Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Trenque Lauquen
Autos: “PLANES LUCETTI LUCIANA C/ IBARRA FRANCO EMANUEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
Expte.: -96257-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “PLANES LUCETTI LUCIANA C/ IBARRA FRANCO EMANUEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (expte. nro. -96257-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 18/8/2026, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Son fundados los recursos de apelación del 19/12/2025, articulado por La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, y del 24/12/2025, interpuesto por la parte actora?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
1. A los fines de dar acabada respuesta a la cuestión planteada, sin exceder la doble limitación que sufre la potestad revisora de esta cámara, es necesario efectuar un breve repaso de los antecedentes que resultan relevantes en función de examinar los agravios que nutren la impugnación de la aseguradora (SCBA LP C 120769 S 24/04/2019, ‘Banco Platense S.A. contra Curi, Carlos Alberto y otros. Acción de responsabilidad’, en Juba fallo completo).
1.1. Luciana Planas Lucetti, quien conducía la motocicleta Mondial 70, trasladando a su hija menor E.V.P., inició el presente reclamo indemnizatorio contra Franco Emanuel Ibarra, María de los Ángeles Frías -conductor y titular de la pick-up Toyota Hilux interviniente en el siniestro-, y Carlos Correa, tomador de la póliza de seguro sobre tal vehículo, citando en garantía a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, en virtud de la póliza vigente al momento del hecho (v. demanda del 14/9/2021).
En oportunidad de contestar la demanda, esta última alegó que el conductor de la Hilux no poseía registro de conducir vigente y que ello configuraba un riesgo excluido de la cobertura, con arreglo a la cláusula CG-RC 2.1, inciso 4, del contrato de seguro (v. escrito del 5/10/2021). De la exclusión opuesta en esos términos, se dio traslado a la accionante y al asegurado, quienes lo respondieron el 20/10/2021 y el 18/11/2021. Aunque también respondió la titular registral (v. escrito del 18/11/2021).
Para fundar su oposición, la actora -con cita de la opinión del juez Pettigiani en la causa C 118589 S 21/06/2018, ‘Flandes Riquelme, Juan Ignacio contra Contreras Inostroza, Raúl Atilio y otros. Daños y perjuicios’-, argumentó en torno al artículo 68 de la ley 24.449, en cuanto estableció el seguro obligatorio como recaudo para circular, de modo que la falta de cobertura, si bien podría ser opuesta al asegurado, no era oponible a un tercero damnificado. En su criterio, esa norma iba más allá de lo previsto en el artículo 109 de la ley 17.418, teniendo en cuenta la seguridad vial y la protección de la víctima. Agregando que la falta de licencia no guardaba un adecuado nexo de causalidad, siendo una falta administrativa (v. escrito citado, III).
El tomador del seguro y la titular de dominio de la pick-up, respondieron, conjuntamente con el escrito del 18/11/2021. Fundaron su postura en la obligatoriedad prevista por el artículo 68 de la ley 24.449, entendiendo que por eso mismo la cuestión había pasado a ser de orden público y de una fuerte finalidad protectoria, tendiente a la reparación de los daños. De consiguiente, permitir que las aseguradoras rechazaran indebidamente los siniestros por ésta y otras causales propias de la vida cotidiana que derivaban en accidentes de tránsito, se estaría permitiendo un enriquecimiento incausado. En ese rumbo, para apuntalar la función socializadora del seguro, evocaron la causa C 122588, fallada por la Suprema Corte el 28/05/2021, caratulada ‘González, Maximiliano Ramiro e/ Acosta, Emir Dorval y otro s/ daños y perjuicios’, sumario B4203656. Así como un precedente de la Cámara de Apelación en lo Civil de la Capital, sala H, donde se trataba la falta de la licencia para conducir como una cuestión administrativa de importancia y que en determinados casos podía vincularse con una actitud de infracción reglamentaria, pero que no excluía la cobertura de la compañía aseguradora. Sobre todo, teniendo en cuenta que el seguro era obligatorio, a tenor de lo normado por el artículo 68 de la ley 24.449. En todo caso, la exoneración de la aseguradora solo podrá hacerse efectiva cuando la falta de licencia guardara una estrecha vinculación con el hecho generador de la responsabilidad.
