Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Guamini
Autos: “V.,V. C/ M. , J. J. Y OTRO S/ALIMENTOS”
Expte.: -96537-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “V.,V. C/ M. , J. J. Y OTRO S/ALIMENTOS” (expte. nro. -96537-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 18/8/2026 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Son procedentes las apelaciones de fecha 21/12/2025 contra la resolución del 9/12/2025?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. El juzgado decidió condenar al progenitor J. J. M., a abonar en beneficio de sus hijos J.F., J. P. y J., una prestación alimentaria equivalente a 3,5 Salarios Mínimo Vital y Móvil equivalentes a la fecha a $1.127.700,00 (valor del SMVM $ 322.200 Res. 5/2025).
Asimismo, estableció que la abuela paterna, D. A. C., -en forma subsidiaria-, deberá abonar en favor de sus nietos una prestación dineraria mensual equivalente a 1,5 Salarios Mínimo Vital y Móvil equivalentes a la fecha a $483.300,00 (valor del SMVM $ 322.200 Res. 5/2025). Dicha obligación se activará sin más ante el incumplimiento del obligado principal (v. resolución del 9/12/2025).
Frente a dicha decisión, el progenitor -obligado principal- y la abuela -obligada subsidiaria- interpusieron sendos recursos de apelación con fecha 21/12/2025.
2. Sobre el recurso del progenitor de fecha 21/12/2025
2.1. El primer y principal agravio se dirige contra la cuantificación de la prestación alimentaria, sosteniendo el apelante que la suma equivalente a 3,5 SMVM resulta excesiva y prácticamente imposible de cumplir, pues sus ingresos no superarían -según afirma- los $1.200.000 mensuales. Solicita se revoque la resolución y, en consecuencia, se fije una cuota menor ajustada a las necesidades de los beneficiarios y a la capacidad de pago del obligado (v. memorial del 4/2/2026).
Es sabido que la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental tiene como fuente inmediata la filiación y que, conforme los arts. 658 y 659 del Código Civil y Comercial, ambos progenitores deben contribuir a la manutención de sus hijos de acuerdo con su condición y fortuna, atendiendo a las necesidades de los alimentados.
Tratándose de hijos menores de edad, la necesidad alimentaria se presume. Ello no significa que la cuota pueda fijarse de manera arbitraria, pues su cuantificación exige ponderar las necesidades de los alimentados y las posibilidades económicas de quienes se encuentran obligados a satisfacerlas (art. 658 CCyC).
En el caso, se trata de tres hijos de 17, 15 y 12 años de edad, respecto de quienes la demanda detalló necesidades vinculadas con alimentación, vestimenta, educación, salud, actividades deportivas, transporte, recreación y demás gastos propios de su desarrollo (v. escrito del 19/10/2024 y su documental adjunta).
La sentencia de grado, además, no se limitó a considerar en abstracto la existencia de tales necesidades, sino que ponderó la prueba producida, la situación económica de ambos progenitores, el nivel de vida familiar, la circunstancia de que los hijos conviven con la madre y el valor económico de las tareas de cuidado que ésta desarrolla (v. apartado 2 de la sentencia del 21/12/2025).
En tales condiciones, la mera afirmación del recurrente en cuanto a que la cuota representa aproximadamente el 100% de sus ingresos no resulta suficiente para demostrar el desacierto del pronunciamiento.
Asimismo no puede perderse de vista la regla específica contenida en el art. 710 del CCyC, conforme a la cual los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad probatoria, recayendo la carga de la prueba sobre quien se encuentre en mejores condiciones de probar.
Desde esa perspectiva, era el propio progenitor quien se encontraba en una posición privilegiada para acreditar de manera concreta y objetiva cuáles eran sus reales ingresos, las condiciones en que desarrolla su actividad como chofer y, en su caso, la imposibilidad económica que invoca para afrontar la cuota alimentaria fijada (arts. 710 CCyC ; 375 y 384 cód. proc.).
