Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 451

                                                                                 

Autos: “FIGUEROA, ELSA BENANCIA S/ SUCESION AB-INTESTATO”

Expte.: -88220-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “FIGUEROA, ELSA BENANCIA S/ SUCESION AB-INTESTATO” (expte. nro. -88220-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 141, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  f. 128 fundada a fs. 136/vta. contra la resolución de f. 123?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1-El interés procesal es requisito de admisibilidad de toda pretensión (Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Ed. Perrot, Bs.As., 2da. ed., t.I, pág. 411).

            En materia de recursos el interés procesal se denomina gravamen; por tanto el gravamen es requisito de admisibilidad de todo recurso, considerándose que lo hay cuando existe diferencia perjudicial entre lo pedido al órgano jurisdiccional y lo obtenido de éste (ver Hitters, Juan Carlos “Técnica de los recursos ordinarios” Ed. LEP, La Plata, 2004, pág. 59 y sgtes. y parágrafo 31 pág. 78).

            El gravamen, además, debe ser actual y no hipotético, y es la

 

medida del recurso (cfme. Alsina, H., “Tratado…”, Bs.As., Ediar, 1963, t. IV, p. 210, autores allí cits.; Podetti, R. “Tratado de los recursos”, Bs.As., Ediar, 1969, p. 126; Couture, E. “Fundamentos…”, Bs.As., Depalma, 1973, p. 362; autores cits. por Cám.Nac.Comercial, sala B, 18/3/92, en “Unión Carbide Argentina S.A. c/ El Cobre S.A.” pub. en rev. E.D. del 11/8/92).

            En suma, sufre un gravamen el justiciable que recibe un perjuicio de la decisión judicial, esto es cuando ha quedado en una situación más desfavorable de la que tenía con anterioridad al fallo.

            2- En el caso, el apelante manifiesta que le causa gravamen irreparable la designación de martillero para realizar la subasta del bien que compondría el caudal relicto (v f. 128). Expresa en los agravios de f. 136/vta. que la audiencia de f. 116 en la que fuera propuesto dicho martillero, había sido fijada a los efectos del artículo 761 del código procesal, debiendo realizarse la misma luego de la aprobación de inventario y avalúo. Alega también, que no se han señalado en forma correcta los bienes que componen el acervo hereditario.

            Veamos: la audiencia de f. 116 fue solicitada a f. 110, y entre sus  fines no se descartaba la posibilidad de nombrar un martillero. Las operaciones de inventario y avalúo no son obligatorias (art. 751 y sgtes. cód. cit.). Respecto a la denuncia de bienes que componen el acervo, en el escrito inicial se denuncia solamente el bien en cuestión y no alega el apelante que hubiera otros (art. 375 cód. proc.).

            Así, no se advierte ni se indicó claramente cuál sería el interés o gravamen que le causa al apelante la designación de martillero.

            En suma, no se advierte ni se evidencia el perjuicio que pudiera causarle la resolución atacada, de modo que el recurso es inadmisible (arg. art. 242, cód. proc.).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

 

Una de las herederas, al pedir la audiencia finalmente realizada a f. 116, expresa “Entre los bienes que componen el caudal relicto…[…]”, lo que da pábulo a  creer que no sólo se trata del inmueble para cuya subasta fue designado el martillero (ver fs. 110.I y 123).

Así, si no se han aprobado las operaciones de inventario y avalúo, ni en su defecto se ha presentado una denuncia consensuada de bienes (si en el caso  fuera viable, ver v.gr. f. 102, art. 751.3 in fine  y último párrafo cód. proc.), es prematuro el ingreso en etapa de partición (arts. 761 y 34.5.b cód. proc.).

VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en segundo  término por el juez Sosa.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Corresponde, por mayoría, revocar la resolución de f. 123, con costas a la parte apelada vencida (art. 69 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

            ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ  LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Por mayoría, revocar la resolución de f. 123, con costas a la parte

apelada vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 447

                                                                                 

Autos: “MOURA, JUAN OSCAR S/ SUCESION”

Expte.: -87896-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “MOURA, JUAN OSCAR S/ SUCESION” (expte. nro. -87896-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 146, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   fundada la   apelación  de  f. 125 contra la resolución de fs. 118/120?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            1. La cámara mediante decisorio de fs. 95/96 suspendió la orden de inscripción de los bienes relictos hasta tanto se resolviera acerca de la intervención de 3ro. introducida a fs. 63/65vta..

            A dicho pedido de intervención  la heredera declarada opuso excepción de defecto legal (ver fs. 70/74), la que fue receptada favorablemente por el juzgado (ver fs. 118/120) dando motivo a la apelación de f. 125 en análisis.

 

            2. Dice la jueza aquo  en el decisorio recurrido que presentándose B. S. A.,  por derecho propio y en representación de su hijo, no se sabe concretamente qué demanda; no acredita el vínculo con el menor que dice representar; se habla de medidas cautelares, pero no se justifica si las mismas continúan vigentes y se menciona un expediente en el juzgado de familia, sin acreditar su existencia.

