Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
_____________________________________________________________
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
_____________________________________________________________
Autos: “LA MARIANA S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION”
Expte.: -90525-
_____________________________________________________________

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 2/12/2024 contra la resolución del 25/11/2024.
CONSIDERANDO.
Con fecha 17/2/2021 se instó a las partes a producir la prueba pendiente dentro del término de 20 días a fin de procurar la conclusión del proceso, conforme el artículo 274 proemio de la LCQ.
Posteriormente, quien resultaba ser abogado patrocinante de Agroguami S.A. (concursada), considerando que el incidente no tiene movimiento desde aquella oportunidad, solicitó se intimase a las partes a que en el plazo de ley produzcan actividad útil, bajo apercibimiento de declarar su caducidad. Aclaró que la petición la hacía por su propio derecho, con el objetivo de dar por finalizadas las actuaciones y arribar a la regulación de sus honorarios profesionales (v. escrito del 29/7/2024).
En respuesta a su petición, el 30/7/2024 se proveyó que su situación se encontraba regulada por lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 14.967, y sin perjuicio de ello, se proveyó de oficio la intimación a la parte actora para activar el curso del proceso dentro de quinto día, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia.
Consecuentemente, el 5/8/2024 la parte actora realizó una presentación en la que solicitó, atento la petición formulada por el abogado Noblia, -así dijo- que continúen los autos según su estado; y produjo actividad que entendió útil para el proceso.
Esa circunstancia se tuvo presente en primera instancia para proseguir el trámite del proceso; no obstante, se dijo que en caso de inactividad por un plazo mayor a tres meses, podría de oficio disponerse la caducidad de instancia, conforme los artículos 277 de la LCQ y el artículo 315 último párrafo del código procesal (v. prov. del 7/8/2024).
Así las cosas, sin haberse vuelto a producir actividad alguna, el abogado Noblia solicitó se decrete la caducidad de instancia (v. escrito del 19/11/2024).
Y el 25/11/2024 se dijo que, en consonancia con lo peticionado, se encontraba la causa en condiciones de ser resuelta de oficio la caducidad de instancia conforme el proveído del 7/8/2024; y como -conforme surge de la resolución- se le había advertido a la actora que en caso de inactividad por un plazo mayor a tres meses podría disponerse de oficio la caducidad de instancia, y desde allí nuevamente se verificó inactividad por más de tres meses, declaró operada la caducidad de instancia.
Dicha resolución fue apelada por el incidentista que se agravió en tanto el juzgado no habría decidido de oficio sino a petición del letrado Noblia, y agrega que no es que el juez no tenga facultades para hacerlo de oficio pero -a su entender- no lo hizo y actuó por pedido del abogado, concluyendo que sin aquella petición el resultado no hubiera sido la caducidad (v. memorial del 20/12/2024).
Además, agregó que el abogado no es parte y por lo tanto la resolución sería nula, debiéndose sopesar de modo estricto, excepcional y anormal la terminación del proceso del modo que lo propone el tercero-profesional (v. mismo escrito).
Ahora bien.
El apelante argumenta que sin la petición del abogado Noblia del 19/11/2024, no se hubiera decretado la caducidad de instancia.
Pero ello es equivocado; en realidad el artículo 315 del código procesal le da la posibilidad al juez de hacerlo a petición de parte o de oficio luego de transcurrido el plazo de tres meses desde que la parte intimada activare el proceso previa intimación, sin producir posteriormente nueva actividad útil, por lo que puede inferirse que -de todos modos- el juzgado podría haber decretado de caducidad, aún sin petición del abogado (arg. art. 315 cód. proc.).
Máxime que se proveyó en consonancia con lo peticionado, pero haciéndose alusión a la reunión de las condiciones para resolver de oficio la caducidad, y en referencia a la resolución emitida el 7/8/2024 donde se había dicho que proseguían los autos, sin perjuicio de que en caso de inactividad por un plazo mayor a tres meses, podría de oficio disponerse la caducidad de instancia (v. resoluciones del 7/8/2024 y 25/11/2024).
Y justamente, cuando la parte intimada activa el proceso ante una solicitud de caducidad y posteriormente transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, solo queda al juzgador analizar si desde la última actuación que tuvo por fin impulsar el proceso transcurrió el plazo contemplado en la norma, tal como aquí se hizo (cfrme. Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos…”, Ed. Abeledo Perrot, año 2016, t. V, p. 150).
Por lo demás, no puede ahora la incidentista ampararse en que el abogado Noblia no es parte en el proceso y pretender la nulidad de la resolución dictada, puesto que cuando lo reactivó -luego de haber sido intimado-, solicitó que continúen los autos según su estado, “atento la petición formulada por el Dr. Noblia”, sin haber hecho ninguna mención al respecto, ni tampoco atacó la providencia en la que se cursó la intimación quedando aquella petición consentida (arg. art. 170 cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación del 2/12/2024 contra la resolución del 25/11/2024; con costas al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 69 cód. proc., y 31 y 51 ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 08/04/2025 09:35:33 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2025 12:08:38 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2025 12:17:15 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰94èmH#lVÁTŠ
252000774003765496
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 08/04/2025 12:17:34 hs. bajo el número RR-261-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

Autos: “PIÑEL, JUAN FRANCISCO Y OTRA S/ SUCESION AB INTESTATO”
Expte.: -95407-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto, para dictar sentencia en los autos “PIÑEL, JUAN FRANCISCO Y OTRA S/ SUCESION AB INTESTATO” (expte. nro. -95407-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 4/4/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente el recurso de apelación del 1/12/24 contra la resolución regulatoria del 25/11/24?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Como primer parámetro este Tribunal como órgano revisor, no puede desconocer que es doctrina legal que la estimación de la base regulatoria debe ser notificada personalmente o por cédula en el domicilio real del obligado, como norman tanto los arts. 54 y 57 del dec. ley 8904 o ley 14967 (SCBA, Ac.65249, 29/12/98, “Adaro de Manente, Graciela c/ Manente, Germán Tomás s/ Separación de bienes”. esta cám. 11/11/21 91959 “Brarda Criado, Brenda Romina c/ Afonso, Jorge Nicolás s/ Alimentos” RR-241-2021, entre otros).
Además en caso de establecerse los honorarios de los profesionales intervinientes en un proceso, sin haberse sustanciado con todos los interesados la base regulatoria tenida en cuenta, corresponde dejar sin efecto la resolución que fija los estipendios (v. 1/4/04, “HUALA, EDUARDO GUILLERMO c/ TOMAS HNOS Y CIA. s/ Incidente de Levantamiento de Embargo sin Tercería” L. 33, Reg. 76; 30/12/14 “ECHEGARAY GENARO S/ SUCESION AB-INTESTATO” Libro: 45- / Registro: 421, entre otros).
