. 125, 126 y stes. de la ley 24.522).
En consonancia, si la incautación del 20 % de la remuneración percibida por la fallida paso a ser efectivamente el límite máximo de embargabilidad, lo que no aparece discutido, y ha sido computado sobre la remuneración bruta, con sólo los descuentos legales -sin tener en cuenta los demás de otra procedencia-, sobre esa porción de la que fue desapoderada la fallida es que deberían concurrir los acreedores, una vez, cumplida exitosamente la carga de verificar (arg. arts. 106, 107, 108.2, 125 y concs. de la ley 24.522).
Por ello, de entenderse manifiesto que, declarada la quiebra. acreedores concurrentes, quirografarios, aparecen en posición de sortear de alguna manera al proceso y al crédito, no surte un fundamentos razonable, sostener que tal circunstancia exceda las facultades-deberes del juez concursal, dado su deber de actuar de manera de no cohonestar una situación que parece lejos de reflejar los efectos de la declaración de quiebra (arg. arts. 106, 107, 108, 109, 110, 125, 177, primer párrafo, 274 y concs. de la ley 24.522; art. 3 del CCyC).
En tal sentido, es dable evocar que es el órgano judicial el director de este proceso (arg. art. 274 de la ley 24.522). Y dentro del perfil inquisitivo del trámite, tal condición no puede entenderse reducida a proteger la integridad del patrimonio del fallido susceptible de incautación. En cambio, debe recurrir a las instituciones y remedios más aptos, aún sin petición de partes o de otro órgano, para actuar la ley. Sin desmedro, claro, de la vigencia del principio constitucional del debido proceso (Rouillón, Adolfo A.N., ‘Código de comercio…’, La Ley, 2007, t. IV-B pág. 788).
En ese orden de ideas, se ha llegado a postular que aun las medidas cautelares que se propicien en el marco de acciones particulares derivadas de deudas contraídas con posterioridad a la apertura del concurso por el concursado deben ser evaluadas por el Juez del mismo con intervención de la sindicatura en orden a evitar que afecten el normal desarrollo del proceso concursal (CC0100 SN 870437 RSI-427-87 I 12/6/1987. ‘Davie de Bustos María V. c/Chames Carlos s/Cobro Ejecutivo’, en Juba sumario B850331).
De consiguiente, en tanto basada en aquella prescindencia, la resolución apelada debe revocarse.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Revocar la resolución apelada. Con costas al apelado (arg. arts. 278 de la ley 24.522; art. 69 del cód. proc.). Tal como lo aconsejara el Fiscal General.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
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Funcionario Firmante: 04/03/2024 10:10:26 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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234900774003435136
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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