1.2. El juez de grado, aprobó los argumentos de la actora, del tomador y de la titular de dominio del rodado. Y rechazó la causal alegada por la citada en garantía, interpretando que el artículo 68 de la Ley 24.449, revelaba que su finalidad trascendía la protección del patrimonio del asegurado para orientarse a la tutela efectiva de la víctima del siniestro, que las cláusulas de exclusión de cobertura basadas en infracciones administrativas no era oponibles al damnificado, en tanto cancelaban la función social del seguro y el principio de la reparación integral, dando prioridad, frente a aquellas, a las normas de la Constitución Nacional y Provincial, sobre protección de la dignidad y del patrimonio de la víctima (v. sentencia del 18/12/2025).
A su turno, la cooperativa de seguros, en su apelación, entendió acreditada la cláusula específica de exclusión de cobertura, el acaecimiento del hecho que motivaba su aplicación y el cumplimiento de la carga del art. 56 de la ley 17.418 al rechazar oportunamente el siniestro por dicha causa (v. escrito del 25/2/2026, II 2, cuarto párrafo, escrito del 5/10/2021, c.2, y oficio del 31/7/2023).
En síntesis, consideró que lo importante era que la falta de registro de conducir configuraba un supuesto donde expresamente la póliza emitida excluía la cobertura del siniestro (art. 260, 266, 401 del cód. proc.).
La actora adujo lo que fuera expuesto al momento de contestar el traslado a la contestación de demanda de la citada en garantía. Y Correa, en parte aludió a lo ya expuesto en oportunidad de contestar la exclusión planteada por aquella y en parte a los fundamentos del fallo. Aunque agregó argumentos referidos a la consideración del seguro como contrato de consumo (v. escritos del 3/3/2026 y del 6/3/2026).
2. Pues bien, como la cuestión versa sobre el alcance de la obligación a cargo de la compañía de seguros frente a los daños reclamados por un tercero, teniendo en cuenta que no se cuestiona -y está además probado- que Franco Emanuel Ibarra carecía de licencia de conducir vigente y que según la cláusula CG-RC 2.1, inciso 4 del contrato de seguro, la aseguradora no indemnizaría los siniestros producidos y/o sufridos por el vehículo y/o su carga mientras el vehículo fuera conducido por personas que no estuvieran habilitadas para el manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente, más allá del peso que se le quisiera dar a los argumentos vertidos por la actora, el tomador y la titular registral del vehículo asegurado, la decisión no puede ser otra que la adoptada por la Suprema Corte.
Con arreglo a su doctrina legal, si la póliza en virtud de la cual se aseguró un rodado incluye en su redacción una cláusula por la que no corresponde indemnizar siniestros producidos o sufridos por el vehículo mientras fuere conducido por personas que no estuvieran habilitadas para su manejo, la entidad aseguradora puede válidamente oponerse al pago de las indemnizaciones reclamadas por la víctima de un accidente, comprobado que el conductor del rodado carecía de carnet habilitante (SCBA LP Ac 93787 S 07/02/2007, ´Cancino, Yolanda y otros c/ Abrante, Manuel Oscar s/ Daños y perjuicios’, en Juba fallo completo; SCBA LP C 118589 S 21/06/2018, ‘Flandes Riquelme, Juan Ignacio contra Contreras Inostroza, Raúl Atilio y otros. Daños y perjuicios’, en Juba fallo completo; v. esta alzada, causa 8879222, S. del 26/2/2014, ‘Martin, Marcelo Norman c/ Gutierrez, Julio s/ Daños y Perj. Autom. c/ Les. o Muerte ( Exc.Estado)’, L. 42, Reg. 78).
