Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “RAMIREZ MAXIMILIANO ALFREDO C/ GUERRA ALEXIS GERMAN Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
Expte.: -95438-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 12/3/2025 contra la resolución del 5/3/2025.
CONSIDERANDO.
1. La resolución apelada dispuso que no deben ser tenidos en cuenta los honorarios que la obligada al pago convino con la abogada de la parte actora y con la mediadora a los efectos del prorrateo del artículo 730 del CCyC.
Ello con fundamento en que al realizar esos dos acuerdos la obligada tuvo en conocimiento cual era el límite del 25% que determina la norma, y sin perjuicio de ello, habría arreglado por un monto mayor al que le hubiera correspondido pagar; y en caso de tener en cuenta los montos acordados, se vería afectado el porcentaje del resto de los honorarios, máxime que los honorarios acordados se encontrarían abonados.
2. Apeló la abogada Cammisi, en representación de la citada en garantía con fecha 12/3/2025, y presentó el memorial el 24/3/2025.
Se agravió en tanto en la resolución se habría interpretado que el límite de las costas se aplica a las regulaciones de honorarios practicadas, y no a los honorarios acordados; entendiendo dicha interpretación como una opinión tendenciosa del artículo 730 del CCyC, ya que -según dice- la norma no distingue entre honorarios acordados y/o regulados.
En ese camino, entendió improcedente realizar una distinción entre honorarios regulados y honorarios acordados, máxime que los que fueron acordados, a su vez, fueron homologados judicialmente; por lo que también habría existido una regulación.
Por lo tanto solicitó sean considerados los convenios de honorarios de la mediadora y la abogada de la parte actora a los efectos del prorrateo; o modificar, en su caso, el que se considere erróneamente realizado.
3. Para resolver ahora, es prudente mencionar que el artículo 730 del Código Civil y Comercial comprende tanto litigios judiciales como laudos arbitrales, en cuyo caso el monto de las costas, incluyendo honorarios “de todo tipo” regulados en la instancia primera o única, no debe superar, en conjunto, el 25% del monto de la sentencia, laudo o transacción que ponga fin al diferendo (cfrme. “Código Civil y Comercial Comentado…”, Clusellas Eduardo G., Ed. Astrea y Editora Notarial, año 2015, t. 3, p. 180).
Es decir, el artículo incluye en el concepto de costas a los honorarios “de todo tipo”; por lo que la solución que mejor sintoniza con la norma sería aquella que toma en cuenta tanto los honorarios regulados judicialmente como los acordados por las partes, que fueron posteriormente homologados (arg. art. 2, 3 y 730 CCyC).
Además, sin perjuicio de que hayan sido acordados por las partes, aquellos honorarios fueron devengados en el proceso y correspondientes a la instancia inicial, por lo que no habría razón para, en su justa medida, apartarlos del prorrateo, máxime que con fechas 31/5/2024 y 5/6/2025 fueron homologados, por lo que se le atribuyeron los efectos propios de una sentencia (arg. arts. 162 y concs., 2, 3 y 730 CCyC).
Entonces, ese cómputo debe hacerse, sí; pero en cuanto el importe se ajuste al de los honorarios que hubiera correspondido regular, acorde los trabajos realizados en la causa, con el cálculo pertinente de base por alícuota a tenor de lo normado en la ley 14.967. Pues lo que excediera de ese margen, entra en el terreno de la liberalidad que el interesado ha querido hacer y que por el principio de dar a cada uno lo suyo, debe quedar a su exclusivo cargo, sin incidir mermando los honorarios de los demás profesionales que se desempeñaron en este proceso, lo que podría suceder incluyendo en el prorrateo el total de los acordados, con fechas 31/5/2024 y 4/6/2024 (arg. arts. 3, 4 y concs. ley 14967, y 730 CCyC).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Estimar la apelación del 12/3/2025 contra la resolución del 5/3/2025 con el alcance dado en los considerandos; con costas a la parte apelada vencida, y diferimiento de la resolución sobre honorarios (arts. 69 cód. proc.; 31 y 51 ley 14967).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/05/2025 08:19:58 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 09:11:01 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 09:19:59 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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233900774003807710
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1
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Autos: “RUIZ MARTIN ANDRES C/ GOMEZ AXEL ELIAS S/ EJECUCION HONORARIOS”
Expte.: -95477-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación deducida en subsidio el 17/3/2025 contra la resolución de la misma fecha.
CONSIDERANDO
1. Se inician los presentes a los fines de ejecutar los honorarios regulados al letrado Ruiz, como abogado defensor del ejecutado, en el marco de las actuaciones caratuladas: “GOMEZ AXEL ELIAS S/ INCIDENTE DE LIBERTAD ASISTIDA” (Causa LA 9621-20). I.P.P. 01316-20, en trámite por ante el Juzgado de Ejecución Penal Departamental.
En la presentación inicial se solicitó se librara mandamiento de intimación de pago y embargo, y se decretara inhibición general del bienes del accionado (ver demanda del 26/6/2024).