También tiene dicho la Suprema Corte de Justicia provincial que “En el ámbito del juicio sucesorio, la clasificación de trabajos resulta indispensable cuando en las etapas del proceso han actuado diferentes profesionales, con el objeto de establecer cuáles son comunes y a cargo de la masa sucesoria y cuáles son particulares y a cargo de los directa e individualmente beneficiados (arts. 3474, Código Civil; 35 penútimo párrafo, dec. ley 8904/77) …” (22/2/2007, Ac. 92237, “Zubiri de Grosso, Alicia s/ Testamentaria”, texto completo en sistema JUBA on line).
Y en ese lineamiento, es de poner de resalto que las clasificaciones de trabajos en las sucesiones en que interviene más de un letrado deben ser notificadas a todos los interesados en sus domicilios reales, a fin de que tomen conocimiento personal dado que, con ello se decide si los honorarios, en todo o en parte, estarán a cargo de la masa o del respectivo interesado, según fueran considerados comunes o particulares, circunstancia que no surge de autos, en tanto no obran las diligencias que acrediten que las obligadas al pago hayan tomado conocimiento de la clasificación de tareas (art. 34.5.b del cód. proc.; 13, 16 y 35 de la ley 14967; esta cám. 17/5/2005, “Holgado. A. s/ Sucesión”, L.36 R.124, entre muchos otros).
Además, es oportuno mencionar que, el carácter común o particular depende de la naturaleza intrínseca de la labor, de su finalidad práctica, del grado de eficiencia respecto del progreso, del impulso y a quién o quiénes aprovechan esas tareas. La clasificación para diferenciar trabajos comunes de aquellos practicados en interés de los herederos resultará de una apreciación de cada caso particular (art. 35 ya citado; Quadri, G. H “Honorarios Profesionales” 2018 Ed. Erreius págs. 216/217).
De manera que, la clasificación de trabajos y base regulatoria debe ser sustanciada por los beneficiarios de los honorarios y los obligados al pago, para luego de quedar firmes se proceda a la retribución profesional (arts. 34.4. del cód. proc., 35 de la ley 14967).
Ahora bien, en lo que hace a la forma de determinar la pesificación de la base regulatoria aprobada en u$s 126.000 viene al caso lo ya dicho en la causa 91630 (11/6/2020 “Corbatta s/ Sucesión” L. 51 Reg, 191), respecto a que hay que tomar su equivalente en moneda de curso legal según el tipo de conversión pactado por las partes (arg. 27.g de la ley 14967).
Según la ley 14967, pues, deben ser pesificados, pero conforme la cotización escogida de común acuerdo por las partes, no de oficio tal como surge de la resolución apelada, donde se dispone que se tome la cotización del Dólar Oficial Estadounidense del Banco de la Nación Argentina con la adición de los impuestos -30% de Impuesto País y 35% de adelanto de Ganancias- (v. resolución apelada).
Bajo ese lineamiento, primero corresponde dar a las partes la chance de acordar ese valor y en caso de disidencia de cómo pesificar, recién ahí resolver el juzgado, con arreglo a los términos en que haya quedado planteada la cuestión (arts. 18 Const. Nac.; 15, Const. Prov. Bs. As. y 34.5.b., cód. proc.).
Entonces, si el juzgado se expidió de oficio (art. 27.g ley 14967), es decir sin propuestas y sustanciación previa del asunto acerca de cómo pesificar (art. 27.g de la ley 14967), la misma resulta prematura (“Holgado, A. c/ Bonet, J. s/ Sucesión”, del 17/5/05, L. 36 Reg. 124, “Arripe, P. s/ sucesión” del 1/6/93, L. 22 Reg.71; e.o.).
En suma, en el caso no se ha llevado a cabo la sustanciación tanto de la base económica como de la clasificación de trabajos con todos los obligados al pago, en tanto del trámite del proceso se observa que la sustanciación medio solo entre los profesionales, de modo que la regulación hoy bajo revisión resulta prematura y debe ser dejada sin efecto (arts. 34.4., 34.5.b. y concs. del cód. proc.; 35 de la ley 14967).
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde dejar sin efecto, por prematura, la resolución regulatoria del 25/11/24.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Dejar sin efecto, por prematura, la resolución regulatoria del 25/11/24.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/04/2025 09:52:18 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 11:37:34 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 12:19:31 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8rèmH#lVY>Š
248200774003765457
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/04/2025 12:19:42 hs. bajo el número RR-259-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
_____________________________________________________________
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Tejedor
_____________________________________________________________
Autos: “C., D. R. I. C/ A., A. A. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”
Expte.: -95221-
_____________________________________________________________

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 19/11/2024 contra la resolución del 1/10/2024.
CONSIDERANDO:
1. Según arroja la compulsa electrónica de la causa, el 1/10/2024 la judicatura resolvió: “I) Imponer a A., A. A. a pagar una cuota alimentaria mensual en favor de su hija B. y sus hijos V. y F. en la suma equivalente al 79.23% del Salario Mínimo Vial y Móvil Vigente vencimiento de cada periodo mensual (hoy representativo de $215.165,87) que se retendrá directamente de los haberes que el demandado percibe de la Municipalidad de Carlos Tejedor y se procederá a depositar en la cuenta de autos, dejando ordenado el libramiento de dicho oficio en esta instancia. Dicha suma es adeudada desde el día 07/11/2023, conforme fue expuesto en los considerandos de éste decisorio. Habida cuenta de ello, ínstase a la parte actora a practicar liquidación al respecto a fin de determinar la cuota suplementaria a abonar hasta cubrir las sumas adeudadas por alimentos atrasados…” (remisión a fallo apelado).
2. Ello motivó la apelación del demandado, quien -en muy somera síntesis- aduce que resulta arbitraria, desde su cosmovisión del asunto, la fijación de la cuota en el 79.23% del parámetro empleado; desde que, según sostiene se resolvió de modo incongruente con las pruebas rendidas y sin fundamentación; lo que colisiona con los estándares del correcto raciocinio.
Así, refiere que lo establecido le resulta de imposible cumplimiento y trasluce -conforme postula- un total desprecio por su persona. Por cuanto, si bien se deben salvaguardar los derechos fundamentales de sus hijos, se debe -asimismo- proteger su derecho a sostener su propia vida.
En ese trance, enfatiza que la instancia de origen no ha reparado en que solamente obra en la causa una contestación de oficio por parte del ente comunal y los testimonios recabados; siendo que la parte actora desistió de la prueba que había ofrecido. Por lo que, según apunta, ésta no ha probado cuáles son las necesidades de sus hijos.
Para más, continúa, el porcentaje fijado representa -en concordancia con su, por entonces, último recibo de sueldo- el 49.25% de los haberes netos; sin tener en cuenta los egresos que él tiene relativos a gastos indispensables para su vida.
Desde otro ángulo, relata que solo su hijo V. pasa más tiempo con la actora. Entretanto, su hijo F. está viviendo actualmente con su abuela materna en Pehuajó y B. se encuentra residiendo en casa de su abuelo paterno; esto último, en función de un episodio de violencia -según dice- ejercido por la actora hacia su hija adolescente.