Desde esa premisa, como la fuente de las obligaciones de la aseguradora está dada únicamente por las estipulaciones del contrato de seguro, sin que ninguna otra norma o principio permita responsabilizarla más allá de lo pactado, la accionante, ajena a la relación aseguraría, debe circunscribirse a sus términos, por lo que no puede reclamarle a la citada en garantía la asunción de un riesgo que contractualmente fue excluido (v. C.S., ‘Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/ daños y perjuicios’, ‘Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios’ y Villarreal Daniel Alberto c/ Fernandez Andres Alejandro y otro s/Daños y Perjuicios’, V. 389. XLIII. RHE04/03/2008, Fallos: 331:379; también SCBA LP C 122003 S 30/08/2021, ‘Medina, Sandra Ramona c/ Ochoa, Ángel Cristian Ariel y otro s/ Daños y perjuicios’, en Juba, fallo completo; v igualmente, SCBA LP C 114424 S 27/09/2017, ‘ Carasatorre, Juan Pablo y otros contra Visciarelli, José Alberto y otros. Daños y perjuicios’ en Juba fallo completo, y LP C 106051 S 15/07/2015, ‘Duarte, Mario contra Altamirano, Roberto y otro. Daños y perjuicios” y sus acumuladas “Duarte, Elsa y otro contra Altamirano, Roberto y otro. Daños y perjuicios”; “Aguirre, Roxana contra Altamirano, Roberto y otro. Daños y perjuicios”; “P. , A. y otro. contra Sucesores de González, Néstor y otro. Daños y perjuicios” y “Ríos, Rubén Alfredo contra Altamirano, Roberto y otro. Daños y Perjuicios’, en Juba fallos completos).
En suma, al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas del contrato de seguro, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. El tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto (SCBA LP C 116840 S 11/08/2020, ‘De la Peña, Carlos Diego c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. s/ Daños y perjuicios.
Naturalmente que las víctimas tienen un derecho a la reparación integral de los daños que sufren a causa de un accidente. Pero lo dicho no es incompatible con este principio. De ninguna manera se afirma que el tercero damnificado no pueda llegar a ser acreedor de la aseguradora del causante del daño, sino que puede serlo respetando las limitaciones de las cláusulas contractuales pactadas en dicha convención, que a su vez están subordinadas a la normativa vigente. De lo contrario, no solo se violaría la ley de seguros, sino que se consagraría una obligación incausada (v. C.S., ‘Cuello Patricia Dorotea c/ Lucena Pedro Antonio y Otro s/Daños y Perjuicios’, C. 724. XLI. RHE07/08/2007, Fallos: 330:3483, voto del juez Lorenzetti; art. 726 del CCyC).
Además, aunque la ley de seguros fue profundamente modificada, asumiendo actualmente protagonismo el resguardo de un interés superior que el legislador considera que debe ser protegido preferencialmente, ello no implica que la cobertura aseguraría instituida por el art. 68 de la ley 24.449 pueda ser tomada como una suerte de ‘inoponibilidad a la víctima’, respecto a lo convencionalmente pactado, más allá de que existan hipótesis en las que ante cláusulas abusivas pueda inhabilitarse su aplicación. En todo caso, con el dictado de la norma mencionada no han sido conmovidos los términos de la relación contractual ni la naturaleza jurídica del seguro, sino que solo se ha impuesto la obligación de asegurar. Nada expresa el texto en relación a la extensión de la responsabilidad de la aseguradora más allá de lo asumido contractualmente (SCBA LP C 114424 S 27/09/2017, ‘Carasatorre, Juan Pablo y otros contra Visciarelli, José Alberto y otros. Daños y perjuicios’, en Juba fallo completo).
Las conclusiones que preceden no se ven alteradas en función de la aptitud que pudiera tener el conductor para dominar un vehículo como el que protagonizara el siniestro, ni en razón de que la falta de licencia nacional para conducir no pueda discernirse como causa idónea del hecho, en tanto ni lo uno ni lo otro ha sido recaudos al que las partes hubieran sujeto la operatividad de la exclusión de cobertura (SCBA LP Ac 93787 S 07/02/2007, ‘Cancino’ cit.). Menos aún incide para neutralizar la exclusión pactada, que conducir sin estar habilitado configure a su vez una infracción, pues en sus efectos legales no aparece como una calificación que subrogue y desplace, de alguna manera, aquello convenido para el caso (art. 13, 40.a, 48.a, 83 y 84 de la ley 24.449; art. 1 de la ley 13.927).
Por lo demás, la sola denuncia de violación de normas constitucionales es insuficiente para sustentar el recurso, pues con su sola invocación no queda demostrado el cercenamiento de dichas garantías; las mismas deben estar fundadas señalando de qué manera han sido transgredidas, ya que de no ser así el reclamo resulta inatendible, como sucede en la especie (SCBA LP Ac 57103 S 04/06/1996, ‘Castaño, Feliciano y otra c/Garrote, José María y otros s/Daños y perjuicios’, en Juba fallo completo).
