Fecha del acuerdo: 20-12-2014. Libertad de expresión. Daño moral. Uso de la imagen.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 42- / Registro: 92

                                                                                 

Autos: “MINGHINELLI, ROBERTO G. c/ CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. Y OTROS S/ ··DAÑOS Y PERJUICIOS”

Expte.: -88648-

                                                                                 

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciocho  días del mes de diciembre de dos mil trece, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Toribio E. Sosa,  Carlos A. Lettieri y Silvia  E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “MINGHINELLI, ROBERTO G. c/ CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. Y OTROS S/ ··DAÑOS Y PERJUICIOS” (expte. nro. -88648-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 493, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿son  procedentes   las   apelaciones de fs. 431, 433, 436 y 443 contra la sentencia de fs. 421/430?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

1.1. Hechos según la parte actora:

El accionante sostiene que el diario La Opinión -Editorial Trenque Lauquen  SA- publicó un artículo con su fotografía sin autorización, violando su intimidad, avasallando su personalidad y causándole daño, pues la apropiación de la imagen no se hizo para enaltecerlo ni darle fama honorífica, ya que el epígrafe colocado al pie de la fotografía en resumidas cuentas es agraviante, al igual que el contenido del artículo, el cual le achaca la comisión de un hecho ilícito o hace caer sospechas sobre él acerca de su autoría.

Veamos: no sólo fue la imagen dice el actor, sino que en párrafos del artículo se lo vincula con una campaña sucia en contra de Camuzzi, a través del derrrame intencional de mercaptán en dos esquinas y que tal situación formó parte un proceso de recambio de personal que se operó en la empresa.  Aduce que se alude a personal jerárquico despedido que estaba distrayendo dinero de la firma y que por ello en agosto se inició una depuración, y que a partir de ciertas irregularidades detectadas, el primero en ser despedido fue el hasta entonces gerente de la unidad operativa Pehuajó, Roberto Minghinelli; individualizándoselo con su cargo y nombre y apellido.

Tal publicidad -a juicio del actor- resultó injuriosa, y el retrato no puede desvincularse de la nota periodística, se lo deshonra y desacredita. Se le imputa haber distraído dinero de su empleadora, cuando no cometió ninguna anomalía ni distrajo dinero, tampoco tuvo nada que ver con la supuesta “campaña sucia” que denunció el gerente Diego Heuguerot, también co-demandado.

Según sus dichos, debido a la gran difusión del diario, el daño resultó mayúsculo. Agrega que a partir de dicho artículo enfermó seriamente y no pudo conseguir trabajo.

También se acciona contra el Diario Noticias de Pehuajó y/o a su propietario o responsable por haber publicado y divulgado su fotografía y la nota de referencia, al reproducir la publicación efectuada por el Diario La Opinión.

Demanda asimismo a Diego Heuguerot por haber sido el autor de las declaraciones injuriosas, que en resumidas cuentas dice, lo hacían responsable del derrame del mercatán y de la distracción de dinero de la empresa; tambien a Camuzzi Gas Pampeana SA, por ser principal de Heuguerot.

 

1.2. Postura de los accionados.

            1.2.1. Camuzzi y Hueguerot sostienen al contestar demanda que ellos ninguna declaración hicieron, que jamás concedieron nota alguna sobre el derrame del mercaptán ni de la desvinculación laboral de su personal. Que la nota y sus eventuales consecuencias gravosas corren por cuenta y riesgo de quien la confeccionó y publicó como también la   publicación de la fotografía, negándose rotundamente que fuera el Ing. Heuguerot la fuente de la información.

En suma, responsabilizan a los medios de prensa.

Sí reconocen el derrame del mercatán en diversas calles de Trenque Lauquen y otras localidades, lo que provocó alarma en la población por temor a que se tratara de una pérdida de gas.

Dicen que fueron innumerables los llamados de la gente y los que concurrieron personalmente y que en todos los casos se le brindó a la población la información cierta y veraz sobre el origen del fuerte olor y que tal noticia fue seguramente recepcionada por el diario La Opinión.

Aclara Heuguerot que cuando tomó conocimiento de las notas lo comunicó a la Empresa quien lo instruyó para que saliera a desmentirlas mediante sendas solicitadas, las que fueron publicadas y cobradas por los diarios.

 

1.2.2. Endugraf SRL editora responsable del diario Noticias de la ciudad de Pehuajó manifiesta que se limitó a reproducir parcialmente la nota publicada por La Opinión, citando la fuente y aportando lo que pudo averiguar en cumplimiento de su función informativa.

1.2.3. La Opinión, manifiesta que la nota se realizó en el cumplimiento del deber y el derecho de informar de un hecho de interés público para la ciudad de Trenque Lauquen.

Que la fuente de la exhaustiva y detallada información fue el Ing. Heugerot a quien el diario contactó telefónicamente a través de su secretario de redacción.

En cuanto a la utilización de la imagen expone que el actor al momento en que se produjeron los hechos ejercía una función pública, de allí que las fotografías fueron tomadas con su consentimiento y utilizadas en otras notas sin oposición del actor.

 

2. La sentencia.

            2.1. La sentencia condena al pago de la suma global de $ 20.000 por daño moral desgranada del siguiente modo:

* Respecto del uso de la imagen (fotografía del actor publicada en ambas notas), los diarios fueron condenados por haberla publicado en el contexto de la nota y sin autorización.

Rechaza la demanda contra aquéllos respecto del contenido de las notas por entender que en ambos casos se dió a conocer la fuente de la información. No se lo dice de modo expreso en el considerando respectivo, pero ello implicaría la aplicación de la doctrina “Campillay”.

Así, condena al pago de sendas sumas de $ 5000 a cada periódico por el uso indebido de la imagen.

* Respecto de Camuzzi, es condenada por los dichos vertidos por Heuguerot en tanto gerente y vocero de la Empresa a abonar la suma de $ 10.000, desligándose al co-demandado Heuguerot de toda responsabilidad.

En suma, distribuye la responsabilidad por el daño moral entre los co-demandados determinando que cada uno contribuyó a su configuración del siguiente modo: los diarios en un 1/4 cada uno y Camuzzi en  2/4.

Hago esta salvedad porque entiendo, al igual que como fue reclamado en demanda (suma fija sin distinción), el daño moral sufrido por el actor es uno sólo, habiendo cada co-demandado con su respectiva conducta contribuido en alguna medida a la configuración total del daño. Como se verá infra, unos son responsables de haber brindado el contenido de la nota o información y los otros lo son por haber adicionado la imagen o fotografía del actor a la nota injuriosa; las dos circunstancias en conjunto son las que han configurado el daño moral del actor sin poder escindir una de la otra (salvo en la relación interna entre los co-demandados a los fines de la distribución del quantum del daño), debiendo responder entonces los co-accionados frente al actor por el todo, pues se trata de obligaciones concurrentes, sin perjuicio de la chance de un eventual derecho de repetición entre los co-demandados en caso que uno de ellos pague el 100%  de la indemnización al actor (art. 1081, cód. civil).

2.2. El daño material es rechazado por falta de prueba.

 

3. Apelaciones.

            El actor apela a fs. 431, fundando su recurso a fs. 472/479 vta..

Hacen lo propio los periódicos involucrados (fs. 436 y 443) y Camuzzi (v. f. 433).

Funda su recurso Editorial Trenque Lauquen  por La Opinión a fs. 460/462vta..

Proceden de igual modo Indugraf SA responsable de Noticias a fs. 464/466 y Camuzzi Gas Pampeana SA. a fs. 467/470vta..

 

4. Analizaré en primer término el recurso del actor en tanto pretende hacer extensiva la responsabilidad por el contenido de las notas a ambos periódicos, y al  co-demandado Heuguerot por ser el autor de las manifestaciones receptadas por aquellas.

Para ello deberé analizar la autoría de las declaraciones que fueron negadas por Heuguerot y Camuzzi y también sus agravios y contestaciones.

Asimismo se agravió el actor del monto otorgado por daño moral $10.000 en el caso de Camuzzi; $5.000 por el uso de la imagen a cargo de cada periódico; como también por la desestimación del rubro daño material.

 

4.1. Contenido de las notas.

            En la nota del diario La Opinión, se dice de modo entrecomillado refiriéndose al derrame calificado de “intencional” del mercaptán y atribuyendo esos dichos a Heuguerot: “Entiendo que esta situación forma parte del proceso de recambio (de personal) que se ha operado en la empresa. No hay mucha gente que conoce el producto, ni hay muchos lugares donde comprarlo. Eso también estamos tratando de averiguarlo”…. “En agosto …la empresa …inició una <depuración>, luego de corroborar la existencia de irregularidades en la construcción de obras … se detectaron anomalías …de facturas que a …la empresa les resultaron sospechosas”.

“El primero en ser despedido fue el hasta entonces gerente de la unidad operativa Pehuajó, Roberto Minghinelli …” Se aclara a continuación que también hubo otras personas despedidas,  para concluir la idea con la siguiente frase: “Estaban distrayendo algo de dinero de la firma, comentó Heuguerot, refiriéndose al personal jerárquico despedido. El entrevistado aclaró que no se había radicado denuncia penal por el tema”.

Del repaso de los párrafos precedentes no cabe duda que cuanto menos se sugiere, si no imputa, la comisión de ilícitos, lesionando el honor del actor al deshonrarlo o desacreditarlo al endilgarle puntualmente conductas dolosas tales como formar parte de una campaña sucia para perjudicar la imagen de la empresa, o vincularlo con irregularidades en la construcción de obras que dañaron a vecinos, o haber distraído dinero de la empresa, todas conductas que, como indicó la propia co-demandada Camuzzi con la firma de Heuguerot mediante sendas aclaraciones en los periódicos co-accionados, no contaban con respaldo probatorio para responsabilizar a persona alguna sobre esos hechos (refiriéndose al derrame del mercaptán; ver aclaración publicada en Noticias a f. 34).

Se trató de la exteriorización de un pensamiento lesivo para el honor del otro, en este caso la ofensa es clara y manifiesta según el sentido común de los términos utilizados (conf. Bueres – Highton, “Codigo Civil …”, Ed. Hammurabi, 2da. reimpresión, 2007, Tomo 3- A, pág. 280).

 

4.2. “Solicitadas o espacios pedidos” y su efecto respecto de la negada entrevista.

                   Volviendo a lo dicho precedentemente, tanto Heuguerot como Camuzzi negaron rotundamente haber realizado las manifestaciones contenidas en las notas periodísticas tanto por alguien de la empresa como por Heuguerot, responsabilizando exclusivamente de un eventual daño a los medios periodísticos, como autores de las notas.

Aduce Camuzzi que la sentencia hace una errónea interpretación de los acontecimientos, en particular de las aclaraciones efectuadas por la empresa. Reitera lo dicho al contestar demanda, al referir que con “las aclaraciones” publicadas desmintió el contenido de las notas; para concluir que el medio periodístico no acreditó la supuesta charla, como tampoco su contenido (v. f. 470, anteúltimo párrafo).

 

5. Responsabilidad de Heugerot y Camuzzi.

                   5.1. Es cierto que Heuguerot como Gerente de la Unidad Operativa Pehuajó desmintió -mediante las solicitadas o espacios pedidos- tener conocimiento o certeza de la autoría de ciertos hechos, pero no desmintió o se desentendió o desvinculó de la autoría de sus declaraciones previas a la prensa escrita contenidas en las notas en cuestión, que en definitiva es lo que aquí interesa.

En concreto, sólo desmintió en las “solicitadas o espacios pedidos” tener conocimiento de quién fuera el autor del derrame intencional del mercaptán; pero no se hizo alusión alguna en las solicitadas a las imputaciones sobre irregularidades y distracción de dinero que se achacara a personal de la empresa, y en particular al actor; y tampoco allí se negó justamente que el despido de éste respondiera al inicio de un proceso de depuración de personal por esas irregularidades.

En suma, aun dando por cierta la tesis de Camuzzi en el sentido que con las solicitadas se desvinculó de los hechos, del único hecho que se habla allí es del derrame del mercaptán, razón por la cual no puede afirmarse que con ellas se desligó de las imputaciones sobre irregularidades y distracción de dinero que se le endilgó a Minghinelli; porque ni siquiera se menciona esto último.

Si Camuzzi y Heuguerot pretenden desvincularse de las notas, no resulta idóneo para ello que pretendan hacerlo con las solicitadas; porque ellas en todo caso ratifican la existencia de la primigenia nota dada a La Opinión y reproducida por el diario Noticias y tan sólo con ellas puede decirse que se intenta, retrotraer algunos dichos a un estado anterior (desconocimiento de la autoría del derrame del mercaptán), aunque a esa altura resultaba imposible pues las declaraciones se habían hecho; y en todo caso si las solicitadas lo fueron por el efecto nocivo o dañoso que vislumbraron podía ocasionarse al actor con la propalación de las manifestaciones de Heuguert -a poco de efectuadas (dos semanas después)- ese efecto dañoso con la nota ya se había causado.

