Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1
Libro: 43– / Registro: 334
Autos: “BAZAR AVENIDA S.A. C/ CABRAL JUAN CARLOS S/COBRO EJECUTIVO”
Expte.: -88281-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen en Acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “BAZAR AVENIDA S.A. C/ CABRAL JUAN CARLOS S/COBRO EJECUTIVO” (expte. nro. -88281-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de f. 40, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación de f. 29?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESION LA JUEZA SCELZO DIJO:
1- Estos son los datos relevantes:
a- es un juicio ejecutivo;
b- el título ejecutivo es un pagaré, librado y a pagarse en Trenque Lauquen;
c- domicilio del ejecutado, denunciado por la ejecutante: Rivadavia;
d- domicilio de la ejecutante: Rafaela (Sta. Fe).
2- Supongamos que, a los fines de deslindar la competencia por el territorio y por aplicación del art. 36 de la ley 24240, se atendiese sólo al domicilio real de la demandada, ubicado -según la ejecutante- en la ciudad de Rivadavia.
Pues bien, allí, en Rivadavia, para conocer de una pretensión ejecutiva, es tan competente el juzgado de paz letrado (arts. 58, 59 y 61.II.k ley 5827), como cualquiera de los juzgados civiles de la cabecera departamental (arts. 22 incs. a y b, y 50, ley cit.).
De manera que sería improcedente una declaración de incompetencia del juzgado civil si sólo basada en el art. 36 de la ley 24240 y por estar localizado el domicilio real en Rivadavia, pues -repito- esa norma y este lugar habilitan la jurisdicción tanto del Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia como la del Juzgado en lo Civil y Comercial de la cabecera (art. 34.4 cód. proc.).
3- Pero si en “Bazar Avenida S.A. c/ Peredo, Ermelinda Ester s/ Cobro ejecutivo” (resol. del 6/6/2012, L.43 R.183) fue aplicable lo expuesto en 1-, no lo es ahora pues, en esta ocasión, el juzgado civil ha ido más lejos, ya que no ha reparado sólo en el domicilio real del demandado por aplicación del art. 36 de la ley 24240, sino también ha considerado el domicilio de la demandante seguramente en mérito del art. 3.6 d-ley 9229 -texto según ley 10571-, aunque no ha mencionado esta norma.
El razonamiento del juzgado apelado pudo ser más o menos éste: según el domicilio del demandado (art. 36 ley 24240), sito en Rivadavia, sería tanto competente el juzgado civil como el juzgado de paz letrado, pero como la ejecutante no tiene su domicilio en el ámbito territorial de ese juzgado de paz letrado, entonces la ejecutante carece del derecho de optar por el juzgado civil (art. 3.6 d-ley 9229, texto según ley 10571).
Ese razonamiento sería correcto si fuera aplicable al caso el art. 36 de la ley 24240, pero no lo es en función de las constancias obrantes ahora en el proceso.
4- En efecto, únicamente surge que se ejecutan dos pagarés por sendas sumas de $1469,92 y $ 1077,07 (fs. 11 y 12), circunstancias que, de ningún modo, permiten inferir que subyacen en ellos préstamos de dinero para el consumo, como predica el antecedente de la Suprema Corte provincial citado a f. 27 vta. para sustentar lo decidido (cfrme. mi voto en “Bazar Avenida S.A. c/ Boccalatte, Beatriz s/ Cobro Ejecutivo”, sent. del 28-08-2012, L.43 R.290), sin que la existencia de […]” multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados por la parte accionante […]” (ver f. 27 vta.) pueda revelar esa misma circunstancia (ver causa citada).
Además ¿es de público conocimiento que la ejecutante otorga préstamos y que éstos sean para el consumo, de modo que todo ello esté exento de prueba?.