Es así, que en el primer despacho, el juez de grado, dispuso librar mandamiento de embargo y en el mismo acto, citar al ejecutado para su venta. Con relación a la medida de inhibición general de bienes, le requirió que aclare, toda vez que se estaba ordenando la venta de los bienes embargados, y la inhibición resultará procedente ante la inexistencia y/o desconocimiento de bienes por parte de la accionada.
Ello motivó la presentación del letrado de fecha 7/2/2025, mediante la cual desiste del mandamiento de embargo ordenado, solicita se ordene notificar al accionado a fin de que manifieste en su caso si ha abonado la suma reclamada en los presentes, y se decrete la inhibición general de bienes pedida en la demanda atento haber desistido del mandamiento de embargo.
El magistrado resuelve que el ejecutado se halla intimado a su pago a partir de la recepción de la cédula respectiva, la que fue adjuntada en pdf con la demanda, mediante la cual se puso en su conocimiento la regulación de honorarios practicada, por ello no hacer lugar a lo solicitado (resolución de fecha 17/3/2025).
Contra lo decidido, el letrado interpuso revocatoria con apelación en subsidio. La primera fue rechazada sobre la base de los argumentos dados en resolución del 17/3/2025 y se concedió la apelación (res. del 21/4/2025).
2. La ley indica que el desconocimiento o la insuficiencia de bienes susceptibles de embargo tornan viable la inhibición general de bienes, pero no impone que el solicitante demuestre esas circunstancias previamente (arts. 532, 533 párrafo 2°, 233, 228 y concs. cód. proc.).
Es que “la inhibición general de bienes conforma la última “ratio” entre la gama de aseguramientos posibles, motorizándose ante el desconocimiento de otros bienes que puedan resguardar de manera más efectiva el pretenso crédito del acreedor (art. 228 Código Procesal). De ahí que nuestro ordenamiento procesal la ha regulado como un remedio subsidiario al embargo y sólo procede cuando siendo éste viable, por configurarse los presupuestos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, no puede efectivizarse por desconocimiento, inexistencia o insuficiencia de bienes; de modo que la inhibición general de bienes es esencialmente sustitutiva del embargo” (Cám. Civ. y Com. 2da. La Plata, sala I La Plata, RSI-185-10, 28/9/2010, “Segutécnica SRL c/ Gómez, Hugo s/ Cobro ejecutivo”, sumario B 257580 extraído del sist. informát. JUBA en línea; además, misma Cámara y Sala, RSI 25-10, 4/3/010, “Sosa, Sebastián Roberto c/ Somaruga, Eduardo s/ Nulidad de contrato”, sumario B 252973 mismo sistema y Cám. Civ. y Com. 1ra. La Plata Sala I, RSD 60-95, 11/4/1995, “Arana, Jorge c/ Aselle, Miguel S. y otros s/ Cobro de alquileres”, sumario B 100660 mismo sistema, entre otros).
Sin embargo, no se advierte que en las distintas presentaciones efectuadas por el letrado ejecutante, éste hubiera manifestado desconocer bienes del ejecutado, o bien, que los conocidos fueran insuficientes para satisfacer su crédito. Con lo cual, debe ser confirmado lo decidido en la instancia de origen (art. 228 del cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso de apelación deducido en subsidio el 17/3/2025 contra la resolución de la misma fecha.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 28/05/2025 08:20:34 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 09:11:42 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 09:17:36 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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247700774003807819
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ MANI VALDEZ CRISTIAN NORBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)”
Expte.: -95537-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación subsidiaria de fecha 14/11/2024 contra la resolución dictada ese mismo día.
CONSIDERANDO:
1. La actora promovió acción de secuestro en los términos del art. 39 de la ley 12.962, contra Cristián Norberto Mani Valdez, y solicitando el secuestro del automotor prendado, lo que está previsto en dicha norma (escrito de14/8/2024).
Previo a proveer lo requerido, el juzgado en función de lo normado por el art. 823 inc. 2 del cód. proc., dio vista al Ministerio Público Fiscal a los efectos de que dictaminara sobre la procedencia de la acción interpuesta, con fundamento.
El fiscal al evacuar la vista conferida manifestó que de las actuaciones que tenía en vista se desprendía que la causa que diera origen a la ejecución de se encontraba comprendida dentro de una operación de consumo (v. dictamen del 30/10/2024).
Finalmente el juzgado resuelve rechazar in limine la vía prevista en el art. 39 de la ley 12.962, por contrariar -según su entender- los arts. 8 bis, 37 in. b) y c) de la ley 24.240 – texto de la ley 26.361- (arg.. arts. 3, 65 y ccdes. LDC; 42 de la CN y 38 Const. Prov., art. 12, 1094, 1095, 1097 CCyCN). Sin perjuicio de dejar aclarado que la entidad accionante cuenta con la posibilidad de ejercer el eventual derecho crediticio a través del trámite de ejecución prendaria regular (arts. 593, 594, 598 y ccdtes. del CPCC).
Argumentó que ordenar el secuestro requerido cuando no se le ha dado al demandado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa colisionaría con el orden público protectorio de los usuarios y consumidores.