La aclaración en todo caso intenta minimizar sin lograrlo (porque aclaro, el hecho dañoso ya se había producido) en un sólo aspecto el contenido de la nota (derrame del mercaptán), pero no desmiente la autoría de las declaraciones como se pretende al contestar demanda; quedando por consiguiente intactas e incólumnes las manifestaciones que vinculan a Minghinelli con las “irregularidades”, la “distracción de algo de dinero” y la “campaña sucia”.

Así, la primer conclusión que puede extraerse de las aclaraciones, es que ratifican la existencia de esas declaraciones previas por parte de Heuguerot; nadie sale a aclarar lo que no dijo, en todo caso sale a desmentir haberlo dicho (arg. arts. 163.5., párrafo 2do. y 384, cód. proc.); es lo que sucede según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901, cód. civil); máxime cuando al expresar agravios se reconoce que con la nota se estaba “salpicando con sospechas a ex-empleados” (ver f. 470; arts.  20, 901, 902 y concs. del cód. civil).

En suma, las solicitadas no desmienten que Heuguert hubiera efectuado las declaraciones publicadas por los periódicos.

Justamente la “solicitada” publicada por el diario La Opinión a petición de Camuzzi comienza diciendo “Con respecto a las declaraciones que el diario … publicó … Camuzzi … informa que:…* …el mercaptán es un producto conocido por un reducido número de personas y que no se encuentra disponible en el comercio. * Se desconocen las circunstancias en las que se produjo el derrame …. No fue producto de una actividad de la companía ni de una incidencia fortuita. El tema se encuentra en investigación. * La companía no tiene a la fecha ningún elemento de juicio para responsabilizar a persona alguna sobre este hecho” <para mejor comprensión ver fotocopias de diario La Opinión de fs. 81 y 82 donde consta la nota que involucra al actor y  f. 83 (pie de página) donde se puede leer la solicitada publicada por la Empresa en el mismo diario y ejemplar del Diario Noticias con la nota en cuestión agregada en folio transparente a f. 6 y “espacio pedido” del mismo diario a f. 58 >.

Y decir que no es creíble la versión de una entrevista telefónica no es suficiente para tirar abajo su existencia; además de no haber sido desmentida por las solicitadas, Eduardo Andrés Falcón Jefe de Redacción del diario, da precisos detalles de la misma a fs. 235/236 vta., no sólo de porqué y cómo se realizó, sino de aspectos técnicos que contenía la nota que es verosímil que fueran brindados por quien tenía precisos conocimiento sobre el tema: Heuguerot (arts. 163.5. párrafo 2do. y 384, cód. proc.).

No soslayo además como complemento que Heuguerot había sido funcionario municipal (ver absolución ampliación 12da. letrado Rossi de f. 215), circunstancia que era pública y notoria en el medio; que en dicho rol reconoció haber sido requerido a realizar distintas notas periodísticas por el Diario La Opinión tanto por Eduardo Falcón como por otros periodistas o personal del Diario (resps. 13ra. y 14ta. de fs. 214/215) y que siendo como se ha probado que no se encontraba ese día en Trenque Lauquen, torna más que verosímil que el diálogo se hubiera realizado -pese a no hallarse Heuguerot reitero, en esta ciudad- de modo telefónico y no personalmente (ver testimonios de Enrietti y Olabazal, resp. 2da. bis de f. 232 y 237) (arts. 422 proemio y 456, cód. proc.); máxime el hecho notorio del fácil acceso o abordaje -personal o telefónico- que en ciudades del interior como la que vivimos, se da con los funcionarios públicos.

Además, la versión de Falcón acerca de lo dicho por Heuguerot es coincidente con los dichos de Enrietti transmitidos a su Jefe técnico en el sentido que el derrame no fue causado por la empresa, que fueron terceros ajenos a ésta sus autores, que el derrame la perjudicó y que esto se lo transmitió verbalmente a su jefe; en ese contexto y frente al requerimiento público de lo que estaba sucediendo, e informado Heuguerot de las explicaciones o tesis de su personal, no resulta extraño que estando fuera de Trenque Lauquen, y siendo persona conocida de esta ciudad por el cargo público que ocupara en el Municipio local y a esa fecha en Camuzzi, fuera requerido telefónicamente por Falcón y ante la preocupación pública diera expliciones para amparar a la empresa del desprestigio que podía significar un posible escape de gas, transmitiendo -en parte- las versiones que su propio personal le había comunicado, unidas probablemente a otras infundadas conjeturas realizadas por la Empresa o por él, sin medir en esa oportunidad las consecuencias colaterales dañosas que esas manifestaciones escasas sino exentas de prudencia, podían generar.

En suma, si existieron declaraciones que merecieron aclaración vinculadas al derrame del mercaptán, a falta de una explicación clara, precisa y contundente acerca de ellas fue porque a ello se refirió Heuguerot frente a la prensa escrita co-demandada.

No resulta conforme al curso natural y ordinario de las cosas que a quince días de la conversación telefónica negada más de tres años después, no se atinara a desconocer haber mantenido esa conversación, para hacerlo recién, ya con patrocinio letrado en el marco de este proceso. Tal proceder, parece responder más a una estrategia procesal, que a la realidad de los hechos tal como sucedieron (arg. art. 163.5. párrafo 2do., cód. proc.).

La ausencia de una rotunda oportuna negativa de esa entrevista, torna verosímil el testimonio de Eduardo Andrés Falcón, que aún comprendido en las generales de la ley por ser dependiente del diario co-demandado (jefe de redacción de La Opinión),  justamente dice ser quien se contactó con Heuguerot, que lo conocía por haber sido funcionario municipal y brinda precisos detalles de esa conversación y del mercaptan; de cómo obtuvo la nota, tornando débil la posición de Heuguerot y Camuzzi de querer desligarse cada una de la responsabilidad que le cabe en el caso (ver testimonio de fs. 235/237).

Para concluir manifiesto que si como sostiene la recurrente Camuzzi las solicitadas fueron para desmentir la nota, no puede decirse que ellas hubieran logrado su objetivo (art. 384, cód. proc.).

 

5.2. Así entiendo que fue probado que las declaraciones contenidas en las notas son atribuibles a Heuguerot y principio de congruencia mediante, siendo que su única defensa fue no haberlas efectuado, habiéndose probado lo contrario, he de tenerlo por responsable de las mismas debiendo entonces responder por el daño que se verá infra provocaron (arts.  1109, cód. civil y 34.4., 163.6. 266 y 272, cód. proc.), pues constituyeron un hecho ilícito obrado con negligencia al formularse imputaciones sin contar con “ningún elemento de juicio para responsabilizar a persona alguna” respecto del derrame del mercaptán (tal lo manifestado luego en las “solicitadas” por Heuguerot a instancia de Camuzzi; ver fs. 28 y 34); del mismo modo corresponde calificar a las restantes manifestaciones sobre las que tampoco se alegó que se tuviera fundamento para mantenerlas y menos -llegados a esta instancia- que esos fundamentos hubieran sido acreditados en autos.

En tanto Heuguerot era gerente de Camuzzi al efectuar las manifestaciones, las que lo fueron en ejercicio o en ocasión de sus funciones, ésta  responderá de manera refleja (arts. 43 y 1113, cód. civil).

Para concluir este ítem aclaro que la carga de la prueba acerca de la verdad de la imputación, el artículo 1089 del código civil la coloca sobre el autor de las manifestaciones injuriosas o calumniosas, contemplando en la parte final de la norma la exceptio veritatis  como una eximente de responsabilidad. Pero en el caso, no sólo que no se arrimó prueba al proceso acerca de la veracidad de los dichos de Heuguerot, sino que ni siquiera ello se intentó. Pudiendo entenderse incluso las aclaraciones a las que se hizo referencia -solicitada y/o espacio pedido- como una suerte de “retractación” (reconocimiento por el demandado de la falsedad de su afirmación, al decir de Bueres- Highton en obra cit. en 4.1., pág. 281), al menos respecto del derrame del mercaptán.

Cabe consignar que para la viabilidad de la acción civil del artículo 1089, no es óbice que no se haya seguido causa penal por los delitos de calumnias e injurias del Derecho criminal, debiendo contemplarse un criterio amplio, pues la expresión injuria  de cualquier especie utilizada en la norma referida sirve para contemplar las imputaciones que ataquen el honor, aunque no encuadren en el tipo penal  (conf. obra cit. supra pág. 281).

 

6. Proceder de los diarios y su responsabilidad.

                   6.1. Notas.

                   La sentencia en parte  describe y rescata elementos de “Campillay” que a mi juicio son los que corresponde aplicar siendo suficientes para juzgar la eximición o no de responsabilidad a los medios de prensa al menos respecto del contenido de la nota  (aclaro: no se trata aquí de un funcionario público del Estado que justifique traer a colación “la doctrina de la real malicia”; sino de personal dependiente de una empresa privada acorde la situación de “Campillay”).

Por la doctrina del fallo “Campillay” el medio de prensa se exime de responsabilidad si se da alguna de las situaciones que a continuación se indican: a- individualización de la fuente; b- uso de un tiempo de verbo potencial; o c- la no individualización de la persona agraviada.

La utilización de al menos uno de esos recursos en la redacción de la nota exime al diario de responsabilidad; y en el caso,  el primero de ellos fue utilizado por ambos periódicos: la individualización de la fuente de la información.

En conclusión, no puede afirmarse que en la especie y en lo que puntualmente respecta al contenido de la nota (excluyendo la utilización de la imagen), el ejercicio de la libertad de prensa en tanto allí se hubiese detenido el accionar del periódico, no se haya desarrollado dentro de los parámetros constitucionales, donde no cabe la obstrucción ni el entorpecimiento (arg. arts. 14 y 32 Const. Nac. ; esta cámara “Brunetti c/ Rodriguez s/daños y perjuicios”, sent. del 18-5-2009, Lib. 38, Reg. 20).

Pero como se dijo y se verá infra los diarios aportaron, de su exclusiva autoría, la colocación en la nota de la fotografía de Minghinelli y ciertos epígrafes, perdiendo con este accionar la protección que “Campillay” les había otorgado.

 

6.2. Uso de la imagen.

                   Tanto María Nazar -representante legal del diario La Opinión- como Edgardo Rossi -igual función respecto de Noticias- reconocieron no haber pedido autorización al actor para publicar su imagen junto con las notas de referencia  (ver sendas absoluciones de posiciones respuestas de f. 217 a primera posición de pliego de f. 213 y e igual respuesta de f. 231; art. 421 proemio, cód. proc.).

Pero no se trata del uso aislado de la imagen sin autorización que, de todos modos ha sido motivo de resguardo jurisprudencial por el agravio moral constituido por el disgusto de ver la propia personalidad avasallada (ver entre otros ED, 138-704), sino que además esa imagen fue colocada junto a un título, un copete y un epígrafe que -tal como se dice en demanda- lejos de enaltecer al actor lo sindican o cuanto menos vinculan a la comisión de ilícitos: “Estaban distrayendo algo de dinero de la firma”, “dice la nota de La Opinión, y en ese contexto explica que el primero en ser despedido fue el hasta entonces gerente de la unidad operativa Pehuajó, Roberto Minghinelli, publicándose a la derecha de lo anterior la fotografía en cuestión, indicando que Minghinelli fue despedido en agosto en el marco de una “depuración” efectuada por la empresa, depuración que, según la nota, se produce luego de corroborar internamente la existencia de algunas irregularidades en la construcción de obras..” y la distracción de dinero.

Dicha fotografía, obrando con prudencia y pleno conocimiento del daño que podía causar su difusión unida al contenido de la nota, bien pudo ser omitida.  Máxime que Minghinelli no era el entrevistado, que era indiferente su foto a los fines informativos, y que lo único que hacía la fotografía colocada allí voluntariamente por los periódicos y sin previa autorización del involucrado a esos fines, mezclada con la nota era justamente unir el nombre de un particular para muchos anónimo, a su imagen para dejar de ser un desconocido y pasar a ser la cara visible de ciertos ilícitos en el amplio radio de influencia de ambos periódicos.

La publicación de la fotografía no es achacable a Camuzzi o a Heuguerot, sino sólo a los diarios que allí las colocaron, sacando a Minghinelli del anonimato, de la transparencia o indiferencia de la que gozaba (las previas notas sobre situaciones regulares de la empresa sólo lo colocaban en su función de gerente y vocero de Camuzzi), para ubicarlo en un lugar visible, de exposición y conocimiento público como autor de hechos ilícitos; su imagen dejó de ser la de un sujeto común, trabajador y buen vecino que pasaba desapercibido. Además, “se le dió un rostro a Minghinelli” que antes para muchos quizá no tenía, no sabían quién era o si lo tenía ese rostro no era vinculado con conductas merecedoras de reproche; se lo expuso al conocimiento y juzgamiento público de la conducta achacada, no ya como alguien sólo conocido por sus cercanos, sino como un sujeto de “carne y hueso” con un rostro al cual se lo podía ubicar en donde se lo encontrara uniendo su cara a su nombre y a la conducta atribuida; o se podía vincular -cara, nombre y conducta- si es que únicamente se lo conocía de vista, sin  conocer de antemano su nombre y función.

