Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia nº 1

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 26

                                                                                 

Autos: “C., N. S.  C/ M., I. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -89600-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los veintiséis  días del mes de abril de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “C., N. S.  C/ M., I. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -89600-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 170 planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿Es procedente la apelación de f. 132 contra la resolución de fs. 128/131?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1. En febrero de 2015 N. C., reclamó alimentos para su hija menor al progenitor de la niña y subsidiariamente a los abuelos paternos; solicitó se fije una cuota alimentaria de $ 3000.

            El juzgado, hizo lugar a la demanda y fijó una cuota de $ 2800, con más $ 200 de cuota suplementaria.

            Para así decidirlo -al no poder establecer el caudal de ingresos del progenitor- tomó como referencia la remuneración que calificó de mínima de un empleado de comercio de $ 8500 denunciada por la actora al demandar (correspondiente al mes de febrero de 2015).

            En esa línea condenó al padre y, subsidiariamente a los abuelos.

 

            2. Apelan los demandados conjuntamente, argumentando básicamente que:

              a- debió condenarse únicamente al progenitor I. M., al pago de la cuota, por contar con ingresos suficientes para hacer frente a una cuota de alimentos a favor de su hija (ver f. 148vta.);

              b- la suma de $ 2800 resulta exorbitante, porque además de procurar la vivienda, la menor pasa la mayor parte del tiempo con su progenitor (ver f. 148/149). Ofrece una cuota de $ 1700, o el porcentaje equivalente al 20% de la suma de $ 8500  tomada como base de cálculo en la sentencia (salario mínimo de un empleado de comercio), más la suma de $ 200 como cuota suplementaria (ver f. 150 vta. tercer párrafo).

             c- en cuanto a la condena de los abuelos, alegan que la accionante no justificó la insuficiencia de recursos del progenitor o la imposibilidad de suministrar los alimentos, además que la mencionada cuota les trae aparejado un grave perjuicio económico, ya que con sus ingresos en ocasiones no pueden afrontar dicha cuota.

 

            3. Monto de la cuota.

            El progenitor demandado considera la cuota exagerada, alegando que se encuentra cubierto el rubro vivienda y que además, pasa mucho tiempo con la niña. Ofrece pagar $ 1700 o el 20% de 8500, sueldo mínimo de un empleado de comercio.

            No hay en el expediente más datos relevantes que los mismos que surgen de la absolución de posiciones del progenitor de la niña, en la que el demandado reconoce ser empleado de su padre en la pizzería Tilcara, aunque no en blanco (ver f. 92 respuesta 6 a interrogatorio de f. 91; art. 421 proemio, cód. proc.).

            Respecto del informe de titularidad de inmuebles en la provincia de Buenos Aires a nombre de los demandados,  si bien se intentó en esta alzada despejar la duda que se presentaba ante el mismo por el importante número de inmuebles que arrojaron en cabeza de los accionados, no se logró un resultado positivo, al no aclararse por parte del ente oficiado lo requerido en el oficio de f. 174 (ver informes de fs. 106/115 y resolución de f. 171 y respuesta de fs. 174/182).

            Desde la óptica de las partes, es de destacar que pese a su contenido ni accionante ni accionados atinaron a realizar manifestación alguna, en ninguna de las dos oportunidades en que fueron agregados a los autos, ni a favor de la propia tesis ni en contra de los mismos; con este panorama, soy de opinión de descartarlos como elemento de convicción ante el silencio e indiferencia de la actora mayor interesada en su consideración; y no resultar verosímil ni tenerse la certeza de que esos inmuebles diseminados por toda la provincia de Buenos Aires pudieran ser de titularidad de alguno de los accionados. Al menos en el importante número que allí se indica (art. 384, cód. proc.).

            De la página web de faecys.org.ar puede extraerse que $ 8500 era el sueldo mínimo de un empleado de comercio en febrero de 2015, y que el accionado al día de hoy -en tanto empleado de comercio- percibiría una remuneración mensual que ronda o puede superar los $ 12954.34 (ver www.faecys.org.ar).

            Entonces, si el demandado ofreció pagar el 20% del sueldo del empleado de comercio, ese ofrecimiento hoy se traduce en una cuota de $ 2590 aproximadamente (20% de $ 12954.35 sueldo mínimo de un empleado de comercio en abril de 2016).

            De tal modo, con este procedimiento,  elaborado en base a datos mínimos, toda vez que el alimentante no proporcionó información concreta acerca de su situación patrimonial, la cuota alimentaria estaría en una cifra cercana a la determinada en el fallo que se apela.

            Adiciono que la falta de colaboración del demandado no es una circunstancia que deba pasar inadvertida. Por el contrario, su conducta debe ser especialmente apreciada, pues tocante a sus propios ingresos, nadie  mejor que él puede estar en condiciones de prestar en la causa una información adecuada y veraz, facilitando calcular la cuota alimentaria a favor de su hija de manera concreta y no en base a supuestos (art. 710 y concs. CCyC; arg. art. 34.5.d., cód. proc.).

            Por ello, propendiendo a conceder una tutela judicial efectiva y considerando que el alimentante dijo desempeñarse como empleado de comercio no registrado, la carga de la prueba de sus ingresos pesaba sobre él, y la buena fe y lealtad procesal debieron conducirlo a traer al proceso todos los elementos y fuentes de comprobación que pudieran avalar sus dichos, cuando fue momento de hacerlo, antes que refugiarse en su silencio o evasivas frente a este decisivo tema (arts. 3 Conv. Dchos. del Niño; 15 Const. Prov. Bs. As. y arg. arts. 706 y 710 del CCyC y 640 del cód. proc.).

            Por manera que el no haberlo hecho, es un déficit que no puede hacerse jugar en su beneficio.

            Dentro de ese marco, pues, parece de toda equidad mantener la cuota alimentaria en la suma mensual en que fue fijada en la instancia anterior, en cuanto fue motivo de agravios (arts. 260, 266 y concs. cód. proc.).

 

            4. Abuelos.

            En la especie, la acción fue dirigida contra el padre en forma principal y contra los abuelos subsidiariamente.

            Sabido es que son los padres quienes en primer grado deben enfrentar las necesidades de sus hijos, como es de lógica natural, y recién ante el incumplimiento de éstos, la obligación recae en los abuelos.

            Los abuelos se agravian del perjuicio económico que esto les causa,  manifestando que son jubilados.

            Al igual que en el caso del progenitor, la única prueba concreta es la absolución de posiciones de ambos, de donde surge que el abuelo es propietario de la casa de comidas Tilcara (ver f. 90 resp. tercera a interrogatorio de f. 89) y que entre ambos perciben haberes jubilatorios cuanto menos por una suma aproximada de $ 13000 mensuales (ver fs. 88 y 90 resp. séptima; arts. 384 y 421 proemio, cód. proc.).

            En cuanto a la casa de comidas, propiedad del abuelo paterno, éste reconoce que obtiene ingresos de su explotación comercial, aunque no se sabe el monto de ellos, y aquí también quien en mejor situación se encontraba de acreditar o dar cuenta de sus ingresos no hizo ningún aporte a tal fin (ver f. 90 resp. octava).

            Cabe entonces predicar respecto de los abuelos lo mismo que fue dicho con relación al progenitor: el silencio, la postura evasiva o reticente o falta de colaboración, no pueden jugar en favor de los demandados, dejando al niño a la deriva de la posición caprichosa y silente de los obligados al pago.

            Así, no habiendo aportado los obligados prueba que acredite sus totales ingresos y no contando con mayores elementos para decidir que los reseñados, no advierto justificativo para reducir tampoco en este segmento la cuota fijada para los abuelos de modo subsidiario (arts. 710 y concs. CCyC).

 

            5. Por último, y a fin de aventar toda duda respecto del alcance y funcionamiento de la subsidiariedad de la obligación alimentaria de los abuelos -en el sentido de que a falta de acreditación del pago de la cuota por el padre, éstos deberán abonar la fijada a su respecto- cabe decir que la obligación alimentaria quedará a cargo de los abuelos ante el incumplimiento por el obligado principal  sin necesidad de exigirse el agotamiento de las posibilidades de obtener coactivamente la prestación del deudor principal.

            Es decir que ante el mero incumplimiento del padre, los alimentos deben ser aportados por los abuelos.

            No existe norma legal alguna que otorgue a los abuelos beneficio de exclusión, debiendo el menor agredir en primer término el patrimonio paterno; para una vez agotada esta vía, recién poder cobrar los alimentos de los abuelos; es que la índole de la prestación alimentaria no admite dilaciones: la obligación alimentaria de los abuelos se torna inmediatamente exigible, total o parcialmente, ante el incumplimiento total o parcial del alimentante principal.

            Entendiendo por inmediatamente exigible que si el obligado principal no acredita el cumplimiento de la cuota alimentaria dentro del plazo acordado a tal fin, o cuanto menos no alega y justifica dentro del mismo plazo el obstáculo que legítimamente considere le asista para no cumplir; quedando habilitada para el alimentado la chance de requerir en el expediente a los abuelos el cumplimiento de la obligación subsidiaria (arg. art. 163 inc. 6 1er. párrafo cód. proc.; ver “R., M. F. c/ C., D. A. s/ Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas”, sent. del 29/6/04, Libro 33, Registrada bajo el  Nro.156).

 

            6. En definitiva, se rechaza la apelación de f. 132 con costas a los alimentantes vencidos (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            1. En lo que interesa destacar ahora, más allá del régimen de actualización previsto, la sentencia apelada fijó la cuota alimentaria a favor de Juana en la suma de $ 2.800, con más una suplementaria de $ 200 (fs. 130/vta.II).

            2. Ninguno de los demandados ejerció, a su tiempo, la facultad prevista en el artículo 640 del Cód. Proc. (fs. 96).

            Tocante al progenitor I. M., en su memorial concede para su hija una cuota alimentaria de $ 1.700 o el porcentaje equivalente al veinte por ciento de $ 8.500, mínimo de un empleado de comercio, más la de $ 200, como suplementaria y proporcionarle una vivienda digna (fs. 150/vta.).

