Reivindicacion. Herederos colaterales. legitimacion activa

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los …… días del mes de agosto del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, doctores TOMAS MARTIN ETCHEGARAY Y LUIS TOMÁS MARCHIO con la presencia del Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 29132, en los autos: “SURIANO SILVIA NOEMIC/ GATTI CARLOS DANIEL Y OTRO/A S/REIVINDICACION ”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal.
PRIMERA CUESTION: ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 338/342 en cuanto desestima la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la parte demandada?
SEGUNDA CUESTION: En su caso ¿Se ajusta a derecho dicha sentencia en todo cuanto demás decide y es materia de recurso y agravio?
TERCERA CUESTIÓN: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: doctores Luis Tomas Marchió y Tomas Martín Etchegaray.-
VOTACION:
A LA PRIMERA CUESTION: El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:
I.- En la sentencia que arriba apelada, la Sra. Juez de la instancia de origen rechazo la excepción de falta de legitimación activa opuesta por los demandados, con costas; e hizo lugar a la demanda de reivindicación promovida por Silvia Noemi Suriano respecto del inmueble sito en calle 21 n° 777 entre 8 y 9 de la localidad de Veinticinco de Mayo. En consecuencia condenó a Carlos Daniel Gatti, a Ricardo Anibal Gatti y a ocupantes a restituir el inmueble indicado dentro del término de diez días de consentida la sentencia, con costas. Disconformes los demandados, interponen recurso de apelación a fs. 347 siendo concedido libremente a fs. 348. Arribados los autos a esta Alzada, sostienen el recurso con la expresión de agravios de fs. 354/359. Media réplica de la parte actora (cfr. fs. 361/363). Una vez firme el llamamiento de autos para sentencia dictado por Presidencia de este Tribunal a fs. 364, y recién después de practicado el sorteo de ley por parte de esta Sala (cfr. fs. 364vta) quedaron estas actuaciones en condiciones de ser votadas.
II.- Los fundamentos del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa. La Juzgadora anterior sostuvo que tal legitimación surge del juego de las constancias del sucesorio caratulado “Figlioli Juan Alberto y otro s/sucesiones” –que tiene a la vista al sentenciar-, con la escritura de fs. 349/352. A tal efecto hace un raconto de las diversas sucesiones abiertas y de las declaratorias de herederos dictadas en cada uno de ellas para concluir que quienes aparecen como cedentes a favor de los actores, y de dos personas más, de todos los derechos y acciones hereditarios y posesorios tenían entre otros derechos, el relativo a la propiedad del inmueble objeto de autos. Afirma asimismo que el hecho de que existan coherederos que no hayan cedido sus derechos; como asi también que existan otros cesionarios no obsta a que el condómino en la indivisión hereditaria inicie la reivindicación de la cosa común.
III.- El recurso. Afirman los apelantes que los cedentes que figuran en la escritura acompañada por la actora no son herederas legítimas y forzosas de Oscar Felix Figlioli y Juan Alberto Figlioli, titulares dominiales del inmueble, sino que son solo herederas colaterales. Esta circunstancia les permite afirmar que para que dichas herederas tuvieran la posesión de la herencia debían solicitársela al Juez del sucesorio, ello en virtud de lo dispuesto por los arts. 3412 y 3414 del C.C. Destaca que pese a que los titulares registrales fallecieron en el año 1990 recién en el año 1999 se llevó a cabo el mandamiento de constatación. Afirman que las herederas cedentes nada hicieron durante esos nueve años para interrumpir la posesión de los demandados que había sido iniciada por sus padres en el año 1986. Con piso de marcha en tales afirmaciones, sostienen que las cedentes no tuvieron la posesión de la herencia y que por ello nunca pudieron transmitirla a la hoy actora, lo que demuestra la falta de legitimación de esta última.
IV.- La solución. Voy a comenzar destacando que asiste razón a la parte actora en cuanto a que los argumentos que exponen los demandados en la expresión de agravios son más amplios, e incluso muchos de ellos no planteados, que los expuestos al oponer la excepción de falta de legitimación activa. Una rígida aplicación de lo dispuesto por el art. 272 del ritual llevaría a desestimar esta parcela de la protesta por resultar una “cuestión novedosa”. Pero si se tiene en cuenta que al momento de interponer la excepción en análisis la parte demandada no contó con toda la documentación que sustentaría la legitimación del actor –como lo es el expediente sucesorio “Fligioli”; o al menos las declaratorias de herederos; la escritura de cesión de derechos y acciones hereditarios- no puede exigírsele que los argumentos que expuso en dicha oportunidad tengan la extensión de los que expone en la expresión de agravios, momento en el cual si tiene a la vista toda la documentación. Para más, el hecho de que la juzgadora anterior haya diferido la resolución para el momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta para así decidirlo que sería objeto de prueba (cfr. fs. 80/81), demuestra, en definitiva, que mal podían los hoy apelantes fijar idéntica posición argumentativa al excepcionar que al expresar agravios.
