Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Departamento Judicial de Trenque Lauquen

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2

Autos: “TORRES MARIA LAURA C/ RINCON JUAN PABLO S/ ACCION REIVINDICATORIA”
Expte.: -94039-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y J.J. Manuel Gini, para dictar sentencia en los autos “TORRES MARIA LAURA C/ RINCON JUAN PABLO S/ ACCION REIVINDICATORIA” (expte. nro. -94039-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 31/8/2023, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es fundada la apelación del 24/5/2023 contra la resolución del 19/5/2023?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Es fácil colegir que, en la especie, el objeto mediato de la pretensión principal y el resultado de la medida que se peticiona en el escrito aclaratorio del 12/5/2023 ‘recuperar’ lo que considera su vivienda, son similares, al punto que ésta anticipa lo que podrá obtenerse con aquélla de ser exitosa. De hecho, la tutela se pide, cuando, según señala la actora, en la especie no se ha trabado la litis y tampoco se ha cumplimentado la mediación previa obligatoria.
No es pues una medida cautelar, como aparece consignada en el artículo 221 del cód. proc., sino una medida anticipatoria o de tutela material. Y siendo así, la concurrencia de los recaudos se agrava: la verosimilitud del derecho invocado debería ser mayor, al punto de constituir fuerte probabilidad (Berizonce, Roberto O. ‘Tutela anticipada y definitoria’, JA 1996-IV-748; Morello, Augusto M. ‘Anticipación de la tutela’, Platense, La Plata, 1996; Peyrano, Jorge W. ‘La tutela de urgencia en general y la tutela anticipatoria en particular’, ED 163-788).
Así lo tiene expresando la Suprema Corte: ‘…no se aceptará ya la sola verosilimitud del derecho del requirente para el otorgamiento de la medida reclamada, sino que quien la solicita deberá poner de manifiesto la fuerte probabilidad de que su pretensión sea jurídicamente aceptable, colocándonos en los aledaños de la certeza. Aquel ‘bonus fumus iuris’, tradicionalmente reclamado para las medidas cautelares, se ve repotenciado en este nuevo instituto, resultando ahora insuficiente exhibir para su obtención, la mera apariencia que supera la conjetura posible, debiendo presentarse en cambio, una perspectiva o probabilidad cierta’. Agregando: ‘…deberá formularse un pronóstico de las defensas que pudieran oponerse y estimar si las mismas han de resultar tan difíciles de articular, o tan artificiosas como para resultar insuficiente resistencia a la demanda de fondo. Y solo en el caso de advertirse, a la luz de la experiencia, como fácilmente salvables o como incapaces de enervar la fuerza del reclamo, la cautelar reclamada debe progresar’ (S.C.B.A., L.P., Ac.98260, S, 17/7/2006, ‘L. R. H., c/ A. B., A. s/ medidas cautelares’, en juba sumario B30250).
De momento no hay tal nivel de certidumbre.
Por lo pronto, la demandante se considera legitimada por ser titular de un boleto de compraventa, considerando que el vendedor –identificado como la Municipalidad de la ciudad de Trenque Lauquen-, habría cedido implícitamente a su favor ‘los derechos reales que le competían sobre el inmueble’, aunque no mediara una cesión expresa. Y en apoyo de su tesis, cita la causa C 88998, ‘Medina, Gladiz Nelle c/Schumann, Osvaldo y otra s/Reivindicación’, fallada el 3/03/2010, por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Pero se encuentra que en otros pronunciamientos ha decidido que la acción reivindicatoria promovida con base en un boleto de compraventa es insuficiente (SCBA LP C 98552 S 16/3/2011, ‘Fornes de Panizzi, Leonor y otras c/Sosa, Daniel Víctor y otros s/Reivindicación’, en Juba sumario B30956; SCBA LP C 109048 S 3/9/2014, ‘Montalbano, Mirta Beatriz y otra contra Campo Dorado S.A. Reivindicación’, en Juba sumario B4200283).
No es tema a decidir ahora, por manera que no se ahonda en el asunto que será motivo de decisión al emitirse la sentencia definitiva. Pero, queda de relieve, al menos, la falta de aquella casi certeza que exige la medida tratada (arg. arts. 195, 232 y concs. del cód. proc.).
En orden a las defensas del demandado, no es menester realizar pronóstico alguno, pues en su escrito del 25/11/2020, además de los hechos negados y la documentación desconocida, alegó la nulidad del decreto 0187/20, aduciendo acertadamente o no, que había sido emitido violando su derecho de defensa, entre otros argumentos. Lo que ameritará, algún tratamiento, en su oportunidad (arg. art. 34.4 163.6 y concs. del cód. proc.).
En lo que atañe al peligro en la demora, mientras que en materia cautelar basta que exista hoy el riesgo de que mañana no se pueda satisfacer el interés sustancial, tratándose de medidas anticipatorias ha de existir hoy el peligro de que si no se satisface también hoy el interés sustancial nunca podrá ser enteramente satisfecho. En la medida cautelar el peligro es que mañana no pueda ser satisfecho el interés sustancial que todavía hoy no es posible complacer; en la medida anticipatoria es que ya nunca más pueda ser completamente satisfecho si no es complacido hoy. Mientras que en materia cautelar existe hoy el peligro en que la demora hasta la sentencia firme pueda mañana provocar el perjuicio derivado de la imposibilidad de su ejecución y consistente en la frustración del interés jurídicamente tutelado, en materia anticipatoria el peligro es que, de mantenerse el estado de insatisfacción actual del interés tutelable, no pueda ser superado nunca. En este sentido, lo anticipatorio no busca evitar la insatisfacción actual, sino la irreparabilidad de la insatisfacción actual, la irreparabilidad si la satisfacción no sucede ahora. No basta que el perjuicio derivado de la insatisfacción sea actual o inminente, debe ser irreparable (esta alzada, causa 88379, sent. del 28/11/2012, ‘Domínguez, Orlando Luis c/ La Reserva del Oeste S.R.L. s/ desalojo rural’, L. 43, Reg. 433; v. Morello, Augusto M. ‘Anticipación de la tutela’, Ed. LEP, La Plata, 1996; Peyrano, Jorge W ‘La tutela de urgencia en general y la tutela anticipatoria en particular’, E. D. t. 163; Berizonce, Roberto O, ‘Tutela anticipada y definitoria’, en J. A., t. 1996-IV).