A fin, la cláusula contractual de exclusión de cobertura, de la que aquí se trata, sin duda que no se muestra contraria a la buena fe negocial, ni abusiva (art. 37 de la ley 24.240 y 988.a del CCyC).
En primer lugar, porque si bien el artículo 37 de la ley 24.240 dispone que se tendrán por no convenidas, entre otras, las cláusulas que limiten la responsabilidad por daños, de modo que quien es proveedor no puede limitar su responsabilidad por los que generen los productos o servicios que venda, sucede que el asegurador no es quien ‘genera el daño’, sino el que asume contractualmente la cobertura de algunos de los que puedan sufrir sus asegurados, hasta una suma determinada, en virtud de riesgos determinados. De modo que la obligación de la aseguradora de ‘reparar’ o ‘indemnizar’ no tiene por causa la producción de un perjuicio, sino que el haberse obligado a mantener indemne a su asegurado, en las condiciones previstas en la póliza. Lo cual responde a las necesidades técnicas del seguro: se conecta con uno de sus elementos como es el riesgo asegurado, que debe ser individualizado para que sea posible establecer un seguro, y ello se hace mediante límites temporales y materiales. Tiene vinculación directa con la ecuación económica del contrato y no origina un desequilibrio significativo entre los derechos y cargas del asegurado -usuario- y las obligaciones y cargas del asegurador, profesional proveedor (CC0100 SN 12266 S 05/05/2016, ‘Barroso, Gustavo Daniel c/ Mercantil Andina Seguros S.A. s/ Cumplimiento de Contratos’, en Juba sumario B861170, su doctrina; CC0000 JU 5230 2015 98-20 S 02/06/2020, ‘Vaninetti Raul Armando y Otro/A c/ Godoy Carlos y Otro/A s/ Daños y Perjuicios Extracontractual (Exc. Autom./Estado)’, en Juba fallo completo). En suma, no se contrapone a lo establecido en los artículos 3 y 37 de la ley 24.240 (arts. 1, 35, 60, 61, 109 de la ley 17.418; art. 3 y 37 de la ley 24.240).
En segundo lugar, porque la cláusula examinada no encuadra en ninguna de las previsiones del artículo 988 del CCyC. Desde que, si un riesgo no fue asumido, no pudo desnaturalizar ninguna obligación a cargo del predisponente; ni importar renuncia o restricción de los derechos del adherente o ampliación de los de aquel. Y tampoco es una disposición que admita ser tildada de imprevisible o no razonablemente previsible, pues está contemplada en el Punto 23.6, inciso a, del ‘Reglamento General de la Actividad Aseguradora’ (t.o. por Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación 38.708 de 2014, y sus modificatorias), en consonancia con el ‘Anexo de las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores’ (Cláusula de Exclusiones a la Cobertura , inciso relativo a conductores no autorizados). Difundida, como mínimo, desde el año 2014 (v. para estos temas: Facal, Carlos J.M., ‘¿Puede declararse abusiva una cláusula de un contrato de seguros que delimita el riesgo asumido por el asegurador?’, en La Ley 2018-C, 486; cit. en CC0000 JU JU 5230 2015 98-20 S 02/06/2020, ‘Vaninetti Raul Armando y Otro/A c/ Godoy Carlos y Otro/A s/ daños y perjuicios Extracontractual (Exc. Autom./Estado)’, en Juba fallo completo; para consultar la póliza básica SO-RC 6.1: confrontar el Anexo del punto 23.6 del RGAA en Infoleg https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/238219/texactanexopunto23.6.htm).
Por ello, visto el contenido de la cláusula CG-RC 2.1, inciso 4, de las condiciones generales de la póliza que ampara el vehículo conducido por Franco Emanuel Ibarra y de propiedad de María de los Ángeles Frías, la falta de licencia para conducir automotores -oficio del 8/9/2022- lo dispuesto por los arts. 118 de la ley 17.418 y 959 y 961del CCyC., y cubiertos por las reglas de la apelación implícita las cuestiones que la actora y los demandados llevaron a la instancia anterior y que por gananciosos no pudieron traer a esta alzada, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, y revocar el fallo impugnado en cuanto desestimó la defensa de exclusión de cobertura planteada por dicha entidad, a quien se absuelve de la demanda en este pleito (art. 163.6 del cód. proc.).