No alcanza, entonces, la mera afirmación de que sus ingresos ascenderían a aproximadamente $1.200.000 mensuales. El recurrente no aportó elementos objetivos que permitieran corroborar tal extremo, tales como recibos, constancias de pago, registros de la actividad, documentación proveniente de su empleador, movimientos bancarios que reflejaran exclusivamente los ingresos derivados de su trabajo, o cualquier otro elemento idóneo que permitiera establecer con un grado razonable de certeza su verdadera capacidad económica (arts. cit.; v. pto. 3 del escrito referenciado; v. oficio de ARCA 27/2/2025).
A ello se suma que no se acreditó impedimento físico, psíquico o de otra naturaleza que limite su aptitud laboral. En tales condiciones, no puede hacerse recaer sobre la parte actora la consecuencia de la falta de acreditación de un extremo que se encontraba sustancialmente bajo la esfera de conocimiento y disponibilidad probatoria del propio obligado (arts. 2 y 3 CCyC).
Debe recordarse, además, que la falta de registración de una actividad laboral no puede convertirse en un beneficio para quien tiene a su cargo el deber alimentario, ni puede conducir, por sí sola, a tener por acreditado que sus ingresos son los que unilateralmente afirma percibir. De admitirse una solución contraria, bastaría con mantener una actividad informal y omitir la documentación de los ingresos para reducir artificialmente la capacidad contributiva del obligado, en perjuicio de los hijos menores de edad.
En este sentido, la ausencia de prueba directa sobre los ingresos del progenitor no autoriza a concluir que carece de capacidad económica suficiente, sino que obliga a efectuar una valoración integral de las circunstancias acreditadas en autos, incluyendo su edad, estado de salud, oficio, actividad laboral reconocida y capacidad potencial de generar recursos (art. 710 CCyC).
Por ello, la invocada imposibilidad de afrontar la cuota no puede ser admitida sobre la sola base de manifestaciones del recurrente, máxime cuando era éste quien se encontraba en mejores condiciones de demostrarla conforme al principio establecido por el art. 710 del CCyC.
Por otra parte, si el obligado considera que circunstancias sobrevinientes han alterado sustancialmente su capacidad económica, cuenta con las vías procesales correspondientes para solicitar oportunamente la adecuación de la cuota. La eventual mutabilidad de la prestación alimentaria no torna irrazonable el monto establecido en función de las circunstancias existentes al momento de la sentencia (art. 34.4 cód. proc.).
2.2. En el mismo camino, y para dar acabada respuesta al recurrente abordaremos el agravio correspondiente a la edad de los hijos y su alegada autonomía.
El apelante señala que los hijos tienen 17, 15 y 12 años y que, por sus edades, gozan de cierto grado de autonomía, cuestionando la entidad del cuidado que requiere la progenitora.
La mayor autonomía que naturalmente adquieren los hijos durante la adolescencia no determina la desaparición de las necesidades alimentarias ni del deber parental.
Por el contrario, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, salvo que el obligado acredite que el hijo mayor cuenta con recursos suficientes para proveerse por sí mismo (arts. 658 y 659 CCyC).
En el caso, ninguno de los hijos ha alcanzado los 21 años y no se ha acreditado que alguno de ellos cuente con recursos propios suficientes para solventar sus necesidades (art. 662 CCyC).
Por ello, la circunstancia de que los adolescentes puedan realizar determinadas actividades por sí mismos no permite disminuir la cuota ni excluir el valor económico de las tareas de organización, acompañamiento, asistencia y cuidado que continúa desarrollando la progenitora (art. 34.4 cód. proc.).
2.3. El agravio relativo al aporte de la progenitora.
El recurrente sostiene que no se habría valorado adecuadamente que la madre también se encuentra obligada a contribuir económicamente.
El planteo parte de una premisa correcta, pero arriba a una conclusión equivocada.