            Para concluir que habiéndose especificado con poca claridad la cosa demandada, quién demanda, en qué calidad lo hace, y en definitiva que se trata de un relato sin documentación respaldatoria, hace lugar a la excepción, concediéndose un plazo para subsanar los defectos.

 

            3. Bien, algunas cuestiones están por sí solas provistas de total claridad y otras no:

            Que la madre reclame la preservación de los bienes relictos en representación de un alegado hijo del causante es petición de meridiana claridad, pero lo cierto es que no ha acreditado la verosimilitud en el derecho de esa alegación al menos en estos obrados.

            No se advierte qué demanda por derecho propio como se exterioriza en el acápite de su presentación de fs. 63/65vta.; no se acompaña documentación respaldatoria del vínculo que la une con quién dice representar (art. 46, párrafo 1ro., cód. proc.).

            Ni se acompaña u ofrece prueba tendiente a acreditar la existencia de las causas de dónde surgirían sus derechos.

            4. Es cierto que algo pudo la cámara vislumbrar y que no se necesita exacerbar la imaginación para advertir de qué se trata (ver decisorio de fs. 95/96vta.).

            Pero para ejercer cabalmente el derecho de defensa, no puede la parte tener una vaga idea de lo que se pretende sino la cabal, concreta y específica delimitación de la pretensión, los hechos en que se funda, además de la petición en términos claros y positivos (art. 330. 3. 4. y 6., cód. proc.) y desde este aspecto no advierto que la presentación de fs. 63/65vta. reúna esos recaudos, afectándose con ello el derecho de defensa de la heredera (arts. 18 Const. Nacional y 15 Const. Prov. Bs. As.).

            Así el recurso no puede prosperar, correspondiendo desestimarse el mismo con costas a la apelante vencida y diferimiento de la resolución sobre honorarios de cámara (arts. 69, cód. proc. y 31 d-ley 8904/77).

         TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            No hay que confundir presentación defectuosa con presentación infundada: se puede ser claro y no tener razón total o parcialmente.

En el caso, claramente B., S. A, por sí y en representación de su hijo menor -asimismo alegado hijo del causante-, se hizo presente en este proceso sucesorio para abogar por la efectividad de la prohibición de innovar por dos veces asentada en autos (a fs. 18/19 y 28/29 vta.) y para peticionar en el sentido de  impedir la disposición de los bienes del causante.

Probados o no los extremos necesarios para que pudiera hacerse lugar a sus postulaciones -de hecho, ofreció prueba pertinente, ver f. 65 último párrafo-,  éstas fueron nítidamente aducidas por A., cuyos temores  al parecer finalmente se concretaron (ver informe de f. 116).

No ha existido, entonces,  ninguna clase de defecto legal (arg. arts. 34.4, 345.5 y concs. cód. proc.).

VOTO QUE SÍ.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en segundo término por el juez Sosa.

A LA  SEGUNDA  CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Corresponde, por mayoría,  revocar la resolución de fs. 118/120, con costas en ambas instancias a la parte apelada vencida (art. 69 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

             Por mayoría,  revocar la resolución de fs. 118/120, con costas en ambas instancias a la parte apelada vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 450

                                                                                 

Autos: “P., S. M. C/ O., J. L. S/ ALIMENTOS”

Expte.: -88209-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los doce  días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “P., S. M. C/ O., J. L. S/ ALIMENTOS” (expte. nro. -88209-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 196, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿son  procedentes   las   apelaciones  de  fs. 185/vta.  y 188 contra la resolución de f. 186?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

                   1- Para empezar, el proceso de alimentos es del tipo sumario técnicamente hablando (no el sumario de los arts. 484/495 CPCC, que en teoría es un plenario abreviado), caracterizándose por la fragmentariedad del conocimiento posible (arts. 635, 640 y concs. cód. proc.). Eso justifica en principio  la aplicación de una alícuota menor que para un proceso de conocimiento plenario, donde el ámbito de debate es conceptualmente mayor.

 

                   Yendo al caso, el abogado apelante considera que debe aumentarse la alícuota del 16% si se tienen en cuenta los incisos a, e, j y l del art. 16 del d-ley 8904/77.

                   Y bien, en cuanto al monto del asunto, ya ha sido evaluado para fijar la base regulatoria y no  explica el recurrente por qué habría que volver a apreciarlo en función del inciso a del art. 16 citado.

                   Tampoco señala el apelante  qué circunstancias puntuales de la causa pudieran dar pábulo a  la especial trascendencia para las partes y al tiempo empleado,  según los incisos j y l del art. 16 referido.

                   Lo que queda sí, es el éxito obtenido, pero ese ítem debe entenderse contemplado dentro del 16% otorgado, que implica un 100% más sobre el mínimo arancelario del 8% y que es superior al usualmente utilizado por esta cámara (15%, ver por ej., “Oroz c/ Linares s/ Alimentos” resol. del 11/5/2010, L.25 R. 127; etc.).