Por manera que, bajo su óptica, la actora reclama -y se le ha otorgado- una cuota alimentaria que no encuentra correlato con la realidad de los hechos; impidiéndole a él procurarles una vida digna a sus hijos, cuando estén bajo su cuidado.
Refiere también que le resulta imposible aumentar sus ingresos, dado que se desempeña como chofer de ambulancia y que aquéllos varían en consonancia con la cantidad de viajes que realice. Al tiempo que, en cuanto atañe a las tareas de corte de césped a las que aludieron los testigos, manifiesta que sólo lo hizo algunas veces, pues su trabajo de ambulanciero no le deja disponibilidad horaria.
Luego, relativo al posicionamiento jurisdiccional de considerar que él posee un mayor caudal económico que la actora, puntualiza que ello no se condice con la realidad. Pues aquélla está en pareja y comparte los gastos habitacionales, alimentarios, impositivos, etc.; de modo que él no debiera -según propone- abonar la totalidad de los gastos sindicados en demanda, siendo que la pareja de la actora reside allí también junto a hijos propios.
En ese sendero, esboza una liquidación de sus gastos personales a los efectos de evidenciar la imposibilidad de acatar el fallo en crisis. Arguye, además, que -por su cuenta- él afronta gastos de sus hijos (v.gr. fútbol de su hijo V., tratamiento de ortodoncia de B., entre otros) y acompaña comprobantes, si bien refiere que no posee constancias de otras erogaciones.
Como corolario, pone de resalto que la actora no ha acreditado que las necesidades de los hijos en común sean las que ella manifiesta, desde que la liquidación practicada en el escrito postulatorio no rinde a tales efectos. A más de que, a diferencia de lo considerado por la judicatura, él no ha tenido una postura renuente durante el proceso, sino que no vio la notificación que se le dejara oportunamente en su domicilio y que, debido a ello, no compareció en los actuados.
En función de lo anterior, pide se revoque la sentencia de grado en orden a la única probanza de la causa que exterioriza su realidad económica -en el caso, el recibo de haberes remitido por el gobierno municipal- y se fije la cuota en el 30% de esos haberes netos con más asignaciones familiares (v. memorial del 3/12/2024).
3. Sustanciado el embate recursivo con la actora, ésta brega por el rechazo del recurso en el entendimiento de que el accionado tuvo la chance de presentar -en tiempo procesal oportuno- todos los elementos probatorios que creyera pertinentes para robustecer su tesitura; pero no lo hizo, al margen de los argumentos que ahora trae en cuanto al alegado desconocimiento de la notificación cursada.
Al respecto, hace notar que el domicilio inserto en aquella notificación, es el mismo proporcionado por el propio apelante a los efectos de la tramitación del presente.
Por lo demás, sobrevuela el temperamento desaprensivo del apelante para con los hijos en común desde el quiebre vincular y focaliza en que es ella quien se encarga del sostenimiento de los gastos de todos ellos; entendiendo prudente que se proceda a la confirmación del decisorio de grado, en salvaguarda de sus derechos (v. contestación de traslado del 10/12/2024).
4. A su turno, el asesor interviniente se pronunció en favor del sostenimiento del decisorio foral. Ello, por cuanto -según dictaminó- las apreciaciones vertidas por el recurrente no rinden a los fines pretendidos (v. dictamen del 16/12/2024).
5. Pues bien. La ley no prefija ni la admisibilidad ni la fuerza probatoria de cada uno de los medios de prueba, labor que queda decididamente librada al criterio y convicción de cada magistrado; y, en ese camino, el juez es soberano para valorar o apreciar esas pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, para saber cuál es la fuerza de convicción que contienen y si gracias a ella puede formar su propia convicción sobre los hechos que interesan al proceso (v. JUBA búsqueda en línea con las voces “juez” y “valoración de la prueba”; sumario B5080521, sent. del 25/6/2020 en CC0103 MP 169280 RSD-81 S).
Es que no se trata de una no consideración -o consideración selectiva- de la prueba acompañada y ofrecida, como alienta el recurrente, sino de la eficacia efectivamente asignada por el magistrado de la causa a los elementos arrimados por las partes en razón de la aptitud demostrada para probar los extremos capitales para resolución de la litis (arg. art. 384 cód. proc.).
Desde ese enfoque, el argumento de la pretensa orfandad probatoria del que el accionado pretende echar mano para persuadir sobre la arbitrariedad de la cuota fijada, no encuentra aquí asidero (args. arts. 34.4 y 384 cód. proc.).
Máxime, cuando -a más de no negar la obligación alimentaria- no ha desconocido el recibo de haberes en cuestión ni los extremos sobre los que se pronunciaron los deponentes; por fuera de la alegada imposibilidad de continuar con su trabajo secundario de corte de césped so pretexto de la libre disponibilidad que demanda su empleo principal, lo que -en rigor de verdad- no fue acreditado. Pues, en todo caso, era de su propio interés acreditar cuáles son sus actividades concretas y sus exactos ingresos y no limitarse a referir -recién en estas instancias, pasado el momento procesal oportuno- que sus gastos personales, a contraluz de los haberes percibidos, tornan imposible de afrontar la obligación fijada (arts. 710 CCyC; 34.4, 375 y 384 cód. proc.).
En otro orden, el artículo 18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23.849, dispone que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Y, en consonancia, el artículo 7, segunda parte, de la ley 26062, indica -en lo que interesa destacar- que ambos progenitores tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos; concepciones que también se registran en los artículos 641.b, 646.a, 658, primer párrafo y concs. del CCyC (v. esta cámara, sent. del 5/7/2023 en autos “E., D. M. c/ S., A. O. s/ Alimentos” -expte. 93906-, registrada bajo el nro. RR-483-2023).
Lo que no quita que, en la fijación de la cuota alimentaria a cargo del progenitor, en el caso de la progenitora que ha asumido las tareas de cuidado del niño, niña o adolescente, se compute como su aporte a la manutención, aquellas labores a las que la ley les reconoce un valor económico (arg. art. 660 del CCyC).
Ello así, porque se ha entendido que la sola diferencia de estatus económico entre los progenitores o el estado civil de estos en punto a la injerencia que ello pudiera tener en el mentado estatus económico -como el apelante apunta respecto de la actora- no exonera a ninguno de cooperar en la medida de sus posibilidades al sostenimiento y atención pecuniaria de las necesidades de sus hijos (v. Kemelmajer de Carlucci, A. en ‘Alimentos’ – T. I, p. 105; Ed. Rubinzal Culzoni, 2014).