            Es decir que en cuanto a la pensión, polemiza por una diferencia de $ 1.700. En la suplementaria hay coincidencia y en lo que atañe a la actualización prevista no hay agravio concreto y puntual (arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.).

            Ahora bien, como se apunta en el voto inicial, ese veinte por ciento del salario mínimo de un empleado de comercio -ofertado- actualmente significan $ 2.590, pues aquella remuneración básica ronda los $ 12.954,34. Por lo tanto, la distancia entre lo acordado en la sentencia y lo propuesto por el progenitor, se ha acortado tan sólo a $ 210.

            Y ninguna constancia del proceso, alienta a pensar que I. no pueda absorber esa pequeña diferencia en beneficio de su hija. Trabaja con sus padres, pero no está registrado ni como empleado ni como monotributista. Tampoco se ha ocupado de acompañar prueba instrumental o solicitar informes para acreditar sus ingresos, si realmente hubieran sido un impedimento fatal para cubrir esa suma diferencial. Cuando bien pudo hacerlo (fs. 91/92, posiciones, 4, 5, 9 y 10; arg. arts. 421 y 640 del Cód. Proc.).

            Además, aunque la responsabilidad de proveer lo necesario para la crianza y el cuidado de los hijos debe reconocerse conjuntamente a ambos padres, es una noción generalmente asumida en doctrina y jurisprudencia que en los casos como el de autos, donde la tenencia de los hijos se encuentra atribuida unipersonalmente a uno de los progenitores, éste realiza a partir de esa situación una contribución significativa en especie, que justifica hacer recaer en cabeza del progenitor no conviviente con mayor intensidad, los aportes económicos necesarios para atender a las necesidades de los hijos,  siempre que no se haya demostrado que no se encuentre en condiciones de poder  afrontarlos, lo cual no es el supuesto de la especie (S.C.B.A, C 117566, sent. del 23/12/2014, ‘S.,A. I. c/ P.,J. s/ Alimentos’, voto del juez De Lázzari en concordancia con el dictamen de la procuración general, en Juba sumario B4200780; en el presente, el principio aparece consagrado en el artículo 660 del Código Civil y Comercial).

            Sin dejar de mencionar que, además que la obligación alimentaria no puede ser compensada, los aportes para la alimentación de la niña que el padre afronta cuando recibe su visita han de considerarse como parte misma de ese régimen de comunicación. Porque si bien en términos pecuniarios representan un gasto, en el orden de la comunicación del padre con su hija y de los afectos que se juegan en esa relación filial, concretan la felicidad de compartir un almuerzo, una merienda o un fin de semana (doctr. art. 555 del Código Civil y Comercial).

            En síntesis, los agravios en cuanto personales de I. M., no son fundados.

            3. De cara a los planteos que competen a los abuelos paternos demandados, los argumentos por los que pretenden resolver el tema de los alimentos en donde se encuentra involucrada una niña en un contexto de relaciones de familia, sólo evidencian un apartamiento de lo que en definitiva debe primar: el interés superior de aquélla.

            En efecto, el rol protagónico que aquellos han adoptado en el ámbito familiar que se examina en este juicio, donde aparecen como empleadores de su hijo en una relación no registrada, conlleva a no poder limitar el tratamiento de la obligación alimentaria frente a su nieta a la condición simple de parientes y a la exigencia de acreditar por parte de la actora la insuficiencia de recursos del padre o su imposibilidad de prestar alimentos, desde que ello significaría consumar un cuadro que va en detrimento del derecho alimentario de J. (arg. art. 367 del Código Civil; arts. 537 y 668  del Código Civil y Comercial; fs. 149/vta., primer párrafo).

            Esto así, sin perjuicio de que la obligación alimentaria dispuesta a los abuelos en beneficio de su nieta, solo será activada, ni bien se comprueben verosímilmente las dificultades de la actora para percibir los alimentos fijados del progenitor (arg. arts. 7 y 668 del Código Civil y Comercial).

            En definitiva, no fue probado que el pago eventual de una cuota como la determinada en la especie les pueda causar un grave perjuicio económico (arg. art. 640 del Cód. Proc.).

            A. I. M., es propietario de la pizzería-casa de comidas ‘Tilcara’, de la cual obtiene ingresos y percibe una jubilación de $ 11.000. Es propietario de un automóvil Peugeot 307 (fs. 89/90, posiciones 3, 4, 6 y 8). Asimismo tiene inscripto a su nombre un inmueble (fs. 63 y 114). Y M. E. P., es propietaria junto con su marido del referido negocio de comidas, es jubilada, con un haber de $ 3.700 (fs. 87/88).

            En fin, en este tramo el recurso tampoco tiene éxito.

            4. Para finalizar, tratándose de un recurso concedido en relación, es claro que no se permite la alegación de hechos nuevos, como bien lo admiten los mismos apelantes que lo alegan (arg. 270 del Cód. Proc.).

            Por ello, se rechaza el invocado a fojas 150/vta.IV, junto con la prueba ofrecida para acreditarlo.

            5. En suma, el recurso tratado es improcedente y corresponde desestimarlo con costas a los apelantes vencidos (arg. art. 69 del Cód. Proc.).

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            En lo concerniente al monto de las obligaciones alimentarias, adhiero a ambos votos que anteceden (art. 266 cód. proc.).

            Con relación a cuándo se activa la obligación de los abuelos, adhiero al voto de la jueza Scelzo, pues la falta de cumplimiento voluntario y puntual del padre ya coloca a la actora en dificultades para percibir oportunamente los alimentos,  desde que para el cobro debería instar un  usualmente  nada fácil ni instantáneo cumplimiento forzado  (art. 668  CCyC; arts. 163.5 párrafo 2°, 384 y  645 cód. proc.).

            Para finalizar, y con respecto al hecho nuevo alegado a f. 150 vta. IV, por sus fundamentos adhiero a la solución propiciada en el considerando 4- del voto del juez Lettieri (art. 266 cód. proc.).

            TAL MI VOTO.        

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, desestimar el recurso de apelación de f. 132,  con costas a los alimentantes vencidos y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo y habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar el recurso de apelación de f. 132,  con costas a los alimentantes vencidos y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 25

                                                                                 

Autos: “RIVERO EDUARDO FABIO JOSE  C/ BANCO MACRO S.A. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”

Expte.: -89851-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecinueve  días del mes de abril de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “RIVERO EDUARDO FABIO JOSE  C/ BANCO MACRO S.A. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)” (expte. nro. -89851-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 192, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es   procedente   la   apelación  de  foja  181 contra la sentencia de fojas 173/174 vta.?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            1. El actor, oficial de policía del Partido de Villarino, relata que obtuvo un préstamo en el Banco Macro sucursal Villa Maza.

            Mientras el contrato estaba vigente, en febrero de 2012 la entidad cerró la sucursal de Villa Maza y transfirió la cartera de clientes a la sucursal Salliqueló.

            Aclara que celebró un contrato con la entidad bancaria de Villa Maza, la cual correspondía a su domicilio y era también domicilio de pago y no tiene porqué, por una decisión unilateral del banco, concurrir a otra sucursal distante cincuenta kilómetros a abonar el préstamo.

            Sostiene haber informado que no tenía posibilidades de ir a esta última localidad a pagar la cuota mensual del crédito ya que su trabajo le impedía estar los días hábiles en Villa Maza. Tampoco tenía habilitada una cuenta en homebanking para realizar la transferencia.

            Puntualiza que lo ocurrido es un incumplimiento contractual del banco, además de un perjuicio y una molestia. La entidad debió prever una solución para que los clientes siguieran abonando en Villa Maza. Mientras, lo único que hizo fue deducir los gastos mensuales de la cuenta.

            Reclama gastos de transporte a Bahía Blanca, que revela como la sucursal bancaria más cercana desde Villarino, y de remisión de cartas documento, daño moral y daño punitivo (f. 31).

            2. En punto a tratar estos temas, por lo pronto es dable recordar que tanto en la responsabilidad civil como en la derivada de la relación de consumo o de servicio, para que un daño sea indemnizado debe ser acreditada su existencia. Uno de los requisitos para que el daño sea resarcible radica en que sea cierto, esto es, no meramente hipotético o conjetural sino real y efectivo corriendo su prueba por cuenta del que lo reclama, quien debe demostrarlo de manera fehaciente, siendo ineficaz la mera posibilidad de producción de ese perjuicio (arg. arts. 1067 y 1068 del Código Civil; arg. art. 1744 del Código Civil y Comercial; S.C.B.A., Ac 89068, sent. del 18/07/2007, ‘Flores, José Martín y Corral, Silvia Mabel c/Lucio V. López S.A. y Romaniuk, Alejandro s/Cobro de pesos por indemnización de daños y perjuicios’, en Juba sumario B  B25930; arg. art. 375 del Cód. Proc.; Weingarten, C., ‘Manual de derecho de daños’, pág. 18).

            Tocante a lo normado en el artículo 40 de la ley 24.240, detalla como circunstancia de activación, que el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio haya causado un daño. Pero de ahí no se extrae que siempre y necesariamente cuando aparece tal vicio o riesgo, eso descuente la existencia de un perjuicio. Un comportamiento antijurídico -un acto ilícito, un incumplimiento de obligación-, incluso imputable, puede darse sin daño, con lo que no se plantea el problema de la responsabilidad, la sanción reparadora (Barbier, E.A., ‘Litigiosidad en la actividad bancaria’, pág. 282). En definitiva, el daño traduce la noción de menoscabo, privación, detrimento, pérdida, sufridos por la persona en sí misma o en las cosas de su dominio o posesión. Y eso debe ser probado, toda vez que no surge de la norma que se trate de daños in re ipsa (Picasso-Vazquez Ferreira, ‘Ley de defensa del consumidor’, t. I pág. 522).

            Ahora bien, con relación a los gastos de traslado a la ciudad de Bahía Blanca para efectuar desde esa sucursal del Macro, los pagos del crédito a la sucursal Salliqueló, cabe rescatar de la sentencia, la afirmación inatacada que los pagos de las cuotas que vencieron con posterioridad al cierre de la sucursal del Macro en Villa Maza, fueron realizados por interdepósitos y depósitos a través de cajero automático (fs. 91). Lo que señala que no le era indispensable viajar a Bahía Blanca para efectuar los pagos, sino que también pudo hacerlos on line sobre tarjeta (arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.).