V.- Sentado lo expuesto en al párrafo anterior para dar satisfacción a lo planteado por la parte actora en su réplica (cfr. fs. 361vta), voy a destacar que no arriba atacada a esta Alzada (art. 260, 261 y 266 in fine CPCC) la afirmación de la a-quo relativa a que las personas que ceden los derechos y acciones hereditarios a favor de la actora (cfr. copia certificada de escritura de fs. 179/181) son algunos de los primos del Sr. Juan Alberto Figlioli –cotitular registral del inmueble y único heredero con derecho a la restante porción indivisa del mismo— declarados como herederos de este último. No solo que tal circunstancia no fue protestada sino que es lo que surge de las constancias de autos y de las del sucesorio que en este acto tengo a la vista (cfr. declaratoria del 06/09/1991 obrante a fs. 152/153). Tampoco arriba protestado, la correcta afirmación de la Sra. Jueza anterior en orden a que el hecho de que existan coherederos que no hayan cedido sus derechos; como así también que existan otros cesionarios no obsta a que el condómino en la indivisión hereditaria inicie la reivindicación de la cosa común (art. 3450 C.C.).
VI.- En condiciones tales, estimo que el “thema decidendum” de esta primera cuestión se centra en determinar si las entonces cedentes tuvieron, al menos, el derecho de ejercer la acción reivindicatoria y si la cesión que efectuaron a favor de la parte actora comprendió también dicho derecho. Como se vió, en su expresión de agravios los demandados afirman que nunca tuvieron la posesión ni los derechos de los titulares dominiales porque como no son herederos forzosos debían peticionar judicialmente la posesión de la herencia; y que recién en el año 1999, es decir pasados nueve años del fallecimiento de los propietarios se llevó a cabo el mandamiento de constatación sin que haya sido interrumpida la posesión de su parte.
VII.- Entiendo que se entremezclan conceptos en la protesta enderezada contra esta parcela de la sentencia ya que lo central –lo reitero- es si las herederas cedentes tenían derecho a iniciar la acción reivindicatoria y no si interrumpieron, o no, la posesión que dice ejercer la parte demandada sobre el inmueble objeto de autos. Esto último, en todo caso, será ponderado en la siguiente cuestión para el supuesto de corresponder su tratamiento. Dicho ello, cabe acudir a lo dispuesto por los arts. 3412, 3414, 3415 y 3417 del entonces vigente Código Civil dado que así lo dispone el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial que rige en nuestra República Argentina desde el 1 de agosto de este año. Adoptar otro temperamento, importaría violentar abiertamente el principio de irretroactividad consagrado en su art. 7 ya que los hechos constitutivos, modificativos y/o extintivos de la situación jurídica que subyace en autos fueron consumados durante la vigencia del código de Velez. Son los propios apelantes los que se encargan de citar expresamente los primeros dos artículos mencionados, que en definitiva disponen que cuando los herederos no son los mencionados en el art. 3410 (ascendientes, descendientes y cónyuges) no pueden tomar posesión de la herencia sin pedirla a los jueces y hasta que ello no ocurra no podrán ejercer ninguna acción que dependa de la sucesión, entre ellas: demandar a los detentadores de los bienes hereditarios. Las restantes normas aludidas (arts. 3415 y 3417 C.C.), se erigen como una consecuencia de haberse otorgado la posesión de la herencia a tales herederos.
VIII.- No existen dudas que los cedentes no son del tipo de herederos a los que alude el art. 3410 del C.C. Ello implica que para adquirir el derecho a ejercer la acción de reivindicación debieron haber sido puestos en posesión de la herencia. En este punto, y discrepando con los apelantes, concluyo que efectivamente a los cedentes les había sido otorgada la posesión de la herencia, y con ellos todas los derechos y acciones que estaban en cabeza del causante, con anterioridad a la fecha en que otorgaron la cesión. Tal acto de entrega de la posesión no es otro que la declaratoria de herederos dictada el 06/09/1991 a su favor (cfr. expediente sucesorio ya citado, fs. 152/153).