Por lo demás, si lo que se resuelve en la resolución apelada -a casi un año de promovido el proceso- es fijar la cuota alimentaria en el 79.23% del SMVyM, tal decisión no puede caracterizarse como incongruente a resultas de supuestas variaciones en el escenario convivencial respecto de la actora y sus hijos y los gastos particulares excesivos que arguye el alimentante. Lo anterior, desde que el hilo argumentativo traído termina por exteriorizar la misma mecánica empleada en derredor de aseveraciones vertidas sin elementos que las refrenden. Por caso, el presunto desconocimiento acerca de la citación que se le notificara en su domicilio que habría impedido que se presente en forma tempestiva para ofrecer las probanzas que ahora -sin éxito- quiere hacer valer; o la mención del expediente 10057 por aquél citado, que -en puridad- revela un panorama vincular distinto al que ahora aquí presenta (arg. 34.4 cód. proc.).
Así, se verifica que la problemática por entonces vigente, llevó a la actora a radicar una denuncia cuya entidad determinó la adopción de medidas protectorias en contra del quejoso; quien, en ocasión de repeler la tutela cautelar dispuesta, verbalizó una situación -por principio- disvaliosa para su hija B., de la que se hizo eco este tribunal mediante resolución del 14/8/2024. Empero, de ello no emerge peso específico suficiente para tener ahora por acreditados los dichos en torno al cambio del centro de vida de B., que el apelante dice haber operado, pues no obran elementos en tal sentido [v. contrapunto entre lo manifestado sobre el particular en el memorial en despacho, la denuncia agregada el 14/6/2024 en la causa de mención y la resolución de cámara del 14/8/2024 registrada bajo el nro. RR-553-2024 en autos “C.D., R. I. c/ A., A. s/ Protección contra la Violencia Familiar (Ley 12.569 y sus modificatorias)” -expte. 94825-].
Siendo del caso notar que tampoco ha ofrecido ningún tipo de aporte probatorio en punto al centro de vida actual del niño F., quien -según dijo- tampoco estaría residiendo junto a su madre; como causal para la revocación pretendida sobre la cuota fijada (arg. art. 375 cód. proc.).
De consiguiente, en el ámbito de los agravios, ninguna de las consideraciones vertidas por el apelante impugnan en grado suficiente los fundamentos de la resolución recurrida que se valoran asaz bastantes para sostenerla. Pues aquéllos evidencian -cuanto más- una opinión divergente o paralela en cuanto a la tomada por la instancia inicial, pero sin aportar ningún sustento argumentativo y/o fáctico de peso que logre torcer el decisorio recurrido (args. arts. 272 y 384 cód. proc.).
Siendo así, el recurso se desestima.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación del 19/11/2024 contra la resolución del 1/10/2024; con costas a cargo del apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 68 cód. proc., 31 y 51 ley 14.967).
Notificación automatizada (art. 10 AC 4013 t.o por AC 4039 SCBA). Regístrese. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz de Carlos Tejedor junto con su vinculado.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/04/2025 09:51:46 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 11:36:51 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 12:18:23 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰78èmH#lR?[Š
232400774003765031
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 08/04/2025 09:53:40 hs. bajo el número RR-260-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

Autos: “PIÑEL, JUAN FRANCISCO Y OTRA S/ SUCESION AB INTESTATO”
Expte.: -95407-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto, para dictar sentencia en los autos “PIÑEL, JUAN FRANCISCO Y OTRA S/ SUCESION AB INTESTATO” (expte. nro. -95407-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 4/4/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente el recurso de apelación del 1/12/24 contra la resolución regulatoria del 25/11/24?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Como primer parámetro este Tribunal como órgano revisor, no puede desconocer que es doctrina legal que la estimación de la base regulatoria debe ser notificada personalmente o por cédula en el domicilio real del obligado, como norman tanto los arts. 54 y 57 del dec. ley 8904 o ley 14967 (SCBA, Ac.65249, 29/12/98, “Adaro de Manente, Graciela c/ Manente, Germán Tomás s/ Separación de bienes”. esta cám. 11/11/21 91959 “Brarda Criado, Brenda Romina c/ Afonso, Jorge Nicolás s/ Alimentos” RR-241-2021, entre otros).
Además en caso de establecerse los honorarios de los profesionales intervinientes en un proceso, sin haberse sustanciado con todos los interesados la base regulatoria tenida en cuenta, corresponde dejar sin efecto la resolución que fija los estipendios (v. 1/4/04, “HUALA, EDUARDO GUILLERMO c/ TOMAS HNOS Y CIA. s/ Incidente de Levantamiento de Embargo sin Tercería” L. 33, Reg. 76; 30/12/14 “ECHEGARAY GENARO S/ SUCESION AB-INTESTATO” Libro: 45- / Registro: 421, entre otros).
También tiene dicho la Suprema Corte de Justicia provincial que “En el ámbito del juicio sucesorio, la clasificación de trabajos resulta indispensable cuando en las etapas del proceso han actuado diferentes profesionales, con el objeto de establecer cuáles son comunes y a cargo de la masa sucesoria y cuáles son particulares y a cargo de los directa e individualmente beneficiados (arts. 3474, Código Civil; 35 penútimo párrafo, dec. ley 8904/77) …” (22/2/2007, Ac. 92237, “Zubiri de Grosso, Alicia s/ Testamentaria”, texto completo en sistema JUBA on line).
Y en ese lineamiento, es de poner de resalto que las clasificaciones de trabajos en las sucesiones en que interviene más de un letrado deben ser notificadas a todos los interesados en sus domicilios reales, a fin de que tomen conocimiento personal dado que, con ello se decide si los honorarios, en todo o en parte, estarán a cargo de la masa o del respectivo interesado, según fueran considerados comunes o particulares, circunstancia que no surge de autos, en tanto no obran las diligencias que acrediten que las obligadas al pago hayan tomado conocimiento de la clasificación de tareas (art. 34.5.b del cód. proc.; 13, 16 y 35 de la ley 14967; esta cám. 17/5/2005, “Holgado. A. s/ Sucesión”, L.36 R.124, entre muchos otros).
Además, es oportuno mencionar que, el carácter común o particular depende de la naturaleza intrínseca de la labor, de su finalidad práctica, del grado de eficiencia respecto del progreso, del impulso y a quién o quiénes aprovechan esas tareas. La clasificación para diferenciar trabajos comunes de aquellos practicados en interés de los herederos resultará de una apreciación de cada caso particular (art. 35 ya citado; Quadri, G. H “Honorarios Profesionales” 2018 Ed. Erreius págs. 216/217).
De manera que, la clasificación de trabajos y base regulatoria debe ser sustanciada por los beneficiarios de los honorarios y los obligados al pago, para luego de quedar firmes se proceda a la retribución profesional (arts. 34.4. del cód. proc., 35 de la ley 14967).
Ahora bien, en lo que hace a la forma de determinar la pesificación de la base regulatoria aprobada en u$s 126.000 viene al caso lo ya dicho en la causa 91630 (11/6/2020 “Corbatta s/ Sucesión” L. 51 Reg, 191), respecto a que hay que tomar su equivalente en moneda de curso legal según el tipo de conversión pactado por las partes (arg. 27.g de la ley 14967).
