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Les damos la bienvenida al blog oficial del Tribunal de Trabajo Nº 4 del Departamento Judicial de Morón. 

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CALEGARI FREIRE SILVINA FABIANA C/ MUNICIPALIDAD DE MORON Y OTROS S/ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL

En la Ciudad de Morón, a los 17 de Abril de 2018 reunidos los Señores Jueces, integrantes del Tribunal del Trabajo N° 4 de Morón, para dictar SENTENCIA en los autos caratulados: CALEGARI FREIRE SILVINA FABIANA C/ MUNICIPALIDAD DE MORON Y OTROS S/ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL Exp. nro.: MO-10113-2015, que tramitaron por ante estos Estrados, con los siguientes:

ANTECEDENTES:

I – A fs. 115 se presenta la Dra. Lorna Vanina Reyes Pereyra en representación de la Sra. Silvina Fabriana Calegari Freire e incoa demanda por accidente de trabajo fundada en los arts. 1109 y 1113 C.C., contra Municipalidad de Morón, Jorge Luis Salama, y subsidiariaente contra Provincia A.R.T. S.A. con idéntico fundamento. Relata que la actora ingresó a trabajar en la Municipalidad de Morón en calidad de agente municipal el 1/3/13, y que se desempeñaba en el Sector de higiene Urbana, Obras y Servicios Públicos manejando camiones. Refiere que el 6/9/13 siendo las 17:30 hs aproximadamente, mientras se encontraba prestando servicios para la aquí demandada, la agente sufrió un gravísimo accidente que le ha producido la inmovilidad de la pierna derecha. Describe el infortunio como acontecido con participación de otro agente municipal quien sostiene dió marcha atrás con su camioneta aprisionando la extremidad derecha de la accionante contra la caja del camión que ella conducía ese día; alega que el Sr. Salama quien conducía la camioneta habría obrado de modo negligente. Manifiesta que fue atendida por la ART Provincia S.A., intervenida quirúrgicamente y que finalmente tras intervenir la Comisión Médica Central se procedió a su recalificación profesional. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1,2 6, 8, 9, 14, 15, 19, 21, 22, 44, 46, 49 cláusula adicional 1° de la ley 24.557, de los arts. 4 y 17 inc. 2 de la ey 26.773. Reclama daño físico, estético y psíquico, daño moral, lucro cesante, gastos médicos y de farmacia, y la cobertura de movilidad y traslados. Reconoce al practicar liquidación que la misma percibió de Provincia ART S.A. la suma de $ 625.967,10.- Funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda con costas.

A fs. 165/171 la parte actora amplía la fundamentación en derecho de la acción intentada contra Provincia A.R.T. S.A. fundándola supletoriamente en la ley 24.557, introduce eñ planteo de la inconstitucionalidad del art. 4 y del art. 17 inc. 2 de la ley 26.773 en lo que respecta a la competencia material que dichas normas atribuyen al fuero civil, y asimismo plantea la inconstitucionalidad del pago por renta de las prestaciones dinerarias cfr. art. 2 in fine de la ley 26.773.

A fs. 175/176 el Tribunal resuelve declinar la competencia para entender en la acción entablada contra Jorge Luis Salama y/o contra quienes resulten asegurados, guardianes del vehículo causante del ilícito, sin perjuicio de su intervención en el proceso en los términos del art. 94 CPCC.

A fs. 223 se presenta el Dr. Fernando Ariel Acevedo en representación de Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. a contestar demanda. Formula negativa pormenorizada de los hechos alegados y alega culpa de la víctima. Opone excepción de falta de legitimación pasiva y falta de acción. Contesta planteos de inconstitucionalidad. Ofrece prueba y solicita se rechace la demanda con costas.

A fs. 283 se presenta la Dra. Romina Leonor Muñoz en representación de la Municipalidad de Morón. opone excepción de falta de legitimación pasiva y falta de acción. Formula negatiava pormenorizada de los hechos. Describe a fs. 288 el accidente del cual reconoce ha sido víctima la accionante y alega culpa de esta última en su ocurrencia. Contesta planteos de inconstitucionalidad. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se rechace la demanda con costas.

A fs.310/311 se abre la causa a prueba ordenándose la producción de los medios probatorios ofrecidos por las partes y celebrándose a fs. 1155 la audiencia de vista de la causa.

Habiéndose pronunciado a continuación el correspondiente Veredicto, se encuentran estos obrados en estado de dictar SENTENCIA, resolviendo los Sres. Jueces plantear y votar por separado, guardando el mismo orden que para el Veredicto, las siguientes

 

CUESTIONES

 

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente la demanda?

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

 

A LA PRIMERA CUESTION: La Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:

I – Atendiendo a que la sustanciación del presente proceso se ha llevado a cabo dentro de la órbita de conocimiento de este Tribunal de Trabajo, sin que las partes demandadas cuestionaran oportunamente la asunción de competencia material por parte del mismo, deviene abstracto abocarse en este estadio al planteo de inconstitucionalidad articulado por el accionante a fs. 165 contra el art. 4 y art. 17 inc. 2° de la ley 26.773, y arts.6, 21, 22, 46 de la ley 24.557.

II – Dicho ello, y encontrándose acreditado en autos tal como se analizara en el veredicto, que la trabajadora de marras adquirió la patología que la incapacita en un 72 % de la T.O. a consecuencia del accidente de trabajo padecido mientras desempeñaba tareas habituales para la demandada Municipalidad de Morón el 6/9/13, y siendo que la accionante reconoció haber percibido de la A.R.T. aquí co-demandada el pago de $ 625.967,10.- en concepto de prestación dineraria, corresponde determinar en este estadio acerca de la procedencia del reclamo indemnizatorio impetrado.

III – De forma preliminar cabe señalar que si bien la acción impetrada contra la co-demandada Municipalidad de Morón se ha sustentado exclusivamente en normas del derecho común (art. 1109 y 1113 C.C.), sea cual fuere el resultado de tal pretensión, no puede dejar de señalarse en autos el régimen prestacional que está obligada a cumplir la aseguradora de riesgos del trabajo aquí demandada quien ha sido co-demandada con fundamento en forma supletoria en la L.R.T., para así poder eventualmente determinar el alcance con que deberá responder por el daño padecido por la trabajadora que se ha verificado en la especie (ver en igual sentido SCBA L. 90.665 “Rodríguez, Néstor Ángel C/Multicanal S.A. S/Accidente de Trabajo” del 16/5/07).

IV – A la luz de lo precedentemente establecido, he de señalar en primer término que la L.R.T. ha instituido un sistema cerrado de reparación con un régimen de seguro privado obligatorio excluyente de la responsabilidad de los empleadores, correspondiendo analizar en primer lugar en qué medida debería responder en los términos de la L.R.T., la A.R.T. demandada en este proceso por las consecuencias de la incapacidad física adquirida por Calegari.

Encontrándose probado en autos el daño padecido por la trabajadora (lesión en pierna derecha por ruptura de ligamento cruzado anterior con evolución de fibrosis intraarticular que le ocasionó rodilla rígida, más un trastorno de ansiedad generalizada de grado moderado) que la incapacita en un 72 % de la T.O., en forma permanente y total (cfr. art. 8º de la L.R.T.), así como la relación causal entre la patología incapacitante y el accidente padecido por la trabajadora bajo las órdenes de Municipalidad de Morón (cfr. art. 6º ap. 2°º de la L.R.T.), considero que de conformidad con lo que dispone el art. 15 inc. 2) de la L.R.T. corresponde declarar a la A.R.T. Provincia S.A. deudora exclusiva de una prestación dineraria por asimilación a la reparación que prevé la norma en su art. 14, la cual será consistente en el pago único de una indemnización (cfr. art. 17 inc. 1° ley 26.773) cuya cuantía habría de ascender a la suma de $ 315.252,18.- ($ 5.210,99 X 53 X 72 % X 65/41).

Cabe destacar que, toda vez que el monto al que asciende la indemnización no supera el piso mínimo ($ 343.187.-) establecido por la norma vigente conforme las pautas establecidas por la ley 26.773 (Res. 34/2013 Secretaría de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social), el cual equivale en el caso a la cantidad que resulta de multiplicar pesos cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve ($ 476.649.-), por el porcentaje de incapacidad de la trabajadora (72 %), corresponderá fijar como monto de condena la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE ($ 343.187.-).

V – A la prestación dineraria así determinada, corresponderá adicionar una compensación adicional de pago únicoconsagrada por el art. 11 inc. 4° apartado b) de la ley 24.557 (cfr. Res. 34/2013 Secretaría de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO ($ 264.805.-).

VI – Asimismo, siendo que el accidente de marras fue padecido con posterioridad a la sanción de la ley 26.773, corresponderá adicionar a los conceptos ya señalados, una indemnización adicional de pago único contemplada por el art. 3° del la ley 26.773 en compensación de cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas por la L.R.T., la cual equivaldrá al 20 % de esa suma, esto es la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 121.598,40.-), la cual supera el piso legal fijado por la norma (que ascendiera a $ 90.267.-) para la fecha de ocurrencia del infortunio (cfr. Res. 34/2013 Secretaría de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).

VII – Dicho ello y considerando que la propia trabajadora reconoció haber percibido un pago parcial de Provincia A.R.T. S.A. en concepto de prestación dineraria de $ 625.967,10.-, corresponderá deducir aquellas sumas percibidas del total adeudado que más arriba se detallara, operación matemática que arroja un saldo adeudado a favor de la accionante de PESOS CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON TREINTA CENTAVOS ($ 103.623,30.-) por el cual corresponderá condenar a PROVINCIA A.R.T. S.A.