IX.- Solvento lo expuesto en el párrafo anterior, en numerosa doctrina y jurisprudencia elaborada en torno al art. 3412 ya citado. Diversos autores de renombre, como Héctor Gollena Copello sostiene: “…no existe norma legal alguna en el Codigo Civil que señale como se logra la posesión hereditaria. La posesión hereditaria como reconocimiento …no puede ser lograda cuando la ley no la otorga de pleno derecho, sino por un acto jurisdiccional que in abstracto tenga tal efecto. Ese acto jurisdiccional no es el otorgamiento material de la posesión de cada uno de los bienes que componen la herencia, porque de esa manera se desvirtuaría lo antes dicho sobre su naturaleza y función, sino una sentencia a la que se le reconozca semejantes efectos. De allí que la doctrina, por abrumadora mayoría, y la jurisprudencia, en forma pacífica, reconozcan que en la sucesión legal el auto de declaratoria de herederos …implican …la posesión hereditaria…” (en “Tratado del Derecho de Sucesión…” T. III. Ed. La Ley, Bs. As. 2007 pags. 209 y 210). En el mismo sentido, y con cita de una precedente de la Excma. SCBA que resulta directamente aplicable en autos, Santos Cifuentes comentando el citado artículo, en “Código Civil…” T. IV. Ed. La Ley, Bs. As. 2004. pags. 18 y 19, sostiene: “…La norma alude a los parientes colaterales hasta el cuarto grado y a la nuera viuda sin hijos, quienes recién obtendrán la posesión judicial de la herencia mediante el dictado de la declaratoria de herederos…” y la jurisprudencia que cita del Cimero Tribunal Provincial deja sentado que: “…aunque de las constancias de la causa no resulte que se les haya dado a los herederos la posesión material, ello no obsta el ejercicio de la acción reivindicatoria, ya que los arts. 3411, 3412 y 3414 del Cod. Civil (Adla, XXVIII-B, 1799), solo exigen el reconocimiento que los respectivos jueces hagan del carácter hereditario de los interesados (SC. Buenos Aires, 1979/08/14, DJBA, 117-214). De igual forma se ha expresado Marcos M. Córdoba (cfr. comentando al artículo referido en BUERES-HIGHTON “Código Civil …” T. 6A Ed. Hammurabi, Bs. As. 2007, pag. 343 y 344) y muchísimos más autores cuya cita expresa omito para no extenderme demasiado ni atosigar a los justiciables con esta sentencia.
X.- En suma, de todo lo expuesto concluyo que efectivamente los cedentes de derechos y acciones hereditarios a favor de la parte actora estaban investidos de la “posesión” de la herencia y como consecuencia de ello habían adquirido el derecho de accionar por reivindicación del que gozaba el titular registral al cual heredaron (doc. arts. 3415, 3417 y concs. C.C.). Esto permite afirmar que los herederos cedentes estaban legitimados activamente a iniciar estas actuaciones pero al haber cedido todos sus derechos y acciones hereditarios (huelga destacar que entre ellos se encuentra el derecho de ejercer la acción aludida) quien adquirió la legitimación activa fue la cesionaria de dichos derechos que resulta ser la parte actora de autos (arg. arts. 1444, 1455 y concs. C.C.; doc. art. 345 CPCC).