3. En virtud de la decisión que acaba de proponerse, han quedado desplazados los agravios que expresara la aseguradora ante el resarcimiento que en la sentencia recurrida se le reconoce a la reclamante. De modo que sólo quedan por atender los formulados por ella misma. Habida cuenta que Franco Emanuel Ibarra, María de los Ángeles Frías y Carlos Correa, condenados a pagar la suma total de los daños admitidos, no apelaron (arg. arts. 242, 260 y 266 del cód. proc.).
3.1. El juez de grado no dejó fuera la incapacidad psíquica estimada en el 4 %, sino que dijo valorar ese elemento dentro del daño moral. Y si bien la apelante sostiene que debe ser considerado dentro ‘de los daños fisico’ (sic.), en realidad no desarrolló argumentos valederos tendientes a demostrar que reparar ese menoscabo psicológico del modo propuesto en el fallo afecte el principio de la reparación plena (art. 260 del cód. proc.).
Porque no alcanza con sólo poner en evidencia que el 25,6 %, da más que el 21,6 % al aplicarlo sobre una misma cantidad. Sin perjuicio de que lleva error sumar esos porcentajes, porque no aplica la fórmula de la capacidad restante (arg. arts. 260 y 261 del cód. proc.).
En punto a que se tomó para el cálculo el Salario Mínimo Vital y Móvil, es lo que la actora propuso en su demanda y utilizó para componer la cuantificación del perjuicio. (v. escrito del 14/9/2021, b). Dijo: ‘(…) Para practicar liquidación en autos, teniendo en cuenta mi actividad laboral, realizo la presente tomando en cuenta el salario mínimo vital y móvil que actualmente es de $ 28.080…’. Dando así a entender que su actividad laboral, no precisada, era compatible con la remuneración propuesta.
Claro que en su recurso puso de relieve la versión de un testigo acerca de que trabajaba en un hotel ubicado en calle Alsina de Pehuajó: cubría turno noche, si bien la relación estaba sin registrar. Pero eso no cambia las cosas en el sentido que propone. Pues nada indica que esa no haya sido la misma labor que oportunamente estimó adecuado cotizar con aquel salario. Y, en definitiva, de ninguna manera aparece demostrado un ingreso distinto, capaz de activar la salvedad de tomarlo para cuantificar el perjuicio, como propuso al demandar (v. escrito del 14/9/2021, VII.b, parte pertinente; arts. 34.4 y 163.6 del cód. proc.).
En tal contexto, que se haya recurrido al salario mínimo, vital y móvil para cubrir la información faltante, se presenta juicioso. Ha sido una pauta usualmente empleada en los precedentes de esta alzada (v. causa 92461, sent. del 1/9/2022, ‘Kunz Pedro Ruben y Otro/A c/ Hegel Pablo Fabián y Otros s/ Daños y Perj.Autom. c/Les. o Muerte (Exc.Estado)’, RR-569-2022).
En fin, por encima de todo ello, resulta que la suma $ 53.335.570,42 otorgada por el juez de grado para resarcir los menoscabos que componen ese daño, aparece como adecuadamente compensatoria. Hasta podría decirse que aun considerando una incapacidad algo mayor, o sea del 24.736 % (a saber: 21,6 % sobre 100, 78,4 % de capacidad restante; luego 4 % sobre ese 78.4 %, igual a 3.136 %; ahora sumando 21,6 %, más 3.136 %, 24.136 %).
Avala este parecer que, aun desde lo establecido en el artículo 1746 del CCyC respecto a la aplicación de fórmulas matemáticas para determinar el valor presente de una renta futura, si se pone el acento en la razonabilidad del capital obtenido -pues de lo contrario no habría ‘evaluación’- resulta que la reparación acordada sintoniza -en términos relativos- con la suma de $ 65.509.960,77 fijada por esta alzada en la causa 95459, ‘Copez Juarez Carla Analia c/ López Ruiz Amilca Ricardo y Otros s/ Daños y Perj. Autom. c/ Les. o Muerte’, sent. del 4/11/2025, RS-71-2025 (CC0201 LP 139715 327 S 19/06/2025, ‘Lacunza Fabian Marcelo c/ Medrano Carlos Miguel y Otro/A s/ Daños y Perj.Autom. c/Les. o Muerte (Exc.Estado)’, en Juba fallo completo).