Queda claro con lo dicho, que no basta con el peligro o los perjuicios que puedan desprenderse de la falta de entrega del bien, o que la sedicente titular se encuentre privado de usarlo. Pues es obvio que la ocupación del bien por la demandada le podrá causar perjuicio por sí sola, con lo cual no podría exigirse como recaudo adicional algo con lo que ya de suyo se contaría, es decir, no podría reclamarse lo mismo que ya se sabe de antemano que existe. Sino algo más (v. causa 90704, sent. del 18/5/2018, ‘Monch, Eduardo Germán c/ Agrovillegas S.A. s/ Desalojo rural’. L. 49, Reg. 133; CC 0102 LP 274450, 43/2021, ‘Matuszak, María Inés c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ nulidad de contrato’, en Juba sumario B5075462).
Y en ese sentido, lo que la actora alcanza a presentar, es la necesidad de la vivienda, dada la situación familiar y personal que apunta. Manifestando que de Sofía, su hija menor, de 9 años de edad, a la fecha del informe ambiental del 28/4/2021, tiene la tenencia compartida con su padre: Daniel Lencina. Apreciando de importancia contar con lo que entiende su vivienda propia (v. el informe indicado). El informe de la misma fecha, da cuenta también de la situación familiar y personal del demandado.
En suma, más allá de la necesidad de la vivienda, no aparece adverada la irreparabilidad de la insatisfacción actual; la irreparabilidad si la satisfacción no sucede ahora, que se requiere para el tipo de tutela anticipatoria, representativa de un adelanto de la sentencia definitiva, supuestamente exitosa.
Por lo demás, aunque en la causa ‘1414-2018 Torres María Laura c/ Rincon Juan Pablo s/ Protección contra la violencia familiar’, llegaron a emitirse el 24/4/2018, medidas de protección prohibiéndose a Juan Pablo Rincón el acceso al inmueble de la calle Lagos 298, renovada y ampliada el 12/6/2019 al inmueble de la calle 25 de Mayo 276, con un perímetro de exclusión de cien metros, no por ello se dejó notar en sendos informes psicológicos, los rasgos de ambas personalidades (v. informes periciales del 13/6/2019 y del 2/7/2019), actuando en una relación patológica donde ambos de agredían y consumían (v. informe psicológico del 10/7/2019), ante el pedido de la exclusión del hogar allí presentado por Torres, obtuvo como respuesta judicial que: ‘…Siendo que la señora TORRES nunca vivió en el domicilio de cuya exclusión se pretende, ni salió de la vivienda de Eva Perón N° 1638 motivada por una situación de violencia, entiendo que la exclusión pretendida excede el marco del presente proceso, debiendo resolverse las cuestiones atinentes a la propiedad y disposición del bien denunciado por ante el Fuero y vía procesal correspondiente’ (v. resolución del 27/2/2020).
Además, vale mencionar que en la causa 2476-2019, ‘Rincón, Juan Pablo c/ Torres, María Laura s/ protección contra la violencia familiar (ley 12569), el 21/6/2019, se decidió, en lo que interesa destacar: ‘1- Prohibir el acceso de MARIA LAURA TORRES al inmueble sito en calle LLAMBIAS N°640 de este medio.- 2- Fijar un perímetro de exclusión para circular o permanecer, de 100 metros a la redonda haciendo eje en el inmueble indicado y en la persona de JUAN PABLO RINCON’.
En punto al pago de una compensación por el uso del inmueble, lo cierto es que la resolución recurrida no se expidió al respecto. Y la única referencia que los agravios contienen al respecto es cuando se dice que: ‘No hacer lugar a la medida de reintegro de la vivienda y/o no establecer un canon locativo en forma subsidiaria, no hace más que menoscabar mis derechos e indirectamente los de Sofia’ (art. 273 del cód. proc.).
Como ya ha expresado esta alzada en otras ocasiones, el artículo 273 del cód. proc. ciertamente que faculta a este tribunal para expedirse sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiere pedido aclaratoria, siempre que se solicitara el respectivo pronunciamiento al expresar agravios (v. causa 92553, ‘Alonso, Juan Carlos s/ González, Analía Manuela s/ acción de compensación económica’; causa 91912, ‘Casadei, s/ acción de indignidad’, causa 92761, ‘Diez, Jorge Raúl y otra c/ Toyota Argentina s/ acción de defensa del consumidor’).