VII – Sin perjuicio de ello y considerando que la accionante pretende de Municipalidad de Morón y de la propia A.R.T. Provincia S.A. una reparación integral del daño sufrido, he de adelantar mi opinión contraria a la pretensión así articulada.

Digo ello pues si bien se encuentran reunidos en el caso los presupuestos necesarios para una condena en los términos del art. 1113 C.C. contra la Municipalidad de Morón – en mérito al factor de atribución objetivo por responsabilidad del dependiente y por la teoría del riesgo creado -, resulta aplicable al caso la opción excluyente consagrada por el art. 4, segundo y tercer párrafos de la ley 26.773 cuya validez constitucional no fuera puesta en tela de juicio en la demanda (sólo se limitó a cuestionarla en lo que hace a la atribución de competencia al fuero civil y no en cuanto a lo que impone respecto de la procedencia de la acción resarcitoria).

En efecto, la citada norma ha determinado que los damnificados por un accidente de trabajo podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación especial consagrado por la ley 24.557 o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, agregando que los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.

A la luz de ello, y visto que la propia norma determina que el cobro de sumas de dinero – refiere a las percibidas en concepto de reparación vale decir las consagradas en los ars. 11, 14, 15 y 18 de la ley 24.557 y la del art. 3 de la ley 26.773 – implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso; he de colegir que en autos la circunstancia fáctica expresamente reconocida por la accionante referida al cobro extrajudicial de la suma de $ 625.967,10.- ha sellado la suerte del reclamo indemnizatorio fundado en las normas del Código Civil.

Consecuentemente, voto por rechazar la acción incoada contra Municipio de Morón y Provincia A.R.T. S.A. incoada con fundamento en lo normado por los arts. 1109 y 1113 del C.C. (cfr. art. 4 segundo párrafo ley 26.773).

VIII – Corresponde asimismo rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 articulado por la accionante, ya que a la fecha de ocurrencia del infortunio, los apartados 1, 2 y 3 de la citada norma ya habían sido derogados por la ley 26.773.

IX – El planteo de inconstitucionalidad del art. 14 de la ley 24.557 deviene en mi opinión abstracto toda vez que los supuestos fácticos ventilados en el caso de marras no se subsumen en la referida norma, la cual resulta aquí inaplicable.

X – El planteo de inconstitucionalidad articulado por la demandada Provincia A.R.T. S.A. contra la ley 14.399 habrá de ser favorablemente receptado en atención a la doctrina legal sentada por la SCBA (LP L 90768 S 13/11/2013) en los autos caratulados “Vitkauskas, Félix c/Celulosa Argentina S.A. s/Despido” la cual acato.

XI – INTERESES: Por su parte, en vista de la doctrina legal recaída en autos “Ubertalli Carbonino, Silvia C/Municipalidad de Esteban Echeverria S/Demanda Contencioso administrativa” el 18/5/16 (SCBA, B. 62488) la cual he de acatar, he de propiciar que el capital de condena devengue intereses desde la fecha de consolidación del daño (28/11/08) y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.)

XII – A los efectos de la acreditación de las sumas a darse en pago por la condenada, líbrese oportunamente oficio electrónico por el Tribunal, al Banco Provincia de Buenos Aires Suc. Tribunales de Morón, a fin de que el mismo proceda a abrir una cuenta en autos a la orden de los Sres. Jueces integrantes de este Tribunal de Trabajo y como perteneciente a estos actuados.

ASI LO VOTO.

Los Sres. Jueces Dres. Gustavo Víctor Hernández y Carolina Noale, por compartir los fundamentos adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION: La Sra. Juez Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, corresponde: 1) Hacer lugar a la demanda incoada por SILVINA FABIANA CALEGARI FREIRE contra PROVINCIA A.R.T. S.A. y condenar a la co-demandada en los términos de la ley 24.557 a abonar a la actora la suma de PESOS CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON TREINTA CENTAVOS ($ 103.623,30.-). 2) Rechazar en todas sus partes la acción incoada por SILVINA FABIANA CALEGARI FREIRE contra PROVINCIA A.R.T. S.A. y MUNICIPALIDAD DE MORON, que se fundara en normas de derecho común. 3) Imponer las costas de la acción que prospera a cargo de Provincia A.R.T. S.A. (art. 19 de la ley 11.653); y de la acción que se rechaza a cargo de la actora vencida (cfr art. 19 y con los alcances del art. 22 de la ley 11.653). 4) El monto por el que procede la acción devengará intereses desde la fecha de consolidación del daño (6/9/13) y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.). 5) El capital, intereses y costas deberán depositarse en autos dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución. 6) Decrétase inconstitucional la ley provincial 14.399. 7) Líbrese oportunamente oficio electrónico por el Tribunal, al Banco Provincia de Buenos Aires Suc. Tribunales de Morón, a fin de que el mismo proceda a abrir una cuenta en autos a la orden de los Sres. Jueces integrantes de este Tribunal y como perteneciente a estos actuados. 8) Practíquese liquidación por Secretaría y fecha, vuelvan a los fines de regular los honorarios a los profesionales intervinientes.

ASI LO VOTO.

Los Sres. Jueces Dres. Gustavo Víctor Hernández y Carolina Noale, por compartir los fundamentos adhieren al voto que antecede.

 

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE TRABAJO N* 4 DE MORON

RESUELVE

 

1) Hacer lugar a la demanda incoada por SILVINA FABIANA CALEGARI FREIRE contra PROVINCIA A.R.T. S.A. y condenar a la co-demandada en los términos de la ley 24.557 a abonar a la actora la suma de PESOS CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON TREINTA CENTAVOS ($ 103.623,30.-).

2) Rechazar en todas sus partes la acción incoada por SILVINA FABIANA CALEGARI FREIRE contra PROVINCIA A.R.T. S.A. y MUNICIPALIDAD DE MORON, que se fundara en normas de derecho común.

3) Imponer las costas de la acción que prospera a cargo de Provincia A.R.T. S.A. (art. 19 de la ley 11.653); y de la acción que se rechaza a cargo de la actora vencida (cfr art. 19 y con los alcances del art. 22 de la ley 11.653).

4) El monto por el que procede la acción devengará intereses desde la fecha de consolidación del daño (6/9/13) y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.).

5) El capital, intereses y costas deberán depositarse en autos dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución.

6) Decrétase inconstitucional la ley provincial 14.399.

7) Líbrese oportunamente oficio electrónico por el Tribunal, al Banco Provincia de Buenos Aires Suc. Tribunales de Morón, a fin de que el mismo proceda a abrir una cuenta en autos a la orden de los Sres. Jueces integrantes de este Tribunal y como perteneciente a estos actuados.

8) Practíquese liquidación por Secretaría y fecha, vuelvan a los fines de regular los honorarios a los profesionales intervinientes.

9) Regístrese, Notifíquese y oportunamente, previa vista al Sr. Agente Fiscal, ARCHIVESE.

 

DRA. MA. GABRIELA ALCOLUMBRE

JUEZ DEL TRABAJO

 

 

 

DRA. CAROLINA NOALE DR. GUSTAVO VICTOR HERNANDEZ

JUEZ DE TRABAJO JUEZ DEL TRABAJO

 

 

Ante mí:

 

 

DRA. MARÍA FLORENCIA BLANCO KHÜNE

SECRETARIA

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PAGURA, MARIA DELFINA C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN S/ ACCIDENTE-ART. 1113 C.C

En la Ciudad de Morón, a los 31 días del mes de agosto del año dos mil dieciseis, reunidos los Señores Jueces, integrantes del Tribunal del Trabajo N* 4 de Morón, para dictar SENTENCIA en los autos caratulados: “PAGURA, MARIA DELFINA C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN S/ ACCIDENTE-ART. 1113 C.C“, que tramitaron por ante estos Estrados, con los siguientes:
ANTECEDENTES:

A fs.28 se presenta el Dr. Pablo Alejandro Axenfeld en representación de la Sra. María Delfina Pagura e incoa demanda por accidente de trabajo contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Prov. de Bs. As. con fundamento en normas del Código Civil y subsidiariamente reclama en los términos de la ley 24.557. Relata que la accionante ingresó a prestar servicios el 17/5/99 para la demandada en perfeco estado de salud, desempeñándose como preceptora y profesora en las Escuelas de Educación Media N° 5 Almafuerte y N° 4 Manuel Dorrego del Partido de Hurlingham. Refiere que al momento del accidente su salario mensual ascendió a $ 8.841,23.- Relata que el 7/11/12 en momentos en que se hallaba realizando sus tareas habituales en la Escuela Media N° 4, y mientras descendía desde el primer piso del establecimeinto por la escalera, se resbala y cae tres escalones impactando con el suelo su cadera, cintura y brazo derecho, todo lo cual le ocasionó una severa lesión lumbar. Describe la escalera como “caracol”, carente de material antideslizante y cuya única baranda adherida a la pared no permite su agarre. Sostiene haber sido atendida por Provinca ART en la Clínica Sagrado Corazón de don Torcuato y que luego prosiguió su atención a través de la obra social. Sostiene padecer una hernia traumática y reclama la reparación del daño físico, del daño psicológico, del estético y los gastos de asistencia médica. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 21, 22, 39, 46, 49, cláusula adicional 1°, 2° y 3°; así como de los arts. 2°, 4° y 17 inc. 3° de la ley 26.773; art. 7° de la ley 23.928 y art. 4° de la ley 25.561. Denuncia haber suscripto un pacto de cuota litis con su letrado apoderado al 20 % y solicita su homologación judicial. Practica liquidación, funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar al reclamo con costas.