En aquel precedente se trató de una incapacidad del 58,80 % padecida por una mujer de 35 años de edad, soltera y de ingresos modestos. En cambio, en la especie, el demérito fue bastante menor y afectó a una víctima de unos 22 años de edad, ubicada en un decil económico similar, en tanto estimó sus propios ingresos en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil, como se viera.
Por lo expuesto, los agravios formulados, propiciando un incremento en la indemnización fijada para el perjuicio examinado, se desestiman. Quedando la cuantificación del rubro en los mismos términos en que fue consentido por los codemandados (arts. 1737, 1746 del CCyC; art. 165 del cód. proc. ).
3.2. En contraste, lleva razón la actora respecto de que el resarcimiento del daño moral, fijado en la sentencia apelada en $ 1.500.000 para E. V. P. y en $ 15.000.000 para Luciana Planes Lucetti, es escaso.
La Suprema Corte ha sostenido que, la indemnización por este perjuicio, comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que, se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida de la persona y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos -en puridad debió aludir a los más altos afectos- (SCBA LP B 62721 RSD-183-21 S 02/11/2021, ‘Serruda, Hugo Omar c/ Provincia de Buenos Aires (Policía). Demanda contencioso administrativa’, en Juba fallo completo). Dependiendo su reconocimiento y cuantía -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (SCBA LP Ac 55774 S 14/05/1996, ‘Alonzo, Natalio c/Vera, Rubén y otro s/Daños y perjuicios’, en Juba fallo completo).
En el mismo precedente de este tribunal, recién citado, para una mujer de unos 35 años al tiempo del daño, que padeció una incapacidad del 51,80, se entendió que una suma de $ 23.000.000, era razonablemente adecuada para obtener ciertas satisfacciones sustitutivas, dentro de las dificultades que surgen de la necesidad de retribuir con dinero un perjuicio de esta índole (art. art. 1741 del CCyC; art. 165 del cód. proc.).
Y aunque en la especie el porcentaje de minusvalía es menor, no puede dejar de detenerse en las lesiones recibidas en el accidente por la actora, con sus secuelas de cirugías y rehabilitación. Describe el experto: fractura de húmero izquierdo y una fractura expuesta de tibia y peroné izquierdo que requirió reducción y toilette quirúrgica. Se le realizó osteosíntesis con placa al húmero izquierdo y osteosíntesis con clavo endomedular acerrojado para tibia y una cirugía con injerto de piel en su pierna izquierda. Reposo por treinta días y rehabilitación hasta retomar sus actividades aproximadamente a los 6 meses. Al examen pericial, presentó cicatriz en la región anterior de muslo izquierdo de 10 cm por 8 cm normocoloreada normotrofica. En pierna izquierda cicatriz de 3 cm por 1 cm normocoloreada y normotrofica, cicatriz anterolateral de 12 cm por 10 cm hipercoloreada y normotrofica, cicatriz anteromedial de 8 cm por 2 cm normocoloreada y normotrofica, dos cicatrices distales correspondientes a los cerrojos distales (1 cm por 1 cm) y una cicatriz proximal correspondiente al cerrojo proximal (v. pericia médica del 11/8/2023 y explicaciones del 1/9/2023; arts. 384 y 474 del cód. proc.).
Lo detallado acredita un profundo menoscabo a la integridad física, supuesto en que el perjuicio espiritual no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -prueba in re ipsa- por lo que ha quedado a cargo del o de los responsables del hecho dañoso acreditar la existencia de una situación objetiva que excluyera la posibilidad de un dolor moral. Prueba que ninguno de los condenados ha mostrado cumplida (CC0201 LP 135383 381 S 5/12/2023, ‘Víctor Rubén Antonio y Otro/A c/Tallaferro Osvaldo Saul y Otros s/ daños y perj.por uso automot. c/les. O muerte) (sin resp.Est.)’, en Juba fallo completo; S.C.B.A., Ac 67843, sent. del 5/10/1999, ‘Carcacia, Alicia c/ Barroso, Eugenio y otros s/ daños y perjuicios’ (v. pericia psicológica del 4/5/2023 y explicaciones del 27/6/2023; art. arts. 1716, 1737, 1740, 1741 del CCyC; arts. 384 y 474 del cód. proc.).
Por todo ello, parece razonable indemnizar este perjuicio en la suma de $ 20.000.000, a tenor de poner al alcance, algunas satisfacciones compensatorias (arg. art. 1741 del CCyC; art. 165 del cód. proc.).