XI.- Para concluir el tratamiento de esta primera cuestión, me permito transcribir una parte de mi voto en primer término en el expdte. n° 29217 del 3/06/2014. Si bien el supuesto factico de dicho expediente encuentra algunas diferencias en cuanto al de las presentes actuaciones, la parte que a continuación extracto son enteramente aplicables aquí y ahora para disipar cualquier resquicio de duda. Dije en dicha oportunidad, con el acompañamiento de mi distinguido colega de Sala que : “…A tenor de lo normado por los arts. 2789 y 2790 del C.C. –según la doctrina más generalizada- dicho vendedor transmitió al comprador, en forma jurídicamente válida, la acción reivindicatoria de la cual gozaba (doct. art. 1444 C.C), para que éste pudiese ejercerla en pos de obtener la posesión efectiva del inmueble. En efecto, disponen dichas normas: “Art. 2.789. Si el título del reivindicante que probase su derecho a poseer la cosa, fuese posterior a la posesión que tiene el demandado, aunque éste no presente título alguno, no es suficiente para fundar la demanda. Art. 2.790. Si presentare títulos de propiedad anterior a la posesión y el demandado no presentare título alguno, se presume que el autor del título era el poseedor y propietario de la heredad que se reivindica. … En la especie, el demandado no ha presentado ni probado título alguno que bonifique su posesión. Basta entonces con señalar esta circunstancia para abrir paso a la acción reivindicatoria traída por el actor ya que él se apoya válidamente en el derecho a la posesión que tenía quien le trasmitido la propiedad y las acciones emergentes de tal derecho a poseer que tenía el vendedor del inmueble. … En sustento de mi postura traigo a colación lo resuelto por el Cimero Tribunal Provincial en un supuesto de similares caracteristicas fácticas a las de las presentes actuaciones, lo que por tal motivo resulta de directa aplicación en autos. En efecto en causa Ac. 68604 del 16-II-2000, reiterando así su doctrina emergente de causa B. 42428 del 31/VII/1956 y Ac. 733 del 11/VI/1957 dejo sentado la Excma. SCBA que: “…En cuanto al agravio vertido por el recurrente de ser su posesión anterior al titulo invocado por los reivindicantes para sustentar su demanda, de conformidad con el precepto contenido en el art. 2790 del C.C., si alguno de los títulos de dominio del reivindicante o de sus antecesores que se hubiere presentado al juicio fuese como sucede en este caso de fecha anterior a la posesión del reivindicado, se presume la preexistencia de la posesión desde la fecha del titulo, y el demandante puede ampararse en ella para reivindicar el bien de quien lo detenta sin titulo, toda vez que el hecho de la posesión, mientras la adquisición del dominio por prescripción no se produce, da meras acciones posesorias contra quien perturbe o despoje al poseedor, pero no puede invocarse validamente contra quien reclame esa misma posesión fundándose en el derecho de poseer, agregando que el reivindicante con titulo contra el poseedor que no lo tiene, no esta en la necesidad de probar posesión alguna, bástale su titulo que es, en este caso, el derecho a poseer…” (sic, el remarcado me pertenece)….A la misma conclusión a la cual llego, para supuestos como el de autos, arriba calificada doctrina. Así se ha expresado el tratadista Dr. JORGE JOAQUIN LLAMBIAS en el plenario de la CNC del 11/11/58 en autos “Arcadini Roque (su suc.) c/Maleca Carlos” (LL. 92-463; LL, On line; J.A. 1958-IV-428…). Los Dres. Federico J. Causse y Christian R. Pettis, en obra “Juicio de Acciones Reales”, dirigida por Claudio M. Kiper, de Ed. Hammurabi, Bs. As. 2010, en pag. 65 último párrafo y notas al pie nros. 47 y 50, extraen del voto del Dr. LLambías en dicho plenario los siguientes conceptos del distinguido civilista: “…la cesión de la acción reivindicatoria esta ínsita en la operación de compra venta, atento a los amplios términos del art. 1444 del C.C….” y “…cuando la cosa esta en posesión de un tercero, el contrato de compra venta vale como cesión de los derechos y acciones que el vendedor tiene sobre la cosa, y, por ende, en razón de la aplicación del régimen propio de este ultimo contrato, el llamado ´comprador´ puede reivindicar contra el poseedor actual…” (sic, cfr. ob. cit.).-
XII.- Nada mas hace falta agregar para dejar propuesta la confirmación del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa con costas de Alzada a cargo de la parte demandada apelante.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor. Juez Dr. Tomas Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la AFIRMATIVA.-

A LA SEGUNDA CUESTION, El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:
XIII.- Despejado el tema de la legitimación activa, y dado su respuesta afirmativa, comenzare el tratamiento de esta segunda cuestión explicitando –resumidamente- los fundamentos de la sentencia para acoger la acción de reivindicación intentada en autos. A tal efecto destaco que la judicante anterior perfila jurídicamente dicha acción y pone de resalto los cuatro elementos que debe probar el accionante, los cuales entiende que son el derecho de poseer; la perdida de la posesión; la posesión actual del demandado; y la cosa en condiciones de ser objeto de posesión. También efectúa el análisis de la prueba y sostiene que la documentación que acompañan los demandados no logra probar que se hayan hecho cargo del pago de las tasas municipales e impuestos inmobiliarios ya que la misma fue desconocida por la parte actora y no fue debidamente autenticada con prueba informativa y porque, además, surge que los pagos datan del año 2011 y 2012. Se apoya en lo que surge del mandamiento de constatación librado en el juicio sucesorio “Figlioli…” respecto del inmueble en cuestión. A tal efecto pondera que el oficial interviniente constató el 21 de abril de 1999 que fue atendido por el Sr. Rodolfo Gatti y que ocupaba el bien junto con la Sra. Estela López en carácter de cuidadores pero que no mostró documentación que lo acreditase. Por otro lado, pone de resalto que el carácter de cuidadores de los padres de los codemandados surge asimismo de los testimonios de los testigos ofrecidos tanto por la parte actora como por la parte demandada. Agrega por último que cabe tener presente que las posiciones propuestas por el actor fueron dadas por absueltas en rebeldías por incomparecencia injustificada de los demandados produciendo así plena prueba respecto de las afirmaciones contenidas en dichas posiciones. Concluye entonces, que la parte actora logró acreditar la existencia y validez del título en que apoya su pretensión, habida cuenta que su derecho de poseer se encuentra vigente y la carencia de derecho alguno de los demandados para ocupar el inmueble ya que los considera meros ocupantes.