A fs. 99 se presenta el Dr. Antonio Alberto Gibilisco abogado de la Fiscalía de Estado a contestar demanda. Formula pormenorizada negativa de los hechos alegados. En el relato de los hechos alega que la patología lumbar padecida por la trabajadora reconoce origen inculpable por tratarse de un padecimiento degenerativo de ningún modo atribuible a las tareas realizadas por Pagura. Rechaza los planteos de inconstitucionalidad introducidos por la accionante y tras ofrecer prueba solicita se rechace la demanda con costas.

A fs. 110 se procede a abrir la causa a prueba, celebrándose a fs. 316 la audiencia de vista de la causa.

Habiéndose pronunciado a continuación el correspondiente Veredicto, se encuentran estos obrados en estado de dictar SENTENCIA, resolviendo los Sres. Jueces plantear y votar por separado, guardando el mismo orden que para el Veredicto, las siguientes
CUESTIONES

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente la demanda que persigue el cobro de la indemnización fundada en el art. 1113 del Código Civil? ¿Es procedente hacer lugar al reclamo subsidiario fundado en la ley 24.557?

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION: La Sra. Juez, Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:

I – En vista de que a la fecha en que la trabajadora sufriera el infortunio laboral incapacitante ya se hallaba vigente el art. 4° de la ley 26.773, el cual prevé la opción excluyente de la vía de reclamo elegida con fundamento en el régimen de reparación sistémico o en el de responsabilidad previsto por el derecho común; y considerando que la accionante fundó el reclamo en normas del derecho común, entiendo que corresponde abordar su tratamiento en forma preliminar en esta instancia.

II – Dable es destacar en tal inteligencia, que no advierto configurado agravio constitucional alguno en el caso particular que nos ocupa a la luz del planteo de inconstitucionalidad articulado contra el referido art. 4° de la ley 26.773 (en cuanto impone la opción excluyente), toda vez que la accionante no eligió demandar en momento alguno a la aquí accionada en su carácter de autoasegurada, ni a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, con el fin de que se acumularan sendos reclamos (nótese que de fs. 28 vta. surge que el reclamo subsidiario fundado en la ley 24.557 se incoa para el caso de no hallarse responsable a la demandada en los términos del Código Civil).

Tampoco alegó la accionante en momento alguno haber percibido sumas de dinero con anterioridad al reclamo judicial impetrado que pudieran haber obstado a la iniciación de la acción fundada en el sistema de responsabilidad civil intentado, circunstancia que podría haber justificado en mi opinión el abordaje de la cuestión constitucional articulada.

Consecuentemente, voto por declarar abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 26.773 así impetrado.

III – En mérito al resultado del acuerdo al que se arribara en el veredicto en relación a las cuestiones primera y segunda, habiéndose acreditado en autos que la actora padeció un accidente en ocasión del trabajo mientras desarrollaba sus tareas para la demandada el 7/11/12 en virtud del cual adquirió una lumbalgia con dificultad para la marcha y un cuadro depresivo reactivo en grado moderado que la incapacita en un 23,50 % de la T.O. en relación causal con el infortunio padecido, cabe expedirse en este estadio acerca de la procedencia de la acción fundada en el derecho civil.

A tal fin, y en mérito al informe del perito técnico y testimonial merituadas en la tercera cuestión del veredicto, habré de conceptualizar que la escalera en la que se accidentó Pagura aquel 7/11/12, constituye una cosa en sí misma riesgosa por no contar con una baranda ni con bandas antideslizantes en el tramo en el que la actora se accidentara, que la tornan peligrosa para la salud de los trabajadores que la emplean a diario, como la que aquí reclama.

Cabe señalar sobre el particular que una escalera no es potencialmente productora de daños, por lo que no es “riesgosa” por su naturaleza, sino que ha adquirido tal cualidad en el caso particular que nos ocupa, por circunstancias contingentes ajenas a su esencia (“insegura por no contar con antideslizante en el solado” y “sin barandas”) (ver en igual sentido SCBA LP L 117177 S 18/05/2016 en autos “G. ,P. V. contra F. P. S. S. y o. D. y p.”); y constituía consecuentemente una “cosa riesgosa o viciosa”, en los términos del art. 1113 del Código Civil.

Dicho ello habré de propiciar se haga lugar a la acción entablada por Pagura con fundamento en el art. 1113 del Código Civil, mandando indemnizar la incapacidad funcional y psicológica sobrevinientes del accidente padecido por Pagura el 7/11/12.

IV – Solo a mayor abundamiento he de dejar sentado que se encuentran reunidos asimismo los recaudos para condenar a la demandada a resarcir el daño ocasionado a Pagura con fundamento en lo normado por el art. 1109 del C.C. ya que tal como quedara acreditado en el veredicto, la demandada obró con culpa en el cumplimiento de la obligación de prevención y provisión de medios tendientes a garantizar la higiene y seguridad en el trabajo de la accionante, al haber omitido cumplir aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación según las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (cfr. art. 512 C.C. y 1109 C.C.).

V – A los fines de determinar el quantum indemnizatorio, considero que debe determinarse un capital de modo tal que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades; todo lo cual me lleva a fijar el monto indemnizatorio en la suma de $ 359.923,24.- a la fecha de la consolidación del daño (13/10/13) por aplicación del cálculo según “Mendez”:

Resultados:

Vn:
0,49362812
a:
28.431,53
n:
18
i:
4 %
C (capital):
359.923,24

Sintaxis de las fórmulas empleadas
C=a*(1-Vn)*1/i
donde:
Vn = 1/(1+i)n
a = salario mensual x (60 / edad del accidentado) x 13 x porcentaje de incapacidad =($ 8841,23 X 60/57 X 13 X 23,5%)
n = 75 – edad del accidentado (57 años)= 18
i = 4% = 0,04

VI – Los gastos de asistencia médica habrán de prosperar en mi opinión en lo que atañe al tratamiento psicológico que la trabajadora debe afrontar por el lapso de un año y medio, pues han quedado acreditados en autos a través del informe pericial glosado a fs. 188/191, propiciando se difiera a condena la suma de $ 18.000.- ($ 250 X 72 semanas).

VII – El reclamo por el cual se persigue el resarcimiento del daño estético no habrá de prosperar en mi opinión toda vez que ha quedado probado en el veredicto que Pagura no padece de daño estético alguno a consecuencia del infortunio sufrido el 7/11/12 (art. 499 C.C.).

VIII - En vista de la doctrina legal recaída en autos “Ubertalli Carbonino, Silvia C/Municipalidad de Esteban Echeverria S/Demanda Contencioso administrativa” el 18/5/16 (SCBA, B. 62488) la cual he de acatar, he de propiciar que el capital de condena devengue intereses desde que cada suma es debida (13/10/13) y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.)

IX – En vista del progreso de la acción fundada en el derecho común que he dejado propuesto, se torna en mi opinión abstracto abocarse al tratamiento del reclamo subsidiario impetrado con sustento en la ley 24.557; así como el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad articulado por la parte actora contra los arts. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 21, 22, 39, 46, 49, cláusula adicional 1°, 2° y 3° de la ley 24.557.

X – No habiendo comparecido la accionante a lo largo del proceso a ratificar personalmente el pacto de cuota litis denunciado en la demanda, habré de proponer se desestime su homologación (cfr. art. 277 L.C.T.).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION: El Sr. Juez Dr. Gustavo Víctor Hernández dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION: La Sra. Juez Dra. María Elisa Jaime dijo:

En primer lugar, a mi entender, configura cuestión LIMINAR la incidencia del art. 4 ley 26.773 , cuya declaración de inconstitucionalidad peticionara la actora en su demanda- ; y en tal sentido diré que adscribo a la declaración de considerar abstracto el tratamiento de la cuestión constitucional que se postula, como conclusión a la que arriba la Colega opinante en primer término, si bien por distinto carril que estimo interpretativo.-

En efecto, entenderé –para el caso concreto- que la supeditación de habilitación a la vía judicial que postula el mencionado artículo 4 (con el expreso recaudo de lo que se introduce por esa normativa, como paso previo e inherente), ha de entenderse superado a través de la falta de todo cuestionamiento de la demandada en cuanto a los tramos de previo acceso a esta jurisdicción; y –consecuentemente- consentida la tramitación toda para arribar a la declaración de la norma individual (sentencia).-

En cuanto a lo demás resuelto, adheriré al análisis y conclusiones que convergen hacia la reparación del daño confiriendo resarcimiento en los términos de la normativa mencionada, SI BIEN expresaré que la cuantificación de tal resarcimiento pasará en la conmesuracion de los parámetros o módulos –establecidos en el veredicto y receptados por la Juez votante en esta cuestión del decisorio- desde la perspectiva que paso a explicitar: en función de la integralidad reparatoria que se ha peticionado en autos, tomando como base los respectivos datos señalados, tendríamos que en función del salario efectivamente acreditado como percibido ($ 8.841,23 ), multiplicado por un año de salarios más el sac., o sea por 13, ello x porcentaje de incapacitad establecido ( 23,50%) , y x los años que le restan como vida útil, considerando el promedio que estimo al presente de 65 años (65 menos 57 años ) igual a 8 años, todo ello arroja una indemnización de $ 216.079,65 .-.