Concerniente a E. V., si bien las heridas recibidas no le ocasionaron una minusvalía, sí padeció traumatismos múltiples, excoriaciones en ambas rodillas y antebrazo derecho. El tratamiento indicado para la niña de unos cinco años al momento del accidente, fue la realización de curaciones y tratamiento analgésico (v. misma pericia médica; v. pericia psicológica del 21/6/2023; arts. 384 y 474 del cód. proc.).
También en este caso el daño moral resulta de los mismos perjuicios en la salud provocados por la acción antijurídica. Y no hay prueba aportada por los responsables que permita excluirlo objetivamente.
Ponderados tales antecedentes, el monto consignado para compensarlo, se fija en la suma de $ 3.000.000, que se considera una suma discreta y adecuadamente reparatoria, factible de facilitar alguna gratificación alternativa (arg. art. 1741 del CCyC; art. 165 del cód. proc.).
En razón de lo expuesto, se desestima la oposición planteada por María de los Ángeles Frías y Carlos Correa, al contestar la demanda, en lo que se reparó por aplicación el principio de la apelación implícita, habilitada al incrementarse las indemnizaciones consentidas (v. escrito del 12/10/2021 y del 13/10/2021; arg. art. 1741 del CCyC; art. 165 del cód. proc.).
4. Para concluir, entonces, se hace lugar al recurso interpuesto por La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, y se revoca el fallo impugnado en cuanto desestimó la defensa de exclusión de cobertura planteada por dicha entidad, a quien se absuelve de la demanda en este pleito; con costas en ambas instancias a la actora y los codemandados, que fueron vencidos en la contienda (v. providencia del 14/10/2021, y escritos del 20/10/2021, del 18/11/2021), así como al codemandado Franco Emanuel Ibarra, que no contestó la demanda (arts. 68 y 354.1 del cód. proc.). Y parcialmente al articulado por la parte actora, incrementándose la indemnización por daño moral, asignándose la suma de $ 20.000.000 para Luciana Planas Lucetti y la suma de $ 3.000.000 para la niña E. V., con costas a los demandados vencidos (art. 68 del cód. proc.).
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Adhiero al voto del juez Lettieri (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Corresponde:
1. Hace lugar al recurso interpuesto por La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales con fecha 19/12/2025, y, en consecuencia, revocar el fallo impugnado en cuanto desestimó la defensa de exclusión de cobertura planteada por dicha entidad, a quien se absuelve de la demanda en este pleito. Con las costas de ambas instancias a la actora y a la totalidad de los condemandados, por los motivos expuestos al ser votada la primera cuestión (arts. 68, 274 y 354.1 del cód. proc.).
2. Estimar parcialmente el recurso articulado por la parte actora con fecha 24/12/2025, para incrementar la indemnización por daño moral en la suma de $ 20.000.000 para Luciana Planas Lucetti y la suma de $ 3.000.000 para la niña E. V., con costas a los demandados vencidos (art. 68 del cód. proc.).
3. Diferir aquí la resolución sobre honorarios (arts. 31 y 51 ley 14.967).
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
1. Hace lugar al recurso interpuesto por La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales con fecha 19/12/2025, y, en consecuencia, revocar el fallo impugnado en cuanto desestimó la defensa de exclusión de cobertura planteada por dicha entidad, a quien se absuelve de la demanda en este pleito. Con las costas de ambas instancias a la actora y a la totalidad de los condemandados, por los motivos expuestos al ser votada la primera cuestión.
2. Estimar parcialmente el recurso articulado por la parte actora con fecha 24/12/2025, para incrementar la indemnización por daño moral en la suma de $ 20.000.000 para Luciana Planas Lucetti y la suma de $ 3.000.000 para la niña E. V., con costas a los demandados vencidos.
3. Diferir aquí la resolución sobre honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Trenque Lauquen y devuélvase el expediente vinculado en soporte papel.
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 03/09/2026 07:45:56 – SOTO Andrés Antonio – JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2026 09:49:25 – LETTIERI Carlos Alberto – JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2026 09:57:27 – QUINTANA Maria Del Valle – AUXILIAR LETRADO
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234200774004117092
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – TRENQUE LAUQUEN
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 03/09/2026 09:57:51 hs. bajo el número RS-47-2026 por DEL VALLE QUINTANA MARIA.