Así, señaló que el trámite regulado en el art. 39 mencionado, en cuanto le daba la facultad al acreedor de secuestrar bienes prendados sin dar audiencia al demandado, no podía ser aplicable cuando entre las partes existió una relación de consumo, pues resultaba contradictorio con el régimen protectorio previsto en la LDC (Ley 24.240 t.o según ley 26.361), el art. 42 de la CN y el art. 38 de la Constitución Provincial (arts. 34 inc. 4º del C.P.C.; argto. arts. 3, 65 y ccdes. LDC; 42 de la CN y 38 Const. Prov., art. 12, 1094, 1095, 1097 CCyCN).
Esta decisión fue apelada por la actora, que en su memorial -en resumen- brega por que se revoque la resolución impugnada y se habilite el procedimiento de secuestro prendario en los términos del art. 39 de la ley 12.962, sosteniendo que esta norma no ha sido derogada por ninguna otra de defensa del consumidor y conserva su vigencia hasta la fecha. Agregando que, en el nuevo Código Civil y Comercial existen remisiones expresas al régimen de la prenda con registro (en particular, el art. 2220), remisiones que no excluyen, por cierto, la aplicación del art. 39 de ese cuerpo legal (esc. elec. del 13/12/2024).
Particularmente, además de referir a cierto acuerdo, hizo expresa referencia a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya había resuelto el tema en sentido favorable a la aplicación de tal procedimiento.
Así es que, trayendo a colación lo decidido en la causa “HSBC Bank Argentina SA. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ Secuestro Prendario” (SAIJ: FA19000117 CSJN 11/6/19), donde se debatió sobre la aplicación y alcances de la ley de defensa del consumidor a los casos de acciones de secuestro prendario (art. 39 ley de prenda con registro), puntualizó que en ese precedente el Máximo Tribunal había dispuesto que no debían ser aplicables las cláusulas abusivas en los contratos prendarios y que, en el caso de los trámites de secuestro prendario, debía disponerse una notificación al deudor de forma previa.
De tal modo, sostuvo que la validez y aplicabilidad del procedimiento de secuestro ya había sido analizada por la Corte, quien nunca rechazó la validez del procedimiento en el caso de relaciones de consumo, planteando únicamente la salvedad antedicha de  notificación previa al deudor, la cual –aseguró– se había cumplido con el envío de carta documento.
En prieta síntesis, solicitó que siguieran los presentes actuados, según su estado, ordenándose el libramiento del correspondiente mandamiento de secuestro, por lo que postuló se revoque el interlocutorio en cuestión, en el sentido aquí peticionado.
2. Sobre esta cuestión ya se ha dicho que no es inexorable interpretar que la ley 24.240 desplaza al art. 39 de la ley 12.962 (v. autos “FCA Compañía Financiera S.A. C/ Lencinas Paola Margarita Isabel S/ Acción de Secuestro (Art.39 Ley 12962 expte. 94891- sent. del 24/9/2024”; “Toyota Compañía Financiera De Argentina S.A. C/ De Diego Adrián Raúl s/ Acción De Secuestro (Art.39 Ley 12962)”, expte.: -92679-, sent. del 19/10/2021, RR-190-2021; ídem, “Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A c/ Romero Arnoldo Rolando s/ Acción de Secuestro (Art.39 Ley 12962)”, expte. 91989, sent.. del 30/9/2020,L. 51, Reg. 466;entre tantos otros).
En los precedentes citados también se dijo que “…El Código Civil y Comercial es posterior a ambos cuerpos normativos y, como es sabido, regla tanto el contrato de consumo como el de prenda. Y al referirse a la prenda con registro remite a la ley especial (art. 2220 al final)…”.
Es que si el legislador hubiera encontrado incompatibilidad entre el art. 39 referido y la reglamentación del contrato de consumo, podría haberlo así declarado, como lo hizo en otras situaciones (ver v.gr. art. 3 ley 26994). Pero la remisión general a la ley específica, sin exclusión expresa de ese art. 39, no permite creer que el legislador hubiera querido fulminar el secuestro prendario.
Además, en alguna medida, no puede decirse que la Corte Suprema de la Nación haya encontrado esa incompatibilidad. En todo caso parece que, para el Supremo Tribunal, el secuestro prendario del artículo 39 de la ley 12.962 y la normativa protectoria del consumidor o usuario, con algunas adiciones, pueden convivir (ver CSN ‘HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario’, 11/6/2019 Fallos: 342:1004)’.
En suma, la procedencia de ese trámite de secuestro prendario, no ha quedado desautorizado por la normativa protectoria del consumidor. Sin perjuicio de las variaciones que haya que admitir para sopesar la concurrencia de ambos textos normativos, armonizando sus reglas y principios.
Al respecto, lo que se concluyó en los precedentes, aplicable al caso de autos, es que el órgano jurisdiccional, como director del proceso, debe garantizar la defensa, pero no ejercerla ‘desplazando’ al interesado.
De consiguiente, en cuanto se ha decidido declarar inaplicable al caso de autos el trámite previsto en el art. 39 de la ley de prenda con registro, rechazando in límine la ejecución, la resolución apelada debe revocarse.