                   En cuanto al apelante Oroná, no se advierten ni indica las razones por las cuales pudieran ser considerados altos los honorarios de su abogado y los del abogado de la parte actora (ver f. 188): a éstos se ha hecho referencia más arriba y aquéllos han sido fijados por el juzgado en un 70%, o sea, dentro del parámetro previsto en el art. 26 párrafo 2° del d-ley 8904/77.

 

                   2-  El recurso de apelación de f. 154.II fue declarado inadmisible por muy extemporáneo (ver f. 170). Esta última cuestión, prácticamente de calendario, pudo ser percibida  por el abogado de la actora y, sin embargo, la pasó por alto y desplegó inútilmente  un trabajo inoficioso al ser

presentada bajo su firma  la expresión de agravios (ver fs. 159/160). Ergo, no corresponde regular honorarios por esa apelación (art. 30 d-ley 8904/77).

 

                   3- Cabe, sí, regular honorarios por la apelación del demandado, aunque infructuosa (ver fs. 148, 156/158, 162/163 y 172/174).

                   Propongo así, tratándose de patrocinantes (art. 14 d-ley 8904) y según porcentajes usuales en cámara al poner en práctica del art. 31 del d-ley mencionado (art. 17 cód. civ.), los siguientes honorarios:

                   a- abog. Roff:  $ 1.344  (hon.1ª inst. x  27% x 90%);

                   b- abog. Ridella:  $ 802 (hon. 1ª inst. x  23% x 90%).

 

                   4- En resumen, es dable:

                   a- desestimar las apelaciones de fs. 185/vta. y 188;

                   b- declarar inoficioso el trabajo relativo a la apelación de f. 154.II y por ende no regular honorarios a su respecto;

                   c- regular los siguientes honorarios por la apelación del demandado: abog. Roff $ 1.344 y abog. Ridella $ 802.

                   ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ  LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Corresponde:

                   a- desestimar las apelaciones de fs. 185/vta. y 188;

                   b- declarar inoficioso el trabajo relativo a la apelación de f. 154.II y por ende no regular honorarios a su respecto;

                   c- regular los siguientes honorarios por la apelación del demandado: abog. Roff $ 1.344 y abog. Ridella $ 802.

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

                   a- Desestimar las apelaciones de fs. 185/vta. y 188;

                   b- Declarar inoficioso el trabajo relativo a la apelación de f. 154.II y por ende no regular honorarios a su respecto;

                   c- Regular los siguientes honorarios por la apelación del demandado: abog. Roff $ 1.344 y abog. Ridella $ 802.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 d-ley 8904/77).

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                                   Carlos A. Lettieri

                                                           Juez

 

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 452

                                                                                 

Autos: “CANTISANI, WALTER DANIEL C/ PRIETO S/ COBRO EJECUTIVO”

Expte.: -88452-

                                                                                 

 

            TRENQUE LAUQUEN, 13  de diciembre de 2012.

            AUTOS Y VISTO:  el  recurso de apelación  de  foja 214 contra la regulación de honorarios de foja 189.

            Y CONSIDERANDO.

            En el caso,  sí  resultan altos los honorarios fijados a favor del martillero interviniente  en $5930,40 (1,5% de la base propuesta y aprobada en $213.605; v. f. 189), pues suspendida la realización de la subasta por causas no imputables a él y habiendo publicación de edictos, correspondía adjudicarle un 2% de la valuación fiscal, en el caso $57.445,  de manera que es dable reducirlos a la suma  de $1149 (arts. 57 y concs. de la ley 14085).

            Por ello, la Cámara RESUELVE:

            Estimar el recurso de foja 214 y en consecuencia reducir  los honorarios regulados a favor del martillero Alfredo Vergara, a la suma de $1149.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia  (arg. art. 135 del cpcc.).

                                                            Silvia E. Scelzo

                                                                   Jueza

 

    Toribio E. Sosa

            Juez

 

 

 

 

                                                           Carlos A. Lettieri

                                                                  Juez

 

 

 

   María Fernanda Ripa

           Secretaría

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                               

Juzgado de origen: Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 455

                                                                                 

Autos: “TORRES, ALICIA MABEL c/ BERNAL, FERNANDO LUIS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.-RESP EST.-POR USO DE AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)”

Expte.: -87870-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciocho  días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “TORRES, ALICIA MABEL c/ BERNAL, FERNANDO LUIS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.-RESP EST.-POR USO DE AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)” (expte. nro. -87870-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 404, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es  procedente   la   apelación  de  fs.  400/vta. contra la resolución de honorarios de fs. 392/vta. y su ampliatoria de f. 393 y lo dispuesto por este tribunal a f. 256 vta. 3- in fine?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

                   1- Aunque el abogado de la parte actora apeló por bajos tanto los honorarios regulados a fs. 392/vta. por la incidencia decidida a  fs. 348/ 350, como los determinados a f. 393 por los trabajos posteriores a la sentencia definitiva, al hacer uso de la facultad de fundar su recurso (art. 57 d-ley 8904/77) sólo hizo crítica de estos últimos.