Tales pautas parten de considerar que : visto que la actora ganaba $ 8.841,23 ., que tenía 57 años a la fecha de su daño , y que por el mismo perderìa  de ganar $ 2.077,68 mensuales (23,50 %de $8.841,23), lo que representa una pèrdida de ganancia al año con más el sac de $ 27.009,95 . Esta última suma, multiplicada por 8 años que son los que se conceptualizan como de vida útil, arroja el precitado monto de $ 216.079,65; monto que estimo de procedencia en autos..-

En todo lo demás, adhiero al análisis y conclusiones arribadas por la Colega votante en primer término.-

ASI LO VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTION: La Sra. Juez Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, corresponde : 1) Hacer lugar a la demanda incoada por MARÍA DELFINA PAGURA contra DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BS. AS. y condenar a la última a pagar a la actora, la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 377.923,24.-), en concepto de indemnización por incapacidad parcial y permanente que le reclama con sustento en el art. 1113 y 1109 del Código Civil. 2) Imponer las costas de la acción a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 19 del ritual). 3) El monto por el que procede la acción devengará intereses desde que cada suma es debida (13/10/13) y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.). 4) El capital, intereses y costas deberán depositarse en autos dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución. 5) No homologar el pacto de cuota litis (art. 277 L.C.T.). 6) Practíquese liquidación por Secretaría, fecha, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.

ASI LO VOTO.

Los Sres. Jueces, Dres. Gustavo Víctor Hernández y María Elisa Jaime, por compartir los fundamentos, votaron en idéntico sentido.
POR ELLO:
EL TRIBUNAL DE TRABAJO N* 4 DE MORON
RESUELVE

1) Hacer lugar a la demanda incoada por MARÍA DELFINA PAGURA contra DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BS. AS. y condenar a la última a pagar a la actora, la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 377.923,24.-), en concepto de indemnización por incapacidad parcial y permanente que le reclama con sustento en el art. 1113 y 1109 del Código Civil.

2) Imponer las costas de la acción a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 19 del ritual).

3) El monto por el que procede la acción devengará intereses desde que cada suma es debida (13/10/13) y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.).

4) El capital, intereses y costas deberán depositarse en autos dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución.

5) No homologar el pacto de cuota litis (art. 277 L.C.T.).

6) Practíquese liquidación por Secretaría, fecha, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.

6) REGISTRESE, NOTIFIQUESE y, oportunamente, previa vista al Sr. Agente Fiscal, ARCHIVESE.

 

 

DRA. MARIA GABRIELA ALCOLUMBRE

JUEZ DEL TRABAJO

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ELISA JAIME DR. GUSTAVO VÍCTOR HERNÁNDEZ

JUEZ DEL TRABAJO JUEZ DEL TRABAJO

 

 

ANTE MI:

 

 

DRA. MARÍA FLORENCIA BLANCO KÜHNE

SECRETARIA


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LEDESMA JOSE BRUNO C/ MASSALIN PARTICULARES S.R.L. S/ DESPIDO

En la Ciudad de Morón, a los 8 días del mes de noviembre de 2017 reunidos los Señores Jueces, integrantes del Tribunal del Trabajo N° 4 de Morón, para dictar SENTENCIA en los autos caratulados: LEDESMA JOSE BRUNO C/ MASSALIN PARTICULARES S.R.L. S/ DESPIDO Exp. nro.: MO-50090-2016, que tramitaron por ante estos Estrados, con los siguientes:

ANTECEDENTES:

A fs. 30 se presenta el Dr. Ricardo del Negro en representación de José Bruno Ledesma y demanda por despido a Massalin Particulares S.A.. Manifiesta que comenzó a laborar para la demandada el 1° de diciembre de 1993, desempeñando tareas de mecánico según la CCT de Tabacaleras. Refiere que su lugar de trabajo estaba ubicado en merlo y que trabajaba de lunes a viernes de 6 a 14 hs y de 14 a 22 hs en horarios rotativo, percibiendo como mejor remuneración mensual normal y habitual la suma de $ 37.538,35.- Relata que la demandada lo despidió en forma directa alegando como injuria que el trabajador le habría propinado una trompada a un vigilador el día 8/4/16. Sostiene haber intimado al principal el pago de las indemnizaciones derivadas del despido. Practica liquidación, ofrece prueba, funda el derecho, denuncia pacto de cuota litis y solicita se haga lugar a la demanda con costas.

A fs. 130 se presenta el Dr. Alberto Carlos Luque en representación de Massalin Particulares S.A. y contesta demanda. Reconoce fecha de ingreso, tareas y horario del trabajador. Controvierte la base remuneratoria denunciada por el accionante a los fines de lo normado por el art. 245 LCT. Impugna cada uno de los rubros reclamados en la liquidación, solicita se aplique el tope indemnizatorio del art. 245 LCT, ofrece prueba y funda en derecho. Plantea la inconstitucionalidad de la ley 26.428 y del art. 9 LCT. Pide se aplique la ley 24.283 y solicita el rechazo de la demanda con costas.

A fs. 160 se abren a prueba las actuaciones y a fs. 269 se celebra la audiencia de vista de causa.

Y pronunciado oportunamente el veredicto, se encuentran estos actuados en estado de dictar SENTENCIA.

 

CUESTIONES

 

PRIMERA: ¿Es procedente la demanda?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

 
A LA PRIMERA CUESTION: La Sra. Juez, Dra. María Gabriela Alcolumbre, dijo:

I) En mérito al resultado del acuerdo al que se arribara en el veredicto en relación a las cuestiones primera, segunda y tercera, corresponde en este estadio analizar la procedencia del reclamo indemnizatorio que se articula con fundamento en el art. 245 de la L.C.T..

Toda vez que quedó acreditado en la segunda cuestión del veredicto que la demandada, pese a la carga procesal que sobre ella pesaba (cfr. art. 375 C.P.C.C.), no logró probar la ocurrencia de ninguno de los hechos injuriantes alegados, he de colegir que el demandado resolvió el contrato de trabajo sin justa causa (cfr. art. 242 L.C.T.) resultando el trabajador acreedor a la indemnización prevista por el art. 245 de la L.C.T. (t.o. ley 25.877).

Consecuentemente, habré de proponer se haga lugar al reclamo indemnizatorio fundado en el art. 245 de la L.C.T.(t.o. ley 25.877) difiriendo a condena la suma de $ 827.124,44.- [$ 35.961,93 X 23 períodos], calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual que se tuviera por acreditada en el veredicto.

Al así resolver no he dejado de contemplar que el demandado solicitara la aplicación al caso del tope indemnizatorio contemplado por el art. 245 LCT para la base de cálculo indemnizatoria, sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso ya que la última no supera el tope establecido para la CCT 565/09 a la fecha de ocurrencia del distracto que ascendiera a la suma de $ 82.425.

II) Habrá de resultar asimismo procedente la indemnización sustitutiva de preaviso, y el S.A.C. sobre el preaviso omitido de conformidad con lo normado por el art. 232 LCT; propiciando que se difieran a condena las sumas de $ 60.115,66.- ($ 30.057,83 X 2) y $ 5.009,63.-, respectivamente.

A los fines del cálculo de la indemnización por preaviso omitido he tenido en cuenta que la misma debe ser calculada sobre la base de la remuneración que el trabajador debió haber percibido en el período que le habría correspondido gozar del preaviso previsto en el art. 231, lo cual no necesariamente coincide con la mejor remuneración, mensual, normal y habitual devengada en el último año laborado.

La indemnización sustitutiva de preaviso debe ser equivalente a los haberes que normalmente hubieren percibido los trabajadores durante los períodos pertinentes (SCBA 6/9/94, in re ” Domínguez, Juan R. Y otro C/ Acindar Industria Argentina de Acero S.A. ” DJBA, 147-6419).

A la luz de lo expuesto y empleando el principio de la “normalidad próxima”, noción que intenta poner al agente en situación remuneratoria lo más cercana posible a aquélla en que se hubiera encontrado si la rescisión no se hubiera operado, propongo efectuar dicho cálculo sobre la base de los haberes devengados en el último mes laborado y contemplando la antigüedad del trabajador (22 años y cuatro meses de servicios).

III) No habiéndose probado la cancelación de los rubros días trabajados mes del despido e integración del mes de despido, de conformidad con lo normado por el art. 233 LCT habré de propiciar se difieran a condena las sumas de $ 11.021,20.- $ 19.036,62.-, respectivamente.

IV) Considerando que el rubro integración del mes de despido reviste naturaleza indemnizatoria (cfr. art. 233 LCT y doctrina SCBA, L. 39604 y L.52198), habré de proponer se desestime el progreso del rubro S.A.C. sobre integración del mes de despido al calcularse el último exclusivamente sobre rubros remuneratorios (cfr. art. 121 L.C.T.).

V) El reclamo de la indemnización prevista por el art. 2° de la ley 25.323 habrá de prosperar en atención a lo que se tuviera por probado en el veredicto por la mayoría de votos.

