Fecha del Acuerdo: 8/9/2026


Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de General Villegas

Autos: “B., L. D.L. P. C/ V., G. A. S/ALIMENTOS”
Expte.: -94974-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “B., L. D.L. P. C/ V., G. A. S/ALIMENTOS” (expte. nro. -94974-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 1/9/2026 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Es procedente la apelación del 24/9/2025 contra la resolución del 17/9/2025?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. El juzgado de grado resolvió: a) rechazar la excepción de prescripción opuesta por el demandado; b) hacer lugar a la excepción de pago parcial articulada; c) hacer lugar a la impugnación de la liquidación practicada por la actora, ordenando la confección de una nueva conforme los fundamentos expuestos en la resolución; y d) imponer las costas de la incidencia en el orden causado, en atención al resultado obtenido (v. resolución de fecha 17/9/2025).
Contra dicha decisión la parte actora presentó recurso de apelación con fecha 24/9/2025.
Sus agravios versan -en muy prieta síntesis- en el rechazo de los intereses respecto de los alimentos devengados durante el proceso y la imposición de las costas por su orden (v. memorial del 6/10/2025).
2. Veamos:
La actora cuestiona la decisión del juzgado en cuanto rechazó la aplicación de intereses respecto de las cuotas alimentarias correspondientes al período comprendido entre la interposición de la demanda y el dictado de la sentencia definitiva.
Sostiene, en síntesis, que la sentencia de fecha 01/08/2024 fijó la cuota alimentaria con efecto retroactivo al 02/12/2021, por lo que desde entonces el alimentante se encontraba en mora. Afirma que los intereses constituyen una consecuencia legal del incumplimiento y que su reconocimiento no vulnera el principio de congruencia, aun cuando no hubieran sido expresamente reclamados al promoverse la demanda.
Corresponde distinguir dos situaciones que la propia resolución apelada se encargó de diferenciar: por un lado, los alimentos correspondientes al período posterior al dictado de la sentencia que estableció la cuota definitiva y, por otro, las diferencias alimentarias devengadas durante el trámite del proceso como consecuencia de la retroactividad dispuesta en la sentencia definitiva.
En el caso, la sentencia del 01/08/2024 estableció que la cuota alimentaria definitiva debía abonarse desde el 02/12/2021, en los términos del art. 669 del CCyC.
Ello significa que la sentencia produjo efectos retroactivos respecto del quantum de la prestación alimentaria correspondiente al período anterior a su dictado. Pero de ello no se sigue, necesariamente, que durante ese período haya existido mora respecto de una suma líquida y exigible equivalente a la diferencia finalmente determinada.
La obligación alimentaria existía con anterioridad a la sentencia y, precisamente por ello, el art. 669 del CCyC establece su retroactividad. Sin embargo, el monto definitivo de la cuota fue establecido judicialmente con posterioridad, de modo que las diferencias resultantes entre lo abonado y lo finalmente fijado nacen, en cuanto a su determinación concreta, de la sentencia que establece el quantum definitivo.
En tal sentido, la doctrina de este tribunal citada por el juez de grado distingue entre los alimentos que se devengan como consecuencia de la retroactividad de la sentencia y aquellos que, una vez determinada la cuota, son incumplidos durante su vigencia (v. pto III de la resolución de fecha 17/9/2025).
Y, en este punto, cierto es que cuando se habla de “alimentos atrasados” se está haciendo mención a las diferencias que podrían surgir y que de hecho surgen, entre la cuota pagada al valor “viejo” y su “valor nuevo” aplicado de modo retroactivo. No a cuotas alimentarias ya fijadas o convenidas que se dispuso o acordó pagar en un plazo cierto y no fueron abonadas (esta cámara, expte. 95317, res. del 10/04/2025, RR-281-2025, entre otros).
La diferencia apuntada es importante. Porque si se trata de cuotas atrasadas, no podría hablarse de un interés moratorio de aplicación legal (art. 768, primer párrafo del CCyC), porque el demandado en ese período no puede ser considerado que incurrió en mora que le sea imputable, dado que estos alimentos se deben precisamente del producto de los efectos retroactivos de la cuota definitiva (art. 641, 2da parte). Menos aun del sancionatorio regulado en el artículo 552 del CCyC, en tanto los alimentos atrasados, como han sido definidos, no encuadran dentro de la situación prevista en esa norma.
En todo caso debería tratarse de un interés compensatorio, pero respecto de éstos, dice el artículo 767 del CCyC, que son válidos los que se hubieran convenido entre las partes. Y aquí, se observa luego de analizar el escrito de demanda de fecha 2/12/2021 que no han sido peticionados. De modo que mal podrían imponerse, desde que ni fueron peticionados ni pactados (arg. art. 34.4, 163.6 y concs. del cód. proc.).
Tocante a imposición de las costas por su orden, se efectuaran un par de consideraciones.
Cierto es que, la resolución recurrida no se limitó a resolver una única pretensión, sino que abordó diversos planteos formulados por ambas partes.
En particular, la controversia relativa a los intereses y a la forma de liquidar los alimentos devengados durante el proceso dio lugar a una solución favorable al planteo sustancial del demandado.
La regla del art. 68 del cód. proc. admite excepciones cuando las circunstancias de la causa justifican apartarse del principio objetivo de la derrota. Y precisamente la solución adoptada en autos, en la que prosperaron parcialmente los planteos de ambas partes, justifica la distribución de costas efectuada en primera instancia (art. 34.4 cód. proc.).
No puede soslayarse, además, que el resultado de la incidencia no puede determinarse exclusivamente por el rechazo de la prescripción, pues dicha cuestión constituyó sólo uno de los aspectos debatidos.
En consecuencia, ponderando el resultado global de la incidencia y las particularidades propias de la cuestión alimentaria, corresponde confirmar la imposición de costas por su orden (arg. arts. 68, 69 y 71 Cód. Proc.).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde desestimar la apelación del 24/9/2025 contra la resolución del 17/9/2025; con costas de esta alzada a la apelante vencida (art. 68 cód. proc.) y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14.967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación del 24/9/2025 contra la resolución del 17/9/2025; con costas de esta alzada a la apelante vencida y diferimiento aquí de la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz Letrado de General Villegas.