Ahora bien, la parte actora no ha confutado que la situación planteada traduce una relación de consumo. Incluso alude a cierto acuerdo homologado, cuya mención sólo tiene sentido, si se está en presencia de un contrato de consumo. Y en ese marco, hizo expresa referencia a que, siguiendo lo postulado por la Corte Suprema en el precedente antes recordado, tratándose de los trámites de secuestro prendario, debía disponerse una notificación al deudor de forma previa a la ejecución de la medida, la cual –afirmó– se había cumplido con el envío de carta documento.
Pero no es así.
Basta observar el ejemplar digitalizado de ese documento, que consta en el archivo del 14/8/2024, para advertir que los datos del ‘aviso de recibo’ están total y absolutamente sin completar, ‘en blanco’. Lo que no permite fundar convicción acerca de que ese trámite, admitido como necesario por la parte actora, hubiera sido realmente cumplimentado en el domicilio del deudor que allí se indica.
Así las cosas, dadas las circunstancias aludidas de este asunto, asumido por el actor que con esa notificación previa debía completarse, no apareciendo satisfecha, no es dable disponer el secuestro en los términos solicitados (art. 34.4 y 163., 266 del cód. proc.).
En suma, el trámite previsto en el artículo 39 de la ley de prenda con registro no deja de ser aplicable ante una relación de consumo, en tanto se cumplan las condiciones de activación de esa norma. Procediendo el secuestro –en este caso- como está allí indicado, en la medida en que se acredite la previa notificación fehaciente a la parte demandada (art. 62 de la Constitución Nacional; art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1094 del CCyC; arts. 37 de la ley 24.240 y 39 de la ley 12.9629).
Con este alcance, se revoca la resolución apelada.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Revocar la resolución del 14/11/2024, en cuanto fue materia de agravios, con la salvedad que se expresa en los considerandos, en cuanto al secuestro peticionado.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 27/05/2025 08:02:18 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 09:33:00 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 10:13:20 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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248200774003807288
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/05/2025 10:13:30 hs. bajo el número RR-433-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó
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Autos: “MARTINEZ BENVENUTO ALBERTO JULIO C/ PEREDO YAMILA SOLEDAD S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”
Expte.: -95427-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 27/3/2025 contra la resolución del 25/3/2025.
CONSIDERANDO:
1. Al peticionar el beneficio Martínez alega que su único ingreso económico es lo que percibe como beneficiario de una pensión por discapacidad por un monto de $60.000 por mes aproximadamente y alguna changa referida a venta de artículos por Internet por un monto aproximado de $55.000. Denuncia que sus ingresos mensuales oscilan los $ 115.000 y con dicho ingreso económico, afronta todas sus cargas y obligaciones alimentarias con respecto a su familia y propios, en especial gastos médicos producto de la diabetes crónica que padece desde hace varios años. Agrega que actualmente producto del siniestro vial del que fue victima se encuentra desocupado.
La contraparte, Yamila Soledad Peredo solicitó el rechazo de la petición, argumentando que la situación económica de Martínez Benevento le permite afrontar los gastos judiciales, ya que cobra una pensión y alquileres de quintas, campos y departamentos, además de viajar por el mundo continuamente, extremos acreditados en los autos principales (juicio de alimentos) donde se consideró que cuenta con solvencia suficiente para afrontar el pago de alimentos de su hija.
En sentencia la jueza sostuvo que en la causa principal en la que se intenta hacer valer el beneficio se ha dictado sentencia, no pudiendo ignorarse la prueba allí producida respecto del caudal económico de Martinez Benvenuto. Que al dictar sentencia el fecha 8/7/2024 sostuvo que de la prueba producida surgían indicios de una capacidad económica mayor y que el demandado con su prueba no había logrado desvirtuar lo expuesto en demanda en cuanto se alegaba que tendría inmuebles en propiedad. Que también se tuvo por acreditado que era titular de dos dominios -una motocicleta y una pick up- y que había realizado viajes al exterior en nueve oportunidades desde el año 2011, siendo las mas actuales por entonces en junio de 2019, junio de 2022 y Mayo de 2023, en todos los casos con destino a Panamá.
Se consideró que los testigos ofrecidos nada aportaron para esclarecer la situación económica del peticionante y que de la respuesta del oficio librado a Migraciones indica que aún luego de dictada la sentencia definitiva, Martínez Benvenuto siguió viajando al exterior ya que consta una nueva salida del país rumbo a Panamá el 14/5/2024 sin que se hubiere registrado el regreso a la fecha del informe, esto es el 14/11/2024. Es decir que desde la fecha de promoción del beneficio al menos salió dos veces del país con destino a Panamá.
Concluye que de la prueba ahora producida no logra desvirtuar los indicios allí valorados, evidenciando que el mismo cuenta con capacidad económica para afrontar los gastos causídicos, y en función de ello decide que no corresponde conceder la carta de pobreza requerida en demanda.