            Igualmente no está cuestionada la posibilidad que marca el fallo, de transferir electrónicamente sumas de dinero desde una PC de escritorio, teléfono celular o cajero automático. Sobre todo si era cliente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y estaba habilitado para realizar transferencias interbancarias (fs. 174, párrafo final y vta.; arg. arts. 260 y 261 del Cód. Proc.).

            En fin, estos datos -firmes- tornan al perjuicio material consistente en el costo de los viajes a Bahía Blanca, al menos incierto o conjetural.

            Además,  no puede acompañarse a Rivero en la aseveración que con el sólo hecho de que la entidad bancaria cerró sus puertas en Villa Maza traspasando la cartera de clientes a la sucursal Salliqueló se le haya, de por sí, causado un daño.

            De su narración se desprende que -por su trabajo en Villarino- le era imposible trasladarse los días hábiles a Villa Maza para pagar las cuotas. Por lo que debería ser la misma dificultad  y no otra nueva, lo que le impidiera concurrir a  Salliqueló para cumplir con sus obligaciones.

            Por otra parte, que Rivero haya comunicado al banco el menoscabo, malestar o las molestias que sufrió, no significa que el daño correlativo exista, sea cierto y probado. En todo caso, tales afirmaciones fueron negadas por el demandado (fs. 28 y 29).

            En lo que atañe a los llamados de atención que el actor habría recibido por ausentarse en horario de despacho, no conectan inequívocamente con sus hipotéticos viajes a Bahía Blanca, para atender pagos del crédito. Si de ausencias se trata, recuérdese que él mismo dijo que su trabajo le dificultaba estar los días hábiles en Villa Maza. Sin embargo parece haber hecho depósitos en efectivo en su cuenta desde la acreditación del préstamo, hasta febrero de 2012. Lo que supone su frecuente alejamiento en horario bancario -durante todo ese lapso- de su sede en Villarino, teniendo en cuenta que la distancia entre Médanos y Villa Maza ronda los trescientos cuarenta y ocho kilómetros.

            De cara al daño moral, su existencia en materia contractual debe fundarse en un desmedro extrapatrimonial reconocible y no en la mera denuncia de incomodidades, desasosiegos o reclamos extrajudiciales. En tal sentido se requiere la clara demostración de la presencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de la tranquilidad anímica que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios. Dicha acreditación no vale tenerla por realizada con la sola acreditación de un cambio en el lugar de pago del crédito, que pudo solucionarse por variedad de medios y que no es seguro haya ocasionado detrimentos de esa índole en el actor (arg. art. 522 del Código Civil; arg. arts. 1738, 1739, 1744 del Código Civil y Comercial; arts. 10 bis, párrafo final, y 40 de la ley 24.240).

            Para finalizar, es preciso establecer que el daño directo a que alude el artículo 40 bis de la ley 24.240 no es otro que el concomitante a la configuración de un ilícito de consumo y deberá determinarse dentro del procedimiento administrativo de la ley (Mosset Iturraspe y Wajntraub, ‘Ley de defensa del consumidor’, pág. 208).

            3. A esta altura ya puede cerrarse el debate, toda vez que el recurso no se sostiene ni aparece eficaz para causar un cambio en el decisorio apelado como postula, por todo lo cual se lo desestima, con costas al recurrente vencido (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

            VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Corresponde desestimar la apelación  de  foja  181 contra la sentencia de fojas 173/174 vta., con costas al recurrente vencido  y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar la   apelación  de  foja  181 contra la sentencia de fojas 173/174 vta., con costas al recurrente vencido  y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial  2

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 23

                                                                                 

Autos: “CEREIGIDO ERNESTO C/ DIEHL MARISOL Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -89853-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los diecinueve  días del mes de abril de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “CEREIGIDO ERNESTO C/ DIEHL MARISOL Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -89853-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 59, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es fundada la apelación de f. 46 contra la sentencia de fs. 41/43?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            1- Según el ejecutante, es un pagaré el documento cuya copia está a f. 8.

            Pero no lo es, ya que no contiene mención del lugar de su creación (art. 1833 CCyC; art.101.6 y 102 párrafo 1° d.ley 5965/63).

 

            2- Cierto es que, si no se ha desconocido la firma, se ha “salvado” la situación del ejecutante siempre que del instrumento privado atribuido al ejecutado surja así un crédito dinerario exigible y líquido (ver  f. 52.IV; arg. arts. 518 párrafo 1° y 521.2 cód. proc.), pero no es el caso, porque aquí  ha sido negada la autenticidad de las rúbricas (f. 27.II).

 

            3- En conclusión, el documento de marras es inhábil como pagaré; y, en todo caso como mero  instrumento privado, debió a su respecto ser preparada la vía ejecutiva, que no lo fue,   sin que  en demanda ni más tarde se hubiera ofrecido  hacerlo (arts. 34.4, 523.1, 526 y 543.2 cód. proc.).

            HALLO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde estimar la apelación de f. 46   y, consecuentemente, dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios, con costas en ambas instancias al ejecutante vencido (art. 556 cód. proc.), difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (art. 31 d.ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar la apelación de f. 46  y, consecuentemente, dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios, con costas en ambas instancias al ejecutante vencido, difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro:45– / Registro: 22

                                                                                 

Autos: “EL COMIENZO S.H  C/ BURGOS MARIA DE LAS MERCEDES S/COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -89820-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los catorce  días del mes de abril de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,   para  dictar  sentencia  en  los autos “EL COMIENZO S.H  C/ BURGOS MARIA DE LAS MERCEDES S/COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -89820-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 58, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es procedente la apelación de f. 49 contra la resolución de fs. 44/46??.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            María Fátima Pérez se presentó en esta ejecución invocando la calidad de socia de la empresa ‘El Comienzo SH’ en base a pagarés librados a nombre de esa entidad.

            Es importante resaltar que ambas partes admiten que los pagarés fueron librados a la orden de esa firma. Particularmente, la demandada afirma: ‘…Los pagarés que se traen a ejecución son documentos a la orden de “El Comienzo S.H.”, no a nombre de la actora…’ (fs. 11.III y 37.II.1, segundo párrafo).

            Además, de los documentos acompañados, no resulta que hubieran sido endosados por la beneficiaria a favor de la actora. Pues para ello, la posesión de los documentos debía ser la resultante de la adquisición conforme con su ley de circulación: el endoso en el supuesto que ambas partes admiten (arg. art. 12, 14, 15, 17, 103 del decreto ley 5965/63; arts. 1816, 1819, 1834 inc. a y b, 1838, 1839, 1842 y concs. del Código Civil y Comercial). Por tanto, en ese marco, ésta nunca pudo ejercer en su nombre propio el derecho contenido en esos títulos.

            Esos datos bastaban para que la ejecutada no pudiera confundirse; sobre todo si la actora se presentó como lo hizo -no como ‘actora’ sino en calidad de socia gerente de la sociedad de hecho beneficiaria, promoviendo la ejecución como ‘socia’-, sin decir ser tenedora legitimada, sino tan sólo ‘tenedora’ (fs. 11, 51.II.1).

            El precedente judicial que se cita -referido a la presentación mediante un poder o mandato- claramente no es aplicable a la especie, donde no se debate una situación similar.

            En punto a la acreditación de la sociedad, debe aclararse que cuando la actora invocó su calidad de socia al iniciar la ejecución, la entidad estaba dentro de su plazo de vigencia. También lo estaba a la fecha de libramiento de los pagarés (fs. 11/vta., 41/42).

            Por lo demás, la actuación de la ejecutante en la condición alegada, luego de agotado el plazo aquel, viene autorizada por el artículo 99 de la ley 19.550, pues se trataría este juicio de la atención de asuntos urgentes, entendiendo por ellos los que se refieren al cumplimiento de relaciones jurídicas existentes o los que concretan aquellos actos cuya omisión en atenderlos pueda producir una disminución patrimonial o signifique el incumplimiento de su obligación (Nissen, R. A., ‘Ley de sociedades comerciales’, t. I, pág. 964).

            En fin, no se percibe por qué, el contrato social agregado a fojas 13/16, no debiera computarse como acreditación de la sociedad de hecho, si cualquier medio de prueba es hábil para hacerlo, conforme lo normado en el artículo 23, párrafo final, de la ley recién citada, en su texto de la ley 26.994 (algo similar prescribía el artículo 25 de la L.S., hoy modificado).

            De cara a la excepción de inhabilidad de título cimentada en que no se admite la aplicación de intereses en los pagarés librados con fecha de vencimiento absoluta (fs. 37/vta. y 52/vta. 53), cabe decir que no estuvo presente que se hubiera concebido en los pagarés en ejecución una promesa de esa índole. Visiblemente no contienen pacto semejante. Pero aun de habérselo previsto, ello no habría originado la inhabilidad de los títulos: simplemente se lo hubiera tenido por no escrita (art. 5 y 103 del decreto ley citado).

            En esto, cabe alinearse con la sentencia anterior que rechazó la excepción de inhabilidad de título teniendo por hábiles los documentos (fs. 46, segundo párrafo). Pero que de ninguna manera dejó expresamente sin efecto el reclamo de intereses. No hay una sola línea en tal sentido (fs. 45/vta., primer párrafo).

            Por el contrario, los acordó en cuanto pudieran corresponder. Esto así, frente a una excepción donde no se pidió que se determinara la tasa o el tiempo de los réditos, como ahora se reclama en los agravios, sino derechamente que había una inhabilidad parcial de los títulos para demandar intereses, y que no se adeudaban por no habérselos pactado y no tratarse de pagarés que admitieran tal estipulación (arg. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 272 y concs, del Cód. Proc.).

            Tocante a la moneda en que fueron concebidos los pagarés, la ejecutada opuso que conforme al artículo 765 del Código Civil y Comercial debía convertirse la obligación a moneda de curso legal (fs. 37 in fine y 38). Pero la sentencia no acogió esta pretensión y condenó al pago en dólares (fs. 46).