Téngase en cuenta que no probaron los diarios que la publicación de la fotografía hubiera sido en el caso indiferente, que Minghinelli era ya tan conocido públicamente en la zona de influencia de los periódicos a la fecha de las notas, que la sóla mención de su nombre hacía irrelevante la publicación de su imagen, porque ya todos sabían de quien se trataba (art. 375, cód. proc.).

Minghinelli -como se adelantó- no era un funcionario público del Estado Nacional, Provincial o Municipal,  que por su alto cargo contara con amplia exposición pública.

En suma, la sóla nota dió a conocer la información con que contaban los periódicos, pero para la gran mayoría de la población -que a falta de prueba en contrario- he de suponer que Minghinelli les pasaba en general desapercibido, la foto y la nota lo expusieron al conocimiento público distinto, distinguiéndolo para dañar su imagen, honor y fama.

Nótese que las personas se individualizan por su imagen, especialmente por su rostro; ella constituye un signo de su identidad, de su particular personalidad (conf. Trigo Represas – López Mesa “Tratado de la Responsabilidad Civil”, La Ley, Bs. As.,  2004, Tomo IV, pág. 225).

El derecho protege la imagen ante el peligro de que, sin justificación, sea captada, difundida y deformada por otros. Zavala de Rodríguez ha recurrido a la metáfora de un espejo, manifestando que la protección jurídica no se refiere al sujeto, sino al ser espejado, pero precisamente con motivo o en razón de la visión que de él ofrece dicho espejo. Se apunta al reflejo físico del sujeto, en cuanto proyección de la realidad personal que de él emana y es captada por los demás (ver nota en rev. “Juris”, tomo 93, p. 772, nro. 2, cit. en otra mencionada supra).

En el caso, el uso de la imagen avasalló el honor y la privacidad, al ser usada la misma fuera del contexto en el cual habían sido tomadas las fotografías (estaban en los archivos dijeron los representantes legales de los periódicos demandados, pero habían sido obtenidas en un contexto distinto en el que luego fueron usadas). Minghinelli aceptó ser fotografiado en cumplimiento de sus funciones como gerente de Camuzzi, pero se usaron para algo distinto, cuando éste ya no cumplía funciones en la empresa y para vincularlo a hechos delictivos. En suma, se ilustró la nota referida a una “campaña sucia” contra la empresa, en la cual se le endilgó al actor haber “distraído dinero” de ella  entre otros hechos, mostrando al lector la imagen del actor a quien se sindicaba como comprometido con los ilícitos que se denunciaban por Camuzzi.

Este accionar de los periódicos -a mi juicio- infringió una lesión al honor y al prestigio del accionante, como también a su intimidad, al difundirse su retrato fuera del contexto en el cual se lo obtuvo y al mezclarlo con comentarios injuriosos que cuanto menos ensombrecían su imagen y méritos profesionales y personales.

No es dable desconocer que el aspecto gráfico de la nota y los títulos y leyendas, poseen su fuerza propia, que muchas veces prevalece incluso sobre el verdadero sentido del texto en lo que hace a la captación del público (conf. CN.Civ. sala C, “M., J.P. c/Editorial Abril SA. ED, t. 138, pág. 705).

Para finalizar cabe consignar que “Noticias” no se exime de responsabilidad en el caso por haber reproducido la fotografía y el epígrafe del diario La Opinión, pues la confección de la nota, que como se advierte no es idéntica,  responde a la autoría de sus periodistas y diagramadores o diseñadores, no pudiendo responsabilizar a su periódico colega por un obrar que le es propio. En todo caso, no debió reproducir la nota como lo hizo, si no adecuarla para evitar sumar mayor daño al que ya se había producido por el obrar de Heuguerot y el diario trenquelauquenche.

Aclaro que cada foto unida a las notas no pueden ser contempladas desde la óptica de “Campillay”, fundamentalmente porque en este precedente no había fotografía, pero además porque la foto no puede tener una entidad potencial como las palabras; colocadas allí junto a las notas de tono asertivo, se convierten o tiñen de la misma asertividad de las notas,  sindicando al fotografiado como autor de los hechos afirmados en las notas.

Y aún cuando se considere que la nota podía ser de interés público (todas las notas tienen cierto interés para el público, caso contrario no serían publicadas), no era funcionario ni público ni privado el involucrado porque ya no prestaba servicios para Camuzzi, no siendo de aplicación entonces, como ya se dijera, la “doctrina de la real malicia” sólo atinente a los primeros.

 

7. Daños.

                   7.1. Daño moral. Uso de la imagen.

                   Antes de analizar el tema he de decir que no hubo agravio en cuanto a la distribución que por contribución el juzgado hizo respecto del daño moral provocado por cada uno de los co-demandados: 1/4 a cargo de cada periódico y 2/4 a cargo de Camuzzi.

 En el contexto desarrollado en 5.2. -Responsabilidad por el uso de la imagen-  encuentro que el quantum indemnizatorio fijado en primera instancia -$ 5000- a cargo de cada uno de los períodos, resulta por demás exiguo.

Cada periódico tiene su propio radio de influencia -Noticias en Pehuajó  y La Opinión en Trenque Lauquen-. En otras palabras al ser difundida la imagen y mezclada en un contexto injurioso por ambos periódicos generaron un daño que se extendió en un amplio radio de la zona que abarca -como mínimo-  los partidos de  Pehuajó, Henderson y Trenque Lauquen (ver infra); sin perjuicio de otros alcances que la información pudo tener una vez dada a publicidad.

Cada periódico produjo con su obrar un daño independiente, en zonas de influencia distintas que debe ser resarcido de un modo justo, adecuado a la grave entidad del ataque al honor y a la fama del actor, que constituya un cabal  resarcimiento del daño causado y no un mero consuelo que sólo represente el darle la razón al actor (arg. art 1083, cód. civil).

No soslayo que se trata de los dos únicos diarios existentes en sus zonas, en otras palabras, los únicos locales que la gente lee, a través de los cuales se informa, (en el caso de Noticias a diciembre de 1997 contaba con una tirada promedio de 1769 ejemplares a distribuir entre Pehuajó y Henderson (ver f. 145, pto. II.); y La Opinión, el día en cuestión, tuvo una tirada de cuanto menos 1.700 ejemplares; ver informe de f. 331) y que no se ha demostrado que no contaran con un público prestigio en sus comunidades, razón por la cual no pueden menospreciarse los efectos peyorativos del honor y de la fama que hubo de producir la indebida inclusión de la imagen del actor, en circunstancias que objetivamente consideradas son generadoras de comentarios disvaliosos y de murmuraciones, máxime en ciudades de las dimensiones en las que nos movemos y sin soslayar la posición de prestigio con que contaba el actor con una larga trayectoria profesional primero en una Empresa del Estado y luego en la empresa privada demandada. Sabemos además que no se trata sólo del efecto producido en quien lee la nota, sino en el efecto que la nota genera a través de comentarios de boca en boca respecto de ella (arg. art. 384, cód. proc.).

Así, la testigo Mirabelli -empleada de Camuzzi- lejos de enterarse de los hechos por trabajar en la empresa demandada, declaró que tomó conocimiento de lo acontecido por el diario (ver resp. segunda bis, f. 234 a interrogatorio de fs. 51; art. 456, cód. proc.).

Al decir de la testigo Bonora -quien depone cinco años después de las notas- aclara que si bien no recuerda con exactitud el contenido de la información ésta no lo dejaba muy bien parado al actor frente a la gente (ver resp. 7ma. de f. 255vta.), se le endilgaba haber actuado en contra de la empresa y esto generó que Minghinelli estuviera muy mal, cayó en un cuadro depresivo y también repercutió en toda su familia, e incluso su esposa también estuvo muy mal (ver resp. 10ma. de f. 255vta.) y que comentarios de lo sucedido los escuchó en los lugares que la testigo frecuentaba: peluquería, supermercado o en cualquier otro lugar que se encontraba con gente conocida (resp. 11ra. de f. 256).

Pero las ramificaciones y el mantenimiento de la información en la memoria de la gente no quedó congelado a la época de las notas, sino que se sostuvieron a pesar del paso de los años y su transmisión oral (ver testimonio de Pedro Esteban Reyes, quien manifestó que se enteró de las notas por un empleado de Camuzzi y por una paciente, alrededor del año 2001; ver resp. octava de f. 209/vta.).

Aduno a lo anterior lo expuesto en la pericia psicológica de fs. 346/349 vta. y su ampliación de fs. 356/358, donde da cuenta la experta de las profundas consecuencias psicofísicas y espirituales sufridas por el actor con causa en los hechos ventilados, las que fueron sobrellevadas por muchos años (ver en particular fs. 348 vta./349 vta.; arts. 474 y 384, cód. proc.).

En demanda se pidieron $ 20.000 englobando allí el daño producido por la nota como por el uso de la imagen.

Los hechos datan del año 1997 y la demanda fue entablada en el año 1999, determinándose cuantitativamente  el quantum indemnizatorio por el actor a esa segunda fecha.

Han pasado de aquello 14 años.

Este dato temporal desvirtúa la posibilidad de evaluar la justeza del quantum del reclamo, de tal suerte que para fijar su monto tomaré  valores apreciados a este momento (ver CC0203 LP, B 74427 RSD-295-92 S 1-12-1992, Juez PEREYRA MUNOZ (SD); CARATULA: Pérsico, Daniel c/ Mattia, Jorge Omar s/ Daños y perjuicios ; CC0203 LP, B 74652 RSD-18-93 S 18-2-1993, Juez PEREYRA MUNOZ (SD); CARATULA: Díaz, Nélida c/ Mosquera, Daniel y otro s/ Daños y perjuicios; fallos extraidos de Juba en línea).

Aclaro que para ello no resulta obstáculo el principio de congruencia, pues -en todo caso- en la demanda se peticionó una suma fija adicionándole la frase “o lo que en más o en menos …” (ver fs. 12 vta. y 13 vta.); así la fijación por esta alzada de una suma mayor no transgrede aquel principio (arts. 34.4., 163. 5. y concs. cód. proc.).

Al respecto se ha dicho que si la actora en su presentación inicial, dejó a salvo que el “quantum” de la indemnización era provisoria y sujeta a lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse, no se vulneran garantías constitucionales en perjuicio del accionado si la sentencia, sobre la base de tal reserva, acuerda una suma mayor que la pedida en el momento de interponer la acción en caso de que los elementos de convicción incorporados a la causa así lo justifiquen (conf. CC0201 LP 94533 RSD-128-1 S 8-5-2001, Juez MARROCO (SD), CARATULA: Nubile, Nelly Luisa c/ Antonucci, Jorge Mario s/ Resoluc. Contrato Desalojo – Daños y perjuicios; fallo extraído de Juba en línea).

Así, en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 165 del código procesal, con el alcance expresado en función de esa contribución que no quita que frente al actor los co demandados deban responder por el todo (arg. art. 1081 cc),  no encuentro desmesurada la suma de $ 15.000 a pagar por cada uno de los periódicos, teniendo en cuenta que la imagen fue difundida no sólo sin autorización (art. 31, ley 11723), sino en un contexto donde al actor se lo vincula de modo directo con la comisión de hechos ilícitos, pudiendo incluso inferirse in re ipsa una lesión al honor y al prestigio del actor como persona común y a su carrera profesional (conf. CNCiv. sala C, fallo cit. supra).

 

7.2. Daño moral por las manifestaciones.

                   La responsabilidad de Heuguerot y consecuentemente de Camuzzi ha de ser mayor, pues sin declaraciones del tenor de las vertidas no hubiera habido daño.

En otras palabras, a los fines de evaluar la contribución a la que se hizo referencia en el punto precedente de cada uno en el daño moral y a falta de agravio en cuanto a su asignación entre los co-demandados, no encuentro desacertado distribuirla guardando aquella proporción que se advirtió en la sentencia de primera instancia.

Así, en mérito de lo reseñado y haciendo uso de las facultades del artículo 165 del ritual, no encuentro desmedida una indemnización de $ 60.000 por el daño moral que la nota produjo a cargo de quien fuera el autor de las manifestaciones y de la empresa co-demandada, en función del alto grado dañoso de las declaraciones constituidas por los ilícitos infundadamente endilgados al actor a través de los dos únicos medios de difusión masivos existentes en las ciudades donde éste prestaba su actividad profesional y vivía junto con su familia; sin dejar de soslayar los efectos profundamente nocivos que en la imagen, el decoro, la dignidad, el honor, el buen nombre, la confianza y el crédito de personas como el actor, que cumplieron roles o funciones expuestas al conocimiento público y que cuentan con una trayectoria profesional, se producen en comunidades pequeñas como las que nos movemos (arts. 1069, párrafo 2do., 1078, 1083, 1089, 1109 y concs. cód. civil).