Como dije en el expediente votado el 28 de agosto de este año (citado supra), no todo lo que conoce un juez, porque lo conozca él, queda convertido automáticamente en algo de público conocimiento; debe indicar por qué motivos lo considera así y, en el caso, sabemos que la sola “multiplicidad” de causas iguales sólo permitiría presumir “préstamos de dinero” pero no préstamos de dinero “para el consumo” (ver considerando 1-).
No me consta que todos sepan que la ejecutante otorga préstamos de dinero “para el consumo”, ni incluso me consta de modo fehaciente a mí.
5- Si no es de público conocimiento, ¿está probado en el caso que el préstamo de que se trata haya sido para el consumo?.
El escrito de f. 26, en el que la parte actora denuncia que el domicilio real de la demandada está en la ciudad de Rivadavia, es la única constancia del expediente mencionada por el juzgado en la resolución apelada.
En mérito a las constancias actuales de autos no hay vestigio acerca de que:
a- el dinero recibido por la ejecutada, como lo sostiene el juzgado, hubiera sido aplicado “para” “[…] la compra de bienes para el consumo […]” (ver la preposición “para” usada dos veces en el proemio del art. 36 de la ley 24240, ref. por ley 26361);
b- la ejecutada hubiera utilizado un servicio financiero prestado por la ejecutante de modo que, por ese solo motivo y sin importar el destino del dinero, hubiera quedado establecida entre ambas una relación de consumo de servicio financiero (SCBA, C. 113770, “BBVA Banco Francés S.A. c/ Ortíz”, 16/3/2011, cit. en Juba online), toda vez que según el estatuto la actora no presta servicios financieros en el sentido del art. 1 de la ley 21526 (arts. 1 y 2 ley 24240, ref. por ley 26361).
En suma, no surge de autos ni que la actora otorgue préstamos de dinero para financiar la compra de bienes para el consumo, ni que eso sea de público conocimiento, como tampoco que en este caso particular se tratara de un préstamo para el consumo.
Así planteadas las cosas, no resultando de las constancias actuales de autos con la necesaria contundencia que el crédito ejecutado hubiera resultado de una operación financiera para el consumo o de un crédito para el consumo, o de una relación de consumo de servicio financiero, y en todo caso ante la duda (arg. art. 486 párrafo 2° cód. proc.), debió abstenerse el juez de declararse incompetente y razonablemente aguardar el temperamento que, sobre la competencia, pudiera adoptar la parte demandada, quien podría aportar otros elementos (arts. 2, 4 y 542.1 cód. proc.; arts. 1,2 y 36 ley 24240; art. 1 ley 21526).
6- Si hasta aquí, bajo las actuales circunstancias, no puede decirse que sea aplicable al caso el art. 36 de la ley 24240, ¿qué norma regula la competencia por el territorio?
El art. 5.3 CPCC, que permite rescatar tres factores de atribución de competencia territorial: el lugar de pago (Trenque Lauquen), el de suscripción del vale (Trenque Lauquen) y el domicilio del demandado (Rivadavia, f. 26).
Se advierte que, a diferencia del art. 36 de la ley 24240, el art. 5.3 CPCC habilita 3 y no 1 solo factor de atribución de competencia territorial.
Y bien, ¿el art. 5.3. CPCC es compatible con la aplicación en el caso del derecho de opción por la cabecera departamental del art. 3.6 d-ley 9229, texto según ley 10571?
Sí, sería perfectamente compatible, si todos los factores de atribución de competencia territorial del art. 5.3. CPCC confluyeran en Rivadavia: si todo apuntase a Rivadavia (domicilio del demandado, lugar de pago, lugar de libramiento), para poder sustraerse del juzgado de ese lugar y acudir al de la cabecera departamental, la ejecutante tendría que tener su domicilio allí, en Rivadavia, y, a la inversa, si no tuviera su domicilio allí, entonces no podría sustraerse del juzgado de paz letrado de ese lugar en el que, repito, confluyeran todos los factores de atribución de competencia territorial.