Consecuentemente, voto por diferir a condena la suma de $ 455.643,17.- ($ 911.286,35.- X 50%)

VI) No habiendo interpelado el trabajador extrajudicialmente al empleador el pago de salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos, entiendo que no corresponde incrementar el capital de condena con el agravante que dispone el art. 53 ter de la ley 11.653.

VII) INTERESES: En vista de la doctrina legal recaída en autos “Ubertalli Carbonino, Silvia C/Municipalidad de Esteban Echeverria S/Demanda Contencioso administrativa” el 18/5/16 (SCBA, B. 62488) la cual he de acatar, he de propiciar que el capital de condena devengue intereses desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.)

VIII) No habiendo ratificado el trabajador el pacto de cuota litis que el mismo denunciara en la demanda, de conformidad con lo normado por el art. 277 LCT, propongo no homologar el mismo.

IX) No habiendo invocado el Tribunal el art. 9 de la LCT a los fines de fundamentar los hechos que se tuvieran por acreditados en el veredicto, propongo declarar abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad articulada por la demandada.

X) Atendiendo a la fecha en que se devengaron los créditos que se reclaman en autos y cuya procedencia he dejado propiciada, no deviniendo aplicable cálculo alguno de depreciación monetaria en función de lo normado por la ley 23.928 y ley 25.561, cuya validez constitucional no ha sido cuestionada en autos, habré de desestimar la aplicación al caso de marras de la ley 24.283 cuyo planteo fuera introducido por la accionada en su conteste (cfr. SCBA , 16/12/97 “Ríos, Adelfo Odilón C/Trama, Haydee Mirta S/Daños y Perjuicios”, Ac. 56675 S; idem 28/10/97 “Bojanich, Juan carlos C/Abud, José María S/Cobro Hipotecario” Ac.58532 S).

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION: El Dr. Gustavo Víctor Hernández dijo:

Por compartir los fundamentos expuestos, voto en igual sentido que mi colega preopinante.-

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION: La Sra. Juez, María Elisa Jaime dijo:

Habré de adherir a las conclusiones arribadas por la Colega votante en primer término, no sólo desde los fundamentos que he compartido en el Veredicto, sino aún desde el posicionamiento de implicar esta decisión el debido acatamiento a lo que ha comportado MAYORIA DECISORIA- sin perjuicio de mis opiniones personales vertidas en la primera cuestión del Veredicto.-

Más allá de ello, y en el especifico tratamiento y decisión que aquí se posiciona respecto a la no incidencia del SAC sobre la integración del mes de despido, habré de disentir por considerar que por la misma razón por la que opera el preaviso- no otorgado -, por el fundamento mismo del art. 233 LCT, se torna procedente: tanto por la omisión del preaviso, como -cuando éste es omitido- por los días faltantes hasta completar el me; pues de no haberse extinguido el vínculo, al trabajador se le debería haber abonado el salario respectivo del mes en cuestión de preaviso, que hubiera generado- sin duda- incidencia del SAC. Tomando ello como sentido armónico final del por qué de la incidencia del SAC sobre salario de integración; NO PERDIENDO DE VISTA- NO OBSTANTE- que estos lineamientos constituyen una mera opinión personal, por resultar minoría de la votación de esta cuestión.-

ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION: La Sra. Juez, Dra. María Gabriela Alcolumbre, dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, corresponde: 1) HACER LUGAR en parte a la demanda incoada por JOSÉ BRUNO LEDESMA contra MASSALIN PARTICULARES S.A. y condenar al demandado a abonar al actor la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.377.950,72.-) en concepto indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, S.A.C. sobre preaviso, días trabajados mes de despido, integración e indemnización art. 2° de la ley 25.323. 2) RECHAZAR la demanda incoada por JOSÉ BRUNO LEDESMA contra MASSALIN PARTICULARES S.A. por la cual se persiguiera el cobro de S.A.C. sobre integración del mes de despido. 3) Imponer las costas de la acción que prospera a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 19 de la ley 11.653) y de la porción de reclamo que se rechaza a cargo del accionante vencido (art. 19 y con los alcances del art. 22 de la ley 11.653). 4) El capital de condena devengará intereses desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.). 5) El capital, intereses y costas deberán depositarse en autos dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución. 6) Declarar abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 9 L.C.T. introducido por la demandada. 7) Declarar inaplicable al caso la ley 24.283. 8) No homologar el pacto de cuota litis. 9) Practíquese liquidación por Secretaría y fecho, vuelvan a los fines arancelarios.

ASI LO VOTO.-

A LA MISMA CUESTION: El Dr. Gustavo Víctor Hernández dijo:

Por compartir los fundamentos expuestos, voto en igual sentido que mi colega preopinante.-

ASI LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION: La Sra. Juez, María Elisa Jaime dijo:

En aras del acatamiento a la mayoría decisoria conformada, corresponderá adherir en un todo al voto que ha resultado del acuerdo emergente de la primera cuestión de la sentencia.-

ASI LO VOTO.-

POR ELLO:  

EL TRIBUNAL DEL TRABAJO Nº 4 DE MORON 
R E S U E L V E

 

1) HACER LUGAR en parte a la demanda incoada por JOSÉ BRUNO LEDESMA contra MASSALIN PARTICULARES S.A. y condenar al demandado a abonar al actor la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.377.950,72.-) en concepto indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, S.A.C. sobre preaviso, días trabajados mes de despido, integración e indemnización art. 2° de la ley 25.323.

2) RECHAZAR la demanda incoada por JOSÉ BRUNO LEDESMA contra MASSALIN PARTICULARES S.A. por la cual se persiguiera el cobro de S.A.C. sobre integración del mes de despido.

3) IMPONER las costas de la acción que prospera a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 19 de la ley 11.653) y de la porción de reclamo que se rechaza a cargo del accionante vencido (art. 19 y con los alcances del art. 22 de la ley 11.653).

4) El capital de condena devengará intereses desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Prov. de Bs. As. para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623 C.C. y 7, 768 inc. “c” y 770 del C.C.yC.; 7° y 10 ley 23.928.).

5) El capital, intereses y costas deberán depositarse en autos dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución.

6) Declarar abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 9 L.C.T. introducido por la demandada.

7) Declarar inaplicable al caso la ley 24.283.

8) No homologar el pacto de cuota litis.

9) Practíquese liquidación por Secretaría y fecho, vuelvan a los fines arancelarios.

10) REGISTRESE, NOTIFIQUESE, y oportunamente, previa vista al Sr. Agente Fiscal, ARCHIVENSE.-

 

 

Dra. María Gabriela Alcolumbre

Juez del Trabajo

 

 

 

Dr. Gustavo Víctor Hernández Dra. María Elisa Jaime

Juez del Trabajo Juez del Trabajo 

 

 

Ante mí

Dra. Ma. Florencia Blanco Kühne

 

Secretaria

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DARFE JUAN CARLOS C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL

DARFE JUAN CARLOS C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL“.-

Exp. NºMO-65030-2017.-

REGISTRO:

FOLIO:

En la ciudad de Morón, a los 11 de Octubre de 2018, se reúnen los Señores Jueces del Tribunal del Trabajo Nº 4 de Morón, en su Sala de Acuerdos, a fin de resolver en los autos caratulados: DARFE JUAN CARLOS C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL Exp. nro.: MO-65030-2017, resolviendo plantear y votar por separado, previo sorteo en el siguiente orden: Dres. María Gabriela Alcolumbre, Gustavo V. Hernandez y Carolina Noale, la siguiente

UNICA CUESTION: ¿Corresponde hacer lugar a la revocatoria interpuesta por la parte demandada contra lo dispuesto a fs. 96?

A LA UNICA CUESTION: La Sra. Juez Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:

I – Llegan estos obrados al acuerdo a fin de abordar la revocatoria impetrada por la A.R.T. demandada contra el despacho de Presidencia por el cual se la intimó a depositar en Secretaría del Tribunal los libros de comercio y documental requeridos con el fin de ser exhibidos al perito contador para la evacuación del informe contable encomendado.

La resolución atacada fue dictada por la Presidencia el Tribunal ante lo informado por el perito contador, quien en el mes de agosto del corriente año tras aceptar su cargo en 16/8/18, logró que la demandada le otorgara una entrevista para exhibir los libros y documental requeridos, recién para el 6/11/18, esto es a más de dos meses vista.

II – Sostiene el recurrente que sería de imposible cumplimiento la carga impuesta por el Tribunal en el despacho en crisis, ya que los libros de comercio deben permanecer en la sede de la accionada pues ésta se encuentra sometida al control específico de otros organismos estatales; que gran parte de ellos son llevados por métodos informáticos debidamente autorizados por la autoridad de control por lo que no son transportables físicamente; y señala asimismo que el perito ha omitido notificarle cuál sería la información que requiere para la concreción de la pericia.

III – Entiendo que la motivación de la resolución de Presidencia aquí atacada, se encuentra íntimamente vinculada con el rol activo que los magistrados de este Tribunal han decidido adoptar a lo largo del proceso para la concentración y adquisición procesal de los medios probatorios; en defensa de la celeridad, inmediación y economía procesal, todo ello con el fin de alcanzar la verdad objetiva a través de los medios probatorios ofrecidos por las partes.

Se busca desempeñar un rol activo a modo de justicia preventiva de los abusos del derecho procesal, comprometidos íntimamente con el deber de que la controversia judicial sea resuelta en un plazo razonable (conf.art. 8 inc. 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos); pues entendemos que la duración razonable de los procesos, en todos los ámbitos, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución Nacional así como por la Provincial.