            En lo que interesa señalar, lo único que se dijo en el fallo es que el citado artículo habilitaría en su caso al ejecutado a liberarse pagando de la suma en moneda nacional, equivalente a la cantidad de dólares indicadas en los pagarés.

            Y en esto acierta también la decisión inicial. Porque el artículo 765 del Código Civil y Comercial de ninguna manera prescribe la convertibilidad de una obligación concebida en moneda que no sea de curso legal en la República en moneda de curso legal. Solo dice que la obligación así concebida se considera como de dar cantidades de cosas y que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda nacional. Es decir le da una opción, que el interesado podrá o no ejercer. Si la ejerce entonces da el equivalente, pero la moneda en la cual se concibió la obligación originariamente no está previsto allí que se altere.

            Si se coteja lo reclamado por la ejecutada y lo dispuesto por el juez y sostenido en el presente, podrá percibirse que en ello la apelante nada ha ganado.

            En síntesis, no hay razón para variar la imposición de costas pues la ejecutada ha resultado derrotada en toda su línea defensiva (arg. art. 556 del Cód. Proc.).

            La apelación se desestima con costas a la apelante vencida (arg. art. 68 y 556 del Cód. Proc.).

            VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Corresponde  desestimar  la apelación de foja 49 contra la resolución de fojas 44/46, con costas a la apelante vencida   y  diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 51 y 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Desestimar  la apelación de foja 49 contra la resolución de fojas 44/46, con costas a la apelante vencida   y  diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 21

                                                                                 

Autos: “PEREZ CRETARI MARIA FERNANDA  C/ SANGLA LUCAS JORGE S/ DIVISION DE COSAS COMUNES (118)”

Expte.: -89718-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “PEREZ CRETARI MARIA FERNANDA  C/ SANGLA LUCAS JORGE S/ DIVISION DE COSAS COMUNES (118)” (expte. nro. -89718-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 239, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es  procedente   la   apelación  de  foja 214?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            1. En el texto del escrito que dio comienzo a las diligencias preliminares solicitadas, se fundamentó el pedido en la necesidad de contar con mayor información por parte de la actora, para fundar adecuadamente su pretensión de división de cosas comunes o disolución de sociedad de hecho o la que correspondiera entablar contra Lucas J. Sangla (fs. 6/vta.).

            En lo que interesa destacar, dijo entonces la demandante que vivió en concubinato con aquel por cinco años. Resultaron adjudicatarios de un inmueble por el Plan Federal II, para matrimonios o concubinos sin hijos. Y vivieron allí hasta agosto de 2013 en que decidieron separarse. Quedó Sangla viviendo en la casa.

            En ese momento se ubica el comienzo de los problemas al intentar acordar ‘la división de bienes que la pareja había adquirido durante los años de convivencia…’. Bienes que, en esa oportunidad, no fueron concretamente definidos, detallados ni tasados (fs. 6/vta.).

            El acta de la mediación, frustrada, tampoco proporciona datos sobre este aspecto (fs. 56/58).

            En el reclamo extrajudicial -cursado con posterioridad a la información prestada por la Municipalidad de Trenque Lauquen y al cierre de la mediación- se intimó a Sangla, que de pretender ser único adjudicatario de la vivienda social, le abonara el importe equivalente al cincuenta por ciento del valor del inmueble, descontándole las cuotas aún impagas y el importe del canon locativo a determinarse por la ocupación (fs. 59). La petición fue rechazada.

            Al fin, en la demanda -que marcó el objeto del litigio- la actora planteó como adjudicataria del inmueble sito en Gobernador Allende 333 de Trenque Lauquen, demanda de división de cosas comunes contra el restante adjudicatario Lucas Jorge Sangla (fs. I, primero y segundo párrafos).

            Y, más allá de relatar y transcribir aquellas cartas documentos despachadas antes por cada parte -lo más positivo y preciso que dijo en torno a lo pedido fue que: ‘Como consecuencia de la negativa del Sr. Sangla en su carácter de coadjudicatario a arribar a un acuerdo para dividir el inmueble en cuestión, …’, se encontró obligada a tener que pedir la ‘división de cosas comunes’, por la ruta judicial (fs. 86; lo subrayado no es del original). Mencionando especialmente que era el demandado quien debía soportar las costas por considerar que el juicio se había generado a partir de la negativa de Sangla a la división extrajudicial (fs. 86.IIIA).

            Nada se dijo en ese escrito liminar  acerca de reformas o ampliaciones en la vivienda. Tampoco se pretendió reintegro alguno de gastos o sumas invertidas por la actora en tal concepto (arg. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Cód. Proc.). Se sostuvo que  ‘…el inmueble está aún siendo pagado (las cuotas correspondientes) y por tal motivo no se ha obtenido la escritura…’.. Pero nunca se llegó a postular que algunas o todas ellas hubieran sido abonadas por la actora.

            De su parte, el demandado -en lo que concierne subrayar- negó que el inmueble en cuestión se le hubiera adjudicado a la actora o a ambas partes; o que hubiera adquirido bienes en común con ella; o que la actora estuviera pagando las cuotas correspondientes, entre otros hechos (fs. 143.II). Afirmó que fue único adjudicatario de la vivienda social y quien pagó las cuotas con sus propias entradas. Desconociéndole a la accionante legitimación para solicitar la división de una cosa que no le pertenece (fs. 143/vta.).

            Estos son los términos en que quedó determinado el objeto del litigio y se fijaron los límites dentro de los cuales debe transitar el juzgador. Pues si fueran traspuestos o soslayados, se incurriría inevitablemente en la violación del principio de congruencia establecido en los artículos 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del Cód. Proc., el cual exige que debe haber  correspondencia entre la acción tal cual fue promovida y la sentencia que se dicte, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las pretensiones sometidas a su examen y sólo sobre éstas y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las formulaciones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos (S.C.B.A., B 58475, sent. del 02/09/2015, ‘Petrini, Raúl José c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativa’, en Juba sumario B4003787).

 

            2. Ahora bien, la información proporcionada por la Municipalidad de Trenque Lauquen, pedida por la accionante en su diligencia preliminar, da cuenta que la vivienda correspondiente al Plan Federal II de la localidad y partido homónimo, designada catastralmente como: circunscripción I, sección B, quinta 7, manzana 7B, parcela 7, sita en la calle Gobernador Allende número 333, fue adjudicada en forma definitiva sólo a Lucas Jorge Sangla, por el decreto 1177/10, del 22 de octubre de 2010 (fs. 19, 42).

            Asimismo, acreditó el demandado haber pagado las cuotas a que se refieren los comprobantes que acompaño de fojas 101 a 130; desde la primera el 22 de febrero de 2011, hasta la abonada el 9 de diciembre de 2014. Cuya autenticidad no ha sido desconocida (fs. 148; arg. art. 354 inc. 1 del Cód. Proc.).

            En este cuadrante, entonces, resulta que la actora no demostró el presupuesto basilar en que basó su acción: ser o haber sido coadjudicataria de la vivienda social correspondiente al Plan Federal II, cuya división como cosa común, reclamó (arg. art. 375 y 384 del Cód. Proc.).

            Hay una constancia, aportada por la comuna al responder el pedido de informe que le cursó la apelante, donde figura una declaración jurada de Sangla de la cual se infiere -no obstante el defecto de redacción- que al 2 de febrero de 2009 hacía tres años y medio que convivía con María Fernanda Pérez Cretari (fs. 25). También se encuentra -entre la documentación que agregó la Municipalidad- los recibos de sueldo de actora y demandado, ambos de enero de 2009 (fs. 26 y 27). Todo lo cual da pábulo a pensar que el hecho de la convivencia de la pareja, haya sido un elemento considerado para poder acceder a la vivienda social. Sin perjuicio que la entidad no lo menciona al indicar los requisitos para resultar adjudicatario de un bien como el que se le adjudicó a aquél (fs. 17.2.a y 48, II.a; arg. arts. 384 y 401  del Cód. Proc.).

            No obstante, es parejamente computable que la actora -al final- se retiró voluntariamente de la vivienda en agosto de 2013, dejando al actor viviendo allí (fs. 6/vta.). Que es quien la continúa ocupando, sin otra contingencia que el presente reclamo de aquélla, que no apunta a activar una situación anómala con relación a la vivienda social, sino a consolidar su estado  de ocupación, en tanto se contemple la compensación económica buscada.

            De todas maneras, basar sólo en el corolario que la convivencia previa pudo ser un dato valioso para que Sangla obtuviera la adjudicación definitiva de la vivienda social, no hace al carácter común de ésta que permita obtener la división que se pretende. Ya fue mencionado que Pérez Cretari no probó haber abonado ninguna de las cuotas. Y como es sabido, para la Suprema Corte, el concubinato no crea por sí mismo una sociedad de hecho entre los concubinos,  ni tan siquiera hace presumir su existencia. Las ganancias de sus respectivos quehaceres laborales o económicos, son de exclusiva pertenencia y administración de cada concubino, quienes pueden disponer de ellos como quieran (antes  arts. 1651 y 1663 del Código Civil; actualmente arts. 1, 5, 21, 23 y 27 de la ley 19.550, modificada por la ley 26.994; S.C.B.A., Ac. 84913, sent. del 14/03/2007, ‘C.,B. c/ L.,H. s/ Disolución sociedad de hecho’, en Juba sumario  B28866).

            En fin, no hay ganancialidad en los bienes solamente por la convivencia (args. arts. 1261, 1271, 1272 y concs. del Código Civil; arg. arts. 463, 465 y concs. del Código Civil y Comercial). Por manera que si la actora pretendía que le pertenecía parte del valor de la casa, al menos debió justificar que había pagado igual proporción de las cuotas.

            Acaso, las mejoras que hubiera realizado en el bien adjudicado exclusivamente a su contraparte, podrían haber activado la conjetura de una acción de reintegro -de monto equivalente- basada en un hipotético enriquecimiento sin causa: Pero, en principio no constituyen aportes que hagan de la vivienda un inmueble común ni sostengan su división como se postuló en la demanda (fs. 177/vta., 178/vta. -respuestas quinta, sexta y séptima-, 180/vta., -respuesta sexta-, arg. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del Cód. Proc.).