 

                   Y bien, la cámara había dejado sin efecto la regulación de honorarios por la etapa de ejecución de sentencia (ver fs. 307/vta. y 323/vta.) y, por eso, el abogado de la parte actora pidió que, por sus trabajos posteriores a la sentencia, sea fijada una retribución (fs. 385.II y 391), a lo que el juzgado accedió cuantificándola en la suma de pesos equivalentes a 6 Jus (1 Jus = $ 188, según Ac. 3590/12 SCBA, entonces $ 1.128).

Veamos todas las tareas que, según el abogado (ver detalle a f. 285.II párrafo 4°), requieren retribución complementaria:

(i)  sí cabe tener en cuenta las de fs. 270/vta. (practica liquidación), 281 (pide aprobación de liquidación), 287 (promueve ejecución de sentencia), 295 (formulario para ejecución de sentencia), 300 (informe sobre depósito de la parte obligada y pide suspensión de ejecución de sentencia), 330 (pide libranza), 335 (trámites condicionantes de la emisión de libranza, ver fs. 333 y 334) y 383 (actualiza liquidación);

(ii) las de fs. 341/vta., 346/vta. han sido consideradas en los honorarios fijados por la incidencia resuelta a fs. 348/350;

(iii) las de fs. 352/354, son competencia de la cámara (art. 6.1. cód. proc. ; ver infra 3.2);

(iv) en cambio, lisa y llanamente no justifican retribución las de fs. 316, 317, 318/vta., en tanto gestiones necesarias para satisfacer el propio interés del abogado (arg. art. 12 d-ley 8904/77), para que sus honorarios pudieran quedar firmes (f. 316 anteúltimo párrafo), incluso abordando la cámara una apelación de él (la de fs. 318/vta.).

Así que,  los 6 Jus fijados por el juzgado a f. 393 por los trabajos posteriores a la sentencia definitiva recién identificados en (i), ¿son bajos?

Comienzo a responder: no pueden ser sino provisorios, toda vez que todavía no ha terminado el trámite del proceso y, hasta que esto no suceda, no pueden regularse honorarios complementarios definitivos (los del art. 28 últ. párrafo d-ley 8904/77), so riesgo de tener que hacer otras

 

regulaciones sucesivas más adelante también por otros trabajos posteriores…  Nótese, por ejemplo, que el último de los trabajos elencados a f. 385.II párrafo 4° es el de f. 383, por entonces trunco (ver traslado de f. 384) y recién finalizado a f. 403.

Entonces, bajo ese encuadre, atenta la provisoriedad, esos 6 Jus no son un importe bajo (arg. art. 17 d-ley 8904/77).

 

2-  Como ha quedado dicho (ver párrafo 1° del considerando anterior), el abogado apelante no indica por qué motivos pudieran ser bajos los honorarios regulados a fs. 392/vta. por la incidencia decidida a  fs. 348/ 350, ni advierto alguna clase de manifiesto error in iudicando del juzgado,  de modo que, en este segmento, la apelación no se revela fundada (art. 34.4 cód. proc.).

 

3- Quedan ser  regulados los honorarios devengados en cámara, según lo normado en el art. 31 del d-ley 8904/77:

3.1. Por la expresión de agravios de fs. 229/236 vta. y su contestacion de fs.  241/vta., propongo  $ 3.635 (hon. 1ª inst. x 30%; ver fs. 307/vta.)  y $  1.950 (hon. 1ª inst. x 23%; ver fs. 307/vta.) a favor de los abogados Mariangeli y Pergolani, respectivamente;

3.2. Por el memorial de fs. 352/354 (Mariangeli) y  su contestación de fs.  366/vta. (Pergolani),  sugiero $ 11 (hon. 1ª inst. x 30%; ver fs. 392/vta.) y $ 6 (hon. 1ª inst. x  23%; ver fs. 392/vta.), respectivamente.

 

4- En resumen corresponde:

a- desestimar la apelación de fs. 400/vta.;

b- regular los honorarios devengados en cámara como se indica en el considerando 3-, al que brevitatis causae reenvío.

 

 

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA  DIJO:

            Corresponde:

1- Desestimar la apelación de fs. 400/vta.;

2- Regular los honorarios devengados en cámara del siguiente modo:

a- por la expresión de agravios de fs. 229/236 vta. y su contestacion de fs.  241/vta., las sumas de $ 3.635  y $  1.950, a favor de los abogados Mariangeli y Pergolani, respectivamente;

b- por el memorial de fs. 352/354 (Mariangeli) y  su contestación de fs.  366/vta. (Pergolani), las sumas de $ 11  y $ 6,  respectivamente.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

1- Desestimar la apelación de fs. 400/vta.;

 

2- Regular los honorarios devengados en cámara del siguiente modo:

                   a- por la expresión de agravios de fs. 229/236 vta. y su contestacion de fs.  241/vta., las sumas de $ 3.635  y $  1.950, a favor de los abogados Mariangeli y Pergolani, respectivamente;

                   b- por el memorial de fs. 352/354 (Mariangeli) y  su contestación de fs.  366/vta. (Pergolani), las sumas de $ 11  y $ 6,  respectivamente.

            Regístrese.  Hecho, devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (art. 54 d-ley 8904/77). 