Sin embargo, no es factible de suplir en la alzada el examen que debió hacerse en primera instancia, sea en el sentido que fuera, cuando no se trata de un punto, sino que resulta total la omisión de análisis del capítulo en cuestión. Pues la norma que se menciona no puede extenderse a supuestos como el de la especie, para que esta cámara prácticamente sustituya a la instancia inicial, privando con ello a los justiciables de la garantía de la doble instancia (v. Morello-Sosa-Berizonce, ‘Códigos…’, t. III, pág. 429, d); CC0000, de Dolores, causa 82318 RSD-173-5 S sent. del 6/5/2005, ‘Zapata, Luisa Graciela c/Caja de Seguros de Vida S.A. s/Cumplimiento de Contrato’, en Juba sumario B950861).
Definitivamente, ante esa situación planteada, corresponde, de conservar interés la parte, promover el respectivo pronunciamiento del asunto vacante, en la instancia de origen.
VOTO POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Con arreglo al resultado obtenido al tratarse la cuestión precedente, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto. Las costas se imponen por su orden, en mérito a la índole de la cuestión decidida (arg. art. 68, segundo párrafo del cód. proc.).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso de apelación interpuesto. Las costas se imponen por su orden, en mérito a la índole de la cuestión decidida.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/09/2023 10:47:18 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 12:38:56 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 12:54:50 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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234400774003272290
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-

Autos: “A. A. Y OTRO/A S/ ABRIGO”
Expte.: -94106-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y Rafael H. Paita, para dictar sentencia en los autos “A. A. Y OTRO/A S/ ABRIGO” (expte. nro. -94106-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 6/9/2023, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿son procedentes las apelaciones del 7/8/23 y 11/8/23 contra la resolución regulatoria del 3/8/23?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Por un lado la abog. B. recurre la regulación de honorarios efectuada a su favor por considerarla exigua y por otro el representante del Fisco de la Provincia, apela la misma regulación por considerarla elevada, exponiendo ambos apelantes los motivos de sus agravios, ello en función de la facultad otorgada por el art. 57 de la ley 14967.
El abog. P., por el Fisco de la Provincia, a su vez solicita la nulidad de la resolución apelada pues considera que si bien se ha generalizado la labor no se han detallado concretamente las tareas llevadas a cabo por la letrada B. que condujeron a fijarle una retribución del 10 jus, bregando por una retribución menor (arts. 15, 16, 57 de la ley 14967).
Ahora bien, le asiste razón al apelante P., pues la regulación de honorarios del 3/8/23 es nula por carecer de fundamentación en los términos del art. 15.c de la ley arancelaria 14967, pues solo hace una referencia genérica a los ítems que menciona la ley arancelaria. No obstante, sin reenvío y en ejercicio de jurisdicción positiva, esta Cámara debe hacerse cargo y resolver sobre el tema (arg. art. 253 y concs. del Cód. Proc., esta alzada, causa 90475, sent. del 19/6/2018, ‘Ruiz, Daniel Eloy y otro c/ Cacavari, Eduardo Antonio s/ amparo’, L., 49, Reg. 179).
De las constancias de autos surge que la letrada B. desde la aceptación del cargo (27/4/22), se presentó manifestando el consentimiento de las niñas A. y S. (4/5/22 y 5/9/22, solicitó medidas (8/6/23), presentó escritos con manifestaciones de las menores (28/6/23), confeccionó cédulas y oficio (29/6/23 y 31/7/23); luego de la sentencia del 30/6/23 que decretó el cese de la medida, solicitó se resuelva sobre el pedido del cobro de las asignaciones familiares (20/7/23) y clasificó tareas (31/7/23; arts. 15.c., 16 y concs. de la ley 14967).
Cumplimentado lo anterior, corresponde ahora computar el desempeño descripto en los términos del artículo 16 de la ley 14.967 para determinar la regulación acorde.
Al respecto, para tener un marco, puede considerarse que estas actuaciones de abrigo están comprendidas en el artículo 9, I, 1, e y w de la ley 14.967 que prevé 20 jus por todo el proceso. Así como que el antepenúltimo párrafo del artículo 16, indica un promedio que da por satisfechos aunque sea mínimamente los extremos de aquella norma, al que cabe acudir por analogía para este supuesto (art. 2 del Código Civil y Comercial; arg. art. 55, primer párrafo, segunda parte, de la misma ley).
Entonces meritando la labor de la abog. B. dentro del proceso de abrigo, que no transitó con mayor complejidad, resulta adecuado fijarle una retribución de 12 jus en tanto guarda razonable proporcionalidad con la tarea por ella desempeñada en el tramo de su actuación dentro del proceso (arg. arts. 16, incs. b, d y j, de la ley 14.967; 1255 CCyC.).}
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ PAITA DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde declarar la nulidad de la regulación del 3/8/23 y, en ejercicio de la jurisdicción positiva, fijar los honorarios de la abog. B. en la suma de 12 jus.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ PAITA DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Declarar la nulidad de la regulación del 3/8/23 y en ejercicio de la jurisdicción positiva fijar los honorarios de la abog. B. en la suma de 12 jus.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Familia -sede Trenque Lauquen-.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/09/2023 12:21:17 – PAITA Rafael Hector – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 12:33:23 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 12:53:15 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°1

Autos: “PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A C/ MIGUEL JORGE IGNACIO Y OTRO/A S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO”
Expte.: -94078-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y J.J.Manuel Gini, para dictar sentencia en los autos “PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A C/ MIGUEL JORGE IGNACIO Y OTRO/A S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO” (expte. nro. -94078-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 6/9/2023, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 29/3/23 contra las resoluciones del 21/3/23 punto IV y 22/3/23?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
a- Con fecha 21/3/23 punto IV el juzgado corrió traslado de la falta de legitimación pasiva deducida por la parte demandada, decisión que motivó la revocatoria de esa misma fecha y a la que no se le hizo lugar el 22/3 /23.