            Además, -se reitera- no fue una temática planteada con la demanda; y por tanto, tratándose de un capítulo no propuesto a la decisión del juez de primera instancia, es improcedente que esta alzada la considere (fs. 227/vta., primer párrafo, 228, primero y cuarto párrafos; arg. art. 272 del Cód. Proc.).

 

            3. Si se ha seguido todo el relato hasta aquí, no podrá sostenerse que en la decisión que se adopta hay apartamiento de lo peticionado por la actora. Por el contrario, se ha tratado de explicar el perfecto calce de las cuestiones tratadas con las que fueron propuestas en la demanda, desechando aquélla que se introdujo novedosamente en el escrito de agravios.

            Pero aún así, la respuesta es desfavorable para la demandante, recogiendo en parte los argumentos desarrollados por el demandado (fs. 143/vta.).

            Por ello, como vencida, debe soportar las costas del proceso, devengadas en ambas instancias (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

 

            4. En suma, si este voto es compartido corresponderá rechazar la apelación articulada, con costas a la apelante fundamentalmente vencida (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

            VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde rechazar la apelación  de  foja 214, con costas a la apelante y  diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Rechazar la apelación  de  foja 214, con costas a la apelante y  diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

                                               Silvia E. Scelzo

                                                      Jueza

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Familia Nº 1

                                                                                 

Libro: 45– / Registro: 20

                                                                                 

Autos: “A., D. P.  C/ P., G. S/MATERIA A CATEGORIZAR”

Expte.: -88597-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “A., D. P. C/ P., G. S/MATERIA A CATEGORIZAR” (expte. nro. -88597-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 123, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿Proceden las apelaciones de fojas 89, 90/91 y 94/vta.?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            1. No obstante el esfuerzo del apelante en revertir la atribución de responsabilidad que le imputó el fallo apelado, el proceso brinda elementos bastantes para resolver, como lo hizo, haciendo lugar a la indemnización por daño moral, a partir de normativa civil específica vigente al tiempo de consumarse los hechos (arts. 246, 247, 249, 254, 910, 919, 1073, 1074, 1078, 1109 y 3296 bis del Código Civil; S.C.B.A., C 107.423, sent. del 2-3-2011, ‘Díaz, Manuel Sebastián contra Dirección de Educación Media y Técnica y Agraria. Daños y perjuicios’, en ‘Cuadernos de doctrina legal’, número 3; arts. 19, 33, 75 inc. 12 y 22 de la Constitución Nacional y 12 inc. 2 de su par Provincial y tratado internacional con igual jerarquía: arts 1.1, 2, 18 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos).

            En efecto, aun dejando de lado la prueba testimonial y la falta de contestación de la demanda, es un dato basilar -expuesto por el propio demandado- que ‘…el nunca desconoció ser el padre de la menor y siempre tuvieron trato…’ (fs. 74; arg. art. 421 del Cód. Proc.). Le brindó tratamiento de hija desde los seis años; y es en virtud de ello que la actora concurría a su vivienda acompañada por su abuela materna, aunque en oportunidades la fue a buscar él. Sin embargo, no obstante ser intimado extrajudicialmente omitió el reconocimiento del estado de familia en el Registro Civil  (fs. 63 y 74, posiciones: 4, 9, 10, sus respuestas y aclaraciones).

            Es decir, no negó la paternidad, pero ello no parece haberlo  motivado lo suficiente para pasar a los hechos y activar el emplazamiento de su hija mediante un reconocimiento voluntario de la filiación, dejando esa relación en la opacidad. Cuando no hay noticias ciertas y valederas que alguien se lo hubiera impedido con tal imperio que justificara su rémora (fs. 110, segundo agravio).

            No mejora significativamente su posición, que una vez iniciado el juicio  de filiación hubiera acordado someterse a la extracción de muestras hemáticas a fin de la prueba de ADN (fs. 30/vta. del expediente agregado). De no haber procedido como lo hizo, de todas maneras hubiera quedado afectado por la presunción adversa establecida por el art. 4 de la Ley 23.511 (Cám. Civ. y Com., Junín, causa 43208, sent. del 14-7-2009, ‘ A., M. A c/M., F. M. s/Filiación’, en Juba sumario B1600348; fs. 110 7 vta., tercer agravio).

            Pero además, lo significativo es que ya conocido el resultado irrevocable de compatibilidad genética y probabilidad de paternidad estimada en un 99.99998558 por ciento, tampoco adoptó ninguna actitud tendiente a hacer efectivo el reconocimiento de la filiación. Conservando una posición pasiva en desmedro del interés de la comprobada hija biológica.

            Queda claro de este modo, que en todo el lapso que corre desde que la actora nació, recibiendo desde los seis años trato de hija con alguna intermitencia en ambientes íntimos, pasando por la intimación extrajudicial y que se cierra con la prueba genética positiva, el demandado lejos de incurrir en una mera omisión, incursionó en una abstención deliberada de reconocer a quien sabía era su descendiente,  perpetrando de esta forma un ilícito civil de comisión por omisión y causando un daño a quien tuvo y tiene el derecho a obtener el cumplimiento de ese deber (fs. 51/53 vta. del expediente agregado; arts. 246, 247, 249, 254, 910, 919, 1073, 1074, 1078, 1109 y 3296 bis del Código Civil: actualmente, arts. 570, 571 a y b, 573, 579, 582, 587, 710, 2281 y concs. del Código Civil y Comercial).

            Resulta importante puntualizar  -y en esto parece no haber dudas-  que el acto de reconocimiento es voluntario y unilateral, pero no arbitrario. Y de ello se desprende, que quien elude voluntariamente el deber jurídico de reconocimiento es responsable de los daños originados ya que, en ese marco, el desconocimiento del nexo biológico, importa una ilicitud (se remite al lector a las normas ya citadas, para no repetir; asimismo, al art. 587 del Código Civil y Comercial). Ilicitud que generó perjuicios extrapatrimoniales a la hija, pues afectó su derecho al nombre, su derecho a conocer su identidad, su derecho a solicitar alimentos, sus derechos sucesorios y sobre todo su derecho a la personalidad. Todo lo cual no se salva absolutamente con el sólo expediente de haber mantenido privadamente con ella trato privado de hija que con alguna interrupción se le dispensó, pero sin reconocer su filiación, aun cuando pueda tener alguna incidencia en la determinación del costo del perjuicio (arg. art. 1078 del Código Civil; arg. arts. 587, 1716, 1717, 1737, 1738, 1741 y concs. del Código Civil y Comercial).

            En fin, en el cuadrante indemnizatorio, computando la actitud de pasividad asumida desde el punto de partida elegido por el actor, sin queja del demandado,  sumado a que éste continuó sustrayéndose a toda acción positiva para emplazar a su hija en el estado de familia que le correspondía, luego de comprobado el vínculo biológico, se obtiene un monto en años que, con sus más y sus menos, no se calcula inferior  a  los transcurridos desde que venció el plazo de cuarenta días para el reconocimiento espontáneo, tal como lo postula la accionante sin impugnación de la contraria (fs. 18.IV, segundo párrafo).

            Finalmente, hay que señalar que la sentencia apelada no  ha quebrantado los recaudos del art. 163 del Cód. Proc. -como le imputa el demandado, sin mayor rigor- pues  de su lectura se obtiene que abastece las previsiones de los incisos 1 a 5 de dicha norma. Y que en los desarrollos precedentes se han consultado los lineamientos adoptados por esta alzada en la causa 89046, fallada el 11-3-2015, caratulada ‘C., B. L. c/ R., A. A. s/ filiación’, que puede consultarse en el registro 12 del libro 44.

            En suma, la apelación de P., en el contexto de los agravios que fijan su límite, debe ser desestimada, con costas al apelante vencido (arg. art. 68 del Cód. Proc.).

 

            2. Tres cuestiones despertaron la queja de la actora, que se ordenan de este modo: (a) la suma otorgada en concepto de daño moral es menguada e insuficiente, cotejándola con la solicitada en la demanda; (b) se omitió el tratamiento del rubro ‘gastos de tratamiento psicológico’; (c) omitió consignar intereses solicitados en el escrito liminar (fs. 112/115).

            Tocante a la primera, resulta que en la demanda se reclamó para reparar el daño moral, la suma de $ 90.000, o lo que en más o en menos se fijare, a valores del 27 de marzo de 2013 (fs. 17.c y 23/vta.). Puede colegirse que se tomó como lapso de desconocimiento de la paternidad el que corre desde el 28 de diciembre de 1985, fecha en que venció el plazo legal para inscribir el nacimiento (arts. 28 y 29 de la ley 26.413), hasta el momento de la presentación de la demanda: unos veintisiete años. Aunque la sentencia tomó veintinueve, habría contado el tiempo hasta la fecha de ese pronunciamiento (fs. 15/18, 86 y 87/vta., último párrafo).

            Esos $ 90.000, significaban entonces 478,72 jus (S.C.B.A. Ac. 3590). Que para veintisiete años, pueden traducirse en 17,73 jus por año.

            El fallo concedió $ 40.500 el 11 de junio de 2015. Pasados a jus, son 110,95 de esa unidad (S.C.B.A., Ac. 3748). Para una pauta temporal de veintinueve años, representa 3,82 jus por año (fs. 87/vta.).

            Ahora bien, esta alzada en precedentes que pueden computarse y relativamente recientes, ha venido fijando el daño moral en acciones de filiación, conforme los siguientes valores, a saber: en la causa ‘C., B.L. c/ R. A.A. s/ filiación’ (sent. del 11-3-2015, L. 44, Reg. 1), al momento de la sentencia la condena por este perjuicio ascendió a $ 55.000, lo cual para un período de desconocimiento de veinticuatro años y a un jus de $ 365 (Ac. S.C.B.A., 3748), significó la cantidad de pesos equivalente a 6,27 jus por cada año; en la causa ‘M., M.P. c/ B., J.A. s/ filiación’ (sent. del 4-2-2015, L. 44, Reg. 1), al tiempo de la sentencia, la condena por este mismo concepto llegó a $ 85.840, lo cual para un lapso de desconocimiento de treinta y siete años y a un jus de $ 290 (Ac. S.C.B.A. 3704), representó la cantidad de pesos equivalentes a ocho jus por año (los antecedentes fueron extraídos del voto elaborado por el juez Sosa para la causa 89.716, sent. del 24-2-2016; “Z.,L.J. c/ B y L.,E. s/ filiación”, L. 45, Reg. 10). Ambos guarismos están por encima de lo determinado en la sentencia apelada.