Ratifica lo dicho lo manifestado por la perito psicóloga al ser requerida sobre los efectos producidos en el actor por la nota y las fotografías. Allí expone: “…El suponer que los hechos delictivos estuvieron vinculados a su exclusión de la empresa y que se publique su foto, que en otros momentos circuló por las ciudades trayendo bienestar afectó durante años su realidad cotidiana, la relación con los otros, su posición subjetiva al no poder nombrarse en otro lugar sino quedar excluido y despertar sospechas acerca de sus acciones. Quienes viven en el interior saben lo que esto significa como posibilidad de existencia y lo que afecta a la persona y su grupo familiar (ver fs. 348 vta. in fine/349).

Continúa diciendo: “lo vivido repercutió desfavorablemente durante aproximadamente diez años de su vida que no se recuperan …” “…Se sumó un padecimiento de depresión (exógena) que fue tratada con profesionales psiquiatras. Se incrementó su neurosis al punto de no poder presentarse a nuevos trabajos dado que el otro social lo iba a rechazar. Acarreó inhibición y desvalorización subjetiva”.

Preguntada la experta a fs. 356 acerca de la credibilidad de los dichos del actor, ésta manifiesta que “el objetivo de la entrevista no es certificar la veracidad del relato sino evaluar qué tipo de posición subjetiva tenía esta persona, y su estructura de personalidad. De acuerdo al resultado de la evaluación se llegó a la conclusión que por el tipo de estructura psíquica su relato merece credibilidad. No se registraron rasgos manipulatorios ni estructura perversa o psicopática”. Haciendo referencia a la estructura psíquica del actor manifestó la profesional que en este caso era neurosis obsesiva (dentro de los parámetros de la normalidad) y que no pueden ser ocultadas sus características (f. 357vta. pto. 3). Aclarando que dicha estructura de personalidad es buscada para ocupar determinados puestos de trabajo dada la dedicación, fidelidad, etc. que la misma conlleva.

Agregó “…se puede establecer que el despido y las circunstancias posteriores al mismo pusieron en duda su posición ética y constituyeron una causa primordial en las dificultades para presentarse de inmediato en otros concursos y con su rango laboral”.

Para concluir indicó refiriéndose a las publicaciones que la afectación de su personalidad es concordante con el agravio padecido según lo que representa éticamente para él y para todo sujeto que vive en sociedad y depende de ella para obtener sus ingresos (ver f. 358, último párrafo).

 

8.3. Daño material.

                   La sentencia lo rechaza por falta de pruebas.

Se probó que el actor estuvo sin trabajar entre tres y cuatro años.

La testigo Barella manifiesta que el actor estuvo sin trabajo entre los años 1997 y 2001, y si bien pueden comprenderla las generales de la ley al haber sido empleada de la empresa demandada y despedida junto con el actor a la fecha de los sucesos que dan cuenta las notas, sus declaraciones resultan verosímiles y contestes con el resto de las probanzas traídas (arg. art. 456, cód. proc.), por lo que cabe considerar sus dichos.

Preguntada acerca del motivo de la falta de trabajo del actor manifestó que ello “se debió a cuando lo sacaron de la empresa por lo que salió en el diario, donde se decía que era algo sucio, y que salió la foto del nombrado, agregando que lo del diario fue como un escrache. Que el diario al que se refirió es La Opinión de Trenque Lauquen, que el resto de los diarios no los leyó, aunque le comentaron que salió en otros diarios. Que le llamó la atención que la noticia aludida salió un día domingo … y que acá en Trenque Lauquen es común comprar el diario el día domingo , cuando no se puede comprarlo todos los días de la semana (resp. 3ra. de f. 260). Requerida sobre las consecuencias que la nota arrojó en el actor, ésta manifestó que Minghinelli estuvo con depresión, que intentó comunicarse con él y su señora le manifestó que no quería hablar con nadie relacionado con la empresa; que Minghinelli vivía todo el día encerrado, y que si su esposa no estaba en la casa el nombrado no atendía el teléfono;  que por la situación económica de la familia la esposa de Minghinelli y su hija debieron utilizar su vehículo como remis para poder vivir (ver resp. quinta de f. 260vta.).

El informe de ANSES indica que el actor carece de aportes previsonales entre el período agosto de 1997 y marzo de 2001 (ver f. 392; art. 401, cód. proc.), ratificando ello los dichos de Barella y dando paralelamente cuenta la Municipalidad de la ciudad de La Plata (lugar de residencia del actor) que en el período 1997/2000 no surgen constancias de habilitación a su nombre (ver fs. 406 y 409).

La imposibilidad o bloqueo emocional de una búsqueda de trabajo con resultado exitoso fue ratificada por la perito psicóloga quien como se dijo, dió cuenta del impedimento subjetivo que en la conducta del actor provocaron las notas, al sentirse inhibido y desvalorizado (ver dictamen psicológico cit.; arts. 474 y 384, cód. proc.).

En suma, el efecto nocivo de las notas cuanto menos sobre la personalidad del actor para buscar y obtener trabajo acorde a su capacitación profesional por el período indicado,  fue probado. También fue acreditado que efectivamente durante ese período no tuvo aportes previsionales en relación de dependencia en la órbita nacional, como tampoco habilitación municipal por actividad comercial autónoma en la ciudad que era su residencia habitual.

Frente a la grave afectación al honor, la honra, la dignidad de la que fue objeto el actor, causándole pena, dolor, angustia, inseguridad, etc., no resulta difícil presumirr que todo ello desembocó justamente en un perjuicio de carácter material traducido en la imposibilidad temporaria de conseguir un trabajo remunerado de la jerarquía de su capacitación.

Además es natural que conforme el curso ordinario de las cosas la deshonra de la que fue objeto el actor lo perjudicara en su búsqueda de trabajo, no sólo porque éste inhibido no estuviera en condiciones emocionales de buscarlo y encontrarlo, sino que es verosímil un retraimiento de la demanda en virtud del contenido injuriante y difamatorio de las notas.

Agrego que no surge de autos otro motivo de la falta de trabajo del actor por el período indicado que la nocividad de las notas periodísticas y sus consecuencias en la vida del actor (arts. 375 y 384, cód. proc.).

De tal suerte, los accionados habrán de responder también en la misma proporción en la que contribuyerona la conformación del daño moral  (1/4, 1/4 y 2/4) respecto del daño material.

Atinente a su quantum,  toda vez que no se cuenta con elementos de juicio para determinarlo deberá tramitar por vía incidental (art. 165, párraf 2do. cód. proc.).

 

9. En cuanto a costas, en función de cómo ha sido resuelta la cuestión cabe imponerlas íntegramente a los accionados vencidos tanto las de primera instancia como las de esta alzada (art. 68, cód. proc.), con diferimiento de la decisión sobre honorarios de cámara (arts. 31 y 51 d-ley 8904/77).

 

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Al tiempo de la publicación de los artículos periodísticos en “La Opinión” de Trenque Lauquen (fs. 174 y 189) y en “Noticias” de Pehuajó (f.6), Diego Heuguerot era gerente  de Camuzzi Gas Pampeana S.A. -en adelante simplemente “Camuzzi”-  (absol. a posic. 1, 4, 6 y 10, fs. 214 y 215; ver contestación de demanda de Camuzzi, fs. 47 vta./48).

¿Qué palabras atribuyeron los diarios en esos artículos a Heuguerot?

En lo esencial, las siguientes:

a- que el fuerte olor a gas detectado en algunos lugares de Trenque Lauquen no se había originado en pérdida alguna sino que resultaba de haberse arrojado intencionalmente  una cantidad no precisada de mercaptán -un odorizador que se añade al gas natural para darle su olor característico-, sustancia que no hay mucha gente que conozca y que no puede ser encontrada en muchos lugares;

b- que ese comportamiento intencional formaba parte de una “campaña sucia” de desprestigio contra Camuzzi y sus actuales funcionarios;

c- que esa situación a su vez formaba parte del proceso de recambio de personal que se había operado en la empresa, en el marco de una depuración luego de corroborarse algunas irregularidades en la construcción de obras y algunas anomalías en facturas, habiendo sido Roberto Minghinelli el primero en ser despedido;

d-  el personal jerárquico despedido estaba distrayendo algo de dinero de la firma.

Empalmando sin mayor esfuerzo esos bloques, quedaba claro que, según Heuguerot,  Minghinelli -otrora gerente de Camuzzi, reemplazado precisamente por Heuguerot, absol. de éste a posic. 10, fs. 214/215-  había sido uno de los directivos   despedidos -el primero de ellos-  por irregularidades y anomalías (como ser, distracción de dinero de la empresa) y que la campaña sucia consistente en la  intencional liberación de mercaptán era de alguna manera atribuible a los despedidos -entre quienes, de nuevo, quedaba de suyo incluido el primero de ellos,  Minghinelli- ya que muchas otras personas no podían ni conocer ni conseguir el mercaptán.

¿Existió el reportaje de La Opinión a Heuguerot y con ese contenido?

Está probado que, días después de salidos a la luz los referidos artículos peridísticos, Camuzzi a través de Heuguerot publicó una especie de aclaración en los siguientes términos:

a-  “Con respecto a las declaraciones que el Diario “La Opinión” de Trenque Lauquen publicó en la edición del 14 de diciembre de 1997, Camuzzi Gas Pampeana S.A informa que:” y a continuación se indica que mercaptán es una sustancia conocida por pocos y no disponible en el mercado, y que su derrame no fue realizado por la empresa ni fue casual aunque desconociéndose hasta ese momento quién pudiera haber sido responsable de haberlo causado (f. 28);

b-   “Con respecto a las declaraciones que el Diario Noticias publicó en la edición del 17 de diciembre de 1997, Camuzzi Gas Pampeana S.A informa que:” y a continuación exactamente el mismo contenido que la anterior (f. 34).

Del examen de esos textos se torna evidente que no se hizo referencia a la nota periodística como si hubiera sido un invento de los diarios, antes bien se aludió  a “las declaraciones” publicadas por los diarios el 14 y el 17 de diciembre de 1997. Vale decir, declaraciones hubo y fueron publicadas, lo que no es igual a  sostener que no mediaron declaraciones y que fueron publicadas declaraciones no habidas. En otros términos, en las referidas aclaraciones de fs. 28 y 34 Heuguerot no expresó que no habían existido sus previas declaraciones publicadas, ni tampoco manifestó que no hubieran sido tales las palabras que fueron publicadas como dichas por él.

No sólo se aludió a esas declaraciones publicadas en los diarios del 14 y 17 de diciembre de 1997, sino que la redacción misma  de las aclaraciones de fs. 28 y 34 se apoyó en esas declaraciones: sin aquéllas, éstas no podrían entenderse. Nótese que las aclaraciones de fs. 28 y 34 se engarzan en las declaraciones publicadas los días 14 y 17 de diciembre de 1997, pues sin más introducción y ratificándolas, explican que “Efectivamente el marcaptán es un producto conocido por un reducido número de personas y que no se encuentra disponible en el comercio”,  coincidiendo en esto con parte de las notas publicadas antes.

Lo cierto es que en dichas aclaraciones Heuguerot no desmintió haber hecho antes  las declaraciones publicadas, pero se percibe un aparente  repliegue: ya no ubica el derrame intencional de mercaptán dentro de una campaña sucia contra Camuzzi a su vez situada en el marco de ciertos despidos por irregularidades y anomalías entre los cuáles el primero había sido el de Minghinelli, sino que apunta que “La compañía no tiene a la fecha ningún elemento para responsabilizar a persona alguna sobre este hecho.”

Pero el repliegue es aparente porque si  el marcaptán es un producto conocido por un reducido número de personas y si no se encuentra disponible en el comercio, parece quedar sugerida como única posibilidad que sólo el personal de la empresa -actual o pasado- podía haber tenido y podía tener acceso al mercaptán como para después poder arrojarlo intencionalmente; descartando un derrame casual o que hubiera sido realizado por el personal actual de la empresa (ver asterisco segundo de las aclaraciones de fs. 28 y 34), sólo quedaba insinuada la posibilidad de que el personal pasado, ya despedido, hubiera podido acceder antes al mercaptán para arrojarlo ahora  intencionalmente, máxime si en las aclaraciones de fs. 28 y 34 no se desmentía expresamente nada de las previas declaraciones. En suma, las aclaraciones de fs. 28 y 34, por lo que dicen y por lo que no dicen -falta de desmentida de algunos segmentos de las declaraciones previas-,  proponen más sutilmente lo que con todas las letras menos sutilmente informaban las declaraciones publicadas en los diarios del 14 y 17 de diciembre de 1997.