Ya sostenía Jean de La Bruyere, moralista francés del Siglo XVII, que “Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones, hacerla esperar es injusticia”. En tanto que por su parte, José Chiovenda – destacado jurista italiano del Siglo XX – ha sostenido que «En el proceso civil moderno el juez no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en el proceso de otros tiempos. Es un principio del Derecho Público moderno que el Estado hallase interesado en el proceso civil. No ciertamente en el objeto de cada pleito, sino que en la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo mejor posible. El juez, por lo tanto, debe estar provisto también en el proceso civil, de una autoridad que careció en otros tiempos».

Cuanto más vigente dicho criterio, en el ámbito de nuestro derecho procesal laboral, donde el Juez ha sido imbuido de una potestad directora tal (cfr. Art. 12 ley 11.653) que lo habilita a disponer de oficio de aquellas medidas necesarias para evitar desvíos a lo largo del proceso, con el fin de arribar a la instancia del efectivo dictado de la sentencia, que es el medio primario de arribar a la paz social.

A la luz de ello, adhiero a la posibilidad de que el juez, sin que medie petición de parte, pueda, como conductor del proceso, enderezar o prevenir de oficio cualquier acto que pueda desviarlo o tender al «ejercicio abusivo» por parte de un litigante.

Tal el caso de marras, ya que el accionar desplegado por la demandada al concederle una entrevista al perito contador para exhibirle los libros recién más de dos meses después de aceptado el cargo por el auxiliar de la justicia desinsaculado y de serle requerida la exhibición, no hace más que dilatar el término que la ley 11.653 en su art. 32 ha contemplado para la producción de todos los medios probatorios escritos; plazo que se halla amparado por el principio procesal de perentoriedad e improrrogabilidad contemplado por el art. 155 y 157 del CPCC.

No se ha dado en el caso la invocación por parte de la aquí demandada de ningún hecho extraordinario que justificare la ampliación de los términos conferidos por el ritual a los fines de la producción de los medios probatorios; siendo obligación del perito expedirse dentro de los veinte días de aceptado el cargo, en tanto que representa una carga procesal para la demandada el exhibir de inmediato y a requerimiento del tribunal a través del perito los libros contables y demás documentación que se le requiriera.

La práctica procesal a lo largo de las últimas décadas se ha visto ciertamente desviada de su cauce normal, habiéndose admitido dilaciones innecesarias en la duración de los procesos, las cuales se han traducido en un claro detrimento de los derechos de los litigantes y de la garantía de accesibilidad a la justicia; todo lo cual debe ser reencausado con el fin de que pueda concretarse una justicia sin demoras, pues el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí.

Ciertamente corresponde reconocerle a la demandada la facultad de organizar junto al perito contador una fecha de entrevista que resulte adecuada a los compromisos de ambos, sin embargo, en el ejercicio de dicho derecho no puede supeditar la concreción de la manda judicial a los términos que ella desee fijar en función de sus propios intereses, pues ello importaría convalidar el ejercicio abusivo de un acto procesal.

Si bien no dejo de reconocer que de conformidad con lo normado por el art 325 CCyC los libros contables de la accionada deben permanecer en el domicilio del comerciante, ante el requerimiento de exhibición por parte del perito se ha observado una voluntad dilatoria por parte del demandado, la cual no puede ser admitida, debiendo exigírsele el cumplimiento del deber de lealtad y probidad procesal que se impone a todas las partes del proceso.

No pierdo de vista por otro lado, que tampoco ha materializado el demandado a lo largo de estos meses al menos hasta la convocatoria de este acuerdo, la puesta a disposición de libros lo cual es indicativo a esta altura del proceso de su intención dilatoria y no de una verdadera vocación por arribar al pronunciamiento definitivo en esta causa.

En virtud de lo precedentemente analizado, he de propiciar se rechace la revocatoria impetrada por la demandada y se confirme la resolución de fs.96 atacada, con costas al recurrente (arts. 54 y 19 ley 11.653).

ASI LO VOTO.

Los Sres. Jueces Gustavo V. Hernández y Carolina Noale, votaron en igual sentido por compartir los fundamentos.-

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DEL TRABAJO NRO. 4 DE MORON

RESUELVE:

1°) RECHAZAR la revocatoria interpuesta por la parte demandada (Art. 54 Ley 11.653) y confirmar la resolución de fs. 96.

2°) Imponer las costas al demandado (Art. 19 Ley 11.653).

3°) Registrese, notifiquese y sigan las actuaciones según su estado.-

 

Dra. María Gabriela Alcolumbre

Juez del Trabajo

 

 

Dr. Gustavo Víctor Hernández Dra. Carolina Noale

Juez del Trabajo Juez del Trabajo

 

Ante mí

Dra. Ma. Florencia Blanco Kühne Secretaria

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“ARGUELLO KARINA ELIZABETH C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL”

ARGUELLO KARINA ELIZABETH C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL“.-Exp. NºMO-30360-2015.-

REGISTRO:

FOLIO:

En la ciudad de Morón, a los 1 de Agosto de 2018, se reúnen los Señores Jueces del Tribunal del Trabajo Nº 4 de Morón, en su Sala de Acuerdos, a fin de resolver en los autos caratulados: ARGUELLO KARINA ELIZABETH C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL Exp. nro.: MO-30360-2015, resolviendo plantear y votar por separado, previo sorteo en el siguiente orden: Dres. María Gabriela Alcolumbre, Gustavo V. Hernandez y Carolina Noale, la siguiente

PRIMERA CUESTION: ¿Corresponde hacer lugar a la revocatoria interpuesta por la parte demandada a fs. 225?

A LA UNICA CUESTION: La Sra. Juez Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:

I – Llegan estos obrados al acuerdo a fin de abordar la revocatoria impetrada por la A.R.T. demandada contra el despacho de Presidencia por el cual se la intimó a depositar en Secretaría del Tribunal los libros de comercio y documental requeridos con el fin de ser exhibidos al perito contador para la evacuación del informe contable encomendado.

La resolución atacada fue dictada por la Presidencia el Tribunal ante lo informado por el perito contador, quien en el mes de febrero del corriente año tras aceptar su cargo en diciembre de 2017, logró que la demandada le otorgara una entrevista para exhibir los libros y documental requeridos, recién para fines de mayo del 2018, esto es a tres meses vista.

II – Sostiene el recurrente que sería de imposible cumplimiento la carga impuesta por el Tribunal en el despacho en crisis, ya que los libros de comercio deben permanecer en la sede de la accionada pues ésta se encuentra sometida al control específico de otros organismos estatales; que gran parte de ellos son llevados por métodos informáticos debidamente autorizados por la autoridad de control por lo que no son transportables físicamente; y señala asimismo que el perito ha omitido notificarle cuál sería la información que requiere para la concreción de la pericia.

III – Entiendo que la motivación de la resolución de Presidencia aquí atacada, se encuentra íntimamente vinculada con el rol activo que los magistrados de este Tribunal han decidido adoptar a lo largo del proceso para la concentración y adquisición procesal de los medios probatorios; en defensa de la celeridad, inmediación y economía procesal, todo ello con el fin de alcanzar la verdad objetiva a través de los medios probatorios ofrecidos por las partes.

Se busca desempeñar un rol activo a modo de justicia preventiva de los abusos del derecho procesal, comprometidos íntimamente con el deber de que la controversia judicial sea resuelta en un plazo razonable (conf.art. 8 inc. 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos); pues entendemos que la duración razonable de los procesos, en todos los ámbitos, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución Nacional así como por la Provincial.

Ya sostenía Jean de La Bruyere, moralista francés del Siglo XVII, que “Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones, hacerla esperar es injusticia”. En tanto que por su parte, José Chiovenda – destacado jurista italiano del Siglo XX – ha sostenido que «En el proceso civil moderno el juez no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en el proceso de otros tiempos. Es un principio del Derecho Público moderno que el Estado hallase interesado en el proceso civil. No ciertamente en el objeto de cada pleito, sino que en la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo mejor posible. El juez, por lo tanto, debe estar provisto también en el proceso civil, de una autoridad que careció en otros tiempos».

Cuanto más vigente dicho criterio, en el ámbito de nuestro derecho procesal laboral, donde el Juez ha sido imbuido de una potestad directora tal (cfr. Art. 12 ley 11.653) que lo habilita a disponer de oficio de aquellas medidas necesarias para evitar desvíos a lo largo del proceso, con el fin de arribar a la instancia del efectivo dictado de la sentencia, que es el medio primario de arribar a la paz social.

A la luz de ello, adhiero a la posibilidad de que el juez, sin que medie petición de parte, pueda, como conductor del proceso, enderezar o prevenir de oficio cualquier acto que pueda desviarlo o tender al «ejercicio abusivo» por parte de un litigante.

Tal el caso de marras, ya que el accionar desplegado por la demandada al concederle una entrevista al perito contador para exhibirle los libros recién tres meses después de aceptado el cargo por el auxiliar de la justicia desinsaculado y de serle requerida la exhibición, no hace más que dilatar el término que la ley 11.653 en su art. 32 ha contemplado para la producción de todos los medios probatorios escritos; plazo que se halla amparado por el principio procesal de perentoriedad e improrrogabilidad contemplado por el art. 155 y 157 del CPCC.