Estas decisiones fueron recurridas por el abog. Carlé que actúa por el codemandado Ignacio Jorge Miguel donde expone sus agravios centrándolos principalmente en que en su escrito de contestación de demanda del 24/2/23 la defensa planteada no constituía una excepción previa sino un planteo defensivo de fondo (v. escrito del 6/5/23). Específicamente el codemandado en su escrito de contestación de demandada expuso”…   III.- Defensa de falta de legitimación pasiva – se solicita su tratamiento al momento de dictarse sentencia de mérito…” (sic) y no tratamiento previo (art. 345. inciso 3) del cpcc.).
El juzgado al primer momento de evaluar la petición respecto de la excepción opuesta nada dijo respecto de diferir el tratamiento de la defensa para el momento de emitirse sentencia de mérito, con arreglo a la salvedad dispuesta en el artículo 3 del artículo 345 del Cód. Proc., sólo se limitó a dar el traslado (v. providencia del 21/3/23 punto IV). Y recién en la providencia del 22/3/23 difirió el tratamiento de la excepción, pero mantuvo vigente el traslado ordenado anteriormente.
Traslado que ya fue respondido por la parte actora el 28/3/23.

b- Ahora bien, habiéndose impuesto a las presentes actuaciones el trámite juicio sumario, bien podría sostenerse que rige la regla del artículo 494 del cód. proc., según el cual sólo son apelables la resolución que rechaza de oficio la demanda, la que declara la cuestión de puro derecho, la que decide las excepciones previas, las providencias cautelares, las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación y la sentencia definitiva (v. providencia del 3/6/22).
Y el objeto de la apelación, en tanto concede un traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva, no se ajustaría estrictamente a ninguna de ellas (v. providencias del 21/3/23 punto IV y 22/3/23).
No obstante, como se alega que estaría en juego el principio de igualdad de los litigantes del proceso, al conferirle a la parte actora la facultad de replicar la contestación de la demanda, cabe como excepción abrir la instancia revisora.
c- Yendo al tema, la doctrina se ha ocupado de la situación que se plantea cuando la falta de legitimación no es opuesta como manifiesta.
Al respecto, sostiene Sosa, que más allá de cómo hubiera sido opuesta por el demandado, oir al demandado puede servir, justamente, a determinar si la falta de legitimación es o no manifiesta. Suponiendo que se sustancia, en tal caso, si el demandante admite los hechos en los que el demandado la ha sustentado, esa falta de legitimación pasiva pasa a ser manifiesta (v. Sosa, Toribio, ‘Código Procesal …’, LIbrería Editora Platense’, 2021, t, II pág. 518).
Con relación a la mencionada excepción, también se ha señalado que debe tenerse en cuenta que la misma también ha de bilateralizarse sea calificada como excepción previa o no. Habiéndose indicado que doctrina y jurisprudencia se encuentran divididas, interpretándose que es conveniente conferir el traslado, ya que no sólo garantiza el derecho de defensa en juicio de la contraria, sino que también permite organizar el debate (Morello-Sosa-Berizonce, ‘Códigos…’, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, cuarta edición ampliada y actualizada, t. V pág. 751).
Como puede verse, no se trata de dar traslado de la contestación de la demanda, sino de esa cuestión específicamente (arg. art. 348 del cód. proc.).
En suma corresponde desestimar el recurso del 29/3/23.
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde desestimar el recurso del 29/3/23.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 29/3/23.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°1.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/09/2023 10:46:40 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 12:32:29 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 12:51:52 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰6|èmH#;0″GŠ
229200774003271602
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/09/2023 12:52:03 hs. bajo el número RR-692-2023 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial n°2
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Autos: “VARELA JOSE ANTONIO C/ TODINO JORGE GASTON S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)”
Expte.: -91245-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación del 8/3/21 contra la regulación de honorarios del 3/3/21.
El diferimiento del 10/9/19.
CONSIDERANDO.
a- Con fecha 8/3/21 el abog. Mariangeli cuestiona la regulación del honorarios practicada a su favor el 3/3/21, fijada en la suma de 82,06 jus en tanto la considera exigua y expone en ese mismo acto los motivos de su agravio (arts. 57 ley 14.967).
En este caso debe meritarse que se trata de un juicio sumario (v. trámite del 8/7/15) en donde se cumplieron con las dos etapas que dispone la norma (v. trámites del 6/10/15, 5/11/15, 31/3/16, 31/5/17, 30/8/17, 26/3/18, 26/4/18) llegándose hasta el dictado de la sentencia de mérito del 30/8/18 (arts. 15.c y 16 ley cit.).
Ante ese escenario el juzgado aplicó la nueva ley arancelaria y una alícuota del 17,5% -que es la alícuota promedio usual de este Tribunal para casos similares donde se transitaron las dos etapas del proceso- (art. 28.b.1 y 2 ley 14967; v. esta cám. 18/3/21 91800 “Bravo c/ Manso s/ Nulidad acto jurídico” , L. 52 Reg. 112, entre otros). Esa alícuota promedio del 17,5% se ha considerado adecuada a las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley 14967 en concordancia con el art. 55 párrafo primero, segunda parte y art. 16 antepenúltimo párrafo de la ley citada (esta cám. 9/4/2021, expte. 91811 “Distribuidora c/ Jaume s/ Daños y perjuicios”, L. 52 Reg. 165 entre otros).