Según la ley 14967, pues, deben ser pesificados, pero conforme la cotización escogida de común acuerdo por las partes, no de oficio tal como surge de la resolución apelada, donde se dispone que se tome la cotización del Dólar Oficial Estadounidense del Banco de la Nación Argentina con la adición de los impuestos -30% de Impuesto País y 35% de adelanto de Ganancias- (v. resolución apelada).
Bajo ese lineamiento, primero corresponde dar a las partes la chance de acordar ese valor y en caso de disidencia de cómo pesificar, recién ahí resolver el juzgado, con arreglo a los términos en que haya quedado planteada la cuestión (arts. 18 Const. Nac.; 15, Const. Prov. Bs. As. y 34.5.b., cód. proc.).
Entonces, si el juzgado se expidió de oficio (art. 27.g ley 14967), es decir sin propuestas y sustanciación previa del asunto acerca de cómo pesificar (art. 27.g de la ley 14967), la misma resulta prematura (“Holgado, A. c/ Bonet, J. s/ Sucesión”, del 17/5/05, L. 36 Reg. 124, “Arripe, P. s/ sucesión” del 1/6/93, L. 22 Reg.71; e.o.).
En suma, en el caso no se ha llevado a cabo la sustanciación tanto de la base económica como de la clasificación de trabajos con todos los obligados al pago, en tanto del trámite del proceso se observa que la sustanciación medio solo entre los profesionales, de modo que la regulación hoy bajo revisión resulta prematura y debe ser dejada sin efecto (arts. 34.4., 34.5.b. y concs. del cód. proc.; 35 de la ley 14967).
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde dejar sin efecto, por prematura, la resolución regulatoria del 25/11/24.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Dejar sin efecto, por prematura, la resolución regulatoria del 25/11/24.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/04/2025 09:52:18 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 11:37:34 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 12:19:31 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8rèmH#lVY>Š
248200774003765457
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/04/2025 12:19:42 hs. bajo el número RR-259-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
_____________________________________________________________
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
_____________________________________________________________
Autos: “ENRIQUE MARIELA MABEL C/ CLINICA DEL OESTE S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)”
Expte.: -94868-
_____________________________________________________________

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el escrito del 18/3/2025, que implica una revocatoria conforme lo dispuesto en el artículo 238 del código procesal al informe del 18/3/2025.
CONSIDERANDO.
1. En virtud de lo expuesto en el punto 1.- de la presentación, es de hacerse notar que, sin perjuicio de que pueda llegar a coincidir el objeto de la remisión con una de las críticas de fondo que habría sido esgrimida en la expresión de agravios contra la sentencia definitiva dictada en primera instancia -tal como alega-, la remisión se efectúa porque se condenó a una entidad con la que nunca se integró la litis, sin que se le haya dado la chance de articular defensas (arg. art. 34.5.b cód. proc.).
Es que el análisis del proceso para poder emitir una resolución aquí debe ser en los términos de la relación procesal, sin que sea factible decidir acerca de cuestiones respecto de las cuales las partes no hayan podido ejercer su derecho de defensa (criterio cfrme. Juba: sumario B355321, CC0203 LP 111278 RSD-48-12 S 5/6/2012 Juez MENDIVIL (SD), Carátula: J. T., M. J. J. c/R., A. S. s/ División de Condominio, Magistrados Votantes: Mendivil-Sosa Aubone).
Por lo tanto, en este segmento, el planteo se desestima.
2- Por lo demás, respecto a lo expuesto en el punto 2.- donde se menciona que en virtud del acuerdo presentado con fecha 22/10/2020 -y homologado-; “TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.” habría sido excluida de este proceso; es de verse que la remisión se dispuso en virtud de que el juzgado no se había expedido sobre la situación de la Compañía respecto a la situación de rebeldía.
Y, sin perjuicio de esa causa, conforme lo que se expone ahora se advierte del convenio suscripto el 20/10/2020 que la parte actora y TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. acordaron que aquél se realizaba con el propósito de abonar parcialmente la indemnización reclamada, y una vez cumplido lo acordado desvincular a la aseguradora TPC del presente proceso desistiendo del proceso contra la misma, continuando la actora el proceso antes mencionado contra los restantes demandados CLINICA DEL OESTE S.A., GRACIELA MARIA VAZQUEZ y PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., hasta percibir el monto total de condena (v. acuerdo adjunto a la presentación del 22/10/2020).
Es decir, el desistimiento del proceso contra la aseguradora, se encontraba sujeto a una condición: abonar parcialmente la suma reclamada.
Con posterioridad, se advierte el cumplimiento de las cuotas a las que se había comprometido abonar (v. homologación del 26/10/2020 y presentaciones del 18/11/2020, 21/12/2020, 1/2/2021, 24/2/2021 y 19/3/2021); y el 4/7/2024 se requirió a la parte actora que proceda a estimar a cuánto ascendería, a valores actuales, el monto del acuerdo alcanzado en fecha 20/10/20, y cumplido, se resolvería lo que por derecho corresponda; sin que se advierta pronunciamiento al respecto.
Es decir, reviendo lo alegado por la parte solicitante, sin que haya pronunciamiento al respecto; lo decidido respecto a este punto también se mantiene. Máxime que con fecha 26/7/2024 la apoderada de la Aseguradora renunció al mandato, y la presentación fue proveída sin advertencia alguna, como si la misma formara parte del proceso (v. prov. del 27/7/2024).
Por lo anteriormente expuesto, manteniendo lo que se informó el 18/3/2025, la Cámara RESUELVE:
Rechazar lo pedido en el escrito del 18/3/2025, y remitir la causa al Juzgado Civil y Comercial 1, poniéndose en conocimiento las circunstancias expuestas, a los efectos que se estime corresponder (arg. art. 34.5.b cód. proc.).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/04/2025 09:51:22 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 11:35:32 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 12:17:05 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8hèmH#lQpjŠ
247200774003764980
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/04/2025 12:17:19 hs. bajo el número RR-258-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Autos: “NIEVAS, ROBERTO MARCELO Y OTRA C/ FUNES, PATRICIA MARICEL S/DESALOJO”
Expte.: -95130-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto, para dictar sentencia en los autos “NIEVAS, ROBERTO MARCELO Y OTRA C/ FUNES, PATRICIA MARICEL S/DESALOJO” (expte. nro. -95130-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 28/3/2025, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 31/10/2024 contra la resolución del 30/10/2024?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
1. R.M.N. y M.C.L. iniciaron demanda de desalojo el 29/4/2021 de un inmueble que habría sido adquirido por el actor, mediante adjudicación otorgada por A.T.I.L.R.A. en virtud de pertenecer a dicho sindicato.
Alegaron la calidad de ganancial del bien, porque en ese momento se encontraban casados, pero que luego de separarse, N. se quedó habitando el inmueble y formó pareja con F., con la que tuvo tres hijos.