No se ha dado en el caso la invocación por parte de la aquí demandada de ningún hecho extraordinario que justificare la ampliación de los términos conferidos por el ritual a los fines de la producción de los medios probatorios; siendo obligación del perito expedirse dentro de los veinte días de aceptado el cargo, en tanto que representa una carga procesal para la demandada el exhibir de inmediato y a requerimiento del tribunal a través del perito los libros contables y demás documentación que se le requiriera.

La práctica procesal a lo largo de las últimas décadas se ha visto ciertamente desviada de su cauce normal, habiéndose admitido dilaciones innecesarias en la duración de los procesos, las cuales se han traducido en un claro detrimento de los derechos de los litigantes y de la garantía de accesibilidad a la justicia; todo lo cual debe ser reencausado con el fin de que pueda concretarse una justicia sin demoras, pues el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí.

Ciertamente corresponde reconocerle a la demandada la facultad de organizar junto al perito contador una fecha de entrevista que resulte adecuada a los compromisos de ambos, sin embargo, en el ejercicio de dicho derecho no puede supeditar la concreción de la manda judicial a los términos que ella desee fijar en función de sus propios intereses, pues ello importaría convalidar el ejercicio abusivo de un acto procesal.

Si bien no dejo de reconocer que de conformidad con lo normado por el art 325 CCyC los libros contables de la accionada deben permanecer en el domicilio del comerciante, ante el requerimiento de exhibición por parte del perito se ha observado una voluntad dilatoria por parte del demandado, la cual no puede ser admitida, debiendo exigírsele el cumplimiento del deber de lealtad y probidad procesal que se impone a todas las partes del proceso.

No pierdo de vista por otro lado, que tampoco ha materializado el demandado a lo largo de estos meses la puesta a disposición de libros en la fecha concertada con el perito originariamente, lo cual es indicativo a esta altura del proceso de su intención dilatoria y no de una verdadera vocación por arribar al pronunciamiento definitivo en esta causa.

En virtud de lo precedentemente analizado, he de propiciar se rechace la revocatoria impetrada por la demandada y se confirme la resolución de fs. 223 atacada, con costas al recurrente (arts. 54 y 19 ley 11.653).

III – En vista de lo que he dejado propuesto y en aras del principio de economía procesal, propongo que se efectivice el apercibimiento contenido en la resolución atacada de fs. 223 y a la luz del estado de autos, se fije audiencia de vista de la causa a los fines de impulsar debidamente el presente proceso (art. 12 ley 11.653).

ASI LO VOTO.

Los Sres. Jueces Gustavo V. Hernandez y Carolina Noale, votaron en igual sentido por compartir los fundamentos.-

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DEL TRABAJO NRO. 4 DE MORON

RESUELVE:

1°) RECHAZAR la revocatoria interpuesta por la parte demandada (Art. 54 Ley 11.653) y confirmar la resolución de fs. 223.

2°) Imponer las costas al demandado (Art. 19 Ley 11.653).

3°) Efectivícese el apercibimiento dispuesto a fs. 223 y señálase para la Vista de la Causa la audiencia del día 26/9/2018 a las 11:30:00 HS., a la que deberán concurrir las partes por si o por apoderado y que se celebrará con la que concura. (art. 32 de la ley 11653).-

4°) Registrese, notifiquese y sigan las actuaciones según su estado.-

 

Dra. María Gabriela Alcolumbre

Juez del Trabajo

Si…//

//…guen firmas. conste.-

 

 

 

Dr. Gustavo Víctor Hernández Dra. Carolina Noale

Juez del Trabajo Juez del Trabajo

 

Ante mí

Dra. Ma. Florencia Blanco Kühne Secretaria


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“CEBALLOS MARCOS C/ FERROXIDO SRL S/DESPIDO”

CEBALLOS MARCOS C/ FERROXIDO SRL S/DESPIDO“.-

Exp. NºMO-21233-2012.-

REGISTRO:

FOLIO:

En la ciudad de Morón, a los 13 de Julio de 2018, se reúnen los Señores Jueces del Tribunal del Trabajo Nº 4 de Morón, en su Sala de Acuerdos, a fin de resolver en los autos caratulados: CEBALLOS MARCOS C/ FERROXIDO SRL S/DESPIDO Exp. nro.: MO-21233-2012, resolviendo plantear y votar por separado, previo sorteo en el siguiente orden: Dres. María Gabriela Alcolumbre, Gustavo V. Hernandez y Carolina Noale, la siguiente

UNICA CUESTION: ¿Corresponde regular honorarios de ejecución al perito contador?

A LA UNICA CUESTION: La Sra. Juez Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:

I – Llegan estos obrados al acuerdo con motivo de la petición formulada por el perito contador quien pretende se regulen a su favor honorarios por la etapa de ejecución.

II – La pretensión del perito contador no es ajustada a derecho en mi opinión, toda vez que los contadores tienen derecho a ser remunerados a través de la correspondiente regulación de honorarios por las tareas que el Tribunal le hubiere encomendado en su calidad de auxiliares de la justicia y de conformidad con lo dispuesto por el Título IV de la ley 10.620; tareas que en el presente expediente merecieron oportunamente su regulación de honorarios correspondiente a fs. 283/286.

La actividad que con posterioridad hubiere desplegado el perito a los fines de ejecutar su honorario regulado, no ha importado la realización de ninguna labor específica de las encomendadas a los profesionales de ciencias económicas, sino que es una tarea propia de los profesionales del derecho y por ende no corresponde que devengue a su favor retribución alguna.

No obsta a lo expuesto lo alegado en torno al costo que le habría irrogado al perito contratar un abogado para ejecutar su honorario, ya que más alla de los pactos que el mismo hubiere de suscribir en los términos de la ley 14.967, lo cierto es que los honorarios de ejecución que se habrían regulado al abogado habrían estado en cabeza del ejecutado y no del perito, por ser aquél quien debe responder por las costas de la ejecución.

III – Consecuentemente, voto por rechazar la revocatoria impetrada (art. 54 ley 11.653).

ASI LO VOTO.

Los Sres. Jueces Gustavo V. Hernandez y Carolina Noale votaron en igual sentido por compartir los fundamentos.-

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DEL TRABAJO NRO. 4 DE MORON

RESUELVE:

1) RECHAZAR la revocatoria impetrada por el perito contador (art. 54 ley 11.653).

2) REGISTRSE, NOTIFIQUESE y sigan los autos según su estado.

 

Dr. Gustavo V. Hernandez

Juez del Trabajo

 

Dra.Carolina Noale Dra. Ma. Gabriela Alcolumbre

Juez de Trabajo Juez del Trabajo

Ante mí

Dra. Florencia Blanco Kühne

Secretaria

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“ULLUA MARCELO CHRISTIAN C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL”

ULLUA MARCELO CHRISTIAN C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL“.-

Exp. NºMO-60116-2017.-

REGISTRO:

FOLIO:

En la ciudad de Morón, a los 10 de Julio de 2018, se reúnen los Señores Jueces del Tribunal del Trabajo Nº 4 de Morón, en su Sala de Acuerdos, a fin de resolver, en los autos caratulados: ULLUA MARCELO CHRISTIAN C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL Exp. nro.: MO-60116-2017, resolviendo plantear y votar por separado, previo sorteo en el siguiente orden: Dres. Gustavo V. Hernandez, María Gabriela Alcolumbre y Carolina Noale , la siguiente

 

UNICA CUESTION¿ Corresponde declarar la oponibilidad a los presentes obrados de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9?

 

A LA UNICA CUESTIONEl Sr. Juez Dr. Gustavo V. Hernandez dijo:

I – A fs. 9/48 se presenta el letrado apoderado del actor a iniciar demanda por accidente de trabajo reclamando las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 por el accidente padecido en ocasión del trabajo el 8/6/17; demanda que, tal como surge del cargo impuesto a fs. 48 vta., se inició el día 23/11/17.-

Al contestar demanda a fs. 84 la accionada solicita se cumplan respecto de estos obrados los efectos de la medida cautelar dispuesta por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 dictada el 22/12/17 en autos “Incidente N° 5 Actor Experta ART S.A. DEMANDADO EN: S/INC. DE MEDIDA CAUTELAR (EXPTE n° 7596/17), por la cual se dispusiera por el término de seis meses que en los casos de accidentes o infortunios laborales asegurados por Experta A.R.T. S.A. y en las jurisdicciones donde se hubiera habilitado la instancia administrativa de las comisiones médicas deberá agotarse la misma de manera previa, obligatoria y excluyente para que quede expedita la vía judicial.

II – Encontrándose convocado el acuerdo a los fines de determinar si la referida medida cautelar dispuesta por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 alcanza a tener efectos sobre los presentes obrados, he de adelantar una postura desfavorable a la pretensión de la accionada.

Ello así toda vez que, a la fecha en que se interpusiera la presente demanda (23/11/17), la Provincia de Bs. As. no había adherido aun a la ley nacional 27.348, la cual a través de su art. 4° invitaba a las provincias a adherir a lo dispuesto en el Titulo Primero que contiene la obligación de agotar la instancia administrativa previa de modo excluyente.

En virtud de lo expuesto y siendo que la Provincia de Buenos Aires recién adhirió a la referida norma a través del dictado de la ley provincial 14.997 (B.O. 8/1/18), entiendo que los efectos de la medida cautelar dispuesta en favor de Experta A.R.T. S.A. no resultan oponibles a los presentes obrados ya que en el ámbito de la jurisdicción de esta Provincia el trabajador no estaba obligado a agotar la instancia administrativa a la fecha en que diera inicio a las actuaciones judiciales.