 

 

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

            Toribio E. Sosa

                   Juez

                                                                      Carlos A. Lettieri

                                                                     Juez

 

 

    María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: de Paz Letrado de Adolfo Alsina

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 454

                                                                                 

Autos: “C., M. C/ L., J. M. S/ ALIMENTOS,TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS”

Expte.: -88274-

                                                                                 

 

            TRENQUE LAUQUEN, 18 de diciembre de 2012.

            AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación de foja 46 contra la regulación de foja 43.

            CONSIDERANDO.

            1. La jueza de paz fijó honorarios al letrado de la parte actora Ernesto O. Martinez en la suma de $ 2012, por el acuerdo judicial donde se consensuaron alimentos, tenencia y régimen de visitas (v. f. 27).

            Esta decisión es recurrida por dicho letrado en cuanto considera bajos sus honorarios (f. 46)

            2.  En la audiencia del 16 de diciembre de 2011 se fijó la cuota alimentaria y se resolvió lo referido a  tenencia y régimen de visitas, de modo que, diferenciables la pretensión alimentaria de la tenencia y régimen de visitas, debían regularse honorarios por cada una de ellas (ver arts. 9 ap.I inc.6 y 39 d-ley 8904/77).

            3. Ahora bien, en el supuesto caso de haberse llegado a un acuerdo extrajudicial habría correspondido aplicar el art. 9 inc. II subinc. 10 del d-ley 8904/77, el cual dispone regular como mínimo el 50% de las escalas fijadas para los mismos en dicha ley.

            Así las cosas, habiendo llegado las partes a un acuerdo en sede judicial a raíz de la audiencia del 16 de diciembre de 2011 (ver f. 27), las tareas desarrolladas por el abogado de la parte actora (entre otras las concernientes al logro del acuerdo) deben ser valoradas como mínimo en igual medida que lo establecido para el caso de acuerdo extrajudiciales (arts. 16 y 1627 cód.  civ. y art. 171 Const. Pcia. Bs. As.).

            Entonces, si bien corresponde aplicar una alícuota del 15% -usual en cámara para los juicios de alimentos, art. 17 cód. civ.-, reducida en un 10% por actuar el abogado como patrocinante (art. 147 dec-ley  8904/77), y en un 50% por haber arribado a un acuerdo judicial (arg. art. 9.II 10 d-ley 8904/77), a eso debe adicionarse bajo las circunstancias del caso un 30% de ese parcial por las labores “complementarias” (demanda, notificación del traslado de la misma, apertura de cuenta; a simili art. 28 anteúltimo párrafo d-ley 8904/77;  v. esta cám. 21-10-11 “S., K. c/ Z., J.M. s/ Incidente de Alimentos” L. 42 Reg. 359, entre otros).

            La cuenta entonces sería: base -$20124 (ver f. 35)- x 15% x 90% x 50% + (30% de lo anterior), lo que arroja la suma final de $ 1675,88; que le hubiera correspondido por los alimentos.

            En el caso se fijaron $ 2012 total, sin separar los alimentos de la tenencia y régimen de visitas  (v. f. 43).

            Entonces:

            a. Por alimentos: $ 1675, 88; resultante del cálculo anterior.

            b- Por tenencia y visitas: $ 909 (5 jus; resultante de $188 (valor del jus) x 5 x 90% x 50%; arg. arts. 9.I.6. y II.10 d.ley 8904/77; art. 147 d-ley 8904/77; valor del jus Ac. 3590/12), ya que no se han exteriorizado circunstancias que puedan justificar más que el mínimo arancelario (arts. 16 d-ley 8904/77 y 34.4 cód. proc.).

            Así, obtenemos un total de $ 2584,88 (1675,88+909) por alimentos, tenencia y régimen de visitas.

            En mérito a lo expuesto la Cámara RESUELVE:

            Elevar los honorarios regulados a favor del abogado ERNESTO OSCAR MARTINEZ a la suma de $ 2584,88.

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de la presente en primera instancia (arts. 54 y 57 d-ley 8904/77).   

 

                                                          

                                                           Silvia E. Scelzo

                                                                  Juez        

 

 Toribio E. Sosa

        Juez

 

                                                      Carlos A. Lettieri

                                                             Juez

 

 

 

 María Fernanda Ripa

           Secretaría

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                          

Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 456

                                                                                 

Autos: “G., C. S. S/ ART. 827 INC. X DEL CPCC”

Expte.: -88454-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “G., C. S. S/ ART. 827 INC. X DEL CPCC” (expte. nro. -88454-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 98, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Es   procedente   la   apelación  de  f. 22 contra la resolución de fs. 6/7?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            1. La resolución apelada, obrante a fs. 6/7, fue dictada verbalmente por la  jueza al secretario del juzgado, puesta por escrito y firmada por éste y, luego, a f. 21,  fue ratificada por aquélla.

            No fue apelada la resolución ratificatoria de f. 21 -la que firmó la jueza-, sino la resolución ratificada de fs. 6/7 -la que firmó el secretario-.