Al momento de separarse de F. con el fin de garantizar vivienda a los hijos -que entonces, conforme alega, eran menores- N. se retira del hogar, y desde ese momento F. con sus hijos habitan la vivienda.
Alegaron que la ocupación de F. y sus hijos se habría efectivizado a través de un préstamo verbal, con la condición de devolución cuando los hijos alcancen la mayoría de edad y -como dice en demanda- en ese entonces el menor de los hijos posee 18 años, luego de que se habrían realizado innumerables reclamos extrajudiciales a los fines de que la vivienda sea reintegrada a los actores, es que se inició este proceso.
Por último aportaron documental que avalaría su postura.
2. A su turno, con fecha 13/7/2021, los demandados contestaron demanda.
En su presentación alegaron que la menor de los tres hijos tenía en aquel momento 19 años, pero como la obligación alimentaria continuaba hasta los 21 correspondía -a su entender- el rechazo de la pretensión, invocando a su vez derecho de retención sobre el inmueble por mejoras realizadas en el mismo.
3. Luego de producida la prueba que consta en el expediente, con fecha 30/10/2024 se dictó sentencia definitiva.
La misma admitió la demanda de desalojo con fundamento en que la parte demandada no discutió el carácter precario de la ocupación que la actora habría alegado, ni tampoco el derecho a recuperar la tenencia del inmueble. Sino que solo pidieron el rechazo de la pretensión con sustento en que entre los ocupantes de la vivienda, habría acreedores de la obligación alimentaria (la cual comprende la vivienda), por ser menores de 21 años; y habían invocado el derecho de retención por mejoras.
Y como a la fecha del dictado de la sentencia, la totalidad de los hijos que habitan el inmueble contarían con 21 años, habría perdido virtualidad el planteo relativo a la obligación alimentaria, sin que la obligación alimentaria pueda ser compensada conforme el artículo 539 del Código Civil y Comercial.
Además, en lo que respecta al derecho de retención, se dijo que no se habrían acreditado en estas actuaciones ninguna clase de mejoras, pudiendo en todo caso concurrir por la vía correspondiente.
Por ello, como no se encontraba discutido el derecho a recuperar el inmueble, se estimó la pretensión, con fundamento legal en los artículos 163.6, 354 y 676 del Código Procesal.
4. La sentencia fue apelada por los demandados con fecha 31/1/2024, concedido libremente el 12/11/2024.
Ingresada en el tratamiento ante este tribunal, con fecha 19/11/2024 expresaron agravios.
Allí argumentaron que se trata de un proceso sumario que se ha retrasado, siendo ello una razón ajena a las partes.
Además, que la parte actora se habría apresurado en iniciar la demanda, porque N. tenia en ese momento la obligación legal de darle habitación a sus hijos menores de 21 años, aclarando que la posesión del inmueble por parte de F. fue producto de su relación con N. tornándose irrelevante -a su entender- la “donación de palabra”, máxime que la co-actora L. no habría negado esa circunstancia.
En base a esos argumentos, se agravia sobre la imposición de costas, porque alega que no sería su responsabilidad que el proceso sumario haya durado más de 3 años, cuando -según su punto de vista- si se hubieran respetados los plazos, habría quedado en evidencia que la actora se apresuró al iniciar el desalojo, y se habrían impuesto las costas a su cargo.
Es por ello que solicitan se revoque la imposición de costas y que las mismas sean soportadas por su orden.
5. Ahora bien, primeramente es de destacar que no existe motivo aparente por el que se infiera que de haber sido otras las circunstancias o menor el transcurso del tiempo, el resultado del proceso hubiera sido diferente; ni tampoco surge de la expresión de agravios crítica alguna dirigida a cómo se resolvió o a las circunstancias que se tuvieron en cuenta y cuáles no para decidir, ni cómo de haberse tenido en cuenta otras -tales como el paso del tiempo-, el resultado hubiera sido diferente.
Es que simplemente se encarga de alegar que se trata de un proceso sumario y que no se respetaron los tiempos procesales para resolver; pero esa mera descripción no es suficiente para inferir que de haberse respetado aquellos plazos, el resultado hubiera conducido al rechazo de la demanda (arg. arts. 260 y 261 cód. proc.).
Además, no está de más decir que fueron dos los motivos por los cuáles la demanda fue admitida: la edad de las personas que habitan el inmueble y que no se acreditaron las mejoras por las que se alegó el derecho de retención, y sobre éste último punto no se dijo nada (misma cita legal).
Sumado a ello, es importante destacar que las costas se imponen a los demandados vencidos por aplicación del principio de la derrota. Es decir, por la forma en que se resolvió, haciendo lugar a la demanda de desalojo, no cabe otra solución que cargar las costas a la contraparte que resultó vencida, sin que se haya alegado motivo alguno -como se dijo antes- que sirva para torcer el principio general (arg. art. 68 cód. proc., criterio cfrme. esta cám.: expte. 93847, res. del 4/05/2023, RR-346-2023, entre otros).
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Corresponde, por lo expuesto anteriormente, desestimar la apelación del 31/10/2024 contra la resolución del 30/10/2024. Con costas de esta instancia también al apelante vencido (art. 68 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14.967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación del 31/10/2024 contra la resolución del 30/10/2024. Con costas de esta instancia también al apelante vencido y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/04/2025 09:50:50 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 11:34:27 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 12:15:29 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8xèmH#lQ_XŠ
248800774003764963
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 07/04/2025 12:15:48 hs. bajo el número RS-18-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
_____________________________________________________________
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
_____________________________________________________________
Autos: “ENRIQUE M BAYA CASAL S.A. C/ ARRARAS SANDRA MARINA S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)”
Expte.: -91670-
_____________________________________________________________

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la intimación de fecha 12/3/2025 punto 2°.
CONSIDERANDO:
En la resolución del 12/3/2025 se intimó a la parte recurrente a que dentro del quinto día de notificada de la apertura de la cuenta judicial efectuase el depósito previo del art. 280 primer párrafo del código procesal.
Así las cosas, la providencia de fecha 21/3/2025 que hace saber la apertura de dicha cuenta, fue notificada automatizadamente ese mismo día en el domicilio electrónico constituido por el letrado de la parte recurrente, habiendo quedado perfeccionada esa notificación el día 25/3/2025, arrancando el plazo para cumplir con dicha cara el día miércoles 26 de marzo del corriente, venciendo en consecuencia el día 1/4/2025 o, en el mejor de los casos el día 3/4/2025 dentro del plazo de gracia judicial -el día 2/4/2025 fue feriado nacional conf. ley 27399- (arts. 10 AC 4013 t.o. AC 4039 SCBA y 124 último párrafo cód. proc.).