2. El peticionante apela esa decisión, y al fundar su recurso sostiene únicamente que ha transcurrido mucho tiempo desde el dictado de una sentencia y otra. Y que como bien se ilustra en la sentencia tuvo que vender la moto para proceder al pago de la cuota alimentaria. Y respecto de los viajes al exterior, aclara que fueron pagados por terceros, no generándole al actor ninguna erogación económica (v. esc. elec. del 2/04/2025).
Teniendo en cuenta esos dos únicos agravios vertidos cabe señalar en principio que la mención de que ha transcurrido mucho tiempo entre la sentencia dictada en el juicio de alimentos donde quedó acreditada su solvencia económica, alegando solamente que la modificación de su situación fue que ha vendido una motocicleta (lo que por lo demás ya fue tenido en cuenta en la sentencia apelada), no resulta suficiente para demostrar que ha empeorado su situación económica a tal punto que justifique variar la conclusión arribaba por el juzgado considerando las también las pruebas rendidas oportunamente en el proceso de alimentos, para concluir que de ellas surge que el peticionante posee capacidad económica para afrontar los gastos del juicio (art. 375 y 242 cód. proc.).
Por lo demás, respecto de los reiterados viajes al exterior, la sola mención que fueron pagados por terceros sin algún tipo de prueba que corrobore dicha circunstancia, esos dichos no sobrepasan el terreno de las meras alegaciones (args. arts. 375 cód. proc.).
Por último tampoco se ha acreditado la imposibilidad de obtener recursos para asumir la defensa de los derechos que reclama (CC0001, se San Martín, causa 56813 RSI-209-5 I, sent. del 9/6/2005, ‘Domínguez, Olga Inés s/Beneficio de litigar sin gastos’ en Juba sumario B1951281).
En suma, no se ha logrado acercar al proceso noticias más precisas y fidedignas respecto de su imposibilidad económica para afrontar los gastos del juicio. Tampoco fueron siquiera estimados los gastos del juicio respecto del cual se solicita el beneficio, de modo de llegar a la convicción acerca de su imposibilidad de conseguir recursos para afrontarlos (arg. art. 78, 79 y concs. del Cód. Proc.).
Y fundamentalmente, pesaba sobre el peticionante la carga de acreditar esa carencia (art. 375 del C.P.C.C.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación del 27/3/2025 contra la resolución del 25/3/2025, con costas al apelante vencido y diferimiento de la cuestión sobre honorarios (arts. 68 cód. proc.; y 31 y 51 ley 14967).
Notificación automatizada (art. 10 AC 4013 t.o por AC 4039 SCBA). Regístrese. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 27/05/2025 08:03:01 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 09:32:14 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 10:10:14 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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239800774003807282
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/05/2025 10:11:26 hs. bajo el número RR-432-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Pehuajó-
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Autos: “F., R. N. C/ C., E. S/ ALIMENTOS”
Expte.: -95018-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: las apelaciones del 30/9/2024 y del 10/11/2024 contra la resolución del 23/9/2024.
CONSIDERANDO:
1. A modo preliminar, es dable advertir que si bien la providencia de cámara del 9/4/2025, pasó los autos a despacho para resolver la apelación del 30/9/2024 contra la resolución dictada el 23/9/2024, se omitió hacer lo propio respecto de la apelación del 10/11/2024 que ataca también resolución cuestionada por la actora del 23/9/2024 y, que igualmente se encuentra en condiciones de ser tratada; lo que se hará en cuanto sigue (args. arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 75 inc. 22 de la Const. Nac., 15 de la Const. Pcial. y 34.4 del cód. proc.).
2. El 11/6//2024, el a quo intimó a la parte requirente a “promover la acción principal de alimentos en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de declarar los alimentos provisorios en definitivos (Doc. art. 207 CPCC).” Y a continuación mediante la resolución ahora apelada del 23/9/2024, hizo efectivo el apercibimiento y dispuso transformar en definitivos los alimentos provisorios antes fijados.
Tanto la actora como la demandada apelan esa decisión y, al fundar los recursos, ambas se quejan coincidiendo en que no corresponde transformar los alimentos provisorios fijados en definitivos.
El fundamento legal del juzgado para proceder de ese modo, esto es operar la transformación decidida ante el vencimiento del plazo de 10 días conferido para iniciar el juicio, fue el art. 207 del cód. proc. (v. res. del 11/06/2024).
No obstante, cierto es que el art. 207 del cód. proc. hace alusión a la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los 10 días siguientes al de su traba.
Entonces, en primer lugar se advierte que dicha norma no esta prevista para la situación de autos donde no se trata puntualmente de una medida cautelar hecha efectiva antes del proceso sino de alimentos provisorios fijados por el jugado a petición de parte en la etapa prejudicial que tramitó ante la consejera de familia.
Y lo mas importante de destacar que aunque quisiera aplicarse por analogía lo allí previsto a la situación de autos, de todos modos la consecuencia que prevé el art. 207, ante la no interposición de la demanda dentro de los diez días, es la caducidad de la medida cautelar, lo que en el mejor de los casos -dejando de lado su aplicabilidad o no a situaciones como la de la especie- hubiese desembocado en dejar sin efecto los alimentos provisorios fijados, pero de ningún modo puede interpretarse que el art. 207 del cód. proc. habilita al juez a transformar los alimentos provisorios en definitivos. El rendimiento del enunciado normativo, no es ilimitado.