Lo recalco, nótese bien, en ningún pasaje de las aclaraciones  “se bajó” Heuguerot de los términos de sus declaraciones publicadas en La Opinión y en Noticias -me estoy refiriendo, claro, a las de f. 6  y fs. 174 y 189-, declaraciones que, a través de esas aclaraciones de fs. 28 y 34,  no desmintió haber hecho tal y como habían sido publicadas por los diarios. Así, machaco, las aclaraciones en algún sentido terminaron siendo ratificatorias de las previas declaraciones, tanto por lo que las aclaraciones dicen coincidiento con las previas declaraciones,  como por lo que las previas declaraciones dicen sin mediar ninguna desmentida en las aclaraciones.

Ese comportamiento de Heugueot posterior a los artículos periodísticos de f. 6 y de fs. 174 y 189, así interpretado como reconocimiento -en parte  expreso y en parte tácito-,  es suficiente demostración de que las declaraciones allí publicadas sí existieron y de que sí existieron en los términos en que fueron publicadas (arg. a simili art. 218.4 cód. com.; arg. arts. 914, 918 y 1146 cód. civ.; art. 384 cód. proc.).

Además, para reforzar, cuesta creer que no hubieran existido las declaraciones de Heuguerot que fueron publicadas en los artículos periodísticos de f. 6 y de fs. 174 y 189, atento el  minucioso y consistente relato del periodista, Eduardo Andrés Falcón, a quién se las hizo telefónicamente merced al conocimiento previo que existía entre ambos  (ver atestación de Falcón, a fs. 235/236 vta., en especial resp. a preg. 3, 18 y 23; ver absol. de Heuguerot a posic. 14, a f. 215 vta.; arts. 384 y 456 cód. proc.).

 

2- Pero, ¿fueron calumniosas o injuriantes esas declaraciones publicadas en los artículos periodísticos de f. 6 y de fs. 174 y 189?

Sí, ambas cosas o, en todo caso,  al menos todas injuriantes.

Calumniosas, porque el despido de Minghinelli fue descrito como el primero de otros en medio de una depuración provocada por irregularidades y anomalías graficadas   con la frase “estaban distrayendo algo de dinero de la firma”, lo cual implicó endilgarle  un comportamiento ilícito contra Camuzzi, abierto en su tipicidad -podía ser hurto, estafa, etc.- pero nada impreciso en cuanto al bien jurídico tutelado pues siempre y en todo caso se trataba de algún delito contra la propiedad de Camuzzi (art. 109 cód. penal).

Injuriantes, por la deshonra y el descrédito derivados de  los motivos aducidos (irregularidades, anomalías) para el despido de Minguinelli y de otros más -pero Minghinelli, el primero-   y de la vinculación de ese despido con el derrame de mercaptán   como campaña sucia a manera de venganza contra la empresa por haberlo(s) despedido (art.. 110 cód. penal).

No es ocioso acotar que no se han probado ni las irregularidades ni las anomalías que pudieran haber dado causa al despido de Minghinelli, ni que éste hubiera participado de alguna forma en el derrame de marcaptán en el seno de una campaña sucia contra Camuzzi (art. 1089 in fine cód. civ.; art. 375 cód. proc.). Antes bien: a- en cuanto al despido, se sabe que Minghinelli fue indemnizado a través de un acuerdo con la empresa, dato que no abona la tesis del despido con alguna  justa causa (ver fs. 299/300 y 316; art. 242 y sgtes. ley 20744); b- Camuzzi no  detectó ningún faltante de mercaptán, de modo que entonces no fue sustraído por sus ex empleados para luego derramarlo intencionalmente (declaración de Enrietti, resp. a preg. 11, fs. 232 vta. y 233).

3- Si bien toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión sin  censura previa, su ejercicio está sujeto a las responsabilidades ulteriores en caso de faltarse el respeto a la reputación de los demás, ya que, por otro lado, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, nadie  puede ser objeto de ataques ilegales a su honra o reputación y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos ataques (arts. 11 y 13 del “Pacto de San José de Costa Rica”; art. 75.22 Const.Nac.).  “Así como el derecho a la libertad de expresión corresponde a todos y no sólo a los periodistas o a los medios masivos de comunicación, no sólo los periodistas se encuentran obligados por la Convención a asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, respetando el derecho al honor, sino todos quienes ejerzan tal derecho a la libertad de expresión.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Kimel vs Argentina”, sent. del 2/5/2008, considerando 7 del voto concurrente razonado del juez DIEGO GARCIA-SAYAN EN EL CASO KIMEL).

Transcribiré a continuación los considerandos 53 a 56 del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el casl “Kimel vs Argentina, porque abalizan con nitidez el límite entre la libertad de expresión y el derecho al honor:

53.           Respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte ha señalado que quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social:

                   ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

                   54.           Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.

                   55. Por su parte, el artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Esto implica límites a las injerencias de los particulares y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales que el Estado disponga para su protección.

                   56. La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención. Estos deben responder a un criterio de estricta proporcionalidad.

 

                   Volviendo, ahora sí, a nuestro caso, para arrimar tranquilidad a la población y deslindar responsabilidades (atestación de Enrietti, resp. a preg. 1 y 5, fs. 232/vta.)   bastaba con informar que el “olor a gas” no era producido por gas sino por otra sustancia -mercaptán-  no derramada por la empresa y que por el momento no se conocían las causas del derrame de esa otra sustancia.

No  era para nada necesario hablar de una campaña sucia contra Camuzzi,  ni  asociar anteriores despidos con esa campaña sucia, ni mencionar los graves motivos de esos despidos, ni considerar el  de Minghinelli como el primero de esos despidos.

Así, el comportamiento de Heuguerot fue irrazonable, porque al realizar un juicio de ponderación se nota que  excedió los justos límites de su libertad de expresión, para lesionar innecesariamente el derecho al honor de Minghinelli (art. 512 cód. civ.).

Entonces debe responder Heuguerot por los daños que su comportamiento calumnioso e injurioso hubiera causado a Minghinelli, responsabilidad en la que, en contraste, probablemente no habría incurrido si inicialmente hubiera ceñido el 100% de sus manifestaciones  a los más cuidadosos y prudentes límites impuestos sólo a las aclaraciones de fs. 28 y 34   (arts. 1071, 1089, 1090, 1066,  1067 y 1109  cód.civ.).

Debe responder personalmente Heuguerot, pero,  además, en tanto formuló como gerente de Camuzzi las declaraciones ilícitas  publicadas en los artículos periodísticos de f. 6 y de fs. 174 y 189, y en sus complementarias y expresa o tácitamente ratificatorias aclaraciones de fs. 28 y 34,   también debe responder la empresa en forma refleja (arts. 43 y 1113 párrafo 1° cód. civ.), máxime que se ha evidenciado que se trataba de un directivo autorizado a expresarse en los medios  por Camuzzi, como lo revela sin ir más lejos la sola publicación de las aclaraciones de fs. 28 y 34 (ver asimismo atestación de Enrietti, resp. a preg. 1, 7 y 9, fs. 232/vta.; arts. 163.5 párrafo 2°, 384 y 456 cód. proc.).

Por si acaso me permito agregar que:

a-  no podría escudarse Heuguerot en el hecho de haber seguido instrucciones de la empresa, porque ésta se ve que muy de acuerdo no estuvo con las declaraciones publicadas los días 14 y 17 de diciembre de 1997 al punto que le ordenó hacer -las a la postre meramente ratificatorias-  aclaraciones de fs. 28 y 34 (absol. de Heuguerot a posic. 6, fs. 214/215; ver contestación de demanda de Camuzzi a f. 47 vta. párrafo 5°) y dado que, como quiera que fuese, no porque la empresa hipotéticamente lo hubiera instruido para cometer un ilícito (en el caso, calumniar o al menos injuriar) estaba obligado Heuguerot a acatar esas instrucciones a modo de manso e inerte ejecutor de toda afectación  del honor de las personas;

b- no podría apontocarse Camuzzi  en atribuir los excesos de Heuguerot sólo a éste, dado que Heuguerot estaba autorizado a formular declaraciones hablando por la empresa y, entonces, hay una responsabilidad de la empresa en razón de lo actuado  por quienes, elegidos por ella,  la representan actuando con motivo u ocasión de sus funciones (otra vez, ver testimonio de Enrietti, resp. a preg. 1, 7 y 9, fs. 232/vta.).

Para finalizar este cuadrante no quiero dejar de descubrir lo que anido como creencia acerca de lo que  pudo sucederle a Heuguerot, sin con ello justificar nada de lo que dijo: hablando en público probablemente no habría  dicho más que lo que surge de las aclaraciones de fs. 28 y 34, pero hablando  por teléfono y con una sola persona -el periodista-  pudo equivocada pero inexcusablemente no darse cuenta  que no era una conversación privada y pudo así perder de vista la inmediata y potencial  dimensión pública de sus declaraciones,  lo que acaso pudo arrastrarlo a decir  más de lo que debió decir.

 

4- Ahora pasemos a examinar la situación de los diarios demandados.

¿Era Minghinelli un funcionario público cuando trabajaba para Camuzzi?

Minghinelli no era un empleado del Estado en ninguna de sus ramas,  y Camuzzi Gas Pampeana S.A., empleadora de Minghinelli,  no era una entidad autárquica,  una  empresa del Estado, una  sociedad del Estado, una sociedad de economía mixta, una  sociedad anónima con participación estatal,  ni ningún otro ente del sector público (arts. 1 párrafo 2° y 5.m ley 25.188). Por otro lado, cuando sucedieron el olor a gas en la calle y las publicaciones periodísticas de la discordia, ya Minghenelli no trabajaba más para Camuzzi, así que aunque se lo quisiera catalogar como funcionario público mientras trabajaba para Camuzzi, ya no lo era más al tiempo de los hechos.

¿Era, al menos, una figura pública?

La circunstancia de haberse publicado algunas veces alguna noticia con Minghinelli como protagonista cuando se había tratado de asuntos concernientes a Camuzzi o al servicio de provisión de gas no es dato suficiente para convertir a Minghinelli en una figura pública, como v.gr. un político, un artista o un deportista destacados en el medio (arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.). En cualquier caso, los diarios demandados tenían que haber demostrado que Minghinelli, sin ser funcionario público, cuanto menos era una figura pública, lo que no se puede tener por adverado sólo con la esporádica aparición del nombrado en alguna que otra noticia publicada (fs. 94/vta.), conclusión que –dicho sea de paso- no cambiaría sino que se corroboraría si  se hubiera admitido  el hecho nuevo aducido a fs.  262/263, rechazado a  362/vta. y no apelado –y por eso irrevisable ahora-  aunque “insistido” a f. 465 vta. ap. 4 (arts.  34.4, 36.1, 155, 266 y 364 cód. proc.).

Eso sí, ciertamente el tema relativo al olor a gas por supuestos escapes o  pérdidas era de interés general en orden a determinar sus causas y efectos para tranquilizar a la población y en todo caso para  deslindar responsabilidades, pero no lo era lo concerniente a los -inacreditados-  motivos del despido de Minghinelli -primero entre otros despedidos por irregularidades y anomalías-,  ni tampoco lo eran las -carentes de sustento probatorio- suposiciones  de Heuguerot acerca del empalme entre esos despidos y los derrames de marcaptán en el marco de una  campaña sucia contra Camuzzi: era de interés general la determinación de las causas y efectos ciertos del olor a gas en la vía pública, no la exteriozación de conjeturas de Heuguerot para además encontrarles a esas causas  una explicación calumniosa e injuriante para Minghinelli,  sin ninguna necesidad y -a la postre- sin sustento probatorio.

En resumen,  ni Minghinelli era funcionario público al tiempo de los hechos, ni era siquiera una figura pública, ni lo calumnioso e injurioso de las declaraciones publicadas guardaba una relación de necesidad con algún tema de interés general, de manera que   corresponde conceder al honor de Minghinelli una protección jurídica fuerte y no la más débil resultante de la aplicación de la doctrina de la real malicia.

En efecto, por virtud de la doctrina de la real malicia,  para obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones periodísticas relativas al ejercicio de su ministerio, los funcionarios públicos deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreo­cupación acerca de tal circunstancia; en cambio, tratándose  de particulares –como en el caso- , ya fuera del radio de acción de la doctrina de la real malicia, basta  con acreditar  la “negligencia precipitada” o la “simple culpa” del medio de prensa.

En la causa “Menem, Amado Calixto c/ La Voz del Interior s/ sumario” (Fallos 326:2491), la Corte Suprema de la Nación señaló que para obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones concernientes al ejercicio de su ministerio, los funcionarios públicos deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia, en cambio, basta la “negligencia precipitada” o “simple culpa” en la propalación de una noticia de carácter difamatorio de un particular para generar la condigna responsabilidad de los medios de comunicación pertinentes. . En sentido similar ver “Spinosa Melo, Oscar Federico y otros c/ Bartolomé Mitre y otros” (Fallos 329:3775).

Entonces, ¿actuaron con culpa los diarios?.