En otras palabras, la excepcional franquicia de opción por la cabecera del art. 3.6 d-ley 9229 -texto según ley 10571-, a favor de la ejecutante, para optar por el juzgado civil, sólo se abriría para ella cuando todos los factores de atribución de competencia territorial confluyeran en Rivadavia. En ese caso, repito, con los 3 factores de atribución de competencia territorial del art. 5.3. CPCC fincados en Rivadavia, la ley sólo le permitiría a la ejecutante evadir la competencia del juzgado de paz letrado si tuviera ella, la ejecutante, también su domicilio en el territorio de ese juzgado.
Pero, si la ejecutante no llegara a ubicarse en esa aludida encerrona porque no confluyeran en Rivadavia todos los factores de atribución de competencia territorial, no tendría ella ninguna necesidad de salir de allí sólo ejerciendo -si le fuera posible- la opción del art. 3.6 d-ley 9229 -texto según ley 10571-: antes de llegar a tener que usar esa opción -que, para serle factible, le exigiría el serio recaudo de tener ella también su domicilio allí- y por simple aplicación del mismo art. 5.3 CPCC, bien podría plantear su reclamo ante el juzgado civil que estime competente en función de algún factor de atribución ajeno al territorio del juzgado de paz letrado, en el caso el lugar del pago o el de la suscripción del vale, que están en Trenque Lauquen.
7- En resumen:
a- si no todos los factores de atribución de competencia territorial del art. 5.3. CPCC corresponden al juzgado de paz letrado, para sustraerse de la competencia de éste no es necesario que la ejecutante ejerza la opción del art. 3.6 d-ley 9229 -texto según ley 10571-, opción que, para poder ejercerla, le exigiría tener también élla su domicilio en el territorio del juzgado de paz letrado; simplemente le basta con elegir u optar por ese factor de atribución fuera del Juzgado de Paz Letrado;
b- es que, si algún factor de atribución de competencia territorial del art. 5.3. CPCC no corresponde al juzgado de paz letrado, basándose en ese factor ajeno al juzgado de paz letradopuede la ejecutante plantear su reclamo ante el juzgado que estime competente por el territorio (incluso, por qué no, “tentando suerte” por aplicación del art. 2 cód. proc.), y, como al proceder así no está ejerciendo la opción del art. 3.6 d-ley 9229 -texto según ley 10571-, para proceder así no tiene que tener necesariamente su domicilio también en el territorio del juzgado de paz letrado;
c- si todos los factores de atribución de competencia territorial del art. 5.3. CPCC corresponden al juzgado de paz letrado, y si la ejecutante no tiene su domicilio allí, no puede optar por el juzgado civil de la cabecera y queda sometida a la jurisdicción del juzgado de paz letrado (art. 3.6 d-ley 9229 -texto según ley 10571-);
d- si todos los factores de atribución de competencia territorial del art. 5.3. CPCC corresponden al juzgado de paz letrado, y si la ejecutante tiene su domicilio allí, puede “liberarse” de la competencia del Juzgado de Paz Letrado optando por el juzgado civil de la cabecera (art. 3.6 d-ley 9229 -texto según ley 10571-).
8- En el caso, no pudiéndose discernir ahora si es aplicable el art. 36 de la ley 24240 (ver considerandos 4- y 5-) y si no todos los factores de atribución de competencia territorial del art. 5.3. CPCC confluyen en el territorio del Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia, puede la ejecutante mantener su reclamo ante el juzgado civil sin necesidad de tener su domicilio en el territorio del Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia (considerandos 6-, 7.a y 7.b).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.
A LA SEGUNDA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:
Corresponde estimar la apelación de f. 29 contra la resolución de fs. 27/28.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Estimar la apelación de f. 29 contra la resolución de fs. 27/28.
Regístrese. Notifíquese según corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.
Silvia Ethel Scelzo
Jueza
Toribio E. Sosa
Juez
Carlos A. Lettieri
Juez
María Fernanda Ripa
Secretaría
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