            Con esos parámetros y observando que los agravios de la actora no proporcionan datos, elementos ni otras pautas que deban considerarse diferentes a las apreciadas en la sentencia recurrida, limitándose no más que a comparar lo otorgado con lo pedido, aparece lo más discreto, ceñirse a los antecedentes de esta alzada que se han evocado. Lo cual conduce -tomando un promedio de 7,13 jus por año de desconocimiento- a la cantidad de 206,91 jus por los veintinueve años de carencia de su filiación por parte de la demandante.

            Esto significa que al valor actual del jus ($ 397; S.C.B.A. Ac. 3748), se arriba a la cantidad de $ 82.143. Suma que parece razonable, teniendo presente que el demandado no dejó de darle a la actora trato de hija, con cierta continuidad, y a tenor de las pautas que dicta el artículo 1741 del Código Civil y Comercial, en cuanto a que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas que puede procurar la cuantía que se reconoce y que le permitiría, con sus accesorios, acaso adquirir un automóvil usado de cierta antigüedad, realizar un viaje de relativa importancia, etc..

            Por estos fundamentos, el monto de la indemnización del daño moral se eleva a $ 82.143, lo que representa la medida en que el agravio prospera.

            En punto a la segunda queja de la actora, debe reparase que la necesidad, tipo, tiempo y entidad de un tratamiento psicológico, va de la mano de un diagnóstico. Y este requiere de la información de un profesional especializado. No pueden compensarse perjuicios en base a simples conjeturas como las que desarrolla la demandante en su escrito inicial (art. 1744 del Código Civil y Comercial; fs. 17 y vta.; arg. art. 374 y concs. del Cód. Proc.).

            Y esa prueba crucial, no fue ni siquiera ofrecida (fs. 21/22).

            Por ello, no obstante tratarse el tema en esta instancia, el resultado es su desestimación por el déficit probatorio referido.

            Distinto es el caso de los intereses, también ignorados por la sentencia recurrida, pero que cabe reconocer en cuanto fueron puntualmente solicitados en la demanda (art. 1748 del Código Civil y Comercial; fs. 13.I, 18.IV y 22.f; arg. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Cód. Proc.).

            Correrán desde que se produjo el perjuicio: momento que la accionante fijó en el día 28 de diciembre de 1985, no cuestionada por la contraria (fs. 18). Y hasta el efectivo pago.

            Con respecto a la tasa, se pidió la pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires (fs. 114/vta.).

            Además es la que siguiendo la indicada en la doctrina legal de la Suprema Corte a la cual los jueces deben atenerse (S.C.B.A., C 118680, sent del 15-7-2015, ‘E. de V., M.A. c/ Roza, Jorge Enrique y otro s/ daños y perjuicios’, en Juba sumario B26986).

            Con este alcance se admite el agravio consiguiente.

            Las costas por el recurso de la parte actora, por ser sustancialmente vencedora deberán cargarse a la apelada (arg. art. 68 Cód. Proc.).

 

            3. Con lo que se ha venido diciendo, es consecuente que el recurso de la demandada se desestima en toda la línea.

            De su lado, el de la actora prospera parcialmente, logrando elevar la indemnización por daño moral a $ 82.143 y el cómputo de los intereses. Fracasando en la pretensión referida al costo de tratamiento psicológico.

            En consonancia, al variar el contenido económico del proceso, deben desactivarse los honorarios prematuramente regulados con una base regulatoria calculada con ajuste a una sentencia que no estaba firme.

            Lo cual, a su vez, hace perder virtualidad al recurso contra aquella regulación, articulado a fojas 90/91, salvo en cuanto planteó -lo mismo que aquí se ha dicho- o sea, que la regulación era apresurada.

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde:

            1- desestimar la apelación de la parte demandada de fojas 94/vta., con costas al apelante vencido;

            2- estimar, parcialmente, la apelación de la actora  en cuanto al monto de la indemnización del daño moral  el que se eleva a $ 82.142; y el cómputo de los intereses, que correrán desde el día 28 de diciembre de 1985 y hasta el efectivo pago, con tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires; con costas a la parte apelada, por ser aquélla sustancialmente ganadora (arg. art. 68 Cód. Proc.).

            3- dejar sin efecto, por prematura, la regulación de honorarios, declarando, en consecuencia, carente de virtualidad el recurso de fojas 90/91.

            4- diferir la resolución sobre honorarios en cámara (arts. 31 y 51 d.ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            1- Desestimar la apelación de la parte demandada de fojas 94/vta., con costas al apelante vencido.

            2- Estimar, parcialmente, la apelación de la actora  en cuanto al monto de la indemnización del daño moral  el que se eleva a $ 82.142; y el cómputo de los intereses, que correrán desde el día 28 de diciembre de 1985 y hasta el efectivo pago, con tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires; con costas a la parte apelada.

            3- Dejar sin efecto, por prematura, la regulación de honorarios, declarando, en consecuencia, carente de virtualidad el recurso de fojas 90/91.

            4- Diferir la resolución sobre honorarios en cámara.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Alsina

                                                                                 

Libro: 47– / Registro: 202

                                                                                 

Autos: “LAVARRA JOHNSON MAISA GABRIELA C/ ROBILOTTE FABIO S/ FILIACION”

Expte.: -88995-

                                                                                 

            TRENQUE LAUQUEN,  7 de julio de 2016.

            AUTOS Y VISTOS: los recursos de apelación  de  fojas  347 y 348  contra la regulación de foja 333.

            CONSIDERANDO.

            a- Han sido apelados por altos  los honorarios regulados por la tarea profesional  de la letrada  Monteiro, patrocinante del demandado  (f. 348).

            El presente transitó por las tres etapas del artículo 28.a) del d-ley arancelario local; se produjo prueba testimonial y se llevaron a cabo dos pericias de ADN,  presentando alegatos la accionada  (ver fs.  25/vta., 105, 136/137, 222/225 y 301/307; art. 28.a.3 d.ley cit.);  resultando gananciosa la parte demandada en tanto se rechazó la demanda de filiación (v. fs. 319/320; art. 26 del d-ley 8904/77); entonces  dentro de ese  contexto los  honorarios de Monteiro  fijados  en la suma equivalente a  40 JUS al momento de su regulación no resultan ser altos (art. 34.4. cpcc. y 16 del d.ley cit.).

            Máxime cuando la  apelante  no argumenta por qué considera elevados esos  honorarios regulados y como no se advierte manifiesto error in iudicando en los parámetros legales y matemáticos aplicados por el juzgado, esta situación conduce a la desestimación del  recurso deducido (v. esta cám. expte. 88237 L. 43 Reg. 347,  entre muchos otros).

            b- La abog. Fernández que actuó por la parte actora, recurre “por bajos”   los honorarios regulados a su favor (v. f. 347) pero sin argumentar  por qué los considera exiguos, y como no se advierte manifiesto error in iudicando  esta situación también  conduce a la desestimación del  recurso deducido (v. esta cám. expte. 88237 L. 43 Reg. 347,  entre muchos otros).

            Máxime que  sus tareas  correspondieron a la segunda  y tercera etapa del proceso (v.fs. 43, 95, 105,  119/121vta. entre otras y  126/127vta.), ya que la primera fue  llevada a cabo por el abog. Violino (v.fs.6/8, arts. 13 y 16 de la normativa arancelaria) y como su cliente resultó condenada en costas (art. 26 segunda parte d.ley cit.) los honorarios fijados en la suma de pesos equivalente a 30 JUS a la fecha de su regulación   no  resultan ser  bajos (art. 34.4. cpcc).

            Por todo ello, la  Cámara RESUELVE:

            Desestimar los recursos de fs. 347 y 348.

            Encomendar la regulación de honorarios por las incidencias resueltas a fs. 144/145 y 257/vta. para luego regular honorarios por las tareas ante la alzada que dieron origen a las decisiones de fs. 167/169 y 280/282vta. (arts. 34.5.b. cpcc.; 31 del d.ley 8904/77).

            Encomendar la regulación de honorarios a favor de la perito médica oficial (v. fs. 222/225, 250 301/307; art. 34.5.b. cpcc.).

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 del d.ley 8904/77).

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

                                                                                 

Libro: 47– / Registro: 201

                                                                                 

Autos: “REDONDO, ALBERTO JULIO S/ SUCESION AB-INTESTATO”

Expte.: -89961-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los seis días del mes de julio de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “REDONDO, ALBERTO JULIO S/ SUCESION AB-INTESTATO” (expte. nro. -89961-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 234, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  ¿son fundadas las apelaciones de fs. 229/vta. y 230/vta. contra los honorarios regulados a fs. 205/206, 212/vta. y 215/216 vta.?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            1- Se trata de una regulación de honorarios  parcial, sólo sobre uno de los bienes relictos (ver f. 201 ap. SEGUNDO).

            Por las dos primeras etapas del sucesorio el juzgado aplicó un 8% sobre la base regulatoria, lo cual  se ajusta a la escala usual aplicada aquí (art. 1 CCyC; esta cámara, entre muchos: “Alcaraz”,  30/7/2013, lib. 44 reg. 213; “García”, 11/12/2012, lib. 43 reg. 445; etc.), sin que se hubiera explicado en los recursos ni se advierta de modo manifiesto que pueda resultar injusta su aplicación aquí (arts. 2 y 3 CCyC; art. 34.4 cód. proc.).

