Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 1
Libro: 46- / Registro: 318
Autos: “CURADORA OFICIAL DE ALIENADOS JAQUELINA MARIELA RODRIGUEZ S/INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS”
Expte.: -88519-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil quince, celebran Acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos “CURADORA OFICIAL DE ALIENADOS JAQUELINA MARIELA RODRIGUEZ S/INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS” (expte. nro. -88519-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de foja 239, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es procedente la apelación de fs. 227/229 contra la resolución de fs. 224/225?.
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:
La cuestión debatida en autos ya ha sido resuelta por este Tribunal en ocasiones similares en los expedientes nº 88197, 88206, 88205 y 88204 (resoluciones del 13/7/2012, todas registradas en el libro 43, bajo los nros. 236, 235, 234 y 233), donde adherí al voto emitido por el juez Sosa, de modo que transcribiré lo allí expuesto:
“1. Para poder ejercitar sus derechos (arts. 1 párrafo 2° y 12 incs. 1 y 2, ley 26378), la persona con padecimiento mental tiene que ser informada de manera adecuada y comprensible según las reglas del consentimiento informado (arts. 7.j y 10 ley 26657; Principio n° 12 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657).
La persona con padecimiento mental declarada incapaz o inhabilitada tiene derecho a recibir el tratamiento más conveniente y que menos restrinja sus derechos (arts. 7.d ley 26657 y 152 ter cód. civ.), basado en un plan prescrito individualmente, examinado con el paciente, revisado periódicamente, modificado llegado el caso y aplicado por personal profesional calificado (art. 2 del Principio n° 9 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657); y, en particular en el marco de ese tratamiento, dentro de sus posibilidades el paciente en principio tiene derecho a concurrir con su voluntad a la designación de sus acompañantes terapéuticos (arts. 7.e y 7.k ley 26657) o, cuando menos en última instancia, tiene derecho a ser informado de esa designación (art. 9 del Principio n°11 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657).
Por otro lado, el tratamiento y la evolución del paciente internado deben ser registrados a diario en la historia clínica (art. 15 ley 26657; art. 10 del Principio n°11 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657).
Por fin, la función del curador, en tanto apoyo para que la persona con discapacidad mental pueda ejercitar su capacidad jurídica, no debe ser desarrollada en forma abusiva ni arbitraria, de modo que, para evitar los posibles desvíos, deben implementarse salvaguardias adecuadas y efectivas, que lejos están de excluir la sujeción a un necesario control judicial (art. 12 incs. 4 y 5, ley 26378).
2- Y bien, nomás un solo motivo es suficiente para mantener la decisión apelada: la curadora, con los comprobantes de pago a la persona que dice que se desempeñó como acompañante terapéutico, sólo ha adverado que dispuso de cierto dinero de la causante, pero no ha demostrado que ese acompañante -que unilateralmente designó- hubiera cumplido las prestaciones a su cargo (arts. 654, 651 párrafo 2°, 178 y 375 cód. proc.). Nótese que la curadora ni siquiera ofreció prueba informativa, considerando que la supuesta labor del asistente terapéutico debió ser asentada en la historia clínica (art. 15 ley 26657; art. 10 del Principio n°11 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657).
Los eventuales incumplimientos de otras autoridades no justifican la falta de prueba imputable a la curadora.
En fin, la verificación judicial de la causa de la disposición del dinero de la causante es indispensable: sin causa demostrada, esa disposición no es objetivamente diferenciable de una privación arbitraria de bienes (arts. 499 y 1627 cód. civ.; arts. 12 incs. 4 y 5 ley 26378).
3- Pongo de relieve, además, que tampoco la curadora ha probado que el acompañante terapéutico que unilateralmente designó constituya personal profesional calificado y debidamente acreditado por autoridad competente (art. 2 del Principio n° 9 de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, art. 2 ley 26657; art. 8 ley 26657; arts. 654, 651 párrafo 2°, 178 y 375 cód. proc.).
4- Los incumplimientos referidos en los considerandos 2- y 3- sostienen la decisión apelada, pero exhiben mayor relieve en tanto insertos en el contexto del aparente incumplimiento también de los principios y reglas señalados en el considerando 1- arts. 654, 651 párrafo 2°, 178 y 375 cód. proc.).”
5- Desde otro ángulo y para finalizar opino que si la obra social de la causante no cumple con sus obligaciones en tiempo y forma existen los carriles legales para que lo haga, carriles que no puede la curadora desconocer en tanto profesional del derecho (art. 20 CC y 8 CCyC).
Y si se trata de demora en el cumplimiento, esa demora no la exime ni libera de realizar las pertinentes gestiones -o cuanto menos reducir- gastos a su pupila ( arts. 902, 911 y concs. CC y 1725 y concs. CCyC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que por compartir sus fundamentos adhiere al voto emitido en primer término.
A LA SEGUNDA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:
Corresponde desestimar la apelación de fs. 227/229 contra la resolución de fs. 224/225.
TAL MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:
Que adhiere al voto que antecede.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
S E N T E N C I A
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE:
Desestimar la apelación de fs. 227/229 contra la resolución de fs. 224/225.
Regístrese. Notifíquese según corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.