Así, bajo ese ámbito y sobre la base aprobada se llegó a un honorario de 82,06 para Mariangeli, pero no puede dejarse de lado que el letrado fue patrocinado por la abog. Cortignola, lo que llevaría a reducir su honorario atento el prorrateo que debería realizarse (v. art. 14 y 29 de la ley 14967 y sentencia del 3/2/23 de esta Cámara).
Pero como en el caso la letrada Cortignola pactó sus honorarios en la suma de 27,3 jus conforme surge de la resolución del 31/7/23 la retribución fijada a Mariangeli no resulta exigua sino más bien elevada, pero al no mediar apelación por altos solo cabe confirmar la resolución apelada del 3/3/21 (arts. 34.4. del cód. proc.).

b- Por último cabe retribuir la tarea para los profesionales que intervinieron ante esta instancia, teniendo en cuenta el resultado de la apelación y la imposición de costas decidida en la sentencia del 10/9/19 (mediante la cual la parte demandada cargó con el mayor pesos de las costas; arts. 15, 16, 26 segunda parte y concs. ley cit.; 68 y 69 del cpcc.), en función del art. 31 de la normativa arancelaria y el principio de proporcionalidad (v. esta cám. sent. del 9/12/20, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar” L. 51 Reg. 651, entre otros), aplicando una alícuota del 30% sobre los honorarios determinados por la labor en primera instancia para el abog. Mariangeli y un 25% para la abog. Echeverria (arts. y ley cits.).
De ello resultan 24,62 jus para Mariangeli (v. trámite del 5/8/19; hon. de prim. inst. -82,06 jus- x 30%) y 14,36 jus para Echeverría (v. trámite del 15/8/19; hon. prim. inst.-57,44 jus- x 25%; arts. y ley cits.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso de 8/3/21.
Regular honorarios a favor de los abogs. Mariangeli y Echeverria en las sumas de 24,62 jus y 14,36 jus, respectivamente.

Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado Civil y Comercial n°2 y devuélvase el expediente en soporte papel a través de personal judicial (art. 5.d.6.e.3.ii anexo de RC 655/20).
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y la vicepresidencia de este tribunal, y estar en uso de licencia pre-jubilatoria la jueza Silvia E. Scelzo, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 07/09/2023 10:44:41 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 12:29:41 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 12:50:37 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7eèmH#;/zYŠ
236900774003271590
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/09/2023 12:50:49 hs. bajo el número RR-691-2023 por TL\mariadelvalleccivil.
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia
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Autos: “RODRIGUEZ ELIAS JOAQUIN C/ EL CORRALON SOCIEDAD DE HECHO S/ COBRO EJECUTIVO”
Expte.: -90390-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la solicitud de regulación de honorarios por trabajos ante Cámara del 4/7/23.
CONSIDERANDO.
Conforme el diferimiento del 16/6/22, en función de lo dispuesto en el art. 31 ley 14.967 y el principio de proporcionalidad (esta cám. sent. del 9/12/2020, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar ” L. 51 Reg. 651, entre otros), valuando la labor desarrollada ante la alzada por las letradas (v. trámites del 22/2/22 y 21/3/22; arts. 15.c.y 16) y la imposición de costas decidida (arts. 26 segunda parte, 68 del cpcc.), sobre los honorarios de primera instancia que han llegado incuestionados fijados en 4 jus, cabe aplicar una alícuota del 25% para la abog. Biolé y una del 30% para la abog. Bergesio (arts. y ley cits.).
Así, resulta una retribución de 1 jus para Biolé (hon. de prim. ins. -4 jus- x 25%) y 1,2 jus para Bergesio (hon. prim. inst. -4 jus- x 30%; arts. y ley cits.).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Regular honorarios a favor de las abogs. Biolé y Bergesio en las sumas de 1 jus y 1,2 jus, respectivamente.
Regístrese.. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y la vicepresidencia de este tribunal, y estar en uso de licencia pre-jubilatoria la jueza Silvia E. Scelzo, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:32:32 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:43:37 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:08:12 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7xèmH#;.adŠ
238800774003271465
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló
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Autos: “M., D. A. Y T., E. R. S/HOMOLOGACION DE CONVENIO FAMILIA”
Expte.: -94087-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: el recurso del 9/8/23 contra la regulación de honorarios del 8/8/23.
CONSIDERANDO.
La abog. A. P., en su carácter de Defensor Oficial cuestiona la retribución fijada a su favor en 2 jus al considerarla exigua, y en el momento de la interposición del recurso haciendo uso de la facultad otorgada por el art. 57 de la ley 14967 expone sus agravios.
Dentro de la escala de 2 a 8 jus dispuesta por los ACS. 2341 y 3912 (que regula la situación de los Defensores de Pobres ad hoc en concordancia con lo dispuesto por el art. 91 de la ley 5177) el juzgado fijó en dos jus la retribución profesional de la letrada, mencionando la tarea que llevaron a fijar esa retribución (trámites del 14/4/23, 26/4/23, 30/6/23 y 19/4/23; arts. 15.c y 16 de la ley 15.967).
De las constancias de autos, y como lo indica la letrada, restaría agregar la labor del 24/2/23 donde la letrada denunció el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria que desencadenaron las labores mencionadas en la resolución apelada; sin embargo no parece desproporcionada la retribución fijada en dos jus (dentro de la escala aplicable), en tanto resultan adecuados a la tarea desarrollada en este tramo del proceso (v. además regulación del 14/3/23; arts. 15.c y 16 de la ley 14967; art. 2 CCyC).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 9/8/23.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Salliqueló.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y la vicepresidencia de este tribunal, y estar en uso de licencia pre-jubilatoria la jueza Silvia E. Scelzo, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 06/09/2023 11:31:22 – PAITA Rafael Hector – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:42:50 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:07:06 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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237600774003271446
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó
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Autos: “M. N. A. C/ A. G. R. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS”
Expte.: -93047-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: lo solicitado en el escrito del 30/8/23.