XIV- De su lado, los agravios de los demandados apelantes pueden sintetizarse de la siguiente forma: a) sostienen que la a-quo omitió expedirse respecto de pruebas esenciales obrantes en autos que acreditarían la existencia y continuidad de la posesión alegada. A tal efecto destacan que a fs. 316/317 constan informes de “libre deuda” expedidos por la Municipalidad de Veinticinco de Mayo que certifican que al día 11/11/2011 nada debían en concepto de “Tasa por Servicios Sanitarios” ni por “Tasa por Servicios Públicos”. Afirman que tales informes deben correlacionarse con la documental acompañada por la propia actora a fs. 173 donde constaría que la deuda por tales servicios solo alcanza al año dos mil doce –destacan una vez iniciado el presente juicio- y que el domicilio donde se reciben los mismos es el inmueble objeto de autos, es decir donde viven los demandados. Otra documentación que señalan fue omitida es la obrante a fs. 318/324 del cual surge que los pagos en concepto de impuestos inmobiliarios tuvieron lugar entre los años 2006 y 2011. También destacan la obrante a fs. 161/168 de la cual surge que no existe deuda con Arba y que el receptor de las boletas de impuestos es el Sr. Gatti en la calle 21 n° 777, o sea el inmueble a reivindicar. Asimismo sostienen que se omitió valorar la documental obrante a fs. 326/327 que otorga certeza respecto a que efectivamente al año 1989 los “Gatti” vivian en el inmueble. En suma, afirman que toda esta documentación prueba la permanencia de los demandados en el inmueble desde lejana data y que como contrapartida, los actores nada acreditaron.
XV.- b) Por otro lado, protestan lo que entienden una errónea valoración del mandamiento de constatación efectuado en el sucesorio de los titulares registrales el 21/04/99. Comienzan señalando que en la demanda no se hizo referencia alguna a dicho mandamiento y que fue introducido como formando parte de un expediente agregado luego de promovida la demanda y trabada la Litis. Afirman que se violó el derecho de defensa en juicio porque se privó a su parte de expedirse respecto del alcance y validez probatoria de dicho expediente. Destacan que en oportunidad de alegar hicieron patente esta circunstancia pero que la a-quo no lo tuvo en cuenta. En este punto solicitan se tenga presente lo que exponen para la oportuna aplicación del art. 253 del CPCC. Por otro lado, destacan que aun cuando el mandamiento efectivamente se haya realizado, hay que desestimar la categorización del carácter de “cuidadores” que habrían efectuados sus padres ya que se trata de una manifestación unilateral del Sr. Oficial de Justicia interviniente y por cuanto se le omitió darle la oportunidad, en todo caso, de requerir asistencia letrada. Asimismo, sostienen que el carácter de cuidador no excluye ni autoriza a descartar el ánimo de dueño.