Como hasta la fecha no se ha cumplido con esa carga, la Cámara RESUELVE:
Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en la resolución de fecha 12/3/2025 (punto 2), en consecuencia declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal del 4/11/2024 contra la resolución del 16/10/2024.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente y remítase el soporte papel al Juzgado Civil y Comercial n°1.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/04/2025 09:50:23 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 11:33:13 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 12:14:05 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8\èmH#lQ]uŠ
246000774003764961
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/04/2025 12:14:22 hs. bajo el número RR-257-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
_____________________________________________________________
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
_____________________________________________________________
Autos: “SALVETTI JORGE OMAR C/ GARCIA GERARDO S/ EJECUCION DE SENTENCIA”
Expte.: -95260-
_____________________________________________________________

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 12/12/2024 contra la resolución dictada ese mismo día.
CONSIDERANDO
1. Aprobada por el juzgado la liquidación en la suma de $29.768.677,9, la ejecutante solicitó se ordene el embargo sobre todas las cuentas bancarias y/o financieras que posea el demandado.
A tal fin, solicitó se libre oficio de embargo al Banco Provincia y Banco Nación ambos sucursal Tres Lomas, a efectos de saber si el demandado posee cuentas bancarias, y embargar la suma de referencia; y también solicitó oficio al Banco Central (BCRA) a efectos de que informe si el demandado posee cuentas bancarias y/o financieras en otras instituciones (escrito de fecha 26/11/2024).
Ante ese pedido, el juez de grado dispuso que previamente debía librarse oficio a las entidades bancarias a fin de verificar el importe existente en cada una de ellas para eventualmente indicar el actor cual de ellas será alcanzada por la medida, ello según sostuvo, con el fin de evitar eventuales excesos en las medidas cautelares limitándose, en principio a la cuenta de la cual surja que el importe resulta suficiente para cubrir el crédito que se reclama (res. apelada del 12/12/2024).
Contra este tramo de la resolución en crisis, se alza el ejecutante, al entender que de proceder como lo indica el juez, se violaría el principio esencial de la medida cautelar, ya que al hacer llegar un oficio a los bancos para que previamente indiquen el importe existente en las cuentas, sería lisa y llanamente habilitar para que el deudor se entere de que se le está por embargar y de ese modo la medida cautelar se tornaría ilusoria. Aduna que el ejecutado es una persona conocida y solvente de la ciudad de Tres Lomas, y no sería de extrañar que el mismo banco o un empleado infiel se encargue de avisarle que sus cuentas corren peligro de embargarse.
Cuestiona el proceder dispuesto por el juez, para un deudor que jamás se presentó a derecho, ni en el juicio principal ni en el presente, que no discutió la liquidación y que nunca intentó solucionar el conflicto, tenga el beneficio de la duda que impide que se trabe embargo en sus bienes, habiendo una sentencia condenatoria firme (fundamentación de fecha 12/12/2024).
2. Lo importante a los fines de evitar como dice el juez, perjuicios innecesarios, no es saber como condición previa al embargo, de cuánto dinero dispone el ejecutado en sus cuentas bancarias, sino que la medida no exceda el monto que se ha ordenado embargar. Y no se aprecia, que el requerimiento de esa información previa, cumpla con esa finalidad.
Con lo cual, no se vislumbra ningún inconveniente para que así, se libren los oficios a los bancos requeridos, a los efectos de que cada entidad constate si la demandada tiene cuentas y fondos, y en caso afirmativo, sin solución de continuidad, traben embargo hasta cubrir la suma adeudada con más lo estimado para abonar accesorios (arg. arts. 34. 5, inc. e cód. proc., 1 y 3.e Anexo I AC 3989 de la SCBA; y arg. ad simili esta cámara: expte. 94401, sent. del 10/9/2024, RR-776-2024, también expte. 15590, L. 36, R. 177, res. del 21/6/2005).
De modo que, a fin de que no se dilate en el tiempo la medida pretendida, se hace lugar a la apelación debiéndose librar directamente oficios a las entidades bancarias requeridas por la actora y de forma simultánea, a efectos de que, en caso de poseer cuentas con fondos de su titularidad procedan a la traba del embargo hasta cubrir el importe correspondiente al crédito reclamado (arg. arts. 34. 5. e y 195 cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Estimar la apelación del 12/12/2024 contra la resolución de la misma fecha, debiéndose librar oficios directamente a las entidades bancarias requeridas por la actora y de forma simultánea a efectos de que, en caso de poseer cuentas con fondos de titularidad del ejecutado, procedan a la traba del embargo hasta cubrir el importe correspondiente al crédito reclamado.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado en el Juzgado Civil y Comercial n°2.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/04/2025 09:49:52 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 11:31:17 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 12:12:00 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8BèmH#lQI[Š
243400774003764941
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/04/2025 12:12:12 hs. bajo el número RR-256-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
_____________________________________________________________
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
_____________________________________________________________
Autos: “ASOCIACION MUTUAL VENADO TUERTO C/ BAGGINI, JOSEFA VIRGINIA S/ EJECUCION HIPOTECARIA”
Expte.: -90216-
_____________________________________________________________

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y de nulidad de fecha 26/2/2025 contra la resolución del 20/12/2024.
CONSIDERANDO:
1. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal
La sentencia atacada reviste carácter de definitiva (art. 281 inc. 1ro. cód. proc.); el recurso ha sido deducido en término, con mención de la norma y doctrina legal que se consideran violadas o aplicadas erróneamente e indicando en que consiste la presunta violación o error (arts. 279, “proemio” y últ. párr. y 281, incs. 2do. y 3ro. cód. proc.) y el recurrente ha constituido domicilio procesal en la ciudad de La Plata (art. 280 cód. proc.)
El depósito previo impuesto como recaudo para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no resulta exigible en los supuestos de quiebra declarada en juicio (SCBA, Ac. 86202, 26/3/2003, “Armendariz, Jorge Alberto y ot. c/ Ventura, Rubén J. O. Concurso s/ Cobro sumario de pesos”, sist. JUBA7, entre otros; esta Cámara. res. del 31/10/95, “Berterreix, Horacio s/ Quiebra”, L. 26 Reg. 177, arg. art. 280 3° párr. cód. cit.).
Por fin, en relación al monto o valor del agravio (art. 278 primer párrafo), el mismo está dado por la suma de la base de la subasta objeto de la pretensión nulificante, determinada por la suma de U$S650.000, por lo que supera la suma equivalente a 500 jus establecida en la norma procesal (500 x $35.212 = $17.606.000, valor según art. 1 AC 4167 de la SCBA; cotización oficial de 1 dólar para venta a la fecha de esta resolución = 1093.25 x 650.000 =710.612.500, según página oficial del Banco de la Provincia de Buenos Aires).
Así las cosas, resulta abstracto pronunciarse sobre la alegada inconstitucionalidad del art. 278 del código procesal, referido al valor del agravio.