            Ese  mecanismo decisorio no fue objeto de cuestionamiento (ver f. 29/37 vta.) y como finalmente lo que se observa es el contenido de la decisión y no la manera en que fuera instrumentada, propongo analizar el mérito de la apelación tal y como fue formulada (arts. 34.4, 266 y 272 cód. proc.).

            2. Los juicios de violencia familiar en forma similar a las medidas autosatisfactivas tramitan  como procesos urgentes, por ser su objetivo liminar la protección de la víctima para garantizar su seguridad e integridad física o psicológica. Por manera que las medidas protectorias pueden ser dictadas inaudita parte por el juez que entiende en la causa, bastando una somera verosimilitud para decretarlas (arts. 7 y 8 de la ley 12569). Sin perjuicio, claro está, que el apelante pueda creerse con derecho a postular en la instancia correspondiente, el levantamiento de las medidas decretadas en su contra, haciendo mérito de la prueba que intente valerse (doctr. art. 202 del Cód. Proc.; esta cámara expte. nro. 16818 L. 39 Reg. 193, 16999 L. 40 Reg. 07,  entre otros).

            3. En la especie, la jueza de paz letrada resolvió otorgarle la tenencia provisoria de la menor C. S. G., a su abuela con argumento en que ante la gravedad de lo denunciado por ésta en sede policial y en el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, correspondía tomar medidas a fin de salvaguardar la integridad física y la seguridad de la menor (v. fs. 6/7).

            Además de las denuncias policiales efectuadas por la abuela, en  la constancia médica de f. 18 la profesional actuante dejó asentado que la menor Camila Soledad “refiere estado de miedo por agresiones verbales reiteradas. Expresa querer estar con su abuela”.

            En definitiva, si bien al momento de disponer la medida apelada solamente existía la denuncia de la abuela, cierto es que a esta fecha tampoco se han agregado pruebas que aconsejen obrar en otro sentido. Pues no se han adjuntado los resultados del tratamiento psicológico seguido por los padres de C., ni se ha realizado el informe ambiental solicitado por la asesora ad hoc a f. 64 (art. 7  ley  12569,  proemio  e  inciso “h”).

            4. Por ello, opino que la decision judicial fue acertada a título de medidas pre o subcautelares, la cual corresponde mantener en cuanto no se ha producido prueba que amerite revocar la resolución apelada.

            5. Lo anterior, sin perjuicio de que en el futuro pudiera decidirse de otro modo si se cuenta con nuevos elementos de prueba que demuestren la inconveniencia de la medida adoptada u otra que sea mejor para la menor  (arg. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6° párrafo 2° y 384 cód. proc.).

            6. El mecanismo decisorio por el cual el secretario o secretaria del Juzgado de Paz Letrado recibe instrucciones telefónicas del juez subrogante, que vuelca por escrito y firma, a modo de resolución, ratificando con posterioridad el magistrado lo actuado por aquel funcionario, es un modo de gestión que al parecer, se ha tomado como proceder corriente en asuntos de gravedad, como los referidos a violencia familiar.

            Al arribar a esta alzada por vía de apelación, la decisión ya ha sido convalidada por el juez subrogante y, en general, se ha ejecutado (se trate de restricciones perimetrales, cambios en la tenencia de un niño, u otras medidas urgentes de resguardo). Tampoco es cuestionado el proceder por las partes. Por manera que nulificar lo actuado oficiosamente, en rigurosa aplicación de normas de procedimiento, aparece como inconveniente, si el efecto consiguiente es dejar sin efecto todo lo actuado en consecuencia, volviendo las cosas al estado en que estaban cuando se generó el conflicto.

            No obstante, si este tribunal está consustanciado en evitar los ritualismos que se desentienden de la solución acuciante de una problemática de este tipo, tampoco es su intención terminar avalando este trámite adoptado por algunos juzgados de la Justicia de Paz Letrada.

            En consonancia, como un camino para superar la situación incierta en que esta cámara se encuentra, parece discreto elevar las constancias de este expediente a la Dirección de la Justicia de Paz Letrada de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que tome conocimiento de la situación y dictamine lo que entienda corresponder.

                         ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Corresponde:

            1- Desestimar la apelación de f. 22 contra la resolución de fs. 6/7.

            2- Remitir las constancias de este expediente a la Dirección de Justicia de Paz Letrada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a los efectos indicados en el punto 6. del voto anterior.

            VOTO POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            1- Desestimar la apelación de f. 22 contra la resolución de fs. 6/7.

            2- Remitir las constancias de este expediente a la Dirección de Justicia de Paz Letrada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a los efectos indicados en el punto 6. del voto que abre el acuerdo.

            Regístrese.  Ofíciese a fin de cumplir con el p. 2-. Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

 

                                               Silvia Ethel Scelzo

                                                                   Jueza

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

 

 

 

                                                Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

 

   María Fernanda Ripa

             Secretaría

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 457

                                                                                 

Autos: “MARTIN MIRIAM ELIZABETH  C/ ROOT SERGIO MARTIN S/INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENTE)”

Expte.: -88477-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciocho  días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “MARTIN MIRIAM ELIZABETH  C/ ROOT SERGIO MARTIN S/INCIDENTE (EXCEPTO LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENTE)” (expte. nro. -88477-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 20, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿Que juzgado es competente para entender en el caso?.