XVI.- c) Por último se centran en lo que consideran una errónea valoración de la prueba testifical. En este sentido sostienen que es incorrecto extraer de los dichos de los testigos que los padres de ellos, “los Gatti”, eran solo cuidadores del inmueble. Comienza afirmando que los testigos propuestos por la parte actora no supieron dar adecuada razón de sus dichos y que en definitiva los une una estrecha relación con dicha parte. Puntualmente se refiere a los dichos del testigo Hipolito y Turra quienes sostuvieron que la razón de sus dichos era porque conocían a la actora. Con respecto al testigo Angerami destaca que la razón de sus dichos era por comentarios del pueblo, por dichos de gente del pueblo. Por otro lado analizan los dichos de los testigos propuestos por su parte y afirman que todos fueron contestes en afirmar que ocupaban como dueños la casa hacia mas de 20 años y que solo los testigos Serafini de Lozano y Musse afirmaron que habían comenzado a vivir en la casa para el cuidado de una anciana. En este punto ponen de resalto que quedo claro que en todo caso lo que cuidaban eran una persona y no la casa y que no puede inferirse válidamente que el cuidado de una persona implique la no posesión. Concluyen de todas forma que aun cuando sus padres hayan cuidado a la Sra. Catalina Rosa Luiggi, viuda de Figlioli, esta falleció el 19/1/90 y su hijo, Juan Alberto Figlioli falleció el 26 de mayo de ese mismo año, con lo cual sostienen, ahora, que en esa fecha -26/5/90- se produjo la interversión del título y en virtud de ello comenzaron a ocupar la casa como poseedores.
XVII.- La solución que dejo propuesta. En primer lugar quiero dejar explicitado que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág. 620). En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).
XVIII.- También con carácter preliminar y enraizado en lo expuesto en el párrafo anterior dejo aclarado que no voy a emitir pronunciamiento alguno referido a la nulidad de sentencia que en los términos del art. 253 del CPCC peticionan los apelantes entroncada en la valoración que la a-qua hace respecto del mandamiento de constatación del inmueble que luce en los autos sucesorios. Ello así por cuanto –adelanto- arribo a la misma solución que la sentenciante anterior pero sin necesidad de acudir a lo que surge de dicho mandamiento. De esta forma queda así resguardado el derecho de defensa que los apelantes entienden violentado.
XIX.- Es que aún sin acudir a dicho medio de prueba tengo para mi que la parte demandada no ha logrado probar el presupuesto fáctico de su defensa. Es decir que no ha acreditado una posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante un plazo de 20 años anteriores al inicio de estas actuaciones.
XX.- En este sentido, voy a comenzar señalando que advierto, aquí sí, que los fundamentos dados en la expresión de agravios por los demandados apelantes difieren sensiblemente con los dados al presentarse en autos y contestar demanda, circunstancia que impone valorar con mayor estrictez tales afirmaciones y la prueba tendiente a su acreditación. En efecto, en su acto compositivo del litigio sostuvieron a través de su representante: “…mis mandantes ocuparon el inmueble objeto de este pleito en el referido año 1986, que a la sazón se encontraba deshabitado y desocupado…” (sic. cfr. fs. 68vta. pto. v). Pero al expresar agravios redirigen su relato —luego de que dos de las personas por ellas ofrecidas como testigos afirmaron que sus padres (“Los Gatti”) habían comenzado a vivir en la casa para cuidar a una persona anciana (cfr. fs. 271 y 272 testigos Serafini de Lozano y Musse respectivamente) y de que, sobre la base de tales declaraciones, la a-quo haya determinado que ocuparon el inmueble en carácter de cuidadores— sosteniendo que: “…¿Cómo infiere válidamente la Sra. Jueza a-quo que de cuidar a una anciana surge inexorablemente la condición de no poseedores?…queda claro que era para el cuidado de una persona ¡¡no de la casa!!…y si se trata del cuidado de una persona, posiblemente la madre de los Figlioli, obsérvese que ésta, la Sra. Catalina Rosa Luiggi viuda de Figlioli fallece el 19 de enero de 1990, y su hijo sobreviviente, Juan Alberto Fligioli, fallece el 26 de mayo del mismo año… conclusión, aún en el caso de que los Gatti padres hubieran accedido al inmueble a cuidar una señora, al ocurrir el fallecimiento del hijo… se ha producido la interversión del título de aquellos. ”
XX.- Como se ve, introducen en esta instancia la noción de interversión de título, instituto incompatible con la afirmación contenida en la contestación de demanda relativa a que poseyeron el inmueble como dueños desde que ingresaron al inmueble estando desahitado y desocupado. No encuentro mérito para apartarme de los dichos de dos de los testigos propuestos por los demandados, ya citados Serafini de Lozano y Musse, en orden a que el inmueble estaba habitado por otra persona, y que los “Gatti” fueron a vivir allí para cuidar a dicha persona (art. 456 CPCC). Siendo que la persona a la que cuidaban era la “viuda de Fligioli” –uno de los cotitulares registrales del inmueble- sostener como lo hacen los apelantes que el hecho de cuidar a dicha persona no excluye la posesión no tiene asidero jurídico, factico, ni lógico. Cambiando el foco de atención y el prisma probatorio que proponen en su protesta, dado que son los demandados quienes debían probar –lo reitero- el presupuesto de su defensa (art. 4015 C.C. y 375 CPCC), debo señalar que no pueden, así sin más, afirmar que el hecho de ir a vivir a la casa de una persona para cuidarla implica que comenzaron a poseer con ánimo de dueño la vivienda. Hasta aquí, entonces, estando con vida los familiares de los titulares del inmueble (Sra. Catalina Rosa Luiggi de Figlioli), e incluso uno de ellos (Sr. Juan Alberto Fligioli) viviendo en el mismo, estimo que la posesión que esgrimen los demandados no había comenzado. Es decir todo lo que afirmaron respecto del año 1986 como inicio del cómputo del plazo es inatendible.