No si nada más se deposita la atención aisladamente en el cuerpo de las notas publicadas (me refiero a la de fs. 174 y 189, por  “La Opinión” de Trenque Lauquen, y a la de f. 6, por “Noticias” de Pehuajó, porque citaron la fuente: Heuguerot. Además, “Noticias” citó otra fuente: “La Opinión”, de donde tomó la nota de segunda mano casi textualmente.

De manera que, a juzgar sólo por el cuerpo de las notas publicadas y por mediar expresa mención de la fuente,  no medió culpa de los diarios, en el marco de la doctrina “Campillay” (Corte Suprema de la Nación, Campillay, Julio César c/ La Razón y otros”,  15/05/86,- Fallos 308:789).

Pero resulta que los artículos periodísticos publicados no sólo contienen el cuerpo de las notas con indicación de la fuente de la información, contienen más elementos que no son atribuibles a esa fuente (repito, Heuguerot; más “La Opinión” para “Noticias”) sino que responden a la sola decisión de los diarios: la elección del título de las notas, la inserción de las fotos  y el contenido del texto ubicado debajo de las fotos.

Observemos

a- “La Opinión” (fs. 174 y 189):

* Título en la página 1: Gas natural: denuncian una “campaña sucia”

* Título en la página 26:  Intencional: derramaron un produto para simular fuga de gas.

* Contenido del texto debajo de la foto de la página 1: OLOR INQUIETANTE. INTENCIONALMENTE TIRARON en una vereda mercatán, el producto que odoriza al gas natural.

                   * Contenido del texto debajo de la foto de Minghinelli en la página 26: ROBERTO MINGHINELLI ERA GERENTE REGIONAL de la empresa. Lo despidieron en agosto, en el marco de una “depuración” efectuada por la empresa.

b- “Noticias” (f.6):

* Título en la página 9: Sospechan de una “campaña sucia contra Camuzzi Gas Pampeana

* Contenido del texto debajo de la foto de Minghinelli en la página 9: Roberto Minghinelli era gerente regional de la empresa. Lo despidieron en agosto, en el marco de una “depuración” efectuada por la empresa.

Analicemos.

El título, la foto y el texto debajo de la foto son los lugares por donde se ingresa en la lectura de la nota periodística (ver esta cámara,  “Brunetti c/ Rodríguez”, sent. del 18/5/2009, L.38 R.20, ver párrafo 2° del considerando 5- del voto del juez Lettieri), e, inevitablemente tiñen la lectura, marcan el camino del significado global de la nota periódística.

La foto de Minghinelli es Minghinelli puesto en imagen, es la versión gráfica de su persona. La foto no pudo -no puede-  colocarse en modo potencial, la fuente de la foto no fue  Heuguerot  (ver fs. 94) ni se pidió autorización a Minghinelli (ver declaraciones a fs. 216/217 vta. y 230/1) y la foto no es un pseudónimo es, como ha quedado expuesto,  la persona misma hecha imagen (igualmente debajo de la foto  se aclaró que era Minghinelli). Ergo, la inserción de la foto no puede quedar exculpada por la doctrina “Campillay” (para más sobre esta doctrina, remito al voto que precede y al estudio minucioso del juez Lettieri en la causa citada en el párrafo anterior).

Por otra parte, el texto al pié de la foto de Minghinelli no está en modo potencial, ni indica fuente ni usa pseudónimo: hace referencia explícita a Minghinelli, para comunicar que fue despedido en agosto en el marco de una “depuración”. Así el diario afirmaba asertivamente ese dato, de por sí injurioso porque lógicamente colocaba algo “impuro” en la persona o en el comportamiento de Minghinelli motivo por el cual había sido despedido.

Las fotos y sus textos, están inmediatamente abajo  de los títulos colocados encima (lo recuerdo: “La Opinión” página 26:  Intencional: derramaron un produto para simular fuga de gas; “Noticias” página 9: Sospechan de una “campaña sucia contra Camuzzi Gas Pampeana), así que de alguna manera quedan inmediatamente relacionados diferentes episodios como si tuvieran un mismo hilo conductor: el “despido” de Minghinelli por “depuración” , el derrame del producto para simular fuga de gas y la “campaña sucia”. No digo que los episodios hubieran tenido relación, sino que fueron presentados conjuntamente por los diarios (al colocar juntos el título, la foto y su texto)  creando así la  posibilidad  de inferir que sí la hubieran tenido o podido tener.

Y si el lector hubiera tenido alguna duda acerca de esa sensación de relación entre la foto de Minghinelli, su despido en medio de una depuración, el derrame de marcaptán y la campaña sucia, le bastaba con leer el cuerpo de la noticia, en el que Heuguerot se encargó de definitivamente reunirlos a través de una explicación unificadora calumniosa e injuriante (reenvío a los considerandos 1-, 2- y 3-; ver atestación de Bonora -resp. a preg. 7 a 9, f. 254 vta.- y de Barella –resp. a preg. 3 y 4, a f. 260-).

En otras palabras, el tándem título, foto y texto debajo de la foto, por sí solo y   como económica síntesis de las declaraciones de Heuguerot, enlaza el derrame de marcaptán o la campaña sucia contra Camuzzi  con el despido de Minghinelli en el marco de una depuración.

Haciendo una análisis ponderativo, al menos no era necesario que los periódicos, para ejercer su libertad de prensa, colocaran la foto de Minghinelli y su respectivo texto debajo de un título tal como el que eligieron, de modo que esa colocación, por modo y lugar,  fue irrazonable,  por  afecta innecesariamente  el derecho al honor del nombrado sin ningún beneficio para la libertad de prensa (arts. 1071, 1089, 1090, 1066,  1067, 1109, 512 y 902  cód.civ.).

En fin, tener un derecho no es excusa para ejercerlo más en perjuicio de otros derechos que en provecho del derecho que se tiene, o, peor,  en una medida tal que excede de lo necesario para un óptimo provecho del derecho que se tiene afectando  injustificadamente otros derechos (ver Alexy, Robert “Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”, Ed. Centro de Estudios, Madrid, 2004).

5- Me parece natural conforme el curso ordinario de las cosas que luego de la agresión a su crédito personal y profesional,  se hubieran podido verosímilmente producir dos consecuencias (art. 901 cód. civ.; arts. 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.):

a- un cierto retraimiento de potenciales empleadores, por desconfianza acerca de las cualidades de Minghinelli;

b-  una cierta autoinhibición del propio Minghinelli para ofrecerse, a fin de evitarse frustraciones dando por descontado ese retraimiento.

Es decir, creo que es verosímil pensar que las chances laborales de Minghinelli quedaron restringidas tanto en cuanto a  pedidos de eventuales empleadores,  como a su propio ánimo para ofrecerse laboralmente en ausencia de pedidos.

Me parece que una supuesta realidad diferente, contraria a lo corriente en materia de cosas humanas,  en todo caso debió haber sido alegada y probada por los demandados (arts. 34.5.d y 375 cód. proc.).

Y, antes bien, si alguna probanza se ha adquirido apunta a corroborar  lo que hemos considerado verosímil (declaraciones de Bonora -resp. a preg. 10 y 11, fs. 255 vta. y 256- y de Barella -resp. a preg.  5 y 6 a f. 260 vta.; a preg. 14 y 15 a f. 261 vta.-; dictamen psicológico a fs. 345/349 vta. y 356/358, en especial ver f. 349 vta.; arts. 384, 456 y 474 cód. proc.).

De modo que, en resumen, daño hubo a las chances laborales de Minghinelli (arts. 1067, 1089 y 1090 cód. civ.), pero ¿hasta cuándo?

Bueno, por de pronto para 2001 -específicamente, el 12/3/2001-  Minghinelli ya había podido conseguir un nuevo trabajo en la empresa Asurix Buenos Aires  (declaraciones de Bonora -resp. a preg. 3, f. 255- y de Barella -resp. a preg. 3, f. 260-; documental de fs. 124/125, ver fs. 362/vta.; relato del actor ante la perito psicóloga a f. 347 último párrafo; arts. 384, 456 y 422 cód. proc.). Más tarde, en 2005, ingresó a trabajar en ENARGAS (relato del actor ante la perito psicóloga a f. 347 vta.; informe del ANSES a f. 390; arts. 384, 394 y 422 cód. proc.).

Pero no hay vestigio alguno de que Minghinelli hubiera trabajado desde su despido por Camuzzi el 1/8/1997 (ver f. 299) y hasta el 12/3/2001. Por ejemplo, el ANSES no registra aportes previsionales durante ese lapso (ver informe a f. 392).

Quiere decirse que el detrimento producido en las chances laborales de Minghinelli  sólo pudo existir entre la publicación de las notas periodísticas en diciembre de 1997 -momento del hecho ilícito- y hasta marzo de 2001 -cese de los efectos del hecho ilícito en el aspecto sub examine-  (art. 384 cód. proc.).

Mas, si Minghinelli no consiguió trabajo desde diciembre de 1997 y hasta marzo de 2001, ¿sólo pudo deberse a la merma de sus chances laborales producidas por la difamación de se trata?

No está probado que hubiera sido así y, también acorde con el curso natural y ordinario de las cosas humanas, cabe creer que si no consiguió trabajo en ese lapso también pudo ser por las dificultades intrínsecas del mercado laboral con arreglo a alternativas completamente ajenas a los demandados v.gr. a su capacitación -técnico mecánico-  o  a su edad -40 años-  (ver informe a fs. 323/324; documental a f. 125; certificado de matrimonio a f. 326;  arts. 901 y 906   cód. civ.; arts. 163.5 párrafo 2°, 384 y 393 cód. proc.). De hecho, entre el despido del 1/8/1997 y las notas periodísticas de diciembre de 1997 tampoco está probado que el actor hubiera accedido a un puesto laboral y, obvio, todavía no había sido difamado a través de y por la prensa.

¿Y cómo establecer en qué medida las dificultades intrínsecas del mercado laboral -por un lado- y la difamación periodística –por otro lado- contribuyeron a que no consiguiera trabajo Minghinelli desde diciembre de 1997 y hasta marzo de 2001? A falta de toda demostración que divida aguas con más precisión, no queda más remedio que tomarlas como causalmente  equivalentes, es decir, 50% y 50% (arg. arts. 16, 689.3, 1264, 2708, etc. cód. civ.).

Existente el daño reclamado, desde el ilícito, pasando por la fecha de la demanda y hasta comienzos de marzo de 2001, queda ahora cuantificarlo, sin perder de vista que lo que se indemnizará es una chance, con todas las dificultades que ello implica, aunque algo es seguro: al menos hasta donde sé,  no puede haber una cifra que, digamos científicamente, refleje con precisión euclidiana ese tipo de daño.

Ahora bien, el demandante  cuantificó en $ 15.000  su reclamo por “daño material”, el 14/12/1999 (ver fs. 12 vta. y 16).

Su sueldo, al ser despedido el 1/8/1997, era de $ 3.510 (ver f. 299).

Vigente la convertibilidad por entonces (ley 23928), a falta de toda prueba en contrario y ya en el terreno del art. 165 párrafo 2° CPCC,  he de suponer que si hubiera seguido trabajando el actor para la empresa su sueldo en diciembre de 1999 -fecha de la demanda- habría sido más o menos el mismo, es decir, aproximadamente $ 3.510.

De donde concluyo que el demandante tarifó su petición resarcitoria del daño material -de todo el daño material, no sólo del ocurrido hasta la demanda, sino también del posterior a la demanda y hasta que consiguiera otro trabajo más o menos equivalente, arg. art. 163.6 párrafo 2° cód. proc.-  en una cantidad de pesos equivalente a 4,27 de los sueldos que percibía en Camuzzi.

De modo que el actor en definitiva reclamó 4,27 de sus sueldos para resarcir el daño material que, finalmente, se circunscribió  temporalmente entre mediados de diciembre de 1997 y comienzos de marzo de 2001,  s.e. u o. a 38 meses completos. A todo trance pongo de relieve que no hay evidencia en el sentido que el trabajo que consiguió el demandante en marzo de 2001 hubiera sido de menor entidad o jerarquía que el que tenía con Camuzzi (art. 375 cód. proc.).

Dividiendo $ 15000 (esto es, más o menos 4,27 sueldos)  entre 38 meses, la cuenta da $ 394 por cada uno de los 38 meses en que imperó el detrimento, es decir, equivale en números redondos a $ 394 por cada mes entero ubicado entre mediados de diciembre de 1997 y comienzos de marzo de 2001.

Claro que esos son $ 394 por mes, pero a valores vigentes a diciembre de 1999.

Sólo para saber dónde estamos parados  luego de 14 años y en el contexto notorio de una economía muy inestable, y ni remotamente con ningún ánimo indexatorio,  diré que:

a- si un dólar entonces valía un peso y ahora según cotización oficial vale 6,26 (fuente: http://www.lanacion.com.ar) ,  esos $ 394 por mes hoy son $ 2466,44;

b- un jus entonces valía $ 38 (Ac. 2834/98 SCBA), de modo que $ 394 eran más o menos 10,37 jus; como el jus hoy asciende a $ 232 (Ac. 3658/13 SCBA), entonces $ 2405,84.