CONSIDERANDO.
En función de lo dispuesto en el art. 31 ley 14.967 y el principio de proporcionalidad (esta cám. sent. del 9/12/2020, 91679 “S., V. s/ Protección contra la violencia familiar ” L. 51 Reg. 651, entre otros), valuando la labor desarrollada ante la alzada por los letrados (v. trámites del 6/4/22 y 11/4/22, arts. 15.c. y 16), la imposición de costas decidida en la decisión del 9/6/22 (arts. 26 segunda parte, 68 del cpcc.) y lo manifestado en el escrito del 24/8/23, cabe escoger una alícuota del 30% para determinar la retribución de los abogs. C. y M. (arts. 15, 16, 31 y concs. ley cit.).
Entonces, sobre el honorario regulado en la instancia inicial resulta un honorario de 1,2 jus para C. (hon. de prim. inst. del 18/3/22 -4 jus- x 30%) y 2,4 jus para M. (hon. prim. inst.- 8 jus- x 30%; art. 16 ley 14967, AC.2341 según AC. 3912).
Por todo lo expuesto, la Cámara RESUELVE:
Regular honorarios a favor de los abogs. C. y M. en las sumas de 1,2 jus y 2,4 jus, respectivamente.
Regístrese. Encomiéndase la notificación de la presente en la instancia inicial (arts. 54 y 57 ley 14967). Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y la vicepresidencia de este tribunal, y estar en uso de licencia pre-jubilatoria la jueza Silvia E. Scelzo, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:32:17 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:41:40 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:05:49 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰6~èmH#;.6!Š
229400774003271422
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia

Autos: “VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ ALASIA, CAROLINA GISELE S/EJECUCION PRENDARIA (INFOREC 933)”
Expte.: -94050-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y J.J. Manuel Gini, para dictar sentencia en los autos “VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ ALASIA, CAROLINA GISELE S/EJECUCION PRENDARIA (INFOREC 933)” (expte. nro. -94050-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 4/9/2023, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación de fecha 6/7/2023 contra la resolución del 4/7/2023 ?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. En la resolución apelada el magistrado dijo: “…con el Certificado de Deuda Prendaria (documentación adicional), se advierte que en esta última no se ha consignado -como lo observara el Agente Fiscal interviniente en fecha 11/6/2023- la tasa de interés por mora efectivamente aplicada, habiéndose limitado el profesional interviniente a incluir el concepto intereses por mora, lo cual no satisface lo determinado por el art. 36 de la ley 24.240.”
Por ello decide intimar a la parte actora a subsanar en el término de 5 días la deficiencia señalada, en los términos del art. 36 de la ley 24.240.
2. Ambas partes del proceso coinciden en que el requerimiento de la jueza, para que se aclare la tasa de interés por mora aplicada por la actora, se trata de una medida de mejor proveer, lo que además también surge de la lectura de la resolución apelada, aunque no se ha especificado que el requerimiento lo era en virtud de las facultades que tiene la jueza previstas el art. 36.2 del cód. proc. (v. esc. elec. del 6/7/2023 y 31/7/2023).
Y en cuanto a las facultades del artículo 36.2 del Código Procesal, ya tiene dicho la Suprema Corte de Justicia bonaerense que “la adopción de medidas para mejor proveer para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos es atribución privativa de los jueces de mérito, y está librada a la iniciativa y prudente arbitrio de estos, quedando solamente sujetos en lo que atañe a su producción y control de las partes a las reglas comunes de todas las pruebas, de modo de respetar así el derecho de defensa” (Ac. 48476, 16/6/92, JUBA, sumario B22107).
Y, son -como se dijo-, en principio inapelables (cfrme. Hitters, “Técnica de los recursos ordinarios”, ed. Librería Editora Platense S.R.L., 1985, pág. 324; ídem Morello-Sosa-Berizonce “Códigos…”, Ed. Abeledo Perrot, 2da. ed. reelab. y ampliada, segunda reimpresión, 1984, tomo II-A, págs. 647 y 648); y si bien se ha admitido su apelabilidad en situaciones excepcionales en que se causa un grave perjuicio a las partes o se ha alterado el derecho de defensa (v. Hitters, op. cit., pág. 325 y fallos cits. al pie de pág.), en el caso no se advierte que se configure una situación tal que permita la revisión del auto de fecha 4/7/2023.
Es que no se aprecia que lo allí dispuesto, en cuanto ordena que se informe la tasa de interés aplicada por la actora, quebrante la igualdad de las partes en el proceso o se viera comprometida la garantía constitucional de la defensa en juicio (arts. 18 Constitución Nacional, 15 Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 36.2., cód. proc.).
Además, sabido es que, los magistrados cuentan con facultades ordenatorias e instructorias para -de oficio- ordenar diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. Y en ese rumbo, bien puede la magistrada proceder como lo hizo, independientemente de la petición o no de las partes.