Efectivamente, el art. 658 del Código Civil y Comercial establece que ambos progenitores tienen la obligación de alimentar a sus hijos conforme a su condición y fortuna.
Sin embargo, ello no significa que ambos deban efectuar necesariamente aportes dinerarios idénticos.
El art. 660 del mismo cuerpo legal dispone expresamente que las tareas cotidianas realizadas por el progenitor que ha asumido el cuidado personal tienen valor económico y constituyen un aporte a la manutención.
En el caso, se encuentra acreditado que los tres hijos conviven con la progenitora y que es ella quien asume de manera cotidiana las tareas vinculadas con su cuidado, organización, traslado, atención y acompañamiento (v. demanda del 19/10/2024 y su contestación del fecha 31/10/2024).
Además, la actora acredita actividad laboral formal y percibe un salario, circunstancia que fue expresamente considerada en la sentencia.
Por consiguiente, la madre no se encuentra exenta de contribuir a los alimentos, sino que realiza su aporte mediante sus ingresos y, de modo especialmente relevante, mediante las tareas cotidianas de cuidado (art. 660 CCyC).
En cuanto a la alegada falta de proporcionalidad, en tanto -según afirma el propio recurrente- la cuota supera tres canastas básicas y que resulta desproporcionada.
La sentencia utilizó como elemento de referencia el valor de la Canasta Básica Total y, a partir de allí, ponderó las particularidades concretas del caso, concluyendo que para tres hijos resultaba adecuado establecer una cuota equivalente a 3,5 SMVM.
No se trata, por tanto, de una aplicación mecánica de una fórmula matemática, sino de la utilización de un parámetro objetivo dentro de un análisis integral de las circunstancias familiares. Dicha circunstancia ha sido utilizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sent. del 20/2/2024, en los autos” G., S. M. y otro c/ K., M. E.A. s/ Alimentos”, al expresar que en función del contexto inflacionario imperante en nuestro país, durante los últimos años como consecuencia de la pérdida del valor adquisitivo del peso, es razonable prever que las sumas nominales pactadas o fijadas judicialmente, por plazo indeterminado, resulten prontamente insuficientes para atender las necesidades del alimentado debido a la alza de precios en los bienes y servicios, “situación que permitirá fijar el pago de la obligación con un equivalente ya sea un porcentaje de SMVyM o algún otro parámetro de referencia” (arts. 2 y 3 CCyC).
Por lo que el agravio debe ser desatendido.
2.4. Por último en cuanto al agravio relativo a la obligación subsidiaria de la abuela paterna.
Los cuestionamientos formulados por el progenitor respecto de la condena impuesta a la abuela paterna no pueden ser atendidos, pues carece de interés jurídico personal, actual y concreto para recurrir dicho aspecto de la sentencia (v. esta cám., sent. del 03/03/2026, expte. 95988; RR-105-2026).
De tal modo, la condena impuesta a la ascendiente no genera, por sí misma, un gravamen propio al al recurrente, ni altera la extensión de la obligación que le corresponde en virtud de los arts. 658 y 659 del CCyC. Antes bien, la decisión mantiene incólume el carácter principal de la obligación alimentaria paterna y sólo contempla, frente a su eventual incumplimiento, la posibilidad de acudir al obligado subsidiario previsto por el ordenamiento.
Es sabido que para recurrir una decisión judicial no basta con expresar una discrepancia con sus fundamentos, sino que resulta necesario demostrar la existencia de un agravio personal, concreto y actual, susceptible de reparación mediante la intervención del tribunal de alzada. No se advierte, en este aspecto, cuál sería el perjuicio que la decisión ocasiona al progenitor por el solo hecho de haber establecido una obligación subsidiaria a cargo de su madre (v. fallo cit.).
En consecuencia, corresponde declarar inadmisible, por falta de interés, el agravio dirigido contra la condena subsidiaria de la abuela paterna, sin perjuicio del tratamiento que corresponda efectuar de los agravios deducidos por la propia Sra. C., en cuanto titular directa del interés comprometido (art. 34.4 cód. proc.).
Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de apelación de fecha 21/12/2025 contra la resolución del 9/12/2025; con costas al apelante vencido y diferimiento de la resolución sobre los honorarios (arts. 68 cód. proc., 31 y 51 ley 14967).
3. Sobre el recurso de la obligada subsidiaria
3.1. Sus agravios versan en tanto se estableció a su cargo, con carácter subsidiario, una prestación alimentaria equivalente a 1,5 Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que al momento del pronunciamiento ascendía a $483.300 mensuales.
La recurrente sostiene, en lo sustancial, que se ha interpretado erróneamente el carácter subsidiario de la obligación de los abuelos; que no se encuentra acreditada la imposibilidad económica de la progenitora; que su hijo continúa siendo el principal obligado; que la cuota impuesta comprometería su propia subsistencia y la colocaría en una situación de indigencia; que debe ponderarse especialmente su condición de persona mayor de 68 años y la protección que le brinda la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; que posee además obligaciones derivadas de su condición de co-deudora de un crédito hipotecario UVA; y que la sentencia no habría valorado adecuadamente los ingresos y bienes de la progenitora (v. memorial del 4/2/2026).
3.2. Es sabido que la obligación principal en relación a los hijos menores de edad corresponde a sus progenitores, y la de los abuelos es subsidiaria, pues viene a suplir las dificultades del alimentista para percibir los alimentos del progenitor obligado (v. esta cám. expte. 95717, res. del 25/9/2025, RR-857-2025, expte. 93826, sentencia del 10/7/2023, RR-496-2023; ídem, expte. 94275, sentencia del 20/2/2024, RR-60-2024; arg. arts. 2, 3 y 668 CCyC).
Y, en ese orden de ideas, sin perjuicio de que la responsabilidad de la abuela es subsidiaria, ésta se activa en los casos que haya dificultades para percibir los alimentos por parte del progenitor obligado (art. 668 CCyC; esta cám.: expte. 95717, res. del 25/09/2025, RR-857-2025).
Así entonces, lo que corresponde verificar es si, en el caso concreto, se encuentran acreditadas tales dificultades. Adelanto que la respuesta es afirmativa, pues no solo el progenitor del beneficiario debió ser intimado a completar el pago de la cuota provisoria oportunamente fijada (v. trámites de fechas 2/8/2025, 4/8/2025 y 6/8/2025), sino que el mismo incumplimiento fue posteriormente denunciado por la asesora interviniente con fecha 16/10/2025.
De ello se desprende que, aun luego de aquella intimación, el progenitor continuó sin satisfacer íntegramente la cuota fijada, pese a encontrarse obligado a hacerlo. Tal circunstancia surge de modo claro de las constancias de autos y constituye un dato objetivo que permite tener por acreditadas las dificultades para obtener del obligado principal el cumplimiento regular y oportuno de la prestación alimentaria (arg. arts. 163 inc. 6, segundo párrafo, y 644, Cód. Proc.).
Ahora bien; como es sabido, no puede determinarse la cuota alimentaria a cargo de los abuelos con los mismos parámetros que se tienen en cuenta para determinarla frente a los progenitores, pues, de inicio, el contenido de los alimentos es más restringido para el caso que nos concierne (arg. arts. 541 y 659 CCyC); y también lo es que la ley determina que los alimentos que se fijen deben ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados (arg. art. 659 CCyC; cfrme. esta cám., expte. 92654, sent. del 12/10/2021, RR-159-2021).
En el caso, la apelante invoca especialmente su condición de persona mayor, señalando que cuenta con 68 años y que la cuota impuesta afectaría su dignidad, autonomía, salud y calidad de vida (v. pto. 3 del memorial del 4/2/2026).
Con todo, si bien su edad merece especial consideración, tal circunstancia no determina, por sí sola, la existencia de una situación de vulnerabilidad económica ni permite presumir la insuficiencia de sus recursos. Pues de todos modos corresponde ponderar las circunstancias concretas acreditadas en autos, entre ellas, y de manera particular, los ingresos que efectivamente percibe.