En virtud de lo expuesto, entiendo que corresponde desestimar el planteo articulado por la accionada a fs. 88 vta.

III – Imponer las costas del incidente a cargo de la demandada vencida. (Art. 19 Ley 11.653).

 

ASI LO VOTO.-:

A LA MISMA CUESTIÓN: La Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:

Toda vez que ya me he expedido sobre el particular en autos ” Rivero Manuel Angel c/ Experta ART S.A. s/ Accidente de Trabajo -Acción especial” (Expte. MO N° 51030-2017), el 6/7/18, compartiendo los fundamentos expuestos en el voto que antecede, adhiero a lo que ha dejado propuesto el colega preopinante.-

ASI LO VOTO.-

A LA MISMA CUESTIÓN: La Dra. Carolina Noale dijo:

Por compartir los fundamentos expuestos por mis colegas preopinantes, voto en identido sentido.-

ASI LO VOTO.-

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DEL TRABAJO NRO. 4 DE MORON

RESUELVE:

 

1°) Rechazar el planteo articulado por la accionada Experta A.R.T. S.A. a fs. 88 vta. /89 en relación a los alcances de la medida cautelar dispuesta por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9.-

2°) Costas a la demandada vencida (Art. 19 Ley 11.653).-

3°) Registrese, notifiquese y sigan las actuaciones según su estado.-

 

 

 

Dr. Gustavo Víctor Hernández

Juez del Trabajo si//

//guen las firmas

 

 

Dra. Ma. Gabriela Alcolumbre Dra. Carolina Noale

Juez del Trabajo Juez del Trabajo

 

Ante mí

Dra. Ma. Florencia Blanco Kühne Secretaria

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“CORVALAN NANCY BEATRIZ C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S A Y OTROS S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL”.-

CORVALAN NANCY BEATRIZ C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S A Y OTROS S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL“.-

Exp. NºMO-61532-2017.-

REGISTRO:

FOLIO:

En la ciudad de Morón, a los 11 de Diciembre de 2018, se reúnen los Señores Jueces del Tribunal del Trabajo Nº 4 de Morón, en su Sala de Acuerdos, a fin de RESOLVER, en los autos caratulados: CORVALAN NANCY BEATRIZ C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S A Y OTROS S/ ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCION ESPECIAL Exp. nro.: MO-61532-2017, resolviendo plantear y votar por separado, previo sorteo en el siguiente orden: Dres. María Gabriela Alcolumbre, Gustavo V. Hernandez y Carolina Noale, la siguiente

 

UNICA CUESTION: ¿Corresponde hacer lugar a la revocatoria interpuesta por la parte demandada contra la resolución de fs. 158?

A LA UNICA CUESTION: La Sra. Juez Dra. María Gabriela Alcolumbre dijo:

I – Llegan estos obrados al acuerdo a fin de abordar la revocatoria impetrada por la A.R.T. demandada contra el despacho de Presidencia de fs. 158 por el cual se la intimó a depositar en Secretaría del Tribunal los libros de comercio y documental requeridos con el fin de ser exhibidos al perito contador para la evacuación del informe contable encomendado.

La resolución atacada fue dictada por la Presidencia el Tribunal ante lo informado por el perito contador, quien en el mes de noviembre del corriente año tras aceptar su cargo, logró que la demandada le otorgara una entrevista para exhibir los libros y documental requeridos, recién para enero de 2019, esto es vencido el término otorgado a la experta por el art. 37 del ritual.

II – Sostiene el recurrente que sería de imposible cumplimiento la carga impuesta por el Tribunal en el despacho en crisis, ya que los libros de comercio son llevados por medios ópticos e informáticos lo cual imposibilitaría su depósito en sede del Tribunal y porque a su entender la fecha de entrevista fijada no resulta antojadiza.

III – Entiendo que la motivación de la resolución de Presidencia aquí atacada, se encuentra íntimamente vinculada con el rol activo que los magistrados de este Tribunal han decidido adoptar a lo largo del proceso para la concentración y adquisición procesal de los medios probatorios; en defensa de la celeridad, inmediación y economía procesal, todo ello con el fin de alcanzar la verdad objetiva a través de los medios probatorios ofrecidos por las partes.

Se busca desempeñar un rol activo a modo de justicia preventiva de los abusos del derecho procesal, comprometidos íntimamente con el deber de que la controversia judicial sea resuelta en un plazo razonable (conf.art. 8 inc. 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos); pues entendemos que la duración razonable de los procesos, en todos los ámbitos, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución Nacional así como por la Provincial.

Ya sostenía Jean de La Bruyere, moralista francés del Siglo XVII, que “Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones, hacerla esperar es injusticia”. En tanto que por su parte, José Chiovenda – destacado jurista italiano del Siglo XX – ha sostenido que «En el proceso civil moderno el juez no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en el proceso de otros tiempos. Es un principio del Derecho Público moderno que el Estado hallase interesado en el proceso civil. No ciertamente en el objeto de cada pleito, sino que en la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo mejor posible. El juez, por lo tanto, debe estar provisto también en el proceso civil, de una autoridad que careció en otros tiempos».

Cuanto más vigente dicho criterio, en el ámbito de nuestro derecho procesal laboral, donde el Juez ha sido imbuido de una potestad directora tal (cfr. Art. 12 ley 11.653) que lo habilita a disponer de oficio de aquellas medidas necesarias para evitar desvíos a lo largo del proceso, con el fin de arribar a la instancia del efectivo dictado de la sentencia, que es el medio primario de arribar a la paz social.

A la luz de ello, adhiero a la posibilidad de que el juez, sin que medie petición de parte, pueda, como conductor del proceso, enderezar o prevenir de oficio cualquier acto que pueda desviarlo o tender al «ejercicio abusivo» por parte de un litigante.

Tal el caso de marras, ya que el accionar desplegado por la demandada vulnera el plazo de veinte días que le son otorgados por la ley 11.653 al auxiliar de la justicia desinsaculado para la producción de su informe, y del propio término que la ley 11.653 en su art. 32 ha contemplado para la producción de todos los medios probatorios escritos; plazo que se halla amparado por el principio procesal de perentoriedad e improrrogabilidad contemplado por el art. 155 y 157 del CPCC.

No se ha dado en el caso la invocación por parte de la aquí demandada de ningún hecho extraordinario que justificare la ampliación de los términos conferidos por el ritual a los fines de la producción de los medios probatorios; siendo obligación del perito expedirse dentro de los veinte días de aceptado el cargo, en tanto que representa una carga procesal para la demandada el exhibir de inmediato y a requerimiento del tribunal a través del perito los libros contables y demás documentación que se le requiriera.

La práctica procesal a lo largo de las últimas décadas se ha visto ciertamente desviada de su cauce normal, habiéndose admitido dilaciones innecesarias en la duración de los procesos, las cuales se han traducido en un claro detrimento de los derechos de los litigantes y de la garantía de accesibilidad a la justicia; todo lo cual debe ser reencausado con el fin de que pueda concretarse una justicia sin demoras, pues el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí.

Ciertamente corresponde reconocerle a la demandada la facultad de organizar junto al perito contador una fecha de entrevista que resulte adecuada a los compromisos de ambos, sin embargo, en el ejercicio de dicho derecho no puede supeditar la concreción de la manda judicial a los términos que ella desee fijar en función de sus propios intereses, pues ello importaría convalidar el ejercicio abusivo de un acto procesal.

Si bien no dejo de reconocer que de conformidad con lo normado por el art 325 CCyC los libros contables de la accionada deben permanecer en el domicilio del comerciante, ante el requerimiento de exhibición por parte del perito se ha observado una voluntad dilatoria por parte del demandado, la cual no puede ser admitida, debiendo exigírsele el cumplimiento del deber de lealtad y probidad procesal que se impone a todas las partes del proceso.

No pierdo de vista por otro lado, que la pretensión del recurrente ha devenido vana y carente de sustento al haber demostrado a lo largo de los actos procesales que se sucedieron, haber puesto a disposición del perito contador aquél material que según ella le resultaba de imposible exhibición antes de enero de 2019 (ver presentación de fecha 30/11/18 y pericia contable del 4/12/18).

En virtud de lo precedentemente analizado, he de propiciar se rechace la revocatoria impetrada por la demandada y se confirme la resolución de fs. 158 atacada, con costas al recurrente (arts. 54 y 19 ley 11.653).

ASI LO VOTO.

Los Sres. Jueces Gustavo V. Hernandez y Carolina Noale, votaron en igual sentido por compartir los fundamentos.-

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DEL TRABAJO NRO. 4 DE MORON

RESUELVE:

1°) RECHAZAR la revocatoria interpuesta por la parte demandada (Art. 54 Ley 11.653) y confirmar la resolución de fs. 158.

2°) Imponer las costas al demandado (Art. 19 Ley 11.653).

3°) Registrese, notifiquese y sigan las actuaciones según su estado.-

 

Dra. María Gabriela Alcolumbre

Juez del Trabajo

 

 

 

Dr. Gustavo Víctor Hernández Dra. Carolina Noale

Juez del Trabajo Juez del Trabajo

 

Ante mí

Dra. Ma. Florencia Blanco Kühne Secretaria

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