            Pero en esas dos primeras etapas  nada más el abogado Carlé (cedente en favor de Corbatta, ver f. 201 ap. PRIMERO) devengó honorarios comunes (ver considerando 6-, a fs. 166/vta.,  de resolución de fs. 163/171), de manera que el juzgado omitió aplicar la reducción del 10% prevista en el art. 14 última parte del d.ley 8904/77. Por esta razón, corresponde reducir a $ 137.393,85 los honorarios comunes por las dos primeras etapas, siempre un 50% a cargo de cada uno de los dos obligados al pago.

            Lo anterior demuestra que es infundado el recurso por bajos de fs. 229/vta. y que en cambio es fundado el por altos de f. 230.II.

 

            2- Para la regulación de honorarios particulares:

            a- lo primero en discusión es la base pecuniaria  -no las alícuotas-;

            b- lo segundo es la consideración del patrocinio tratándose de los honorarios a cargo de Juan Manuel Redondo.

            En ambos supuestos,  vuelven a tener razón los apelantes de fs. 230/231.

            Es que debe tomarse como base pecuniaria el monto correspondiente a cada heredero, s.e. u. o. un 50% del valor del bien que les fue adjudicado a ambos, esto es, $ 954.124,05 para cada uno (ver cálculos a f. 230 vta.; art. 16.a d.ley 8904/77).

            Por fin, dado que la tarea de f. 20 fue realizada por Carlé como patrocinante (ver cesión en beneficio de Corbatta a f. 201 ap. PRIMERO), sí ha lugar la reducción del 10% contemplada en el art. 14 in fine de la ley arancelaria.

            Entonces, dentro de los límites del recurso de fs. 230/231, se ajusta a derecho reducir los honorarios particulares en favor del abogado Corbatta a sendas sumas de $ 9.541,25 y $ 4.293,55 a cargo respectivamente de María Laura y de Juan Manuel Redondo (art. 34.4 cód. proc.).

            ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde:

            a- desestimar la apelación por bajos de fs. 229/vta.;

            b- estimar la apelación por altos de fs. 230/231 y reducir los honorarios en favor del abogado Corbatta, fijándolos: (i)  en $ 137.393,85 los comunes por las dos primeras etapas; (ii) en $ 9.541,25 y $ 4.293,55 los particulares a cargo respectivamente de María Laura y de Juan Manuel Redondo.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            a- Desestimar la apelación por bajos de fs. 229/vta.;

            b- Estimar la apelación por altos de fs. 230/231 y reducir los honorarios en favor del abogado Corbatta, fijándolos: (i)  en $ 137.393,85 los comunes por las dos primeras etapas; (ii) en $ 9.541,25 y $ 4.293,55 los particulares a cargo respectivamente de María Laura y de Juan Manuel Redondo.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 d.ley 8904/77).

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz letrado de Salliqueló

                                                                                 

Libro: 47– / Registro: 200

                                                                                 

Autos: “P., F. M. C/ O., M. G. S/ REGIMEN DE VISITAS”

Expte.: -89655-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los seis  días del mes de junio de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “P., F. M. C/ O., M. G. S/ REGIMEN DE VISITAS” (expte. nro. -89655-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 246, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿son procedentes las apelaciones de fs. 99 y 128 contra la resolución de fs. 83/89?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            1- A fs. 83/89 se dicta resolución en que:

            a- se establece un régimen comunicacional provisorio de semana alternada del niño J. M. con cada progenitor. Se fijan pautas para su cumplimiento (puntos 1 y 2 de la parte dispositiva).

            b- se ordena que los padres se abstengan de actos u omisiones que perturben el régimen comunicacional y establece sanciones económicas en caso de incumplimiento de aquél, con más el apercibimiento de ordenar que se lleve a cabo -en caso de ser necesario- por medio de la fuerza pública (puntos 3 a 5).

            c- se dispone que los padres y el niño realicen tratamiento terapéutico (puntos 6 y 7).

            d- se prohíbe a los padres y terceras personas la difusión de datos de las causas judiciales que los involucran (punto 8).

            e- se cargan las costas por su orden (punto 9).

            2- La resolución es objeto de recursos:

            a- a f. 99 apela P., quien al fundar su recurso se queja -en síntesis- de que no se haya respetado el acuerdo original arribado entre los padres, no acatándose así el interés del niño de mantener contacto diario con ambos progenitores, de lo que se vería privado de estar una semana con cada padre sin tener contacto con el otro (v. fs. 132/135).

            b- a f. 128 recurre O., quien, en resumen, pretende la suspensión del régimen de visitas (hoy régimen de comunicación) del niño con el padre hasta tanto éste muestre un cambio en su conducta y realice tratamiento psicológico; en su defecto, pide se fije un régimen de dos horas diarias supervisado por el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del niño, permaneciendo el resto del tiempo con ella (fs. 138/139).

            3- Veamos.

            De la lectura de la resolución de fs. 83/89 surge, allende el título que se le haya dado por la sentenciante, que lo que se fijó no fue un régimen de comunicación entre el niño J. M. y sus padres (antes, régimen de visitas), sino un sistema de cuidado personal de hijo compartido alternado, al resolver que aquél permanecería una semana con cada uno de sus progenitores (f. 87 vta. p. 1; arts. 648, 649 y 650 CCyC).

            Y respecto de ese sistema, ambos padres apelantes coinciden en que se modifique, estableciéndose el excepcional cuidado personal unilateral en cabeza de la madre del niño, previsto en el art. 653 del Código Civil y Comercial.

            Ello surge claro cuando el padre en su memorial -ver especialmente f. 133 p.2- dice que lo agravia que la jueza no haya homologado el único acuerdo al que las partes habían arribado, que no es otro que el que luce a fs. 17/vta., en que habían consensuado que J. M. viviría de lunes a viernes con su madre, yendo con su padre desde el viernes a las 14 hs. hasta el domingo a las 20 hs., además de poder estar con él los martes y jueves de 14 a 20 hs.. Régimen que no implicaba más que el cuidado del niño estaría a cargo de su madre, fijándose una amplia comunicación con su padre.

            También se advierte esa coincidencia en el régimen de cuidado exclusivo, cuando la madre del niño critica que permanezca una semana alternada con cada progenitor y pide se suspenda el régimen de visitas a favor del padre, con las condiciones que expone. No otra cosa supone ese agravio que pretender asumir ella el cuidado personal exclusivo de su hijo (arg. art. 653 ya citado).

            De tal suerte, por el consenso de ambos padres en sus memoriales, se allana, en principio, el camino para modificar la resolución de fs. 83/89 en cuanto establece un régimen de cuidado personal compartido alternado de su hijo, para, en vez, volver al estado anterior a esa decisión en que J. M. se hallaba al cuidado de su madre (v. fs. 8/9 vta. y ss.).

            Pero digo en principio, pues con posterioridad a la emisión de la sentencia en crisis, variaron las circunstancias fácticas respecto del cuidado personal del niño: según surge del expediente, ese cuidado se desplazó, en los hechos, en favor del padre, quien llevó al niño a vivir con él a la  localidad de Castelar (v. fs. 204, 211/212 p.II, pericia de fs. 236/240 -especialmente: fs. 238 penúlt. párr., 238 vta. tercer párr., 239 vta. segundo y cuarto párrafos de la entrevista a Juan Martín-, mandato del niño a su abogada, en que manifiesta vivir con su padre, ya no en Salliquelló, y audiencia de f. 250).

            Empero, se mantendrá lo antes dicho sobre volver al cuidado personal exclusivo en cabeza de su madre, al menos por ahora, no sólo por aquel primigenio acuerdo de fs. 17/vta., sino porque las constancias que tengo a la vista así lo aconsejan en pos del bienestar de J. M., más allá del cambio producido, como se narra en párrafos anteriores.

            No pierdo de vista que el régimen de cuidado personal unilateral tiene carácter excepcional, inclinándose la ley por el compartido, sea de carácter indistinto o alternado, privilegiándolo por considerar que es el que mejor asegura el derecho del hijo a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres, respetando así el principio de coparentalidad (ver Lorenzetti, Ricardo L., “Código Civil y Comercial…”, t. IV, pág. 343 y ss., ed. Rubinzal Culzoni, año 2015, con cita de los arts. 9 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño; además, art. 651 CCyC).

            Pero entiendo que aquí, median razones suficientes -como ya lo anticipé- para hacer jugar la excepcionalidad del art. 653 del Código citado, estableciendo que el cuidado personal de J. M. estará bajo la órbita de su madre, como -insisto- abogaron ambos padres al apelar, más allá de la posterior decisión del padre de llevar a J. M. con él.

            Es que tomar esta decisión significa tener en cuenta que ha sido la madre quien presenta un menor grado de reticencia a pemitir la comunicación entre el niño y su padre (por ejemplo, ver fs. 34/vta. p.4 del expte. 5686/15 que tengo a la vista; fs. 102/103, 122/vta., 141/vta., 147/vta., 159/vta., 204 y pericia de fs. 236/240, específ. 236 vta., 238 y 238 vta.) e implica el mantenimiento de la situación existente y el respeto del centro de vida del niño hasta la decisión unilateral e inconsulta de su padre de llevar a J. M. a vivir con él a Castelar, sin que se configuren circunstancias de hecho que tornen recomendable permitir el desplazamiento de ese centro de vida desde Salliqueló a aquella ciudad.

            Como se ve en el expediente, antes de esa decisión de su padre, el niño vivía en la localidad de Salliqueló, allí iba a la escuela y tenía sus amigos, no habiéndose adaptado al cambio impuesto por el padre, siendo recomendación de la perito psicóloga Moreira a f.  240 que regrese a vivir a Salliqueló (ver “Conclusiones Generales”).

            Y aunque el niño ha manifestado que quiere vivir con su padre, y el  art. 653 del CCyC, en sus incisos b) y c), indica que el juez al decidir deberá tener en cuenta la edad y la opinión del menor, relacionándose ambos conceptos en cuanto a que mayor edad y grado madurativo más fuerza debe asignársele a las manifestaciones del niño (ver inciso autor y op. cits., pág. 363.III.1.B; además, art. 639.c mismo código), se trata aquí de un menor de diez años de quien la perito ya nombrada predica que se registra “una necesidad materna de quien se siente dependiente afectivamente” (f. 240 “Conclusiones psicológicas”) y que el cambio que le impuso su padre “tiene actualmente consecuencias psíquicas negativas para J. M.” (f. 240 “Conclusiones Generales”), aconsejando -reitero- que regrese a vivir a Salliqueló y se vehiculice el vínculo madre-hijo, por fuera del deseo y las imposiciones de su padre (f. citada, penúltimo párrafo).