En tal sentido, según surge del expediente -y fue reconocido por la propia actora al promover la demanda (v. escrito del 19/10/2024)-, la recurrente es jubilada y pensionada. No se trata, además, de una persona que perciba únicamente un haber previsional mínimo. En efecto, del recibo de haberes acompañado al trámite del 6/2/2025 surge que, en marzo de 2025, percibió por su jubilación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires la suma de $1.074.826,50. A ello debe adicionarse el haber correspondiente a su pensión jubilatoria, que, conforme surge del oficio de fecha 6/3/2026, ascendía a $271.429,16.
La entidad de tales ingresos resulta particularmente relevante para valorar el agravio relativo a la supuesta escasez de recursos. En efecto, tomando como parámetro la Canasta Básica Total (CBT) por adulto equivalente informada por el INDEC para marzo de 2025, cuyo valor ascendía a $356.073,46, el solo haber jubilatorio percibido por la recurrente a través de la Caja del Banco de la Provincia de Buenos Aires representaba aproximadamente 3,02 canastas básicas totales por adulto equivalente ($1.074.826,50 / $356.073,46 = 3,018).
De este modo, los elementos objetivos incorporados a la causa no permiten tener por configurado un cuadro de insuficiencia o precariedad económica en los términos en que se lo invoca en el memorial. Por el contrario, aun considerando exclusivamente uno de sus beneficios previsionales, sus ingresos se encontraban, a la fecha indicada, sensiblemente por encima del valor correspondiente a una canasta básica total por adulto equivalente.
Tampoco corresponde presumir, sin prueba concreta, que tales recursos se encuentren comprometidos por obligaciones económicas ajenas a la recurrente. En particular, la sola circunstancia de que se encuentre involucrada en una obligación de carácter familiar no autoriza a trasladar automáticamente a su patrimonio las eventuales cargas económicas que pudieran corresponder a su hijo, ni a considerar, sin acreditación suficiente, que sus ingresos se encuentren destinados a atender las necesidades de terceros.
3.3. Tocante al crédito hipotecario UVA del que la recurrente es codeudora, también invoca dicha circunstancia como elemento demostrativo de su situación económica. Señala que el préstamo, tomado por J. J. M. y A. V. V., se encuentra en mora avanzada y que eventualmente podría verse obligada a responder por dicha deuda.
El argumento debe ser ponderado, aunque tampoco resulta suficiente, por sí solo, para concluir que la recurrente carece actualmente de capacidad económica para afrontar la cuota alimentaria subsidiaria.
En efecto, del informe bancario incorporado a la causa surge que el crédito se encuentra en mora avanzada y que la progenitora reviste la condición de co-deudora. Sin embargo, no se ha acreditado que la recurrente haya sido actualmente requerida al pago de una suma determinada, ni que exista una ejecución sobre sus bienes o ingresos, ni, en definitiva, que la contingencia invocada se haya traducido hasta el momento en una carga económica efectiva y cuantificable para ella (v. tramite adjunto de echa 7/3/2025;arts. 375 y 384, Cód. Proc.).
Se trata, por lo tanto, de una obligación patrimonial de carácter contingente, cuya eventual incidencia sobre el patrimonio de la recurrente no puede ser equiparada, en el estado actual de la causa, a un gasto o erogación que efectivamente soporte en la actualidad. Su existencia no demuestra por sí sola que sus recursos sean escasos ni que se encuentre imposibilitada de afrontar la obligación alimentaria que se le impone (art. 34.4 cód. proc.).