XXI.- Por otro lado, el día que fijan como fecha de interversión del título (26/5/90) basándose en la nuda afirmación de que en tal día falleció el último de los “Fliogili” también es inatendible. Es que en virtud de lo normado por el artículo 2353 del Código Civil, el poseedor o el tenedor no pueden modificar, por su propia voluntad, la causa o título en virtud de los cuales se encuentra en la posesión o en la tenencia de la cosa. A este respecto, cuando se dice “propia voluntad” o “por sí mismo”, según Leandro Picado, (Código Civil Comentado Rubinzal Culzoni. Derechos Reales. T°1, Dirigido por Claudio Kiper), se quiere significar que el poseedor no puede pasar a ser tenedor, o viceversa, por medio de una mera operación mental o manifestaciones verbales en tal sentido, sino que deben existir actos exteriores materiales o jurídicos, que revelen de manera inequívoca, concluyente y positiva el cambio de relación con la cosa y la privación al anterior poseedor de disponer la cosa (art. 2351, 2458 y concs. del C. Civil).
XXII.- Así las cosas, lo centra en esta cuestión es si efectivamente los padres de los demandados y éstos mismos efectuaron actos posesorios (art. 2384 C.C.) y la fecha de inicio de tales actos. Un “prius” lógico impone despejar el primer interrogante, es decir ¿fueron realizados actos posesorios? ya que una respuesta negativa torna abstracto el abordaje del segundo interrogante, cual es ¿en qué fecha comenzaron a exteriorizarse, en su caso, los actos prosesorios configurativos de la interversión del título?, o dicho en otras palabras ¿transcurrieron 20 años desde la fecha en que los demandados intervirtieron el título en virtud del cual ocupan el inmueble?.
XXIII.- Dando respuesta al primer interrogante, la juzgadora anterior entendió que los demandados eran meros ocupantes. Lo cierto es que no cabe otra conclusión que compartir tal aserto dado que no extraigo de la prueba testifical ofrecida por la parte demandada otro carácter. Es que, pese a lo que sostienen en su recurso, de los dichos de los testigos Sandri (cfr. fs. 242); Demarco (cfr. fs. 243); Paladino (cfr. fs. 244); Panesse; Cha de Lago (cfr. fs. 246); Serafini de Lozano (cfr. fs. 271) y Musse (cfr. fs. 272) solo se extrae, en todo caso, el carácter de ocupantes del inmueble. La sola manifestación, de algunos de dichos testigos, respecto a que “creen” que ocupaban como dueños o propietarios no basta para tener por acreditado el “animus domini”, ni la efectiva realización de actos posesorios. En este sentido ninguno declaró —tampoco les fue preguntado por la parte demandada cuando era ésta quien debía ser la más interesada a tal efecto (arts. 375, 440, 441 y concs. CPCC)— respecto de actos de deslinde, construcción o reparación, etc (art. ya cit. 2384C.C.).