2. Recurso extraordinario de nulidad.
La recurrente se ha limitado a mencionar en el punto IV del escrito de fecha 26/2/2025 “…contra dicho pronunciamiento se deduce sendo recurso de inaplicabilidad de ley y nulidad cuya fundamentación se realiza a continuación…”, y nada más; no se ha alegado omisión de cuestión esencial, falta de acuerdo o voto individual, falta de mayoría de fundamentación o ausencia de cita legal, ni, tampoco, la violación de los arts.168 y 171 de la Constitución Provincial. Puede decirse que ni siquiera interpuso este recurso.
En consecuencia, o no hay recurso o el recurso es inadmisible por manifiestamente infundado (arts. 296, 297, 279 párrafo 2°, 281.3 y 281 último párrafo cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
1- Declarar abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del valor del agravio (art. 278 cód. proc.).
2. Admitir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley del 26/2/2025 contra la resolución del 7/2/2025.
2- Remitir de oficio mediante correo oficial las actuaciones soporte papel a la SCBA por tratarse de expediente mixto de vieja data (arts. 280 cuarto párrafo cód. proc. 5.d.6.e.3.ii anexo de RC 655/20).
3- Hacer saber a los interesados que les asiste la chance de constituir domicilio en la ciudad de La Plata a sus efectos, lo que podrá hacer ante esta Cámara antes de la remisión del expediente (arts. 280 últ. párr., 282 último párrafo, 284 y concs. cód. cit.).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente la causa en la SCBA, previo requerimiento al Juzgado Civil y Comercial 1 de la remisión de la causa soporte papel para enviarla a ese Alto Tribunal.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/04/2025 09:49:23 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 11:30:16 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 12:10:49 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8>èmH#lK`$Š
243000774003764364
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/04/2025 12:11:03 hs. bajo el número RR-255-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
_____________________________________________________________
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
_____________________________________________________________
Autos: “MOYANO PABLO JAVIER Y OTRO/A C/MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO S/ACCION REIVINDICATORIA S/RECUSACION CON CAUSA”
Expte.: -95256-
_____________________________________________________________

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la recusación por causa sobreviniente planteada con fecha 26/12/2024 contra el titular del Juzgado Civil y Comercial 2, el informe del art. 26 del cód. proc. de ese magistrado del día 30/12/2024, la excusación formulada por dicho magistrado en la misma presentación inmediatamente antes referida y la oposición a dicha excusación planteada por el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial 1 con fecha 11/2/2024 según consta en el expediente vinculado electrónicamente que lleva n°101903 de primera instancia.
CONSIDERANDO:
Una cuestión similar fue resuelta recientemente por este Tribunal en la causa “Sucesores de Ponce Celestino Omar c/ Municipalidad de Pehuajó s/ Interdicto s/ Recusación con causa”, 95215 sent. del 25/3/2025.
Allí se dijo que tiene dicho la Suprema Corte de Justicia provincial que si un juez es recusado y, sin aceptar los términos de la recusación, igualmente se excusa, corresponde primero analizar la excusación; y si ésta es aceptada, se torna abstracta la recusación y nada hay que resolver sobre ella (causa AC 96081, sentencia del 230/11/2005, considerando V., citada por Sosa, Toribio E., “Código Procesal…”, t. I pág. 123, ed. Librería Editora Platense, año 2021).
El juez Méndez funda su oposición a la excusación del juez Martiarena alegando que este caso es diferente al citado “Torrallardona Daniel Enrique c/ Zurro Pablo Javier s/ Diligencia Preliminar s/ Recusación con causa” expte. N°2863/2020, donde la recusación fue estimada por la Cámara, manifestando que en aquella ocasión el sujeto pasivo de la pretensión era Pablo Javier Zurro, mientras que en las presentes actuaciones lo es la Municipalidad de Pehuajó, entonces, tratándose de personas diferentes, no comparte que existan motivos de decoro y delicadeza que justifiquen la excusación.
Ahora bien, el juez Martiarena al presentar el informe del art. 26 cód. proc., primero manifiesta no tener odio, ni enemistad o resentimiento alguno con ningún justiciable, y en particular con el Sr. Zurro, y luego deja en claro que en las actuaciones fundantes, el Sr. Zurro intervenía en el proceso por derecho propio, y no como intendente municipal o en protección de los intereses públicos de la Municipalidad de Pehuajó, como en el caso, pero aún así, teniendo en cuenta el planteo formulado en reiteradas oportunidades por el Sr. Zurro entendió que podrían existir motivos de decoro y delicadeza en el cumplimiento del deber de imparcialidad, por lo que se excusó por aplicación de lo dispuesto por el art. 30 y 31 del CPCC.
Y cierto es que las razones de decoro y delicadeza esgrimidas por el juez que se excusa, resultan atendibles.
Es que, -se dijo en la misma oportunidad antes citada-, si bien es correcto que aquí se trata de la Municipalidad de Pehuajó -persona jurídica de derecho público-, y no de la persona humana Pablo Javier Zurro, cierto se trata del titular del Departamento Ejecutivo municipal, quien ejerce, -entre otras funciones- la de representar a la Municipalidad en sus relaciones con la Provincia o terceros, y actuar en los tribunales en defensa de los derechos o acciones que corresponden a la Municipalidad. Y en ese entendimiento, no puede asegurarse sin duda razonable, que en el desempeño de tal función pública, en el ámbito de lo cotidiano y sobre todo en comunidades del interior, la esfera de lo que atañe a la persona humana y a la persona jurídica que representa, conformen un dualismo tan claramente distinguible en lo social, como para que lo dado en el segundo no pueda proyectarse al primero, haciendo eco en el ente, cual si se tratara de quien representa a una persona jurídica privada (v. arts. 141, 146.a del CCyC; arts. 108, incs. 11 y 12 del decreto ley 6769/58; arg. art. 104, primer párrafo, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Con ese marco, resulta discreto considerar admisible la excusación en estudio, desde que las circunstancias de este caso así como las consideraciones formuladas al admitirse la recusación del mismo magistrado en aquel expediente citado, permiten discurrir que se pudo haber generado en el juez que ahora se excusa, una situación con el umbral de suficiencia que justifica su apartamiento (arg. arts. 30 y 31 cód. proc.; cfrme. Quadri, Gabriel H., Código Procesal ….”, t. I, pág.83, ed. La Ley, año 2023).
Esta solución, va de suyo, torna abstracto expedirse sobre la recusación con causa planteada con fecha 26/12/2024.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
1. Hacer lugar a la excusación del 30/12/2024 juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2, Sebastián Martiarena.
2. Declarar abstracto el tratamiento de la recusación planteada con fecha 26/12/2024.
Regístrese. Hágase saber automatizadamente al titular del Juzgado Civil y Comercial 2 y al recusante; radíquese las actuaciones en el Juzgado Civil y Comercial 1 (arg. arts. 13 y 15 AC 4013 t.o. por AC 4039, y 31 cód. proc.).

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/04/2025 09:48:50 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 11:28:05 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 12:09:23 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰8BèmH#lK<„Š
243400774003764328
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/04/2025 12:09:46 hs. bajo el número RR-254-2025 por TL\mariadelvalleccivil.