3. Por lo expuesto, corresponde, en este caso, declarar inadmisible el recurso de apelación del 6/07/2023 contra la resolución del 4/07/2023, con costas a la apelante vencida (art. 68 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre los honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación del 6/7/2023 contra la resolución del 4/07/2023, con costas a la apelante vencida (art. 68 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre los honorarios (arts. 51 y 31 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Declarar inadmisible el recurso de apelación del 6/07/2023 contra la resolución del 4/7/2023, con costas a la apelante vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre los honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:31:45 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:40:58 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:01:51 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰6ƒèmH#;”K!Š
229900774003270243
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 06/09/2023 13:02:01 hs. bajo el número RR-686-2023 por TL\mariadelvalleccivil.

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó

Autos: “AGROGUAMI SA C/ “E.A. TORRE Y COMPAÑIA S.A.C.I.F. Y A.” S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”
Expte.: -92869-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y J.J. Manuel Gini, para dictar sentencia en los autos “AGROGUAMI SA C/ “E.A. TORRE Y COMPAÑIA S.A.C.I.F. Y A.” S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” (expte. nro. -92869-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 30/8/2023, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 3/5/23 contra la resolución del 28/4/23?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
La resolución del 3/5/23, que decidió sobre la base regulatoria determinada en la suma de $4.110.125,10 e impuso las costas a la actora, es cuestionada por el abog. Serra mediante el escrito del 3/5/23,mantenido con fecha 18/5/23.
El apelante aduce que el juzgado admitió el planteo actualizador mediante la variación del jus arancelario que llevó a fijar el valor de la base regulatoria. Además sostiene que como surge de una deuda de valor, el monto a tener en cuenta para determinar los honorarios, debe ser estimado a su valor al momento dela regulación de honorarios y que la actualización monetaria se encuentra prohibida (v. escrito del 18/5/23 punto II).
Veamos.
Este Tribunal ya ha dicho que como método objetivo de ponderación de la realidad para dar lugar a un resultado razonable y sostenible frente a la elevada inflación en pos de la readecuación de valores, cual es mantener la base regulatoria utilizada en primera instancia, sea convertida en cantidad de Jus ley 14967 según el valor de éste al momento en que fueron expuestos los montos (con cita de CSN “Einaudi, Sergio /c Dirección General Impositiva /s nueva reglamentación”, v. votos del juez Lettieri en sent. del 16/9/2014; 91364 sent. del 28/10/22 “Gorosito c/ García s/ Daños y perjuicios” RR-790-2022; 89486 sent. 19/10/22 “Aguirre, Raquel M. c/ Aguirre, Eduardo A. s/ Rendición de cuentas” RR-742-2022; 93351 sent. del 23/11/22 “Avila, E.J c/ Vacaluzzo, M. G. s/ Daños y perjuicios” RS-80-2022).
Al respecto se dijo que “…esa solución aspira a otorgar en concreto igual dignidad de trato a los abogados que a los jueces (arts. 58 cód. proc. y 56.b párrafo 2° ley 5177): si el sueldo de los jueces se ha readecuado desde el acuerdo autocompositivo de autos y si esa readecuación se ha trasladado al valor del Jus (art. 9 caput ley 14967), sería irrazonablemente desconsiderado e inequitativo no reconocer en el caso, de alguna manera, similar readecuación a los abogados apelantes (arts. 2 y 3 CCyC; arts. 165 párrafo 3° y 34.4 cód. proc.; arts. 10 y 13 Código Iberoamericano de Ética Judicial), máxime el carácter alimentario de los honorarios (art. 1 ley 14967 y arg. a simili art. 641 párrafo 2° cód. proc.)….” (v. esta cám.91559 28/5/21 “Bonavitta c/ Suárez s/ Daños y perjuicios” L. 52 Reg. 285, 90960 sent. del 27/12/18 “Chelia c/ Domínguez s/ Daños y perjuicios” L. 47 Reg.145; 90763 sent. del 7/7/20 “Hermoso s/ quiebra” Lib. 51 Reg.239; 91791 sent. 23/7/20 “Alomar s/ quiebra” L. 35. Reg. 52, entre otros).
Pues no tener en cuenta el valor del movimiento económico al momento -año 2023- y considerar la situación a valores del año 2021 depreciados por la inflación, es pagar menos en los términos precisamente de esa inflación. Es que al determinarse el importe no es posible desatender los datos que proporciona la realidad económica involucrada (esta cám. sent. del 23/9/22 93083 “Quinteros c/ Giorgio s/ Daños y perjuicios” RS-58-2022 y misma causa sent. del 12/6/23 RR-404-2023).
Por lo demás, en aquel precedente ‘Einaudi’ ,lo que también sostuvo el máximo tribunal del país, fue que el artículo 10 de la ley 23982 sólo fulmina las fórmulas matemáticas para actualizar, repotenciar o indexar, pero no otros métodos que consulten elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible (ver considerando 11 de “Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación”, sent. del 16/9/2014; complementaria y necesariamente ver también el considerando 2 del Ac. 28/2014 a través del cual incrementó el monto del art. 24.6.a del decreto ley 1285/58).
Entonces en ese lineamiento y dentro del límite de los agravios, nada obsta a considerar un elementos objetivo de ponderación que la base regulatoria sea convertida en jus ley 14967 según el valor vigente al tiempo que fueron expuestos los montos (art. 23 ley 14967; v. esta cám. 93826 sent. del 28/6/23 “Martínez, A,. F. s/ Incidente de rendición de cuentas” sent. del 28/6/23).
Así, corresponde desestimar el recurso del 3/5/23, con costas a cargo de la parte apelante vencida (art. 69cód.proc.).