XXIV.-Tampoco la documentación obrante en autos y que los apelantes estiman omitida por la a-quo esclarece la posición de los demandados. En primer lugar cierto es que toda la documental fue negada por la parte actora y que no ofrecieron la prueba tendiente a adverar la misma. De todas formas, aún asumiendo la originalidad de dicha documental, el informe de la Municipalidad de Veinticinco de Mayo (fs. 316/317) si bien determina la inexistencia de deuda no hecha luz respecto de la fecha en que los pagos fueron efectuados; otro tanto ocurre con el pago del tributo a ARBA (cfr. fs. 166/167). Ello dicho ya que, es uniforme la doctrina y la jurisprudencia en torno a la relativa eficacia probatoria –en orden a acreditar la posesión veinteañal- de la inexistencia de deuda cuando los tributos son regularizados escaso tiempo antes de iniciar la acción de usucapión o, como en el caso, de oponer la defensa de prescripción adquisitiva para repeler una acción reivindicatoria, sin que el pago de los mismos haya sido regular a lo largo del tiempo. En este sentido, es doctrina de la SCBA que: “…debe recordarse que si bien el abono de los gravámenes debe ser “especialmente considerado” (art. 24 inc. c ley 14.159 ref. por dec.-ley 5756/58) su prueba no es ineludible ya que tiene un valor meramente complementario, como ha tenido oportunidad de destacarlo reiteradamente esta Corte (v. Acuerdos y Sentencias 1972-II-322; 1973-II-385; 1976-III-142 y 33; 1978-III-58)…” y que: “…al margen de que el corpus posesorio haga o no presumir el animus domini hay actos emanados de quien pretende la usucapión que de por sí son demostrativos de su intención de comportarse como dueño y que una forma de probar esa intención o comportamiento lo constituye el pago más o menos regular de los impuestos o tasas que afectan el inmueble en cuestión (conforme Ac. 22.563, 26-X-76; Ac. 24.343, 2-V-79)…”. Si bien surge un pago de tributo a Arba en el año 2006 y otro en el año 2008 ello no es concluyente para tenerlos por poseedores. Aun así, si se quiere, del plazo transcurrido desde el año 2006 a la fecha de interposición de la demanda no es suficiente para la defensa que interpusieron en autos.
XXV.- Por otro lado, toda la documentación que individualizan los recurrentes a fs. 355vta. primer párrafo –marginando su falta de adveración- no acredita en forma alguna actos posesorios ya que el pago del suministro eléctrico y tener constancia de domiciliarse en el inmueble también son propios de un mero tenedor.
XXVI.- En suma, todo lo expuesto es suficiente para descartar el carácter de poseedores de los demandados ya que considero que no lograron probar la interversión del título de su ocupación del inmueble, es decir que no acreditaron haber pasado de ocuparlo como meros ocupantes a hacerlo como poseedores. Esto me permite afirmar que ha sido acertado el razonamiento de la sentenciante anterior en este punto, y por ello, en la medida en que la parte actora acreditó su derecho a la posesión de la cosa (art. 2468 C.C.) y que la parte demandada no acredito poseerla ni mucho menos durante el plazo previsto por ley (art. 4015 C.C.), la confirmación de esta parcela de la sentencia se impone, lo que así dejo propuesto.
XXVII.- Costas de Alzada. De compartir mi voto mi distinguido colega de Sala Dr. Etchegaray, el recurso de la parte demandada se frustrará en su integridad, razón por la cual las costas de Alzada serán soportadas por la misma (art. 68 CPCC).-
VOTO POR LA AFIRMATIVA.-

A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, el Señor. Juez Dr. Tomas Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la AFIRMATIVA.-

A LA TERCERA CUESTION, El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:
En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1.- Confirmar la sentencia de fs. 338/342 en cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta por los demandados.
2.- Confirmarla también, en todo cuanto demás decide y fue materia de recurso y agravio.
3.- Imponer las Costas de Alzada, tanto por la confirmación del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa como por la confirmación del acogimiento de la acción de reivindicación, a cargo de la parte demandada vencida.
ASI LO VOTO.-

A LA MISMA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Tomas Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
SENTENCIA:
Mercedes de agosto de 2015.-
Y VISTOS:
SE RESUELVE:
1.- Confirmar la sentencia de fs. 338/342 en cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta por los demandados.
2.- Confirmarla también, en todo cuanto demás decide y fue materia de recurso y agravio.
3.- Imponer las Costas de Alzada, tanto por la confirmación del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa como por la confirmación del acogimiento de la acción de reivindicación, a cargo de la parte demandada vencida.
4.- REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.-

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