Por ello, le asiste razón a las partes y en consecuencia debe ser dejada sin efecto la resolución apelada, quedando vigente los alimentos provisorios oportunamente fijados.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Estimar las apelaciones del 30/9/2024 y del 10/11/2024, y en consecuencia revocar la resolución del 23/9/2024, dejando establecido que quedan vigentes los alimentos provisorios fijados el 19/4/2024.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Pehuajó-.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 27/05/2025 08:03:31 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 09:31:34 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 10:08:45 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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235900774003807171
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “MEDICA CARLOS ANGEL ADRIAN Y OTRO/A C/ DUARTE CLAUDIA ESTHER Y OTROS S/ ACCION REVOCATORIA O PAULIANA”
Expte.: -95417-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 7/2/2025 contra la resolución del 27/12/2024.
CONSIDERANDO.
1. Con fecha 8/8/2024 se interpuso la demanda, de la cual se ordenó correr traslado a los demandados, notificándose el mismo por cédula (v. prov. del 14/8/2024).
Luego de que se hubieron diligenciado las cédulas, se presentaron los demandados y plantearon nulidad de la notificación por no haberse acompañado las copias del escrito de la demanda en las cédulas de notificación (v. escritos del 18/12/2024).
Sustanciado el planteo con la actora, adujo que le asistía razón a los codemandados, pero que se habría tratado de un error; y por ello solicitó se ordene un nuevo traslado para subsanar la deficiencia, en los mismos términos y por igual plazo que en el proveído del 14/8/2024.
Y respecto al pedido de nulidad, argumentó que no correspondería decretarla en tanto -a su entender- los codemandados no habrían quedado en estado de indefensión ya que con la subsanación, podrían ejercer en tiempo y forma su derecho de defensa (v. escrito del 23/12/2024).
Así las cosas, se resolvió disponer un nuevo traslado de demanda, con el mismo tenor que el dispuesto con fecha 14/8/2024 por el mismo plazo (v. prov. del 23/12/2024).
2. Contra dicha decisión, el codemandado Ariel José González interpuso revocatoria con apelación en subsidio en tanto no se resolvió sobre la imposición de costas (v. escrito del 26/12/2024; haciendo lugar a la revocatoria, en la instancia de origen se impusieron a la actora teniendo en cuenta la incidencia generada en razón de la nulidad de la notificación interpuesta por los demandados, y toda vez que la actora habría asumido, ante el traslado conferido, el error en el que habría incurrido al no haber adjuntado a las cédulas del traslado de demanda, la copia de la misma (v. res. del 27/12/2024).
3. Ello motivó la apelación de la parte actora del 7/2/2025, fundada en el escrito del 19/2/2025, quien se agravia en tanto considera que no resultó vencida en la incidencia suscitada sobre la notificación del traslado de la demanda.
Alega que no se allanó a la nulidad, sino que requirió se ordene un nuevo traslado para subsanar la deficiencia; y entendió que al ordenarlo, el juzgado habría considerado que la omisión de adjuntar la copia de la demanda en el acto de notificación no importaría la nulidad de la misma; entendiendo que no se configuró lesión de derechos, ni violación a ninguna garantía.
4. Ahora bien, por principio, no hay nulidad procesal en el solo interés de la ley, sino para salvaguardar el ejercicio de derecho de defensa (cfrme. “Código Procesal Civil y Comercial…”, Toribio E. Sosa, Ed. Libreria Editora Platense, año 2021, t. I, p.565).
Y aquí, los codemandados tuvieron que presentarse en el expediente pidiendo la nulidad de la notificación, justamente porque no se encontraba entre los documentos adjuntos ni más ni menos que el escrito de demanda, por lo que se puede inferir que, sin haber tomado conocimiento del objeto de la demanda y de la pretensión, los co-demandados efectivamente no pudieron ejercer su derecho de defensa (arg. arts.149, 330 del cód. proc.; art. 18 Const. Nac.). Por lo menos, hasta que fue salvada la omisión en cuestión.
Máxime que la actora reconoció haber omitido adjuntar el escrito de demanda y luego lo subsanó, y aunque alegue haberlo hecho por error, ello de por sí generó una incidencia, y como tal genera costas (arg. art. 69 cód. proc.). De lo que se sigue que aunque no haya sido necesario declarar la nulidad, sí tuvieron razón los demandados en la observación que hicieron.
En ese sentido, entonces, como la omisión de acompañar el escrito de demanda en la cédula de notificación de traslado de la misma trajo como consecuencia que los co-demandados tuvieran que presentarse en tanto no podían ejercer de otra forma su derecho de defensa para contestar demanda, las costas por la incidencia generada deben ser soportadas por la actora (arg. art. 69 cód. proc.).