Ello no significa, sin embargo, que la circunstancia resulte jurídicamente irrelevante. La eventual efectivización de la garantía asumida como co-deudora podría modificar en el futuro su capacidad económica y, de concretarse una exigencia de pago que recaiga efectivamente sobre sus ingresos o bienes, podrá ser oportunamente ponderada a los fines de revisar la cuota alimentaria. Pero en el estado actual no constituye un fundamento suficiente para excluir la obligación subsidiaria, aunque sí integra el conjunto de circunstancias que corresponde considerar al momento de determinar una cuota razonable y proporcionada.
Ahora bien, lo expuesto tampoco conduce a concluir que la situación económica de la recurrente resulte irrelevante para determinar la extensión de la obligación alimentaria a su cargo. Una cosa es descartar que sus recursos sean escasos o insuficientes y otra, distinta, considerar que sus ingresos permiten imponerle una obligación alimentaria de cualquier magnitud. La cuota debe guardar razonable proporción con sus posibilidades económicas y, al mismo tiempo, con el carácter subsidiario que reviste la obligación de los abuelos, sin que pueda convertirse en una vía para sustituir, sin más, las obligaciones que primordialmente corresponden a los progenitores.
En consecuencia, si bien no pueden prosperar los agravios en cuanto pretenden demostrar que la recurrente carece de recursos suficientes o que se encuentra en una situación de precariedad económica, corresponde ponderar integralmente las circunstancias acreditadas en autos: su edad, la naturaleza de sus ingresos previsionales, la existencia del crédito hipotecario del que reviste la condición de co-deudora y, fundamentalmente, el carácter subsidiario de la obligación alimentaria que se le atribuye.
Desde esta perspectiva, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la abuela y reducir la cuota alimentaria fijada en la instancia de origen. Ello no porque se encuentre acreditada una situación de indigencia, insuficiencia o precariedad económica -que, como se señaló, no ha sido demostrada-, sino porque la determinación de la cuantía de la obligación debe atender a las concretas circunstancias de la obligada y, especialmente, a la naturaleza subsidiaria de la obligación alimentaria de los ascendientes.
En suma, la solución que aquí se propicia no importa admitir la alegada escasez de recursos de la recurrente, extremo que no ha sido acreditado. Supone, en cambio, adecuar la cuota a sus posibilidades económicas reales y a los límites que derivan del carácter subsidiario de la obligación de los abuelos, evitando que dicha obligación termine desplazando o sustituyendo, en los hechos, la responsabilidad que primordialmente corresponde a los progenitores.
3.4. Por ello, como se adelantara, corresponde hacer lugar parcialmente a la apelación deducida por la abuela y reducir la cuota alimentaria establecida en la instancia de origen, al 20% de los haberes jubilatorios percibidos por ante la Caja de jubilaciones y pensiones del Banco de la Provincia de Bs. As., con un piso máximo de 1.5 SMVyM (arts. 2, 3, 668 y concs. CCyC, 641 cód. proc.).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde:
1. Desestimar el recurso de apelación de fecha 21/12/2025 contra la resolución del 9/12/2025; con costas al apelante vencido y diferimiento de la resolución sobre los honorarios (arts. 68 cód. proc., 31 y 51 ley 14967).
2. Estimar parcialmente a la apelación deducida por la abuela y reducir la cuota alimentaria al 20% de los haberes jubilatorios percibidos por ante la Caja de jubilaciones y pensiones del Banco de la Provincia de Bs. As., con costas a la parte apelada vencida y diferimiento de la resolución sobre los honorarios y diferimiento de la resolución sobre los honorarios (arts. 68 cód. proc., 31 y 51 ley 14967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
1. Desestimar el recurso de apelación de fecha 21/12/2025 contra la resolución del 9/12/2025; con costas al apelante vencido y diferimiento de la resolución sobre los honorarios.
2. Estimar parcialmente a la apelación deducida por la abuela y reducir la cuota alimentaria al 20% de los haberes jubilatorios percibidos por ante la Caja de jubilaciones y pensiones del Banco de la Provincia de Bs. As., con costas a la parte apelada vencida y diferimiento de la resolución sobre los honorarios y diferimiento de la resolución sobre los honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz de Guamini.