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            1- La contienda negativa de competencia quedó entablada entre el Juzgado Civil y Comercial nº 1 y el Juzgado de Familia nº 1 (fs. 14/vta. y 18/vta.).

                  2- La regla de competencia para entender en el incidente de aumento de cuota alimentaria, basada en el principio de radicación (perpetuatio iurisdictionis), como ya tiene dicho esta cámara en anteriores resoluciones, sería perfectamente aplicable a falta de otras disposiciones (proemio art. 6 CPCC) que, en cambio, efectivamente existen (art. 1 Resol. 3360/08 SCBA, art. 1 Resol. 27/10 SCBA y art. 5 Resol. 1267/10 SCBA), en virtud de un hecho muy gravitante acaecido entre la homologación del  convenio celebrado entre las partes y la introducción de una nueva petición de aumento de cuota alimentaria: la puesta en funcionamiento del juzgado de familia departamental, el 28-6-2010 (Resol. 1709/10 SCBA).

                  En efecto, conforme lo antedicho y según el art. 1 Resol. 3360/08 SCBA, el art. 1 Resol. 27/10 SCBA y el art. 5 Resol. 1267/10 SCBA, puede extraerse que:

                  a- existió un acuerdo de alimentos con fecha 17-09-02 en los autos “Root, Sergio Martín y Martín, Miriam Elizabeth s/ Divorcio por Presentación Conjunta” (expte. 38493), que tramitó ante el Juzgado Civil y Comercial 1.

                  b- posteriormente, en el año 2005 se inicia una pretensión de aumento de cuota alimentaria ante el mismo juzgado conforme surge de fs. 9/10 del expte. 724/09; dicho incidente no fue impulsado hasta la actualidad (v. fs.  17/19 de los autos citados y fs. 10/13 de estos autos).

                  La parte alimentista, fundada en nuevas circunstancias (tales como la edad de los menores, la situación del alimentante, etc.), abdica de la anterior pretensión de aumento para movilizar una nueva, distinta de la anterior, aunque vehiculizada físicamente en el mismo continente.

                  Quiere decirse que con el escrito de fs. 10/13 se ha introducido, como expuse, una nueva pretensión de aumento.

                  Ahora, si bien el escrito de fs. 10/13 no contiene cargo de recepción, podemos inferir que como  la planilla de fs. 2/vta. fue presentada el día 18-06-2012 y aquél fue proveído con fecha 26-09-2012 (ver fs. 14/vta.), la pretensión de aumento fue movilizada luego de la puesta en funcionamiento del Juzgado de Familia departamental, por manera que corresponde a éste entender en la misma (art. 827.m CPCC; cfme. esta cámara en “R., M.C. c/ I., L.A. s/ Alimentos (32)”, res. del 13-7-2010, libro 41, reg. 219; “R., M.L s/ Incidente de Alimentos” res. del 27-11-2012, libro 43, reg.  428.

                  3- En suma, opino que debe entender en el presente incidente de

aumento de cuota alimentaria el Juzgado de Familia nº1 departamental.

                  ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ  SOSA   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ  LETTIERI DIJO:

                  Declarar competente al Juzgado de Familia nº1 departamental.        

                  TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ  SOSA   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Declarar competente al Juzgado de Familia nº1 departamental.     

            Regístrese. Hágase saber mediante oficio al Juzgado Civil y Comercial Nº 1 con copia certificada de la presente. Hecho remítanse los autos  a la Receptoría General de Expedientes para su toma de razón y remisión al juzgado competente (arts. 40, 45 y concs. Ac. 3397/08 SCBA).      

                                                  Silvia Ethel Scelzo

                                                                         Jueza

 

 

 

 

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

                                                                                 

Juzgado de origen: de Paz Letrado de Daireaux

                                                                                 

Libro:  43 – / Registro: 459

                                                                                 

Autos: “FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA (LEY 12.726) C/ MOGNI, BORIS AMILCAR Y OTRA S/ EJECUCION HIPOTECARIA”

Expte.: -88473-

                                                                                 

 

            TRENQUE LAUQUEN, 18  de diciembre de 2012.

            AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación  de  foja 142 contra la regulación de foja 137, por considerarla elevada.

            CONSIDERANDO.

            Habiéndose opuesto excepción pero sin apertura de la causa a prueba, es pauta usual de la cámara utilizar una alícuota del 12,6% (resultante de quitar 10% al 14%, arts. 34 y 21 d-ley 8904/77; v. f. 60/vta.; v. expte. 87777, entre otros) para los honorarios de primera instancia hasta la sentencia ejecutiva (art. 17 cód. civ.; art. 16 d-ley 8904/77).

            Hay que considerar además que el abogado de la parte demandada actuó como patrocinante, lo que justifica una merma del 10% (art. 14 última parte, d-ley cit.).