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación del 7/2/2025 contra la resolución del 27/12/2024; con costas al apelante vencido, y diferimiento de la resolución sobre honorarios (arts. 69 cód. proc.; 31 y 51 ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039.Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 27/05/2025 08:04:04 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 09:30:51 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 10:06:52 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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243000774003807167
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Autos: “P., Y. S. C/ M., B. A. J. S/ ALIMENTOS”
Expte. -94860-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: lo solicitado en el escrito del 9/5/2025 y el informe de Secretaría del 20/5/2025.
CONSIDERANDO:
Habiendo quedado determinados los honorarios a la instancia el inicial por la cuestión principal mediante la decisión del 8/4/2025, deben ahora regularse los correspondientes a la labor desarrollada ante esta Cámara, en función de lo dispuesto por el art. 31 de la ley 14967 y el principio de proporcionalidad (sent. del 9/12/20, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar” L. 51 Reg. 651, entre otros).
A tal fin debe merituarse la labor del profesional ante este Tribunal (v. presentaciones del 14/7/2024 y 5/8/2024; arts. 15.c. y 16 de la ley 14967), así como la imposición de costas decidida el 34/9/2024 (arts. 68 del cód. proc., 16, 26 segunda parte y concs. de la ley ya cit.).
Por manera que para sobre los honorarios fijados en la instancia inicial, para la abog. V. P., (v. e.e. del 5/8/2024), cabe aplicar una alícuota del 30%; mientras que para el abog. A. C., (v. e.e. del 14/7/2024) una del 25% (arts. 1.5.c y 16 de la ley cit.).
Así se llega a un honorario de 17,855 jus para la abog. P., (hon. prim. inst. -59,519 jus- x 30%) y 10,41 jus para el abog. C., (hon. prim. inst. -41,669 jus- x 25%).
También corresponde fijar por los honorarios fijados por la incidencia resuelta el 4/2/2025 (v. e.e. del 28/10/2024 y 3110/2024; art. 15.c. y 16 ley cit.; 2 y 3 del CCy C.), usando los mismos parámetros se llega a un honorarios de 3,156 jus para P., y 1,85 jus para Córdoba.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Regular honorarios a favor de la abog. V. P., en la suma de 17,855 jus por la cuestión principal y 3,156 jus por la incidencia y para el abog. A. C., en la suma de 10,41 jus por la cuestión principal y 1,85 jus por la incidencia.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 403 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.
ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 27/05/2025 08:04:37 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 09:30:11 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 10:05:20 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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242700774003807275
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

Autos: “F., V. D. R. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Expte. -94706-

TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 Anexo Único AC fecha según art. 7 AC 3975 de la SCBA
AUTOS Y VISTOS: a lo solicitado con fecha 25/4/2025.
CONSIDERANDO:
Habiendo quedado determinados los honorarios en la instancia inicial con fecha 24/4/2025, deben ahora regularse los correspondientes a la labor desarrollada ante esta Cámara, en función de lo dispuesto por el art. 31 de la ley 14967 y el principio de proporcionalidad (sent. del 9/12/20, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar” L. 51 Reg. 651, entre otros).
A tal fin debe meritarse la labor del profesional ante este Tribunal (v. presentación del 8/5/24; arts. 15.c. y 16 de la ley 14967), así como el resultado del recurso (art. 16 de la ley ya cit.).
Por manera que para la abog. M. A. P.,, sobre el honorario fijado en la instancia inicial, cabe aplicar una alícuota del 25% llegándose a un honorario de 1,25 jus (hon. prim. inst. regulado -5 jus- x 25%; arts. y ley cits.; ACS. 2341 y 3912 de la SCBA.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Regular honorarios a favor de la abog. M. A. P., en la suma de 1,25 jus.
Regístrese. Notifíquese automatizadamente (art. 10 AC 4013 t.o. por AC 4039), con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho devuélvase al Juzgado de Paz Letrado de Daireaux.

ARTÍCULO 54 ley 14967.-
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 27/05/2025 08:05:07 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 09:29:22 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 10:03:30 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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242800774003807266
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/05/2025 10:03:50 hs. bajo el número RR-429-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Pehuajó-
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Autos: “T., F. K. C/ A., N. F. S/ ALIMENTOS”
Expte.: -95399-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación de fechas 4/2/2025 y 19/3/2025, concedidos el 6/2/2025 y 14/4/2025 respectivamente, contra la resolución regulatoria del 3/2/2025.
CONSIDERANDO:
1. Los honorarios regulados el 3/2/2025 son cuestionados por el obligado al pago por considerarlos elevados, mediante los recursos del 4/2/2025 y 19/3/2025; exponiendo en esos mismos actos los motivos de su agravio (art. 57 de la ley 14967).
El apelante G., concretamente considera que los honorarios son altos, ya que, si por todo el proceso la escala va del 10% al 25%, el hecho de que se haya resuelto en la primera audiencia de la etapa previa determina una regulación menor, considerando además que a los efectos regulatorios, la etapa previa debe ser considerada como una de tres etapas del proceso, quedando los porcentajes entre el 3,33 y 8, 33, o entre el 5% y el 12% si fuera la mitad, por lo que la alícuota tomada para regular honorarios (15 y 12%) es errónea y debe reducirse.