            Por ello es que deberá seguirse un camino diferente al expresado por J. M. de estar bajo el cuidado unilateral de su padre; es que si bien ha manifestado su opinión (arg. art. 653.c CCyC), ello no implica, sin más, que deba ser aplicada a rajatablas, pues el espíritu que anima ese derecho es, fundamentalmente, proteger su interés, pero ello no es sinónimo de aceptar su deseo y de allí que sus opiniones deberán ser evaluadas mas en conjunto con los demás elementos obrantes en el proceso, datos que surgirán, por ejemplo, de los informes que puedan obrar en autos (cfrme. SCBA, Ac. 87832, 28-07-2004, “C., G.F. c/ M., S .E. s/ Tenencia”, fallo que puede verse en el sistema Juba en línea; arg. arts. 12.1 Convención de los derechos del Niño, 75.22 Const. Nac., 27.a ley 26.061, 26, 639.c y 653.c CCyC).

            4- En suma; corresponde por todo lo dicho estimar  parcialmente las apelaciones de fs. 99 y 128 contra la resolución de fs. 83/89, disponiendo que el régimen de cuidado personal de J. M. P., será unipersonal en cabeza de su madre, sin perjuicio del régimen de comunicación del niño con su padre, el que deberá ser establecido en la instancia inicial, procurándose que, en la medida de lo posible, sea fijado mediante consenso entre ambos progenitores, y haciéndosele saber a M. G. O., que será a su cargo el deber de colaboración establecido en el art. 652 del CCyC.

            Asimismo, es discreto encomendar al juzgado de origen que se adopten las salvaguardas necesarias, adecuadas y suficientes, requiriendo en su caso la participación de equipos interdisciplinarios especializados, para el cumplimiento de la decisión que aquí se adopta de la manera menos traumática posible para el niño involucrado.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIETI DIJO:

            Estimar parcialmente las apelaciones de fs. 99 y 128 contra la resolución de fs. 83/89, disponiendo que el régimen de cuidado personal de J. M. P., será unipersonal en cabeza de su madre, sin perjuicio del régimen de comunicación del niño con su padre, el que deberá ser establecido en la instancia inicial, procurándose que, en la medida de lo posible, sea fijado mediante consenso entre ambos progenitores, y haciéndosele saber a M. G. O., que será a su cargo el deber de colaboración establecido en el art. 652 del CCyC.

            Asimismo, se encomienda al juzgado de origen que se adopten las salvaguardas necesarias, adecuadas y suficientes, requiriendo en su caso la participación de equipos interdisciplinarios especializados, para el cumplimiento de la decisión que aquí se adopta de la manera menos traumática posible para el niño.

            Las costas de esta instancia derivadas de ambos recursos se imponen en el orden causado, por tratarse de una materia en que los padres bregan por lo que estiman es mejor para el interés del niño (esta cám.: “C., H. X. s/ Violencia familiar” sent. del 15-07-2011, L.42 R.207; “B., M. D. c/ M., G. A. s/ Restitución de Tenencia”, 25-10-05, L.36 R.350, entre otros; arg. art. 69 CPCC), con diferimiento de la resolución sobre honorarios ahora (arts. 31 y 51 d-ley 8904/77).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Estimar parcialmente las apelaciones de fs. 99 y 128 contra la resolución de fs. 83/89, disponiendo que el régimen de cuidado personal de J. M. P., será unipersonal en cabeza de su madre, sin perjuicio del régimen de comunicación del niño con su padre, el que deberá ser establecido en la instancia inicial, procurándose que, en la medida de lo posible, sea fijado mediante consenso entre ambos progenitores, y haciéndosele saber a M. G. O., que será a su cargo el deber de colaboración establecido en el art. 652 del CCyC.

            Encomendar al juzgado de origen que se adopten las salvaguardas necesarias, adecuadas y suficientes, requiriendo en su caso la participación de equipos interdisciplinarios especializados, para el cumplimiento de la decisión que aquí se adopta de la manera menos traumática posible para el niño.

            Imponer las costas de esta instancia derivadas de ambos recursos, en el orden causado.

            Diferir  la resolución sobre honorarios. 

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Carlos Casares

                                                                                 

Libro: 47– / Registro: 199

                                                                                 

Autos: “LOPEZ MORENO GERONIMO Y OTRA S/ SUCESION AB INTESTATO”

Expte.: -89946-

                                                                                              En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los seis  días del mes de julio de dos mil dieciséis, celebran Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Toribio E. Sosa, Carlos A. Lettieri y Silvia E. Scelzo,  para  dictar  sentencia  en  los autos “LOPEZ MORENO GERONIMO Y OTRA S/ SUCESION AB INTESTATO” (expte. nro. -89946-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 287, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación subsidiaria de fs. 283/vta. contra la resolución de f. 282?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            a- La resolución de f. 282 ordena  la inscripción de la declaratoria de herederos dictada a fs. 194/195 previo pago de los aportes e impuestos de ley respecto de los honorarios regulados a favor de la abog. Mola (v.f.cit.).

            Contra ello  José A. Rubio -cesionario de la cedente Genoveva Haydee Fornola (v. fs. 165, 166, 167)-  interpone  revocatoria con apelación en subsidio, en tanto considera que los honorarios de la abog. Mola son de carácter particular y por lo tanto  a cargo de Tolosa que no es heredero y no recibe bienes de la sucesión (fs. 283/vta.).

            b- El cedente Edgardo Angel Tolosa fue declarado heredero  por parte de su madre Rosa Mancuso y  su padre Edgardo Angel Tolosa  en  los autos “Tolosa, Edgardo Antonio s/ Sucesión Ab Intestato”  (v.certificación de fs. 168vta.) pero no en  el presente sucesorio, y fue  incluído en los presentes  a los efectos de que se torne válido la cesión de derechos y acciones hereditarios a favor de Karina Yolanda Pintos (v.fs. 158 y 162/vta.).

            Así, la posterior clasificación  de tareas obrante a fs. 234/235 y  aprobada a fs. 261/262 determinó  como particulares los trabajos llevados a cabo por Mola y reguló honorarios a su favor y a cargo de Tolosa (v.fs.cit.).

            c- Sólo son cargas de la sucesión, de beneficio general, y por lo tanto, gastos de naturaleza común, los que devengaron los trabajos referentes a los trámites indispensables en el proceso a los efectos de poner los bienes a nombre de los herederos, trámites que beneficien a todos los interesados y permiten desarrollar las diferentes etapas del proceso  sucesorio (art. 35 d.ley 8904/77; (Hitters – Cairo “Honorarios de Abogados y Procuradores” ed. Lexis Nexis 2007, pág. 436 inc. 35.16.b), y por lo tanto pasibles de la exigencia  que norma el art. 20 de la ley 6716.

            Como no está discutido en autos el carácter de particular de los estipendios de la abog. Mola, pues el pedido de ampliación de la declaratoria de herederos efectuada por ella en representación de Tolosa es una actividad realizada en su beneficio particular (misma obra págs. 428/429  incs. 35.12.c ), no corresponde exigirle  el cumplimiento del art. 20 de la ley 6716 respecto de la profesional en tanto no engloba  en  las cargas comunes del sucesorio (Larroza – Taranto “Honorarios de Abogados y Procuradores” Ediciones Jurídicas 1990, págs. 273/275 punto 3.a).

            En consecuencia corresponde estimar la apelación subsidiaria de fs. 283/vta..

            ASÍ LO VOTO. 

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Por fallecimiento de Gerónimo López Moreno le sucedieron Isidora Polonia López y Consuelo López (ver fs. 103 vta. y 194 vta.).

            Pero, como también esas herederas fallecieron, se declaró:

            a- que por fallecimiento de Isidora Polonia López la sucedía Genoveva Haydeé Fornola (f. 103 vta. y 194 vta.);

            b- que por la muerte de Consuelo López, la sucedían Ismael Alberto Tolosa y Edgardo Antonio Tolosa (ver reiteración a fs.  103 vta., 149 y 194 vta./195).

            En ese esquema, ¿para qué sirvió concretamente la tarea particular de la abogada Mola realizada a fs. 121/122 según clasificación de tareas a f. 234?. Sólo para conseguir, a f. 149, la inclusión de Edgardo Antonio Tolosa como heredero de Consuelo López, ya que a f. 103 vta. sólo Ismael Alberto Tolosa había sido declarado heredero de Consuelo López.

            ¿Quién tiene a cargo ese honorario particular devengado por la tarea profesional que desembocó en la declaración de Edgardo Antonio Tolosa como heredero de Consuelo López?.

            Un heredero de Edgardo Antonio Tolosa, Edgardo Ángel Tolosa (fs. 168 vta. y 234).

            ¿Beneficiaría de algún modo la inscripción de la declaratoria de herederos de fs. 194/195 a Edgardo Ángel Tolosa?.

            No, porque aunque en esa declaratoria figure como heredero su padre, Edgardo Antonio Tolosa, lo cierto es que Edgardo Ángel Tolosa cedió todos sus derechos  y acciones derivados de la sucesión de su bisabuelo Gerónimo López Moreno, pero sin ceder al mismo tiempo su deuda por honorarios (fs. 155/158; art. 1632 y sgtes. CCyC).

            Si la inscripción de la declaratoria de fs. 194/195 no ha de beneficiar ya a Edgardo Ángel Tolosa, entonces los honorarios y accesorios a su exclusivo cargo no son obligaciones que deban ser pagadas ni afianzadas  antes de conseguirse dicha inscripción (art. 21 ley 6716).

            En consecuencia, corresponde estimar la apelación sub examine.

            HALLO QUE SÍ.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias,  estimar la apelación subsidiaria de fs. 283/vta. contra la resolución de f. 282.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

             Estimar la apelación subsidiaria de fs. 283/vta.contra la resolución de f. 282.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.