Por un camino o por otro, redondeando y en procura de justipreciar prudencialmente el menoscabo, interpreto que, a valores de hoy,  quedaron al final reclamados $ 2400 por cada uno de los 38 meses de duración del detrimento por el que se discurre, cantidad que reducida a la mitad en función de la concurrencia causal de las dificultades intrínsecas del mercado para conseguir un nuevo trabajo, conduce  a una cifra de $ 1.200 por mes reclamada por cada uno de esos 38 meses, o sea, $ 45.600.

En mi concepto, ese guarismo no es inequitativo como resarcimiento por la merma de las  chances laborales de Minghinelli desde mediados de diciembre de 1997 y hasta comienzos de marzo de 2001,  producidas como consecuencia de la difamación sub examine cometida a través de y por la prensa (art. 165 párrafo 3° cód. proc.).

Esta solución no coincide con la del primer voto en su versión final -remisión a otra etapa procesal posterior la cuantificación del rubro-, pero tampoco con una de las versiones intermedias del primer voto -fruto del intercambio de ideas entre los integrantes de esta cámara-, a la que, de todos modos, me referiré para fundar más mi voto.

Según el primer voto en su abandonada versión intermedia, correspondía entender que los $ 15.000 reclamados en demanda sólo se refieren a los 24 meses transcurridos desde el hecho ilícito y hasta la demanda;  entonces, hasta la demanda divide $ 15.000 por 24, pero, para abarcar luego los 14 meses posteriores a la demanda en los que el demandante no consiguió trabajo,  multiplica ese cociente por 38.

No hay en la pretensión inicial una distinción tan clara entre el lapso anterior y el posterior a la demanda, de modo que pudiera creerse que el actor reclamó $ 15.000 sólo hasta la demanda y que dejó librada la tasación del daño posterior a la demanda “a lo que en más o en menos resulte de la prueba”.  No se lee una distinción así expresada con toda exactitud (art. 330.6 cód. proc.).

Es cierto que la merma de chances laborales pareció borrarse con la consecución de un nuevo trabajo -sin evidencia de que haya sido de menor envergadura-, pero hubiera podido desaparecer antes o después de marzo de 2001 y siempre estaríamos hablando de un mismo y único daño: la pérdida de chances.  No se ve  por qué creer que el demandante, al formular su reclamo, no  hubiera tenido en miras otra cosa que no fuera el daño mismo, allende su duración más allá o más acá en el tiempo.

En todo caso, si en función del tiempo hubiera querido marcar diferencias en cuanto al daño mismo, habría podido plantearlo así  pero con claridad y precisión. De modo que trazar distinciones ontológicas en el daño en cuando al tiempo -antes de la demanda, después de la demanda-  podría importar de oficio modificar el alcance de la pretensión inicial tal y como fue entablada, con infracción de lo reglado en el art. 34.4 CPCC.

En menos palabras, no hay dos daños -uno anterior y otro posterior a la demanda- sino uno solo por el cual el actor reclamó $ 15.000.

En fin, la falta de toda posible traducción perfecta del daño a números no permite advertir que el método  propuesto  en la versión intermedia  del primer voto -de consideración ontológica y de cuantificación del daño- sea “correcto” y que el sostenido siempre en este segundo voto -sólo de cuantificación del daño- sea “incorrecto”. Sí podemos decir que este segundo voto lleva a una cifra menor –el criterio intermedio de la jueza Scelzo, que finalmente desechó, la conducía a una suma superior a los $ 70.000-, pero recuérdese que la demanda en este segmento venía rechazada y que en los agravios el actor  ni siquiera sugiere concretamente una cifra superior a la que aquí propongo, ni un método que pudiera permitir alcanzarla (arts. 34.4 y 266 cód. proc.).

 

6-  El agravio moral, cuya reparación pretende el accionante, cabe recordar que consiste en la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos. Es decir que el daño moral se configura y gana certeza pues, a partir de toda modificación disvaliosa del espíritu o del bienestar psicofísico de una persona;  de su alteración no centrada sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los demás no pueden avanzar (SCBA, L 55728, sent. del 19-9-1995, “Toledo, Noemí Elisa c/ Municipalidad de La Matanza s/ Enfermedad profesional”, en “Ac. y Sent.” t. 1995-III pág. 635).

Con relación al tema, esta alzada -con pretérita integración- ha sostenido que si la misión de la justicia es tratar de reparar en forma integral el perjuicio indebidamente causado, no deben pasarse por alto los sufrimientos, las amarguras, los dolores espirituales, las violencias morales, las angustias, es decir, todo aquello que el evento dañoso puede haber provocado, además de los perjuicios materiales (causa 8348, sent. del  26-5-1987, “Mirabelli, Carlos Abel c/ Gómez, Manuel y/u otro s/ Daños y perjuicios”, en Juba sumario B 2201994; arg. art. 1083 cód. civ.).

“Es que así como el daño patrimonial entraña un defecto del patrimonio, tomando como modelo su composición anterior al suceso o el aumento que entonces podía esperarse, el daño moral implica un defecto existencial en relación a la situación subjetiva de la víctima previamente al hecho. Aunque a la hora de precisar el resarcimiento, deba examinarse de qué manera y con qué intensidad el agravio contra la persona le ha causado un perjuicio. Los bienes personalísimos no pueden ser cuantificados en “más” o “menos”, pero el sujeto puede sufrir “más” o “menos” a consecuencia del suceso de que se trate, y con esos datos el juez debe valuar en “más” o en “menos” la indemnización. El daño moral no cala igual en todos los espíritus. Se trata de la aplicación del principio de la individualización del daño. Por manera que cada daño moral tendrá una repercusión personalísima, al variar de persona a persona: unos son más fuertes, otros más susceptibles al sufrimiento. La humillación o la vergüenza, las situaciones vejatorias padecidas, la posición social del ofendido, su edad, la actividad que ejerce, la repercusión social del hecho, son aspectos a tener en cuenta al momento de computar este agravio (Bueres-Highton, op. cit., t. 3 págs. 171 y 172, comentario de Zavala de González M.; López Mesa-Trigo Represas, “Tratado de la responsabilidad civil”, “Cuantificación del daño”, págs. 131 y stes. )” (CATLauquen Civ. y Com., voto del juez Lettieri, en “Artiguez c/ Mateos”, sent. del 2/10/2012, L.41 R.49).

Por otro lado, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha dejado definido el carácter resarcitorio del daño moral, por lo que no se trata con su indemnización de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del perjuicio de esa índole padecido por la víctima (S.C.B.A., C 96225, sent. del 24-11-2010, “P., C. M. y otro c/ Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez y otros s/ Daños y perjuicios”, Juba sumario  B26762).

Por fin, y en lo que atañe a su reconocimiento y resarcimiento, sabido es que dependen, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión, siendo su apreciación cuestión de hecho. Su estimación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial (S.C.B.A., fallo citado).

¿Qué sabemos en el caso?

Sabemos que el actor, hombre de mediana edad, con estudios medios, casado y a la sazón desocupado, sufrió en grado sumo la difamación periodística, en un medio social relativamente pequeño como el regional, sumiéndose en un estado depresivo con repercusiones más allá del plano laboral y  con secuelas emocionales actuales -v.gr. manifiesto rencor por el trato injusto de que fue objeto-  (atestaciones de Bonora –resp. a preg. 10 y 11, a fs. 255 vta./256- y de Barella –resp. a preg. 5 a f. 260 vta. y a preg. 15 a f. 261 vta.-; dictamen psicológico –fs. 345/349 vta. y 356/358, en especial f. 358 in fine; arts. 384, 456 y 474 cód. proc.). De manera que daño resarcible manifiestamente existe (arts. 1067, 1078, 1089 y 1090 cód. civ.).

En esas condiciones y bajo las circunstancias del sub lite, no habiendo precedentes recientes de este Tribunal sobre asuntos con características semejantes al destramado aquí  ni un baremo legal al cual ceñirse,   habiendo reclamado el actor en demanda la cantidad de $ 20.000 para el daño moral y $ 15.000 para el daño material, y habíendose otorgado supra por daño material una indemnización de $ 45.600, guardando apropiadamente proporciones -esto último obiter dictum, sin que constituya argumento principal-  me parece ecuánime conceder una indemnización de $ 60.800,  para estimar así, de alguna forma totalmente,  el reclamo por el daño moral sufrido a raíz de la  difamación sub examine cometida a través de y por la prensa (art. 165 párrafo 3° cód. proc.).

 

7- En síntesis, es dable estimar el recurso de apelación de f. 431 y desestimar los de fs. 433, 436 y 443.2, y, consecuentemente, corresponde condenar concurrentemente a Camuzzi Gas Pampeana S.A., Diego Heuguerot,   INDUGRAF S.R.L. y EDITORIAL TRENQUE LAUQUEN S.A. a pagar a Roberto Gabriel Minghinelli  $ 106.400 en 10 días, con más los intereses incorporados en la sentencia de primera instancia –no apelada en este aspecto- y costas de ambas instancias a los accionados vencidos  (arts. 34.4, 163.6 párrafo 1°, 266 y 68 cód. proc.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

La definición de los alcances de la libertad de expresión que el constituyente no se conformó con regular en el artículo 14 sino que le dedicó también el artículo 32 consagrando explícita prohibición al Congreso de dictar leyes restrictivas de tal derecho, puede provenir de otros derechos y garantías consagrados por la misma norma constitucional.

En tal caso, la tensión entre derechos constitucionales y algún aspecto del derecho de la personalidad (honor, integridad moral, intimidad, imagen, prestigio, recato patrimonial etc.) habrá de resolverse en el juicio de responsabilidad en donde quede en tela de juicio el ejercicio arbitrario o abusivo de la libertad de expresión comprensiva de la de información.

En el ámbito regional, en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, suscripto el 22 de noviembre de 1969 y ratificado por la Argentina el 19 de marzo de 1984 por la ley 23.054, la noción de arbitrariedad o abuso aparece claramente en el artículo 11, apartados 2 y 3, según los cuales nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

En fin, el conflicto de las relaciones entre el derecho de prensa y los demás derechos protegidos por garantías constitucionales, como a la intimidad, al honor, la imagen, el prestigio, siempre ha estado latente. Pues si bien  no puede dejar de reconocerse que ningún sistema democrático podría funcionar sin el derecho de prensa, tales derechos de la personalidad son parte esencial de la dignidad humana y del señorío del hombre sobre sí. En definitiva, son derechos fundamentales con contenido propio, que no se reducen a constituir límites al derecho de prensa ni a la más amplia libertad de expresión, sino que son parte integrantes de la aspiración a la plena realización humana.

La jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los derechos y garantías constitucionales y, en particular, sobre la  censura y libre circulación de la prensa, no pudo dejar de reflejar cierta discontinuidad, apareciendo desprovista, inicialmente, de reglas relativamente uniformes. Como recuerda Badeni, la postura pendular osciló, según los casos, desde una alabanza patológica a la libertad de prensa, hasta la adopción de criterios que se aproximaban peligrosamente a la responsabilidad objetiva.

Así, por ejemplo, existen precedentes como el caso ‘Manuel Bustos Núñez’ (Fallos, 240:223), director del diario ‘Rebeldía’ que fue procesado porque habría incurrido en infracción al decreto 4161/56. La Corte, el 28 de marzo de 1965, sobre la base que ningún derecho constitucional es absoluto, que todos están subordinados a las leyes que reglamentan su ejercicio y que la legitimidad o ilegitimidad de una restricción depende de las circunstancias del caso, admitió la validez del decreto en cuestión. Dijo que en condiciones especiales y extraordinarias, como las derivadas de una revolución, podían admitirse restricciones a los derechos individuales, entre ellos particularmente a los derechos de expresión y de asociación. La Corte hizo prevalecer este mismo criterio en el proceso seguido contra Manuel Ortiz por arrojar volantes desde el interior de un colectivo. Rafael Bielsa consideró estos dos fallos como inadmisibles, incompatibles con el régimen constitucional argentino y reprobables desde el punto de vista de la dignidad ciudadana (Fayt, C. ‘La omnipotencia de la prensa’, pág. 120).

Otro caso lo tenemos con la causa ‘Semanario Azul y Blanco’ (Fallos, 250:832), del 29 de septiembre de 1961, donde la Corte confirmó  el fallo que sostuvo la clausura del semanario sobre la base de que la declaración de estado de sitio era un acto político insusceptible de revisión judicial y que entre los derechos a los cuales cabe considerar suspensos en virtud de aquella declaración no está en principio excluido el de la libertad de prensa. La mera circunstancia que la clausura de un periódico haya sido dispuesta sin fijación de términos, no comportaba en sí misma, violación alguna ya que ello no respondía a un criterio punitivo sino a la razonable adecuación del decreto pertinente a la ley 14.785 que tampoco establecía fecha cierta del términos de su vigencia.