2. Veamos. En lo que refiere a los honorarios regulados, cabe señalar que los mismos quedan enmarcados en los arts. 15.c, 16, 21, 28.i y 28.b.1. de la ley 14.967.
Bajo ese lineamiento, sobre la base regulatoria determinada en $27.600.000 ($127.288 x 24) para arribar al estipendio habría que partir del 17,5 % que es promedio usual, según el art. 16 antepenúltimo párrafo de la ley 14967 (sent. del 9/10/18 90920 “M., G. B. c/ C., C.G. s/ Alimentos” L.33 R.320, entre otros), con reducción a la mitad (50%) atento haberse transitado una de las etapas del juicio (arg. art. 2 CCyC y arts. de la ley arancelaria citada).
Entonces, para la abogada G. K. M., (por su actuación en la etapa previa; arts. 15.c. y 16 ley cit.), correspondería un honorario de 76 jus (base -$27.600.000- x 17,5% x 50% = $2.415.000; 1 jus $31.777 según AC. 4163 de la SCBA, vigente al momento de la regulación).
Y como en la resolución homologatoria del 3/2/2025 (punto II), las costas se impusieron al alimentante (en este caso, al demandado N. F. A.,), conduce a que aplique también la quita que dispone el art. 26 segunda parte de la ley 14967 para el letrado que lo asiste por su actuación en la etapa previa (arts. 15.c y 16 ley cit.), llegándose a una retribución de 53,20 jus para el abog. Ignacio Gortari (base -$27.600.000- x 17,5% x 50% x 70% = $1.690.500.; 1 jus $31.777 según AC. 4163 de la SCBA, vigente al momento de la regulación).
Dentro de este contexto si resultan altos los honorarios regulados por el juzgado, por lo que los recursos por elevados deben ser estimados.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
1. Estimar los recursos de fecha 4/2/2025 y 19/3/2025 fijándolos en las sumas de 76 jus para la abogada G. K. M., y 53,20 jus para el abogado I. G.,.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039, con transcripción del art. 54 de la ley 14967. Hecho, radíquese electrónicamente en Juzgado de Familia -sede Pehuajó-.
ARTÍCULO 54 ley 14967.
Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 27/05/2025 08:05:35 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 09:28:12 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 10:01:52 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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237200774003807262
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/05/2025 10:02:09 hs. bajo el número RR-428-2025 por TL\mariadelvalleccivil.
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 27/05/2025 10:02:26 hs. bajo el número RH-70-2025 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas
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Autos: “R., E. E. C/ P., I. M. C. S/CUIDADO PERSONAL DE HIJOS”
Expte.: -95128-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: la sentencia definitiva de fecha 10/10/2024 y los gravámenes formulados por el 20/11/2024.
Ello, a contraluz de las directrices estatuidas en el artículo 656 del código de fondo para escenarios como el que aquí se ventilan y la prueba pericial producida que, según pondera este tribunal, no se advera concluyente en orden a la entidad de la pretensión promovida [args. arts. 2, 3, 651, 706 inc. c) y 709 del CCyC; 15 Const. Pcia. Bs.As.; y 34.4, 34.5.b y 384 cód. proc.].
Por ello, la Cámara RESUELVE:
1. Requerir a los peritos psicólogos del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Paz de General Villegas, la confección de un informe que aborde, en forma cabal, un diagnóstico de interacción materno-filial, del que afloren tanto las potencialidades como los desafíos que vislumbra el vínculo; con focalización en la temporalidad o cronicidad de los sucesos que motivaron la apertura de la presentes y la internalización que la accionada ha podido realizar -a la fecha- respecto del particular.
Lo anterior, mas todo otro dato relevante para la elucidación de los presentes que los peritos evaluadores acaso pudieran juzgar pertinente incluir (arg. art. 34.5.b y 36.2 cód. proc.).
2. Solicitar, asimismo, a la instancia inicial la remisión de los siguientes autos vinculados:
(a) “P., I.M.C. c/ R., E.E. s/ Protección contra la Violencia Familiar” (expte. 34048 – 2022);
(b) “P., I.M.C. c/ V., M.R. s/ Protección contra la Violencia Familiar” (expte. 36312 – 2024);
(c) “P., I.M.C. y Otro s/ Homologación de Convenio Familia” (expte. 35699 – 2023);
(d) “P., I.M.C. y Otro s/ Homologación de Convenio Familia” (expte. 33195 – 2021);
3. Disponer la suspensión de plazos para el distado de sentencia, interín se practica la diligencia consignada en el punto 1 (args. arts. 34.4 y 157 cód. proc.).
Notificación automatizada con carácter urgente a la instancia de origen, así como también a las partes, en función de la materia abordada (arts. 10, 13 y 15 AC 4013 t.o por AC 4039 SCBA). Regístrese. Hecho, sigan los autos según su estado.

 
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 27/05/2025 08:06:25 – SOTO Andres Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 09:27:27 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 09:58:07 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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238700774003807254
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/05/2025 09:58:28 hs. bajo el número RR-427-2025 por TL\mariadelvalleccivil.