TAL MI VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde desestimar el recurso del 3/5/23, con costas a cargo de la parte apelante vencida y diferimiento de la resolución sobre los honorarios ahora (arts. 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 3/5/23, con costas a cargo de la parte apelante vencida y diferimiento de la resolución sobre los honorarios ahora.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:32:02 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:40:12 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:04:29 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
‰7;èmH#;$’aŠ
232700774003270407
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
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Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Daireaux

Autos: “FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDICITICA (LEY 12726) C/ALBANESE, ALFREDO ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO”
Expte.: -91490-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y J.J Manuel Gini, para dictar sentencia en los autos “FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDICITICA (LEY 12726) C/ALBANESE, ALFREDO ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -91490-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 1/9/2023, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación del 24/5/23 contra la resolución del 15/5/23?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
La parte demandada cuestiona la resolución del 15/5/23 que dispone la subasta, exponiendo sus motivos en el escrito del 13/6/23.
Entre sus fundamentos, centralmente, sostiene que se trata de su única vivienda familiar de ocupación permanente, invoca el art. 244 del CCyC., y aduce que el martillero no es parte en la causa para solicitar la subasta (v. escrito del 13/6/23 punto II Fundamentos. Agravios).
a- en estos autos, ya esta cámara dijo que: “…como regla general, es inapelable el auto de subasta (arg. art. 591 cód. proc.), pero eso no quita que excepcionalmente pueda ser apelable si, como en el caso, el quejoso entre otras cosas sostiene –con o sin razón- que se ha ordenado la venta de su vivienda, su único bien de familia (art. 34.4 cód. proc.), (v. recurso de queja del 10/9/19 expte 91400 L. 50 Reg. 368 en autos “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: “FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA C/ALBANESE, ALFREDO ALBERTO S/COBRO EJECUTIVO”).
b- en lo que atañe a la legitimación del martillero para peticionar como lo hizo, resulta que contestado el memorial que sostiene la apelación por el apoderado de la parte actora, ésta abogó por el mantenimiento de la resolución impugnada, lo cual es equivalente a haber propiciado su emisión. Por manera que, ante tal actitud, expedirse acerca si el martillero tuvo o no facultades para promover el auto dictado, ya se ha tornado abstracto. Y como tiene dicho la Suprema Corte, los pronunciamientos de esa índole no son propios de los jueces (SCBA LP Rc 124382 I 23/4/2021, ‘Consorcio del Edificio Provincial Center VI c/ Kiricos, Martin s/ Cobro ejecutivo de expensas’, en Juba sumario B23821).
c- tocante a lo demás, el demandado insiste con los mismos argumentos, que ya han sido analizados por este Tribunal de acuerdo a lo decidido con fechas 12/11/19, 31/8/21 y en especial en la sentencia del 6/6/22 y ya han quedado firmes de modo que no cabe volver sobre ellos (v. sentencias; art. 261 del cpcc.).
En definitiva, no surge que haya tratativas de arreglo como para suspender el proceso conforme se desprende de las presentaciones electrónicas del 4/7/23, 31/7/23, 17/8/23, 30/8/23 (art. 384 del cód. proc.). E implícitamente de la respuesta de la actora a los planteos efectuados en el memorial que da sustento a la apelación en tratamiento, cuya desestimación propicia (v. escrito del 26/6/2023).
Es más, debe señalarse que recién con fecha 17/8/23 el demandado presentó ante esta instancia el escrito solicitando la suspensión del procedimiento acompañando oficio enviado al Fideicomiso de Recuperación crediticia (Ley 12726), donde a su vez debe cumplir con las indicaciones dadas por la entidad para luego recién poder llegar, eventualmente, a una determinada forma de refinanciación y cancelación de la deuda, o sea acciones a desplegar a futuro y no concretadas (v. escrito y archivos adjuntos). Así, ello no es elemento excepcional, suficiente y concreto que permita apartarse de lo ya dispuesto por el juzgado en la resolución apelada del 15/5/23.
Entonces, dentro de ese contexto el recurso no puede prosperar (art. 34.4., 260 y 261 cód. proc.).
d- respecto de la manifestación del abog. Cantisani en cuanto a la sanción por temeridad y malicia de la conducta del demandado, ya evaluada en la sentencia de este Tribunal de 6/6/22, por similares fundamentos a los allí expuesto, considero que recién debe evaluarse en este caso en el momento en que se ponga fin al proceso, de conformidad a lo dispuesto en el art. 34.6 del Cód. Proc.. Pues ha de ser en ese estado cuando podrá apreciarse en forma global si la conducta que se reprocha resulta temeraria o maliciosa, es decir si la parte ha actuado sin razón, a conciencia, o con fines obstruccionistas, o si ha pretendido beneficios injustos (v. art. 34.6., 45 del cód. proc.).
En suma, los fundamentos dados por la parte demandada en su escrito del 13/6/23 no logran reunir los extremos requeridos por el código de rito en tanto ya han sido vertidos con anterioridad a la presente (ya señalado anteriormente), no pudiendo comportar la crítica concreta y razonada y por lo tanto debe ser desestimado (arts. 260 y 261 del cód. proc.).
Con costas a cargo del apelante vencido (art. 69 del cpcc.) y diferimiento de la resolución sobre los honorarios ahora (arts. 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde desestimar el recurso del 24/5/23.
Con costas a cargo del apelante vencido (art. 69 del cpcc.) y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ GINI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 24/5/23; con costas a cargo del apelante vencido y difiriendo aquí la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz letrado de Daireaux.

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:31:31 – GINI Jorge Juan Manuel – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 12:39:19 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:00:24 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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236300774003270383
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
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