En el caso ‘Pérez, E. y otro’, del 30 de diciembre de 1963, respecto del director responsable de un diario y de la reproducción de dichos de terceros, en cambio, la Corte sostuvo, en los que interesa destacar, que: ‘…tiene base constitucional el principio conforme al cual la persona que publica y dirige un diario, no puede ni debe ser sancionada penalmente por la sola circunstancia de que siéndole posible optar entre difundir o no una publicación que reviste interés público, elige lo primero por entender que sirve mejor e imparcialmente la función que corresponde a la prensa libre, como vehículo de información y de opinión de la comunidad…’. Porque si la mera inserción en un diario o periódico de una carta abierta, de un artículo o de una noticia tales, sin tomar partido y sin agregarle la fuerza de convicción que pudiera emanar de la propia opinión y responsabilidad, sometiera al editor al riesgo de una condena penal, la norma o la interpretación de la norma que la fundamentara, conspiraría contra la libertad de prensa con parecido alcance que si mediara restricción anticipada de la publicación, con la consiguiente frustración del sustancial principio de la libertad de prensa que consagran expresamente los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y al que también se refieren los artículos 1, 6, y 33 de la misma Constitución. Pues si bien es cierto que la protección constitucional no debe cubrir la conducta delictuosa de los daños, ella sí debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones esenciales. En su razón, en la situación juzgada, consideró que la mera publicación de la carta declarada injuriosa con respecto a su autor, con el nombre de éste y bajo su responsabilidad, no bastaba por sí sola para justificar la condena del editor responsable de la publicación donde fue insertada. Habida cuenta que de lo que se trata no es del carácter ofensivo de aquella y de la asimilación en punto a responsabilidad penal del autor de la injuria con quien la publica, sino de la excedencia de los límites máximos que se puedan imponer al editor respecto de las ‘solicitadas’, cuya inserción su autor requiere, y de las consecuencias penales o civiles en caso de extralimitación. En la especie, se había impuesto condena al editor por la sola inserción de la carta acriminada, sin fundamento en la eventual responsabilidad penal por actos propios o por la existencia de participación criminal, que la Corte revoca.

Frente a tales vaivenes, en la sentencia dictada en la causa ‘Campillay, Julio Cesar c/ La Razón’, la Corte va a tratar de clarificar la cuestión elaborando templadas reglas con las cuales juzgar casos futuros, con algún grado de uniformidad.

El hecho juzgado consistió en que varios medios de prensa publicaron un comunicado emitido por la Policía Federal, pero sin citar la fuente. La decisión de la Corte fue considerar que el comportamiento de los medios de prensa había sido imprudente pese a que se había limitado a transcribir el comunicado policial, si bien -como se ha dicho- sin citarlo expresamente. En tal circunstancia se hizo especial hincapié en el considerando siete, cuando reprocha que las noticias divulgadas aparecían plagadas de subjetividades e inexactitudes respecto del actor, quien era calificado como integrante de una asociación delictiva dedicada al robo y al tráfico de estupefacientes, que gastaba su botín en casinos, hipódromos y en diversiones con mujeres. Y tal proceder de los diarios demandados había implicado un ejercicio imprudente de su derecho de informar, toda vez que un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas -admitida aun la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito (considerando 7).

Así lo hizo, en el entendimiento de que tales exigencias constituían  requisitos propios de un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias, que puedan rozar la reputación de las personas (conf. causa ‘Pierini’, Fallos: 326:4285). Actualmente más acentuadas, cuando el artículo 42 de la Constitución Nacional -desde la reforma de 1994- consagró, además, a favor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, el derecho a una información adecuada y veraz.

                   Con relación a la fuente, la Corte afirmó que ‘cuando se adopta esta modalidad se transparenta el origen de las informaciones y se permite a los lectores relacionarlas no con el medio a través del cual las han recibido, sino con la específica causa que las ha generado’ (conf. causas ‘Granada’ Fallos: 316:2394; ‘Acuña’ Fallos: 319:2965; ‘Burlando’ Fallos: 326:145 y ‘Perini’ Fallos: 326:4285). Esa modalidad, que comporta un estándar de protección a los medios de difusión (Fallos: 326:145), permite que los afectados por la información resulten beneficiados, en la medida en que sus eventuales reclamos –si a ellos se creyeran con derecho– podrán ser dirigidos contra aquéllos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra los que sólo fueron sus canales de difusión” (conf. causas ‘Granada’ Fallos: 316:2394, ‘Triacca’ Fallos: 316:2416; ‘Ramos’ Fallos: 319:3428; y ‘González, Adriana’ Fallos: 327:3560). La información debe atribuirse a una fuente identificable y debe tratarse de una transcripción sustancialmente fiel o idéntica de lo manifestado por ella (conf. causa ‘Triacca’ Fallos: 316:2416; ‘Espinosa’ Fallos: 317:1448, ‘Acuña’ Fallos: 319:2965 y ‘Menem’ Fallos: 321:2848).

En punto a la utilización del modo potencial, su verdadera finalidad -señaló ese Tribunal-  radica en otorgar la protección a quien se ha referido sólo a lo que puede ser, o no, descartando toda aseveración, o sea la acción de afirmar y dar por cierta alguna cosa, de manera que esa pauta no consiste solamente en la utilización de un determinado modo verbal -como el potencial- sino en el examen del sentido completo del discurso, que debe ser conjetural y no asertivo (Fallos: 326:145 y 4285).

Finalmente, en lo que atañe a la identidad, la Corte indicó que cuando ella es omitida, se halla ausente la afectación a la reputación (Fallos: 316:2394).

De contundente modo, el sometimiento a uno solo de esos recaudos o reglas eximía de responsabilidad al medio de prensa.

Asimismo, como enseña Badeni, si bien originariamente la doctrina se aplicó a los casos en que se difundían hechos cuya inexactitud era luego acreditada, posteriormente se extendió a las opiniones agraviantes vertidas sobre una persona aunque los hechos que les servían de base fueran veraces. Además su vigencia fue admitida tanto para las causas civiles como para las penales (C.S., M. 1126. XLI., Recurso de hecho, ‘Melo, Leopoldo Felipe y otros c/ Majul, Luis Miguel s/ daños y perjuicios, sent. del 13-12-2011).

No obstante, en el caso ‘Menem, E. c/ Sanz, Tomás M. y otros’, del 20 de octubre de 1998, la mayoría de la Corte, interpretó el contenido clásico de la doctrina ‘Campillay’, precisando más la aplicación de uno de sus componentes.

En efecto, en lo que atañe al voto que hizo mayoría -y a lo que interesa destacar ahora-, luego de repasar minuciosamente la doctrina ‘Campillay’ y sus glosas posteriores (‘Granada’, ‘Triacca’, ‘Pedro Espinosa’), indicó que nada de lo dicho en aquel precedente, podía ser objeto de generalizaciones o simplificaciones interpretativas. Por ejemplo, cuando la reproducción de lo dicho por otro va acompañada de apostillas colocadas por el propio medio que repite la noticia, queda ese supuesto fuera de la protección de aquella doctrina.

                   Para mejor decir, si en alguna circunstancia la reproducción de lo dicho por otro va acompañada de acotaciones generadas por el propio medio que repite los hechos, es de toda evidencia que el informador que formula esos comentarios o agregados -que no son reproducción- se hace responsable del contenido. Del mismo modo, tocante a la protección del llamado ‘reportaje neutro’  -en el cual el medio sólo duplica lo dicho por otro con sustancial fidelidad- no permite que sea utilizado de modo de servir de cobertura para resguardar las sugerencias que el medio adiciona.

En ambas situaciones, queda el supuesto marginado de la doctrina esbozada a partir del caso ‘Campillay’.

Justamente, tales contingencias son las que marcaron este caso, en punto a la responsabilidad de los diarios demandados, según queda patentizado en el punto cuatro del diserto voto del juez Sosa, al cual se remite al lector para no repetir.

No se escapa que en diversos precedentes, la Corte ha establecido una doctrina constitucional en busca de articular la libertad de prensa y expresión, con los derechos de las personas a la preservación de su reputación. En tal sentido ha comenzado por advertir que no hay afectación alguna de la honra o reputación de las personas cuando se está frente a la publicación de meras opiniones o juicios de valor que no tienen un contenido informativo sobre otros hechos o circunstancias, más allá del conocimiento que brindan sobre las ideas propias del autor.

Por otro lado, ante publicaciones que sí hacen afirmaciones de hechos que tienen entidad para menoscabar la reputación de quien ha entablado la demanda, entonces propugnó hacer una distinción  según que se tratara esta última o bien de un funcionario o figura pública, o bien de un ciudadano privado. A partir de tal categorización, el Tribunal ha entendido que, tratándose el afectado de una persona incluida en la primera categoría, sólo se podía asegurar un ejercicio fluido y vigoroso de la libertad de palabra, si se limitaban los factores de imputación —y la consiguiente responsabilidad civil de quienes hicieron la publicación como autores o medios— a aquellos que llegaran a ser alcanzados por el concepto de “real malicia” (dolo o grave e inexcusable negligencia), con exclusión de otros, tales como la responsabilidad objetiva, presunciones de culpa o incluso faltas leves del deber de cuidado. En cambio, cuando el sujeto afectado era un ciudadano privado, entonces la responsabilidad debía establecerse de acuerdo con las reglas generales establecidas en el Código Civil.

Justamente, tratándose de este último supuesto, la postura del tribunal ha sido contraria a someter al estándar de la ‘real malicia’, el reclamo de un ciudadano común que no es  ni funcionario público ni figura pública, cuando se hallara implicado en asuntos de interés público. Tal como surge en forma clara y explícita de lo resuelto en la causa ‘E .. R. G. c/ Editorial La Capital S.A. s/ indemnización, daños y perjuicios’ (sent. del 27-11-2012; Fallos: 326:2491), la Corte sostuvo que cuando se trata de un ciudadano común, basta con la acreditación de la simple culpa, aun cuando se considere que el tema sobre el que versaba la nota era de interés público o general (considerando 6°).

Para cerrar, cabe advertir que también ha predicado, que si bien, incluso, la condición de funcionario público o  figura pública que se atribuya al actor y al carácter público que se asigne a la materia, acordaría refugio a manifestaciones excesivamente duras o irritantes, criterio que responde al prioritario valor constitucional que busca resguardar el más amplio debate sobre cuestiones que involucraran a tales personalidades  o cuestiones en tanto garantía esencial del sistema republicano- (‘Campillay’, Fallos: 308:789),   de ello no cabe derivar un derecho a la mortificación gratuita e injustificada, tal como lo dejó dicho la Corte en ‘Amarilla’ y en ‘Patitó’ (Fallos: 321:2558, voto de los jueces Petracchi y Bossert; Fallos: 331:1530).

Es que, desde tal perspectiva, no podría exigirse ni a los funcionarios públicos ni a figuras públicas, que soporten estoicamente cualquier afrenta a su honor sin que se les repare el daño injustamente sufrido. Ello así, pues, como quedó dicho en el caso ‘Canicoba Corral’ (fallo del 14-8-2013) el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico no constituye una muestra de debilidad, ni denuncia una falta de espíritu republicano. Admitir lo contrario, importaría tanto como consagrar la existencia de una categoría de ciudadanos que -por su cargo, función pública o calidad del asunto en cuestión- quedarían huérfanos de tutela constitucional y expuestos al agravio impune (causa M.151.XLIV ‘Maiztegui, Martín José c/ Acebedo, Horacio Néstor H; disidencia del juez Fayt, sentencia del 5 de octubre de 2010)’.

Con estos complementos y aclaraciones, adhiero al voto emitido en segundo término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, estimar el recurso de apelación de f. 431 y desestimar los de fs. 433, 436 y 443.2, y, consecuentemente, corresponde condenar concurrentemente a Camuzzi Gas Pampeana S.A., Diego Heuguerot,   INDUGRAF S.R.L. y EDITORIAL TRENQUE LAUQUEN S.A. a pagar a Roberto Gabriel Minghinelli  $ 106.400 en 10 días, con más los intereses incorporados en la sentencia de primera instancia -no apelada en este aspecto- y costas de ambas instancias a los accionados vencidos  (arts. 34.4, 163.6 párrafo 1°, 266 y 68 cód. proc.) con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

Estimar el recurso de apelación de f. 431 y desestimar los de fs. 433, 436 y 443.2, y, consecuentemente, corresponde condenar concurrentemente a Camuzzi Gas Pampeana S.A., Diego Heuguerot,   INDUGRAF S.R.L. y EDITORIAL TRENQUE LAUQUEN S.A. a pagar a Roberto Gabriel Minghinelli  $ 106.400 en 10 días, con más los intereses incorporados en la sentencia de primera instancia -no apelada en este aspecto- y costas de ambas instancias a los accionados vencidos, con diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

Si