            De modo que las remuneraciones resultantes son:

            Abog. Goldenberg: $ 179048,20 x 12,6% = $ 22560,07.

            Abog. Fernández: $ 179048,20 x 12,6% x 90% x 70% -art. 26 párrafo 2º d-ley cit.- = $ 14212,84.

            Así, no resultan altos los honorarios regulados a Goldenber en $ 21485,78 y a Fernández en $ 12533,37,  por manera que es infundada la apelación por altos de foja 142.

            Por ello, la Cámara RESUELVE:

            Confirmar  los  honorarios  regulados a favor de los abogados PEDRO ENRIQUE GOLDENBERG y JAVIER FERNANDEZ (arts. 14, 16, 17, 21, 26 y 34  d-ley 8904/77).

            Regístrese y devuélvase. Encomiéndase la notificación de  la presente en primera instancia (arts. 51 y 54 d-ley 8904/77).      

 

 

 

                                                  Silvia E. Scelzo

                                                        Jueza

 

         Toribio E. Sosa

                 Juez

 

                                               Carlos A. Lettieri

                                                     Juez

 

 

   María Fernanda Ripa

           Secretaría

 

 

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen                                                                                                           

Juzgado de origen: Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 43– / Registro: 460

                                                                                 

Autos: “GARCIA, PABLO EZEQUIEL c/ CALVO, CARLOS ROBERTO S/ DESALOJO RURAL”

Expte.: -88448-

                                                                                             

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dieciocho  días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen en  Acuerdo  ordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,  Silvia  E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “GARCIA, PABLO EZEQUIEL c/ CALVO, CARLOS ROBERTO S/ DESALOJO RURAL” (expte. nro. -88448-), de acuerdo al orden  de  voto  que surge  del  sorteo  de f. 245, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es  arreglada a derecho la resolución  de  fs. 228/vta., apelada a f. 229?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

1- Este es un proceso de desalojo, que no terminó con sentencia, sino con un acuerdo, de fecha 6/12/2011, en virtud del cual el demandado se comprometía a devolver el inmueble, de un modo muy particular: depositando las llaves en el juzgado, no para su entrega al demandante, sino a […quien resulte propietario del inmueble objeto de litis a esa fecha …] (sic, f. 186).

El demandado depositó las llaves en el juzgado (fs. 200/204).

Luego, espontáneamente se presentó  “Las Marianas de Garré S.A.”, acreditando haber comprado el inmueble en marzo de 2011 y, en función de lo acordado por las partes del proceso, requiriendo la entrega de las llaves (fs. 211/221 bis).

Corrido traslado, el demandante -ahora, se sabe, también vendedor- se opuso a esa entrega de llaves, pretextando falta de pago del saldo de precio de la compraventa (fs. 227/vta.).

El juzgado desestimó la oposición del demandante y dio curso al pedido de entrega de llaves (fs. 228/vta.).

 

2-  Conforme lo reglado en el art. 44 CPCC, la sociedad compradora del inmueble objeto de desalojo,  no pudo entrar al proceso  sino en la calidad o rol de tercero subordinado respecto del vendedor  y, si algo no puede realizar  desde esa calidad o rol, es  una actividad procesal en contradicción con éste (arts. 90.1 y 91 párrafo 1° cód. proc.).

El vendedor, demandante en el proceso de desalojo, no quiere ahora que se dé  a las llaves del inmueble el curso que quiere el tercero comprador, lo cual es suficiente para que se torne inadmisible el pedido de éste, por ir en contra del criterio actual de la parte principal a la cual accede, sin importar que pudiera creerse que este criterio se opone a otro que hubiera adoptado el demandante con anterioridad (me refiero al emergente del acuerdo de f. 186) en todo caso sin la concurrencia de la voluntad del tercero.

Por lo demás, en ese acuerdo de f. 186 se expresa que las llaves habrían de ser entregadas a […quien resulte propietario del inmueble objeto de litis a esa fecha …],  y lo cierto es que, sin posesión -la misma a la que quiere acceder a través de la entrega de las llaves-, la sociedad compradora no es “propietaria” en el sentido estricto de titular del derecho real de dominio  (ver cláusula específica en la escritura pública, a f. 212; art. 577 cód. civ.).

En conclusión, corresponde revocar la resolución apelada, pudiendo  iniciar el tercero el proceso autónomo que estime corresponder en pos de una resolución judicial que condene al comprador a entregarle la posesión del inmueble vendido (art. 34.4. cód. proc.).

VOTO QUE NO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.

A LA  SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

            Corresponde revocar la resolución de fs. 228/vta., con costas a la apelada vencida (art. 69 cód. proc.) y difiriendo aquí  la resolución sobre honorarios (art. 31 d-ley 8904/77).

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI  DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

            Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

            Por  lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:

            Revocar la resolución de fs. 228/vta., con costas a la apelada vencida y difiriendo aquí  la resolución sobre honorarios.

            Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

                                          Silvia Ethel Scelzo

                                                           Jueza

 

 

   Toribio E. Sosa

           Juez

                                                              Carlos A. Lettieri

                                                            Juez

 

     María Fernanda Ripa

             Secretaría